•Sentencia ACU-658 de abril 15 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSIGNACIÓN DEL PRECIO DEL ARRENDAMIENTO

EN EL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO

EXTRACTOS: «Conoce la Sala de la apelación formulada por la apoderada del Banco Central Hipotecario, contra la providencia de enero 19 de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que le ordenó el cumplimiento del Decreto 3817 de diciembre 30 de 1982 y para el efecto, le dio un término de 48 horas para que sus funcionarios recepcionen los dineros que consignen los arrendatarios.

Petición

Pide el cumplimiento del artículo 8º del Decreto 3817 de 1982, que dice:

“Por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos de bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas (...).

ART. 8º—Para los efectos del pago por consignación que efectúen los arrendatarios, con arreglo a las disposiciones vigentes, autorízase al Banco Central Hipotecario para que en sus oficinas y sucursales se reciban válidamente dichos pagos, con los efectos legales consiguientes, sin perjuicio de las funciones que en el mismo sentido cumple el Banco Popular (...)”.

Antecedentes

El representante legal de la Asociación de Consumidores de Medellín, expone como hechos de la acción, entre otros, los siguientes:

El artículo 12 numeral 1º de la Ley 56 de 1985, establece que en el evento de rehusarse el arrendador a recibir el pago, el arrendatario podrá consignarlo en las instituciones autorizadas por el Gobierno.

Las entidades financieras autorizadas para tal fin son el Banco Popular, la Caja Agraria y el Banco Central Hipotecario. Pero el primero fue privatizado y ya no reciben pago alguno por este concepto.

La Caja Agraria no tiene la capacidad para atender el servicio adecuadamente en todo el país, y más aún con los ceses de actividades que ha registrado.

Los empleados del BCH se han negado a recibir estos pagos y ante el requerimiento que hiciera la asociación al gerente de la entidad, éste le contestó que a pesar de estar autorizado por la ley para ello, es facultativo del banco la prestación de dicho servicio, ya que es una sociedad de economía mixta con una participación estatal inferior al 90% y por contera, que dicha facultad habría que implementarse operativamente.

(...).

Consideraciones

Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto, tuvo razón el tribunal al señalar que los bancos prestan un servicio público regulado de acuerdo con la ley y por ello no pueden negarse a prestar los servicios que ella disponga. De acuerdo con el Decreto 1593 de 1959, el servicio prestado por la banca en forma directa o indirecta, o por particulares o por el Estado, es definido como “esencial”, es decir, tal como lo expresa la Corte Constitucional en sentencia C-450, de octubre 4 de 1995, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell,

“... el carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así, en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad...”.

Por otra parte, de la concordancia existente entre el artículo 12 de la Ley 56 de 1985 y el artículo 8º del Decreto 3817 de 1982, claramente se deduce que el Banco Central Hipotecario está obligado a recibir la consignación que el arrendatario haga en las “instituciones autorizadas por el Gobierno”, porque la norma establece una correlativa prestación, ya que si al arrendatario la ley le ofrece la posibilidad de pagar por consignación en los bancos autorizados, a su vez impone la obligación a éstos de recibirla.

Luego de la concordancia, surge la obligación para el banco y no una mera facultad como lo esgrime la entidad demandada.

Y no es cierto como lo afirma el apelante, que el artículo 8º del Decreto 3817 de 1982 esté derogado “tácitamente”, primero por el Decreto-Ley 1730 de 1991 y luego por el Decreto 663 de 1993 que reguló íntegramente la materia, pues este último llamado “estatuto orgánico del sistema financiero”, preceptúa expresamente en su artículo 247, numeral 3º, literal d, la autorización a dicha entidad bancaria para recibir los pagos por consignación que efectúen los arrendatarios.

Bastan las anteriores consideraciones para confirmar la providencia materia de impugnación, modificando el numeral segundo de la misma, en cuanto al plazo otorgado para el cumplimiento, toda vez que la Ley 393 de 1997, artículo 21 numeral 5º, otorga discrecionalidad al juez para señalarlo y son de recibo las razones esgrimidas por la entidad bancaria, en el sentido de que la implementación del trámite para el recibo de estos pagos, implica un tiempo mayor al señalado por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la providencia de diez y nueve (19) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en su numeral primero ordenó al Banco Central Hipotecario dar cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 3817 de 1982, mediante el cual se le dio competencia para efectos del pago por consignación que efectúan los arrendatarios.

MODIFÍCASE el numeral segundo, en el sentido de señalar que el plazo allí otorgado para el cumplimiento del artículo 8º del Decreto 3817 de 1982, será de DOS (2) MESES contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.

Notifíquese personalmente a las partes o en su defecto, notifíquese por edicto, de conformidad con el artículo 323 del C. del PC».

(Sentencia de abril 15 de 1999. Expediente ACU-658. Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas).

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