•Sentencia ACU-770 de junio 24 de 1999

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN PRIMERA

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

NO PROCEDE PARA HACER CUMPLIR GASTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO

EXTRACTOS: «1. Esta Sala había venido sosteniendo que incluido un gasto en el presupuesto, en principio, se hacía exigible su cumplimiento(1). Con este criterio, como lo consideró igualmente el a quo, la acción de cumplimiento, en el presente caso, sería no sólo procedente sino que estaría llamada a prosperar puesto que en los presupuestos de la Lotería La Sabanera, correspondientes a las vigencias fiscales de 1997, 1998 y 1999 se apropiaron, en el porcentaje señalado por la ley, las partidas necesarias para cubrir los respectivos gastos de auditaje a favor de la Contraloría Departamental de Sucre.

(1) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de enero de 1998, expediente ACU-127, actor Carlos Murillo Agualimpia, magistrado ponente Juan Alberto Polo Figueroa.

2. Sin embargo, la Sala se abstendrá de disponer el cumplimiento del artículo 13 de la Ley 330 de 1996, conforme al cual “Los departamentos, sus entidades descentralizadas y en general los sujetos de control fiscal girarán dentro de los cinco primeros días después de aprobado el PAC, directamente a las contralorías las partidas asignadas en sus respectivos presupuestos”, por las siguientes razones:

a) En desarrollo del artículo 87 de la Constitución, que consagra la acción de cumplimiento tendiente a “hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo”, el artículo 1º de la Ley 393 de 1997 estableció que “toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos”.

Pero, al mismo tiempo, el parágrafo del artículo 9º consagró expresamente como causal de improcedencia de la acción, el que mediante dicha acción “no” se “podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”. Esta disposición que aparentemente resta eficacia a la acción, fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-157 de 29 de abril de 1998, en la cual, con referencia al alcance de la noción de normas que establezcan gastos, expresó:

“Las órdenes de gasto contenidas en las leyes, por sí mismas, no generan constitucionalmente a cargo del Congreso o de la administración correlativos deberes de gasto. No puede, en consecuencia, extenderse a este componente de las normas legales, la acción de cumplimiento. La aprobación legislativa de un gasto es condición necesaria, pero no suficiente para llevarlo a cabo. En efecto, según el artículo 345 de la Constitución Política, no puede hacerse erogación alguna con cargo al tesoro que no se halle incluida en la ley de presupuesto. Igualmente, corresponde al gobierno decidir libremente qué gastos ordenados por las leyes se incluyen en el respectivo proyecto de presupuesto (C.P. art. 346).

Finalmente, las partidas incorporadas en la ley anual de presupuesto, no corresponden a gastos que “inevitablemente” deban efectuarse por la administración, puesto que su carácter es el de constituir “autorizaciones máximas de gasto”. El artículo 347 de la Carta Política, en punto a las apropiaciones del presupuesto precisa que en ellas se contiene “la totalidad de gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva”. De ninguna manera se deriva de la Constitución el deber o la obligación de gastar, aun respecto de las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso.

En el marco de la acción de cumplimiento, facultar al juez para que el gasto previsto en una ley se incorpore en la ley de presupuesto o que la partida que en ésta se contempla se ejecute, quebranta el sistema presupuestal diseñado por el constituyente, lo mismo que el orden de competencias y procedimientos que lo sustentan. La acción de cumplimiento tiene un campo propio en el que ampliamente puede desplegar su virtualidad. La eficacia del novedoso mecanismo debe garantizarse y promoverse por la ley. Sin embargo, ello no puede perseguirse a costa de alterar las restantes instituciones y mecanismos constitucionales. Por lo demás, resulta insólita la pretensión que se expresa con la fórmula según la cual “todo gasto ordenado por las normas legales habrá de ejecutarse”, que pretende erigir un sistema presupuestal inflexible, apto para servir de escarmiento al abuso o ligereza de la democracia que ordena gastos que a la postre no se realizan. Los recursos del erario provienen de los impuestos de los ciudadanos. De su manejo desordenado y descuidado no puede surgir la receta para curar el mal que con razón se censura” (destaca la Sala).

Como puede observarse, este pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional, expresado con ocasión de su función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, es posterior al de esta Sala y al que se ha hecho referencia, donde se había sostenido que incorporada una partida en el presupuesto de gastos era procedente ordenar su cumplimiento. En consecuencia, como la Sala estima que la motivación expresada tiene inescindible relación con la decisión que declaró que la causal de improcedencia aludida se encontraba ajustada a la Constitución, acoge dicho pronunciamiento, con la consiguiente incidencia en la situación que se examina en el presente caso.

En efecto, y dado que el artículo 13 de la Ley 330 de 1996, cuyo cumplimiento se persigue, implica la adquisición de compromisos de gasto por parte de la Lotería la Sabanera de Sucre, la acción de cumplimiento es improcedente a tal propósito, en virtud del precitado parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997».

(Sentencia de junio 24 de 1999. Expediente ACU-770. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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