Sentencia ACU-874 de septiembre 9 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

LOS BOLARDOS NO DEBEN OBSTACULIZAR LA CIRCULACIÓN DE MINUSVÁLIDOS

EXTRACTOS: «En el presente caso, el accionante solicita se ordene el cumplimiento de los artículos 43, 44, 45, 46 y 55 de la Ley 361 de 1997, con el fin de que se retiren los bolardos instalados en la ciudad de Santafé de Bogotá “que no se encuentren instalados sobre o en forma adyacente al sardinel de los andenes, vale decir, todos aquellos situados en el área de circulación de los peatones”.

Las normas invocadas son del siguiente tenor:

“ART. 43.—El presente título establece las normas y criterios básicos para facilitar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad. Así mismo se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.

Lo dispuesto en este artículo se aplica así mismo a los medios de transporte e instalaciones complementarias de los mismos y a los medios de comunicación.

PAR.—Los espacios y ambientes descritos en los artículos siguientes deberán adecuarse, diseñarse y construirse de manera que se facilite el acceso y tránsito seguro de la población en general y en especial de las personas con limitación.

ART. 44.—Para efectos de la presente ley, se entiende por accesibilidad como la condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general, y el uso en forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes. Por barreras físicas se entiende a todas aquellas trabas, irregularidades y obstáculos físicos que limiten o impidan la libertad o movimiento de las personas. Y por telecomunicaciones, toda emisión, transmisión o recepción de señales, escrituras, imágenes, signos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.

ART. 45.—Son destinatarios especiales de este título, las personas que por motivo del entorno en que se encuentran, tienen necesidades especiales y en particular los individuos con limitaciones que les haga requerir de atención especial, los ancianos y las demás personas que necesiten de asistencia temporal.

ART. 46.—La accesibilidad es un elemento esencial de los servicios públicos a cargo del Estado y por lo tanto deberá ser tenida en cuenta por los organismos públicos o privados en la ejecución de dichos servicios.

El gobierno reglamentará la proyección, coordinación y ejecución de las políticas en materia de accesibilidad y velará por que se promueva la cobertura nacional de este servicio.

ART. 55.—En todo complejo vial y/o medio de transporte masivo, incluidos los puentes peatonales, túneles o estaciones que se construyan en el territorio nacional, se deberá facilitar la circulación de las personas a que se refiere la presente ley, planeando e instaurando rampas o elevadores con acabados de material antideslizante que permitan movilizarse de un lugar a otro y deberán contar con la señalización respectiva”.

De acuerdo a los documentos que obran en el informativo, el programa de los bolardos, adelantado por el Instituto de Desarrollo Urbano y auspiciado por el actual programa de gobierno para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá 1998-2001, tiene como fin la recuperación del espacio público para los transeúntes.

Según lo establecido por el artículo 5º de la Ley 09 de 1989 se entiende por espacio público “el conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva...”.

Por su parte, el artículo 5-2 del Decreto 1504 de 1998 establece que forman parte del espacio público, elementos artificiales y construidos tales como los componentes de los perfiles viales, entre los cuales se encuentran los andenes, sardineles, etc. Y según el Decreto 1504 del mismo año, dentro de los componentes del mobiliario urbano se tienen como elementos de organización los bolardos, los paraderos, los topes de llantas y los semáforos.

El Código Nacional de Tránsito Terrestre define la noción de andén o acera como la parte de la vía destinada exclusivamente al tránsito de peatones; a su vez, señala que el sardinel es el elemento de concreto, asfalto u otros materiales que sirve para delimitar la calzada de una vía, la cual es zona destinada a la circulación de los vehículos.

Entiende la Sala que es deber constitucional del Estado la protección de la integridad del espacio público y su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular (arts. 2.2 y 82 ). En ese orden, el objetivo de la administración con la instalación de los bolardos es garantizar el desplazamiento seguro de los peatones en los andenes públicos, los cuales estaban siendo invadidos por los automotores, los vendedores ambulantes, etc., impidiendo la circulación peatonal; estos elementos que buscan garantizar un mínimo de seguridad para los transeúntes, no pueden, bajo ningún aspecto, vulnerar el desplazamiento libre de las personas, máxime en casos como en el sub judice, donde se hace referencia a individuos con limitaciones físicas o psíquicas.

La colocación de dichos elementos debe obedecer estrictamente a su finalidad de protección del espacio publico en beneficio del transeúnte, cuya normal movilización dentro del mismo debe ser asegurada; por la misma razón e idéntico propósito la instalación de bolardos no se puede limitar a su ubicación encima o en forma adyacente al sardinel de los andenes. En efecto, existen lugares donde resulta indispensable su ubicación en forma tal que impidan el acceso de los vehículos a los andenes, por ejemplo, en la entrada a los garajes donde si no se instalan bolardos a cada lado, dada la indisciplina social casi generalizada en nuestro medio, no se puede impedir el parqueo de vehículos, lo cual equivale a no haber instalado un solo bolardo y a permitir que se continúe poniendo en peligro la vida de los transeúntes quienes serían obligados a transitar por la calzada por estar invadido el andén.

Lo anterior no implica que su uso pueda ser indiscriminado y arbitrario ya que, si bien la salvaguarda del espacio público es deber constitucional y legal de las autoridades, la protección de las personas con limitaciones físicas posee idéntica tutela en la Carta Política y en la ley y es obligatorio para las autoridades amparar y garantizar ambos bienes jurídicos, armonizando para el efecto, las finalidades y resultados de sus decisiones.

El señor director del IDU, informó que el espacio entre bolardos es de 1.40 metros y el ancho de una silla de ruedas o un caminador no excede los 1.20 metros, por lo que el desplazamiento de un minusválido no resulta afectado con la instalación de estos elementos; que igual situación cobija a los invidentes quienes se ayudan de un bordón o a las personas que se desplazan con muletas. La Sala estima razonable esta apreciación.

Sin embargo, con base en las pruebas que obran en el expediente, se observa que no todos los bolardos guardan la distancia mínima señalada por el funcionario, ni en su instalación se tuvo en cuenta la existencia de otros elementos del mobiliario urbano, tales como semáforos, avisos u otros y resulta frecuente que a los pocos centímetros del poste que sostiene un semáforo se instala un bolardo con lo que se coloca una barrera infranqueable aun para las personas sin limitaciones. Probablemente por razón de las distintas distancias a cubrir con los bolardos, o de programas preestablecidos de la respectiva labor, se instalan unidades donde no se requieren de acuerdo a la situación real del sitio, al punto que resulta muy fácil suponer que al lado del objetivo de salvaguardar el espacio público se actúa con base en objetivos ajenos al interés público.

En aras de salvaguardar el espacio público como derecho de todos los ciudadanos, y garantizar la libre y segura movilización de los minusválidos, invidentes, etc., la Sala ordenará a la entidad demandada, que en un término no superior a treinta (30 ) días siguientes al de la ejecutoria de esta providencia, efectúe una revisión de la localización de los bolardos instalados por ella en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., para que, atendiendo rigurosa y exclusivamente los objetivos señalados, se retiren aquellos que sean innecesarios, se reubiquen los que no cumplan con una distancia mínima de 1.40 metros, teniendo en cuenta los otros elementos de organización del mobiliario urbano, de tal forma que siempre se preserve la distancia de 1.40 metros entre bolardos y entre éstos y otro elemento natural o construido que pueda servir para el mismo propósito (salvaguarda del espacio público). Sólo deben continuar instalados, de acuerdo a la ubicación descrita, los bolardos estrictamente necesarios para proteger el espacio público y permitir el desplazamiento seguro de los peatones y, en especial, de las personas con limitaciones físicas».

(Sentencia de septiembre 9 de 1999. Expediente ACU-874. Consejero Ponente: Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá).

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