Sentencia ACU-088 de diciembre 3 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

NO SE EJERCITA CONTRA AUTORIDADES JUDICIALES

EXTRACTOS: «I.1. Jorge William Sánchez Latorre, obrando en su propio nombre y en escrito presentado ante la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander el 25 de septiembre de 1997, incoó la acción de cumplimiento contra el señor Juez 2º Civil del Circuito de Bucaramanga, para que se haga efectivo el cumplimiento del parágrafo 1º del artículo 101 del CPC.

I.2. El actor hace consistir el incumplimiento del precitado artículo, en síntesis, en el hecho de que el mencionado juez en varios procesos ordinarios, los cuales relaciona en su artículo, al fijar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación lo ha hecho prácticamente diez meses después de haberse dado las condiciones procesales a que alude dicha norma.

Agrega, además, el actor que propone la excepción de inconstitucionalidad del artículo 5º de la Ley 393 de 1997, ya que esta norma sólo se refiere a la autoridad administrativa como obligada a cumplir la ley, dejando por fuera a las autoridades judiciales, cuando el artículo 87 de la Constitución Política utilizó el vocablo AUTORIDAD para referirse a todo tipo de autoridad.

II. El fallo impugnado

El a quo denegó la acción de cumplimiento porque consideró, en esencia, que por el cúmulo de trabajo que deben desarrollar los juzgados civiles del circuito, la congestión inaudita y el atiborramiento exagerado de negocios no es posible pretender el cumplimiento estricto de la ley.

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IV. Consideraciones de la Sala

La sentencia impugnada habrá de ser confirmada, pero por las siguientes razones:

El artículo 87 de la Constitución Política, prevé:

“Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo”.

El artículo 5º de la Ley 393 de 1997, es del siguiente tenor:

“Autoridad pública contra quien se dirige. La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa a la que corresponda el cumplimiento de las normas con fuerza material de ley o acto administrativo...”.

No advierte la Sala que el texto legal antes transcrito quebrante el artículo 87 de la Carta Política, pues resulta lógico que cuando el constituyente consagró la acción de cumplimiento y radicó la competencia de dicha acción en las autoridades judiciales, quiso significar con ello que fueran autoridades públicas diferentes a ellas, de las cuales pudiera reclamarse el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo.

Por ello estima la Sala que el artículo 5º de la citada ley no resulta incompatible con el contenido del mencionado artículo 87 superior, al hacer sujeto pasivo de la acción de cumplimiento a las autoridades administrativas.

No quiere decir lo procedente que las autoridades judiciales estén exoneradas del cumplimiento de las leyes, sino que en relación con éstas les ha sido atribuida la función de interpretarlas y aplicarlas a las controversias y asuntos que son de su conocimiento, función esta que desempeñan en forma autónoma e independiente, conforme lo postula el artículo 228 de la Constitución Política.

Asunto diferente es cuando la autoridad judicial actúa excepcionalmente en desempeño de funciones administrativas por mandato de la Constitución o de la ley, caso en el cual sí podría ser sujeto pasivo de la acción de cumplimiento.

Ahora, no puede perderse de vista que los términos consagrados en las leyes contentivas de los códigos deben observarse con un criterio de razonabilidad, por cuanto el legislador al consagrarlos parte de la premisa de un proceso particular, mas no de los innumerables que pueden cursar coetánea o simultáneamente en un despacho judicial».

(Sentencia de diciembre 3 de 1997. Expediente ACU-088. Consejero Ponente: Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz).

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