Sentencia ACU-888 de septiembre 16 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Dr. Javier Díaz Bueno

Actor: Lizardo Rafael Fernández A.

Santafé de Bogotá D.C., septiembre dieciséis de mil novecientos noventa y nueve.

Acción de cumplimiento

Decide la Sala la impugnación formulada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, contra la providencia de agosto 6 de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

EXTRACTOS: «Lizardo Rafael Fernández Arias, en su calidad de procurador judicial agrario, interpone la presente acción contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con el fin de que le dé cumplimiento a los numerales 12 y 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, concordantes con el Decreto 1594 de 1984, normas que establecen la competencia de las corporaciones autónomas regionales.

Pretende que por medio de la presente acción, se ordene a la autoridad antes citada, dar cumplimiento a las normas antes señaladas.

Las normas que señala como incumplidas, señalan lo siguiente:

ART. 31.—Funciones. Las corporaciones autónomas regionales ejercerán las siguientes funciones:

(...).

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.

(...).

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados;

En escrito de 4 de mayo de 1999, por el cual se constituyó en renuencia a la autoridad demandada, el procurador judicial agrario le manifestó que de acuerdo a un seguimiento realizado por esta procuraduría delegada sobre la problemática ambiental generada por el desarrollo de las curtiembres, encontró que no se estaban cumpliendo los parámetros mínimos que establece el Decreto 1594 de 1984, sobre vertimientos. Le aclara que la solicitud se refiere a la falta de acción frente al generador del vertimiento. Se refiere concretamente a las 160 curtiembres, ubicadas en el municipio de Villapinzón.

El Tribunal de Cundinamarca, accedió a las pretensiones de la acción, ordenando para el efecto:

• Realizar un inventario de registros de vertimientos sobre el Río Bogotá por parte de usuarios curtidores de cueros y estado actual de los permisos y planes de cumplimiento.

• Visitas técnicas de inspección de vertimientos provenientes de usuarios curtidores de pieles e iniciación de trámites administrativos sancionatorios y de reparación de daños causados, cuando se identifiquen infracciones a las normas de protección ambiental.

• Programas de divulgación y capacitación dirigidos a curtidores de pieles, orientados a prevenir y eliminar prácticas contaminantes del agua y del medio ambiente.

• Reiniciación del proceso para la contratación del diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas.

Respecto del numeral 1º de la parte resolutiva de la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se observa que, junto con la impugnación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, aportó el Inventario de curtiembres de los municipios de Villapinzón, elaborado en el primer semestre de 1999 y segundo semestre de 1998.

En relación con el numeral 2º, adjuntó igualmente la relación de visitas técnicas realizadas a las curtiembres localizadas en dicho municipio, además de una relación de los trámites administrativos adelantados hasta la fecha, en un número de 20 y de los cuales sólo tres han culminado con resolución sancionatoria.

Se observa al respecto, que la entidad inició la mayoría de los trámites en el año de 1986 y que hasta la fecha, es decir 13 años después no han culminado porque consideran “incierta” la documentación.

En las anteriores condiciones y sobre este aspecto, considera la Sala que asiste razón al procurador judicial agrario, en el sentido de que considera que la entidad debe adelantar una gestión más decidida para controlar el problema ambiental a través de los diferentes instrumentos que la ley establece, entre los cuales se encuentran los señalados en las normas que el accionante considera como incumplidas, como también considera importante lo señalado en el numeral 3º, de la providencia impugnada, en el sentido de adelantar programas de capacitación y divulgación, dirigidos a los curtidores de pieles localizados en el municipio de Villapinzón, orientados a eliminar y prevenir prácticas contaminantes del agua y del medio ambiente.

Lo anterior, por cuanto es innegable que de acuerdo con los numerales 12 y 17 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la entidad demandada la evaluación y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, función que comprende el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos a las aguas en cualquiera de sus formas e imponer y ejecutar a prevención las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de infracción a las normas protectoras del ambiente, lo mismo que exigir la reparación de los daños causados.

Al proceso se allegó la prueba demostrativa del deterioro ambiental que producen las 166 curtiembres existentes en los municipios de Villapinzón, Chocontá y Cogua sobre los ríos Bogotá, Guatanfur y Negro, por la sobrecarga en los niveles de permisividad. Los resultados son:

• Agua residual producida al mes, un promedio de 25.462 m3

• Concentración de cromo de 4500 mg/l (114.579.000 Kg.Cr/mes).

• Concentración de DQO promedio de 25.000 mg/l.

Ese impacto ambiental negativo que genera tal industria, no sólo afecta a la población que habita en la región donde se encuentran ubicadas tales curtiembres, sino que es el origen del deterioro ambiental que se ha generalizado con el paso de tales ríos en gran parte de la geografía nacional.

La CAR hace alarde de la importante función que el legislador le encomendó, “máxima autoridad ambiental” encargada de prevenir y reprimir el impacto ambiental que pueden producir las mencionadas industrias, no obstante esa alarmante contaminación en el recurso hídrico, a duras penas indica cuatro resoluciones sobre Iniciación de alguna actividad administrativa, sin precisar la suerte o efectividad de las mismas, algunas de ellas iniciadas en el año de 1986, como se informa en actos.

Igualmente, como lo advirtió el juzgador de primera instancia, la CAR expresa haber realizado algunas actividades de capacitación en el área de su jurisdicción, sin hacer precisión sobre objetivos y resultados en ningún sentido.

Siendo la máxima autoridad ambiental; la efectividad de su función es precaria, vale decir, es evidente el incumplimiento de las normas con fuerza material de ley que se invocan en el libelo, planteamientos que no han sido desvirtuados en el curso del proceso.

Por estas breves razones, la Sala comparte la decisión del aquo, no obstante, revocará los numerales 1º y 4º de la parte resolutiva, por lo siguiente:

Lo ordenado en el numeral 1º, en el sentido de “realizar un inventario de registros de vertimientos sobre el Río Bogotá por parte de usuarios curtidores de cueros y estado actual de los permisos y planes de cumplimiento”, de una parte porque tal actividad ya está cumplida como obra en autos y de la otra porque el objeto de la presente acción es el cumplimiento de normas con fuerza material de ley que en esta oportunidad se circunscribe a la prevención y represión por el deterioro del medio ambiente o impacto ambiental negativo que genere la industria de la curtiembre en mención.

La orden impuesta en el numeral 4º, es decir “reiniciación del proceso para la contratación del diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas”, también se revocará, porque tal actividad no corresponde al objeto de la acción de cumplimiento, pues la materia contractual allí indicada es una función administrativa ajena a la función que adelanta la CAR, o sea la prevención y represión en las actividades que afectan el medio ambiente, en este caso el agua, por las razones anotadas.

Por lo antes expuesto, se confirmarán los numerales 2º y 3º de la providencia impugnada y se revocarán el 1º y el 4º de la misma providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCANSE los numerales 1º y 4º del numeral primero de la providencia de 6 de agosto de 1999, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de cumplimiento instaurada por Lizardo Rafael Fernández Arias.

CONFÍRMASE en todo lo demás.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriado, devuélvase al tribunal de origen.

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