Sentencia ACU-893 de noviembre 24 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

M.P. María Nohemí Hernández Pinzón

Rad.: 73001 23 31 000 2002 00893 01, nov. 24/2003.

Actor: Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia —Fidubancoop— en liquidación.

Demandados: Municipio de Ibagué

Acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala decidir la apelación presentada por el actor, contra la sentencia del 4 de julio de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual se negó la acción de cumplimiento presentada.

Antecedentes

1. De la acción.

El señor Pablo Edgar Galeano Calderón, actuando en calidad de liquidador suplente de la Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia —Fiducoop— en liquidación, demandó en acción de cumplimiento a la alcaldía municipal de Ibagué, formulando la siguiente:

Petición.

“—Ordenar a la alcaldía municipal de Ibagué, el cumplimiento del deber consagrado en el artículo 125 de la Ley 338 del 18 de julio de 1997, por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991, consistente en el presente asunto en la declaración de toma de posesión y liquidación de los negocios, bienes y haberes del patrimonio autónomo denominado “Fideicomiso FG-220-055-01-95 FIDUCCOP (sic)”, constituido mediante escritura pública 1775 del 22 de mayo de 1996, otorgada en la Notaría Primera (1ª) del Círculo de Santafé de Bogotá D.C., por la cual se perfeccionó el contrato de fiducia mercantil de carácter inmobiliaria a precio fijo, administración de recursos y pagos, celebrado entre la Asociación Comunitaria Villa Paz y Cooperativa de Colombia y otras, por una parte y en calidad de fideicomitentes, y la Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia, Fidubancoop, por la otra parte y en calidad de fiduciaria”.

Hechos.

Como fundamento de su petición, el demandante plantea los siguientes supuestos fácticos:

1. La Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia —Fidubancoop— en liquidación, en calidad de fiduciaria suscribió contrato de fiducia mercantil de carácter inmobiliario a precio fijo, administración de recursos y pagos, denominado FG-220-055-01-95, con las siguientes asociaciones: Asociación Comunitaria Villa Paz, Asociación de Vivienda Villa Ilusión, Asociación de Vivienda El Progreso, Asociación de Vivienda para el Desarrollo Comunitario, Asociación Provivienda del Fotógrafo, Asociación de Vivienda de la Industria de la Confección y Junta de Vivienda Cristo Rey y Cooperativa multiactiva de funcionarios, trabajadores, ex funcionarios y pensionados del municipio de Ibagué, en calidad de fideicomitentes. Contrato que se perfeccionó a través de escritura pública 1775 del 22 de mayo de 1996, otorgada por la Notaría Primera del Círculo de Santafé de Bogotá, D.C. y aclarado a través de escritura pública 3424 del 10 de septiembre de 1996, otorgada ante el Notario Primero del Círculo de Ibagué.

2. El objeto principal del contrato de fiducia fue el de: “La constitución de un patrimonio autónomo con los bienes y recursos que más adelante se determinan. ...El control y seguimiento al proyecto inmobiliario que se constituirá con los recursos y bienes que conforman el patrimonio autónomo y que se encuentra(n) descrito(s) en la cláusula segunda del presente contrato, bajo los términos o condiciones dispuestas por el comité fiduciario con el gerente del proyecto, constructor y vendedor” (fl. 16).

3. Indicó que Fidubancoop no ha tenido dentro de su objeto social la construcción, por lo cual la sociedad contrató con otras entidades la realización de tal actividad, en desarrollo del contrato de fiducia citado.

4. Señaló que por escritura pública 4882 del 15 de diciembre de 1998, otorgada ante la Notaría 25 del Círculo de Santafé de Bogotá, D.C., se protocolizó el Acta 8 del 25 de noviembre de 1998 de la asamblea general de accionistas en la cual se acordó la disolución y liquidación de la Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia, lo cual generó la extinción de los negocios fiduciarios, por lo que deben ser liquidados y/o entregados a otra entidad fiduciaria.

5. El demandante en calidad de liquidador suplente de “Fidubancoop en liquidación”, actuando en representación del Fideicomiso FG-220-055-01-95-Fiducoop, el día 6 de septiembre de 1999 elevó petición en interés de la comunidad, ante el despacho del señor alcalde municipal de Ibagué, para que conforme a lo establecido en la Ley 66 de 1968, Decreto 2610 de 1979, Decreto 078 de 1984, Ley 9ª de 1989, Decreto 405 de 1994 y Ley 338 de 1997, resolvieran las solicitudes propuestas, especialmente la relativa a la toma de posesión y liquidación de los negocios, bienes y haberes del patrimonio autónomo que representa, y las demás consecuencias jurídicas que ella conlleva, por hallarse incursa en alguno de los eventos previstos en el artículo 12 de la Ley 66 de 1968.

6. Manifestó que la alcaldía municipal de Ibagué, a través de su jefe de oficina jurídica con oficio 100001946 del 9 de noviembre de 1999, le informó que la petición del 6 de septiembre de 1999 fue trasladada al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, conforme a las disposiciones del Decreto 120 del 25 de marzo de 1999, que determinó la estructura administrativa del municipio (fl. 142).

7. Expresó que la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de una persona natural o jurídica, en la misma forma que la intervención administrativa por parte del Estado, conlleva uno de los dos objetivos: la administración de la empresa y/o la liquidación de la misma; actuación que según él se hallaba radicada en cabeza de la Superintendencia Bancaria, pero posteriormente pasó a las alcaldías.

8. El liquidador hizo referencia a que se han presentado diversas situaciones de hecho que generan problema de orden público y causan perjuicios económicos a la sociedad como son: que los inmuebles que fueron transferidos al patrimonio autónomo han tratado de ser invadidos por personas indeterminadas, que algunos prometientes compradores de unidades individuales de vivienda han tratado de apoderarse por la fuerza de lo que consideran les pertenece, que se han promovido procesos ejecutivos y acciones de tutela en contra de Fidubancoop en liquidación.

2.Contestación.

El municipio de Ibagué, a través de apoderado, procedió a contestar la demanda a fin de solicitar se desestimen las pretensiones de la misma, por considerar que:

— De conformidad con el artículo 5º de la Ley 393 de 1997 la autoridad ante quien debió dirigirse la acción por ser la competente es la Superintendencia Bancaria, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 66 de 1968, Decreto-Ley 2610 de 1979, 78 de 1987, Ley 9ª de 1989, Decreto 405 de 1997, artículo 125 de la Ley 388 de 1997 y demás normas concordantes.

— Indicó que la normatividad relacionada es poco clara, que incluso mediante oficio de fecha 6 de marzo de 2001, la Superintendencia Bancaria solicitó a la entidad territorial el fundamento jurídico que tenía para tomar la posesión de los bienes y haberes de la Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia, Fidubancoop, en virtud a que dicha medida compete únicamente a esa superintendencia de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 510 de 1999.

— Expresó que con oficio del 27 de junio de 2001, la Superintendencia Bancaria puso de presente que esa entidad está adelantando actuación administrativa para la posible toma de posesión de los bienes y haberes de la sociedad fiduciaria, por lo que requería se informará sobre el proceso administrativo adelantado por la alcaldía de Ibagué.

— Atendiendo las circunstancias precedentes, la administración municipal se abstuvo de tomar posesión de los bienes correspondientes al patrimonio autónomo constituido con ocasión del contrato de encargo fiduciario celebrado con Fidubancoop.

— Afirmó que la entidad fiduciaria no puede desprenderse de las obligaciones contraídas, pretendiendo ser amparada por una figura cuya aplicación no es tan clara, como quiera que se trata de la intervención de personas naturales o jurídicas dedicadas a la construcción y enajenación de viviendas y, para el caso concreto, el patrimonio autónomo no es persona sino que por el contrario se trata de un elemento básico para el cumplimiento de un contrato que tenía por objeto la construcción de un patrimonio autónomo con los bienes y recursos aportados por las asociaciones, el control y seguimiento del proyecto inmobiliario que se construiría con ese patrimonio y con los recursos que ingresaren a él.

— Aunado a lo anterior, agregó que el contrato de encargo fiduciario de carácter inmobiliario celebrado, estableció como una de sus causales de liquidación del patrimonio autónomo, el que la entidad fiduciaria se declarara en autoliquidación.

— Además, señaló que la única competencia del municipio, es la de informar a la Superintendencia Bancaria, para que fuera esa entidad la que determinara si efectivamente es procedente la orden de liquidación y la toma de posesión de los bienes y obligaciones de la persona natural o jurídica que desarrolle la actividad de construcción de vivienda, sin que se señale que tal control se ejerciera sobre contratos u objetos contractuales pactados por dichas personas.

— En su sentir, solo las personas naturales, y para el caso jurídicas, pueden ser sometidas al régimen especial de toma de posesión de sus negocios, por tanto como el patrimonio autónomo no es persona, sino una universalidad de bienes constituida como objeto de un contrato de fiducia inmobiliario, no es viable aplicarle tal régimen de carácter especial, máxime cuando se encuentra separado del patrimonio del fideicomitente, el cual debe administrarlo y darle el uso o destinación convenido con el fideicomisario.

— Con fundamento en las consideraciones precedentes, propone las excepciones de “improcedencia de la acción por falta de competencia para aplicar la norma que se pretende en la demanda” e “inexistencia del incumplimiento alegado”.

3. La sentencia apelada.

Mediante sentencia del 4 de julio de 2003, el Tribunal Administrativo del Tolima decidió “negar la prosperidad de la excepción de improcedencia de la acción por falta de competencia para aplicar la norma que se pretende en la demanda presentada por el municipio de Ibagué; acceder a la prosperidad de la excepción de inexistencia del incumplimiento alegado, y negar la solicitud de cumplimiento incoada por Fiducoop”.

Para adoptar esa decisión el a quo se centró en el estudio de la excepción de inexistencia del incumplimiento alegado por considerar que esta ataca el fondo del asunto y transcribiendo los artículos 125 de la Ley 338 de 1997 y 12 de la Ley 66 de 1968, concluye que de estas no se deduce que exista obligación con fuerza de ley que le corresponda acatar al municipio de Ibagué, por el contrario, lo que apreció fue que la disposición establecía alternativas dependiendo las circunstancias específicas de cada caso, además, que las disposiciones específicas, se dirigen específicamente a regular la Superintendencia Bancaria y no a los municipios como lo pretende el accionante.

4. La apelación.

El demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal y solicitó se revocara la decisión, por los siguientes argumentos:

— Estimó que el a quo omitió dar cumplimiento a la Ley 66 de 1968 y al artículo 10 del Decreto 1979, normas que prevén la toma de posesión y liquidación de los bienes que se encuentren incursos en un proyecto inmobiliario, y que se afecten a compradores de vivienda.

— Afirmó que a los terceros compradores de vivienda de interés social del barrio “Las Américas” de Ibagué, no tenían más recursos que el de la intervención administrativa en los términos de la Ley 66 de 1998, pues en la actualidad ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá, cursa un proceso ejecutivo hipotecario de la Corporación AvVillas tendiente al remate de los bienes que estos compradores de buena fe adquirieron.

— Expresó que es un total desconocimiento de la Ley 66 de 1968, artículo 125 de la Ley 388 de 1997 y Decreto Extraordinario 2610 de 1979, el señalar que ellas se dirijan a la Superintendencia Bancaria.

Consideraciones.

1. Competencia.

Corresponde a esta corporación conocer en segunda instancia de las acciones de cumplimiento, conforme al parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 393 de 1997, y al artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003, por medio del cual se modificó el reglamento del Consejo de Estado.

2. De las normas cuyo cumplimiento se reclama.

Las disposiciones cuyo cumplimiento se reclama son del siguiente tenor:

De la Ley 66 del 26 de diciembre 1968:

“ART. 12.—El Superintendente Bancario puede tomar la inmediata posesión de los negocios, bienes y haberes de las personas jurídicas o naturales que se ocupen de las actividades de que trata esta ley o disponer de su liquidación:

1. Cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones.

2. Cuando haya rehusado la exigencia que se les haga en debida forma de someter sus cuentas y sus negocios a la inspección del Superintendente Bancario.

3. Cuando persistan en descuidar o rehusar el cumplimiento de las órdenes debidamente expedidas por el Superintendente Bancario.

4. Cuando persistan en violar alguna norma de sus estatutos o de la ley, en especial la relativa a la obligación de llevar la contabilidad de sus negocios.

5. Cuando persistan en manejar sus negocios de manera no autorizada o insegura.

6. Cuando su patrimonio, si se trata de persona natural o su capital y reservas en las personas jurídicas sufra grave quebranto que ponga en peligro la oportuna atención de sus obligaciones.

7. Cuando el ejercicio de las actividades de que trata la presente ley se desarrolle en las circunstancias mencionadas en el artículo anterior”.

De la Ley 388 de 1997:

“ART. 125.—Las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda y que se encuentren en las situaciones previstas en los numerales 1º y 6º del artículo 12 de la Ley 66 de 1968, podrán acceder al trámite de un concordato o de una liquidación obligatoria, en los términos previstos en la Ley 222 de 1995 o en las normas que la complementen o modifiquen siempre y cuando estén desarrollando la actividad urbanística con sujeción a las disposiciones legales del orden nacional, departamental, municipal o distrital.

PAR. 1º—Las personas naturales o jurídicas de que trata este artículo, incursas en cualquiera de las situaciones descritas en los numerales 2º, 3º, 4º, 5º y 7º del artículo 12 de la Ley 66 de 1968 estarán sujetas a la toma de posesión de sus negocios, bienes y haberes en los términos de la citada disposición.

PAR. 2º—Cuando las causales previstas en los numerales 1º y 6º del artículo 12 de la Ley 66 de 1968 concurran con cualquiera otra de las previstas en la misma disposición, procederá la toma de posesión.

PAR. 3º—Los valores o créditos que por concepto de cuotas hubieren cancelado los prometientes compradores, se tendrán como créditos privilegiados de segunda clase en los términos del artículo 10 del Decreto 2610 de 1979 siempre que la promesa de contrato haya sido válidamente celebrada y se tenga certeza de su otorgamiento”.

Pues bien, el artículo 87 de la Constitución Política permite que toda persona pueda acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo que otra autoridad se rehúsa a observar y que en caso de prosperar la acción, en sentencia se le ordenará la ejecución del deber omitido.

Por lo tanto, la acción de cumplimiento tiene como finalidad proporcionar a toda persona la oportunidad de exigir que las autoridades públicas y los particulares en ejercicio de funciones públicas cumplan el mandato de la ley o lo previsto en un acto administrativo, a fin de que el contenido de este o de aquella tengan concreción en la realidad, todo lo cual supone la demostración del incumplimiento alegado por parte del demandante.

Para tal efecto, la Ley 393 de 1997, por medio de la cual se desarrolla el artículo 87 superior, tiene establecidos unos requisitos específicos para la prosperidad de la acción de cumplimiento como son:

— Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.

— Que el mandato sea imperativo, inobjetable y esté radicado en cabeza de autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, frente a las cuales se reclama su cumplimiento, y

— Que se pruebe la renuencia al cumplimiento del deber, ocurrida ya sea por acción u omisión del exigido a cumplir o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento; excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda” (art. 8º).

3. Caso concreto.

En el caso sub judice, se pretende que el municipio de Ibagué a través de su alcalde, designe un agente especial y ordene la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de “Fidubancoop en liquidación”, especialmente en cuanto hace al Fideicomiso FG-220-055-01-95-Fiducoop, en lo que respecta al patrimonio autónomo que representa, y las demás consecuencias jurídicas que ella conlleva, por hallarse incursa en alguno de los eventos previstos en el artículo 12 de la Ley 66 de 1968.

Por su parte, el municipio de Ibagué considera que no es el competente para ordenar tales medidas, pues citando Ias normas de toma de posesiones indica que estas otorgan tal competencia a la Superintendencia Bancaria, por lo cual su actitud es de renuencia al cumplimiento de las mismas.

Ahora bien, respecto de la competencia para ordenar la toma de posesión de bienes y haberes de una persona jurídica la normatividad ha radicado la competencia en diferentes autoridades:

— La Ley 66 del 26 de diciembre 1968, por medio de la cual se “regulan las actividades de urbanización, construcción y crédito para la adquisición de vivienda y que se determina su inspección y vigilancia”, en su artículo 12 antes transcrito, en un principio otorgó al Superintendente Bancario la competencia para adoptar tal decisión administrativa, cuando la persona natural o jurídica se encuentre incursa en alguna de las causales que allí se indican.

— Posteriormente fue expedida la Ley 3ª del 15 de enero de 1991, por medio de la cual “se crea el sistema nacional de vivienda de interés social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”; norma esta que en su artículo 12 reguló las funciones del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, entre las que señaló la de “(...) k) Continuar desarrollando las funciones propias de agentes especial en los casos de urbanizaciones objeto de toma de posesión y liquidación prevista en la Ley 66 de 1968; (...)”.

— En el Decreto 653 del 2 de abril de 1991 “por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico del sistema financiero y se modifica su titulación y numeración”, se estableció que corresponde al Superintendente Bancario tomar posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada cuando se presente una de las causales previstas en el artículo 114; además, en su artículo 115 se dijo que esa entidad podrá tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de una institución vigilada para su administración o para su liquidación, y en sus artículos posteriores se explica ampliamente el procedimiento y ámbito de aplicación de esa medida administrativa.

— Ahora bien, la Ley 136 de 1994 establece:

“ART. 187.—Vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. Los concejos municipales ejercerán la vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, de que trata el numeral 7º, del artículo 313 de la Constitución Política, dentro de los límites señalados al respecto por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

— Esta norma se halla en armonía con el artículo 313, numeral 7º de la Constitución Política de Colombia que preceptúa:

“ART. 313.—Corresponde a los concejos:

(...).

7. Reglamentar los usos del suelo, y dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda (...)”.

— Las disposiciones anteriores se hallan en armonía con el artículo 2º de la Ley 281 del 28 de mayo de 1996, precepto en el que se redefinen las funciones del Inurbe, en el que se indica:

“ART. 2º—El Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, continuará desarrollando su objeto mediante el cumplimiento de las funciones señaladas por la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y los artículos 20 y 21 numerales 1.9, puntos 1.9.1, 1.9.2 y 1.10 de cada uno, contenidos en la Ley 188 de 1995.

Se exceptúa de lo anterior el ejercicio de la función expresada en el literal k) del artículo 12 de la Ley 3ª de 1991, la cual será asumida por los agentes especiales que deberán designar los municipios y distritos en desarrollo de sus competencias de vigilancia y control de las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda”.

De conformidad con las normas citadas, queda claro que la competencia para ordenar la medida administrativa de toma de posesión de bienes, está radicada en cabeza de los municipios a través de su representante legal, y de acuerdo con lo señalado por el respectivo concejo municipal.

En el presente asunto, tenemos que si bien la Sociedad Fiduciaria Cooperativa de Colombia, Fiducoop, en liquidación, es una persona jurídica cuya vigilancia está radicada en la Superintendencia Bancaria, por la naturaleza de los negocios que desarrolla; no es menos cierto que el señor Pablo Edgar Galeano Calderón en su condición de liquidador suplente siempre ha indicado que actúa exclusivamente en representación del fideicomiso FG-220-055-01-95 (fls. 5 a 132), el cual tenía por objeto la administración inmobiliaria de un proyecto de construcción.

Se entiende por fideicomiso de administración inmobiliaria de proyectos de construcción, “aquel negocio fiduciario en virtud del cual se transfiere un bien inmueble a la entidad fiduciaria para que administre y desarrolle un proyecto inmobiliario, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el acto constitutivo y transfiera las unidades construidas a quienes resulten beneficiarios del respectivo contrato” (1) .

(1) Superbancaria. Circular Básica Jurídica título V, páginas 8 a 10 divulgada mediante Circular Externa 7 del 19 de enero de 1996.

En el expediente obran las escrituras públicas de constitución y adición del contrato de fiducia mercantil de carácter inmobiliario a precio fijo, administración de recursos y pagos suscrito entre Fidubancoop y diversas asociaciones (fls. 5 a 132), cuyo objeto principal era “La constitución de un patrimonio autónomo con los bienes y recursos que más adelante se determinan... El control y seguimiento al proyecto inmobiliario que se construirá con los recursos y bienes que conforman el patrimonio autónomo, o que ingresen a él, en el(los) inmueble(s) transferido(s) a dicho patrimonio autónomo y que se encuentra(n) descrito(s) en la cláusula segunda del presente contrato, bajo los términos y condiciones dispuestas por el comité fiduciario con el gerente del proyecto constructor y vendedor”.

Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto, la alcaldía municipal de Ibagué sí es competente para ordenar la toma de posesión de bienes, los negocios, bienes y haberes de “Fidubancoop en liquidación”, a través del agente especial que se ha debido designar para el efecto, en cuanto hace al Fideicomiso FG-220-055-01-95-Fiducoop, en lo que respecta al patrimonio autónomo que representa.

Por tal motivo, la Sala revocará la sentencia del 4 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, y en su defecto se ordenará al municipio de Ibagué el cumplimiento de los deberes consagrados en el artículo 12 de la Ley del 26 de diciembre de 1968 y del artículo 125 de la Ley 388 de 1997, y de conformidad con lo establecido sobre la materia por el concejo municipal dentro de las funciones de vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción (C.P., art. 313), y ordenar, si lo estima pertinente, al agente especial que corresponda que efectúe la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes del patrimonio autónomo constituido a través del fideicomiso FG220-055-01-95-Fiducoop, por la sociedad fiduciaria y la Asociación Comunitaria Villa Paz y otros, a través de escritura pública 1775 del 22 de mayo de 1996 otorgada ante Ia Notaría Primera del Círculo de Santafé de Bogotá, D.C., adoptando para ello, las medidas que para tal efecto ha consagrado la ley.

Para tal efecto, en el evento en que declare Ia toma de posesión de los negocios, bienes y haberes de aquella persona, y designe a la entidad que cumplirá las funciones propias de agente especial, en ese acto administrativo se adoptarán Ias siguientes medidas:

“1. El embargo y secuestro de Ios bienes de Ia persona jurídica o natural.

2. La ocupación inmediata de sus libros de cuentas, papeles y demás documentos relacionados con sus negocios y los allanamientos que sean necesarios.

3. La inmediata guarda de los bienes y la postura de sellos y demás seguridades para que no sean destruidos mientras se practica el secuestro.

4. La prevención a los deudores de la persona de cuyos haberes o negocios haya tomado posesión el Superintendente Bancario, o cuya liquidación se haya ordenado, y a todos los que tengan negocios con ella, inclusive juicios pendientes, de que deben entenderse con el Superintendente Bancario o su agente especial, como su único representante (...)” (L. 66/68, art. 14, aplicable al caso concreto).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 4 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DECLÁRASE el incumplimiento del artículo 12 de la Ley 66 de 1968 y 125 de la Ley 388 de 1997, por parte del alcalde municipal de Ibagué.

3. Como consecuencia de la anterior declaración ORDÉNASE al municipio de Ibagué, a través de su representante legal, dar cumplimiento a los deberes consagrados en los artículos 12 de la Ley del 26 de diciembre 1968 y del artículo 125 de la Ley 388 de 1997 ordenando, si a ello hubiere lugar, la toma de posesión de los negocios, bienes y haberes del patrimonio autónomo constituido a través del Fideicomiso FG-220-055-01-95-Fiducoop, por la sociedad fiduciaria y la Asociación Comunitaria Villa Paz y otras, a través de escritura pública 1775 del 22 de mayo de 1996 otorgada ante la Notaría Primera del Círculo de Santafé de Bogotá,D.C., designando para ello, en tal caso, el agente especial y adoptando las medidas que para tal efecto ha consagrado la ley.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Reinaldo Chavarro Buriticá—Filemón Jiménez Ochoa—María Nohemí Hernández Pinzón—Darío Quiñones Pinilla.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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