Sentencia ACU-905 1555 de octubre 11 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 52001233100020020905 01, Rad. número interno 1555, Ref.: ACU-905, oct. 11/2002

C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá

Actor: Héctor Francisco Ortega Caicedo

Acción de cumplimiento

Se decide la impugnación formulada por el demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño el 8 de agosto de 2002, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

La demanda

El señor Héctor Francisco Ortega Caicedo, actuando en nombre propio, interpuso acción de cumplimiento contra la Universidad de Nariño, Facultad de Derecho, a fin de que cumpla lo dispuesto en los artículos 23 del Decreto 3200 de 1979 y 2º de la Ley 552 de 1999, según los cuales, los estudiantes que hubieren iniciado el programa de derecho antes del 31 de diciembre de 1979 pueden compensar los exámenes preparatorios o el trabajo de investigación dirigida, cumpliendo con el plan de estudios y un año de servicio profesional; además, prevén la posibilidad para dichos estudiantes de escoger entre la elaboración y sustentación de monografía jurídica o la realización de judicatura.

Afirma, que con fundamento en las normas referidas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Acuerdo 31 de 1999, expedido por el Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, solicitó ante la Oficina de Registro y Control Académico, Ocara, “la autorización que corresponda” para recibir el título de abogado, teniendo en cuenta que durante el período comprendido entre los meses de agosto de 1975 y julio de 1982 aprobó todas las materias del pensum de la carrera de derecho en dicha universidad y cumplió con el requisito de la judicatura, tal como lo certificó el jefe de la división de asistencia a la rama jurisdiccional del Ministerio de Justicia; que su solicitud fue denegada porque no se cumplió con los requisitos de los exámenes preparatorios y la judicatura, a los cuales, estima, no está obligado. Que contra dicha decisión interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, que le fueron negados “según se deduce del listado de graduandos de mayo 22 del año 2002” fijado en los murales de la universidad, en los cuales no figura su nombre; que la oficina académica de la facultad de derecho le informó que la lista referida no es un acto administrativo y, por tanto, contra el mismo no procede recurso alguno y que cualquier reclamo debe presentarse ante Ocara.

Agrega que, mediante comunicación del 29 de mayo de 2002, la secretaría académica le informó que los requisitos que debe reunir para obtener el título de abogado son los siguientes: “1. Finalizar satisfactoriamente el plan de estudios, 2. Acreditar el cumplimiento de judicatura o aprobar exámenes preparatorios; 3. Presentación y sustentación de monografía”. Considera que tal decisión desconoce sus derechos adquiridos, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999, los únicos requisitos que le son exigibles son la terminación de materias y la judicatura, los cuales ya cumplió, reitera.

Considera que tanto los listados como la comunicación de la universidad si son actos administrativos porque definen una situación individual y concreta” en su contra y manifiesta que, mediante las peticiones hechas a la universidad los días 9 de abril y 14 de mayo de 2002, cumplió con el requisito de procedibilidad de la renuencia.

Actuación procesal

El día 15 de julio de 2002 el magistrado José Francisco Delgado Maya, integrante del Tribunal Administrativo de Nariño manifestó su impedimento para conocer del presente asunto (fl. 20), el cual le fue aceptado por auto del 16 de julio siguiente, dictado por dicha corporación (fl. 26) y, mediante auto del día 22 de los mismos mes y año, se admitió la demanda y ordenó la notificación a la demandada, concediéndole el término de 3 días para hacerse parte en el proceso y allegar o solicitar pruebas (fl. 27).

El rector de la Universidad de Nariño transcribió en su totalidad el concepto suscrito por los profesores de tiempo completo y hora cátedra, integrantes de una comisión accidental nombrada por la asamblea de profesores de la universidad, en la cual se precisó lo siguiente:

“Frente a la inconveniencia del servicio legal popular, por tratarse de un requisito externo a la academia, el Congreso de la República profirió la Ley 552 de 1999, con la finalidad expresa, tal como se deriva del título mismo de la ley, de derogar el servicio legal popular. El artículo 2º de esta norma en cuanto manifiesta que “El estudiante que haya terminado materias del pénsum académico antes de la entrada en vigencia de la ley, elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura, no pretende cosa distinta que aclarar la situación jurídica de aquellos estudiantes que habían concluido sus estudios en vigencia de la Ley 446 del 1998 es decir, cuando estaba vigente el requisito del servicio legal popular.

(...). En el caso que nos ocupa, todo el artículo ofrece dudas sobre su real y verdadero alcance y para determinar su correcto sentido, que mejor acudir a la propia exposición de motivos y ponencias rendidas en los correspondientes debates presentados en las cámaras legislativas. Revisados los documentos correspondientes que se refieren a los antecedentes de la norma en cuestión, no se observa que en forma expresa y menos aun en forma tácita, el legislador colombiano haya pretendido derogar los exámenes preparatorios como requisito de grado. Es mas, en el trabajo legislativo previo a la aprobación de la citada Ley 552 de 1999, se ratificó la validez y vigencia de los decretos 3200 del 79 y 2120 del 90 y por ende, la validez de los preparatorios.

(...) Ahora bien, una nueva demanda sobre el alcance del artículo 2º de la Ley 553 que a la letra dice: El estudiante que haya terminado las materias del pensum académico antes de la entrada en vigencia de la ley, elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura”, dio origen a la sentencia C-1053 de 2001 en la cual la Corte Constitucional con ponencia del doctor Álvaro Tafur Galvis, vuelve sobre el asunto y en la parte emotiva de la decisión, no como ratio decidendi (razón fundamental) sino como simple obiter dictum (lo que se dice de paso) se refiere a los preparatorios, expresando un criterio bastante discutible, polémico y contrario a la línea jurisprudencial que sobre la materia tiene establecida esa misma corporación, al afirmar que los preparatorios fueron derogados por la Ley 552 de 1999. No obstante allí mismo aclara que en ejercicio de la autonomía universitaria, pueden ser (sic) facultades de derecho establecer los preparatorios como requisito para otorgar el título de abogado en cumplimiento de los fines institucionales.

(...).

Los integrantes de la referida comisión consideraron que el consejo académico de la universidad no es el órgano competente para decidir si los preparatorios fueron derogados o no y que, hasta tanto no exista pronunciamiento judicial al respecto, los preparatorios constituyen requisito de grado y recomendaron establecer la aprobación de materias, preparatorios y monografía de grado o judicatura como exigencias para obtener el título de abogado.

Que, con fundamento en dicha recomendación, el Consejo Académico de la universidad expidió el Acuerdo 50 del 21 de mayo de 2002 “por medio del cual se reitera la legalidad de los examenes preparatorios y se implementan modificaciones al sistema de selección” y que sobre el mismo punto la Facultad de Derecho expidió los acuerdos 20 y 22 de los días 13 y 20 de junio de 2002, respectivamente.

Respecto del trámite dado a las solicitudes del demandante, manifestó que la petición del 9 de abril de 2002 fue resuelta inmediatamente después de producida la decisión del consejo académico; que al oficio presentado el 14 de mayo de 2002, contentivo de los recursos de reposición y apelación, se respondió mediante oficio OD 117 del 22 de mayo siguiente, explicando que el listado de graduandos que pública Ocara no es un acto administrativo sino un trámite y contra el mismo se pueden presentar reclamaciones dentro de las 24 horas siguientes a su publicación, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 31 de 1999 y que, por tanto, no procede recurso alguno. Indica además, que posteriormente se le informó al demandante cuales son los requisitos necesarios para obtener el título de abogado sin que ello implicara una decisión acerca de su situación particular.

Finalmente, en relación con la situación académica del demandante afirmó, que tal como lo establece el artículo 23 del Decreto 3200 “los requisitos de grado que debe cumplir para optar el título de abogado consiste en la terminación del plan de estudios, requisito ya cumplido por parte del accionante; por otro lado la posibilidad de compensar exámenes preparatorios con la aprobación de la judicatura, requisito que también se encuentra acreditado; y, por último, el trabajo de grado” que hasta el momento no se ha presentado (fls. 34 a 39).

Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 8 de agosto de 2002, dictada por Tribunal Administrativo de Nariño, se denegaron las pretensiones de la demanda por considerar que durante la vigencia del Decreto 3200 del 21 de diciembre de 1979, “por el cual se dictan normas sobre la enseñanza del derecho”, los requisitos para obtener el título de abogado eran: la aprobación de la totalidad de las materias, la presentación y aprobación de los examenes preparatorios y el trabajo de investigación dirigida y que el demandante acreditó el cumplimiento de los primeros dos requisitos porque compensó los preparatorios con la elección de la judicatura y aún le hace falta el trabajo de grado, tal como lo indicó el rector de la Universidad de Nariño.

Respecto de la eliminación de los examenes preparatorios, como requisito para el grado, prevista en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999, indicó que la demandada, en ejercicio de la autonomía universitaria, puede establecer los planes y programas académicos que regirán su actividad académica y puede disponer la presentación y aprobación de, examenes preparatorios como requisito para otorgar el título de abogado, lo cual hizo mediante la expedición de los acuerdos 20 y 22 de los días 13 y 27 de junio de 2002, respectivamente. Afirma que éstos son actos administrativos “que gozan de la presunción de legalidad en tanto no sean anulados o suspendidos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

Concluye, entonces, que no se acreditó que la demandada tenga la obligación de otorgarle al demandante el título de abogado (fls. 69 a 79).

SALVAMENTO DE VOTO

El magistrado Claudio Pascuaza Benavides se apartó de la anterior decisión argumentando que al demandante no se le puede impedir la adquisición de su título de abogado en virtud de normas que se encuentran derogadas pues, afirma, la única norma vigente en relación con los requisitos para obtener el título de abogado es el artículo 2º de la Ley 552 de 1999. Considera que la autonomía universitaria no otorga a las universidades la facultad absoluta de reglamentar los requisitos de grado, sino que deben someterse a lo ordenado por la Constitución y la ley; que muchas instituciones, entre ellas, los preparatorios se mantienen en el ordenamiento “por simple inercia” pues las generaciones que los sufrieron no quieren que las posteriores se liberen de dicha carga y que, en este caso, el demandante está legitimado para recibir el título de abogado sin que le sea exigible la presentación de los examenes preparatorios; que la presunción de legalidad de los acuerdos aducidos en la sentencia no tiene nada que ver con el cumplimiento de las normas reivindicadas; que la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el punto materia de la controversia, no es de obligatorio cumplimiento y, menos aún la imposición de los examenes preparatorios, por parte de la demandada, en ejercicio de la autonomía universitaria; que los decretos 3200 de 1979, artículo 1º, y 1221 de 1990 son inconstitucionales porque sólo el Congreso de la República puede exigir requisitos en la materia que se estudia; que los mismos fueron derogados por la Ley 446 de 1998, artículo 167 y que, aún cuando el título V de dicha ley fue derogado por la Ley 552 de 1999, lo cierto es que ésta en su artículo 2º estableció los requisitos para acceder al título de abogado; por ello, es inexplicable que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1053 del 4 de octubre de 2001, haya indicado que los exámenes preparatorios pueden ser exigidos por las universidades dentro del ejercicio de su autonomía y que, en consecuencia, dicha providencia no puede tenerse como antecedente jurisprudencial porque es contraria al derecho colombiano.

Concluye que el artículo 2º de la ley 552 sustrajo del ordenamiento jurídico la presentación de los examenes preparatorios como requisito de grado y debe cumplirse (fls. 80 a 84).

Consideraciones

Afirma el demandante que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño; que cursó y aprobó todas las materias del pénsum de dicha carrera entre 1975 y 1982 y que cumplió con los requisitos de los preparatorios en la medida en que los compensó con la judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3200 de 1979 y manifiesta que la Universidad le denegó su solicitud de grado aduciendo que no ha cumplido dichos requisitos, con lo cual, a su juicio, ha incumplido los artículos 23 del referido decreto y 2º de la Ley 552 de1999, que establecen requisitos para la obtención del título de abogado.

Dado que la materia a que se refieren las normas cuyo cumplimiento se solicita han sido objeto de innumerables modificaciones, es preciso establecer, en primer término, si las mismas se encuentran vigentes y, en caso afirmativo, proceder a la verificación de los presupuestos exigidos por la ley y la jurisprudencia de esta corporación para ordenar su cumplimiento.

1. Situación del demandante y normas vigentes.

De la lectura del expediente se observa que el rector de la Universidad de Nariño en la contestación de la demanda afirmó, entre otras cosas, que “El señor Héctor Francisco Ortega Caicedo, según su historia académica cursó sus estudios entre 1975 y 1982. Los requisitos de grado que debe cumplir para obtener el título de abogado consisten en la terminación del plan de estudios, requisito ya cumplido por el accionante; por otra parte la posibilidad de compensar exámenes preparatorios con la aprobación de la judicatura, requisito que también se encuentra acreditado; y por último el trabajo de grado” (fl. 38); que el demandante aprobó la judicatura, tal como consta en la certificación expedida por el jefe de la división de asistencia a la rama jurisdiccional del Ministerio de Justicia (fl.13); que el señor Ortega presentó ante la demandada solicitud de grado (fl. 20) que fue denegada por no cumplir con los requisitos de los examenes preparatorios y la judicatura, tal como se infiere de la aclaración hecha en el oficio Nº OD-117 del 22 de mayo de 2002, expedido por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño, por medio del cual se denegaron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el listado de graduandos fijado en las paredes de la Oficina de Registro y Control Académico (fls. 16 a 17).

Por otra parte, a efectos de establecer la normatividad vigente en relación con los requisitos exigidos para obtener el título de abogado, resulta pertinente transcribir apartes de la sentencia C-1053 de 2001 dictada por la Corte Constitucional, por medio de la cual se declaró EXEQUIBLE el artículo 2º de la Ley 552 de 1999, salvo la expresión “antes de la entrada en vigencia de la presente ley” que se declara INEXEQUIBLE.

En dicha providencia se examina minuciosamente la evolución normativa de los requisitos para obtener el título de abogado. Dijo así la Corte:

(...).

3.2.7. El Decreto 3200 de 1979 por el cual se dictan normas sobre la enseñanza del derecho dictado por, “el Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales”, el 21 de diciembre del mismo año, entre otros asuntos, señala los requisitos para obtener los títulos académicos correspondientes y derogó los decretos 1189 de 1974, 225 de 1977 y las demás disposiciones que le fueran contrarias.

Respecto de los requisitos para obtener el título de abogado los artículos 20 y 21 del decreto antes mencionado determinaron que a quienes iniciaran sus estudios de derecho, a partir del 1º de enero de 1980, se les exigiría haber cursado y aprobado el respectivo plan de estudios, aprobado los exámenes preparatorios presentados sobre cuatro grupos de materias conformados según el mismo decreto y presentado untrabajo de investigación dirigida”, desarrollado durante los seminarios del programa y acogido por el jurado que para el efecto designe el “Centro de Investigaciones Jurídicas, Política y Sociales” de la misma universidad.

Las “unidades académicas” de las universidades podían eximir de la presentación de los exámenes preparatorios a los estudiantes que sin haber perdido ninguna materia del programa, hubieran acreditado un promedio general de calificación no inferior a 4.25 o su equivalente. Y el requisito de la “investigación dirigida“ se podía “compensar” realizando una práctica o servicio profesional en uno de los cargos establecidos en el mismo decreto.

Además, la disposición en mención concedió a quienes habían cursado y aprobado todas las materias del programa de derecho con anterioridad al 31 de diciembre de 1979 el derecho de obtener el título de abogado, durante el año de 1980 cumpliendo con los requisitos que habían sido establecidos por el artículo 14 del Decreto 225 de 1977, en la forma en que fue modificado por el artículo 4º del Decreto 1018 del mismo año —ya relacionados—. Y les permitió a los mismos estudiantes, al igual que a quienes habían iniciado el programa de derecho antes de la misma fecha, compensar los exámenes preparatorios o el trabajo de investigación dirigida con un año continuo o discontinuo de “práctica de servicio profesional” en los cargos que el mismo decreto señalaba, o con dos años de ejercicio profesional en los términos del artículo 31 del Decreto 196 de 1971 —artículos 22 y 23—.

(...).

3.2.9. El Presidente de la República, “en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere el artículo 120, ordinal 12, de la Constitución Nacional y el literal (sic) del artículo 6º del Decreto 80 de 1980”, dictó el Decreto 1221 de 1990 “por el cual se aprueba el Acuerdo 60 del 24 de mayo de 1990 emanado de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior —lcfes— por el cual se determinan los requisitos mínimos para la creación y funcionamiento de los programas de derecho”. El que, respecto de los requisitos para obtener el título de abogado dispuso:

ART. 21.—Para obtener el título profesional de abogado deberán cumplirse los siguientes requisitos concurrentes:

1. Haber cursado y aprobado la totalidad de las materias que integran el plan de estudios.

2. Haber presentado y aprobado los exámenes preparatorios.

3. Haber elaborado monografía que sea aprobada, igual que el examen de sustentación de la misma o haber desempeñado, con posterioridad a la terminación de estudios, durante un año (1) continuo o discontinuo uno de los cargos previstos en las disposiciones pertinentes o haber prestado el servicio jurídico voluntario regulado por el Decreto 1862 de 1989 o haber ejercido durante dos (2) años la profesión en las condiciones señaladas en el artículo 31 del Decreto 196 de 197 (sic).

3.3. Recapitulación.

En suma, respecto de los requisitos para obtener el título de abogado antes de la expedición de la Ley 446, puede afirmarse que cuando el Título I de la Parte V de esta disposición entró a regir —8 de julio de 1999—, para obtener el título de abogado todos los estudiantes de derecho debían haber cursado y aprobado las materias que conformaban el plan de estudios de la carrera de derecho; pero en relación con los demás requisitos para alcanzar tal título, existían tres regímenes, según la fecha de iniciación del plan de estudios, dos optativos y uno obligatorio, este último para quienes ingresaron al programa después del 12 de junio de 1990, en razón de que aquellos que lo hicieron antes de esta fecha pudieron elegir entre cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 1221 de 1990 o sujetarse al régimen que estaba vigente a la fecha en que terminaron sus estudios, a saber:

a) Quienes iniciaron el programa de estudios de la carrera de derecho antes del 31 de diciembre de 1979, habiendo terminado dicho programa o no, podían compensar los preparatorios o el “trabajo de investigación” ejerciendo, con posterioridad a la terminación del plan de estudios, durante un año, continuo o discontinuo, uno de los cargos relacionados en la misma disposición, o la profesión de abogado durante dos años, en las condiciones establecidas por el artículo 31 del Decreto-Ley 196 de 1971 —Decreto 3200 de 1979 artículo 23, Decreto 1221 de 1990 artículo 31—.

No obstante, si los arriba nombrados a 31 de diciembre de 1979 habían cursado y aprobado todas las materias del plan de estudios de derecho pudieron acogerse para acceder al título de abogado, durante el año de 1980, a los requisitos que habían sido establecidos por el Decreto 225 de 1977 para obtener dicho título, esto es presentar exámenes preparatorios y cumplir con un año de judicatura o servicio profesional, requisito que podía ser compensado con un curso de especialización, el que, si se aprobaba antes del 31 de diciembre de 1980 permitía a la institución conceder el título, porque los exámenes preparatorios podían presentarse con posterioridad —Decreto 3200 de 1979, Decreto 2022 de 1980—.

b) Quienes iniciaron el mismo programa entre el 1º de enero de 1980 y el 12 de junio de 1990 debieron aprobar exámenes preparatorios por cada uno de los cinco grupos de materias establecidas en el Decreto 3200 de1979 —derecho político, derecho penal, laboral, privado I y ll—; con la posibilidad de resultar eximidos según su rendimiento académico. Y elaborar un “trabajo de investigación dirigida”, durante el desarrollo de los seminarios del programa, el que podía ser compensado con la práctica o el servicio profesional —Decreto 3200 de 1979 artículo 20, Decreto 1221 de 1990 artículo 31—.

c) Quienes ingresaron a la carrera de derecho después del 12 de junio de 1990 —fecha en que el Decreto 1221 de 1990 fue publicado— debían presentar exámenes preparatorios, y, a su elección, i) elaborar y aprobar una monografía, al igual que el examen de sustentación de la misma, ii) desempeñar, con posterioridad a la terminación de estudios, durante un año (1), continuo o discontinuo, uno de los cargos previstos en las disposiciones pertinentes, iii) prestar el servicio jurídico voluntario regulado por el Decreto 1862 de 1989 o iv) ejercer durante dos (2) años la profesión de abogado en las condiciones señaladas en el artículo 31 del Decreto 196 de 197 (sic) Decreto 1221 de 1990.

3.4. El Decreto 1221 de 1990 fue derogado por la Ley 446 de 1998.

(...).

Por lo anterior, a partir del 8 de julio de 1999, sin distingo de la fecha de iniciación de estudios, todos los estudiantes de derecho, para obtener el título de abogado debían haber terminado el plan de estudios, presentado y aprobado los exámenes preparatorios, presentado y sustentado la monografía jurídica y prestado el servicio legal.

En efecto fue suprimida la opción de compensar los preparatorios o el trabajo de especialización —concedida a quienes iniciaron los estudios de derecho antes del 31 de diciembre de 1979—, la posibilidad de ser eximidos de los exámenes preparatorios y compensar el trabajo de investigación —reconocida a quienes iniciaron los mismos estudios entre el 1º de enero de 1980 y el 12 de junio de 1990—, y la monografía jurídica dejó de ser una opción, para quienes ingresaron a la carrera de derecho después del 12 de junio de 1990.

(...).

3.5. La Ley 552 de 1999 deroga íntegramente el artículo 149 de la Ley 446 de 1998.

(...)”.

Concluyó la Corte que a partir del 30 de diciembre de 1999 “solo los estudiantes que en tal fecha habían terminado el plan de estudios de la carrera de derecho deben cumplir, para obtener el título de abogado, a su elección, con uno de los dos requisitos establecidos en el artículo 2º de la Ley 552 del mismo año: la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura...” así como la aprobación de los exámenes preparatorios, en los eventos en que las universidades, en ejercicio de la autonomía universitaria conferida por el artículo 69 de la Constitución Política, los haya establecido. En suma, dicha norma derogó todas las disposiciones anteriores reguladoras de los referidos requisitos, pues a juicio de la citada corporación, esa fue la finalidad de la Ley 552 según se infiere de su historia legislativa.

Por lo anterior, la única norma actualmente vigente en materia de requisitos para obtener el título de abogado es la Ley 552 de 1999.

2. Verificación de los presupuestos de prosperidad de la acción de cumplimiento.

El demandante estima incumplidos los artículos 23 del Decreto 3200 de 1979 y 2º de la Ley 552 porque, a su juicio, la demandada le exige requisitos que no están previstos en dichas normas para obtener el, título de abogado. No obstante, en razón de las precisiones anteriores, la verificación del incumplimiento sólo se hará respecto del artículo 2º de la Ley 552 de 1999, por ser la única norma vigente sobre el punto materia de la controversia, cuyo texto es el siguiente:

“ART. 2º—El estudiante que haya terminado las materias del pénsum académico (antes de la entrada en vigencia de la presente ley) (1) , elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o la realización de la judicatura.

De conformidad con dicha norma, los requisitos para obtener el título de abogado son dos: a) Haber terminado las materias del pénsum académico y b) elaboración y sustentación de monografía o realización de la judicatura. Es decir, la ley faculta al estudiante para escoger entre monografía o judicatura.

(1) Inexequible. Corte Constitucional, Sentencia C-1053 de 2001.

En el presente asunto, el demandante demostró haber cumplido con el requisito de la judicatura (fl. 13) y el Rector de la Universidad de Nariño afirma que el mismo “cursó sus estudios entre 1975 y 1982 ...”. Por tanto se encuentran cumplidos los requisitos exigidos por la ley para obtener el título de abogado. Además, teniendo en cuenta que la demandada no le exige al señor Ortega la presentación de preparatorios, en la medida en que reconoce que fueron compensados con la judicatura cuando la ley le otorgaba esa posibilidad, lo cual es permitido dentro del ejercicio de su autonomía universitaria, no hay razón para impedir el acceso al referido título universitario supeditándolo al lleno de requisitos que, como la monografía en el caso en estudio, se encuentran cumplidos por haberse compensado con la judicatura de conformidad con la Ley 552 de 1999, actualmente vigente en relación con la materia objeto de análisis.

Lo anterior evidencia el incumplimiento de la norma reivindicada y, por tanto, la sentencia de primera instancia será revocada y, en su lugar, se ordenará al Rector de la Universidad de Nariño otorgar el título de abogado al señor Héctor Francisco Ortega.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se dispone:

ORDENASE al Rector de la Universidad de Nariño otorgar el título de abogado al señor Héctor Francisco Ortega.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Reinaldo Chavarro Buriticá, Presidente—Mario Alario Méndez—Roberto Medina López—Darío Quiñones Pinilla.

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