Sentencia ACU-927 de septiembre 25 de 1999 

Consejo de Estado 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elena Giraldo Gómez

Santafé de Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «Por lo tanto, el incumplimiento administrativo respecto del pago de la compra de un predio, en términos de la ley (393/97) no es objeto de la acción de cumplimiento. Al ser ésta de carácter subsidiario o residual, solo tiene cabida cuando el accionante no cuenta con otro mecanismo judicial de defensa, salvo, que de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e inminente para éste (L. 393/97, art. 9º).

Cabe precisar que si bien un contrato es un acto jurídico, no tiene la cualidad ni de acto administrativo ni de ley en sentido material, estas expresiones unilaterales del Estado en función administrativa y legislativa, respectivamente.

Aunque desde el punto de vista legal, el contrato es ley para las partes, esta misma conceptualización alude a una ley de efectos relativos, para sus celebrantes, y por consiguiente sus efectos son interpartes.

Las expresiones ley, o con fuerza material de ley para efectos de la acción de cumplimiento hacen referencia al acto jurídico legislativo dictado por el Congreso, a actos que tengan fuerza material de ley, es decir, desde el punto de vista de su aplicación: impersonales, abstractos, dictados por el Presidente en uso de sus facultades extraordinarias o en estado de conmoción, o en ejercicio de facultades atribuidas directamente a él, por la Constitución Política.

El contrato tampoco constituye acto administrativo; éste es expresión unilateral de la voluntad en función administrativa, mientras que aquél es el resultado de un acuerdo.

Por lo tanto la acción de cumplimiento no es instrumento judicial que tenga la virtualidad de constreñir a cumplir a uno de los sujetos celebrantes de un contrato.

(...).

Por lo tanto si el incumplimiento, como en este caso deriva del no pago de unas acreencias contractuales, la conducta de no acatamiento de las normas que indican el pago se constituye en incumplimiento contractual el cual puede cuestionarse con el ejercicio de la acción contractual, pidiendo de una parte la responsabilidad contractual, por el no cumplimiento del contrato y de la ley, y, de otra, la indemnización de los perjuicios ocasionados a consecuencia de dicho incumplimiento (CCA, art. 87)».

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