Sentencia ACU-9076 de febrero 7 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad: 73001-2331-000-2001-9076-01, feb. 7/2001, Ref. ACU-9076 (Nº 1177)

C.P. María Elena Giraldo Gómez

Actor Gustavo Arias Peña y otros

Acción de cumplimiento

1. Corresponde a la Sala decidir la impugnación presentada por uno de los demandantes contra la sentencia proferida el día 19 de octubre de 2001 por el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual, de una parte, se denegaron las pretensiones de la demanda y, de otra, se advirtió a los actores que no podrá intentar una misma acción con igual finalidad (L. 472/98, art. 7º).

II Antecedentes

A. Demanda.

La presentaron Gustavo Arias Peña y Héctor Fernando Garzón Aguilar, en nombre propio y en sus calidades, respectivamente, de presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral de El Espinal “ADIES” ONG, y representante legal de la Fundación Colombiana de Ecología y del medio ambiente ONG, y la dirigieron contra la Corporación Autónoma Regional del Tolima “Cortolima” (fls. 41 al 43 c. 1).

1. Pretensiones.

“(...) se imparta la orden a la autoridad renuente, es decir, a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima”, concretamente al director, doctor José Édgar Bonilla Suárez, a efectos de que dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en las normas citadas como incumplidas y por ende, efectúe el cumplimiento de las respectivas sentencias condenatorias e indemnizaciones respectivas.

Las normas incumplidas están contenidas en:

1. Resolución 1434 del 12 de octubre de 1999. Acto administrativo expedido por Cortolima.

2. Decreto 0948 del 5 de junio de 1995. Artículos 29, 30 y 33.

3. Decreto 2107 del 30 de noviembre de 1995, artículo 2º.

4. Resolución 619 del 7 de julio de 1997.

5. Artículos 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia.

6. Ley 99 de 1993” (fl. 42 c. 1).

2. Hechos.

“1. Desde hace más de cinco años en el departamento del Tolima especialmente en los municipios de El Espinal, corregimiento Chicoral, Saldaña, Ibagué, Flandes, Venadillo y Lérida entre otros, vienen siendo afectados por la incineración de la cascarilla de arroz, procedimiento realizado a cielo abierto en diferentes predios, afectando a las personas y a los animales que viven en cada uno de los sectores, ya que produce bastante de humo y olores ofensivos en el lugar, deteriorando gravemente el ecosistema, el cual se ve afectado en la calidad del aire, las diferentes fuentes hídricas, la salubridad de la población (2.340 casos de afecciones respiratorias en el municipio de El Espinal en el año 2000 según dato suministro por la secretaría de educación departamental del Tolima). Esta actividad ilícita se ha venido incrementando con el pasar de los años por parte de las empresas procesadoras de arroz, actividad que desarrollan en varios sectores y predios aledaños a los cascos urbanos de estos municipios, corregimientos e inspecciones municipios.

2. Debido a la situación invivible para la población afectada por este flagelo, decidimos acudir a la Procuraduría General de la Nación, los días 28 de julio y 16 de agosto de 2000, solicitando la intervención de dicho, ente como lo estipula el numeral 4º del artículo 277 de la Constitución Política de Colombia. Mediante oficio PDAAA Nº 2851 de fecha 27 de septiembre de 2000 dispuso comisionar a la doctora Luz Myriam Rocha de Torres, Procuradora 20 Judicial II Agraria y Ambiental con sede en Ibagué para que adelantara las diligencias pertinentes.

3. Mediante oficios enviados a Cortolima en fechas 28 de julio, 22 de agosto y 25 de septiembre, de 2000, 29 de enero, 9 y 18 de abril, 16 y 22 de mayo, 26 de junio y 9 de julio de 2001, e invocando el derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política y 74 de la Ley 99 de 1993, se solicitaba respetuosamente que hiciera cumplir la legislación ambiental vigente sobre la incineración de cascarilla de arroz a cielo abierto, inclusive un acto administrativo propio: Resolución 1434 del 12 de octubre de 1999, expedido por Cortolima y firmado por el actual director.

4. A la fecha y pese a las diferentes acciones instauradas ante Cortolima y otros entes oficiales, continua este atentado flagrante contra la salud humana y el medio ambiente, con el beneplácito y la complacencia de la autoridad ambiental de nuestro departamento.

5. Esta práctica administrativa contribuye al desconocimiento y vulneración de los derechos fundamentales y colectivos, a quienes en muchos casos nos resulta imposible hacer efectivos por la negligencia de la autoridad ambiental (fls. 41 y 42 c. 1)

B. Actuación procesal.

El Tribunal Administrativo del Tolima admitió la demanda el día 27 de julio de 2001; ordenó notificar esta decisión al director de Cortolima (fl. 45 c. 1).

El director general del demandado, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, consideró que ha cumplido cabalmente, como autoridad ambiental y dentro de su competencia, las normas citadas por la parte demandante, porque ha realizado procedimientos con el fin de vigilar y controlar las técnicas irregulares de incineración o quema de cascarilla de arroz a cielo abierto en los municipios en los cuales funcionan los molinos procesadores de arroz y zonas conexas. Manifestó que ha implementado acciones para contrarrestar esas actividades irregulares, como la expedición de la Resolución 1434 del 12 de octubre de 1999, por medio de la cual ordenó, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, a las alcaldías y/o inspecciones de policía de los municipios afectados para que en ejercicio de sus facultades de policía procedieran el cierre y sellamiento de los sitios destinados a la quema de cascarilla de arroz.

Agregó que el municipio de El Espinal fue informado de las acciones de control, seguimiento al cerramiento y suspensión de esa actividad irregular, las cuales se han coordinado con las autoridades locales de policía, anunciando el uso de la fuerza pública (fls. 11 al 113 c. 1).

El tribunal abrió a pruebas el proceso, por auto del 7 de septiembre de 2001; denegó la prueba de inspección judicial a los quemaderos de cascarilla de arroz existentes en el municipio de Tolima solicitada por el demandante, por considerarla innecesaria (fl. 114 c. 1).

La demandante presentó escrito en el cual solicitó, entre otros, que la inspección judicial sí fuera decretada y que el oficio dirigido a Cortolima por varios ciudadanos, con fecha 3 de agosto de 2001, no se tuviera en cuenta al momento del fallo porque “es clara manifestación de los empresarios de los molinos a continuar violando las normas legales en detrimento del medio ambiente y vulnerando los derechos constitucionales”, a esta solicitud se le dio el alcance de recurso de reposición contra el auto que denegó pruebas y los magistrados del tribunal del Tolima lo consideraron extemporáneo e indicaron que debían atenerse a las razones indicadas para la negativa de la inspección judicial (fl. 125 a 128 y 129 c. 1).

Una vez practicadas las pruebas testimoniales, el tribunal ordenó de oficio la práctica de prueba documental para que Cortolima remitiera dos informes, el primero, consistente en el acta de reunión taller realizada el 6 de septiembre de 2001 en la sede de esa autoridad ambiental referente al manejo y disposición de cascarilla de arroz proveniente de la molinería de arroz, y el segundo documento, el resultado del estudio de la red monitoreo de la calidad del aire, de la cual hace parte la secretaría de salud del Tolima. Estas pruebas también fueron solicitadas por el agente del Ministerio Público (fls. 130 y 142 c. 1).

C. Sentencia impugnada.

Denegó las pretensiones procesales, preciso cuáles son los requisitos que deben agotarse para la prosperidad de una acción de cumplimiento y consideró que particularmente no se le(sic) supuesto atinente a que la autoridad ambiental haya incumplido un mandato imperativo, indudable, específico e inequívoco; consideró que el demandado sí cumplió con las acciones tendientes a contrarrestar las actividades irregulares de quema de cascarilla de arroz y para el efecto, pues mediante Resolución 1434 de 12 de octubre de 1999 comisionó a las alcaldías o inspecciones de policía de los municipios afectados para que ejecuten las acciones de su competencia y procedan a cerrar y sellar los sitios destinados a ese procedimiento. Señaló, por último, que las diligencias de sellamiento adelantadas por la inspección primera municipal de policía el 26 de julio de 2000 y el 26 de julio de 2001 así como las declaraciones dadas por los empleados de Cortolima y la reunión celebrada el 6 de septiembre de 2001 en las instalaciones de dicha entidad, son actuaciones que demuestran el cumplimiento de la Resolución 1434 de 1999 (fls. 196 al 200).

D. Impugnación.

La actora descontenta con el fallo proferido por el a quo, reiteró los argumentos de la demanda y señaló que no es cierto que Cortolima esté cumpliendo con el deber legal u obligación derivados de los artículos 29, 30 y 33 del Decreto 948 de 1995 y de su propio acto administrativo (Res. 1434/99); aportó pruebas (declaraciones extra proceso ante notario, fotografías de algunos quemaderos de cascarilla de arroz de El Espinal, certificación del personero municipal sobre quejas por quemas de cascarilla de arroz en la zona) y solicitó pruebas (fls. 211 y ss. c. 1).

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir la impugnación presentada, por el accionante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el día 19 de octubre de 2001 mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. El asunto versa sobre la imputación de incumplimiento y renuencia en dar cumplimiento hecha en contra de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, respecto de normas jurídicas y administrativas en materia ambiental, particularmente, en cuanto tiene que ver con el control suspensión de la actividad de quema de cascarilla de arroz en el municipio de El Espinal.

Para decidir, el estudio se realizará en el siguiente orden.

A. Leyes materiales y actos administrativos que se afirman incumplidos.

En primer lugar, se invocaron los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, los cuales aluden, entre otros, el derecho al goce de un ambiente sano; a los deberes del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las sanciones legales.

En segundo lugar se aludió la Ley 99 de 1993 sin que se determinaran los artículos incumplidos por la autoridad ambiental, sin embargo, por el contenido de la demanda se deduce que se solicita el cumplimiento del artículo 85, el cual refiere a los tipos de sanciones y medidas preventivas que impondrán el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales a las infractores de las normas ambientales; enseña:

“ART. 85.—Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales impondrán al infractor de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas preventivas:

1. Sanciones:

a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mínimos mensuales liquidados al momento de dictarse la respectiva resolución;

b) Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o autorización;

c) Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión;

d) Demolición de obra, a costa del infractor, cuando habiéndose adelantado sin permiso o licencia, y no habiendo sido suspendida, cause daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables;

e) Decomiso definitivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos o implementos utilizados para cometer la infracción.

2. Medidas preventivas.

a) Amonestación verbal o escrita;

b) Decomiso preventivo de individuos o especímenes de fauna o flora o de productos e implementos utilizados para cometer la infracción;

c) Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, o cuando la obra o actividad se haya iniciado si el respectivo permiso, concesión, licencia o autorización;

d) Realización dentro de un término perentorio, los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.

PAR. 1º—El pago de las multas no exime al infractor de al ejecución de las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad responsable del control, ni de la obligación de restaurar el medio ambiente y los recursos naturales renovables afectados.

PAR. 2º—Las sanciones establecidas por el presente artículo se aplicarán sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar.

PAR. 3º—Para la imposición de las medidas y sanciones a que se refiere este artículo se estará al procedimiento previsto por el Decreto 1594 de 1984 o al estatuto que lo modifiquen o sustituya.

PAR. 4º—En el caso del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las sanciones contempladas en los artículos 28, 29 y 35 de la Ley 47 de 1993, se aplicarán, sin perjuicio de las previstas en este artículo” (destacado por fuera del texto original).

En tercer lugar, se afirmaron como expresamente incumplidos los artículos 29, 30 y 33 del Decreto Reglamentario 948 del 5 de junio de 1995, los cuales enseñan:

“ART. 29.—Quemas abiertas. Queda prohibido dentro del perímetro urbano de ciudades, poblados y asentamientos humanos, y en las zonas aledañas que fije la autoridad competente, la práctica de quemas abiertas.

Ningún responsable de establecimientos comerciales, industriales y hospitalarios, podrá efectuar quemas abiertas para tratar sus derechos sólidos. No podrán los responsables del manejo y disposición final de desechos sólidos, efectuar quemas abiertas para su tratamiento.

Las fogatas domésticas o con fines recreativos estarán permitidas siempre que no causen molestia a los vecinos.

ART. 30.—Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la práctica de quemas abiertas en áreas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se refiere el inciso siguiente.

INC. 2º—Modificado. D. 2107/95, art. 2º. Quemas abiertas en áreas rurales. Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas o disposición de rastrojo, estarán controladas y sujetas a las reglas que al efecto establezca el Ministerio del Medio Ambiente.

PAR.—Los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura coordinarán las medidas, acciones y programas, orientados a la disminución de las quemas agrícolas, su reducción al mínimo y su eliminación antes del año 2005.

ART. 33.—Prohibición de emisiones riesgosas para la salud humana. El Ministerio del Medio Ambiente en coordinación con el Ministerio de Salud, regulará, controlará o prohibirá, según sea el caso, la emisión de contaminantes que ocasionen altos riesgos para la salud humana, y exigirá la ejecución inmediata de los planes de contingencia y de control de emisiones que se requieran”.

En cuarto lugar se pidió el cumplimiento de la Resolución 1434 expedida por Cortolima el día 12 de octubre de 1999, acto administrativo por medio del cual resolvió lo siguiente:

“ART. 1º—Suspender inmediatamente la actividad consistente en quema de cascarilla de arroz que se viene realizando en el departamento del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

PAR.—La suspensión a que se refiere el presente artículo tiene alcance para todos los molinos localizados en el departamento del Tolima y que a la fecha no cuenten con un plan de manejo ambiental; aquellos molinos a los cuales se les ha resuelto imponer dicho plan, seguirán implementándolo acorde como fue consagrado por Cortolima en los respectivos actos administrativos.

ART. 2º—Ordenar a los molinos suspender inmediatamente el suministro y disposición final de cascarilla de arroz, con destino a la quema de dicho material, de lo contrario se harán merecedores a las sanciones que establece la ley ambiental.

ART. 3º—Enviar copia de la presente resolución a las inspecciones de policía de los municipios donde se estén efectuando quemas de cascarilla de arroz, con el fin de que vele por el seguimiento y cumplimiento a lo ordenado en el artículo primero de la presente resolución de conformidad con el artículo 66 numerales 6º y 7º de la Ley 99 de 1993 y artículo 39 del Decreto 1753 de 1994: igualmente se enviará copia para su conocimiento y fines pertinentes a las alcaldías, personerías y comités de licencias ambientales de los municipios donde se está desarrollando dicha actividad.

ART. 4º—Esta resolución rige a partir de su expedición” (destacado por fuera del texto original, fls. 28 al 30 c. 1).

Por último, el demandante afirmó el incumplimiento de la Resolución 619 del 7 de julio de 1997, la cual no fue aportada.

B. Análisis.

1. Como varias fueron las normas que se imputaron como incumplidos se hará diferenciación entre cada una de ellas.

a) Sobre las constitucionales

Jurídicamente las disposiciones constitucionales están excluidas de análisis por la vía de acción de cumplimiento, así lo indica el ordenamiento jurídico. La Carta Política enseña que tal acción tiene cabida para pedir el cumplimiento de “una ley o un acto administrativo” (art. 87), norma que es reiterada en la Ley 393 de 1997 (art. 1º).

Las expresiones constitucionales “una ley o un acto administrativo” dicen de normas derivativas.

En cuanto a las expresiones concretas actos “con fuerza material de ley” la Corte Constitucional resaltó, en la Sentencia C-157 de 1998, al hacer referencia a las expresiones “con fuerza material de ley”, contenidas en el artículo 1º de la Ley 393, que estas expresiones indican “que se trata de hacer efectivos mandatos del legislador, provenientes del Congreso o del gobierno, en ejercicio de funciones legislativas” (1) .

(1) Ver en idéntico sentido las sentencias de la Corte Constitucional C-193 de 1998 y C-893 de 1999 y del Consejo de Estado sentencias del 24 de mayo de 2001, reiterada en sentencia del 1º de noviembre de 2001. Expedientes 0109 y 19384 respectivamente.

b) Normas legales que se invocaron como incumplidas se observa lo siguiente:

En cuanto tiene que ver con el artículo 85 de la Ley 99 de 1993; existe prueba del cumplimiento por parte de la autoridad demandada del deber legal allí establecido. En efecto Cortolima impuso mediante resolución motivada la medida preventiva de suspensión inmediata de la actividad de quema de cascarilla de arroz aplicable a todos los municipios del departamento del Tolima en los cuales se adelantará dicha actividad. El hecho relativo a que particulares desconocen actualmente los mandatos legales sugiere el derecho de cualquier persona afectada para solicitar a las autoridades competentes las sanciones respectivas.

Respecto a los artículos 29, 30 y 33 del Decreto Reglamentario 0948 de 1995, se observa que no contienen un mandato imperativo, inobjetable e inmediato para la demandada. En efecto: si bien tal decreto contiene disposiciones sobre la prohibición de quemas abiertas en áreas rurales y la permisión de quemas controladas en actividades agrícolas y mineras, de su contenido se advierte, claramente y de una parte, que las quemas abiertas en áreas rurales autorizadas “estarán controladas y sujetas a las reglas que al efecto establezca el Ministerio del Medio Ambiente” y de otra parte, que a esta última autoridad y al Ministerio de Salud les compete, coordinadamente, regular, controlar y prohibir la emisión de contaminantes que ocasionen altos riesgos para la salud humana así como exigir la ejecución inmediata de los planes de contingencia y de control de emisiones atmosféricas.

Por consiguiente se hace visible que esos artículos refieren expresamente a deberes legales a cargo de otras autoridades administrativas (ministerios del Medio Ambiente y de Salud), distintas a la autoridad demandada (Cortolima), situación que, desde otro punto de vista, conduce a advertir la falta de legitimación material, pues las omisiones imputadas en la demanda a Cortolima jurídicamente están asignadas a otras autoridades.

c) Frente a la Resolución Administrativa 1434 de 12 de octubre de 1999, expedida por Cortolima.

Antes de cualquiera deducción jurídica, cabe recordar que en ese acto administrativo, el demandado.

• Suspendió de manera inmediata la actividad de quema de cascarilla de arroz, que se venía realizando en el departamento del Tolima; la medida se hizo extensible a todos los molinos que a la fecha, de expedición de la resolución, no contaran con un plan de manejo ambiental, con la salvedad de que los molinos que si contaran con dicho plan, seguirán implementándolo; y para la eficacia de la decisión, la

• Supeditó a las acciones de vigilancia, seguimiento y cumplimiento por parte de las inspecciones de policía de los municipios donde se estuvieran efectuando quemas de cascarilla de arroz. Esta determinación se impartió con fundamento en lo dispuesto por los numerales 6º y 7º del artículo 65 de la Ley 99 de 1993 y artículo 39 del Decreto 1753 de 1994, los cuales enseñan:

“ART. 65 Ley 99 de 1993. Funciones de los municipios, de los distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las corporaciones autónomas regionales, las siguientes atribuciones especiales: (...).

6. Ejercer a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades de Sistema Nacional Ambiental, SINA, con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.

7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las corporaciones autónomas regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las aguas, el aire o el suelo (...)” (destacado por fuera del texto original).

“ART. 39.—Decreto 1753 de 1994. Actuación de las autoridades comisionistas. Las autoridades comisionadas por la autoridad ambiental competente o requeridas en su auxilio para la práctica de las medidas y órdenes que imparta, deberán proceder en forma inmediata a ponerlas en ejecución o a prestarles su apoyo. (...)

El comisionado que omita o retarde la ejecución de las medidas y órdenes de que trata este artículo o por su culpa impida su inmediato cumplimiento, será sancionado por el respectivo superior jerárquico, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiera lugar” (destacado por fuera del texto original).

Entonces, se ve como el acto administrativo que se afirmó incumplido refiere a órdenes de ejecución que debían cumplir las inspecciones de policía, de acuerdo con el acto administrativo de Cortolima, dictado con base en la ley. Por lo tanto, igualmente que en el literal de estudio anterior se deduce la falta de legitimación material de Cortolima. En efecto, el incumplimiento de las órdenes de ejecución contenidas en la resolución prenombrada está relacionado directamente con las acciones de sellamiento de los quemaderos de cascarilla de arroz ubicados en la jurisdicción del municipio de El Espinal, las cuales corresponde ejecutar a las inspecciones de policía.

2. Como se practicaron pruebas que están relacionadas con las inspecciones de policía y con Cortolima se hará alusión a ellas, para concluir que el demandado no es agente administrativo infractor de las normas indicadas como incumplidas y además qué gestiones ha realizado.

a) El 10 de noviembre de 2000 la inspectora primera municipal de policía de El Espinal informó al jefe de la Umata de ese municipio “que a todos los molinos existentes en esa localidad le fueron notificados de la Resolución 1434 de octubre 12 de 1999 e igualmente se le anexó fotocopia de la resolución” (fl. 108 c. 1).

b) El 26 de julio de 2000 el corregidor Nº 2 de El Espinal (Tolima) en cumplimiento, entre otros, de la Resolución 1434 del 12 de octubre de 1999, visitó 9 predios ubicados en jurisdicción de El Espinal y notificó a varias personas —no se dice qué título jurídico poseen respecto de los predios— sobre “el respectivo sellamiento y las respectivas sanciones a que se hace acreedor si no cumple con lo ordenado por este despacho” (fls. 115 al 123 c. 1).

c) El 1º de junio de 2001 la inspección primera municipal de Policía de El Espinal, en cumplimiento del Decreto 135 de 2001 expedido por el alcalde mediante el cual ordenó suspender en forma inmediata la actividad concerniente a la quema de cascarilla, selló el quemadero las instalaciones del Molino Murra para que a partir de ese momento se suspendiera la actividad de quema de cascarilla (fls. 106 y 110 c. 1).

d) El 6 de julio de 2001 el subdirector de gestión ambiental de Cortolima informó a la Asociación para el Desarrollo Integral de El Espinal sobre las acciones administrativas y técnicas llevadas a cabo por dicha autoridad ambiental, relacionadas con la incineración de cascarilla de arroz a cielo abierto en el municipio de El Espinal; en lo fundamental precisó sobre los siguientes aspectos:

• Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1434 del 12 de octubre de 1999 y en las demás normas existentes sobre quemas a cielo abierto, la coordinación de control y vigilancia de Cortolima abrió siete expedientes por infracciones por quema de cascarilla realizada en el municipio de El Espinal.

• Que Cortolima envió copia de la Resolución 1434 del 12 de octubre de 1999 a las alcaldías y a las inspecciones de policía municipales y se les comisionó para que velaran por el seguimiento y cumplimiento de lo dispuesto en dicho acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 6º y 7º del artículo 65 de la Ley 99 de 1993;

• Que a esa fecha, la última actuación realizada por Cortolima fue la suspensión de la incineración de cascarilla de arroz que se lleva a cabo en el Molino Murra, la cual se efectuó el día 27 de junio de 2001 (fls. 49 y 50 c. 1).

e) El 26 de julio de 2001 la inspección primera municipal de Policía selló el Molino San Joaquín y otros dos ubicados en las veredas Montalvo y Santa Ana en jurisdicción del municipio de El Espinal (fls. 103, 104 y 105 c. 1).

f) El 9 de octubre de 2001 se recepcionaron los testimonios de dos empleados de Cortolima: el primero de ellos, señor Henry Cifuentes Ocampo declaró que respecto a la quema de cascarilla, especialmente en los municipios de El Espinal y Saldaña, en el norte Venadillo y Lérida, la coordinación de control y vigilancia de Cortolima inició procedimientos sancionatorios contra personas que se dedican a realizar la semiquema de dicha cascarilla “pero debido a la gran facilidad que tienen de cambiar de sitio es una actividad compleja para ejercer la vigilancia”; que se comisionó a la inspección y alcaldía del municipio de El Espinal para que apoyen el control y procedan a las suspensiones a las que refiere la Resolución 1434 de 1999; que el manejo de la cascarilla de la industria molinera es bastante compleja por la gran cantidad de material que se produce, que Cortolima, paralelamente a la actuación de orden policivo, ha buscado solución al problema del manejo de la cascarilla y prueba de ello es la convocatoria que se realizó en el mes de septiembre de 2001, en la cual participaron los representantes de la industria molinera del arroz, el Ministro del Medio Ambiente, la procuraduría ambiental y agraria, la contraloría departamental, la defensoría del pueblo, para ver las alternativas posibles que se podían dar al manejo de dicha cascarilla; afirmó “como resultado de esta reunión fueron o hubo conclusiones como la de la posibilidad de una adición a las excepciones contempladas en el Decreto de Orden Nacional 948 de 1995 y como consecuencia permitir la semiquema de esta cascarilla” en la medida en que el producto es empleado por otros sectores como el de la floricultura, especialmente en la sabana de Bogotá (fls. 138 y 139 c. 1).

El segundo de los testigos, ingeniero José Antonio Patiño Barragán informó que en el departamento del Tolima existen aproximadamente 20 molinos de arroz, que en el municipio de El Espinal específicamente se están produciendo ente 450 y 500 toneladas de cascarilla al día por parte de los molinos localizados en la zona —refirió a los molinos Flor Huila, Grande, San Joaquín, Murra, Espinal, Roa y Tolima—; que se han producido una serie de reuniones en la cuales han participado los diferentes organismos de control y en las cuales se han propuesto usos alternativos de la cascarilla, que con relación a la Resolución 1434 de 1999 se ha trabajo coordinadamente con la inspección de policía del municipio de El Espinal la cual ha reportado diferentes actos de sellamiento de quemaderos de cascarilla de arroz realizados en el municipio de El Espinal, que se firmó el convenio producción más limpia entre el Ministerio del Medio Ambiente, la industria molinera y Cortolima y en su desarrollo se está realizando el establecimiento y operación de la red de monitoreo de calidad del aire en todo el departamento con estaciones de monitoreo en El Espinal; en ese convenio también se consignó la necesidad de exigir a todos los molinos del departamento la presentación y posterior implementación de planes de manejo ambiental enfocados al control de la emisión de material particulado, ente otros, de cascarilla de arroz, que se realizó una reunión en el mes de septiembre tendiente a implementar una normalidad que corte con el suministro de cascarilla a terceras personas quienes en un momento dado fueron las que incrementaron los quemaderos de cascarilla y que el ministerio fijó como tarea a los molineros realizar un estudio de calidad de aire para ser evaluado con el ánimo de dotar de instrumentos técnicos al ministerio para tomar decisiones técnicas y legales (fls. 140 y 141 c. 1).

g) El día 11 de octubre de 2001 Cortolima informó al Tribunal Administrativo del Tolima de la existencia de procesos sancionatorios —5 preliminares y 8 expedientes— por quema de cascarilla de arroz en los municipios de El Espinal y Coello (fls. 1 al 3 c. 2).

Finalmente, se concluye que la decisión impugnada habrá de confirmarse, pero por motivos diferentes concernientes a que las obligaciones fijadas en las normas legales y administrativas no son exigibles jurídicamente a Cortolima (L. 393/97, art. 27).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la providencia impugnada proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el día 19 de octubre de 1999.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque, presidente de la Sala—Jesús María Carrillo Ballesteros—María Elena Giraldo Gómez—Alier Hernández Enriquez—Germán Rodríguez Villamizar.

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