Sentencia AG-2002-0004 de agosto 15 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación AG-25000232700020020004-01

Magistrada Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Yudy Esther Cáceres y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa

Ref.: Acción de grupo

Bogotá, D.C., quince de agosto de dos mil siete.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por los accionantes, en contra de la sentencia dictada por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 21 de noviembre de 2005, mediante la cual se negaron las pretensiones formuladas en la acción de grupo instaurada por la señora Yudy Esther Cáceres y Otros, en contra de la Nación - Ministerio de Defensa.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En escrito presentado el 25 de enero de 2002 y corregido el 2 de agosto de ese mismos año, a través de apoderado judicial, los señores Yudy Esther Cáceres, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos Edwin y Erika Quintero Cáceres; Ana del Carmen, Yaneida y Celiar Guerrero Ortega; Ciro Alfonso Guerrero Cañizares y Mélida Ortega Vergel, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores Alvey, Yaneth, Urley, Cenaida, Alisander y Albeiro; Héctor Julio Sánchez Caballero y Doris María Sánchez Quintero, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores Yuraima, María del Carmen, Milton Antonio y Yulied Carina Sánchez Sánchez; Ana Elvia Pérez de Durán; Eladio Quintero Peñaranda; Angélica Estrada Peinado; José de la Cruz Bayona; Isolina Quintero Arévalo y Hugo Alfonso Chinchilla Quintero, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores Yerson Samid, Jehy Dorian y Jessika Edith Chinchilla Monguí y Duval Leandro Durán Quintero; Yover Alberto Duarte Cáceres; Elvia Esther Uscátegui Blanco; Eliza María Corredor; Doris Soto Corredor; Élida María García Avendaño; Maritza Avendaño Claro; Emma Quintero Rincón; Plinio Rafael Barros Quiñónez, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores Daniel Fernando, Diego Andrés y Duván Rafael Barros Corredor, presentaron acción de grupo en su nombre y en el de “los habitantes del corregimiento Filo Gringo, que padecieron desde el mes de septiembre de 1999 hasta marzo de 2000 las amenazas de un grupo armado ilegal y resultaron perjudicados con la arremetida paramilitar que afectó la indicada localidad entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000, quienes como consecuencia de esto tuvieron que desplazarse forzadamente de su lugar de domicilio, padeciendo daños morales, de vida en relación y patrimoniales”, acción que dirigieron en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército y Policía Nacional, con el fin de que se profieran las siguientes declaraciones y condenas:

“1. Solicitamos se declare responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional de la totalidad de los perjuicios morales, de vida en relación y materiales (patrimoniales) que han venido padeciendo mis mandantes en este proceso y demás habitantes del corregimiento de Filo Gringo, a raíz de las amenazas proferidas por un grupo paramilitar, las que se iniciaron en el mes de septiembre de 1999 y se concretaron con la incursión realizada por un numeroso contingente de hombres de este grupo armado entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000; acción criminal ante la cual los demandados omitieron el deber constitucional de defender la vida, la tranquilidad, los bienes y la seguridad pública de los habitantes de esas comunidades.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional a pagarle a los demandantes por concepto de daños morales causados con el desplazamiento forzado, lo siguiente:

A los demandantes y cada uno de los miembros de las comunidades afectados con los hechos criminales expuestos y que a consecuencia de éstos tuvieron que abandonar temporalmente sus inmuebles y/o parcelas, o desplazarse definitivamente cien (100) salarios mínimos mensuales.

El salario mínimo mensual se liquidará con base en el legal vigente para el año en que quede en firme la sentencia o el fallo aprobatorio de la conciliación.

3. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional a pagarle a los demandantes y miembros del grupo afectado por perjuicios de vida en relación cien (100) salarios mínimos mensuales.

El salario mínimo mensual se liquidará con base en el legal vigente para el año en que quede en firme la sentencia o el fallo aprobatorio de la conciliación.

4. Declárase responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional de los perjuicios materiales que padecieron los accionantes y los miembros del grupo del que hacen parte, de acuerdo a lo pedido en el capítulo de daños.

5. Condénese en costas a los demandados”.

Los perjuicios materiales fueron definidos como “el daño emergente y el lucro cesante causado a cada uno de los miembros del grupo con el hecho del desplazamiento, entre ellos, el valor de los predios y muebles perdidos y lo invertido en transporte para evacuar la zona de expulsión y reinstalarse en el sitio de recepción”, daños que fueron discriminados para el grupo demandante, así:

A Plinio Rafael Barros Quiñónez $ 6.000.000 

A José de la Cruz Bayona $ 19.000.000 

A Maritza Avendaño Claro $ 14.000.000 

A Élida María García Avendaño $ 14.000.000 

A Isolina Quintero Arévalo $ 21.000.000 

A Angélica Estrada Peinado $ 12.000.000 

A Doris Soto Corredor $ 5.000.000 

A Eliza María Corredor $ 18.000.000 

A Ciro Alfonso Guerrero Cañizares $ 13.000.000 

A Héctor Julio Sánchez Caballero $ 14.000.000 

A Emma Quintero Rincón $ 22.000.000 

A Eladio Quintero Peñaranda $ 16.000.000 

A Yudy Esther Cáceres $ 26.000.000 

2. Los hechos.

Los hechos narrados en la demanda son en resumen los siguientes:

2.1. En los primeros meses del año 1999, el jefe paramilitar Carlos Castaño anunció públicamente que iniciaría una arremetida militar contra la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.

2.2. Las operaciones paramilitares se iniciaron el 29 de mayo de 1999, cuando centenares de paramilitares provenientes del sur del Cesar, Córdoba y Urabá pretendieron tomarse la cabecera del corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú, pero fueron contenidos por grupos guerrilleros, que les opusieron resistencia, por lo cual aquellos instalaron una base y un retén permanentes en la vereda Vetas de Oriente, en la vía que de Tibú conduce a La Gabarra y cometieron múltiples crímenes, entre ellos, dieron muerte a cinco activistas comunales de la región.

2.3. Ante la persistencia de la crisis humanitaria en esa zona del país, una comisión interinstitucional, integrada por funcionarios del Ministerio del Interior, la Vicepresidencia de la República, la Defensoría del Pueblo, la gobernación y la Procuraduría Departamental de Norte de Santander, la Red de Solidaridad Social y miembros de varias ONG, se desplazó durante los días 8, 9 y 10 de junio al municipio de Tibú, para constatar la situación que allí se vivía y, además, se entrevistó con un cabecilla paramilitar, quien les advirtió que uno de sus objetivos era el de tomarse el corregimiento de Filo Gringo, en jurisdicción de El Tarra. La comisión formuló varias recomendaciones a las Fuerzas Armadas, entre ellas, adoptar las medidas necesarias para evitar la consumación de los ataques a los corregimientos amenazados.

2.4. El 17 de junio de 1999, el grupo paramilitar incursionó en el municipio de Tibú, sin encontrar ninguna resistencia por parte de los agentes de la Policía instalados en el cuartel ni de los efectivos del batallón de contraguerrilla Nº 25, Héroes de Saraguro, masacraron a 13 personas y dejaron heridos un número indeterminado de pobladores.

2.5. La acción paramilitar continuó de manera imperturbable, con una secuencia de crímenes selectivos y masacres, como los cometidos el 21 de agosto de 1999 en el corregimientos de La Gabarra, donde dieron muerte a 29 personas e hirieron y desaparecieron un número no determinado de pobladores; los crímenes cometidos en el corregimiento de Petrolera, donde asesinaron a 4 jóvenes de la región, y de Campo Dos, lugar donde asesinaron a 3 ciudadanos.

2.6. El 29 de agosto de 1999, una comisión interinstitucional integrada por delegados de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y una ONG de derechos humanos se desplazó al corregimiento de La Gabarra y una subcomisión al corregimiento de Filo Gringo y constató el temor y la ansiedad que soportaban sus habitantes y el progresivo desplazamiento forzado que se había iniciado en esos corregimientos.

2.7. El Ministerio del Interior y la Gobernación de Norte de Santander, acogiendo peticiones de ONG de derechos humanos crearon una comisión interinstitucional, de la que hicieron parte delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Provincial, la Red de Solidaridad Social y el CTI, la cual se desplazó hasta el municipio de El Tarra y el corregimiento de Filo Gringo, el 26 de enero de 2000 y recibió reiterativas denuncias de los pobladores sobre la existencia de unidad operativa entre el grupo paramilitar y miembros del Ejército Nacional y sobre las omisiones de la fuerza pública. Esa comisión recomendó al Gobierno Nacional adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad, la libertad y la propiedad de los habitantes del municipio de El Tarra y el corregimiento de Filo Gringo y la contención y represión de las acciones de los grupos armados al margen de la ley.

2.8. Sin embargo, ni el Ejército ni la Policía adoptaron medidas preventivas con el fin de garantizar los derechos fundamentales y los bienes de los residentes en esa zona, ni para neutralizar o al menos disuadir el propósito criminal, que tenía entre sus objetivos arrasar el corregimiento de Filo Gringo y que progresivamente se acercaba a él.

2.9. Ante la persistencia de las amenazas y la falta de respuestas estatales, los habitantes de Filo Gringo, llenos de temor y desesperación, procedieron a abandonar el corregimiento, en los primeros días del mes de febrero de 2000, llevando consigo muy pocos de sus haberes. Entre los desplazados se encontraban los accionantes.

2.10. El 25 de febrero de 2000, los miembros del grupo paramilitar que desde hacía dos meses se habían concentrado en el sitio conocido como La Guaya, en la vía entre Tibú y El Tarra, citaron a los comerciantes a una reunión. De esa situación se puso en conocimiento a la V Brigada del Ejército, que no tomó ninguna medida, a pesar de que tenía una base en el corregimiento de Versalles, a trescientos metros de La Guaya y brindaba seguridad a una estación de crudo de Ecopetrol.

2.11. Aproximadamente a las 10:30 del 29 de febrero de 2000, un numeroso grupo paramilitar se tomó el desolado corregimiento de Filo Gringo, situación que fue dada a conocer a las distintas autoridades del orden nacional por el alcalde de El Tarra y por la ONG Minga, sin que las Fuerzas Militares y de Policía hubieran adelantado ningún operativo de neutralización del grupo armado ilegal. El 3 de marzo siguiente, el grupo paramilitar saqueó e incineró las casas del corregimiento. Al día siguiente, tropas del Ejército hicieron presencia en el lugar, pero muy pronto lo abandonaron sin haber emprendido acciones de neutralización contra los paramilitares.

2.12. Las investigaciones penales y disciplinarias adelantadas con ocasión de las hechos criminales cometidos por bandas paramilitares en el Catatumbo han permitido establecer que el ingreso de esos grupos a esa región fue coordinado por efectivos de la Policía y del Ejército y que sus actos ilícitos, incluidos el asedio y posterior ocupación del corregimiento de Filo Gringo fueron favorecidos, no sólo por protuberantes omisiones de la fuerza pública, sino, además, por la abierta complicidad de quienes debieron combatirlos.

Según los demandantes, los daños que sufrieron como consecuencia del desplazamiento forzado y la incursión paramilitar ocurrida en el corregimiento de Filo Gringo son imputables al Estado a título de falla del servicio, porque a pesar de que la fuerza pública sabía de la inminencia del ataque paramilitar contra ese poblado, no realizó ninguna acción efectiva dirigida a neutralizar a los criminales y proteger los derechos fundamentales de los pobladores y porque el grupo armado ilegal hizo presencia en la región, previa coordinación y planeación con efectivos de las Fuerzas Armadas.

3. Oposición a la demanda.

3.1. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no existió falla del servicio por omisión de la fuerza pública, dado que se dispusieron todos los medios que estaban a su alcance para proteger a la población del Catatumbo y, además, su actuación se enmarcó dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley. Subsidiariamente, solicitó que de considerarse que el Estado debía reparar el daño sufrido por el grupo afectado, dicha indemnización fuera cubierta a través del Fondo Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, que es una cuenta administrada por el Ministerio del Interior y creada por la Ley 378 de 1999. Los fundamentos de esas afirmaciones fueron los siguientes:

3.1.1. Aunque son de público conocimiento los ataques que han sufrido las diferentes poblaciones de Norte de Santander por parte de grupos paramilitares y subversivos, de igual manera, han sido evidentes la protección y colaboración que se ha prestado a la población civil por parte de la fuerza pública. Por lo tanto, no existe nexo causal entre el daño sufrido por el grupo afectado y la supuesta omisión del Estado.

3.1.2. Como se señala en la misma demanda, los daños sufridos por la población de Filo Gringo fueron causados por grupos paramilitares y no por la fuerza pública, por lo tanto, el daño no es imputable al Estado porque fue cometido por terceros. No hay ningún antecedente en el país que demuestre que el desplazamiento de las poblaciones fuera causado por la acción o la omisión de las autoridades públicas. El desplazamiento es un fenómeno que se presenta como consecuencia del conflicto armado entre bandos irregulares.

3.1.3. Para el momento en que se produjo la incursión paramilitar en Filo Gringo se estaban efectuando todas las diligencias tendientes a prestar la ayuda requerida a la población, pero existieron circunstancias de tipo climático, operativo y de estrategia que impidieron la asistencia rápida a la población. Destacó que el contenido de la obligación impuesta a las autoridades en el artículo 2º de la Constitución es de medio y no de resultado; por lo tanto, las autoridades no pueden garantizar de manera absoluta que evitarán los actos delincuenciales de los grupos subversivos y de autodefensas, quienes actúan a mansalva, sobreseguros, amenazando a la población civil y, sobre todo, utilizando el factor sorpresa que casi siempre impide la oportuna acción del Estado para contrarrestarlos; además, esos grupos se aprovechan de la difícil topografía del país, de su gran extensión territorial, de la carencia de vías de comunicación y, en general, de todas las circunstancias adversas a la operación de las tropas regulares. El Estado no tiene el don de la ubicuidad y por lo tanto, no puede evitar todas las manifestaciones violentas; el país se halla en un estado de violencia generalizada. La historia da cuenta de que los conflictos internos tardan en solucionarse y que la población civil tiene desafortunadamente una alta cuota de sacrificio impuesta por los grupos armados.

3.1.4. En el caso concreto no puede deducirse responsabilidad del Estado por omisión, puesto que se acreditó en el expediente que: el desplazamiento de los habitantes de la región no sólo fue motivado por las amenazas del grupo subversivo sino también por la baja producción de la hoja de coca, a cuya siembra se dedicaba la gran mayoría de la población de la zona del Catatumbo, en una extensión cultivada de aproximadamente 37.000 hectáreas; además, la región es un corredor de movilidad fronterizo que permitía el tráfico de armas de los grupos subversivos y de autodefensas que operaban en la región; los subversivos superaban en número a las Fuerzas Militares; los sitios que fueron objeto del ataque fueron la gran mayoría de corregimientos y veredas de El Tarra y poblaciones vecinas; las fuerzas disponibles tenían también la misión de proteger la infraestructura petrolera.

3.1.5. La prueba documental que obra en el proceso desvirtúa la aseveración de los demandantes de que las autoridades no realizaron ninguna actuación dirigida a protegerlos. Además, se brindaron a la población las ayudas humanitarias previstas en la Ley 387 de 1997.

3.2. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional solicitó, igualmente, que se negaran las pretensiones de los accionantes, por las siguientes razones:

3.2.1. Aunque para el momento de los hechos no existía estación de policía en el corregimiento de Filo Gringo, la entidad no omitió su deber constitucional de salvaguardar el orden público a nivel nacional. En el caso concreto, se impartieron órdenes con el fin de neutralizar la acción de los grupos paramilitares, tales como reforzamiento y relevo del talento humano en la zona, se desplegaron labores de inteligencia y se convocaron consejos de seguridad con autoridades municipales y de otros organismos de seguridad; además, la Policía Nacional brindó apoyo a las personas desplazadas.

3.2.2. El 7 de marzo de 2000, la Policía realizó un sobrevuelo a la zona y pudo concluir que los daños causados en la región no habían sido de la magnitud que habían dado a conocer los medios de comunicación; que las residencias habían sido abandonadas desde el mismo día en que sus pobladores tuvieron conocimiento de la presencia de las autodefensas y que el desolador panorama en el Catatumbo tenía su explicación en la deforestación para la siembra de coca.

3.3.3. El gobierno creó un registro de población desplazada, con el fin de suministrar ayuda humanitaria a la población, la cual se puede obtener a través de la Red de Solidaridad Social, pero en el caso concreto no se acreditó que se hubiera realizado el censo de los desplazados.

3.3.4. No son atribuibles a la Policía Nacional las omisiones que se endilga a la V Brigada del Ejército. Según la misma demanda, la información que de los hechos se suministró a la Policía fue posterior a la ocurrencia de los hechos. La parte demandante tampoco aportó pruebas sobre las investigaciones penales y disciplinarias en las que adujo que se había deducido responsabilidad de miembros de la institución por haber coordinado el ingreso a la región de grupos al margen de la ley. Esas afirmaciones sin respaldo probatorio desprestigian a la institución y constituyen delitos de injuria y calumnia.

3.3.5. En el caso concreto se debe demostrar que la causa que originó los perjuicios individuales que se reclama indemnizar fue compartida por el grupo, dado que en esa región existe un conflicto interno sostenido por grupos paramilitares, guerrilla y Ejército, que se vincula con el narcotráfico y la disputa por las tierras y sus cultivos ilícitos. Por lo tanto, es difícil que los daños padecidos por el grupo actor hubieran sido causados por el mismo agente. Además, los supuestos derechos colectivos alegados por los actores no corresponden a los señalados de manera taxativa en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y no es procedente obtener un resarcimiento patrimonial no amparado por la ley.

4. Fundamentos de la decisión.

El a quo negó las pretensiones de la demanda, por considerar que no se acreditó en el expediente la falla del servicio que se atribuye al Estado en relación con los daños sufridos por el grupo accionante. Al referirse a los aspectos formales y de fondo de la acción instaurada, consideró:

4.1. Que en el caso concreto se cumplieron los requisitos de admisibilidad y procedibilidad de la acción instaurada, conforme a lo establecido en la Ley 472 de 1998.

4.2. Que con las pruebas que obran en el expediente quedó acreditado que efectivamente ocurrieron los hechos señalados en la demanda y los daños causados por los mismos, pero como éstos fueron realizados por grupos al margen de la ley, no son imputables al Estado, que, por el contrario, a través de sus autoridades realizó las gestiones que estuvieron a su alcance para contrarrestar la acción del grupo armado. No existe ninguna prueba que demuestre que los mismos actuaron como cómplices de los paramilitares; por el contrario, las investigaciones que en tal sentido se formularon fueron archivadas por no haberse consumado las conductas.

4.3. De acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por esta corporación, al Estado no se le puede exigir que se convierta en un ser omnipotente, que pueda prestarle seguridad a cada uno de los habitantes del territorio, porque esa es una función imposible de lograr; además, a cada uno de los habitantes de este país le corresponde por igual la carga del conflicto que en él se vive.

4.4. En la región se creó un comité municipal para la atención integral de la población desplazada por la violencia, conforme a lo previsto en la Ley 387 de 1997; esto, además de las gestión que se vienen adelantando a favor de las personas desplazadas por la Red de Solidaridad Social, que otorga una asistencia humanitaria a las víctimas de la violencia, ayudas que han sido reconocidas a varios de los integrantes del grupo accionante.

4.5. Existe un antecedente jurisprudencial, que es la sentencia proferida por el Consejo de Estado, el 5 de diciembre de 2002, en la cual se abstuvo de condenar al Estado a la indemnización solicitada por hechos similares, por no demostrarse la falla del servicio, la cual debe considerarse como una “sentencia analógica cerrada”.

5. Los fundamentos del recurso.

La parte accionante recurrió la sentencia, con los siguientes argumentos:

5.1. La responsabilidad de la administración en la causación de un daño antijurídico es diferente a la obligación que le corresponde asumir al Estado para paliar, una vez producido el daño, los trágicos efectos del desplazamiento forzado, con una atención básica a las víctimas de esa conducta.

5.2. Tampoco es admisible que los perjuicios causados a los accionantes, por haber ocurrido en el marco del conflicto interno se deban asumir como una carga pública, porque tal lesión es ilegítima e ilegal y, según la jurisprudencia de esta corporación, las cargas públicas son aquellas causadas por una actividad legítima del Estado, que sólo admite un juicio de responsabilidad patrimonial cuando se rompe el equilibrio, en aplicación del principio de igualdad ante la ley, y la lesión que en el caso concreto padecieron los demandantes no provino de ninguna acción legítima.

5.3. En el caso concreto no se pretende derivar la responsabilidad de la administración a partir del cumplimiento de abstractos deberes de un quimérico Estado, sino por el incumplimiento de las funciones que le fueron impuestas en la Constitución y en la ley. Se probó que de haber sido cumplidas las mismas se habría podido impedir la producción del daño que dio origen a esta acción; sin embargo, a pesar de que los habitantes de Filo Gringo se hallaban seriamente amenazados por los paramilitares, la fuerza pública, a pesar de haber sido advertida de esos hechos, no desarrolló ninguna acción eficaz, de acuerdo con los medios de que disponía. Sólo se limitaron a unas cuantas manifestaciones escritas de agentes estatales sobre el supuesto compromiso de las Fuerzas Militares y de Policía en la lucha contra el paramilitarismo en el Catatumbo, con muy buenos propósitos que no fueron más que “cantos a la bandera”.

5.4. Como lo señaló el a quo, están acreditados los hechos que motivaron esta acción, esto es, la incursión paramilitar en el Catatumbo, en especial, las amenazas contra los pobladores del corregimiento de Filo Gringo; el pánico generalizado de los pobladores, que causó su desplazamiento, así como el daño material, que fue probado con el dictamen pericial, y el daño moral, porque ese despojo de sus casas y tierras va acompañado de sentimientos de persecución, aislamiento, ansiedad, desprotección y traumas sicosociales y, por lo tanto, dolor y aflicción, como se ha reconocido en la jurisprudencia.

6. Intervenciones en esta instancia.

Dentro del término concedido en esta instancia para presentar alegaciones sólo intervino la parte demandada.

6.1. La Nación - Ministerio de Defensa solicitó que se confirmara la sentencia impugnada, con fundamento en que: (i) había operado la caducidad porque el desplazamiento de la población se produjo con anterioridad a la incursión paramilitar en el corregimiento, esto es, antes del 25 de enero de 2000 y la demanda se presentó el 25 de enero de 2002; (ii) según las pruebas que obran en el expediente, el Ejército combatió al grupo armado; además, habían sido acantonadas en el casco urbano del municipio de El Tarra y Orú fuerzas de protección; (iii) los hechos excedieron la capacidad de reacción del Estado, no sólo por la desigualdad numérica del grupo al margen de la ley, sino porque la fuerza disponible en la región tenía también que proteger la infraestructura petrolera; (iv) la obligación del Estado de proteger a las personas es de medios y no de resultados, y (v) los demandantes no acreditaron lo afirmado en la demanda en cuanto a que miembros de la fuerza pública permitieron el ingreso del grupo paramilitar al corregimiento, pues precisamente, cuando el mismo llegó al lugar e incineró las viviendas, el Ejército se hallaba atendiendo a la población civil que días antes se había desplazado.

6.2. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional reiteró los argumentos expuestos en el escrito de respuesta a la demanda y, además, señaló que: (i) a pesar de las difíciles condiciones, como la falta de instalaciones dignas y seguras para alojar al personal, la institución ha hecho esfuerzos para aumentar el número de unidades entre otros lugares, en el municipio de El Tarra; (ii) dentro de la órbita de competencias propia de la administración se encuentra la función de decidir cuál es la forma más adecuada para la prestación del servicio público de vigilancia, que no necesariamente es la instalación de un puesto en determinado sitio ni la implementación irreal de la fuerza pública, porque no es posible tener un policía por cada ciudadano, y (iii) los ciudadanos tienen el deber de colaborarle al Estado y a la fuerza pública denunciando y alertando sobre posibles ataques.

II. Consideraciones de la Sala

Se revocará la sentencia recurrida y, en su lugar, se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda, para reconocer la indemnización a favor de quienes demostraron en el expediente que tenían su domicilio o ejercían habitualmente su actividad económica en el corregimiento de Filo Gringo, antes del mes de septiembre de 1999 y se vieron forzados a desplazarse como consecuencia de la incursión paramilitar ocurrida en la zona del Catatumbo y, quienes, en algunos eventos, perdieron, además, sus propiedades. Estas decisiones se adoptarán por cuanto:

1. Se dio cumplimiento a las formalidades y requisitos de procedibilidad de la acción.

1.1. La demanda fue interpuesta oportunamente. En efecto, el término para presentar la acción de grupo, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, es de dos años, los cuales deben empezar a contarse desde “la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo” y en el caso concreto, la demanda fue presentada el 25 de enero de 2002, esto es, dentro de los dos años siguientes al acaecimiento de los hechos que, de acuerdo con la misma causaron los daños cuya reparación se reclama, que consistieron en el desplazamiento forzado a que se vieron sometidos los habitantes del corregimiento Filo Gringo y los daños producidos a sus bienes por el grupo paramilitar que se hallaba en la zona del bajo Catatumbo desde el mes de mayo de 1999.

Valga aclarar que conforme se señaló en decisión reciente (1) , para determinar el momento a partir del cual debe empezar a contarse el término para presentar la acción de grupo es necesario precisar la causa del daño que se aduce, indagación que implica, a su vez, establecer cuáles son los hechos que se señalan como integradores de esa causa, la materialización del daño producido por esos hechos y, en algunos eventos, el momento en el cual el grupo tuvo o debió tener conocimiento de ese daño, además, verificar si esa causa es o no común al grupo, esto porque, como ya se señaló, el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, dispone respecto de las acciones de grupo, que deberán promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo.

En el caso concreto, los daños sufridos por los accionantes se produjeron como consecuencia de una serie sucesiva de hechos, que se iniciaron con la llegada del grupo paramilitar al Catatumbo, en el mes de mayo de 1999 y su explícita amenaza de tomarse el corregimiento de Filo Gringo, entre otros muchos hechos de violencia cometidos por ese grupo en esa región del país; el consecuente desplazamiento de la población, con el fin de proteger sus vidas, y la toma del corregimiento por el grupo paramilitar, en la cual sólo se causaron daños materiales, porque la población ya se había marchado del lugar, hecho este último que se produjo entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000.

Está acreditado en el expediente que los habitantes del corregimiento de Filo Gringo iniciaron su desplazamiento paulatino desde mes de agosto de 1999, según lo verificó la “subcomisión” integrada por representantes de la unidad de derechos humanos del Ministerio del Interior, de la ONG Minga y de la Defensoría del Pueblo, quienes visitaron el lugar, el 26 de agosto de 1999, y observaron que gran parte de la población había comenzado a emigrar para ese momento, como consecuencia de las amenazas de las autodefensas de tomarse el corregimiento (fls. 1-5 anexo), y también que entre los días 24 y 26 de enero de 2000, se produjo un éxodo masivo de la población, según el oficio remitido el 3 de marzo de ese año, por el alcalde de El Tarra al comandante del Batallón de Contraguerrilla Nº 50 (fls. 9-10 anexo 12). Es decir, que para el 25 de enero de 2000, esto es, dos años antes de la fecha de interposición de la demanda, casi toda la población del corregimiento de Filo Gringo había abandonado el lugar.

Sin embargo, considera la Sala que el momento a partir del cual debía empezar a contarse el término para presentar la demanda lo era el del último acto de violencia cometido contra el grupo afectado y no desde la fecha en la cual se inició el desplazamiento paulatino de la población, porque, se insiste, para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la causa del daño y en el sub examine, dicha causa estuvo conformada por una serie sucesiva de hechos, relacionados entre sí, que se iniciaron con la amenaza públicamente anunciada por los cabecillas del grupo paramilitar de tomarse el corregimiento de Filo Gringo y dar muerte a sus habitantes por considerar que todos ellos eran guerrilleros o simpatizantes de grupos subversivos, lo cual les generó un fundado temor, por haberse enterado que esa misma amenaza había sido proferida y materializada en contra de otras poblaciones, temor que fue acrecentándose a medida que el grupo delincuencial se aproximaba al corregimiento, hasta que finalmente llegó a su objetivo y causó daños a las viviendas y enseres, tal como se acreditó con las pruebas que obran en el expediente, a las cuales se hará referencia más adelante.

En consecuencia, la demanda presentada el 25 de enero de 2002, lo fue en tiempo por no haber transcurrido para esa fecha más de dos años, contados desde el 3 de marzo de 2000, que fue el día en el cual se registró el último acto de violencia cometido por el grupo paramilitar en el corregimiento de Filo Gringo, que después de haber incursionado en el mismo desde el 29 de febrero de ese año y destruir varias de sus viviendas y enseres, se marcharon del lugar.

1.2. Además, se cumplieron las exigencias formales para la procedencia de la acción, relacionadas con:

1.2.1. El número mínimo de integrantes del grupo afectado y la titularidad de la acción que ostentan los demandantes. La Sala ha señalado que no es necesario que todas las personas que integran el grupo demandante concurran al momento de presentación de la demanda, ni que quienes presentan la demanda sean por lo menos 20 demandantes, toda vez, que de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, “en la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”, pero para dar satisfacción al requisito de la titularidad, quien actúa como demandante debe hacerlo en nombre de un grupo no inferior a 20 personas, al cual pertenece y debe señalar los criterios que permitan la identificación de los integrantes del grupo afectado.

Ha considerado la Sala que la Ley 472 de 1998 que regula la estructura del proceso permite identificar la existencia de dos grupos, dentro del mismo. Uno el grupo que promueve la demanda, otro el grupo afectado. En sentencia de 6 de octubre de 2005 (2) , dijo la Sala:

“La distinción entre estos grupos estriba en que el grupo demandante es aquél integrado por quienes ejercitan el derecho a accionar formulando la demanda a nombre de todo el grupo afectado, con la advertencia de que la demanda puede ser presentada por una sola persona o por un grupo de personas, mientras que cumplan con la condición de pertenecer al grupo afectado.

Este grupo se ve acrecentado con la llegada de otros afectados al proceso antes de la apertura a pruebas. Tanto a éstos como a los inicialmente demandantes les asiste el derecho a invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y a beneficiarse de la condena en costas.

El grupo afectado corresponde a una acepción de contenido genérico, en la medida en que corresponde a aquel integrado por un número no inferior a veinte personas que hubieren sufrido un perjuicio individual procedente de una misma causa, grupo cuyos integrantes deben ser identificados por sus nombres en la demanda, o en todo caso, en la misma oportunidad deben ser expresados los criterios para identificarlos y definir el grupo, en los términos del artículo 52 numerales 2º y 4º de la Ley 472 de 1998. De este grupo hacen parte todos los afectados que no hayan logrado su exclusión del proceso, es decir, de él hace parte el grupo demandante, quienes se presenten en el curso del proceso y quienes nunca se presentaron a actuar en el proceso, pero que fueron afectados con el mismo hecho.

Al proceso se entienden vinculados no solo los demandantes, sino todos los integrantes del grupo afectado, cuya representación es ejercida por el grupo demandante.

Si bien el legislador ha exigido que para admitirse la demanda deban estar identificados al menos veinte integrantes del grupo afectado, o deben establecerse los criterios para su identificación, ello no significa que el proceso se adelanta sólo en nombre de esas personas, porque la misma ley previó que el proceso vincula a todos los que han resultado afectados con la causa común que los agrupa a menos que hayan solicitado su exclusión, en los términos del artículo 56, regulación que llevó a la Sala en oportunidad anterior a concluir que no pueden coexistir dos o más acciones de grupo derivadas de la misma causa” (3) .

En el caso concreto, la demanda fue interpuesta por un grupo superior a 20 personas, quienes dijeron obrar en nombre propio y en el del grupo integrado por “los habitantes del corregimiento de Filo Gringo que padecieron desde el mes de septiembre de 1999 hasta marzo de 2000 las amenazas de un grupo armado ilegal y resultaron afectados con la arremetida paramilitar que afectó la indicada localidad entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000; quienes como consecuencia de esto tuvieron que desplazarse forzadamente de su lugar de domicilio padeciendo daños morales, de vida en relación y patrimoniales”, grupo que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, a las cuales se hará referencia más adelante, estaba integrado por mucho más de 20 personas.

Adicionalmente, quienes ejercieron la acción demostraron ser sus titulares, comoquiera que acreditaron pertenecer al grupo de personas que tenían su domicilio en el corregimiento Filo Gringo y se vieron forzados a desplazarse, con ocasión de los actos violentos cometidos por el grupo paramilitar en esa región del país y, además, sufrieron la destrucción total o parcial de sus viviendas.

Así, se acreditó que a los señores José de la Cruz Bayona, Maritza Avendaño Claro, Élida María García Avendaño, Isolina Quintero Arévalo, Ciro Alfonso Guerrero Cañizares, Emma Quintero Rincón y Yudy Esther Cáceres, la Red de Solidaridad Social les prestó ayuda humanitaria por pérdida de bienes, por valor de $ 520.000, por los daños causados a sus viviendas por el grupo de autodefensas, según la certificación expedida por el jefe de la oficina jurídica de esa entidad (fls. 540-544 cdno. ppal.).

1.2.2. Los demandantes actúan a través de abogado, dando así cumplimiento a lo establecido en el primer inciso del artículo 48 de la Ley 472 de 1998.

1.2.3. Los perjuicios individuales se hacen derivar de una causa común, que se imputa a la entidad demandada: las acciones y omisiones de las autoridades militares y de policía, quienes a pesar de haber sido advertidos de la inminencia del ataque paramilitar contra la población de Filo Gringo, no adelantaron ninguna acción eficaz tendiente a impedir la consumación de las acciones criminales y a proteger a la población civil, y además, porque el grupo armado ilegal hizo presencia en la región, previa coordinación y planeación con efectivos de las Fuerzas Armadas.

1.2.4. Las pretensiones son netamente reparatorias. Están orientadas a obtener la indemnización de los perjuicios individuales que sufrieron los integrantes del grupo como consecuencia del desplazamiento a que fueron forzados por los hechos imputables a la entidad demandada y la destrucción total o parcial de sus viviendas y enseres.

2. El daño causado a los accionantes por la incursión paramilitar en el corregimiento de Filo Gringo.

En el caso concreto se acreditaron los daños moral y de alteración a las condiciones materiales de existencia sufridos por los accionantes derivado del desplazamiento forzado y la destrucción de algunas de las viviendas de los pobladores por parte del grupo paramilitar. Este aspecto de la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, se desarrollará en los siguientes puntos: (2.1) Se relacionará la prueba, mediante la cual se acreditó que en el corregimiento de Filo Gringo se produjo una migración masiva de casi toda la población como consecuencia de las amenazas proferidas por el grupo paramilitar que incursionó en el área del Catatumbo en el año 1999; (2.2.) Se verificará que de esa población que debió emigrar, algunas personas tuvieron la condición de desplazados, para tal efecto se tendrá en cuenta: (2.2.1) quién es desplazado según la ley, y (2.2.2) quiénes demostraron en el expediente que se hallaban dentro de esos presupuestos legales; (2.3) Se tratará sobre el daño producido por el desplazamiento forzado, y (2.4) Se hará referencia a la prueba de los daños materiales causados a algunas viviendas del corregimiento por parte del grupo paramilitar.

2.1. La migración masiva de los pobladores de Filo Gringo.

Se acreditó en el expediente que la población de Filo Gringo se desplazó casi en su totalidad, entre el último semestre de 1999 y el mes de febrero de 2000. Así consta en la abundante prueba documental que fue traída al expediente por las partes o en respuesta a la solicitud formulada por el a quo, de la cual se destaca la siguiente:

2.1.1. En la visita efectuada el 26 de agosto de 1999 al corregimiento de Filo Gringo, por la “subcomisión” integrada por representantes de la unidad de derechos humanos del Ministerio del Interior, de la ONG Minga y de la Defensoría del Pueblo, se verificó que gran parte de la población había comenzado a emigrar para ese momento, como consecuencia de las amenazas de las autodefensas de tomarse el corregimiento, según se consignó en el informe que dicha subcomisión presentó:

“1. Antes de llegar al corregimiento de Filo Gringo se encuentra el corregimiento de Orú, allí se conversó con varios de los habitantes, los cuales manifestaron su preocupación por los rumores de que en cualquier momento el grupo al margen de la ley las Autodefensas Unidas de Colombia se tomaría dicha zona.

2. En el corregimiento Filo Gringo se realizó una reunión en el colegio con la presencia de los profesores y varios de los habitantes de dicho corregimiento los cuales nos dan a conocer la incertidumbre en que se encuentran por el total abandono de las autoridades municipales, así de las departamentales y nacionales.

3. La subcomisión conoció que en el colegio, antes de presentarse las amenazas generalizadas por parte del grupo al margen de la ley, en el establecimiento educativo existían 160 alumnos en la jornada diurna y estaba comenzando a operar la jornada nocturna, así como la preparación por ciclos para los alumnos y desde el mes de mayo se ha presentado una disminución considerable, hasta el punto de tener en la actualidad 70 alumnos en la jornada diurna y en la jornada nocturna están asistiendo ocho personas. El colegio cuenta con una planta de personal de diez (10) docentes, la secretaria y el rector; en la escuela se cuenta con ocho (8) docentes y un director, a la escuela estaban asistiendo 170 alumnos y en este momento no hay sino 20 alumnos recibiendo clase, todo ello se está originando, dice el rector del colegio debido al ‘problema social que se viene presentando con la entrada del grupo al margen de la ley, por cuanto a diario pasan por el caserío gente que viene desplazada de La Gabarra, pero especialmente a las amenazas generalizadas de las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales se ven cristalizadas, por ejemplo: dijeron que entraban a La Gabarra y lo hicieron; a Tibú y lo hicieron, a Campo Dos y lo hicieron’.

4. Se estableció en la reunión que en el corregimiento de Filo Gringo habitaban aproximadamente 1.200 personas y que dicho número se ha reducido a 200 personas de las cuales son: los niños de la escuela, los alumnos del colegio y aproximadamente 5 padres de familia.

5. Los profesores ponen de manifiesto la zozobra en que se encuentran y no saben qué hacer si abandonar la zona o seguir allí, ya que dicen ellos estar dentro de dos bandos, por un lado la guerrilla y por el otro las amenazas de las autodefensas al municipio de El Tarra y al corregimiento de Filo Gringo, comentan los profesores que no ven ninguna garantía para seguir dictando las clases y han visto la posibilidad de abandonar su trabajo, toda vez que sus vidas se encuentran en peligro y lo único que los ha retenido en su decisión son los alumnos que se van a ver perjudicados en la continuidad de las clases.

6. Se les preguntó a los maestros que si habían recibido amenazas personales por parte de algunos de los actores de violencia, a lo cual contestó el señor rector que personalmente no, ni los alumnos, sino que las ha recibido todo el corregimiento de Filo Gringo en general…También comentan los docentes que sólo hay un profesor de nivel departamental y los demás son del nivel municipal pertenecientes al municipio de El Tarra, pero que si se van para allá sacan lo mismo por cuanto en El Tarra sus pobladores están atravesando por la misma situación de amenazados…

7. También tuvo conocimiento la subcomisión que en el presente año en el corregimiento de Filo Gringo, que las Fuerzas Armadas no hicieron presencia en dicho corregimiento y que sólo hizo presencia el año pasado cuando se realizaron las elecciones y se fueron, en estos momentos el corregidor pidió una licencia, el promotor de juntas renunció, así como el médico, el odontólogo, la enfermera y el conductor de la ambulancia, sólo hay una promotora que está encargada del corregimiento.

8. La subcomisión pudo constatar el día de la visita que la población de Filo Gringo se está desplazando hacia otras zonas del departamento, preferentemente hacia la ciudad de Cúcuta, que las casas la mayoría están totalmente abandonadas y con candados…” (fls. 1-5 anexo 8).

2.1.2. Según la información suministrada el 21 de enero de 2000, por la defensora regional del pueblo al gobernador del departamento de Norte de Santander, y el 24 de enero de los mismos mes y año al gerente de la Red de Solidaridad Social y a los ministerios de Defensa y del Interior (fls. 489-490 y 497-499 cdno. ppal., documento remitido en copia auténtica por el director de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo), en los últimos meses del año 1999 y los primeros días del mes de enero de 2000 se desplazaron al corregimiento de Filo Gringo unos 80 habitantes de las veredas La Unión y Playa Cotiza, quienes continuaron su desplazamiento, al igual que los habitantes del corregimiento hacia los municipios de Tibú y El Tarra,

2.1.3. En el oficio remitido por el secretario de gobierno del municipio de El Tarra, a la secretaría del interior de Norte de Santander (fl. 687 cdno. ppal., traído en copia auténtica por el secretario de gobierno del departamento de Norte de Santander), se afirmó que durante los días 28 y 29 de enero de 2000 se continuaba recibiendo “gente desplazada del corregimiento de Filo Gringo”; que no se tenían cifras concretas de la cantidad de desplazados porque las personas estaban llegando moderadamente.

2.1.4. La coordinadora de la sección de información y análisis de la Fiscalía General de la Nación, en oficio dirigido a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de esa misma entidad, el 30 de marzo de 2000, remitió la información de inteligencia que se tenía respecto a los grupos de las autodefensas que operan en el Catatumbo, en la cual se confirmó el desplazamiento de Filo Gringo, así:

“… es de anotar que conforme a lo expresado por el comandante alias ‘Mauricio’ a los medios de comunicación el día 25 de enero de 2000, éste junto con 700 hombres atacó la región de El Tarra, asesinó a siete (7) guerrilleros y amenazó con seguir avanzando hacia La Gabarra, dijo: ‘vamos a sacar a la guerrillera’, lo cual originó que el corregimiento de Filo Gringo fuera abandonado inicialmente por todas las mujeres y luego por la inmensa mayoría de sus habitantes antes de los hechos de saqueo e incendio de viviendas iniciadas desde el 29 de febrero de 2000” (fl. 42-43 anexo 6).

2.1.5. Según la certificación expedida por el coordinador de la oficina de asuntos administrativos de departamento de Norte de Santander, para el año 1999, las escuelas oficiales del corregimiento Filo Gringo tenían una población estudiantil de 387 alumnos (16 en preescolar, 255 en primaria y 116 en bachillerato). Para el año 2000, esa población se había reducido a 15 alumnos en preescolar, 262 en primaria y ninguno en bachillerato (fls. 758-760 cdno. ppal., remitido en copia auténtica por el coordinador de la oficina de asuntos administrativos de la Secretaría de Educación del departamento de Norte de Santander).

2.1.6. En el informe presentado de la visita realizada los días 26 y 27 de enero de 2000, por la “Comisión de verificación sobre las presuntas violaciones a los derechos fundamentales en el municipio de El Tarra” (fls. 344-351 cdno. ppal. remitida por la Red de Solidaridad Social), convocada por el Ministerio del Interior y la gobernación del departamento de Norte de Santander, a la cual concurrieron funcionarios de la Defensoría Nacional y Regional del Pueblo, de la Procuraduría Provincial, de la Red de Solidaridad Social, del CTI, de la Fundación Minga y de la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, con el fin de verificar las denuncias y recomendar las medidas pertinentes para garantizar la vida, la libertad, la integridad física y la propiedad de los habitantes de la región, se verificó el desplazamiento masivo del corregimiento de Filo Gringo, en estos términos:

“Los comisionados se trasladaron a la cabecera del corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra, con el objetivo de verificar las denuncias sobre el desplazamiento, generado por coincidentes versiones sobre una inminente agresión de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La comunidad hizo referencia a la nota periodística publicada en el noticiero de la televisión RCN, en el sentido de que el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC que opera en el Catatumbo aseguró que el objetivo inmediato era Filo Gringo.

Según versiones de la comunidad, desde hace al menos cinco meses la población del corregimiento no puede realizar sus labores cotidianas de manera normal pues se conoce de asesinatos, enfrentamientos, acciones de destrucción y pillaje en veredas cercanas.

Filo Gringo es el corregimiento más importante del municipio de El Tarra y está integrado por 22 veredas, con una población aproximada de cinco mil personas. La cabecera del corregimiento está conformada por 117 casas, de las cuales la mayoría se encuentran desocupadas y otras en proceso de desocupación, muchas de ellas se utilizan como tiendas, sitios de recreación y demás labores de comercio. Cuenta con un colegio agrícola de secundaria para unos 140 alumnos, completamente dotado con albergues, comedor, laboratorio, biblioteca, proyecto piscícola y huerta donde laboran 12 profesores de planta; además hay varias escuelas de educación primaria.

Se presenció la salida de al menos siete camiones con trasteos; además, se observó a numerosas personas caminando, cargando enseres y remesas en mulas y con bultos en sus propias espaldas.

El colegio se encuentra cerrado. Los pocos docentes que pudo entrevistar la comisión explicaron que el desplazamiento masivo de la población comenzó desde finales del pasado año, al punto que la gobernación debió autorizar la finalización adelantada del curso escolar, dada la urgencia de las familias por irse de la región. Durante al jornada de preinscripción cumplida en esta semana sólo se presentaron 22 jóvenes, varios de los cuales ya se desplazaron. Muchos maestros han manifestado su temor de regresar.

La oficina de Telecom está siendo atendida por unos voluntarios, toda vez que la responsable de operar el SAI de Telecom no se encuentra en la zona.

Los elementos de la farmacia comunal fueron sacados hacia la cabecera municipal.

El puesto de salud y la iglesia están cerrados.

Al partir la comisión verificadora, Filo Gringo quedó habitado solamente por una mujer con siete niños, un señor con limitaciones físicas, una anciana perturbada mentalmente y las personas que voluntariamente atienden el servicio de Telecom. Estas personas decidieron quedarse pues no tienen a dónde ir. Antes de marcharse los últimos desplazados les dejaron comida para un mes.

La comisión fue informada que en las últimas semanas, al menos 150 personas han pasado por la cabecera de Filo Gringo en condiciones de máxima vulnerabilidad, sin comida, ropa ni equipaje. Estos grupos están conformados en su mayoría por mujeres y niños. En el colegio de Filo Gringo se les ha brindado albergue y comida, después siguen su marcha, se supone que hacia El Tarra, Convención, Tibú, Ocaña y Cúcuta.

El día 27 la comisión se reunió con algunos miembros de la población desplazada que se encuentra refugiada en la cabecera de El Tarra y las autoridades locales. Allí se conoció que durante las últimas semanas han llegado decenas de personas procedentes del área rural. Estas familias se encuentran alojadas en casas de amigos y parientes. No se han presentado ante ninguna autoridad por temor a que se les califique de guerrilleros por ser de Filo Gringo. También consideran innecesario registrarse pues, según afirman, la Red de Solidaridad tiene un trámite muy complicado para entregar algún apoyo.

La Comisión Interinstitucional Humanitaria de Verificación conoció que decenas de familias que habitan en las veredas del corregimiento de Filo Gringo están en situación de aislamiento por haber sido clausurado el comercio de la cabecera y estar prácticamente interrumpido el tránsito de vehículos”.

2.2. Sobre la prueba de la condición de desplazados de algunos de los accionantes.

También está acreditado que del grupo de personas que se vieron forzadas a emigrar del corregimiento de Filo Gringo, entre el último semestre de 1999 y el mes de febrero de 2000, como consecuencia de la incursión paramilitar ocurrida en la región del Catatumbo, algunos de ellos tuvieron la condición de desplazados por haber tenido en dicho corregimiento su residencia o ejercer allí su actividad económica habitual.

2.2.1. La condición de desplazado, según la ley.

En primer lugar, debe aclarar la Sala que como la causa petendi está relacionada con los daños padecidos por quienes fueron desplazados del corregimiento Filo Gringo, es necesario señalar que no toda persona que se halla visto forzada a emigrar de ese lugar por los hechos de que trata este proceso, tiene la condición de desplazado.

El artículo 1º de la Ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República”, determina quién es desplazado en los siguientes términos:

“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren dramáticamente su orden público.

PAR.—El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por condición de desplazado”.

A propósito de esta definición, debe tenerse en cuenta la distinción que hace el Código Civil entre residencia y domicilio, la primera designa una situación fáctica: “es el lugar donde una persona, de hecho, habita” (4) , en tanto que el segundo es una situación jurídica “consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella” (art. 76). El domicilio civil o vecindad se determina con referencia al “lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio”.

Para determinar cuál es el sitio donde una persona ejerce habitualmente su actividad económica, o constituye “el asiento principal de sus negocios”, pueden tenerse en cuenta, como lo ha señalado la corporación en asuntos de naturaleza tributaria: “la voluntad exteriorizada del sujeto pasivo de la obligación, apoyada en datos objetivos y elementos de juicio como la permanencia, la intencionalidad, el hecho de realizar su actividad económica en ese territorio, tener allí centralizada la gestión administrativa y la gestión de los negocios, y en general todos los aspectos que reflejan el domicilio económico y empresarial principal, que en ocasiones puede coincidir con el privado, en el cual la persona posee su vivienda, se halla domiciliada con su familia, etc.” (5) .

De tal manera que sólo tendrán la calidad de desplazados, como ya ha tenido oportunidad de señalarlo la Sala (6) , de acuerdo con la Ley 387 de 1997 y las normas y desarrollos jurisprudenciales sobre los conceptos de residencia y actividad económica habitual, quienes demuestren que para septiembre de 1999 (época en la que según la demanda comenzó a presentarse el éxodo masivo de la población), habitaban en el corregimiento de Filo Gringo o desempeñaban allí de manera habitual y no meramente ocasional su actividad económica, y se vieron forzadas a migrar como consecuencia de las amenazas del grupo paramilitar que había incursionado el año anterior en esa región y finalmente llegó al corregimiento, el 29 de febrero de 2000.

Debe advertirse que si bien se tiene conocimiento cierto de que la mayor parte de los pobladores del corregimiento de Filo Gringo se vieron forzados a emigrar por el temor que sentían ante las amenazas del grupo paramilitar, no obra en el expediente ninguna lista oficial en la que se relacionara la identidad de esas personas, lo cual puede tener explicación en el hecho de que el desplazamiento se hizo de manera gradual; o por el temor de las personas a ser identificadas en una lista, como se afirmó en el “acta reunión de la comisión de verificación”, integrada por funcionarios de distintas entidades del orden nacional y del departamento de Norte de Santander (fls. 330, 336-341 cdno. ppal., allegada en copia auténtica por la coordinadora de la unidad territorial Norte de Santander de la Red de Solidaridad Social); pero que, en todo caso, revela graves deficiencias de las autoridades públicas, en particular de la Red de Solidaridad Social, que para ese momento tenía la función de prestar ayuda humanitaria a los desplazados y realizar el registro nacional de la población desplazada.

En efecto, la Red de Solidaridad Social fue la denominación que se dio en el Decreto 2099 de 1994 al Fondo de Solidaridad y Emergencia Social, creado en el artículo 46 transitorio de la Constitución, por un periodo de cinco años, con el fin de financiar proyectos de apoyo a los sectores más vulnerables de la población colombiana.

En el mismo decreto se estableció que la Red de Solidaridad Social funcionaría como un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que entraría en liquidación, según el artículo 21 de ese decreto, al vencimiento del término de cinco años, previsto en el artículo 46 transitorio de la Constitución.

Posteriormente, mediante Ley 368 de 1997 fue creada la Red de Solidaridad Social, de nuevo, como un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al cual se le asignó, entre otras funciones, la de “Adelantar programas y proyectos para atender a las víctimas y desplazados de la violencia o a los grupos alzados en armas, las milicias urbanas de carácter político que se hayan reincorporado a la vida civil”.

La Ley 368 de 1997 fue reglamentada por el Decreto 1225 de 1997, en el cual se estableció, que entre otras funciones, la Red de Solidaridad Social, debería: “Adelantar y coordinar programas que tengan como finalidad amparar a las víctimas de la violencia en materia de asistencia humanitaria, accidentes personales, daños materiales, créditos solidarios y rehabilitación integral” y “Atender, en lo de su competencia, la población desplazada por la violencia para que en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento, logre su integración a la sociedad colombiana”.

Ahora bien, según se indicó antes, en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, por la cual se adoptaron medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia, se estableció que para tener derecho a los beneficios establecidos en la misma ley, las personas que se hubieran visto forzadas a migrar de su lugar de residencia o sitio donde desarrollaran su actividad económica habitual, debían declarar esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales, o cualquier despacho judicial y remitir copia de esa declaración a la dirección general de la Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o de la oficina que éste designara a nivel territorial, con el fin de que esa entidad realizara el registro nacional de población desplazada, función que fue delegada por esa entidad a la Red de Solidaridad Social, mediante Resolución 02045 de 17 de octubre de 2000.

De tal manera que la inclusión en la lista elaborada por la Red de Solidaridad Social no otorgaba la condición de desplazados, porque la misma no constituía más que la relación de personas que se veían obligadas a emigrar y tenía como fin el de prestarles la ayuda humanitaria que requerían, en cumplimiento de las funciones que se le había asignado a la entidad, pues, se reitera, la condición de desplazado únicamente puede predicarse de las personas que, además de haber emigrado por causa de la incursión del grupo paramilitar, hubieran estado domiciliadas o ejercieran allí su actividad económica habitual (7) .

En efecto, el artículo 32 de la Ley 387 de 1997 establece que para tener derecho a los beneficios que en la misma ley se señalan, las personas que se hubieran visto forzadas a migrar de su lugar de residencia o sitio donde desarrollaban su actividad económica habitual por las causas establecidas en el artículo 1º, debían cumplir los siguientes requisitos: (a) haber declarado esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales, o cualquier despacho judicial, y (b) remitir copia de dicha declaración a la dirección general de la Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o la oficina que ésta designe en el nivel territorial (8) .

Significa lo anterior, que quien se hubiera visto forzado a migrar del lugar donde tenía su residencia o desarrollaba su actividad económica habitual, porque su vida, su integridad, su seguridad o libertad personal hubieran sido vulneradas o amenazadas, como consecuencia del conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, infracción al derecho internacional humanitario, u otras circunstancias que alteren drásticamente el orden público, sólo tendrán derecho a recibir la ayuda humanitaria de emergencia y los demás beneficios que están en el deber de brindar las instituciones comprometidas en la atención integral a la población desplazada, cuando hubieren agotado el procedimiento señalado en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997. Pero al margen de esos beneficios, la condición de desplazado la tiene quien se vea obligado a migrar internamente en las circunstancias y por los motivos señalados en la ley, porque, se reitera, ser desplazado es una situación fáctica y no una calidad jurídica.

No obstante, la lista de personas desplazadas o simplemente forzadas a emigrar resulta de gran valor no sólo para efecto de poder brindar ayuda humanitaria a quien realmente la necesita, sino también para la determinación de las personas con derecho a una indemnización por los daños antijurídicos que un hecho de esa naturaleza les hubiera podido causar. Con todo, la carencia de dicha lista en el caso concreto no es argumento para negar las pretensiones formuladas porque esa ausencia puede ser suplida por otras pruebas.

2.2.2. Sobre las personas que acreditaron haber tenido su domicilio o ejercer su actividad económica habitual en el corregimiento de Filo Gringo.

Se tiene conocimiento de que casi la totalidad de la población de Filo Gringo se vio forzada a emigrar del corregimiento, aunque se desconoce cuántas fueron las personas que se vieron forzadas a salir. No se cuenta en el expediente con prueba que permita establecer, al menos una cifra aproximada de las personas que residían en el corregimiento de Filo Gringo, porque en los diferentes informes que obran en el expediente se dan datos muy diferentes, así: (i) la “subcomisión” integrada por representantes de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de la ONG Minga y de la Defensoría del Pueblo afirma que el corregimiento tenía una población aproximada de 1.200 personas (fls. 1-5 anexo); (ii) en el oficio de 3 de marzo de 2000, dirigido por el alcalde de El Tarra al comandante del Batallón de Contraguerrilla Nº 50 (fls. 9-10 anexo 12), se afirmó que en ese poblado residían aproximadamente 647 personas, en 115 viviendas, y (iii) en el informe presentado por la comisión de verificación convocada por el Ministerio del Interior y la Gobernación del departamento de Norte de Santander se afirmó que en el corregimiento de Filo Gringo, incluidas sus 22 veredas, habitaban aproximadamente 5.000 personas.

De lo que sí se tiene prueba en el expediente es de que de ese número no determinado de personas que se vio forzada a emigrar del corregimiento de Filo Gringo, por la incursión paramilitar de que trata este proceso, algunos de ellos tuvieron la condición de desplazados porque tenían allí su domicilio o ejercían su actividad económica habitual.

La Sala infiere la condición de domiciliados de Filo Gringo de aquellas personas que demostraron ser usuarias de los servicios públicos domiciliarios que las centrales eléctricas de Norte de Santander prestaba en el corregimiento; además, considera que tenían allí su domicilio los niños o jóvenes que adelantaban en ese corregimiento su proceso educativo, así como los docentes que laboraban en esos planteles educativos, y también considera que esa condición puede predicarse de todas las personas en relación con las cuales la Defensoría del Pueblo acreditó que habían formulado denuncia de ese hecho ante distintas personerías municipales, con el fin de obtener los beneficios que suministraba la Red de Solidaridad Social. Serán estas personas a quienes se les considerará en esta sentencia como desplazados y, por lo tanto, beneficiarios de la condena que habrá de imponerse como seguidamente se señalará. Pruebas a las cuales se hará referencia a continuación.

2.2.2.1. Se considera que acreditaron su condición de desplazados las personas en relación con las cuales la Defensoría Pública remitió copias o constancias de haber formulado denuncia del hecho para obtener la ayuda humanitaria concedida por el Estado a través de la Red de Solidaridad Social (fl. 760 cdno. ppal., 11 y 132). En esa relación se incluyen las siguientes personas:

— La señora Orfa Saturia Garzón Sánchez, quien manifestó que en razón de la amenaza del grupo paramilitar en contra de los pobladores de Filo Gringo se había desplazado hasta ese corregimiento desde enero anterior, junto con su hija menor Lili Daniela Garzón, donde residía desde el año 1998 (fls. 30-31 anexo 5).

— La señora Saturia Sánchez de Garzón formuló denuncia ante la Defensoría del Pueblo, regional Cúcuta, el 23 de febrero de 2000. Manifestó que desde el mes de julio de 1999 se había desplazado del corregimiento Filo Gringo, en compañía de su esposo Luis Darley Garzón, de su hijo José Luis Garzón y de tres menores que estaban bajo su cargo: Lorena, Jorge Enoc y Luis Eduardo Carvajal Claros; aseguró que vivía en dicho corregimiento desde hacía 12 años y que había tenido que dejar abandonado su finca, de unas 360 hectáreas, donde tenían además una casa de material, un corral para ganado y cultivos de yuca, plátano y maíz, así como una casa de material que tenían en el pueblo, con sus muebles y enseres (fls. 57-58 anexo 5).

— Idéntica solicitud formuló ante la misma autoridad el señor Darley Garzón Mateus, quien afirmó que vivía en el corregimiento de Filo Gringo, en una finca, con sus padres, desde hacía más de 12 años, quienes también fueron desplazados (fls. 33-34 anexo 5).

— También la señora Hermelinda Quintero Bautista afirmó ante la Defensoría del Pueblo haber tenido que desplazarse junto con su esposo, el señor Alirio Pérez y sus hijos, todos menores de edad, Yamile, Marina, Yohn Fredy y Mayibe Pérez Quintero (fls. 60-62 anexo 5).

— Según el informe presentado por la defensora regional del pueblo, regional Norte de Santander, al delegado de la Red de Solidaridad Social en ese departamento, las jóvenes Maritza y Nancy Sánchez Torres, Carmen Cecilia y Luz Enith Casadiego Bermont y Ana Dolores Sepúlveda Pedroza, denunciaron ante la Personería de El Tarra que eran estudiantes del Colegio Municipal Agropecuario Juventud de Catatumbo, pero que como consecuencia del desplazamiento a que se había visto forzada la población de Filo Gringo, tuvieron que desplazarse a la cabecera del municipio y requerían de ayuda humanitaria para continuar allí sus estudios básicos. Al informe se anexó copia de las denuncias (fls. 71-75 anexo 5).

En respuesta a dicha solicitud, el delegado de la Red de Solidaridad del departamento de Norte de Santander le manifestó a la defensora regional del pueblo de San José de Cúcuta, que en comunicación telefónica sostenida con el alcalde de El Tarra le había sugerido incluir a dichas estudiantes como beneficiarias de la ayuda humanitaria que la red prestaba a los desplazados de ese municipio, en lo referente a alimentación, así como coordinar con el ICBF su inclusión en el programa de comedores escolares y que gestionara ante la secretaría de educación lo relacionado con los gastos educativos (fl. 76 anexo 5).

— Solicitud dirigida por el señor Olivain Ovallos Barbosa al alcalde de El Tarra, para que se autorizara su traslado de la Escuela Rural Puerto Catatumbo del corregimiento de Filo Gringo, a un lugar donde se pueda garantizar su vida, que como la de los demás habitantes de esa región corría graves riesgos (fls. 36-37 anexo 5).

— El señor Rubén Darío Gafado Rojas en queja formulada ante la Personería Municipal de El Tarra, el 10 de marzo de 2000, manifestó que era rector del Colegio Técnico Municipal Agropecuario Juventud del Catatumbo, del corregimiento Filo Gringo, desde hacía cuatro años y medio y rector de la Unidad Básica del Catatumbo, que tenía convenio con 20 escuelas de la zona del bajo Catatumbo, y que los docentes de esas escuelas decidieron acogerse a su condición de desplazados, a fin de que se les reubicara en otras escuelas de la zona.

— En oficio remitido por el abogado asesor de la Defensoría del Pueblo, regional Norte de Santander, al defensor del pueblo de esa regional, se consignó la relación de los docentes que formularon queja ante ese despacho, con el fin de que se les reconociera su condición de amenazados y se les reubicara (fls. 51-52). En esa relación figuran los siguientes docentes de los establecimientos de Filo Gringo: Olivain Ovallos Barbosa, Miguel Ángel Pérez Sanguino, Noelia Betancourt Arias, Walter Bayona Garay, Nancy Álvarez, Jorge Enrique Cabrera, Rosario Quintero Díaz, Juan Carlos Mariño Rojas, Luis Eduardo Sandoval, Celina Cárdenas Parada y Avelino Flores.

— Copia de las declaraciones presentadas entre octubre de 1999 y mayo de 2000 ante la Personería de El Tarra, por las siguientes personas, con el fin de que se le diera el status de desplazados y se les suministrara ayuda humanitaria (fls. 551-568 cdno. ppal.): (i) Yudy Cáceres, quien manifestó que había huido del lugar junto con sus hijos menores Edwin y Erika Quintero Cáceres y su hermano Yober Alberto Duarte Cáceres; que a su esposo le habían dado muerte las autodefensas, en septiembre de 1999 y que, además, ese grupo había incinerado su casa, los bienes que integraban un establecimiento abierto al público y sus enseres, avaluados todos en $31.0000.000; (ii) María Isabel Sanguino Quintero, quien manifestó que había tenido que desplazarse a mediados del mes de febrero de 2000, del corregimiento de Filo Gringo, donde se hallaba domiciliada con su familia desde hacía 3 años; que su núcleo familiar estaba integrado por sus hijas Yaleisy, Martiza y Yeini Quintero Sanguino, y que había abandonado su casa de habitación, dejando todos sus muebles y enseres, avaluados en $ 4.000.000, los cuales habían sido destruidos o incinerados por las autodefensas; (iii) Emma Quintero Rincón, quien aseguró que tenía su domicilio en el corregimiento Filo Gringo, de donde había tenido que desplazarse desde el 30 de diciembre de 1999, en compañía de sus hijos Oliver y Maira Paola Ávila Quintero, María Aydé Quintero Rincón, Kevin Damián Peñaranda Quintero y su esposo José Alirio Peñaranda; que como consecuencia de la incursión paramilitar perdió su vivienda avaluada en $ 8.000.000 y los muebles y enseres que en ella poseía, por valor $ 5.000.000, los cuales fueron incinerados por las autodefensas; (iv) Isolina Quintero Arévalo, quien aseguró que salió del corregimiento el 28 de enero de 2000, en compañía de su familia, integrada por sus hijos Jerson Zamir, Yesica Edith y Yeir Dorian Chinchilla Monguí, Duván Leandro Durán Quintero y Jasiel Chinchilla Quintero y su esposo Hugo Alfonso Chinchilla; que como consecuencia de la incursión paramilitar en su corregimiento perdió su casa de habitación y sus enseres, avaluados todos sus bienes en $ 12.000.000; (v) Maritza Avendaño Claro manifestó haberse desplazado del mismo corregimiento desde el 23 de enero de 2000, junto con sus hijos Said Alfonso, Uriel y Diego Avendaño; que había tenido que abandonar su casa, la cual había adquirido gracias a un subsidio concedido por el Inurbe, avaluada en $ 5.000.000, al igual que sus muebles y enseres; (vi) Plinio Rafael Barros Quiñónez, afirmó haberse desplazado con su familia del corregimiento de Filo Gringo, lugar donde se había domiciliado 3 meses atrás, pues venía desplazado del corregimiento de Orú; que su familia estaba integrada por su esposa Gladis María Corredor, un hijo de crianza Melkicedel Barros Lambraño y sus hijos carnales Daniel Fernando, Diego Andrés y Duván Barros Corredor, y que en ese último corregimiento habían dejado algunos bienes muebles que fueron destruidos, como consecuencia de la incineración de la casa de su suegra, bienes avaluados en $ 4.000.000; (vii) Ciro Alfonso Guerrero Cañizares, quien manifestó que en razón de los hechos de violencia ocurridos en el corregimiento Filo Gringo, del municipio de El Tarra, donde residía desde hacía 32 años, había tenido que desplazarse hacia la cabecera del municipio de El Tarra, abandonando su finca, donde tenía diversos cultivos, animales domésticos y bienes muebles y enseres.

2.2.2.2. Infiere la Sala que estaban domiciliadas en el corregimiento de Filo Gringo, todas las personas que figuran en la lista de usuarios suministrada por las centrales eléctricas de Norte de Santander S.A. ESP, en el área urbana y rural del corregimiento Filo Gringo del municipio de El Tarra, entre los meses de septiembre de 1999 y marzo de 2000 y en la relación del consumo facturado, en ese mismo sector y por el mismo periodo (fls. 314-315 cdno. ppal.). Considera la Sala que el hecho de haber solicitado a la empresa la prestación de un servicio público revela su intención de fijar en ese sitio su residencia, es decir, de ubicar allí su domicilio. La identidad de las personas que figuran en dichas listas se consignará en acápite posterior de esta sentencia.

2.2.2.3. También se considera que estaban domiciliados en ese corregimiento los estudiantes que figuran en los registros de las matrículas de los años lectivos 1999 y 2000 en el área urbana del corregimiento, en Colegio Municipal Agropecuario Juventud del Catatumbo y en las escuelas rurales del mismo (Buenos Aires, Bocas de Orú, Puerto Catatumbo, San Martín, El Diviso, Cuatro Esquinas y La Fría), y los docentes de esos planteles en los mismos años, de acuerdo con la prueba documental remitida por el jefe del núcleo educativo Nº 059, en respuesta al requerimiento formulado por el a quo. Se señaló en el oficio que “los alumnos desertados en esos años fueron en su totalidad” (fl. 775-778 del cdno. ppal. y anexo Nº 12). Infiere la Sala que quien se matricula para un año lectivo o ejerce en forma permanente su función docente en un sitio determinado, tiene allí su domicilio. Los nombres de los docentes y alumnos se relacionarán en acápite posterior esta sentencia.

Se advierte que a folios 700 a 719 del cuaderno principal obra una lista de personas relacionadas por su número de identificación, la fecha de nacimiento y dirección y que frente a algunos de esos nombres figura como dirección “Filo El Gringo”, lista que fue remitida por oficio de 2 de abril de 2003, en respuesta al requerimiento efectuado por el a quo, por el secretario de gobierno de Norte de Santander, quien afirmó remitir todos los documentos relacionados con los “sucesos acontecidos en el corregimiento de Filo El Gringo”, pero no es posible establecer a qué corresponda dicha lista ni quién la hubiera elaborado y mucho menos en qué época ni con qué fin, porque no aparece titulada ni suscrita por ningún funcionario. Por lo tanto, no puede tenerse en cuenta para relacionar otros posibles damnificados con los hechos de que trata esta acción.

2.3. El desplazamiento causó dolor moral y alteró las condiciones materiales de existencia de las víctimas.

Por tratarse de una acción indemnizatoria, deberá verificarse si realmente se causó el daño que aducen los demandantes y cuya indemnización reclaman y, en caso positivo, establecer posteriormente si tal daño, además de ser antijurídico, es imputable a la entidad demandada por haber sido generado por su acción u omisión.

En la demanda se solicitó indemnización de perjuicios por los daños morales y a la vida de relación causados a los accionantes. La Sala accederá al reconocimiento de la indemnización por el dolor que sufrieron las víctimas del desplazamiento y por la alteración a sus condiciones existencia, esto es, por la modificación anormal del curso de su existencia que implicó para ellos el desplazamiento forzado, debiendo abandonar su lugar de trabajo, de estudio, su entorno social y cultural.

A propósito del daño moral considera la Sala que el hecho del desplazamiento causa dolor a quien lo sufre, por el miedo, la situación de abandono e indefensión que lo obligan a abandonar el lugar de su domicilio, pero, además, esa situación incide de manera adversa en su vida familiar y en su entorno socio cultural, el cual deberán reconstruir, en el mejor de los casos de manera provisional, en situaciones de mayor vulnerabilidad, alejados del tejido familiar, social, laboral, sobre el que se sustentaba su crecimiento como ser. Aspecto que ha sido destacado por la jurisprudencia de la Sala y de la Corte Constitucional, así:

“… constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional” (9) .

En cuanto a la alteración de las condiciones materiales de existencia, el Consejero Enrique Gil Botero, con apoyo en la doctrina nacional y en jurisprudencia y la doctrina nacional foráneas, ha precisado dicho daño en estos términos:

“Este daño no puede confundirse con el perjuicio moral, pues su naturaleza y estructura son en esencia diferentes, el tratadista Juan Carlos Henao ha señalado: ‘esta noción, que puede ser definida según el profesor Chapus como ‘una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos’. También por fuera de la hipótesis de la muerte de una persona, el juez reconoce la existencia de las alteraciones, cuando una enfermedad de un ser próximo cambia la vida de la otra persona… Perjuicio moral y alteración en las condiciones de existencia son, entonces, en derecho francés, rubros del perjuicio que no son ni sinónimos ni expresan el mismo daño. El objetivo de su indemnización es independiente: mediante la figura de la alteración en las condiciones de existencia, el juez francés indemniza una ‘modificación anormal dada al curso normal de existencia del demandante’, en tanto que mediante el daño moral se indemniza el sufrimiento producido por el hecho dañino’.

En síntesis, para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifiquen en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastrocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativamente de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar ese perjuicio, se requiere que el mismo tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece” (10) .

2.4. El grupo armado ilegal que llegó al corregimiento de Filo Gringo causó daños a algunas viviendas.

Además de haberse demostrado en casi todos los pobladores de Filo Gringo que debieron abandonar su lugar donde tenían establecido su domicilio, o por razones particulares habían establecido allí su residencia de manera provisional, también se acreditó que el grupo de autodefensas que permaneció en el corregimiento de Filo Gringo entre los días 29 de febrero y 3 de marzo de 2000, destruyó e incineró varias viviendas y enseres de sus pobladores. Así se confirma con las siguientes pruebas:

2.4.1. En el oficio dirigido por el comandante de la V Brigada del Ejército al comandante de la Segunda División de esa misma institución, el 3 de marzo de 2000, se informó la situación vivida en el corregimiento Filo Gringo, así: A las 11:30 de ese día, las tropas de los batallones de contraguerrilla Nos. 46 y 50, ubicadas en el casco urbano de los corregimientos de Orú y Versalles, fueron informadas por los pobladores que se desplazaban por la ruta Tarra-Tibú, que en el casco urbano y áreas aledañas al corregimiento de Filo Gringo habían visto una alta concentración de miembros de las autodefensas, pero que no manifestaron nada sobre destrucción al corregimiento; que a las 15:30 del mismo día llegó a Versalles un vehículo que transportaba campesinos de Filo Gringo, quienes informaron al comandante de la Policía que habían visto un grupo muy numeroso de autodefensas en Filo Gringo, acumulando pipetas de gas, cargadas con explosivos, a manera de trampas y minas; que a las 17:30 se observó desde la base de eslabones en el corregimiento de Orú que un helicóptero de color blanco estaba sobrevolando el corregimiento de Filo Gringo; que luego se obtuvo información de que las casas de dicho corregimiento habían sido quemadas y que sólo quedaban en pie la iglesia, la oficina de Telecom y unas cinco viviendas.

2.4.2. En oficio de 3 de marzo de 2000, dirigido por el alcalde de El Tarra al comandante del Batallón de Contraguerrilla Nº 50 (fls. 9-10 anexo 12), relató los hechos ocurridos en el corregimiento Filo Gringo, en los siguientes términos:

“1. Los días 24, 25 y 26 de enero se generó el éxodo masivo de la población civil del corregimiento por las constantes amenazas de los grupos de Autodefensas Unidas de Colombia de incursionar a dicho corregimiento.

Aproximadamente se cree que el corregimiento de Filo Gringo estaba habitado por 647 personas corresponde a 115 viviendas. Algunas de esas familias que se desplazaron, se ubicaron en el casco urbano del municipio de El Tarra, las demás familias se dispersaron hacia los municipios vecinos.

2. Durante el mes de febrero se presentaron continuos enfrentamientos entre grupos subversivos y grupos de autodefensas.

3. El día 29 de febrero incursionaron al caserío del corregimiento de Filo Gringo las Autodefensas Unidas de Colombia tomando el control del sector, realizando retenes a los diferentes vehículos que transitan por dicho lugar, que comunica al municipio de El Tarra con los municipios de Tibú y Cúcuta.

4. La última información recibida durante el día de hoy (03-marzo-00) por los pasajeros que llegaron procedentes de Cúcuta-Tibú en el bus de transporte Trasan S.A. manifestaron la incineración de las viviendas del caserío, excepto 5 viviendas, el centro de salud, las instalaciones de Telecom, el colegio y la escuela urbana que no fueron objeto del atentado”.

2.4.3. De acuerdo con el “Informe de visita al Catatumbo (Norte de Santander), municipios de Tibú, El Tarra y San Calixto”, realizada entre los días 18 a 21 de julio de 2000, por una comisión humanitaria integrada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados Acnur Colombia, la Consejería en Proyectos, la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander, el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, la Organización Internacional para las Migraciones OIM, Brigadas Internacionales de Paz, la Diócesis de Tibú y las ONG de Derechos Humanos Cinep, Minga y Codhes (fls. 21-34 anexo 7, remitida con oficio del asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, fl. 837 cdno. ppal.), el corregimiento de Filo Gringo fue atacado por paramilitares el 29 de febrero, en esa incursión quemaron 45 casas y muchas otras fueron violentadas y saqueadas, al igual que el colegio de primaria; la población advertida sobre la incursión se desplazó mucho antes del hecho, hacia el casco urbano de El Tarra, Tibú y Cúcuta, desplazamiento que incluyó la totalidad de la población, es decir, de sus 22 veredas.

2.4.4. Según el oficio dirigido por el inspector municipal de Policía de El Tarra al alcalde de ese municipio (fl. 684 anexo, allegado por el secretario de gobierno de ese municipio atendiendo el oficio remitido por el a quo), en la inspección ocular realizada el 7 de marzo de 2000, al corregimiento Filo Gringo, los resultados de la incursión violenta de las Autodefensas Unidas de Colombia en ese corregimiento fueron las siguientes:

— 12 casas totalmente incineradas.

— 15 casas parcialmente incineradas.

— 1 casa semidestruida por un cilindro.

— 80 casas violentadas, registradas y destruidos los muebles y enseres que existían en su interior.

— 7 casas en estado normal.

2.4.5. Consta en el informe de la visita realizada por la Red de Solidaridad Social al corregimiento de Filo Gringo, el 27 de abril de 2000, con el fin de valorar los “daños, infraestructura y vivienda, para establecer cantidades de obras necesarias para la reconstrucción del municipio” (fls. 352-356 cdno. ppal., allegada en copia auténtica por la directora de la unidad territorial Norte de Santander de la Presidencia de la República, fl. 330 del mismo cdno.), que en la toma ocurrida el 5 de marzo de 2000 fueron afectadas 45 viviendas de ese corregimiento, que en su mayoría presentaban daños en cubiertas, vidrios, puertas; 6 viviendas fueron quemadas en su totalidad y también se verificó la existencia de daños en el matadero y en el colegio; se señaló que sólo se realizó el levantamiento de las viviendas que aún no habían sido reconstruidas total o parcialmente, las cuales se encontraban para ese momento, en su mayoría, abandonadas, por lo que los datos fueron suministrados por las pocas personas que habitaban el corregimiento. Las viviendas que para ese momento aún presentaban daños fueron relacionadas así en el informe:

“1. Tito Montaño Almacén y Variedades Milena 

2. Rubiela Gutiérrez 3-Sem. 

3. Alejandrino Melo 3 2 Sem. 

4. Luis Ramón Salazar 10 Sem. (2-57) 

5. Anita 132 Sem. 

6. - 17-Sem. 

7. Felicia Corredor Entre 19 Sem.-21 Sem. 

8. Miner Sanguino 33-Sem. 

9. Ana Catalina Caballero 37-Sem. 

10. Doris Sánchez Al lado de Ana C. Caballero 

11. Angélica Estrada - 

12. Elba Uzcátegui

13. - Variedades Fernanda 

14. Carlos Álvarez Tienda El Naranjo 

15. Isolina Quintero Salón de belleza U… 

16. Manuel Carrascal Billares El Rincón de los Amigos 

17. Judith Cáceres 42-Sem. 

18. Ramiro Márquez 44-Sem. 

19. La Pesa 45-1 Sem. 

22 (sic). Eladio Quintero Peñaranda - 

23. Adolfo Moreno La Primavera 

24. Raquelina Bayona Casa Verde al lado de la Primavera 

25. Cristo Pérez Carpintería 

26. Emma Quintero 52-Sem. 

27. Julio Piñerez 60-Sem. 

28. Ramón Durán 61-Sem. 

29. Martín - 

31 (sic) - 73-Sem. 

32. Alonso 74-Sem. 

33. - 75-Sem. 

34. - 79-Sem. 

35. Romelia Claro 33-Sem. 

36. Ciro Guerrero 82-Sem. 

37. Diomedez Durán 1-A 

38. Albany Ballesteros 2-A 

39. Doris Rodríguez 3-A 

40. Juan Casadiego 4-A 

41. Belén Durán 5-A 

42. Eduardo Durán 6-A 

43. Maritza Avendaño 7-A 

44. Anita Casabiene 2-b 

45. Oscar Carrascal 5-B 

46. Carmen Sandoval 7-B”. 

En relación con las pruebas señaladas, se advierte que no existe identidad entre los datos que suministró el inspector municipal de Policía de El Tarra, al alcalde de esa misma localidad y la lista que elaboró la Red de Solidaridad Social en relación con los inmuebles que fueron total o parcialmente destruidos por el grupo de autodefensas. Además, aunque la Red de Solidaridad Social pretendió identificar los inmuebles afectados por su dirección y sus propietarios o poseedores, los datos que suministró no permitan a la Sala determinar ninguno de esos dos aspectos, razón por la cual dichas pruebas no pueden ser tenidas en cuenta para establecer cuáles fueron los daños materiales causados con el hecho de que trata esta acción.

Debe destacarse, además, que con el fin de determinar la titularidad de los bienes inmuebles sobre los cuales se causaron los daños aludidos, se ofició al Incora para que suministrara copia auténtica de los documentos que reposaran en esa entidad relacionados con la titulación de bienes baldíos, en el área urbana y rural del corregimiento de Filo Gringo. En respuesta a esa solicitud, la entidad respondió, mediante oficio de 27 de marzo de 2003, que dicho corregimiento se encontraba ubicado en la zona de reserva forestal “Motilón-Barí”, establecida mediante la Ley 2ª de 1959 y, por lo tanto, no se adelantaban allí procesos de titulación de bienes baldíos ni ningún otro proceso agrario; aunque, advirtió que en alguna época dicho corregimiento perteneció al municipio de San Calixto y que era posible que por esa razón se hubiera adelantado algún proceso de adjudicación en esa época, pero que carecían de datos que permitieran realizar esa identificación (fl. 569 cdno. ppal.).

Sin embargo, de acuerdo con el oficio dirigido por la jefe de la oficina asesora jurídica de la Red de Solidaridad Social en respuesta al oficio del a quo (fls. 540-544 cdno. ppal.), esa entidad prestó ayuda humanitaria por pérdida de bienes, por valor de $ 520.200, a las personas que adelante se relacionarán, por los hechos ocurridos entre el 29 de febrero y el 4 de marzo de 2000, en el corregimiento de Filo Gringo:

— Denia García

— Yudy Esther Cáceres

— Maritza Avendaño Claro

— Carmen Emiro Torres

— Carmelina Pacheco Bautista

— José de La Cruz Bayona

— Emma Quintero Rincón

— Isolina Quintero Arévalo

— Elvia Esther Uscátegui Blanco

— Ciro Alfonso Guerrero Cañizares

— María Isabel Sanguino de Quintero

— Elidia María García Avendaño

— Guillermo Galvis

— José de los Santos Pérez

Considera la Sala que el reconocimiento que hizo la Red de Solidaridad Social por destrucción de bienes a las personas relacionadas es prueba del daño que sufrieron. Por lo tanto, se considera que las personas afectadas con los daños a las viviendas relacionadas en la lista que suministró la Red de Solidaridad Social son los propietarios de esos inmuebles o de las mejoras construidas sobre los mismos.

Ahora, en cuanto a los daños causados a los enseres que se hallaban en los inmuebles relacionados en la lista elaborada por la Red de Solidaridad de Solidaridad Social o en otros, a los cuales se hizo referencia en algunas pruebas documentales ya señaladas, cabe precisar que no obra en el expediente ninguna prueba que permita identificarlos ni cuantificarlos, pues no fueron relacionadas por ninguna autoridad pública, ni aparece prueba documental o testimonial que permita establecer su preexistencia y propiedad y, por tanto, en ausencia de esos datos tampoco es posible determinar la cuantía del perjuicio causado.

En síntesis, se considera que acreditaron su condición de afectados con los hechos de que trata la demanda, las personas a quienes la Red de Solidaridad Social concedió ayuda humanitaria por los daños materiales padecidos, como consecuencia de la destrucción de los inmuebles ubicados en el corregimiento de Filo Gringo, relacionados en el punto 2.4 de esta sentencia, y las personas relacionadas en las listas elaboradas en los puntos 2.2.2.1, 2.2.2.2 y 2.2.2.3 de esta sentencia, con fundamento en la prueba documental que obra en el expediente, quienes tenían su domicilio en ese mismo corregimiento de Filo Gringo y se vieron forzados a desplazarse de allí para proteger sus vidas del grupo de autodefensas que había incursionado a la región y amenazaba con llegar hasta el sitio y darles muerte, porque los sindicaba de ser guerrilleros, auxiliadores o simpatizantes de esos grupos.

Se insiste que, a pesar de que se tiene conocimiento de que casi la totalidad de la población de dicho corregimiento se vio forzada a emigrar del mismo como consecuencia de la incursión paramilitar, no se determinó en el expediente cuántas fueron realmente las personas que salieron del lugar por esa causa, ni mucho menos, cuántas de estas tenían allí su domicilio. Por lo tanto, no es posible beneficiar con la condena que adelante se despachará a personas diferentes a las que fueron señaladas, que serán identificados en aparte posterior de esta sentencia.

3. La imputación del daño al Estado.

Se afirma en la demanda que los perjuicios sufridos por las víctimas del desplazamiento forzado del corregimiento de Filo Gringo y los daños causados a sus bienes son imputables al Estado a título de falla del servicio, porque a pesar de que la fuerza pública sabía de la inminencia del ataque paramilitar contra ese poblado, no realizó ninguna acción efectiva dirigida a neutralizar a los criminales y proteger los derechos fundamentales de los pobladores y porque el grupo armado ilegal hizo presencia en la región, previa coordinación y planeación con efectivos de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la entidad demandada afirmó que el desplazamiento de la población estuvo asociado al conflicto violento vivido en la región del Catatumbo entre grupos guerrilleros, de autodefensas y narcotraficantes, quienes se disputaban el control del cultivo de la cocaína y que las autoridades militares y civiles habían desarrollado todas las actuaciones que les correspondía, con el fin de protegerlos.

Para definir si las actuaciones del grupo paramilitar causante del desplazamiento y de los daños a las viviendas de los pobladores del corregimiento de Filo Gringo son imputables al Estado, se tratarán, en su orden, los siguientes temas: (3.1) Se hará referencia al conflicto general vivido en el sector del Catatumbo, desde el año 1999, en el marco del cual debe leerse la situación vivida en el corregimiento de Filo Gringo; (3.2) Se examinará la prueba que obra en el expediente, con el fin de establecer si se encuentra o no demostrada la participación de autoridades públicas en el conflicto general y, en particular, en la incursión ocurrida en Filo Gringo; (3.3) Se determinará si el daño es imputable al Estado, por omisión, para lo cual: (3.3.1) se hará referencia a la jurisprudencia desarrollada por la corporación sobre responsabilidad del Estado por omisión en el cumplimiento de sus funciones, y (3.3.2) se determinará probatoriamente si en el caso concreto se configuraron los elementos de la responsabilidad por omisión.

3.1. El conflicto vivido en el Catatumbo en 1999, vinculado con la incursión violenta de los paramilitares en el corregimiento Filo Gringo.

La situación padecida por los habitantes del corregimiento de Filo Gringo, del municipio de El Tarra, no corresponde a un hecho aislado de violencia, sino que debe ser entendida en el marco del conflicto vivido en la región del Catatumbo, durante los años 1999 y 2000, conflicto que afectó también al corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú, donde se presentó el primer desplazamiento forzado, como consecuencia de la incursión paramilitar producida en la zona, desde mayo de 1999, hecho sobre el cual la Sala ya tuvo oportunidad de pronunciarse (11) .

Por lo tanto, para definir la responsabilidad del Estado por los daños sufridos por los habitantes del corregimiento de Filo Gringo, como consecuencia de las amenazas y actos de violencia del grupo de autodefensas deberán valorarse las actuaciones adelantadas por las autoridades estatales frente a la incursión paramilitar en general y, de manera particular, frente a las amenazas que el grupo paramilitar había proferido en contra de dicho corregimiento.

Según la versión de las autoridades militares esa incursión paramilitar tuvo como causa la disputa entre grupos armados ilegales por el dominio del cultivo y tráfico de estupefacientes. En el oficio remitido, en respuesta al a quo, por el jefe del área erradicación de cultivos ilícitos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (fls. 312-313 cdno. ppal.), se suministró información sobre las áreas cultivadas en esa región y los conflictos sociales y de orden público asociados a esa situación, así:

“1. En la región de Catatumbo (Norte de Santander) mediante detección satelital (Proyecto Simci-Diran) sean (sic) detectado que existen cultivos ilícitos de coca en las siguientes extensiones:

MunicipioÁrea (Has)
Convención150
El Carmen496
El Tarra117
Pto. Libertador88
Sardinata558
Teorema696
Tibú9.622
Total11.727

2. Esta jefatura solicitó al Departamento Nacional de Estadística (DANE) cifras sobre el número de habitantes de la región del Catatumbo estableciéndose que el último censo arrojó una población aproximada de 40.000 personas. La siembra y cosecha de una (1) hectárea de coca requiere que al menos una persona se dedique a esta labor, si la cantidad detectada es de aproximadamente 11.727 hectáreas se podría concluir que el mismo número de personas se dedica a esta actividad ilícita.

La Dirección Nacional de Estupefacientes, la Red de Solidaridad Social, el Programa Plante y el DANE en la actualidad adelantan un estudio tendiente a establecer con cierta confiabilidad el número de familias que se dedican al cultivo y procesamiento de la hoja de coca.

La información que hasta el momento sea (sic) recolectado nos permite inferir que en estos cultivos hay influencia de grupos armados ilegales.

3. El cultivo de coca en esta región del país es disputado entre los grupos ilegales de autodefensas (paramilitares) y la guerrilla (FARC - ELN) ya que su ubicación es de carácter estratégico para la venta de cocaína y contrabando de armas, motivo por el cual se realizan operaciones de aspersión aérea controlada a cultivos de coca.

El cultivo de plantas narcóticas genera cambios culturales y pérdida de valores éticos en las comunidades comprometidas, afecta el núcleo familiar y es un generador de violencia, de igual manera se viene apreciando la tendencia a utilizar menores de edad en estas labores ilegales”.

De acuerdo con las providencias judiciales adoptadas en los procesos penales iniciados contra los comandantes y otros miembros del Ejército y la Policía acantonados en esa región y con las afirmaciones realizadas por autoridades civiles y militares en los oficios a los cuales se hará alusión más adelante, la situación de violencia vivida en la región del Catatumbo durante los años 1999 y 2000, se inició con la llegada de un numeroso grupo de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, desde el 29 de mayo de 1999, con el fin de expulsar de allí a los grupos subversivos, para lo cual dirigieron su ataque frontal contra varias de las poblaciones, bajo el señalamiento de que todos sus habitantes eran guerrilleros, o simplemente, colaboradores, auxiliadores o simpatizantes de aquellos.

La permanencia de las autodefensas en la región del Catatumbo, las masacres cometidas en diferentes poblados y su amenaza de tomarse el corregimiento de Filo Gringo o Filo El Gringo, motivó el desplazamiento de todos los habitantes del corregimiento, con excepción de una mujer con siete hijos menores y dos ancianos en situación de indefensión, así como algunos voluntarios que atendían la oficina de Telecom.

Esa situación de violencia vivida en la región del Catatumbo, en particular en el corregimiento de Filo Gringo que es objeto de esta acción, causada por el temor de sus pobladores al grupo de autodefensas, aparece documentada en el expediente, como se pasa a señalar.

3.1.1. El informe de visita de la “comisión humanitaria y de buena voluntad”, realizada a la zona del bajo Catatumbo, en los primeros días del mes de septiembre de 1999, integrada por representantes de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Facilitadora de Antioquia y de la Conferencia Episcopal Colombiana, que contó con la compañía de dos delegados de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual se dio cuenta del conflicto vivido en esa región como consecuencia de la disputa entre los grupos de autodefensas que ingresaron a la misma, desde el mes de mayo de ese año, “y sus terribles secuelas de masacres, amenazas, desplazamiento e inseguridad”, con el propósito de erradicar a los grupos subversivos, confrontación en la cual, se señaló, la peor parte la llevó la población civil (fls. 95-103 anexo 7, fls. 837 cdno. ppal.). Se señaló en el informe lo siguiente:

“El resultado de las incursiones violentas es el número creciente de desplazados. El país entero conoció las noticias de los primeros desplazamientos desde La Gabarra a finales del mes de mayo… Todavía el 10 de septiembre quedan en Cúcuta un grupo de unas 140 personas que procedían de La Pista (Río de Oro) y que se encuentran en el Coliseo Eustorgio Colmenares y unas treinta procedentes de La Gabarra, en las instalaciones de Invías.

Un caso realmente dramático es el San Martín de Loba. Allí llegaron las autodefensas el 26 de agosto. El domingo 29 dieron a la población la orden de salir en 48 horas. Hubo desplazamientos de San Martín y de las veredas Maporita, Ecuador, Porvenir, Villa del Carmen, Santa Ana y Corinto. Salieron unas mil personas…

La consecuencia más grave del desplazamiento es la ruptura del tejido social. Se destruye una labor de construcción de la comunidad que lleva muchos años. Se desarraigan las personas de sus propiedades, del círculo normal donde se ha desarrollado su vida. Hemos podido notar las consecuencias muy negativas que el desplazamiento ha tenido para la educación de los niños y jóvenes, particularmente notorias en San Martín, La Pista y Filo Gringo.

… Se anunciaron tomas violentas de El Tarra, Filo Gringo y Campo Dos (esta última ya se cumplió). Ahora se habla también de amenazas para Hacarí y San Calixto. Con la visita de la comisión a La Gabarra pudimos conocer la existencia de amenazas para tres barrios de esa población, la razón es, dicen, que esos barrios han sido construidos por la guerrilla…”.

3.1.2. Los días 24 y 25 de agosto de 1999, una comisión interinstitucional integrada por delegados de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de una ONG de derechos humanos se desplazaron al municipio de Tibú y al corregimiento de La Gabarra, con el fin de conocer en detalle la situación de violencia que estaba azotando esa región y que había dejado en esos últimos días un número considerable de víctimas. Dicha comisión se reunió con miembros de la “Asamblea Catatumbo Paz y Desarrollo”, que congregaba distintas entidades como la alcaldía, personería, el Obispo de la Diócesis de Tibú, el concejo municipal, las juntas de acción comunal, miembros del sindicato de Ecopetrol y algunos líderes cívicos y campesinos de la región. En el informe rendido por dicha comisión (fls. 6-18 anexo 8, fl. 847 cdno. ppal.), se consignó lo siguiente:

— Los graves actos de violencia cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, que habían dejado un saldo de 150 víctimas y de los movimientos insurgentes, quienes habían cobrado la vida de 26 personas, ante la mirada complaciente de las fuerza pública, frente a todos esos atropellos, e inclusive, se denunció su abierta colaboración con los mismos, pues se afirmó que cuando el grupo de paramilitares llegó a la región contó con la colaboración de la Policía Nacional; también se dijo que se habían observado avionetas comerciales que llegaban con hombres armados a la pista de Tibú, que inclusive fueron recogidos en dos ocasiones por miembros de la Policía Nacional para ser trasladados a la vía que conduce a La Gabarra; que se había visto a algunos agentes de esa institución filmando y fotografiando algunas viviendas, lo cual había generado una total desconfianza de la comunidad hacia esas autoridades.

— También se denunció que las autodefensas tenían montados unos retenes permanentes, ubicados a escasa distancia de los retenes y bases del Ejército, que cobran toda clase de “impuestos”, por el transporte de combustible, cementos y abonos destinados a los cultivos ilícitos.

— Se consignó en el informe que en entrevista sostenida con el mayor Mauricio Llorente Chávez, comandante del batallón 46 de contraguerrillas, con sede en Tibú, les manifestó que el capitán Gutiérrez, comandante de la Policía de Tibú le había comentado que él había coordinado la llegada de las autodefensas a esa región, y que él mismo había recibido un grupo en el aeropuerto de la localidad y que los demás miembros del grupo delincuencial habían llegado en camiones provenientes del departamento del Cesar; que la situación de orden público se hallaba gravemente alterada por la presencia de las FARC, ELN, EPL, las autodefensas y el narcotráfico, que se disputaban el control territorial de la zona y del negocio de la producción de la cocaína, porque allí se producían semanalmente, unos 4.000 kilos del alcaloide; que el personal con que contaba el batallón era insuficiente para controlar la región, pero que en los próximos días llegaría un nuevo batallón de 500 o 600 hombres que tendría su asentamiento en La Gabarra; que la masacre de La Gabarra fue cometida por unos 300 hombres de las autodefensas, quienes hostigaron la base, lo cual impidió la reacción de la tropa.

— En el corregimiento de Campo Dos se le informó a la comisión que las autodefensas permanecieron allí durante 15 días desde que hicieron su incursión el 7 de agosto de 1999, que reunieron al pueblo en el parque de la localidad, durante toda la noche del 7 de agosto y les comunicaron que estaban librando una lucha contra la guerrilla y que si los miembros de esa organización los llegaban a atacar, el pueblo sería culpable y que ellos los asesinarían.

— En el corregimiento La Gabarra fueron informados sobre las circunstancias en las cuales se produjeron los hechos de violencia el 21 de agosto anterior, en los cuales se había dado muerte a 21 personas en el casco urbano y a 8 más en la vereda Caño Lapa, cometido por unos 150 hombres de las autodefensas, quienes permanecieron en el lugar por un lapso de una hora y veinte minutos.

3.1.3. En relación concreta con la incursión del grupo de autodefensas a Filo Gringo, consta en el expediente que la misma había sido anunciada varios meses antes de su ocurrencia. Así se refiere en el informe presentado por la “Comisión de verificación para el retorno y la situación de los desplazados víctimas de la violencia de la zona del Catatumbo, corregimiento de La Gabarra y Río de Oro del municipio de Tibú, Norte de Santander, 8, 9 y 10 de julio de 1999”, integrada por la Procuraduría Departamental de Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Vicepresidencia de la República, la Red de Solidaridad Social, las organizaciones no gubernamentales Minga, Andas y Codhes, en el cual se concluyó que en ese momento no existían las condiciones para el retorno de las personas desplazadas (fls. 104-109 anexo 7, fls. 837 cdno. ppal.).

Según el informe, en la entrevista sostenida con el comandante de las autodefensas en esa región, el grupo reafirmó su intención de incursionar en el municipio de El Tarra y en los corregimientos de Filo Gringo y Campo Dos.

3.1.4. El grupo paramilitar llegó hasta el corregimiento y destruyó varias viviendas, aunque no cometieron la masacre anunciada, pero porque la población ya se había marchado del lugar. Sin embargo, la persecución no cesó allí, porque al hallar algunos refugios de los desplazados, les dieron muerte sin ninguna consideración. Así lo afirmó el fiscal especializado de la unidad de derechos humanos, en el oficio remitido al jefe de esa unidad, en el cual le informó que el 6 de abril de 2000, un grupo paramilitar dio muerte a 21 personas en los barrios El Triunfo y La Unión, que en su mayoría estaban conformados por desplazados de los corregimientos de La Gabarra y Filo Gringo; se relata en el oficio que los homicidas manifestaron a los residentes que celebrarían una reunión, pero que una vez reunidos procedieron a dispararles indiscriminadamente, sin darles ninguna explicación (fls. 58-61 anexo 7 y fl. 837 cdno. ppal.).

3.2. Sobre la imputación del daño al Estado, con fundamento en que las autoridades militares y de policía prestaron su apoyo al grupo de autodefensas.

Se afirmó en la demanda que el daño sufrido por las personas desplazadas del corregimiento de Filo Gringo es imputable al Estado porque el ingreso de esos grupos a esa región fue coordinado por efectivos de la Policía y del Ejército y porque sus actos ilícitos, incluidos el asedio y posterior ocupación del corregimiento de Filo Gringo fueron favorecidos, no sólo por protuberantes omisiones de la fuerza pública, sino, además, por la abierta complicidad de quienes debieron combatirlos. Para acreditar su aserto, los accionantes se remitieron a las investigaciones penales y disciplinarias, adelantadas contra los comandantes y otros miembros del Ejército y la Policía acantonados en esa región del país durante los años 1999 y 2000, de las cuales fueron trasladadas a este proceso en copia auténtica las siguientes providencias.

3.2.1. Resolución proferida por la Fiscalía, el 28 de marzo de 2000, mediante la cual impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano Vásquez (fls. 55-70 anexo 3), por considerarlo presuntamente responsable del delito de “pertenencia a grupos de sicarios, en concurso con el delito de homicidio múltiple con fines terroristas”, por los hechos ocurridos el 21 de agosto de 1999, cuando un grupo de paramilitares llegaron al corregimiento La Gabarra donde permanecieron por un lapso de hora y media, durante la cual hurtaron a sus habitantes objetos de valor y dieron muerte a 27 personas, para lo cual el militar “prestó una efectiva y preestablecida coparticipación”, en su condición de comandante de Contraguerrilla Nº 46, ubicado en el municipio de Tibú.

3.2.2. Resolución proferida por la Fiscalía, el 28 de febrero de 2001 mediante la cual dictó resolución de acusación en contra del capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano Vásquez (fls. 95-70 anexo 3), por los mismos delitos señalados en la resolución mediante la cual se resolvió su situación jurídica, providencia que fue confirmada por la unidad delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante resolución de 6 de julio de 2001 (fls. 124-134 anexo 3), por considerar que en la providencia recurrida se hizo una completa y concienzuda motivación de la prueba recaudada.

3.2.3. Resolución de proferida por la fiscalía especializada de la unidad de derechos humanos, el 22 de marzo de 2000, mediante la cual se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sin beneficio de excarcelación, en contra del mayor del Ejército Mauricio Llorente Chávez, por el delito de “pertenencia a grupos de sicarios”, en concurso con el delito de “homicidio múltiple con fines terroristas” y “tentativa de homicidio con el mismo fin” (fls. 1-14 anexo 2), como presunto partícipe de los hechos criminales cometidos por el grupo de autodefensas, el 17 de julio de 1999, en el municipio de Tibú, al haber tenido conocimiento previo de la incursión y en vez de tratar de impedirla conforme era su deber constitucional, optó por colaborar con los mismos, simular un ataque a las instalaciones del batallón para permanecer con la tropa en su interior y así facilitar el ingreso del grupo armado ilegal.

3.2.4. Resolución de 9 de junio de 2000, mediante la cual se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en contra de los agentes de la Policía Arturo Elías Velandia Narváez, Luis Elías Toloza Arias, Miguel Hernández Acosta, Ciro Alfonso Ortiz, Gustavo Lobo Ortega y José Ordóñez Cuy, por los delitos de “pertenencia a grupos de sicarios”, en concurso con el delito de “homicidio múltiple con fines terroristas” y “tentativa de homicidio con el mismo fin” (fls. 37-55 anexo 2), por su presunta participación en los hechos ocurridos el 17 de julio de 1999, en el municipio de Tibú.

3.2.5. Resolución de acusación proferida el 20 de marzo de 2001, por la Fiscalía, en contra del mayor del Ejército Mauricio Llorente Chávez, del mayor de la Policía Harbey Fernando Ortega Ruales, y de los agentes de la Policía Arturo Elías Velandia Narváez, Luis Elías Toloza Arias, Miguel Hernández Acosta, Ciro Alfonso Ortiz, Gustavo Lobo Ortega y José Ordóñez Cuy por el delito de “pertenencia a grupos de sicarios”, en concurso con el delito de “homicidio múltiple con fines terroristas” y “tentativa de homicidio con el mismo fin”, y contra los agentes Milton Ayala Lobo, Yummis Elles Martínez, César William Pinilla Pinilla, Luis Alfonso Pérez Gallo, Luis Hernando Arias Guevara, Eleuterio Mosquera Rengifo, por la incursión del grupo de autodefensas, en el municipio de Tibú, el 17 de julio de 1999 (fls. 56-119 anexo 2).

3.2.6. Resolución proferida el 6 de agosto de 2002, por medio de la cual la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del intendente de Policía Marco Antonio Rincón Jurado (fls. 120-142 anexo 2), por considerarlo presuntamente responsable de los delitos de “Concierto para delinquir para promover grupos armados al margen de la ley en concurso heterogéneo con homicidio múltiple y tentativa de homicidio con fines terroristas”, en relación también con la incursión paramilitar ocurrida en el municipio de Tibú, el 17 de julio de 1999 y la masacre de once personas cometidas en la misma fecha, por ser señalados como colaboradores de la guerrilla, por no haber adelantado ningún operativo tendiente a impedir la acción del grupo paramilitar, en su condición de comandante de la Estación de Policía Refinería.

3.2.7. Resolución proferida el 20 de marzo de 2003, por medio de la cual la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación formuló resolución de acusación en contra del intendente de Policía Marco Antonio Rincón Jurado (fls. 201-236 anexo 2), por los hechos constitutivos de delitos que se mencionaron en la resolución mediante la cual se resolvió su situación jurídica, providencia que fue confirmada mediante resolución proferida el 10 de octubre de 2002, por la Fiscalía 15 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, por considerar que la decisión apelada tenía “suficiente, claro e idóneo soporte probatorio” (fls. 237- 244 anexo 2).

3.2.8. Resolución de 12 de abril de 2000, mediante la cual se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en contra del mayor de la Policía Harbey Fernando Ortega Ruales, por el delito de “pertenencia a grupos de sicarios”, en concurso con el delito de “homicidio múltiple con fines terroristas” y “tentativa de homicidio con el mismo fin”, y contra los agentes de la Policía adscritos a la estación de Refinerías de Tibú, señores Milton Ayala Lobo, Yummis Elles Martínez, César William Pinilla Pinilla, Luis Alfonso Pérez Gallo, Luis Hernando Arias Guevara, Eleuterio Mosquera Rengifo (fls. 15-36 anexo 2), quienes prestaban sus servicios, respectivamente, como comandante del Quinto Distrito de Policía de Tibú y como agentes de la estación de Refinerías, por la incursión del grupo paramilitar en dicho municipio, el 17 de julio de 1999.

3.2.9. Resolución de 17 de febrero de 2000, mediante la cual el Comando de la Quinta Brigada del Ejército se abstuvo de abrir investigación formal disciplinaria contra los miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 50, por la vinculación de miembros de esa institución por los hechos ocurridos el 28 de diciembre de 1999, en la vereda Puerto Lajas del municipio de El Tarra, y las amenazas de ese grupo armado ilegal, que motivaron el desplazamiento masivo de la población hacia el casco urbano de El Tarra (fls. 24-27 anexo 11).

3.2.10. Resolución de 3 de marzo de 2000, mediante la cual el Comando de la Fuerza de Tarea del Catatumbo se abstuvo de abrir investigación formal contra el personal militar del Batallón de Contraguerrilla Nº 46, por la presunta relación de los miembros de ese batallón con los grupos de autodefensas que delinquían en la región, por considerar que la denuncia formulada por la representante de la ONG de derechos humanos Minga carecía de fundamentos probatorios (fls. 30-33 anexo 11).

2.2.11. Resolución de 21 de marzo de 2000, el Comando de la Segunda División del Ejército, se abstuvo de abrir investigación formal, por la presunta omisión del personal orgánico de la Quinta Brigada al no evitar la toma del corregimiento de Filo Gringo (fls. 47-56 anexo 11), por considerar que “los comandantes de las unidades tácticas con responsabilidad directa sobre la zona (batallones de contraguerrillas 46 y 50), no contaban con los medios necesarios para operar, como tampoco los tenía la Quinta Brigada, quien ante la responsabilidad real de adelantar las acciones sobre el sector, solicitó ante los comandos superiores su apoyo, sin que este pudiera concretarse oportunamente debido a que la unidad operativa mayor tampoco contaba en ese momento con las tropas disponibles, al igual que el Comando del Ejército quien tenía en operaciones en Mitú (Vichada) a la fuerza de despliegue rápido”.

3.2.12. Obra, además, copia de la comunicación dirigida por el jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (fls. 15-16 anexo 7, remitida al proceso por el asesor para el Programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Presidencia de la República, fl. 837 cdno. ppal.), en la cual manifestó que entre las personas vinculadas a las investigaciones por las masacres ocurridas en esa región los días 27 de mayo, 17 de julio y 21 de agosto de 1999, se hallaban varios agentes del Estado: El capitán del Ejército Luis Fernando Campuzano Vásquez; el mayor del Ejército Mauricio Llorente Chávez; el capitán de la Policía Luis Alexander Gutiérrez A.; el mayor de la Policía Harvey Ortega Ruales; los agentes de la Policía Milton Ayala Lobo, Luis Pérez Gallo, César Pinilla Pinilla, Luis Fernando Arias G., Eleuterio Mosquera R. Jimyis Elles Martínez, Arturo Elías Velandia Narváez, Luis Elías Tolosa Arias, Miguel Hernández Acosta, Ciro Alfonso Ortiz, Gustavo Lobo Ortega, José Ordóñez Cuy, y los funcionarios del Inpec Alonso y Gustavo Balmaceda Cañizares.

Con fundamento en la prueba documental reseñada se concluye que no se acreditó la participación activa de los miembros de la fuerza pública en la incursión paramilitar ocurrida en el corregimiento de Filo Gringo, pues, por el contrario, la única prueba que obra al respecto es la resolución de 21 de marzo de 2000, mediante la cual el Comando de la Segunda División del Ejército, se abstuvo de abrir investigación formal disciplinaria, por la presunta omisión del personal orgánico de la Quinta Brigada al no evitar la toma de ese corregimiento de Filo Gringo, por considerar que los mismos no contaban con los medios necesarios para operar.

Si bien se iniciaron investigaciones penales en las cuales se vinculó mediante medida de aseguramiento de detención preventiva y se dictó resolución de acusación, contra varios miembros del Ejército y de la Policía, relacionadas con su presunta participación, en las masacres ocurridas en esa región los días 27 de mayo, 17 de julio y 21 de agosto de 1999, no está demostrado que en dichos procesos hubieran culminado con sentencias condenatorias, por lo tanto, no se puede predicarse su efectiva participación en los hechos criminales de que tratan las investigaciones, conforme a lo establecido en el artículo 248 de la Constitución.

Pero, aunque no sea posible afirmar que los miembros de la fuerza pública vinculados a esas investigaciones hubieran participado efectivamente en los actos de violencia, como integrantes de esa organización delincuencial o simplemente simulando ataques contra las estaciones y bases para justificar su inactividad y permitir que el grupo criminal cometiera tranquilamente sus actos de violencia, este hecho no impediría en presencia de otras pruebas, declarar la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, porque, conforme lo ha sostenido la Sala en jurisprudencia que se reitera, “una es la responsabilidad que le puede tocar al funcionario oficial, como infractor de una norma penal y otra muy diferente la responsabilidad estatal que se puede inferir de esta conducta, cuando ella pueda así mismo configurar una falla del servicio. Son dos conductas subsumidas en normas diferentes, hasta el punto que puede darse la responsabilidad administrativa sin que el funcionario sea condenado penalmente. Basta recordar que una es la culpa penal y otra la civil o administrativa” (12) .

No obstante, cabe señalar que no obra en el expediente ninguna prueba diferente que permita concluir que en la incursión paramilitar en la región o en los sucesivos hechos de violencia participaron de manera activa miembros del Ejército o de la Policía. Si bien consta en el informe presentado por una comisión interinstitucional, al cual se hizo referencia en el punto 3.2.1, que el mayor Mauricio Llorente Chávez, comandante del batallón 46 de contraguerrillas, con sede en Tibú, afirmó que el mismo capitán Gutiérrez, comandante de la Policía de Tibú le había comentado que él había coordinado la llegada de las autodefensas a esa región, y que él mismo había recibido un grupo en el aeropuerto de la localidad, dicha prueba no es suficiente para vincular al Estado por ese hecho, porque, se advierte se trata de un informe presentado por personas diferentes a quienes, según el mismo, realizó tales afirmaciones y no de una declaración rendida ante un funcionario judicial y, por lo tanto, la misma no tiene el valor de un testimonio (13) .

En consecuencia, no existen en el expediente suficientes elementos de juicio que permitan concluir que los daños sufridos por los habitantes del corregimiento de Filo Gringo, como consecuencia de las amenazas y posterior incursión paramilitar ocurrida en ese corregimiento entre el 29 de febrero y el 3 de marzo de 2000, sean imputables al Estado, por haber colaborado con la llegada del grupo a la región, o por haber participado en las masacres cometidas en otros municipios del departamento de Norte de Santander por el mismo grupo armado, ni, en concreto, por haber colaborado o participado en la incursión producida en dicho corregimiento.

3.3. La imputación del daño al Estado por omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Pero, además, se afirma en la demanda que el daño es imputable al Estado, por omisión, porque a pesar de que la fuerza pública sabía de la inminencia del ataque paramilitar contra el corregimiento de Filo Gringo, no realizó ninguna acción efectiva dirigida a neutralizar a los criminales y proteger los derechos fundamentales de los pobladores.

En consideración de que en el caso concreto se imputa al Estado responsabilidad por omisión, considera la Sala procedente referirse brevemente al desarrollo que se la ha dado a ese aspecto de la responsabilidad patrimonial, para luego entrar a analizar la prueba que obra en el expediente y concluir si efectivamente el Estado pudo interrumpir el proceso causal que vinculó la actuación del grupo armado ilegal con el daño y, por lo tanto, pudo evitar que el mismo se cometiera.

3.3.1. Sobre la responsabilidad del Estado por omisión.

El inciso segundo del artículo 2º de la Constitución establece que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6º ibídem establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continúa pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos (14) .

En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios (15) ; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño (16) .

Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión (17) .

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, para que pueda considerarse que el Estado es responsable por omisión, en los eventos en los cuales se le imputa el daño por falta de protección, se requiere previo requerimiento a la autoridad, pero en relación a ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de las circunstancias particulares del caso (18) . Es más, ni siquiera se precisa de un requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha autoridad (19) .

3.3.2. La omisión de la conducta debida en el caso concreto y su posibilidad de impedir la producción del daño.

Como se había anunciado, se procederá a analizar seguidamente si hubo omisión de las autoridades militares y de policía en la protección de la población de los habitantes del corregimiento de Filo Gringo y, de ser así, si de haberse realizado la conducta debida, habría podido interrumpirse el proceso causal impidiendo la producción de la lesión.

Frente a la acusación de que las autoridades militares y de policía habían omitido el cumplimiento de sus funciones constitucionales, que no eran otras que la defensa de la población civil frente a la agresión del grupo paramilitar, la entidad demandada afirmó que había adelantado todas las operaciones necesarias para enfrentar al grupo armado ilegal y proteger a la población. Para demostrar su aserto aportó y solicitó prueba documental relacionada con sus actuaciones en la región durante los años de 1999 y 2000.

3.3.2.1. En esa prueba documental, que más adelante se reseñará, consta que las autoridades militares y de policía tuvieron conocimiento no sólo del momento en que se produjo la incursión paramilitar a Filo Gringo, sino de las amenazas dirigidas por el grupo de autodefensas contra los pobladores de ese corregimiento, y así se lo hicieron saber las distintas autoridades civiles de la región, o los organismos oficiales y no gubernamentales de defensa de derechos humanos.

Frente a esa información se desplegó un cruce de comunicaciones de los mandos militares y de policía locales, entre sí, y con sus superiores jerárquicos, en los cuales se emitían órdenes de operaciones e instrucciones, y se solicitaba reforzar el pie de fuerza o brindar apoyo logístico, en razón de las limitaciones que padecían para enfrentar al grupo armado ilegal. De la prueba documental a que se acaba de hacer referencia se destaca la siguiente:

— En oficio dirigido el 7 de septiembre de 1999 por la secretaría del interior del departamento de Norte de Santander al comandante de la V Brigada del Ejército (fl. 69 anexo 1), le manifestó que el día 5 anterior, las Autodefensas Unidas de Colombia habían instalado un retén en la vereda Betania del municipio de Tibú, sobre la carretera principal que conduce al municipio de Tibú y habían dado muerte a un campesino, habitante del corregimiento de Filo Gringo; que toda la población de dicho corregimiento y, en general del municipio de Tibú se hallaba muy atemorizada porque ese grupo había amenazado con cometer una masacre en esa región, razón por la cual le solicitó al funcionario disponer operativos en esa zona del país, con el fin de brindar protección a sus moradores.

— La solicitud de colaboración formulada el 7 de septiembre de 1999 por la secretaría del interior de Norte de Santander al comandante de la V Brigada del Ejército (fl. 1 anexo 1), mediante la cual puso en conocimiento de esa autoridad militar la denuncia formulada por un ciudadano sobre los hechos violentos cometidos por un grupo paramilitar en la región, el riesgo en el que se hallaban los moradores del municipio de El Tarra y del corregimiento Filo Gringo por las amenazas de ese grupo, y la solicitud de que se brindara protección a la población civil. El texto del oficio es el siguiente:

“… una vez más las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia hicieron presencia en el departamento, concretamente, en la vereda de Betania, municipio de Tibú, causando hechos sangrientos que fueron denunciados ante este despacho por parte del señor Rafael Barros, morador de esa región y testigos presenciales de la incursión, así:

1. El 5 de los cursantes, aproximadamente a las 10:00 a.m., al parecer, las Autodefensas Unidas de Colombia, organizaron un retén en la vereda Betania, jurisdicción del municipio de Tibú, sobre la carretera principal que conduce al municipio de El Tarra, siendo asesinado el campesino Jorge Quintero Rincón, habitante del corregimiento Filo Gringo.

2. Igualmente, se tiene conocimiento por parte de la población que toda la comunidad se encuentra atemorizada ante una posible masacre ya anunciada, por los grupos al margen de la ley, hacia el corregimiento de Filo Gringo y municipio de El Tarra.

En consideración a lo anterior le reitero sus buenos oficios, solicitándole previas labores de inteligencia y logística se dispongan operativos en esta zona de la región del Catatumbo, específicamente sobre el sector de Filo Gringo y El Tarra, donde la ciudadanía ya no requiere desplazarse por vía terrestre ante el estado de incertidumbre en que se encuentran debido a los permanentes retenes que allí se organizan, siendo imperiosa la presencia del Ejército con el fin de brindar protección a los moradores de esta región, clamor que hizo expreso el ciudadano quien denuncia civil tanto del retén como de la posible incursión de estos grupos”.

— En el “acta reunión de la comisión de verificación” (fls. 330, 336-341 cdno. ppal., allegada en copia auténtica por la coordinadora de la unidad territorial Norte de Santander de la Red de Solidaridad Social), integrada por un funcionario del Ministerio del Interior, representantes de la Defensoría del Pueblo nacional y regional, representante de la Procuraduría del departamento de Norte de Santander, la secretaría de desarrollo de ese mismo departamento, el alcalde y la personera de El Tarra, la corregidora de Filo Gringo, el presidente de la junta de acción comunal de ese corregimiento, el presidente de la asociación de juntas zona 2 y representantes de la comunidad desplazada, reunida en la sala de sesiones del concejo de El Tarra, de 27 de enero de 2000, consta que

“La comunidad propuso integrar una comisión con la participación de la iglesia para dialogar con los actores del conflicto y solicitar el respeto por la población civil.

La comunidad está confundida, ya no creen ni confían en nadie.

Afirman que su gran delito es vivir en el Catatumbo.

Culpan a funcionarios de los altos mandos militares de ser responsables de la persecución que se ha generado contra el pueblo de Filo Gringo, porque a través de los medios de comunicación los han estigmatizado con sus declaraciones al considerar esa zona como ‘nido de la guerrilla’, cuando en realidad lo único que sabe el pueblo es trabajar la tierra para sostener a su familia.

Según la comunidad hay negligencia del Estado en todos sus niveles para con esa región y de no atender sus necesidades ni garantizar su vida, se verán obligados a abandonar masivamente la región con destino a Cúcuta, porque no se piensan dejar matar.

Solicitan a la gobernación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior que actúen, que intervengan, ya que la comunidad lo único que quiere es que no llegue la muerte”.

— Petición formulada por la directora ejecutiva de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga al Defensor del Pueblo, el 1º de marzo de 2000 (fls. 70-71 anexo 1), para que se adoptaran las medidas necesarias tendentes a neutralizar al grupo ilegal armado que el día anterior había incursionado en el corregimiento Filo Gringo, y amenazaba con atacar a la población civil del casco urbano y de nuevas veredas en ese municipio, a pesar de los llamados que realizó la comunidad, de manera reiterada, a las autoridades municipales, los organismos de derechos humanos y la comisión de verificación interinstitucional que visitó ese municipio el 26 de enero de ese mismo año.

— El mismo día, el director nacional de atención y trámite de quejas de la Defensoría del Pueblo, dio traslado de esa solicitud al Ministro del Interior (fl. 72 anexo 1). A su vez, el director general de orden público y convivencia ciudadana del Ministerio del Interior dio traslado de la queja al comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander (fl. 73 anexo 1), quien a su vez la remitió al gobernador de ese departamento (fl. 74 anexo 1).

— Comunicación remitida por la secretaría del interior del departamento de Norte de Santander a la directora general para los derechos humanos del Ministerio del Interior, el 1º de marzo de 2000 (fls. 6-7 anexo 1), en la cual afirma que de acuerdo con la información suministrada por un concejal del municipio de El Tarra, aproximadamente 400 hombres vestidos de camuflado y con brazaletes de las AUC incursionaron ese mismo día en el corregimiento Filo Gringo y manifestaron que permanecerían allí controlando la zona y enfrentando a los grupos insurgentes que hacían presencia en esa región.

Aseguró, además, que se tenía conocimiento de los falsos retenes que a diario realizan las autodefensas en la vía que de Cúcuta - Tibú - La Gabarra - El Tarra; que con el fin de buscar alternativas de solución a esa grave problemática, las autoridades civiles del municipio de El Tarra habían clamado la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República y Fiscalía General de la Nación, para que se desplazaran al municipio y evaluaran los gravísimos problemas que enfrentaban los habitantes de esa zona debido al insuficiente pie de fuerza con que contaba el Ejército en la zona, que no le permitía garantizar la vida y bienes de los pobladores de la región y a la presencia de cultivos ilícitos en el Catatumbo que atraía a los grupos al margen de la ley.

— Oficio dirigido por el alcalde del municipio de El Tarra al Ministro del Interior, el 1º de marzo de 2000, sobre la situación vivida en ese municipio y en particular en el corregimiento de Filo Gringo, en ese momento (fl. 7-8 anexo 12), en la cual manifestó:

“De manera urgente quiero poner en conocimiento la difícil situación que se presenta hoy en mi municipio, ante la llegada real y efectiva de las autodefensas o paramilitares al corregimiento de Filo Gringo, jurisdicción de El Tarra.

En días anteriores a su llegada se presentó el desplazamiento de 30 familias que habitaban esa localidad y hoy ante la inminencia de la presencia de ese grupo al margen de la ley se prevé un desplazamiento mayor, pero ya de pobladores de las veredas adyacentes y del casco urbano.

Así las cosas, señor ministro, quiero dejar sentada mi angustia y transmitir al mismo tiempo la de mi pueblo, toda vez que la situación de indefensión en que nos encontramos, facilita el cumplimiento de la amenaza de Carlos Castaño de establecer su base en El Tarra.

Conocido como es para todos la manera atroz y vil en que estos grupos cometen sus incursiones nos sentimos atemorizados porque en este municipio se repitan los horrores cometidos en el corregimiento de La Gabarra; nosotros, gente humilde campesina, trabajadora y con un sinnúmero de necesidades básicas insatisfechas, donde la pobreza alcanza índices del 80% de nuestra población, tenemos la esperanza de hacer de El Tarra un espacio de paz y convivencia, donde se respete al derecho a la vida y a no ser estigmatizados como zona roja, por el hecho de vivir en medio del conflicto y en el más completo abandono por parte del Estado.

Señor ministro, en sus manos dejamos la suerte de nuestro pueblo que se encuentra ante la inminencia de una masacre mayor a las vividas, le suplico se sirva tomar las medidas necesarias para protegernos…”.

— Comunicación de la secretaría del interior al Ministro del Interior, el 4 de marzo de 2000 (fls. 8-9 anexo 1), en el cual le reiteró la información suministrada en relación con la incursión de las AUC al corregimiento de Filo Gringo, el 1º de marzo, quienes obligaron a la población civil a desplazarse al perímetro urbano del municipio de El Tarra y a otros corregimientos; además, manifestó tener conocimiento que ese grupo armado había incinerado 6 de las 95 casas que pertenecían a los pobladores de ese corregimiento y que se desconocía si se habían causado muertes, porque allí no hacían presencia el Ejército ni se tenía estación de Policía, porque esas autoridades habían manifestado que no se contaba con suficiente pie de fuerza para realizar operaciones de registro y control en la zona. Destacó su honda preocupación por el retiro del corregimiento La Gabarra, del Batallón Fuerza de Tarea Nº 10, el cual hubiera podido avanzar hacia el corregimiento Filo Gringo, evitando que se consumara la situación que allí se vivía, por lo que solicitó al ministerio que se estudiara la posibilidad de incrementar el pie de fuerza en el municipio de El Tarra, donde se tenía información de que se estaban adelantando enfrentamientos armados entre las AUC y miembros de las FARC y del ELN.

3.3.2.2. Consta en el expediente que en relación con esas advertencias y solicitudes formuladas por las autoridades civiles u organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, las autoridades militares y de policía locales manifestaron haber dado órdenes e instrucciones a sus subalternos y formulado solicitudes de apoyo logístico o el incremento del pie de fuerza a sus superiores. Esas respuestas constan en los siguientes documentos:

— El comandante de la V Brigada del Ejército manifestó que al enterarse de esos hechos, había dado órdenes al “BCG Nº 46” para que coordinara con la Policía Nacional y el DAS las acciones tendientes a garantizar la seguridad de la población civil y a contrarrestar y neutralizar las acciones de los grupos que actúan al margen de la ley (fl. 2 anexo 1).

— En el oficio dirigido por el comandante de la Quinta Brigada al inspector general del Ejército, el 20 de septiembre de 1999, le informó que una vez se tuvo conocimiento de las amenazas proferidas por las organizaciones al margen de la ley, sobre incursiones armadas en las poblaciones de El Tarra, Campo Dos, Filo Gringo, Cáchira, San Calixto y Hariari, Norte de Santander, se dio órdenes a los comandos de los batallones Nº 46 y 50, para que coordinaran con las diferentes autoridades locales, departamentales, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo DAS, tendientes a garantizar la seguridad de la población civil y neutralizar y contrarrestar los grupos que actúan por fuera de la ley (fl. 5 anexo 11).

— En oficio remitido por el comandante de la fuerza de tarea del Catatumbo al comandante de la V Brigada del Ejército, el 15 de noviembre de 1999, en relación con la situación que se había presentado en el corregimiento de Filo Gringo (fls. 16-17 anexo 10), manifestó que dicho corregimiento tenía una gran importancia para los grupos insurgentes y de autodefensas, por constituir un sitio estratégico para el control del paso de insumos y la extracción de la base de coca; que en los últimos días se tenía conocimiento de que se habían instalado campos minados en los alrededores de la población y que un grupo de entre 300 hombres de las autodefensas se hallaban en los alrededores, con el objetivo de tomar el control del corregimiento, por lo que sugería adelantar operaciones a nivel de brigada, e inclusive, de división.

— En oficio remitido por el comandante del Batallón de Contraguerrilla Nº 46 al comandante de la fuerza de tarea Catatumbo, el 21 de noviembre de 1999, sobre la situación que se vivía en Filo Gringo (fls. 31-34 anexo 10) manifestó que con el refuerzo de la compañía en el área de Orú se había logrado mantener el control relativo sobre las vías que conducían de Las Mercedes y Tibú hacia el corregimiento, pero que no se tenía el control de acceso por el sector de Angolia, Playa Cotiza, por carecer de suficiente pie de fuerza; que la unidad táctica de contraguerrilla no contaba con informantes por el temor que les generaban los grupos subversivos en la región, por lo que recomendaba adelantar operaciones en ese sector, con el fin de “neutralizar el accionar de los diferentes grupos generadores de violencia”.

— En oficio dirigido por el comandante de la segunda división al segundo comandante de Ejército, el 18 de febrero de 2000 (fls. 16-17 anexo 11), le comunicó que la tropa del Batallón de Contraguerrilla Nº 50 se encontraba transitoriamente en los alrededores del casco urbano del municipio de El Tarra, realizando cierres en los límites de ese municipio y de El Carmen, con el fin de contrarrestar la acción de los agentes generadores de violencia que delinquían en el área; que en el área rural del municipio de El Tarra se encontraban tropas de los batallones de contraguerrilla Nos. 46 y 50, a los cuales tenían la responsabilidad de defender el oleoducto Caño Limón Coveñas, y que el Batallón de Contraguerrillas Nº 10 orgánico de la primera división, que se hallaba conformando la fuerza de tarea Catatumbo fue devuelto al departamento de Antioquia, para confrontar los sistemáticos atentados contra las torres de energía de ese departamento.

— Instructivo Nº 13 de 25 de febrero de 2000, emitido por el subcomandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, mediante el cual se dieron “instrucciones para el apoyo a desplazados, según lo evaluado por la comisión interinstitucional en el departamento” (fl. 19-20 anexo 11), en el cual se plantean las estrategias para proteger a la población civil, mediante las siguientes órdenes e instrucciones:

“1. Desplegar las acciones que sean necesarias para contener y reprimir a los grupos armados al margen de la ley que intenten operar en el casco urbano.

2. Realizar acciones tendientes a demostrar de manera diáfana que la población civil no tienen ningún tipo de simpatía o vínculo con uno de los grupos armados al margen de la ley.

3. Estudiar la pertinencia de reforzar las unidades acantonadas en la región con el objetivo de reprimir las acciones de los grupos armados al margen de la ley.

4. Insistir en los procesos de instrucción de derecho internacional humanitario para los miembros de todos los niveles.

5. Realizar actividades de participación comunitaria, frentes de seguridad local, planes de conciencia ciudadana, campañas por la niñez, en coordinación con las autoridades locales”.

— Respuesta dada el 29 de febrero de 2000, por el comandante del Quinto Distrito de la Policía, al oficio dirigido por la gobernadora (E) del Departamento de Norte de Santander, en el cual le manifestó que no era posible atender su petición de desplazar personal de ese institución para adelantar operaciones de registro y control en el municipio de El Tarra (fl. 87 anexo 1), debido al escaso número de unidades con que se contaba en la estación de ese municipio y a la distancia que existía entre el casco urbano y el corregimiento de Versalles; además, le informó que había comunicado esos hechos al comandante del Batallón Contraguerrillas Nº 46, quien le manifestó que ya había dispuesto el traslado de más personal al área.

— Además, obra en el expediente la orden de operaciones Nº 044 de 18 de noviembre de 1999, cuyo el objetivo era el de adelantar el registro y control militar en los corregimientos de Orú, Tres Aguas y San José, en proximidades al corregimiento Filo Gringo, con el fin de capturar o destruir a miembros de las autodefensas y de la guerrilla, y así “garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana y afirmar la confianza en las instituciones legalmente establecidas” (fls. 19-30 anexo 10).

Sin embargo, no obra en el expediente ninguna prueba que acredite que esas órdenes, instrucciones y operaciones fueron efectivamente cumplidas, ni, de haber sido atendidas, en qué circunstancias, lo fue y mucho menos cuál hubiera el resultado de las mismas.

Lo que sí está demostrado en el expediente es que un numeroso grupo de miembros de las autodefensas llegó hasta el corregimiento de Filo Gringo cumpliendo así la amenaza que había proferido, y que permaneció en el lugar por un lapso de cuatro días, durante los cuales causaron daños materiales a las viviendas de los pobladores, sin que aparezca acreditado en el expediente que en su marcha hacia el lugar, ni durante su permanencia en el sitio hubieran tenido enfrentamiento alguno con miembros del Ejército ni de la Policía. Es decir, que a pesar de que la incursión al corregimiento había sido previamente conocida por las autoridades militares y de policía, no se adelantó ninguna acción eficaz tendiente a impedirla, ni a proteger a la población civil.

3.3.2.3. Cabe señalar que en el expediente obra copia de otras órdenes de operaciones del Ejército, pero se advierte que las mismas no estaban dirigidas a impedir de manera concreta el cumplimiento de las amenaza del grupo ilegal en contra de los pobladores del corregimiento de Filo Gringo, y aunque pudiera aducirse que finalmente se dirigían a atacar los factores de violencia que afectaban a la región, lo cierto es que se desconoce el resultado de las mismas.

En efecto, obra en el expediente copia auténtica de las órdenes de operaciones Nº 052 de diciembre de 1999, “Centella”, cuyo objetivo militar eran las “fracciones de las ONT-ELN (…) calculados en aproximadamente 300 subversivos, con influencia sobre el área rural del municipio de Tibú, corregimiento de Orú, Tres Aguas, San José, del municipio de El Tarra, así mismo grupos de delincuentes de la autodefensas que delinquen en estos sectores en número aproximado a 200 hombres, grupos que están en capacidad de atentar contra la población civil y la fuerza pública” (fls. 50-53 anexo 10), y Nº 060 de enero de 2000, “Hércules”, con la misión de “capturar y/o destruir en combate grupos generadores de violencia, especialmente, miembros de las ONT del ELN, FARC que delinquen en Catatumbo, en el área rural del municipio de Tibú, corregimiento de Orú, la Angalia, Playa Cotiza...” (fls. 70-77 anexo 10), pero no obra prueba que acredite en qué medida el cumplimiento de esas operaciones incidió en el grupo paramilitar que se había apoderado de la región del Catatumbo, y mucho menos, de qué manera el cumplimiento de la misma implicó una protección para los pobladores del corregimiento de Filo Gringo.

3.3.2.4. Los demás documentos que obran en el expediente, permiten concluir que la persecución vivida por los pobladores del corregimiento de Filo Gringo por parte del grupo paramilitar no cesó con la toma del corregimiento y la destrucción de varias de sus viviendas, porque gran parte de los habitantes de ese corregimiento se desplazó a la zona urbana del municipio de El Tarra, que también sufrió la amenaza del grupo del grupo de autodefensas, sin que, se advierta ninguna actuación del Estado, diferente a un cruces de oficios entre las autoridades civiles y militares locales y del nivel nacional, en las cuales se solicitaba el incremento del pie de fuerza en la región para proteger a la población civil. Entre dichos oficios se destacan los siguientes:

— En oficio dirigido por el comandante de la V Brigada al comandante de la Segunda División del Ejército, el 4 de marzo de 2000, solicitó que en consideración a “los hechos terroristas ejecutados por los antisociales de las AUC en el corregimiento de Filo Gringo”, gestionara ante el comando superior el apoyo de medios helicoportados y de personal, indispensables para la realización de una operación militar ofensiva y contundente sobre el área general del Catatumbo (fl. 106 anexo 10).

— Ante esa solicitud, el comandante de la Segunda División del Ejército manifestó en oficio dirigido en la misma fecha al comandante de la V Brigada que en ese momento, la división tenía “disponible para apoyar las operaciones de esa unidad operativa menor en la región del Catatumbo un helicóptero UH-60, un artillado BELL-212 y un MI”, pero que las operaciones debían ser adelantadas con sus efectivos, mientras se recibiera apoyo del comando superior, porque esa división no contaba con personal disponible para el efecto (fl. 107 anexo 10).

— En oficio dirigido el 4 de marzo de 2000, por el comandante del Batallón Nº 46 al comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander (46 anexo 11), manifestó que esa unidad no poseía el personal necesario para efectuar una acción contundente y exitosa contra los mencionados grupos de violencia, localizados en el sector de Filo Gringo, los cuales, según la información proveniente de la población y de la misma Policía tenían un gran poder de combate y concentración; que esa unidad había elevado solicitud de apoyo al Comando de la Quinta Brigada, con relación al incremento del personal militar.

— El director general de la Dirección General de Orden Público y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, remitió oficio a la secretaría del interior del departamento de Norte de Santander, el 6 de marzo de 2000 (fl. 14 anexo 1), en la cual manifestó haber oficiado al comandante de la Policía en Norte de Santander y al comandante de la Quinta Brigada del Ejército para que tomaran las medidas necesarias para garantizar a las comunidades residentes en los corregimientos de Filo Gringo y Versalles.

— Oficio dirigido el 14 de marzo de 2000 por la secretaría del interior del departamento de Norte de Santander al Ministro del Interior (fls. 28-29 anexo 1), con el fin de que interviniera ante el Director de la Policía Nacional para que incrementara el pie de fuerza en el municipio de El Tarra, en el que sólo se contaba con 19 unidades, que resultaban insuficientes para repeler a los grupos armados que amenazaban con tomarse la cabecera de ese municipio, hacia donde habían huido los habitantes del corregimiento de Filo Gringo.

Agregó que la situación se había tornado aún más compleja en ese municipio, porque el comandante de la V Brigada del Ejército había dispuesto el desplazamiento de los 200 hombres que se hallaban en la vereda Versalles hacia el corregimiento Filo Gringo, con el fin de controlar la situación que allí se vivía, pero que los habitantes de dicha vereda manifestaron su intención de desplazarse al quedar desprotegidos y bajo las amenazas de las AUC.

— En respuesta a esa solicitud, el Ministro del Interior comunicó a la secretaría de interior del departamento de Norte de Santander que había dado traslado de su comunicación al Director General de la Policía Nacional y al Ministro de Defensa (fls. 30-31 anexo 1).

— Oficio dirigido por la secretaría del interior de Norte de Santander al Ministro de la Defensa, el 16 de marzo de 2000 (fls. 19-20 anexo 1), en el cual insistía en la necesidad de que se incrementara el pie de fuerza en la región, porque ante la solicitud de presencia inmediata del Ejército y de la Policía, la respuesta recibida fue el retiro del Batallón de Tarea Nº 10 del corregimiento La Gabarra, que realizaba control en la zona, en cumplimiento del compromiso asumido por el entonces Presidente de la República, en la visita que realizó a la zona el 21 de agosto de 1999, el cual fue trasladado al departamento de Antioquia.

— Oficio dirigido el 4 de mayo de 2000 por el director general de la Dirección General de Orden Público y Convivencia Ciudadana, a la secretaría del interior del departamento de Norte de Santander, en el cual informó que esa dirección había dirigido comunicaciones al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, al Ejército y a la Policía Nacional, con el fin de que se adoptaran las medidas pertinentes relacionadas con la situación de orden público que se vivía en los municipios de Tibú y El Tarra (fl. 32 anexo 1).

— Sendos oficios dirigidos el 7 de abril de 2000 por la secretaría del interior del departamento de Norte Santander a los ministros del Interior y de Defensa, al comandante del Ejército Nacional, al Director General de la Policía Nacional y al comandante de las Fuerzas Militares (fls. 41-54 anexo 1), en el cual puso en conocimiento de esas autoridades la información suministrada por el comandante de la Policía de Norte de Santander, sobre las actividades desarrolladas por los grupos alzados en armas y las que pretendían adelantar en los meses subsiguientes. Destaca la guerra desatada por las autodefensas campesinas, que incursionaron en esa región desde el 29 de mayo de 1999, en contra de los grupos subversivos que allí operaban, y contra las personas acusadas de ser simpatizantes o auxiliadores de los mismos, con el objetivo de obtener el dominio de la explotación de narcóticos en el Catatumbo, y la consecuente concentración de los grupos subversivos, dispuesto a atacar para recuperar el dominio de la región. Por lo que solicitó a esas entidades que se coordinaran acciones tendientes a evitar masacres de la población civil que se encontraba en medio del conflicto y de la misma fuerza pública, por su escasez de personal en la zona.

— El 13 de abril de 2000, el gobernador del departamento de Norte de Santander remitió oficio al comandante de la V Brigada del Ejército (fls. 55-56 anexo 1), con el fin de solicitar el incremento del pie de fuerza en la región. Destacó los hechos sangrientos ocurridos el 6 de abril de ese mismo año, en el municipio de Tibú, que se dio muerte a 21 personas y se causó heridas a otras 5, y la amenaza del grupo de autodefensas de incursionar al municipio de El Tarra para cometer una nueva masacre, municipio donde permanecían refugiados algunos de los habitantes del corregimiento de Filo Gringo, porque dicho grupo consideraba a toda la comunidad como colaboradora de la guerrilla.

— El 14 de abril de 2000, el gobernador del departamento de Norte de Santander le solicitó al comandante de ese departamento de policía reforzar el pie de fuerza en los municipios de Tibú y El Tarra, como consecuencia de la masacre ocurrida el día 6 anterior en la que se causó la muerte a 21 personas y heridas a otras cinco, y en razón de las amenazas contra los habitantes del último corregimiento hacia donde se desplazaron los habitantes del corregimiento Filo Gringo, porque según el grupo de delincuentes, todos los habitantes de la región eran auxiliadores de la guerrilla.

— Oficio dirigido por el gobernador de Norte de Santander al comandante de la V Brigada del Ejército, el 29 de mayo de 2000 (fl. 67 anexo 1), en el cual le solicitó protección para las 20 familias que habían regresado a corregimiento Filo Gringo, que habían abandonado el lugar, por las amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia, y para posibilitar el retorno del resto de familias que habían abandonado también el corregimiento. Además, solicitó la colaboración de esa autoridad para evitar la incursión de nuevos grupos ilegales a la región, en la cual, según lo manifestó el funcionario, se estaban adelantando gestiones con el fin de obtener los recursos necesarios para inversión social en la región y la sustitución de los cultivos de coca que allí estaban siendo fumigados por la Policía Antinarcóticos.

3.3.2.5. Obran, además, algunos oficios en los cuales los comandantes del Departamento de Policía de Norte de Santander y de la Quinta Brigada del Ejército, acantonado en el área del Catatumbo, informaron sobre las acciones desarrolladas en la región y sus resultados, en relación con los cuales se aprecia que dichas acciones fueron posteriores a la incursión paramilitar en el corregimiento de Filo Gringo, que ocasionó los daños de que trata esta acción y, en segundo lugar, que sus resultados fueron mínimos y aislados en proporción a la grave situación de violencia que se vivía en esa región, como puede apreciarse del contenido de dichos documentos, así:

— Oficio dirigido por el comandante de la V Brigada del Ejército al Vicepresidente de la República, el 17 de marzo de 2000 (fls. 59 anexo 1), mediante el cual informó que en la ejecución de operaciones ofensivas de contraguerrilla adelantadas en esa fecha, en la vereda Matacoco del corregimiento La Gabarra, sostuvieron un enfrentamiento armado con un grupo de autodefensas, operación en la cual dieron de baja a 3 delincuentes e incautaron 2 fusiles, 6 proveedores para los mismos y un vehículo Ford-350.

— Oficio dirigido por el comandante de la V Brigada del Ejército al gobernador de Norte de Santander, el 24 de abril de 2000 (fls. 60-64) en el cual afirma que las tropas con que cuenta la unidad operativa menor no son suficientes para cubrir de manera permanente todos los sitios en los cuales se solicita su presencia, por lo que se habían adelantado operaciones militares ofensivas en diferentes áreas, en contra de los agentes generadores de violencia, con el fin de neutralizar y desarticular sus planes terroristas. Se relacionaron en el informe las operaciones adelantadas por esa brigada y los resultados obtenidos en las mismas; además, se requirió la intervención del gobernador para que solicitara del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa un batallón de contraguerrilla para reforzar el pie de fuerza en los municipios de Tibú y en el corregimiento La Gabarra, y que las unidades de la Policía Nacional ejercieran un verdadero control de las áreas urbanas, que tenían bajo su responsabilidad, a fin de destinar las unidades del Ejército en las operaciones ofensivas en el área rural.

— Oficio dirigido el 17 de marzo de 2000 por el comandante de la V Brigada del Ejército a la Vicepresidencia de la República (fl. 84 anexo 1), en el cual le informó que en respuesta a la continua presencia y a los hechos violentos cometidos por grupos de autodefensas en contra de la población civil en los corregimientos de Filo Gringo y El Tarra, ese comando había ordenado la ejecución de operaciones ofensivas de contraguerrilla sobre el área, con el fin de neutralizar su accionar; que en esa misma fecha, las tropas de esa brigada habían sostenido un enfrentamiento en el corregimiento La Gabarra; que dieron de baja a tres delincuentes, incautaron material de guerra y un vehículo Ford-350.

— Oficio dirigido el 18 de abril de 2000 por el comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander al gobernador de ese departamento (fls. 64-65 anexo 1), en el cual le informó las acciones desarrolladas por ese comando en los municipios de Tibú y El Tarra.

— Comunicación dirigida el 24 de abril de 2000 por el director operativo de la Policía Nacional a la secretaría del interior de Norte de Santander (fl. 66 anexo 1), en la cual le informó que con el fin de neutralizar los grupos al margen de la ley que operaban en esa región y, concretamente, en los municipios de Tibú y El Tarra, se habían impartido instrucciones al comandante del Departamento de Policía de Norte de Santander, para que en coordinación con las demás autoridades responsables de la seguridad en esa jurisdicción atendieran el requerimiento formulado por esa secretaría.

— En el oficio remitido el 29 de marzo de 2000, por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército a la Vicepresidencia de la República, se informó que durante la operación militar realizada el día anterior, en el puente sobre el río Nuevo, vía Tibú - Cúcuta, tropas del Batallón de Contraguerrilla Nº 46 sostuvieron contacto armado contra delincuentes de las autodefensas, con los siguientes resultados: 1 delincuente dado de baja, 3 miembros de esa organización fueron detenidos, se incautó material de guerra, como armas y prendas de vestir, se causó la muerte a un soldado y heridas a otro (fls. 47-48 anexo 7, fl. 837 cdno. ppal.).

— En el oficio remitido el 29 de marzo de 2000, por el comandante de la Quinta Brigada del Ejército a la Vicepresidencia de la República, se informó que durante la operación militar realizada ese mismo día en la vereda Muzanda del municipio San Rafael de Lebrija, por tropas de los batallones García Rovira y de Contraguerrillas Nº 56, contra integrantes de las AUCC se obtuvieron los siguientes resultados: la captura de 20 hombres y 5 mujeres, presuntos miembros de esa organización, el decomiso de material de guerra y de un vehículo Toyota Prado y de 100 cabezas de ganado que habían sido hurtadas en la región (fl. 49 anexo 7, fl. 837 cdno. ppal.).

Con fundamento en las pruebas documentales que se reseñó a lo largo de esta providencia, se considera suficientemente acreditado que un grupo numeroso de miembros de la organización al margen de la ley, que se hacía denominar Autodefensas Unidas de Colombia, llegó a la región del Catatumbo, desde el mes de mayo de 1999, cumpliendo la amenaza que públicamente había dirigido esa organización criminal de tomarse esa región de país, con el anunciado objetivo de expulsar a los grupos insurgentes que allí operaban, según la versión oficial por la disputa entre organizaciones al margen de la ley, para apoderarse de una zona de una gran importancia económica y estratégica para el cultivo y transporte de cocaína.

Desde su llegada al Catatumbo, el grupo ilegal sembró el terror entre la población civil, contra la cual dirigió su ataque frontal. Bajo el señalamiento de que todos los habitantes de la región eran integrantes, colaboradores o simpatizantes de los grupos subversivos, cometieron masacres; amenazaron a los pobladores de las cabeceras de algunos municipios, corregimientos o veredas ubicados en los sitios estratégicos, de llegar esos lugares para darles muerte; instalaron “retenes” provisionales o permanentes en intersecciones de vías para cobrar “impuestos” o dar muerte a los transeúntes, lo que implicó el aislamiento de algunas poblaciones y el desplazamiento forzado de muchas otras. En fin, avanzaron sin tropiezo hasta cumplir con sus amenazas, desconociendo los más mínimos derechos fundamentales de las personas que allí habitaban.

Las acciones del grupo armado ilegal fueron conocidas por el Estado, en algunos casos, inclusive, antes de su ejecución, dado que siempre hicieron pública no sólo la amenaza del grupo paramilitar de tomarse la región, sino de avanzar hasta ciertos poblados y, en todo momento, las autoridades civiles y los organismos oficiales y no gubernamentales de defensa de derechos humanos, estuvieron informando y solicitando de las autoridades militares y policivas que operaban en esas localidades y del Gobierno Nacional, la protección para la vida y bienes de sus habitantes.

Pero la respuesta del Estado frente a ese ataque contra la población civil fue omisiva. Si bien está demostrado que se impartieron órdenes, instrucciones y se organizaron operaciones militares, lo cierto es que no se demostró que esas actuaciones hubieran estado dirigidas a impedir eficazmente que el grupo delincuencial cumpliera las amenazas contra los pobladores del corregimiento de Filo Gringo, amenaza que los obligó a desplazarse del lugar donde tenían asentado su domicilio para tratar de salvar sus vidas.

La envergadura del ataque, en consideración a la gravedad de los delitos cometidos y al número de los integrantes de la organización delincuencial, ameritaba medidas estatales serias, que de manera “contundente y exitosa” impidieran o confrontaran la incursión paramilitar en la región, o producida ésta, su avance sobre los municipios, corregimientos y veredas elegidos como objetivo militar por el grupo ilegal.

Consta en la prueba documental a que se hizo referencia antes que las autoridades militares y de policía que operaban en la zona impartieron instrucciones y órdenes a sus subalternos de combatir al grupo paramilitar y solicitaron el incremento del pie de fuerza en la región, porque reconocían sus graves limitaciones de personal y logísticas para cumplir con su deber constitucional de defender a las personas. Sin embargo, no se demostró que esas solicitudes hubieran tenido eco entre sus superiores jerárquicos o entre las autoridades civiles estatales, quienes se limitaron a cruzarse las mismas informaciones.

Tan evidente resulta el hecho de que no se adelantó en esa región del país ninguna acción militar seria y contundente, que el grupo paramilitar cumplió sin tropiezos todas y cada una de sus amenazas. Hubo incapacidad e indolencia de los efectivos militares y de la policía acantonados en la zona y una evidente falta de voluntad estatal para evitar sus desmanes y atropellos.

La defensa de los habitantes de la región y, en particular, del corregimiento de Filo Gringo se dejó a cargo de los miembros del Ejército y de la Policía que allí operaban, quienes ante su incapacidad para confrontar un ataque de tan considerables proporciones, asumieron una conducta pasiva, o al menos totalmente ineficaz.

Si bien es cierto que de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente no se acreditó que les hubieran sido impuestas sanciones penales o disciplinarias a los oficiales, suboficiales o agentes de la Policía que fueron sindicados del delito de concierto para delinquir, lo cierto es que sí resulta muy particular que en todos los eventos en que los paramilitares llegaron a los municipios a cometer las masacres, no hubiera habido ninguna reacción de la fuerza pública, como se señaló en las providencias dictadas en los procesos penales, a que se hizo alusión. Lo que sí se acreditó en el expediente es que la actuación de los miembros del Ejército y de la Policía que prestaban sus servicios en esa región fue bastante cuestionada por la población, lo cual motivó el inicio de una serie de investigaciones penales. En todo caso, no debe perderse de vista que lo que aquí se decide es la responsabilidad patrimonial de la Nación por la falla del servicio de seguridad que debió prestar a los habitantes del corregimiento de Filo Gringo y no la responsabilidad personal de sus agentes.

El Estado no podía abandonar a los pobladores del Catatumbo a su suerte ni dejarlos sólo en manos del escaso personal militar acantonado en la región. Para el ejercicio eficaz de la defensa de todas las personas contra cualquier agresión se entrega al Estado el monopolio de las armas. Por lo tanto, le era exigible adelantar todas las acciones militares necesarias y eficaces, tendientes a impedir que el grupo de autodefensas incurriera en los graves hechos de violencia de que hicieron víctimas a las personas que allí residían.

Tal como ya se señaló, la razón de ser de las autoridades públicas no es otra que la de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (C.P., art. 2º), obligaciones que en relación con los miembros de la fuerza pública establecen específicamente los artículos 217 y 218 ibídem, que señalan que a las Fuerzas Militares corresponde, entre otras funciones, la defensa de la soberanía del Estado y a la Policía Nacional el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Esa actitud general del Estado frente al conflicto vivido en el Catatumbo, desde mayo de 1999, no varió tratándose de la amenaza que públicamente había hecho el grupo ilegal en contra de los habitantes del corregimiento de Filo Gringo, amenaza que dio lugar a su desplazamiento forzado masivo, y que, finalmente, se materializó sin oposición alguna y sin consecuencias adversas en contra de la vida de sus pobladores, pero porque estos ya no se hallaban en el lugar, por lo que el acto de violencia se dirigió contra sus bienes. Aunque, se destaca, que la persecución del grupo paramilitar contra los pobladores de ese corregimiento no terminó allí, porque los desplazados fueron perseguidos hasta sus refugios y, al menos en un caso registrado en el expediente, masacrados.

La soberanía del Estado, el orden público y los derechos humanos de los habitantes del corregimiento de Filo Gringo fueron desconocidos por el grupo de autodefensas que desde su llegada a la región amenazó con llegar hasta ese lugar y dar muerte a sus pobladores, objetivo hasta el cual avanzó con paso seguro, para llegar finalmente el 29 de febrero de 2000, e incinerar varias de sus viviendas, por no haber encontrado allí a sus pobladores, quienes habían huido para proteger sus vidas. Frente a esas actuaciones de violencia, el Estado asumió una conducta omisiva, constitutiva de falla del servicio, en tanto no adelantó ninguna acción militar de las proporciones que esos actos de violencia ameritaban.

El Estado tenía el monopolio de las armas. Si este hubiera decidido evitar la agresión del grupo paramilitar y defender a la población civil, hubiera podido interrumpir el proceso causal iniciado con la marcha del grupo de autodefensas a la zona del Catatumbo y, en particular contra los pobladores del corregimiento de Filo Gringo, quienes, se insiste, ante la desprotección estatal no tuvieron alternativa diferente a abandonar su domicilio para padecer las penurias del desplazamiento forzado.

Es cierto que la jurisprudencia ha considerado que la relatividad de las obligaciones del Estado (20) , esto es, no le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas cuando son causados por los particulares, en consideración a que las obligaciones del Estado están limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible” (21) . No obstante, esta misma corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa el incumplimiento de sus obligaciones, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquellas que en relación con el caso concreto le correspondían (22) .

Y, en el caso concreto, se reitera, el Estado no acreditó que le fue imposible defender a la población del corregimiento del Catatumbo. Tal vez ese imposibilidad sí era predicable en relación con los miembros del Ejército y de la Policía acantonados en la zona, pero no para la fuerza pública, que como ya se señaló, no adelantó ninguna acción tendiente a combatir de manera eficaz el grupo paramilitar que llegó a la zona y sin obstáculo alguno cumplió sus amenazas criminales contra la población civil.

Por lo tanto, el Estado es responsable de los daños sufridos por el grupo accionante, integrado por las personas domiciliadas en el corregimiento Filo Gringo que debieron desplazarse del lugar, por temor a perder sus vidas y que sufrieron los daños materiales derivados de la destrucción de sus viviendas.

4. La indemnización.

Toda víctima del desplazamiento es a su vez sujeto pasivo del delito de desplazamiento (23) y, por lo tanto, tiene derecho a conocer la verdad sobre las causas de lo sucedido; a que se haga justicia, en cuanto reciban castigo los responsables del daño y a obtener la reparación de los daños que les fueren causados (24) .

En el caso concreto, la indemnización se concederá a las víctimas del desplazamiento forzado del corregimiento de Filo Gringo, esto es, quienes acreditaron que tenían su domicilio o ejercían allí su actividad económica habitual y se vieron forzados a emigrar de ese lugar, como consecuencia de la incursión paramilitar ocurrida en esa región del país desde el 29 de mayo de 1999, la multiplicidad de hechos de violencia cometidos contra sus pobladores y las amenazas de incursionar a ese corregimiento para dar muerte a sus pobladores, a quienes señalaron como guerrilleros o auxiliadores de dichos grupos.

4.1. La indemnización por el daño moral y la alteración de las condiciones de existencia.

La Sala calcula el valor de la indemnización colectiva por el daño moral y la alteración de las condiciones existencia sufridos por los desplazados, en 26.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de los cuales le corresponde a cada uno de los 538 miembros del grupo la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que deberá ser depositada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Ejército Nacional a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia.

Tendrán derecho a reclamar dicha indemnización las personas que se relaciona en la parte resolutiva de esta sentencia, en relación con quienes aparece demostrado que tenían su domicilio en el corregimiento de Filo Gringo, bien porque así lo certificó la Defensoría del Pueblo con las copias de las denuncias que presentaron ante diferentes personerías, o porque acreditaron ser usuarios de las centrales eléctricas de Norte de Santander, o estudiantes, o docentes del colegio y de las escuelas del corregimiento de Filo Gringo, y se vieron forzados a desplazarse como consecuencia de la incursión paramilitar que se produjo en el corregimiento, como se señaló antes.

1AcostaWilsonCentrales Eléctricas
2Acosta MontejoJulioCentrales Eléctricas
3Acosta VargasEndersonEscuela R. Puerto Catatumbo
4Alvarado GarayOmarColegio Juventudes del Catatumbo
5ÁlvarezArgemiroProfesores Área Rural
6Álvarez ÁlvarezNancyColegio Juventudes del Catatumbo
7Álvarez LeónCarlos EnriqueColegio Juventudes del Catatumbo
8Álvarez LeónAlexandraColegio Juventudes del Catatumbo
9AmayaDeiris EstellaProfesores área rural
10Amaya DuránBelénColegio Juventudes del Catatumbo

11Anteliz OrtizLuz EmirColegio Juventudes del Catatumbo
12AntolixDionagelCentrales eléctricas
13Arévalo DuránFreiman YufrethColegio Juventudes del Catatumbo
14AscanioOlivaEscuela rural El Diviso
15AscanioLuz MeilaEscuela rural El Diviso
16AscanioAlfonsoEscuela rural El Diviso
17AscanioSenaidaEscuela rural El Diviso
18AscanioJosé GracianoCentrales eléctricas
19Ascanio AscanioLuz MilaEscuela rural Filo Gringo
20Ascanio GuerreroJhon JairoEscuela rural Filo Gringo
21Ascanio LeónIsaidCentrales eléctricas
22AscanioJaiverEscuela rural Bocas de Orú
23Ascario AscarioMary NeidaEscuela rural Filo Gringo
24Ascario AscarioUbernelEscuela rural Filo Gringo
25AvendañoAlbeiroEscuela rural San Martín
26AvendañoEduardoEscuela rural San Martín
27AvendañoLuz MarinaEscuela rural San Martín
28AvendañoMarilyEscuela rural San Martín
29AvendañoUrielDenuncia de personería
30AvendañoDiegoDenuncia de personería
31AvendañoSaid AlfonsoDenuncia de personería
32Avendaño ClaroMaritzaDenuncia de personería
33Ávila QuinteroMaira PaolaDenuncia de personería
34BalagueraSandraEscuela rural San Martín
35Balaguera C.AlbeiroEscuela rural San Martín
36Balaguera RolónJuanEscuela rural Bocas de Orú
37Balaguera RolónMaribelEscuela rural Bocas de Orú
38Balaguera RolonMaricelaEscuela rural Bocas de Orú
39BallesterosAlbaniCentrales eléctricas
40BarónJorge E.Escuela r. Puerto Catatumbo
41BarónYuly JohanaEscuela r. Puerto Catatumbo
42BarónAlfonsoEscuela r. Puerto Catatumbo
43BarónAlexanderEscuela r. Puerto Catatumbo
44Barrientos EslavaYurleidyEscuela rural Filo Gringo
45Barrientos GelvezJosé GregorioEscuela rural Filo Gringo
46Barrientos GelvezJesús GabrielEscuela rural Filo Gringo
47Barros CorredorDuvánDenuncia de personería
48Barros CorredorDaniel FernandoDenuncia de personería
49Barros CorredorDiego AndrésDenuncia de personería
50Barros LambrañoMelkicedelDenuncia de personería
51Barros QuiñónezPlinio RafaelDenuncia de personería
52Bautista CáceresJhon JairoColegio Juventudes del Catatumbo
53Bautista CáceresEnyerColegio Juventudes del Catatumbo
54Bautista DuránFanny Del CarmenColegio Juventudes del Catatumbo
55BayonaJoséCentrales eléctricas
56Bayona TorradoYulyColegio Juventudes del Catatumbo

57BelbeciKatherineEscuela rural La Fría
58BetancourtNoheliaCentrales eléctricas
59Betancur AriasNoheliaProfesor escuela Filo Gringo
60CáceresYudith EstherColegio Juventudes del Catatumbo
61Camacho ContrerasUberlenisColegio Juventudes del Catatumbo
62Campo QuinteroNidiaProfesor área rural
63CamposAna IsabelProfesor escuela Filo Gringo urbana
64Cañas LucasDiego AntonioColegio Juventudes del Catatumbo
65CañizaresManuelEscuela rural El Diviso
66CañizaresJosé AlbertoEscuela rural El Diviso
67CañizaresAureliaEscuela rural El Diviso
68CañizaresMaricelaEscuela rural El Diviso
69CárdenasRumaldoEscuela rural El Diviso
70CárdenasDileidaEscuela rural El Diviso
71Cárdenas ParadaCelinaProfesor escuela Filo Gringo urbana
72Cárdenas RodríguezMónicaEscuela rural Filo Gringo
73CarrascalRichardEscuela r. Puerto Catatumbo
74CarrascalOmairaEscuela r. Puerto Catatumbo
75CarrascalJosé JasmaniEscuela r. Puerto Catatumbo
76CarrascalDiegoEscuela r. Puerto Catatumbo
77CarrascalRubielaEscuela r. Puerto Catatumbo
78CarrascalYessicaEscuela rural San Martín
79CarrascalKaren M.Escuela rural San Martín
80CarrascalElpidioCentrales eléctricas
81CarrascalAlcidesCentrales eléctricas
82Carrascal AmayaLucelyColegio Juventudes del Catatumbo
83Carrascal AmayaFernandoColegio Juventudes del Catatumbo
84Carrascal BotelloEutimioProfesores área rural
85Carrascal CarrascalKaren M.Escuela rural San Martín
86Carrascal MontejoAgustínCentrales eléctricas
87Carrascal RamírezOmairaColegio Juventudes del Catatumbo
88Carrascal T.DexyEscuela r. Puerto Catatumbo
89Carrascal V.PatriciaEscuela r. Puerto Catatumbo
90Carrascal V.YasmanyEscuela r. Puerto Catatumbo
91CarrilloHugo A.Escuela r. Puerto Catatumbo
92CarrilloJesús AntonioEscuela r. Puerto Catatumbo
93Carvajal GutiérrezMarcos OmarColegio Juventudes del Catatumbo
94Carvajal GutiérrezMaría del CarmenColegio Juventudes del Catatumbo
95Carvajal GutierrezJosé de JesúsColegio Juventudes del Catatumbo
96Carvajalino RodríguezLaudithColegio Juventudes del Catatumbo
97CasaJuana MaríaCentrales eléctricas
98CasadiegoMerlis D.Escuela rural San Martín
99Casadiego BermonLidis MaríaColegio Juventudes del Catatumbo
100Casadiego BermonLuz EnithColegio Juventudes del Catatumbo
101Casadiego BermonLuz MarinaColegio Juventudes del Catatumbo
102Casadiego CasadiegoAudelinaColegio Juventudes del Catatumbo

103Casadiego CasadiegoArisilenyEscuela rural San Martín
104Casadiego CasadiegoMery LeidaEscuela rural San Martín
105CasadiegoAlbertoCentrales eléctricas
106CasadiegoJuan de DiosCentrales eléctricas
107CasadiegoAna VenidlaCentrales eléctricas
108Castrillo VeraAristóbuloColegio Juventudes del Catatumbo
109Castrillo VeraJosé del CarmenColegio Juventudes del Catatumbo
110Castrillo VeraAlexanderColegio Juventudes del Catatumbo
111Castrillo VeraFidelinaColegio Juventudes del Catatumbo
112CastrillónZuleimaEscuela rural El Diviso
113CastrillónJohanaEscuela rural El Diviso
114CastrillónLilianaEscuela rural El Diviso
115CastrillónMileidyEscuela rural El Diviso
116CastroJoséCentrales eléctricas
117ChinchillaHugo AlfonsoDenuncia de personería
118Chinchilla MonguiYerson SamidColegio Juventudes del Catatumbo
119Chinchillá MonguíYesica EdithDenuncia de personería
120Chinchillá MonguíYeir DorianDenuncia de personería
121Chinchilla QuinteroJasielDenuncia de personería
122Chiquillo PérezCiro AlfonsoColegio Juventudes del Catatumbo
123Chona CarrilloGiselaCentro docente Cuatro Esquinas
124Chona CarrilloYeisonCentro docente Cuatro Esquinas
125CifuentesHernandoEscuela rural San Martín
126ClaroJosé HilarioCentrales eléctricas
127Claro AvendañoAna RosaColegio Juventudes del Catatumbo
128Claro AvendañoLuz MarinaColegio Juventudes del Catatumbo
129Collantes OrtegaCarmen CeciliaColegio Juventudes del Catatumbo
130ContrerasElibanetEscuela rural San Martín
131ContrerasMaryureEscuela rural San Martín
132ContrerasJoséCentrales eléctricas
133ContrerasJuan de la CruzCentrales eléctricas
134Contreras RodríguezZuleinyEscuela rural San Martín
135Contreras RodríguezMaryuriEscuela rural San Martín
136Contreras RodríguezElibanetEscuela rural San Martín
137Contreras SerranoWilmer AlexanderColegio Juventudes del Catatumbo
138CoronelLeidy JohanaProfesores área rural
139CorredorM. FelisaCentrales eléctricas
140CorredorGladis MaríaDenuncia de personería
141CuadrosDanielCentrales eléctricas
142Delgado TorradoEdinsonEscuela rural Filo Gringo
143Delgado TorradoLeidyEscuela rural Filo Gringo
144Dias B.Lus MarinaEscuela Buenos Aires
145Dias BautistaSaidaEscuela Buenos Aires
146Díaz CoronelLuis OnofreEscuela Rural Buenos Aires
147Díaz PeñarandaJosé AntonioEscuela Rural Buenos Aires
148DuránAlexanderEscuela rural El Diviso

149DuránAlexisEscuela rural El Diviso
150DuránWilmerEscuela rural El Diviso
151DuránJasmínEscuela rural El Diviso
152DuránDiosemilEscuela rural El Diviso
153DuránIlva RosaCentrales eléctricas
154Durán AntelizZuleimaEscuela Buenos Aires
155Durán AscanioFaiberEscuela rural El Diviso
156Durán AscanioKaren XimenaEscuela rural Buenos Aires
157Durán AscanioYasmínEscuela rural Buenos Aires
158Durán AscanioYeiderEscuela rural Buenos Aires
159Durán AscanioIsleiderEscuela rural Buenos Aires
160Durán AscanioLuisaiderEscuela rural Buenos Aires
161Durán AscanioRobinsonEscuela rural Buenos Aires
162Durán AscanioAna DivaEscuela rural Buenos Aires
163Durán BayonaAldreyEscuela rural Buenos Aires
164Durán BayonaOviedoEscuela rural Buenos Aires
165Durán BayonaCarlos AlirioEscuela rural Buenos Aires
166Durán CuadrosMaría CristinaColegio Juventudes del Catatumbo
167Durán DuránTania YolenaColegio Juventudes del Catatumbo
168Durán G.KeilaEscuela rural San Martín
169Durán G.Mendy V.Escuela rural San Martín
170Durán GarcíaMaría AdelaidaColegio Juventudes del Catatumbo
171Durán GarcíaAna YibeColegio Juventudes del Catatumbo
172Durán GarcíaCarmenzaColegio Juventudes del Catatumbo
173Durán GuerreroEiderEscuela rural San Martín
174Durán MendozaLeider AdolfoColegio Juventudes del Catatumbo
175Durán OrtegaNellyEscuela Buenos Aires
176Durán OvallosAlirioColegio Juventudes del Catatumbo
177Durán OvallosJeinny AmparoColegio Juventudes del Catatumbo
178Durán PeñaHermidesEscuela rural Filo Gringo
179Durán PeñaMaría BelénCentrales eléctricas
180Durán QuinteroDuván LeandroDenuncia de personería
181Durán TorradoZuleimaEscuela rural Buenos Aires
182Durán TorresYon JairoColegio Juventudes del Catatumbo
183Durán TorresJesús LainColegio Juventudes del Catatumbo
184Durán TorresEduar AlonsoColegio Juventudes del Catatumbo
185Durán TorresLuz YanethColegio Juventudes del Catatumbo
186Espinel GranadosGustavoCentrales eléctricas
187Estrada Q.YajairaCentro Cuatro Esquinas
188Estrada Q.ZoraidaCentro Cuatro Esquinas
189Fierro P.Nini YohanaEscuela Buenos Aires
190Fierro PerezZoraidaEscuela rural Buenos Aires
191Flórez GuerreroFranciColegio Juventudes del Catatumbo
192FrancoYuleyEscuela rural Puerto Catatumbo
193Franco B.DionangelEscuela rural San Martín
194Franco BecerraSuleinyEscuela rural San Martín

195GabonaLuisCentrales eléctricas
196Gafaro RojasRubén DaríoColegio Juventudes del Catatumbo
197GalvisMaría del CarmenColegio Juventudes del Catatumbo
198GalvisÁlvaroCentrales eléctricas
199GalvisJesús AurelioColegio Juventudes del Catatumbo
200Galvis OchoaJimmy AlexanderColegio Juventudes del Catatumbo
201Galvis TorresAleydiColegio Juventudes del Catatumbo
202Galvis TorresDorisColegio Juventudes del Catatumbo
203Galvis TorresNubia StellaColegio Juventudes del Catatumbo
204GalvizSandra MilenaProfesores área rural
205Garaviz AmayaEddy YohanaEscuela rural Buenos Aires
206Garay CanoElisanderEscuela rural San Martín
207Garay CanoDiomedesEscuela rural San Martín
208GarcíaDeniaCentrales eléctricas
209García SánchezJoséCentrales eléctricas
210Garzón MateusDarley SamuelColegio Juventudes del Catatumbo
211Garzón SánchezJosé LuisColegio Juventudes del Catatumbo
212GiraldoMelby P.Escuela rural San Martín
213Giraldo SalazarAideeColegio Juventudes del Catatumbo
214Giraldo SalazarWillintonEscuela rural San Martín
215Giraldo SalazarJosé ManuelEscuela rural San Martín
216GómezJesúsCentrales eléctricas
217Gómez CarvajalFerneyEscuela rural Filo Gringo
218Gómez PerezSulayColegio Juventudes del Catatumbo
219Guardiola DomínguezAdil JoséColegio Juventudes del Catatumbo
220GuarínAdielaCentrales eléctricas
221GuerreroEudesEscuela rural Bocas de Orú
222GuerreroZuanyEscuela rural El Diviso
223GuerreroOlicerEscuela rural El Diviso
224GuerreroDairoEscuela rural San Martín
225GuerreroTorcoromaEscuela rural San Martín
226GuerreroBlancaEscuela rural San Martín
227GuerreroCiro AlfonsoCentrales eléctricas
228Guerrero A.Yeison C.Centro Cuatro Esquinas
229Guerrero ArenasYuleinyCentro Cuatro Esquinas
230Guerrero ArenasYurgenCentro Cuatro Esquinas
231Guerrero CañizaresCiro AlfonsoDenuncia de personería
232Guerrero ContrerasNoheliaColegio Juventudes del Catatumbo
233Guerrero OrtegaAna del CarmenColegio Juventudes del Catatumbo
234Guerrero OrtegaAlisanderColegio Juventudes del Catatumbo
235Guerrero OrtegaAlbeiroColegio Juventudes del Catatumbo
236Guerrero OrtegaYaneidaColegio Juventudes del Catatumbo
237Guerrero RodríguezEuderEscuela rural Filo Gringo
238GutiérrezMaría RubielCentrales eléctricas
239Guzmán VallonaTorradoCentrales eléctricas
240Haro QuinteroTania PatriciaColegio Juventudes del Catatumbo

241Haro QuinteroYolibethColegio Juventudes del Catatumbo
242Herrera MontañoJuan CarlosColegio Juventudes del Catatumbo
243Jaime de PallaresAna MercedesColegio Juventudes del Catatumbo
244Jaimes D.Jhon CarlosEscuela Buenos Aires
245Jaimes DuránJesikaEscuela Buenos Aires
246Jaimes DuránJhan CarloEscuela rural Buenos Aires
247Jaimes DuránYesica YuliethEscuela rural Buenos Aires
248Jaimes DuránLinjainerEscuela rural Buenos Aires
249Jaimes QuinteroOneidaEscuela rural La Fría
250Jaimes QuinteroGloriaEscuela rural La Fría
251LeónLuisCentrales eléctricas
252LeónElver IgnacioEscuela rural La Fría
253León BermonMery JazmínColegio Juventudes del Catatumbo
254León G.YurleyEscuela rural San Martín
255León GalvisArelisEscuela rural San Martín
256León MartínezLeidyEscuela r. Puerto Catatumbo
257León MartínezZuleyEscuela r. Puerto Catatumbo
258León QuinteroMarinelsaColegio Juventudes del Catatumbo
259León V.AlexanderCentro Cuatro Esquinas
260León VillamizarJaimeCentro Cuatro Esquinas
261LizarazoÁlvaroCentrales eléctricas
262Lizarazo RamírezJanerColegio Juventudes del Catatumbo
263Lizarazo RamírezDarielsonColegio Juventudes del Catatumbo
264Lizarazo RamírezAndersonEscuela rural Filo Gringo
265Lizarazo VelásquezDeninsonColegio Juventudes del Catatumbo
266Lizarazo VelásquezJhon HeverColegio Juventudes del Catatumbo
267LizcanoJersonEscuela rural San Martín
268LlanezSandra Y.Escuela rural San Martín
269LlanezYasneiderEscuela rural San Martín
270Llanez OrtizMarisellaEscuela rural San Martín
271LópezDeynoraCentrales eléctricas
272LópezLuzleneCentrales eléctricas
273López AcostaFreddy AntonioColegio Juventudes del Catatumbo
274López AcostaJohan AlbertoColegio Juventudes del Catatumbo
275Macías BalvuenaLeonardoCentrales eléctricas
276Mariño RojasJuan CarlosColegio Juventudes del Catatumbo
277MárquezYudithEscuela rural San Martín
278MárquezWilmerEscuela rural San Martín
279MárquezRamiroCentrales eléctricas
280MárquezJosé HernandoCentrales eléctricas
281Márquez AngaritaJailberColegio Juventudes del Catatumbo
282Márquez AngaritaÁngel MaríaColegio Juventudes del Catatumbo
283Márquez CamachoAyda YanethEscuela rural Filo Gringo
284Márquez D.JudithEscuela rural San Martín
285Márquez DíazYamile J.Escuela rural San Martín
286Márquez DíazArbeyEscuela rural San Martín

287Márquez LizarazoRamiroCentrales eléctricas
288Márquez V.DamarisEscuela rural San Martín
289Márquez VillalbaWilmerEscuela rural San Martín
290Márquez VillamizarLeonardColegio Juventudes del Catatumbo
291Martínez BalagueraAydeeColegio Juventudes del Catatumbo
292Martínez PérezArismelCentrales eléctricas
293Martínez RincónLilianaEscuela rural Filo Gringo
294Mendoza CaicedoRosa AmeliaCentrales eléctricas
295Mendoza RamírezAurelianoColegio Juventudes del Catatumbo
296MerlynYohana JácomeProfesores escuela Filo Gringo urbana
297MolinaYasleidyEscuela rural El Diviso
298MolinaSandraEscuela rural El Diviso
299Montagut MarcialesSofíaCentrales eléctricas
300MontañoArístidesCentrales eléctricas
301Montaño PradoAlejandroColegio Juventudes del Catatumbo
302MontejoNeiberEscuela rural El Diviso
303MontejoJorgeCentrales eléctricas
304Mora LeónCiro AlfonsoEscuela rural Filo Gringo
305Mora LeónÉlidaEscuela rural Filo Gringo
306Mora LeónFredy AlbertoEscuela rural Filo Gringo
307Mora PáezPedroCentrales eléctricas
308MorenoAdolfoCentrales eléctricas
309Moreno ArdilaOlverEscuela Buenos Aires
310Moscote GuevaraLeonelColegio Juventudes del Catatumbo
311Muscote GuevaraHaydéProfesores escuela Filo Gringo urbana
312Nariño ArdilaNini JohanaColegio Juventudes del Catatumbo
313Navarro OrtegaMaría YarlediColegio Juventudes del Catatumbo
314Niño RoperoAlexanderColegio Juventudes del Catatumbo
315Niño RoperoJhon CarlosColegio Juventudes del Catatumbo
316NúñezRodrigoCentrales eléctricas
317OrtegaZoraidaEscuela rural Buenos Aires
318OrtegaNellyEscuela rural Buenos Aires
319Ortiz AscanioOrlandoEscuela rural Bocas de Orú
320OvallosOlivainProfesores área rural
321Ovallos B.JohanaEscuela r. Puerto Catatumbo
322Ovallos BarbosaSuleimaColegio Juventudes del Catatumbo
323Ovallos CarrascalMary CeciliaColegio Juventudes del Catatumbo
324Ovallos SandovalMaribelColegio Juventudes del Catatumbo
325Páez FrancoFranci ElenaColegio Juventudes del Catatumbo
326Palacios HerreraMeryColegio Juventudes del Catatumbo
327Palencia QuinteroÉdgarColegio Juventudes del Catatumbo
328Palencia QuinteroOmairaColegio Juventudes del Catatumbo
329PallaresDaniloEscuela r. Puerto Catatumbo
330PallaresGobekCentrales eléctricas
331Pallares EstradaAlid MaríaColegio Juventudes del Catatumbo
332Pallares J.YuleydyEscuela r. Puerto Catatumbo

333Pallares J.José DaniloEscuela r. Puerto Catatumbo
334Pallares JaimeYimerColegio Juventudes del Catatumbo
335Pallares JaimeHerbeyidColegio Juventudes del Catatumbo
336Pallares JaimeAlidioColegio Juventudes del Catatumbo
337Pallares PérezDigneryColegio Juventudes del Catatumbo
338Paredes GuerreroYeisonCentro docente Cuatro Esquinas
339ParraAdolfoCentrales eléctricas
340Parra de SalazarCorinaCentrales eléctricas
341Pedrozo UreñaHernán SegundoColegio Juventudes del Catatumbo
342Pedrozo UreñaElizabeth MaríaColegio Juventudes del Catatumbo
343PeñarandaJoséCentrales eléctricas
344PeñarandaJosé AlirioCentrales eléctricas
345PeñarandaAlirioCentrales eléctricas
346PeñarandaJosé AlirioDenuncia de personería
347Peñaranda QuinteroKevin DamiánDenuncia de personería
348PérezJonathanEscuela rural San Martín
349PérezAna ElvaCentrales eléctricas
350Pérez BallesterosJesúsCentrales eléctricas
351Pérez CarrascalSandra PaolaColegio Juventudes del Catatumbo
352Pérez CarrascalCamiloColegio Juventudes del Catatumbo
353Pérez MoraYury LicethEscuela Buenos Aires
354Pérez ParadaLuz ElenaColegio Juventudes del Catatumbo
355Pérez ParadaAnaideEscuela r. Puerto Catatumbo
356Pérez ParadaEduardoEscuela r. Puerto Catatumbo
357Pérez PeñarandaSandra MilenaColegio Juventudes del Catatumbo
358Pérez PérezPaulaEscuela rural San Martín
359Pérez PérezJeine JohanaEscuela rural San Martín
360PetronaDelia CasariegoCentrales eléctricas
361PinedaJorge EmiroEscuela rural El Diviso
362PinedaLuis AlbertoEscuela rural El Diviso
363Pineda TorradoAna ElesColegio Juventudes del Catatumbo
364Pineda TorradoNinceColegio Juventudes del Catatumbo
365Pineda VelásquezArmenioCentrales eléctricas
366PiñerosGerman AntonioCentrales eléctricas
367PiñerosJulio EnriqueCentrales eléctricas
368PiñerosFidelCentrales eléctricas
369PrietoJefersonEscuela r. Puerto Catatumbo
370PuertoAna BalagueraCentrales eléctricas
371Quintero S.Edith YojannyEscuela Buenos Aires
372QuinteroJhon JairoEscuela rural San Martín
373QuinteroLuz EnithEscuela rural San Martín
374QuinteroAna MercedesCentrales eléctricas
375QuinteroEladioCentrales eléctricas
376QuinteroYuryen EmiroCentrales eléctricas
377QuinteroJosé del CarmenCentrales eléctricas
378QuinteroAlcina RamonaCentrales eléctricas

379QuinteroRafaelCentrales eléctricas
380QuinteroCarmen CeciliaProfesores área rural
381QuinteroMartha CeciliaProfesores área rural
382Quintero ArdilaAideeColegio Juventudes del Catatumbo
383Quintero ArdilaNeudysColegio Juventudes del Catatumbo
384Quintero ArévaloIsolinaColegio Juventudes del Catatumbo
385Quintero BarbosaMiguelColegio Juventudes del Catatumbo
386Quintero C.Laida RosaEscuela Buenos Aires
387Quintero C.DarwinEscuela rural San Martín
388Quintero CáceresEdwinColegio Juventudes del Catatumbo
389Quintero CanoIsaidEscuela rural Buenos Aires
390Quintero CanoLeida RosaEscuela rural Buenos Aires
391Quintero CarrascalDarwinEscuela rural San Martín
392Quintero CarrascalYazmínEscuela rural San Martín
393Quintero ChonaEdy JohanaColegio Juventudes del Catatumbo
394Quintero ClaroDinaEscuela Buenos Aires
395Quintero ClaroEzequielEscuela rural Buenos Aires
396Quintero DíazRosarioColegio Juventudes del Catatumbo
397Quintero M.YeisonEscuela rural San Martín
398Quintero MárquezLucenithEscuela rural San Martín
399Quintero MontañoNedidEscuela rural San Martín
400Quintero MontañoYackelineEscuela rural San Martín
401Quintero O.Abel AntonioEscuela Buenos Aires
402Quintero OrtegaErlindaEscuela rural Buenos Aires
403Quintero RincónJorgeCentrales eléctricas
404Quintero RincónMaría AydéDenuncia de personería
405Quintero RodríguezFreddyEscuela rural Buenos Aires
406Quintero RodríguezDorisEscuela rural Buenos Aires
407Quintero S.ArvenisEscuela Buenos Aires
408Quintero SalazarSergioEscuela Buenos Aires
409Quintero SalazarDiomedesEscuela rural Buenos Aires
410Quintero SalazarEdith YojanyEscuela rural Buenos Aires
411Quintero SanguinoJaleisyColegio Juventudes del Catatumbo
412Quintero SanguinoMaritzaColegio Juventudes del Catatumbo
413Quintero SanguinoYeimyColegio Juventudes del Catatumbo
414Quintero CarrascalWaltherColegio Juventudes del Catatumbo
415Ramírez IbarraYesica PaolaEscuela rural Filo Gringo
416Ramírez IbarraAna BenildaEscuela rural Filo Gringo
417Ramírez LizarazoElva MaríaColegio Juventudes del Catatumbo
418Ramírez MendozaMartha SocorroColegio Juventudes del Catatumbo
419Reyes LázaroNaun JoséColegio Juventudes del Catatumbo
420RincónMeidenCentrales eléctricas
421RincónFabiolaCentrales eléctricas
422RincónIrisCentrales eléctricas
423Rincón ÁvilaGleicirColegio Juventudes del Catatumbo
424Rincón VillamizarÉdgarColegio Juventudes del Catatumbo

425Ríos AlverniaDairo AntonioColegio Juventudes del Catatumbo
426Riveros QuinteroLeidyEscuela rural La Fría
427Rocha MartínezXiomaraColegio Juventudes del Catatumbo
428Rodríguez BalagueraAlyColegio Juventudes del Catatumbo
429Rodríguez BalagueraDiomedesColegio Juventudes del Catatumbo
430Rodríguez DuránDorisProfesores escuela Filo Gringo urbana
431Rodríguez QuinteroLlenerColegio Juventudes del Catatumbo
432Rodríguez QuinteroFreddyEscuela rural Buenos Aires
433Rodríguez QuinteroDorisCentrales eléctricas
434Rojas S.Carlos EmiroEscuela r. Puerto Catatumbo
435Rojas SolanoEduardoEscuela r. Puerto Catatumbo
436RolónBaudilioCentrales eléctricas
437RolónMiguel RobertoCentrales eléctricas
438Rolón AfanadorÁlvaroEscuela rural Bocas de Orú
439Rolón AfanadorPedro LuisEscuela rural Bocas de Orú
440Rolón AfanadorEduardoEscuela rural Bocas de Orú
441Rolón AfanadorYamileEscuela rural Bocas de Orú
442Rolón CárdenasMaría BelénColegio Juventudes del Catatumbo
443Rolón CárdenasMarcosColegio Juventudes del Catatumbo
444Rolón LópezGilmar GonzaloColegio Juventudes del Catatumbo
445Rolón LópezArelisColegio Juventudes del Catatumbo
446Rolón LópezYudy MilenaColegio Juventudes del Catatumbo
447Rolón UreñaAna BelénEscuela rural Filo Gringo
448Rolón UreñaHumbertoEscuela rural Filo Gringo
449Rolón UreñaMaría AudelinaEscuela rural Filo Gringo
450RomeroFranklinEscuela rural El Diviso
451Romero PachecoEidy JohanaColegio Juventudes del Catatumbo
452RubioMaribelEscuela r. Puerto Catatumbo
453RubioLuis AlbertoEscuela r. Puerto Catatumbo
454Salazar GarcíaEver ArmandoEscuela rural Filo Gringo
455Sánches PérezRosa ElenaEscuela Buenos Aires
456SánchezJosé del CarmenColegio Juventudes del Catatumbo
457SánchezWilmerEscuela rural San Martín
458SánchezSaida M.Escuela rural San Martín
459SánchezYulied C.Escuela rural San Martín
460SánchezYeine K.Escuela rural San Martín
461SánchezEduard Y.Escuela rural San Martín
462SánchezAmparoCentro docente Cuatro Esquinas
463SánchezHéctor JulioCentrales eléctricas
464Sánchez P.WilderCentro docente Cuatro Esquinas
465Sánchez PérezAna RosaEscuela Buenos Aires
466Sánchez QuinteroDairoEscuela rural San Martín
467Sánchez QuinteroArleyEscuela rural San Martín
468Sánchez S.YuraimaEscuela rural San Martín
469Sánchez SánchezMilton A.Escuela rural San Martín
470Sánchez SánchezMaría del C.Escuela rural San Martín

471Sánchez T.EsneiderEscuela rural San Martín
472Sánchez T.Jorge E.Escuela rural San Martín
473Sánchez T.Wilmer A.Escuela rural San Martín
474Sánchez TorresMaritzaColegio Juventudes del Catatumbo
475Sánchez TorresNancyColegio Juventudes del Catatumbo
476Sánchez TorresEduar YairEscuela rural San Martín
477SandovalMiguel AngelColegio Juventudes del Catatumbo
478SandovalMisaelEscuela Buenos Aires
479SandovalUz DaryEscuela rural La Fría
480SandovalIcethEscuela rural La Fría
481SandovalSaraEscuela rural La Fría
482Sandoval QuinteroLuis EduardoColegio Juventudes del Catatumbo
483SanguinoMaría IsabelColegio Juventudes del Catatumbo
484Santos ToroFreddy EliseoEscuela rural Buenos Aires
485SarmientoJorge EnriqueProfesores escuela Filo Gringo urbana
486SepúlvedaAlbeiroEscuela rural El Diviso
487SepúlvedaDianaEscuela rural El Diviso
488Sepúlveda PedrozaAna DoloresColegio Juventudes del Catatumbo
489Soto CorredorDorisColegio Juventudes del Catatumbo
490Suáres C.Diana CarolinaEscuela Buenos Aires
491Toro CoronelYoleidaProfesores área rural
492TorradoElkin AlexanderEscuela rural Bocas de Orú
493TorradoHermilinaCentrales eléctricas
494Torrado BaccaMarli AnidEscuela rural Bocas de Orú
495TorresAna del CarmenEscuela rural La Fría
496TorresSolmairaEscuela rural El Diviso
497TorresDorisEscuela rural El Diviso
498TorresRamónCentrales eléctricas
499Torres BetancurtSonia CristinaColegio Juventudes del Catatumbo
500Torres QuinteroAbelitoEscuela rural La Fría
501Torres QuinteroAdinEscuela rural La Fría
502Torres QuinteroEmilceEscuela rural La Fría
503Torres RodríguezNini YojanaColegio Juventudes del Catatumbo
504Torres RoperoCarmen EmiroCentrales eléctricas
505Triana ClaroZandra MilenaColegio Juventudes del Catatumbo
506Triana ClaroJesús GuillermoColegio Juventudes del Catatumbo
507TrujilloNancyEscuela r. Puerto Catatumbo
508TrujilloLaudithEscuela r. Puerto Catatumbo
509TrujilloYoenderEscuela r. Puerto Catatumbo
510TrujilloYacid AlfonsoProfesores área rural
511Trujillo SarazaNubiaEscuela rural Pto. Catatumbo
512UreñaSandrithEscuela rural El Diviso
513UreñaLuis ErnestoEscuela rural El Diviso
514UreñaGersonEscuela rural El Diviso
515Ureña CasadiegosLuis E.Escuela rural San Martín
516Ureña CasadiegosJhon F.Escuela rural San Martín

517Ureña GarcíaAlejandroEscuela rural Filo Gringo
518Ureña PuertoMiguelEscuela rural El Diviso
519ValenciaGertrudisCentrales eléctricas
520VargasÓscar IvánCentro docente Cuatro Esquinas
521VargasCarlos A.Centro docente Cuatro Esquinas
522VargasLidia JohanaCentro docente Cuatro Esquinas
523VargasBriceida de la CruzCentrales eléctricas
524Vargas DíazEliceniaColegio Juventudes del Catatumbo
525Vargas DuránWilderCentro docente Cuatro Esquinas
526Vargas GaonaAbimaelEscuela rural Filo Gringo
527Vargas GaonaLaureanoEscuela rural Filo Gringo
528Vargas R.SuleymaEscuela rural San Martín
529Vargas RodríguezMaría del RosarioColegio Juventudes del Catatumbo
530Vargas RodríguezYurleyEscuela rural San Martín
531Vásquez ÁvilaJosé JoaquínColegio Juventudes del Catatumbo
532Velandia R.WilsonEscuela Buenos Aires
533Velandia RincónHernánEscuela rural Buenos Aires
534VelásquezCarlos EduardoCentro Cuatro Esquinas
535VelásquezMarta CeciliaCentro Cuatro Esquinas
536VelásquezLázaro FannyCentrales eléctricas
537VillamizarRosalbaEscuela rural San Martín
538VillamizarYurleyEscuela rural San Martín

4.2. La indemnización por los daños materiales.

Dado que se carece de información sobre los daños causados a cada uno de los inmuebles relacionados en la lista de la Red de Solidaridad, se concede, en aplicación del principio de equidad, a cada uno de los damnificados con el hecho, que lo serán las personas a quienes la Red de Solidaridad Social concedió ayuda humanitaria por destrucción de bienes, la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los beneficiarios de dicha condena son las siguientes personas:

1. Denia García

2. Yudy Esther Cáceres

3. Maritza Avendaño Claro

4. Carmen Emiro Torres

5. Carmelina Pacheco Bautista

6. José de La Cruz Bayona

7. Emma Quintero Rincón

8. Isolina Quintero Arévalo

9. Elvia Esther Uscátegui Blanco

10. Ciro Alfonso Guerrero Cañizares

11. María Isabel Sanguino de Quintero

12. Elidia María García Avendaño

13. Guillermo Galvis

14. José de los Santos Pérez

El Defensor del Pueblo, como administrador de dicho fondo deberá cancelar las indemnizaciones correspondientes a quienes se presenten dentro de los veinte días siguientes a la publicación de la sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

5. De la indemnización que en esta sentencia se señala no habrá lugar a descontar las sumas que las víctimas hubieren recibido del Estado durante el desplazamiento.

De acuerdo con el oficio dirigido por la jefe de la oficina asesora jurídica de la Red de Solidaridad Social en respuesta al oficio del a quo (fls. 540-544 cdno. ppal.), esa entidad prestó ayuda humanitaria por pérdida de bienes, por valor de $ 520.200, en relación con los hechos ocurridos entre el 29 de febrero y el 4 de marzo de 2000, a las personas que arriba se señalaron.

La protección de los derechos de los desplazados forzados, por motivo de la violencia política, está regulada por las siguientes normas: leyes 387 de 1997, 418 de 1997, 548 de 1999, 589 de 2000, 599 de 2000; los decretos 2231 de 1989, 48 de 1990, 2217 de 1996, 976 de 1997, 1458 de 1997, 173 de 1998, 501 de 1998, 2569 de 2000, 2620 de 2000, 951 de 2001, 2007 de 2001, 290 de 1999 y los acuerdos nacionales 18 de 1995, 8 de 1996, 06 de 1997, 59 de 1997, 185 de 2000 normas que, además, se integran con el tratamiento que el derecho internacional brinda y que integran el bloque de constitucionalidad con el “Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) (25) . De acuerdo con tales normas, el Estado debe brindar a la población desplazada el trato preferencial que les permita gozar de la dignidad humana y de la plenitud de sus derechos fundamentales (26) .

La Red de Solidaridad Social tiene como función coordinador las medidas tendientes a la efectividad de la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada, comenzando por la atención humanitaria de emergencia durante los tres primeros meses de la contingencia prorrogables por tres meses más y, además, en todos los componentes de los programas de estabilización económica (27) .

Al Estado le compete impedir que el desplazamiento se produzca, porque las autoridades han sido establecidas para respetar y hacer respetar la vida, honra y bienes de los asociados, pero si este no es capaz de impedir que sus asociados sean expulsados de sus lugares de origen, tiene al menos que garantizarles la atención necesaria para reconstruir sus vidas (28) .

Por lo tanto, de la indemnización que reciban los beneficiarios de esta condena no se descontará el valor de los bienes que hubieren recibido por parte del Estado durante el desplazamiento porque tales bienes les son entregados a las víctimas de tales delitos no a título de indemnización sino en desarrollo del principio de solidaridad, como ayuda humanitaria para su subsistencia en el momento en que se produzca el hecho o durante el tiempo posterior, para su retorno o asentamiento a través de la implementación de proyectos económicos, en tanto que la indemnización que aquí se reconoce tiene como causa la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por la causación de un daño antijurídico que le es imputable, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución.

6. La condena no incluirá a otros damnificados.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, la sentencia deberá señalar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que reclamen la indemnización correspondiente.

En el caso concreto, la indemnización comprende a todas aquellas personas que tenían su domicilio en el corregimiento Filo Gringo, o Filo El Gringo del municipio de El Tarra, Norte de Santander, o desarrollaban allí su actividad económica y por razón de la amenaza proferida por el grupo de autodefensas que se tomó esa región en el año 1999, se vieron forzados a migrar de dicho corregimiento y/o sufrieron la destrucción total o parcial de sus viviendas como consecuencia de la llegada de ese grupo al corregimiento.

No hay lugar a extender la indemnización a personas diferentes de aquellas en relación con las cuales se acreditó la condición de desplazados, grupo en nombre del cual se presentó la demanda, habida cuenta de que la condena debe despacharse en concreto, esto es, a favor de quienes conforme a los criterios señalados por el representante del grupo y a la prueba aportada por este, se lograron identificar en el proceso como sus integrantes.

No tiene la calidad de desplazada la población flotante del corregimiento, quienes a pesar de sufrir los rigores de esa migración forzada, no pueden ser beneficiados con la indemnización porque no fueron incluidos en la causa petendi de la demanda, dirigida a obtener indemnización para quienes fueron desplazados del corregimiento. Se insiste: aunque se acreditó en el expediente que casi toda la población debió abandonar el corregimiento por temor al ataque de los paramilitares, no se cuenta en el expediente con ninguna prueba que permita establecer que el número de personas desplazadas fue superior al de aquellos que tenían allí su domicilio, de acuerdo con la prueba documental que obra en el expediente.

7. Inaplicación de la caducidad a que se refiere el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.

El artículo 55 de la Ley 472, al establecer la posibilidad de quien no ha intervenido en el proceso, de acogerse a los efectos de la sentencia condenatoria, dentro de los veinte días siguientes a su publicación, establece:

“Integración del grupo. Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo. Quien no concurra al proceso, y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado, de conformidad con las disposiciones vigentes, podrá acogerse posteriormente, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la sentencia, suministrando la información anterior, pero no podrá invocar daños extraordinarios o excepcionales para obtener una indemnización mayor y tampoco se beneficiará de la condena en costas…” (se destaca).

La frase subrayada fue inaplicada por inconstitucional en sentencia de 6 de octubre 2005, expediente AG-410012331000200100948-01, con fundamento en las siguientes reflexiones:

La norma transcrita plantea una serie de dificultades en su aplicación por parte del juez, en tanto el segmento subrayado resulta inconsistente con el resto del ordenamiento jurídico: mientras que a lo largo del articulado de la Ley 472, en perfecta conformidad con la Constitución Política, la idea constante es la vinculación forzosa al proceso de todas las personas que hayan resultado afectadas con el daño proveniente de una causa común, que ha dado lugar al ejercicio de la acción de grupo, disponiéndose los efectos de la sentencia frente a todos y no sólo en relación con quienes acuden al proceso, e impidiendo el ejercicio de acciones individuales indemnizatorias, a menos que se haya logrado la exclusión del grupo, esta norma en contravía sólo permite el derecho de acogerse a la sentencia, a quienes no habiéndose hecho presentes en el curso del proceso, se presenten a hacer uso de tal derecho, dentro de sus términos individuales de prescripción o caducidad.

En efecto, como ya se advirtió, las acciones de clase o grupo buscan proteger derechos subjetivos que si bien pertenecen a un conjunto de personas, pueden ser también objeto de acciones individuales para el resarcimiento de cada una de ellas (29) , sobre la base de la existencia y demostración de un perjuicio causado a un número plural de personas y cuya reparación e indemnización resarcitoria se pretende obtener mediante una acción judicial conjunta de los afectados (30) .

Igualmente es admitido sin discusión que las acciones previstas en el inciso segundo del artículo 88 constitucional tienen por objeto garantizar la eficiencia de la justicia, al conceder la oportunidad para que en un solo proceso, se resuelva sobre varias pretensiones que tienen elementos comunes y que permiten su decisión en una misma sentencia (31) . De modo que con la introducción en la Constitución de esta garantía judicial, se pretendió dotar a las personas de un mecanismo ágil, que permitiera a las mismas optar por acogerse a él o ejercer, dentro de los términos legales, las acciones individuales respectivas. De allí que el acceso a la justicia (C.P., 229) fuera una de las motivaciones tanto del constituyente como del legislador al prever y desarrollar, respectivamente, este instrumento de protección judicial de los derechos.

En tal virtud, si se acude al contexto mismo de la Ley 472, que ilustra el sentido indicado desde la Constitución y dota de correspondencia y armonía entre cada uno de sus dispositivos (C.C., art. 30), de la lectura armónica de sus preceptos se tiene que las acciones de clase o de grupo se concibieron para hacer efectiva la reparación de cada uno de los miembros del grupo atendiendo razones de economía procesal (32) .

Así pues, la Constitución en su artículo 88 defirió al legislador la regulación de “las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares” (se destaca), con esta perspectiva la Ley 472 dispuso en su artículo 3º:

“ART. 3º—Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios” (destacado fuera de texto original).

De modo que las acciones se enderezan a resarcir un perjuicio ocasionado a número plural de personas, que la ley fijó en un mínimo de veinte (33) . En una palabra se trata de acciones de naturaleza eminentemente indemnizatoria (34) la cual se configura “a partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada, por todos aquellos que se han visto afectados” (35) (destaca la Sala).

En consonancia con la norma referida, el artículo 46 de la Ley 472 establece —en forma por demás reiterativa—:

“ART. 46.—Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.

El grupo estará integrado al menos por veinte personas” (destacado fuera de texto original).

Esas condiciones uniformes en un número plural de personas, a las que aluden los artículos 3º y 46 citados, implican que las personas afectadas deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios individuales (36) .

En cuanto se refiere a la legitimación por activa quien instaura la acción de clase o grupo lo hace para reclamar el resarcimiento de perjuicios por la totalidad del grupo afectado (37) . La Ley 472 se concibió entonces, de conformidad con la Constitución, para facilitar el estudio de pretensiones signadas por una misma causa. Es por ello que el diseño legislativo se perfiló, en consonancia con la Carta, para estudiar y resolver bajo una misma unidad procesal (38) estos eventos, o como ha dicho la Corte Constitucional: “Un procedimiento así establecido apunta a garantizar el resarcimiento de aquellos perjuicios bajo el entendido de que a igual supuesto de hecho, igual debe ser la consecuencia jurídica” (39) .

Con esa perspectiva, conforme a la técnica de interpretación sistemática habría de entenderse que cuando el artículo 47 determina que, sin perjuicio de la acción individual, la de grupo debe promoverse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se causó el dañó o cesó la acción vulnerante causante del mismo, no se opera la caducidad si uno de sus integrantes, con el lleno de los requisitos de ley, la interpone en tiempo. Tan claro es el interés del legislador —siguiendo los presupuestos constitucionales— por solucionar las controversias que se presenten bajo una misma cuerda procesal, que otras normas se ocupan de confirmar este aserto. Veamos:

El parágrafo del artículo 48, que regula la legitimación por activa, estatuye:

“PAR.—En la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”.

A su vez, el artículo 52 de la misma ley dispone, dentro de los requisitos de la demanda, que si no fuere posible proporcionar el nombre de todos los individuos de un mismo grupo, debe expresarse los criterios para identificarlos y definir el grupo.

Por su parte, el artículo 53 eiusdem —al ocuparse de la notificación de la admisión de la demanda— pone de presente que a los miembros del grupo se les informará a través de un medio masivo de comunicación o de cualquier mecanismo eficaz “habida cuenta de los eventuales beneficiarios”.

A su turno, el artículo 56, en la misma línea de los preceptos indicados, prescribe que para ser excluido del grupo, cualquiera de los miembros del mismo podrá manifestar la intención de ser excluido y en consecuencia no ser vinculado por el acuerdo de conciliación o por la sentencia, según el caso (este precepto es reiterado por la parte inicial del art. 61 eiusdem). Al mismo tiempo la norma señala los casos en que un miembro del grupo no quedará vinculado por la sentencia, y concluye en forma categórica este precepto:

“Transcurrido el término sin que el miembro así lo exprese, los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán. Si decide excluirse del grupo, podrá intentar acción individual por indemnización de perjuicios”.

Al paso que, el artículo 61, atinente a la diligencia de conciliación, la cual tiene lugar según la norma “dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término que tienen los miembros del grupo demandante para solicitar su exclusión”, ordena al juez publicar el acuerdo de conciliación en un medio de comunicación de amplia circulación nacional.

En tanto que, al regular el contenido de la sentencia, el artículo 65 preceptúa que la sentencia que ponga fin al proceso y acoja las pretensiones incoadas debe contener la suma ponderada de las indemnizaciones individuales (num. 1º), lo mismo que el señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente, la publicación de un extracto de la sentencia en diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a la ejecutoria con la prevención a los lesionados que no concurrieron al proceso para que se presenten dentro de los veinte días siguientes a dicha publicación, para reclamar la indemnización.

Igualmente, el artículo 66 pone de presente que la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada respecto de quienes fueron parte del proceso lo mismo que de las personas que perteneciendo al grupo interesado no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo (art. 56).

Encuentra la Sala que en oposición al contenido de todas estas normas, cuando se regula el derecho de quienes no intervinieron en el proceso, de acogerse a los efectos favorables de la sentencia, el aparte “y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado” del artículo 55 de la Ley 472 impide efectivamente hacer uso de ese derecho. La frase señalada es abiertamente incompatible con la Constitución, pues una simple lectura del texto basta para advertir la oposición flagrante al mandato constitucional contenido en el artículo 229, por lo que el juzgador cuando se enfrenta a este precepto debe optar por inaplicarlo.

El segmento normativo arriba indicado del artículo 55 de la Ley 472 impide el acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229), por cuanto mientras el texto de la ley en perfecta simetría con la Constitución está encaminado a evitar el ejercicio de acciones indemnizatorias individuales, cuando ya se ha intentado la de grupo, a menos que se logre la exclusión, en el aparte que se analiza se impide a quienes no se hicieron parte en el curso del proceso, obtener la indemnización de perjuicios a que la sentencia condenó en su favor, con el argumento de que la reclamación debe hacerse dentro de su propio término de caducidad o prescripción, a pesar de que no depende del afectado la determinación del momento en el cual se produce la sentencia, en otra palabras la determinación del momento para acogerse a los efectos de la sentencia. Ello depende de factores externos tales como la congestión propia de la función judicial que impide el cumplimiento de los términos judiciales.

En tal virtud, la ruptura entre el aparte destacado del artículo 55 de la Ley 472 de 1998 y el artículo 229 Constitucional es, a juicio de la Sala, ostensible, por lo que no se tiene camino distinto que optar por la disposición constitucional, en acato a la regla prevista en el artículo 4º de la Constitución Política, el cual ordena la aplicación constitucional preferente aun frente a disposiciones imperativas, como en el caso sometido a estudio de la Sala, cuandoquiera que estas resulten incompatibles con la Carta. En consecuencia, para la Sala en este caso habrá de inaplicarse la parte destacada del precepto para, en su lugar, dar aplicación a la Constitución Nacional. Esta inaplicación, resulta por lo demás consecuente con lo indicado recientemente por la Corte Constitucional respecto de la acción de grupo, reflexión que resulta aplicable a todo género de procedimientos judiciales, al razonar que:

“Para la Corte, el artículo 88 de la Constitución es claro en la medida en que contiene una orden perentoria al legislador: diseñar las particularidades procesales de las acciones de grupo según el modelo preconstituido por la Carta. No es entonces una simple norma de autorización, sino que se trata de una norma de habilitación condicionada a la efectividad de la acción. Esta consideración de principio permite afirmar, por una parte, la existencia de un amplio margen de configuración del legislador definido en sus contornos por la finalidad de la protección efectiva de los intereses de grupo; y por la otra, explica las notas características de la labor jurisprudencial de la Corte en la materia: el rechazo sistemático a la introducción de requisitos de procedibilidad adicionales, o de distinciones que restrinjan su objeto de protección o que no estén en consonancia con el diseño constitucional de las acciones de grupo” (40) .

Por último, la Sala destaca que esta inaplicación es procedente, a pesar de mediar dos pronunciamientos de constitucionalidad sobre ese artículo, pues si bien el primero de ellos (C-215/99) declaró exequible todo el artículo, lo cual podría dar lugar a pensar que en este caso media una decisión de cosa juzgada absoluta, lo cierto es que con posterioridad la propia Corte Constitucional reabrió el debate de constitucionalidad de la norma en Sentencia C-1062 de 2000, bajo el entendido de que el primer fallo tenía efectos solamente de cosa juzgada relativa, lo que le permitió pronunciarse de fondo sobre cargos que no habían sido objeto de pronunciamiento en la primera providencia citada. En efecto, de acuerdo con la Sentencia C-1062 de 2000:

“El artículo 55 de la Ley 472 de 1998 fue objeto de pronunciamiento de constitucionalidad, por parte de esta corporación que lo declaró exequible, en la Sentencia C-215 de 1999 (41) . De esto podría concluirse que sobre la misma ha operado el efecto de la cosa juzgada constitucional; sin embargo, como se advirtió en la providencia que decidió sobre la admisión de la presente demanda, dicho fenómeno no es predicable en el presente caso en forma absoluta, toda vez que los cargos formulados y estudiados en esa oportunidad difieren de los actualmente presentados. Es más, el aludido fallo no especifica el alcance del estudio efectuado en relación con el ordenamiento superior, de lo cual se puede deducir más bien la existencia de una cosa juzgada relativa (42) , lo que implica que la decisión tuvo como alcance exclusivo los cargos planteados en ese momento por el demandante.

Conforme a lo anterior, el auto admisorio de fecha 10 de febrero del año 2000 determinó lo siguiente:

‘Al hacer el cotejo de los cargos en esa oportunidad presentados contra el artículo acusado se encuentra que, en síntesis, éstos aluden a las diferentes modalidades a través de las cuales las personas afectadas en un derecho o interés colectivo que hubieren sufrido un perjuicio pueden hacerse parte del proceso iniciado en virtud de una acción de grupo; en tanto que en el asunto sub-exámine (sic), lo que cuestiona el demandante, refiere a la indemnización que a las víctimas en las acciones de grupo debe hacerse cuandoquiera que se “viole cualquier derecho” sea éste de primera, de segunda, o tercera generación, de orden constitucional o legal, y no únicamente cuando se trate de “derechos o intereses colectivos’.

En consecuencia, corresponde a la Sala Plena entrar a examinar de fondo el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, en el segmento enjuiciado, a partir de los nuevos cargos de inconstitucionalidad imputados al mismo en la demanda de la referencia y con base en las consideraciones que se señalan a continuación (destaca la Sala) (43) .

Por manera que ninguno de los pronunciamientos de constitucionalidad ha comportado un examen exhaustivo del artículo 55 de la Ley 472, sino que, por el contrario, las definiciones adoptadas por la Corte se han circunscrito a algunos de los aspectos del estudio de constitucionalidad, sin que ninguno de ellos haya analizado los motivos de contradicción que en esta oportunidad se esbozan, quedando allanado el camino no sólo para futuros fallos de constitucionalidad, sino también para recurrir a la excepción de inconstitucionalidad. En otras palabras, habida consideración a que ninguno de los pronunciamientos aludidos se ha referido al segmento normativo del artículo 55 de la Ley 72 de 1998 que hoy la Sala inaplica (44) , no media obstáculo para recurrir a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política.

En esta oportunidad y por las mismas razones que se han trascrito, se inaplicará también el segmento subrayado, lo cual permitirá que todos los beneficiados con la condena acudan, dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, a acogerse a sus efectos.

8. En relación con la condena en costas, el numeral 5º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 establece que la sentencia que acoja las pretensiones de la demanda deberá disponer la liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia.

Para la liquidación se tendrá en cuenta que la demanda prosperó parcialmente, por el perjuicio moral y material, y que los demandantes iniciales costearon el valor de las publicaciones. Estas se liquidarán por secretaría.

9. Adicionalmente, se fija como honorarios, a favor del abogado que ha representado al grupo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 el 10% de la indemnización que obtenga cada uno de los miembros del grupo que no haya sido representado judicialmente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia recurrida, esto es, aquella dictada por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 21 de noviembre de 2005 y, en su lugar, se dispone:

1. Declarar patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército - Policía Nacional por los perjuicios sufridos por quienes se vieron desplazados en forma forzosa del corregimiento de Filo Gringo, del municipio de El Tarra, Norte de Santander y la destrucción de las viviendas de algunos de sus residentes, con ocasión de la incursión paramilitar a ese corregimiento, anunciada meses atrás y cumplida efectivamente entre los días 29 de febrero y 3 de marzo de 1999.

2. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército - Policía Nacional a pagar, a título de indemnización por el perjuicio moral y la alteración a las condiciones de existencia, la suma ponderada equivalente a veintiséis mil novecientos (26.900) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cada uno de los quinientos treinta y ocho (538) integrantes del grupo que figura en la lista elaborada en el punto 4.1 de esta sentencia tendrá derecho a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército - Policía Nacional a pagar, a título de indemnización por el perjuicio material, la suma ponderada equivalente a 140 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cada una de las personas relacionadas en el punto 4.2 de esta sentencia tendrá derecho a una indemnización equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

4. Esa suma será entregada al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia y será administrada por el Defensor del Pueblo.

(Sic) 4. Inaplícase la frase “y siempre y cuando su acción no haya prescrito y/o caducado de conformidad con las disposiciones vigentes” contenida en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.

5. Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

6. Ordénase la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a la notificación del auto que profiera el tribunal de instancia en el que se ordene obedecer lo dispuesto por esta, con la prevención de que trata el numeral 4º del artículo 61 de la Ley 472 de 1998.

7. Por secretaría liquídense las costas.

8. A favor del abogado Tito Augusto Gaitán Crespo, quien ha representando a los accionantes, se fija como honorarios el diez por ciento (10%) de la indemnización que obtenga cada uno de los miembros del grupo que no haya sido representado judicialmente.

Cópiese, notifíquese cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Mauricio Fajardo Gómez—Ruth Stella Correa Palacio, Presidente de la Sala—Enrique Gil Botero—Ramiro Saavedra Becerra.

(1) Providencia de 26 de marzo de 2007, expediente AG-250002325000200502206-01.

(2) Sentencia de 6 de octubre de 2005, expediente AG-410012331000200100948-01.

(3) Ver providencia de 18 de octubre de 2001, expediente AG-25000-23-27-000-2000-0023-01, en la cual se afirmó que “la admisión de varias acciones de grupo cuando la causa es común, desnaturaliza la acción y desconoce sus objetivos. Quienes no hayan sido integrados inicialmente al proceso podrían hacer parte del mismo antes de la apertura a pruebas o acogerse a la sentencia dentro de los veinte días siguientes a su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, pero no están legitimados para acumular pretensiones de al menos 20 demandantes e iniciar una nueva acción”.

(4) Collin, Capitan y Julliot de la Morandiere. Traité de droit civil. París Librairie Dalloz, 1957, tomo I, pág. 507 en punto a la distinción entre domicilio y residencia señalan: “Es preciso distinguir desde el principio, el domicilio de la residencia, que es el lugar donde una persona, de hecho, habita. Puede coincidir con el domicilio, pero puede no ocurrir así. La ley no reglamenta la residencia, que se deja, en principio, a la escogencia arbitraria de los individuos, salvo cuando éstos, por causa de medidas administrativas o penales, han sido privados de libertad”.

(5) Sentencia de la Sección Cuarta de 7 de junio de 1996, expediente 7688, reiterada en sentencia de la misma sección de 5 de septiembre de 1997.

(6) Sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-250002326000200100213-01

(7) En Sentencia T-227 de 1997, dijo la Corte Constitucional: “En efecto, el carácter de desplazados internos de quienes han interpuesto la presente tutela no surge tanto de la propia certificación que el Ministerio del Interior les ha dado individualmente a cada uno de los solicitantes de la acción, mediante documentos que obran en el expediente, cuanto de la realidad objetiva, fácilmente palpable porque está demostrado que el retiro del lugar natural que los campesinos tenían, no se debió a propia voluntad de ellos, sino a la coacción injusta de grupos armados”.

(8) Vale destacar que con posterioridad a la ocurrencia de los hechos objeto de esta acción, la dirección general para los derechos humanos del Ministerio del Interior, mediante Resolución 02045 del 17 de octubre de 2000 delegó a la Red de Solidaridad Social la inscripción de que trata el numeral 2º del artículo 32 de la Ley 387 de 1997. De otra parte, el artículo 32 de la Ley 387 de 1997 fue reglamentado por el Decreto 2569 de 2000, en el cual se señaló que a solicitud del interesado, el despacho que tome la declaración sobre los hechos, deberá remitirla en forma inmediata a la unidad territorial de la Red de Solidaridad del sitio donde se presentó dicha declaración, oficina que deberá realizar la respectiva valoración y definir la inclusión o no en el registro nacional de población desplazada del hogar o la persona que rindió la declaración.

(9) Sentencia SU-1150 de 2000. En el mismo sentido, Sentencia T-1635 de 2000. En Sentencia T-1215 de 1997 ha dicho esa corporación: “No existe duda sobre la violación continua de los derechos de las personas obligadas a migrar de su lugar de origen y cuya circunstancia de vulnerabilidad e indefensión es manifiesta. Los devastadores y trágicos efectos materiales de quienes se ven obligados intempestivamente a dejarlo todo con el único fin de proteger su vida e integridad personal, van acompañados del sentimiento de pérdida, incertidumbre y frustración que conlleva el desarraigo de sus bienes, de su tierra y de su entorno natural, pues, de alguna manera, impide que los afectados reconstruyan en el corto plazo su vida familiar, social, cultural, psicológica y económica”. Criterio que más recientemente esa Corte reiteró en Sentencia T-721 de 2003 al señalar: “También la Corte ha destacado que las heridas físicas y afectivas generadas por el desplazamiento, comportan traumas de toda índole de difícil recuperación, los que se agravan al tener que soportar las escasas o nulas posibilidades de acceder a una vida digna, que les ofrecen las ciudades, que los albergan en condiciones de hacinamiento e indigencia. Así mismo, habrá de señalarse que el desplazamiento —de acuerdo con los estudios realizados al respecto— conlleva abruptos cambios sicológicos y culturales en las mujeres, debido a que a éstas a menudo les corresponde asumir solas la reconstrucción del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los hombres enfermos e incapacitados, no pocas veces en razón de los mismos hechos que dieron lugar al desplazamiento, como también de niños y ancianos, atemorizados e inermes”.

(10) Enrique Gil Botero. Temas de Responsabilidad Extracontractual del Estado. Medellín, Librería Jurídica Comlibros, 3ª ed., 2006, págs. 111-112.

(11) Ver sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-250002326000200100213-01, en la cual se declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército - Policía Nacional por los perjuicios sufridos por quienes se vieron desplazados en forma forzosa del corregimiento La Gabarra, del municipio de Tibú, Norte de Santander, con ocasión de la incursión paramilitar ocurrida el 29 de mayo de 1999 y se condenó a la entidad a pagar, a título de indemnización por el perjuicio moral, la suma ponderada equivalente a trece mil doscientos cincuenta (13.250) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la sentencia.

(12) Sentencias de 1º de noviembre de 1985, expediente 4571. En el mismo sentido, sentencia de la Sala Plena de 14 de marzo de 1984, expediente 10.768, y de la Sección Tercera de 24 de junio de 1992, expediente 7.114; 17 de marzo de 1994, expediente 8585; 8 de marzo de 1994, expediente 8262; 5 de mayo de 1994, expediente 8958; 18 de febrero de 1999, expediente 10.517; 21 de octubre de 1999, expediente 10.912 y del 26 de octubre de 2000, expediente 13.166, entre otras.

(13) Cabe destacar que en la acción de grupo adelantada con ocasión del desplazamiento ocurrido en La Gabarra sí se acreditó la intervención del comandante del Quinto Distrito de la Policía de Tibú, lo cual motivó la aplicación de una sanción disciplinaria en su contra. Se dijo en esa sentencia: “En la investigación disciplinaria que adelantó la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, contra el capitán de la Policía Nacional Luis Alexander Gutiérrez Castro, quien para la época de los hechos se desempeñaba como comandante del Quinto Distrito de Tibú, Norte de Santander…, mediante providencia de 20 de junio de 2001 se sancionó al agente con suspensión en el cargo por el término de 90 días, por encontrarlo responsable de las siguientes conductas: ‘... haber conocido con anterioridad de la llegada al sector de las autodefensas y no haber desplegado función alguna para impedirla, ni siquiera informó y menos buscó apoyo en sus superiores para hacer inoperante el grupo, sino que por el contrario, pretendió que miembros del Ejército le apoyaran en su desmedida y reprochable finalidad; haber permitido, auxiliado y contribuido con el grupo de autodefensas para que entraran, se asentaran e impusieran su ilegítimo y arbitrario poder en la región del Catatumbo y con dichas conductas voluntarias y consentidas propiciar el veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999), la masacre de cinco (5) personas en los sitios conocidos como La Carbonera, el diecinueve (19) y el veinticinco (25), en la carretera que del municipio de Tibú conduce al corregimiento La Gabarra en el departamento de Norte de Santander’ (fls. 175-208 cdno. de pruebas Nº 12). “En el capítulo titulado determinación de la naturaleza de la falta, se afirma en la providencia lo siguiente: ‘En el evento de autos la participación voluntaria, intencional, dolosa y consentida del servidor público cuestionado con los integrantes del grupo denominado Autodefensas Unidas de Colombia para permitirles, facilitarles y ayudarles en el ingreso a la zona del Catatumbo trajo como consecuencia lamentable e irreparable la pérdida de la vida de manera violenta, de cinco personas de la región señaladas arbitrariamente por el grupo irregular como auxiliadores de la subversión. ‘La masacre perpetrada por el conjunto de hombres obedeció al auxilio previo, elegido y querido por el aquí inculpado, socorro indispensable de parte de la autoridad pública para el arribo de las autodefensas y el que tenía como móvil posibilitar que los irregulares ingresaran a la comprensión municipal de Tibú y una vez acantonados en la región violentaron la vida de los residentes acusados de guerrilleros, como en últimas de manera dramática ocurrió. ‘Es incontrovertible que el sujeto agente al estar de acuerdo con el grupo sicarial, permitirles actuar ilegalmente, cuando estaba jurídicamente obligado a impedirles esa conducta delictiva, aceptó consciente y voluntariamente que las autodefensas cometieran los crímenes, con lo cual comprometió su responsabilidad en los hechos inmediatos al ingreso del grupo de justicia privada. Es verdad jurídica, que quien no evita cuando puede hacerlo y estando jurídicamente obligado a impedirlo, o que quien facilita algo que no debe facilitar, equivale a producir el hecho”. “La providencia quedó ejecutoriada el día 30 siguiente, de acuerdo con la constancia secretarial de esa delegada (fl. 210 c.p. 12)”.

(14) “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia de esta Sección de 15 de febrero de 1996, expediente 9940.

(15) Sentencia del 23 de mayo de 1994, expediente 7616.

(16) Sentencia de 26 de septiembre de 2002, expediente 14.122.

(17) “... conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia de 21 de febrero de 2002, expediente 12.789.

(18) En sentencia de 11 de julio de 2002, expediente 13.387, dijo la Sala: “La corporación ha reiterado que si no está probado que le medida de protección fue solicitada en forma expresa no se acredita la falla de la administración. Pero ello no implica que la petición deba ser únicamente por escrito, pues dependiendo de las circunstancias, la misma no sólo puede sino que debe hacerse en forma directa y verbal... La solicitud expresa y previa como requisito de imputación para una presunta omisión en la protección, tiene cabida cuando las circunstancias lo permiten. Por ejemplo, el desplazamiento de un candidato a cualquier cargo de elección popular, o de un funcionario de alto rango, o de un funcionario judicial para desplazarse a determinada región, o simplemente la solicitud de protección a la residencia de determinado funcionario. Es obvio que la institución policial no esté en la obligación de prestar en tales casos protección, cuando no se le pidió por escrito y con alguna antelación.

(19) En varias oportunidades ha sostenido la Sala que en relación con el deber de protección de la “vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades” que corresponde cumplir a las autoridades de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Constitución, la falla del servicio se concreta ante la ausencia de la especial vigilancia demandada en forma expresa por quien se halle “en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado”. Sentencia del 30 de octubre de 1997, expediente 10.958. Así, en sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11.875, dijo la Sala: “... los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección del Dr. Low, a su regreso al país. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, dado que esos mismos organismos fueron los que encontraron, estudiaron y analizaron las pruebas que contenían las amenazas; se refiere la Sala a los casetes encontrados en Medellín donde había una conversación entre el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y su abogado Guido Parra, en relación con la orden de dar muerte al Dr. Low”. En el mismo sentido, ver, por ejemplo, sentencias de 30 de octubre de 1997, expediente 10.958, 5 de marzo de 1998, expediente 10.303 y de 7 de septiembre de 2004, expediente 14.831.

(20) Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, expediente 11.585.

(21) Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, expediente 5737, dijo la Sala: “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1977 en donde dijo: “Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio”. (Exp. 1564, actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que “la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones”, ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de derecho”.

(22) En sentencia de 14 de mayo de 1998, expediente 12.175, dijo la Sala: “... si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a estas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal”.

(23) Artículo 284 A del Código Penal vigente.

(24) “Al referirnos al derecho a la verdad entendemos que, como lo ha establecido esta corporación en anterior jurisprudencia (sents. T-275/94, C-293/95, y SU-717/98), se debe buscar el mayor esclarecimiento, dentro del proceso penal, de las circunstancias del desplazamiento - agentes causantes (no solo el grupo armado culpable, sino también los autores intelectuales y materiales concretos), móviles de los agentes para la perpetuación del delito de desplazamiento forzado, etc… Además, como dijo la Corte Constitucional en su Sentencia T-265 de 1994, la participación del perjudicado dentro del proceso penal, también hace parte del derecho a la verdad en cuanto implica conocimiento del curso del proceso y facilita la investigación por parte de los funcionarios del Estado en la medida en que las víctimas fueron testigos directos del hecho. Reafirman el derecho a la verdad los principios 16.1 y 16.2 de los principios rectores de los desplazamientos internos que dicen: “1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos. 2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con los organismos internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles resultados”. En cuanto el derecho a la justicia se debe entender que este delito no debe quedar impune. Por lo tanto, se debe garantizar el acceso a la administración de justicia a quien fue víctima del delito y el Estado colombiano debe velar porque la ocurrencia de tal hecho punible sea castigada por su aparato jurisdiccional a través del procesamiento, condena y ejecución de la pena del sujeto activo del delito. Finalmente, el derecho a la reparación conlleva, como lo consagra el principio 29.2 de los principios rectores de los desplazados internos a una actuación diligente del Estado en la efectiva recuperación de los bienes que se vieron compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su equivalente”.

(25) Revisada por la Corte Constitucional en Sentencia C-225 de 1995.

(26) Sentencia T-327 de 2001: “La persona que ha sido desplazada de su territorio a causa de la violencia ve vulnerados una larga lista de derechos fundamentales entre los cuales se puede mencionar, entre otros, el derecho a la vida, a la paz, la libre circulación por el territorio nacional, el trabajo, la integridad personal, la dignidad humana, la educación —particularmente de los menores que se ven obligados a huir—, la vivienda en condiciones dignas. Frente a tales vulneraciones el Estado colombiano, siendo consecuente con su naturaleza de Estado social de derecho, tiene la obligación de brindar atención a los desplazados para que cesen las privaciones del goce de los derechos fundamentales por este grupo poblacional. Al existir tal obligación, se genera el consecuente derecho en cabeza de los desplazados de ser atendidos con prontitud, y en condiciones que respeten su dignidad humana, por parte de las entidades del Estado competentes para prestar apoyo y protección”.

(27) En Sentencia T-327 de 2001, dijo la Corte Constitucional: “Precisamente para hacer frente a esta nueva categoría de colombianos, el ordenamiento jurídico ha confiado a la Red de Solidaridad Social —que es un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República— la tarea de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre y vulnerable del país, de la que indudablemente hace parte la franja de los desplazados. Ellos, por las terribles circunstancias a que los ha conducido la confrontación armada, tienen derecho constitucional a que el Estado despliegue su acción de manera efectiva, oportuna y eficiente, con miras a su amparo y al disfrute de garantías básicas de las que han sido violentamente despojados”.

(28) Sentencia SU-1150 de 2000.

(29) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.

(30) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur, en el mismo sentido C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.

(31) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.

(32) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.

(33) Cfr. Aunque se presente por un número inferior basta con que la demanda se señalen los criterios que permitan identificar el grupo a nombre del cual se interpone la acción de clase, vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 10 de febrero de 2005, referencia expediente AG-25000-23-06-000-2001-00213-01 folio 1283, actor: Jesús Emel Jaime Vacca y otros, demandado: La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(34) Corte Constitucional, Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Sáchica.

(35) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur.

(36) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur.

(37) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur.

(38) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur.

(39) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur.

(40) Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny.

(41) M.P. Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez.

(42) Para analizar este concepto referirse, entre otras, a las sentencias C-006, C-014 y C-086 de 1998 y a la C-672 de 1999.

(43) Corte Constitucional, Sentencia C-1062 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(44) Baste señalar que la Sentencia C-1062 de 2000 que reabrió el debate de constitucionalidad del precepto tantas veces indicado se limitó a declarar EXEQUIBLES las expresiones “derivados de la vulneración de derechos e intereses colectivos” contenidas en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”, en el entendido de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones de clase o de grupo.

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