•Sentencia Al-17 de febrero 5 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Germán Ayala Mantilla

Actor: María Carolina Rodríguez Ruiz

Acción de nulidad y suspensión provisional del Decreto Reglamentario 650 de abril 3 de 1996, expedido por el Gobierno Nacional.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., cinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve.

En ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la ciudadana María Carolina Rodríguez Ruiz solicita se declare la nulidad del Decreto Reglamentario 650 de abril 3 de 1996. Cumplido el trámite de rigor, procede la Sala a decidir de fondo.

El acto demandado

La accionante solicita como pretensión principal que se declare la nulidad del Decreto Reglamentario 650 de abril 3 de 1996.

Como petición subsidiaria solicita que se declare la nulidad de los apartes del artículo 6º y 8º del Decreto 650 de 1996, que se transcriben y resaltan a continuación:

DECRETO 650 DE ABRIL 3 DE 1996 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995”.

...

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

Impuesto de registro

“...

ART. 6º—Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía y tarifa. Todos los actos, contratos o negocios jurídicos, sin cuantía, es decir aquellos que no incorpora derechos apreciables pecuniariamente en favor de los particulares, sujetos al impuesto de registro, estarán gravados con tarifas entre dos (2) y cuatro salarios mínimos diarios legales, determinadas por las respectivas asambleas departamentales, a iniciativa del gobernador.

Para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro se consideran como actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, entre otros, lo siguientes:

...

f) La inscripción de la certificación correspondiente al capital pagado;

...

ART. 8º—Base gravable en la inscripción de contratos o reforma de sociedades y otros actos. Para los actos, contratos o negocios jurídicos que se relacionan a continuación, el impuesto de registro se liquidará así:

...

b) En la inscripción del documento sobre aumento del capital suscrito o de aumento del capital social, el impuesto se liquidará sobre el valor del respectivo aumento de capital;

c) En el caso de inscripción de documentos de constitución de sociedades, instituciones financieras y sus asimiladas, en los cuales participen entidades públicas y particulares, el impuesto se liquidará sobre la proporción del capital suscrito o del capital social, según el caso, que corresponda a los particulares. Cuando se trata de inscripción de documento de aumento de capital suscrito o aumento de capital social, la base gravable está constituida por el valor del respectivo aumento, en la proporción que corresponda a los particulares.

Para efectos de determinar correctamente la base gravable, deberá acreditarse por el solicitante, ante la respectiva cámara de comercio, oficina de registro de instrumentos públicos o departamento, según el caso, el porcentaje de capital suscrito o social, o el porcentaje del aumento de capital suscrito o social, que corresponda tanto a la entidad o entidades públicas como a los particulares, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal o por el representante legal;

e) En la inscripción de actos o contratos relativos a la escisión, fusión y transformación de sociedades en las que se produzca aumento de capital o sesión de cuotas o partes de interés, la tarifa del impuesto se aplicará sobre el respectivo aumento de capital o el valor de la respectiva sesión según el caso;

h) En el registro de actos que transfieran la propiedad sobre inmuebles o sobre establecimientos de comercio, actos de apertura de sucursales de sociedades extranjeras, liquidaciones de sociedades conyugales y aumento de capital asignado, el impuesto se liquidará sobre el valor de acto o contrato, el valor del capital asignado, el aumento o el incremento de capital, según corresponda. En el caso de los inmuebles, la base gravable para la liquidación del impuesto no podrá ser inferior al avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del remate o de la adjudicación, según el caso;

...”.

Consideraciones

Para resolver la controversia planteada sobre la legalidad del Decreto Reglamentario 650 de 1996, en las normas impugnadas, la Sala procede a analizar cada uno de los cargos propuestos en la demanda y que han sido objeto de pronunciamiento de las partes, a través del proceso.

Excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad

Para proceder a estudiar los cargos, previamente la Sala procederá a estudiar la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad propuesta por la demandante:

Observa la Sala que la demandante dirige esta excepción contra el Decreto 1154 de 1984, norma que no corresponde al decreto acusado, y que tampoco lo fundamenta, toda vez que el Decreto 650 de 1996 reglamenta la Ley 223 de 1995.

Además, el artículo 226 de la Ley 223 de 1995 que habla del hecho generador del impuesto de registro al referirse a “las disposiciones legales” no involucra al Decreto 1154 de 1984, por cuanto su alcance es el estar referido a la ley en sentido formal y no al decreto reglamentario que es ley en sentido material.

Tampoco prospera la excepción de ilegalidad, ya que ésta ya fue controvertida ante esta jurisdicción mediante demanda presentada por la misma accionante, la que fuera decidida mediante sentencia del 17 de julio de 1997, Sección Primera, con ponencia del Consejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa.

No prospera, en consecuencia, la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad propuesta.

Ahora bien, en relación con los cargos formulados observa la Sala que la accionante demandó, como pretensión principal, la totalidad del Decreto 650 de 1996, centrando su concepto de violación en el cargo de vulneración del artículo 150 de la Constitución, aduciendo que como el decreto trata de varias materias, éste debía ser firmado por el presidente y los ministros del ramo respectivo y que, en este caso, únicamente fue firmado por el Presidente y el Viceministro de Hacienda y Crédito Público como Ministro de Hacienda y Crédito Público, (e).

La Sala no comparte los argumentos de la parte accionante toda vez que el decreto acusado reglamenta la Ley 223 de 1995, en relación con el impuesto de registro, materia que corresponde según el Decreto 2112 de 1992, al titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autoridad máxima en materia fiscal.

No prospera el cargo.

Procede en consecuencia a estudiar la pretensión subsidiaria formulada por la accionante, referente a los incrementos de capital señalados en los artículos 6º literal f) y 8º literales b), c), e) y h)(1).

(1) Mediante sentencia de fecha 14 de agosto de 1998, con ponencia del doctor Julio Correa R., fue decidida una demanda de nulidad sobre las mismas normas pero respecto a otros aspectos.

La controversia planteada a la Sala se concreta entonces en determinar la legalidad, en los apartes que se subrayan del artículo 6º literal f) y del 8º literales b), c), e) y h) del Decreto 650 de 1996 expedido por el Gobierno Nacional, “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995”, que establecen lo siguiente:

DECRETO 650 DE ABRIL 3 DE 1996 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995”.

...

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

Impuesto de registro

“...

ART. 6º—Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía y tarifa. Todos los actos, contratos o negocios jurídicos, sin cuantía, es decir aquellos que no incorporaran derechos apreciables pecuniariamente en favor de los particulares, sujetos al impuesto de registro, estarán gravados con tarifas entre dos (2) y cuatro salarios mínimos diarios legales, determinadas por las respectivas asambleas departamentales, a iniciativa del gobernador.

Para efectos de la liquidación y pago del impuesto de registro se consideran como actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía, entre otros, lo siguientes:

...

f) La inscripción de la certificación correspondiente al capital pagado;

...

ART. 8º—Base gravable en la inscripción de contratos o reforma de sociedades y otros actos. Para los actos, contratos o negocios jurídicos que se relacionan a continuación, el impuesto de registro se liquidará así:

...

b) En la inscripción del documento sobre aumento del capital suscrito o de aumento de capital social, el impuesto se liquidará sobre el valor del respectivo aumento de capital;

c) En el caso de inscripción de documentos de constitución de sociedades, instituciones financieras y sus asimiladas, en los cuales participen entidades públicas y particulares, el impuesto se liquidará sobre la proporción del capital suscrito o del capital social, según el caso, que corresponda a los particulares. Cuando se trata de inscripción de documento de aumento de capital suscrito o aumento de capital social, la base gravable está constituida por el valor del respectivo aumento, en la proporción que corresponda a los particulares.

Para efectos de determinar correctamente la base gravable, deberá acreditar por el solicitante, ante la respectiva cámara de comercio, oficina de registro de instrumentos públicos o departamento, según el caso, el porcentaje de capital suscrito o social, o el porcentaje del aumento de capital suscrito o social, que corresponda tanto a la entidad o entidades públicas como a los particulares, mediante certificación suscrita por el revisor fiscal o por el representante legal;

e) En la inscripción de actos o contratos relativos a la escisión, fusión y transformación de sociedades en las que se produzcan aumento de capital o sesión de cuotas o partes de interés, la tarifa del impuesto se aplicará sobre el respectivo aumento de capital o el valor de la respectiva sesión según el caso;

h) En el registro de actos que transfieran la propiedad sobre inmuebles o sobre establecimientos de comercio, actos de apertura de sucursales de sociedades extranjeras, liquidaciones de sociedades conyugales y aumento de capital asignado, el impuesto se liquidará sobre el valor de acto o contrato, el valor del capital asignado, el aumento o el incremento de capital, según corresponda. En el caso de los inmuebles, la base gravable para la liquidación del impuesto no podrá ser inferior al avalúo catastral, el autoavalúo, el valor del remate o de la adjudicación, según el caso;

...”.

Considera la Sala necesario, antes de decidir los cargos formulados por la demandante, precisar los términos relativos al capital a que hacen referencia los artículos acusados.

Se tiene entonces como capital el convenido por los asociados, que en materia de sociedad por acciones, se distinguen tres conceptos: capital autorizado, capital suscrito y capital pagado.

Capital autorizado. Es la suma fija, determinada libremente por los accionistas como máximo de capital de la sociedad.

Capital suscrito. Es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar. Es la cuantía de los aportes de que dispone la sociedad para cumplir con su objeto social.

Capital pagado. Suma que efectivamente ha sido cancelada por los asociados.

Ahora, cuando se hace referencia, en general, al capital social se entiende por tal la suma de los aportes convenidos por los asociados.

En las sociedades por acciones sólo es objeto de reforma estatutaria el aumento del capital autorizado, en tanto que en las demás formas societarias el aumento del capital es una reforma estatutaria que como tal debe ser elevada a escritura pública y procede su registro por mandato del Código de Comercio. Por otra parte, cuando de habla de capital asignado, se entiende como tal, la suma que una sociedad extranjera asigna a su sucursal en Colombia.

Así las cosas, desde esta perspectiva, se procede al estudio de los cargos formulados por la accionante.

La corporación con relación al incremento de capital suscrito, tema también discutido en esta demanda, ya se pronunció en la siguiente forma:

El citado artículo 226 de la Ley 223, en sus incisos 1º y 3º establece que:

“ART. 226.—Hecho generador. Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio.

...

No generan el impuesto aquellos actos o providencias que no incorporan un derecho apreciable pecuniariamente a favor de una o varias personas, cuando por mandato legal deban ser remitidos para su registro por el funcionario competente” (se subraya).

Del inciso primero se deduce con claridad que dos son los presupuestos del hecho generador, a saber: el primero, el estar en presencia de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares, y el segundo, que tales actos, de conformidad con las disposiciones legales deban registrarse en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio. En relación con el primer requisito debe tenerse en cuenta que no todo documento es constitutivo del hecho generador, sino sólo aquellos que incorporan o contienen “actos, contratos o negocios jurídicos documentales”, en los cuales, según perentoria exigencia legal “sean parte o beneficiarios los particulares”. Sin el lleno de los anteriores requisitos, el documento no puede constituirse como hecho generador del impuesto de registro.

Por lo que importa al proceso, y en lo relacionado con la segunda exigencia establecida en el artículo 226, resulta necesario determinar con certeza cuáles son los actos que la ley ordena registrar. Sea lo primero advertir que la Ley 223 de 1995 no se ocupó de este tema, por lo que resulta obligado acudir a lo establecido al respecto por la ley mercantil. Al efecto debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el artículo 26 del Código de Comercio establece en forma clara que el registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, y la inscripción todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija dicha formalidad. Por su parte, el artículo 28 ib. Consagra en general las personas y los actos sujetos a registro, ocupándose en su numeral 9º de los actos relativos a la constitución, adiciones o reformas estatutarias y liquidación de sociedades comerciales. De la lectura de las citadas normas se deduce en forma clara, por lo que importa al caso, que se exige el registro en la cámara de comercio de las reformas estatutarias. A contrario sensu, de dichas normas no se deduce que deba registrarse el aumento del capital suscrito, el cual no constituye una reforma estatutaria en las sociedades por acciones (arts. 384, 385 y 394 ib.), a diferencia de lo que ocurre con el aumento del capital autorizado o social, que de conformidad con lo previsto en los artículos 122 y 158 ss. ib. Apareja de suyo una reforma estatutaria que deba ser adoptada y formalizada de acuerdo con la ley. Como es sabido, los aumentos de capital suscrito se efectúan a través del denominado reglamento de suscripción de acciones que como tal no requiere las formalidades propias de las reformas estatutarias.

De acuerdo con lo anterior, es claro que las citadas “disposiciones legales” que rigen la materia relativa a las personas y actos sujetos a la inscripción en el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio, no incluyen los documentos de aumento de capital suscrito, y en consecuencia, así como lo señaló el actor, la norma acusada al establecer que el documento de aumento de capital suscrito está sometido al impuesto de registro sobre una base gravable constituida por el valor del aumento, fue más allá de lo establecido en el artículo 226 de la Ley 223 de 1995, y al hacerlo lo violó ostensiblemente. Como ya se dijo, dicha disposición legal consagró como hecho generador del impuesto de registro la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares “y que de conformidad con las disposiciones legales deban registrarse”, en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio.

No resulta aceptable lo afirmado por la entidad demandada para fundar la legalidad de la norma acusada, referente a que la expresión “disposiciones legales” comprende la ley y los decretos reglamentarios; y por lo tanto, los aumentos de capital suscrito están sujetos a registro según el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1154 de 1984, hecho que a su juicio determina la procedencia del impuesto de registro discutido.

En efecto, se observa que el artículo 226 inciso 1º de la Ley 223 de 1995, como ya se precisó, se refiere a los actos que de conformidad con las “disposiciones legales” deban registrarse, y que dichas disposiciones legales contenidas en los artículos 26 y 28-10 del Código de Comercio, establecen que solamente mediante “ley” (la expedida por el Congreso en desarrollo de lo previsto en el artículo 150 de la Carta), es posible ordenar la inscripción en el registro de determinadas personas y actos. Por consiguiente, pretender derivar de un decreto reglamentario, como lo es el 1154 de 1984, el fundamento “legal” de registro como lo pretende la norma acusada, desborda en forma ostensible el marco de la potestad reglamentaria consagrada en el artículo 189-11 de la Carta.

No sobra hacer notar que el artículo 376 del Código de Comercio, al que hace referencia el decreto reglamentario 1154, en parte alguna de su texto consagra obligación de registrar acto, contrato ni negocio jurídico alguno y por lo mismo no es de aquellos textos legales a los que se refiere el artículo 226 de la Ley 223 de 1995 en relación con el hecho generador del impuesto de registro, ni a los contenidos en los artículos 26 y 28-10 del Código de Comercio, así como lo precisó el Ministerio Público.

Si bien es cierto que el artículo 1º del Decreto 1154 prevé que cuando haya aumento de capital suscrito de las sociedades por acciones debe enviarse a la correspondiente cámara de comercio una certificación suscrita por el revisor fiscal, la cual tiene una finalidad eminentemente informativa de la actual composición del capital suscrito y pagado, ello no implica en manera alguna la creación de un documento sujeto a inscripción en el registro a los que se refiere el artículo 226 de la Ley 223, puesto que como antes se dijo, el artículo 376 del Código de Comercio no establece obligación alguna de registrar; y no es función del revisor fiscal de una sociedad crear los actos, contratos o negocios jurídicos a los que se refiere el artículo 226 de la Ley 223 como hechos generadores del impuesto de registro, toda vez que dicho funcionario carece por entero de facultades administrativas o de representación de la sociedad. Por lo mismo la certificación a que alude el decreto reglamentario no puede contener “acto, contrato o negocio jurídico” alguno, ni menos dicho revisor fiscal puede ser “parte o beneficiario” del mismo. Inscripción que, se insiste, sólo se exige para efecto de publicidad mercantil, en tanto que la ley tributaria señala el hecho generador del impuesto de registro, el cual no se da frente a la referida certificación del revisor. Este documento ni siquiera está comprendido dentro de los aludidos en el inciso 3º del artículo 226 de la Ley 223 de 1995.

Las anteriores razones son suficientes para acceder a las súplicas de la demanda, ante la evidente violación del artículo 226 de la Ley 223 de 1995 por parte del acto acusado, que adicionalmente también desconoció el artículo 338 de la Constitución, al pretender establecer un nuevo hecho generador del impuesto de registro mediante un decreto reglamentario expedido por el Gobierno Nacional, sin tener en cuenta que la facultad impositiva reside en el legislador. Además, la existencia de la consagración legislativa es más comprensible aún si se tiene en cuenta que se está en presencia de un impuesto departamental que obligatoriamente debe derivarse de la ley, en la forma ordenada en el artículo 338 de la Constitución(2).

(2) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 4 de septiembre de 1998, Consejero Ponente, Dr. Daniel Manrique Guzmán, Exp. 8705.

Se tiene, entonces que con relación al aumento del capital suscrito, se debe estar a lo resuelto en la providencia anteriormente transcrita, por existir sobre el tema cosa juzgada.

Ahora bien, los fundamentos de la sentencia mencionada son predicables para el evento del incremento de capital pagado, en las sociedades por acciones, consagrados en el artículo 6º literal f), por cuanto no es un acto sujeto a registro, por no constituir una reforma estatutaria por mandato del Código del Comercio.

De acuerdo con el artículo 226 de la Ley 223 de 1995 es presupuesto básico que el acto, contrato o negocio jurídico documental, de conformidad con las disposiciones legales deba registrarse y como el aumento de capital pagado, al que se refiere el literal f) del artículo 6º, conforme lo ordenado por el artículo 158 del Código de Comercio no es objeto de registro y por ello de una reforma estatutaria, no puede ser gravado con el mencionado impuesto de registro, conforme al artículo 226 de la Ley 223 de 1995.

En consecuencia, el presidente, como afirma la demandante, excedió la potestad reglamentaria a él atribuida por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política al establecer requisitos no previstos en la ley, por lo tanto el cargo prospera.

No ocurre lo mismo con el aumento de capital social a que se refieren los numerales(sic) b) y c) del artículo 8º del Decreto 650 de 1996, por cuanto, por disposición del artículo 122 y 158 del Código de Comercio, su aumento o disminución requiere la formalidad de la reforma estatutaria, que de conformidad con el artículo 28 numeral 9º necesita de la inscripción en el registro mercantil, hecho generador del impuesto de registro.

No prospera en consecuencia el cargo formulado por la actora.

Ahora bien, en relación con el literal e) del artículo 8º, del decreto atacado, que trata de la inscripción de actos o contratos relativos a que la escisión, fusión y transformación de sociedades de la cual se derive un aumento del capital, considera la Sala que no le asiste razón a la demandante, puesto que cualquiera de esas tres figuras jurídicas sí requiere de la formalidad de la reforma estatutaria, por lo cual son actos sujetos a registro.

Ahora, si adicionalmente a la escisión, fusión y transformación de la sociedad, se aumenta el capital, dicho aumento también será objeto de registro, por lo tanto no encuentra la Sala que se haya excedido la potestad reglamentaria ni que se desconozca ninguna norma superior, toda vez que los artículos 158 y 162 del Código de Comercio y 9º de la Ley 222 de 1995 fundamentan su inscripción.

Con relación al cargo formulado por la actora referente al aumento del capital asignado a las sucursales de sociedades extranjeras, el artículo 484 del Código de Comercio establece la obligación de registrar en la cámara de comercio del domicilio de la sucursal, las reformas que se hagan al contrato social o a los estatutos y de los actos de designación o de remoción de sus representantes en el país.

El artículo 485 establece que la sociedad extranjera responderá ante terceros, al tenor de los estatutos que tenga registrados en la cámara de comercio, y el 486 ibídem establece que el certificado de la cámara de comercio servirá de prueba de la existencia y representación de la sociedad domiciliada en el exterior.

Por otra parte, el artículo 697 del Código de Comercio, por remisión, hace aplicable a las sucursales de sociedades extranjeras, el régimen de las sociedades nacionales.

Considera la Sala que si bien es cierto, no existe una norma comercial que expresamente establezca la obligación de registrar ante la cámara de comercio el documento mediante el cual se protocolizó la resolución o acto que acordó la creación de la sucursal, a la cual hace referencia el artículo 472, esta se deduce del inciso 6º artículo 28 del Código de Comercio, que dice que deben inscribirse en registro mercantil “La apertura de establecimientos de comercio y de sucursales, y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos o su administración; ...”.

Sin embargo, a juicio de la Sala, de la inscripción de la escritura pública mediante la cual se protocoliza la resolución o acto que acordó la creación de la sucursal, no puede entenderse se derive la obligación de registrar los aumentos del capital asignado por la sociedad extranjera a sus sucursales en Colombia al que se refiere el decreto reglamentario acusado. No tiene fundamento legal tal exigencia.

Así las cosas, el aumento del capital asignado no es un acto sujeto por ley a inscripción en el registro mercantil, por lo cual la exigencia de su inscripción constituye un exceso en la potestad reglamentaria del presidente, al convertir en hecho generador del impuesto de registro el simple aumento del capital asignado cuando la ley 223 reglamentada no lo ha previsto constituyendo en consecuencia, vulneración de las normas constitucionales mencionadas, por cuanto el artículo 338 prescribe que es el legislador quien debe determinar los elementos sustanciales del tributo, y en este caso, el ejecutivo, en exceso de su potestad reglamentaria está creando nuevos hechos generadores del impuesto de registro, asumiendo una competencia que de conformidad con el artículo 150 numeral 12 le corresponde al Congreso de la República.

De conformidad con los razonamientos precedentes, la Sala accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda y procederá a declarar la nulidad de apartes de la norma acusada.

Comoquiera que en la sesión del veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho no se obtuvo la mayoría necesaria para tomar decisión sobre el proyecto de la referencia, ya que hubo empate en la votación, se sorteó conjuez en aplicación de lo previsto en el artículo 102 inciso 2º y artículo 97, numeral 1º del Código Contencioso Administrativo (fl. 193 y ss.).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ESTÉSE A LO RESUELTO, en relación a los aumentos de capital suscrito, en la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, del 4 de septiembre de 1998, Magistrado Ponente, Dr. Daniel Manrique Guzmán.

2. DECLÁRASE LA NULIDAD de los siguientes apartes del Decreto Reglamentario 650 de abril 3 de 1996 expedido por el Gobierno Nacional:

a) Del literal f) del artículo 6º que dispone: “ f) La inscripción de la certificación correspondiente al capital pagado”, y

b) Del artículo 8º literal h), en los apartes que se transcriben y se subrayan aclarando que se declara la nulidad de la expresión “incremento (sic) o incremento de capital...” en cuanto se refiere a aumento de capital suscrito, pagado o asignado.

“En el registro de actos que transfieran la propiedad sobre inmuebles o sobre establecimientos de comercio, actos de apertura de sucursales de sociedades extranjeras, liquidaciones de sociedades conyugales y aumento de capital asignado el impuesto se liquidará sobre el valor de acto o contrato, el valor del capital asignado, el aumento o el incremento de capital, según corresponda”.

...

3. DENÍEGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Julio E. Correa Restrepo, Presidente de la Sala, salvó voto—Germán Ayala Mantilla—Delio Gómez Leyva, salvó voto—Daniel Manrique Guzmán—Ramón Eduardo Madriñan de la Torre, conjuez.

Raul Giraldo Londoño, secretario.

SALVAMENTO DE VOTO

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente AI-017

Consejero Ponente:

Germán Ayala Mantilla

Actor: Carolina Rodríguez Ruiz

Nulidad por inconstitucionalidad

Fallo del 5 de febrero de 1999.

Por medio del presente escrito me aparto muy respetuosamente de la opinión mayoritaria de la Sala.

En relación con el aumento del capital asignado por sucursales de sociedades extranjeras, que fue declarado nulo, al haberse anulado esta frase del literal h), del artículo 8º del Decreto 650 de 1996.

Considero que la modificación del capital asignado a una sucursal de una sociedad extranjera, aunque es un acto realizado en el exterior, éste debe protocolizarse y registrarse en la cámara de comercio, pues es un aumento real del capital social de la sucursal, y por ello debía estar sujeto a impuesto de registro.

Adicionalmente, la finalidad del registro mercantil es la publicidad, con relación a posibles terceros interesados en conocer la situación financiera de la sucursal, por ello, estimo que el aumento del capital asignado, es un acto que debe registrarse en el registro mercantil, y pagar el correspondiente impuesto de registro.

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO

Al apartarme de la decisión mayoritaria de la Sala, salvo parcialmente el voto, en lo referente a la expresión “aumento de capital asignado”, contenida en el literal h), del artículo 8º del Decreto 650 de 3 de abril de 1996, la cual se anula, por las razones siguientes:

1. El artículo 472 del Código de Comercio al señalar el contenido de la resolución o acto por medio de la cual una sociedad extranjera acuerda establecer negocios de carácter permanente en Colombia, en su numeral 2º, exige:

“El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si las hubiere”.

Por su parte el artículo 479 ibídem, en lo pertinente preceptúa:

“ART. 479.—Cuando los estatutos de la casa principal o la resolución o el acto mediante el cual se acordó emprender negocios en el país sean modificados, se protocolizará dicha reforma en la notaría correspondiente al domicilio de la sucursal en Colombia...”.

Así, pues, en elemental lógica debe entenderse que si la resolución o el acto mediante el cual se acordó la apertura de la sucursal se modifica, y se exige que tal reforma se protocolice, concordante con el mandato del artículo 484 ib., tal escritura debe ser inscrita en el registro mercantil, dado que en aspecto tan trascendental, como es el capital, la publicidad mercantil se requiere para dotar a los terceros de la información respectiva; inscripción por ende sujeta al pago del impuesto de registro.

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