Sentencia AI-025 de octubre 16 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Juan Alberto Polo Figueroa

Ref.: Exp. AI-025

Nulidad por inconstitucionalidad

Actor: Jorge Yesid Jacome Abril

Santafé de Bogotá, D.C., octubre dieciséis de mil novecientos noventa y siete.

EXTRACTOS: «Si el contenido de un acto administrativo es lo que él decide, faculta, permite, autoriza o certifica; el querer declarado de la administración; y, en fin, el efecto concreto o el resultado práctico que con él se persigue, es ostensible que el propósito inequívoco del Gobierno Nacional fue el de dar vigencia y obligatoriedad a los referidos planes de radiodifusión sonora, adoptándolos mediante una disposición que, expresando su voluntad y siendo de su competencia, se ajusta plenamente a las formalidades que la Constitución establece en su artículo 115.

Para esa adopción no se requería, en modo alguno, el que dichos planes estuviesen suscritos por el Presidente de la República y por el Ministro de Comunicaciones. La exigencia de que los actos del presidente para ser validos deben estar suscritos por el ministro del ramo, se reduce, en el caso concreto, al decreto mismo de adopción de los planes y no a éstos.

Es evidente que el decreto propiamente dicho, es decir, los seis artículos de que consta, está suscrito tanto por el Presidente de la República como por el ministro de comunicaciones, lo cual se observa de su lectura en el Diario Oficial. Y dentro de la regulación que él contiene, quedaron incorporados, en el artículo 3º, el plan técnico de radiodifusión sonora en amplitud modulada (A.M.) y, en el 4º, el plan técnico de radiodifusión sonora en frecuencia modulada; y, en virtud de dicha incorporación, pasaron a formar un solo cuerpo con el decreto y a estar cobijados por las firmas de los susodichos funcionarios.

Ahora bien, de conformidad con el inciso 4º del artículo 115 de la Constitución, “Ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamento administrativo y aquellos expedidos en su calidad de jefe de Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor y fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director de departamento administrativo correspondiente, quienes por el mismo hecho se hacen responsables” (destaca la Sala). Lo anterior indica, además, que siendo el decreto acusado de carácter reglamentario y por lo tanto expedido por el presidente como suprema autoridad administrativa, no requería propiamente de la firma del Ministro de Comunicaciones.

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