Sentencia AP-115 de noviembre 30 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. AP-115, nov. 30/2000

C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola

Actor: Alberto Ramos Garbiras y otros

Apelación sentencia de junio 16 de 2000 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 16 de junio del presente año por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

Los ciudadanos Fernando Bojorges, presidente de la junta de administración local, Alberto Ramos Garbiras, procurador agrario, Ana Débora Salazar, Raúl Blanco y otros, en ejercicio de la acción popular contra la Empresa Nacional Minera Ltda. Minercol, representada por el gerente operativo regional número 3, Jaime Fernández de Soto, buscan la protección de derechos colectivos amenazados, como son el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y la seguridad y salubridad públicas y solicitan que se acceda a las siguientes

I.1.1. Pretensiones

— Que en audiencia dé pacto de cumplimiento se haga comparecer a Carlos Alberto Castañeda y José Berardo García, titulares del contrato 03-004-96 correspondiente a la explotación de las minas de El Río y la Yolanda, a Carlos Julio Vargas, arrendatario y actual explotador de la mina El Río, y a Marco Aurelio García, titular del contrato 03-007-96, correspondiente a la explotación de la mina La Yolandita, con el fin de establecer responsabilidades y el consecuente pago de perjuicios por los daños acusados, así como exigir su restauración;

— Que se ordene la cesación de la explotación de las minas la Yolanda, la Yolandita y El Río;

— Que con el producto del fondo nacional de regalías se obtenga el cierre técnico de las minas, para con ello evitar futuros hundimientos, emisión de gases y subsistencias, y

— Que se ordene el pago del incentivo económico, de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

Las anteriores pretensiones están fundamentadas en los siguientes.

I.1.2. Hechos

Desde hace aproximadamente 20 años los actores son habitantes del Callejón Las Colinas en el corregimiento La Buitrera y por tradición oral saben que las minas de carbón, localizadas en su alrededor, fueron explotadas 40 años atrás por el Batallón Pichincha y que debido a asentamientos subsidiarios se abandonó su explotación.

El día 25 de enero día 1999, los habitantes del sector sintieron una gran explosión subterránea que afectó gran parte de los predios y con ello algunas habitaciones sufrieron agrietamientos en planchas, paredes y suelos; lo cual fue reportado el día 27 de enero, al doctor Varela, jefe de la UMC Pance, Menéndez, Cali, Aguacatal (CVC) y en respuesta la CVC verificó los daños ocasionados por la explosión, dándole traslado al gerente operativo regional 03 de Minercol, en donde le dice que se encontraron agrietamientos en planchas y paredes de algunas viviendas así como fisura vertical en el estribo derecho aguas abajo en el puente que une el callejón con la mina La Yolandita, poniéndose así en peligro la estabilidad del mismo. Le comunica, además, que el propietario de la mina no ha presentado a dicha corporación el correspondiente plan de manejo ambiental, por lo que le solicita tomar las acciones del caso, con el fin de evitar el deterioro ambiental del área y perjuicios a terceros.

La noche del 14 de mayo se presentó un movimiento telúrico, acompañado de ruidos como si fueran explosiones, que fue sentido hasta por los habitantes de un sector de la ciudad de Cali, lo cual produjo daños parciales y completos en algunas viviendas agrietamientos en el suelo, hundimiento en la bancada de la vía pública, única ruta de acceso a las viviendas del sector, lo cual fue verificado por el jefe de unidad de planeación, mantenimiento vial y construcción de vías rurales, según consta en comunicación de julio 12 de 1999, que declara riesgoso el tránsito de vehículos pesados por esa vía. El paso continuo de esas pesadas volquetas hace pensar que esa vía pública puede, en poco tiempo, quedar destruida.

Según planeación municipal y la curaduría urbana uno, las minas en cuestión están ubicadas dentro del perímetro urbano, área de expansión, que, según el literal A) del artículo 10 del Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas), es zona restringida para actividades mineras.

Se afirma en concepto del observatorio sismológico del suroccidente, OSSO, de la Universidad del Valle que los agrietamientos observados en el suelo pueden deberse a hundimientos o subsistencias de antiguos o activos socavones de minería de carbón. Los socavones constituyen un factor de riesgo para los habitantes de la superficie, ya que el área se encuentra en un lugar de alta sismicidad, incompatible con la explotación minera, cuyos trabajadores estarían asumiendo riesgos dentro de los socavones de la explotación.

Los 8 centros educativos y el jardín infantil existentes en el corregimiento de La Buitrera pueden ser perjudicados por el deterioro ambiental que se puede estar presentando en la zona por la explotación minera y/o explosiones propias de la explotación de carbón, las cuales se presentan con frecuencia.

La explotación se adelanta en las minas El Río y La Yolanda, con fundamento. en el contrato 03 - 004 de 1996, sin el respectivo permiso ambiental adecuado, pues según la Ley 99 de 1993, la explotación de minas de carbón debe cumplir con exigencias rigurosas que eviten el deterioro ambiental y deben, así mismo, realizar obras de mitigación para reparar los daños que causa la explotación de ese mineral. La personería municipal produjo un oficio el 17 de septiembre de 1999, dirigido a Minercol, en donde se dice que las minas funcionan sin aprobación del plan de manejo ambiental y su respectiva licencia, según los términos del artículo 6º del Decreto 1753 de 1994. Hasta el momento han pasado tres años de explotación, sin que la explotación minera cumpla con las exigencias de ley. Producto de ello, la comunidad de La Buitrera ha observado como se mueren los ríos (quebrada Los Pomos y río Lilí), en los cuales se vierte sistemáticamente, cada día, las aguas contaminadas por las minas, sin que autoridad ambiental alguna pare ese deterioro, configurándose el delito de contaminación de aguas, que prevén los artículos 205 del Código Penal y 24 de la Ley 491 de 1999.

De otra parte, la recuperación de los suelos de La Buitrera para adelantar un programa de reimplantación de flora fauna sería favorable para el habitat humano del corregimiento y de la misma ciudad de Cali, al constituirse en un pulmón verde y que, además, no se repita la historia del Parque de las Banderas, hoy una de las áreas más erosionadas del municipio.

El día 18 de mayo de 1999, por orden de la corregidora de la Inspección de Policía de La Buitrera, fue suspendida por 10 días la utilización de explosivos y dinamita en los trabajos de las minas La Yolanda y El Río, atendiendo la recomendación del director del comité local de emergencia y el día 1º de junio del mismo año, el gerente operativo regional de Minercol suspendió provisionalmente las labores mineras en el frente denominado Mina El Río, mantos 6, 7 y 8, con el fin de evitar riesgos de derrumbe en el interior de la mina y también en la superficie, que pudieran poner en peligro vidas humanas.

El gerente operativo regional 3 de Minercol, Jaime Fernández de Soto, en respuesta al derecho de petición interpuesto por los habitantes perjudicados por la explotación minera, manifiesta su intención de dilatar la decisión con respecto del cierre de las minas. En el acápite de conclusiones, dice que las antiguas explotaciones y las actuales han generado subsistencias, aceleradas por factores como movimientos sísmicos, fallas que surcan la región y filtraciones de aguas, que originan el resbalamiento de los bloques. Las grietas observadas cerca de la vivienda número 8 se puede decir que son consecuencia de los movimientos originados por la explotación minera, encontrándose éstas en el límite elástico de las rocas del área. Agrega que es necesario adelantar planes de mitigación de los impactos directos e indirectos generados por los proyectos, con el objeto de facilitar la recuperación de la zona y su entorno y el cese de las actividades mineras, pues en la mina no se ha tenido un buen control técnico de la incidencia de la explotación en superficie. Las explotaciones antiguas aceleran su hundimiento al continuar explotándose hacia la profundidad y al no dejar pilares de protección bien dimensionados en la actual explotación. Al no tenerse control del hundimiento del techo de las áreas explotadas, se corre el riesgo de que se presenten deslizamientos de presiones hacia las áreas actuales de ensanches de tambores que pueden colapsar y por ende generar el sellamiento de los cortes, hecho que puede poner en peligro la integridad de las personas que laboran en el interior de la mina o en la superficie, por el hecho de que el hundimiento se genere en forma de deslizamiento.

I.2. La contestación de la demanda

La sociedad demandada aplicó criterios de evaluación para legalizar las áreas de explotación ilegal de las minas, así como para la selección de contratistas. En relación con la explosión del 25 de enero de 1999, conocida por Minercol Ltda. el 4 de marzo de 1999, la demandada observa que no pudo suceder a causa de la presencia de gas metano. Suspendidos los trabajos en el mes de junio del mismo año, con el objeto de analizar lo concerniente a los hundimientos, Minercol realizó un examen serio de la situación, concluyendo que las explotaciones han generado subsistencia que pudo ser acelerada por factores como movimientos sísmicos, fallas que surcan la región, cambios en el nivel freático, etc. Agrega que los desplazamientos horizontales y verticales en las viviendas fueron el resultado de un movimiento sísmico.

Los acuerdos del concejo municipal no han ubicado la actividad minera existente como de alto riesgo para el desarrollo urbanístico, pues no se han definido por parte del municipio, en su plan de ordenamiento territorial, las zonas para la actividad minera, razón por la cual no se ha violado el literal a) del artículo 10 del Código de Minas. Conforme a los acuerdos 14 de 1991 y 30 de 1993, el área en donde se encuentran las minas es suburbana.

Los agrietamientos pueden haber sido causados por hundimiento o subsidencia de antiguos o activos socavones de minería de carbón, pero el observatorio sismológico del suroccidente no lo da como prueba definitiva. Definir las causas de los daños estructurales ocasionados en las viviendas es difícil, máxime cuando se presentan conjuntamente factores físicos, geomorfológicos, sísmicos y de hundimientos ocasionados por minería; no obstante, se puede decir que dichas manifestaciones son el producto de las combinaciones de las mismas. La sociedad demandada solicita que se tengan en cuenta las normas con las cuales los habitantes del sector construyeron sus viviendas y si planeación municipal aprobó dichos planos y si tuvo en cuenta para ello la actividad minera que allí se desarrollaba.

En cuanto a la ubicación de los centros educativos a que se refiere la demanda, éstos no son perjudicados por el área de influencia de la explotación de las minas La Yolanda y El Río, pues dada la distancia a que se encuentran no se corre riesgo de perturbación por las explosiones originadas por la utilización de material explosivo en el avance de las vías, para efectuar la explotación del carbón mineral.

De ahí que no proceda la solicitud de cierre definitivo de las minas La Yolanda y El Río.

El contrato 3-004-96-, ejecutado a través de la explotación de las minas La Yolanda y El Río, se inscribió en el registro minero el día 15 de junio de 1996, fecha en la que, de conformidad con la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía, no se exigía como requisito para la inscripción la aprobación de la parte ambiental. Solamente a pedir de la expedición del Decreto 1481 de 20 de agosto de 1996, expedido por dicho ministerio, se hace exigible el plan de manejo ambiental, cuando se trata de actividades de exploración o licencia ambiental para actividades de explotación, mediante los contratos celebrados por las empresas titulares de aportes mineros con terceros. Sin embargo, la sociedad demandada, de conformidad con los términos contractuales, ha exigido periódicamente a los contratistas las certificaciones expedidas por la autoridad ambiental sobre el estado en que se encuentra el trámite para la obtención de la licencia ambiental. No puede perderse de vista que es la autoridad ambiental la que está revestida de plenas facultades para evitar los impactos negativos que la actividad minera genere al medio ambiente.

En relación con el oficio 1130 0462 de agosto 12 de 1999, la sociedad observa que dicho informe se debe analizar en forma integral y no extraer apartes que distorsionen las conclusiones del mismo.

Concluye que en lo que compete a Minercol, su decisión de no cerrar las explotaciones mineras, que se ejecutan en desarrollo del contrato 3-004-96, está sustentada en los informes y visitas técnicas y de seguridad realizadas en la zona. Y respecto del contrato 3-007-96, otorgado por Ecocarbón, a través del frente denominado mina La Yolandita, tiene aprobación del plan de manejo ambiental de la CVC y no ofrece problemas de seguridad minera.

A título de excepciones, dice que los derechos descritos en los literales a) y b) son de competencia de otras autoridades, mientras que respecto de los señalados en los literales c) y d), en cuanto hacen referencia a la seguridad y prevención de desastres, Minercol ha realizado, dentro del ámbito de su competencia, los estudios de carácter técnico y de seguridad minera, que permitieron tomar la decisión final relacionada con las explotaciones de carbón que se adelantan en ejecución de los contratos 3-004-96 y 3-007-96.

De otro lado, cuando Minercol Ltda. contrata la explotación en áreas de sus aportes, una vez suscritos y perfeccionados los mismos, los contratistas son los únicos responsables ante terceros y ante Minercol de los daños que causen durante la ejecución del contrato. De ahí que no pueda afirmarse que la sociedad este vulnerando o violando derecho o interés alguno a la comunidad de La Buitrera, por lo que solicita declarar que no es la entidad contra la cual debe dirigirse la acción popular.

I.3. La sentencia del tribunal a quo

Para denegar las pretensiones de la demanda, el tribunal de instancia razonó así:

No encuentra la Sala la prueba técnica que indique en forma clara y precisa que sea la explotación de las tres minas la causante de los agrietamientos en las viviendas y vía del sector El Callejón Las Colinas en el corregimiento La Buitrera, mientras que si está demostrado que en dicho sector hay fallas geológicas y que el suelo de muchos años atrás ha sido objeto de explotación minera, donde los efectos sismológicos tienen gran repercusión, tal como lo ha indicado el observatorio sismológico del sur occidente OSSO. Tampoco se ha establecido con prueba técnica si el suelo de ese sector es apto para el levantamiento de viviendas. Si se estableció que en ese sector se presentaron desplazamientos horizontales y verticales de las viviendas, lo cual fue el resultado del fenómeno sísmico acaecido el 14 de mayo de 1999. Se citan apartes del informe del OSSO de la Universidad del Valle.

En relación con los peligros que implican para los 8 centros educativos que funcionan en el corregimiento La Buitrera la explotación minera y/o explosiones propias de la explotación minera, el tribunal invoca la visita realizada al sector por la demandada, practicada el 20 de octubre de 1999, en donde se concluye que dada la distancia a la cual se encuentran los centros educativos no se corren riesgos de perturbación por las explosiones propias de las explotaciones del carbón mineral.

Agrega el tribunal, que la sociedad demandada ha absuelto constantemente las inquietudes de los habitantes y de las autoridades, tal como aparece en oficio de 20 de septiembre de 1999, dirigido por el gerente de Minercol a la corregidora de La Buitrera, en donde le dice que la explotación carbonífera, realizada por un período mayor de 50 años, no ha reactivado las fallas geológicas existentes en la zona, ni las reactivaría por sí sola, pues para que ello acaezca se necesita una gran liberación de energía, que puede ser aportada por los sismos de origen tectónico. Aclara que la explotación carbonífera puede generar subsidencia, lo cual debe estar contemplado dentro del plan minero con sus respectivos correctivos y obras de mitigación.

Il. El recurso de apelación

Considera el recurrente que la providencia impugnada sólo tuvo en cuenta los conceptos técnicos aportados por la parte demandada, en lo que se refiere a la prevención de desastres previsibles técnicamente, pues se limitó a transcribir documentos tales como el informe técnico del OSSO, relacionado con el movimiento sísmico del 14 de mayo de 1999 en dicha zona, el informe de visita a los centros educativos de La Buitrera, presentado por el técnico de seguridad Luis Fernando de los Ríos y el ingeniero de minas Mario González Peña, y el comunicado 1130 de septiembre 20 de 1999, donde el gerente de Minercol da respuesta a la petición que realizó la corregidora de la inspección de La Buitrera.

En relación con el no encuentro de la prueba técnica por el a quo, el recurrente recuerda el acápite 7.2 sobre actividad antrópica, del informe técnico de la CVG — Ingeominas del 31 de mayo de 1999, en donde se dice que, por las evidencias existentes en el evento presentado en el Callejón Las Colinas, se plantea como responsable de los hundimientos la explotación subterránea del área. Además, la respuesta de Minercol (1130-0350 de jun. 24/99 ) al recurso de reposición interpuesto por Carlos Julio Vargas, representante técnico del contrato de explotación minera 03-004-96, folio 7, dice que hubo “subsidencia” y que es importante reseñar “que las viviendas se encuentran ubicadas dentro del área de influencia de la cubeta de hundimiento y cuyo reflejo en superficie son las grietas y hundimientos del terreno que originan daños en las viviendas...”, amén de que el informe de visita efectuado por Samuel Duarte y Mario González (funcionarios de Minercol), ver recomendaciones, dice que se pueden presentar riesgo de pérdida de vidas humanas.

Agrega el recurrente que si bien es cierto que en la zona existen fallas geológicas que cruzan la región, éstas están asociadas directamente con los mantos que actualmente se encuentran en explotación y claramente el informe del OSSO lo corrobora, al afirmar “... que las dos grietas subparalelas separadas entre 3 y 7 metros una de otra, con dirección N 30º E, en coincidencia con el rumbo general de las estructuras geológicas y con los mantos de carbón en la zona...”, afirmación incluida en el fallo recurrido, lo que le permite afirmar que los agrietamientos son productos del sismo, mientras que, por otro lado, el informe dice dichos “...agrietamientos pueden deberse a hundimientos o subsidencias de antiguos o activos socavones de minería de carbón”. En relación con la afirmación de que no existe prueba de que la zona sea apta para vivienda, no se tiene en cuenta el artículo 10 del Decreto 2655 de 1988 en el sentido de que es una zona restringida para actividades mineras, amén de que conforme al Acuerdo 30 de 21 de diciembre de 1993 (estatuto de usos del suelo y normas urbanísticas del municipio de Cali), ese sector se encuentra destinado como área de actividad forestal y residencial de parcelaciones poligonal C.

A pesar de las pretensiones de la acción popular, el recurrente observa que el tribunal solamente tuvo en cuenta los conceptos técnicos aportados por Minercol, encaminados a conceptuar que los desastres físicos de las viviendas fueron producto del fenómeno sísmico y que la explotación minera para nada incide en el deterioro del medio ambiente, de la vía pública y del entorno así como en la contaminación del río Lilí, destrucción de la capa vegetal y de la fauna, así como en la emisión de ruidos provenientes de la maquinaria, lo que afecta la salud y seguridad de los seres humanos”.

Conforme al artículo 134 del Decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales), corresponde al Estado garantizar la calidad del agua para consumo humano, lo que no sucede con las aguas del río Lilí, por causa de la explotación de las minas.

Finalmente, dice el recurrente que la demanda busca que no se prive del derecho de gozar de un ambiente sano a los habitantes y que sea protegida la diversidad e integridad del ambiente, así como que se conserven las áreas ecológicas, de acuerdo con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.

lIl. Decisión

No observándose causal de nulidad que afecte lo actuado, procede la Sala a decidir, previas las siguientes

Consideraciones

III.1. El caso

Solicitan los actores que se protejan los derechos colectivos que tienen que ver con el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, seguridad y salubridad públicas y prevención de desastres, pues en el sector del Callejón Las Colinas del corregimiento de La Buitrera se explotan las minas de carbón El Río y La Yolanda, bajo el contrato de explotación carbonífera 03-004 de 1996, inscrito en el registro minero el día 15 de junio de 1996, cuyos titulares son los señores José Berardo García y Carlos Alberto Castañeda, sin el respectivo permiso ambiental, contaminando dicha explotación la quebrada Los Pomos y el río Lilí, así como ha producido hundimiento de la mencionada calle y agrietamientos en algunas viviendas, con grave peligro para los habitantes de la zona y de los colegios que funcionan en el sector.

Considera la sociedad demandada que se trata de una zona en donde desde hace muchos años, 30 o 40, se ha explotado el carbón, así como también que el agrietamiento de las viviendas tuvo por causa que en la zona existen fallas geológicas y, además, que se produjo un sismo el 14 de mayo de 1999, de alguna magnitud. Agrega que en relación con los titulares del contrato 03-004-96, tiene conocimiento de los requerimientos de la CVC en cuanto a la definición de la parte ambiental relacionada con el título minero, pues para la época no se exigía la aprobación de la parte ambiental, lo que no sucede con la Mina La Yolandita, que sí tiene aprobación del plan de manejo ambiental. Sólo a partir de la expedición del Decreto 1481 de 1996 del Ministerio de Minas y Energía se hizo exigible el plan de manejo ambiental o licencia ambiental. De otra parte, la seguridad ha sido garantizada por la demandada, mediante la realización de estudios técnicos y la evaluación de la capacidad empresarial de los contratistas.

Frente a esos planteamientos, el tribunal a quo analizó solamente los aspectos relacionados con la seguridad, pues no encontró la prueba técnica que permitiera establecer que la explotación de las minas fue la causante del agrietamiento de las viviendas y del hundimiento de la vía y aceptó las explicaciones dadas por la entidad demandada.

lll.2. Los motivos de inconformidad

Estima el apelante que el tribunal solamente tuvo en cuenta los conceptos técnicos aportados por la parte demandada, en lo que hace relación a la prevención de desastres, pero que la demanda busca fundamentalmente que no se prive del derecho de gozar de un ambiente sano, así como que sea protegida la diversidad e integridad del ambiente.

La Sala observa que el artículo 79 de la Constitución Política, en el capítulo de los derechos colectivos y del ambiente, prescribe que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

De otra parte, el artículo 80 ibídem dispone que “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas” (las negrillas no son de los textos).

Ese derecho ciudadano a un ambiente sano y el correlativo deber del Estado de protegerlo se encuentra desarrollado en el Código de Recursos Naturales y en la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, entre otros estatutos legales.

lIl. 3. La licencia ambiental

Uno de los instrumentos que tiene la administración para el logro de esa finalidad es el de la licencia ambiental, cuya obtención, de acuerdo con el artículo 49 de la precitada ley, es de carácter obligatorio, para el desarrollo de ciertas actividades. Dice dicho artículo lo siguiente: “de la obligatoriedad de la licencia ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirá de una licencia ambiental”, la cual será otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y algunos municipios y distritos.

De otra parte, las corporaciones autónomas regionales, de acuerdo con el artículo 23 ibídem, son los entes encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible. Ellas constituyen “la máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción” y otorgan las licencias ambientales para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, según los términos del artículo 31 de la misma ley. Tienen por función la administración del medio ambiente y entre ellas se cuenta, de acuerdo con el artículo 33 ibídem, la corporación autónoma regional del Valle del Cauca, CVC, que tendrá su sede principal en la ciudad de Cali y su jurisdicción comprenderá el territorio del departamento del Valle del Cauca.

Conforme a los términos del numeral 1º del artículo 8º del Decreto 1753 de 1994, corresponde a las corporaciones autónomas regionales otorgar licencia ambiental en el caso de “actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, depósito de los recursos naturales no renovables, realizadas en desarrollo de la mediana y pequeña minería”.

III.4. El asunto sub examine

III.4.1. La preservación del medio ambiente

Dice la actora que la explotación de las minas del Río y Yolanda, amparadas por el contrato 03-004 de 1996, cuyos titulares son José Berardo García y Carlos Alberto Castañeda, se adelanta sin el respectivo permiso ambiental, a pesar de haber pasado tres años desde la suscripción del contrato, muriéndose la quebrada Los Pomos y el río Lilí.

Frente a esa situación, responde la entidad demandada que para la fecha de inscripción del contrato en el registro minero, esto es, el 15 de junio de 1996, no se exigía la aprobación de la parte ambiental. Sólo a partir del Decreto 1481 de 20 de agosto de 1396 se hizo exigible la aprobación del plan de manejo ambiental para actividades de exploración o de licencia ambiental para explotación, mediante contratos celebrados por las empresas titulares de aportes mineros con terceros. Agrega que Minercol ha exigido periódicamente a los contratistas las certificaciones expedidas por la autoridad ambiental sobre el estado en que se encuentra el trámite para la obtención de la licencia ambiental, pero que es dicha autoridad la que está revestida de facultades para evitar los impactos negativos que genere al medio ambiente la actividad minera.

La Sala considera que se trata, en el asunto sub examine, de derechos colectivos de raigambre constitucional, desarrollados por la ley y protegidos a través de las acciones populares, previstas en la propia Constitución Política. Dada su importancia, se trata de normas de derecho público, de aplicación inmediata, sin que pueda alegarse que en el momento de producirse determinados actos o de celebrarse ciertos contratos, dicha reglamentación era inexistente y que, por tanto, la actividad por ellos amparada queda sustraida de dicha normas. No puede pretenderse que en esta materia puedan existir derechos adquiridos de unos particulares relativos al no sometimiento a la legislación ambiental.

El cumplimiento de las normas sobre preservación del medio ambiente es exigible, entonces, a los contratistas aludidos de parte de Minercol, pues esta entidad está sometida en sus actuaciones al cumplimiento de la Constitución y de la ley, por lo que puede, en consecuencia, exigirle a su cocontratante el acatamiento de la normatividad ambiental, dentro de los términos de ley. Dichos términos están reglamentados por el artículo 58 de la Ley 99 de 1993. En el evento de que los contratistas no cumplan con las exigencias legales en la materia, la entidad contratante podrá adoptar las medidas legales del caso.

En el mismo orden de ideas, la corporación autónoma regional del Valle del Cauca, como autoridad ambiental dentro del territorio del departamento, está obligada a exigir el cumplimiento de parte de los contratistas de los requisitos que la ley exige para las explotaciones de minería.

En consecuencia, la entidad contratista y la autoridad ambiental, en este caso, la CVC, tienen la obligación legal de exigir a los explotadores de las mencionadas minas la obtención de la licencia ambiental y del respectivo plan de manejo ambiental, so pena de imponerles las sanciones de ley.

III.4.2. Los problemas de seguridad

Estima la Sala en este punto que el material probatorio arrimado al expediente, como es el informe técnico del OSSO sobre las causas de los agrietamientos de algunas viviendas así como las fisuras presentadas en una de las bases del puente a que se alude en la demanda, no es suficiente para determinar que dicha situación tenga por causa la explotación minera, tal como lo reconoce el tribunal a quo.

En consecuencia, este cargo no prospera.

III.4.3. El perjuicio

No encuentra la Sala demostrado el perjuicio económico que se alega por causa del deterioro ambiental generado en la explotación de las minas, además de que, como se dijo, no está demostrado que el agrietamiento de las viviendas se haya producido por causa de la actividad que desarrollan los contratistas.

Por las razones expuestas, la Sala accederá a la pretensión implícita de preservación del medio ambiente, más no al cierre de las minas en cuestión, ni al reconocimiento de los perjuicios materiales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia recurrida y, en su lugar, se dispone:

1. ORDÉNASE a la sociedad Empresa Nacional Minera Ltda. Minercol que exija a José Berardo García y Carlos Alberto Castañeda la presentación de la licencia ambiental, respecto del contrato de explotación carbonífera 03-004 de 1996, so pena de no hacerlo, la entidad deberá adoptar las medidas de ley.

2. ORDÉNASE a la corporación autónoma regional del Valle del Cauca, CVC que, dentro del ámbito de su competencia, ejerza en el asunto sub examine el control ambiental que le corresponde, exigiendo un plan de manejo ambiental y la respectiva licencia ambiental a Carlos Alberto Castañeda y José Berardo García, titulares del contrato 03-004-96 suscrito con Minercol Ltda. sobre explotación de las minas El Río y La Yolanda.

3. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 30 de noviembre de 2000.

Magistrados: Olga Inés Navarrete Barrero—Camilo Arciniegas Andrade—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Miguel S. Urueta Ayola.

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