Sentencia AP-122 de octubre 19 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo

Sección Tercera

Exp. AP-122, oct. 19/2000. Asuntos constitucionales.

C.P. Dr. Germán Rodríguez Villamizar

Actor: Defensoría del Pueblo

Demandada: Alcaldía Mayor de Bogotá

Conoce la Sala de la apelación interpuesta por la parte actora contra la providencia de 8 de septiembre de 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante la cual dispuso:

“1. NEGAR la presente acción popular, invocada, mediante apoderado judicial, por la Defensoría del Pueblo y, coadyuvada por el barrio Toberín (fls. 127 a 133) —comité interbarrial “Tercer puente” (fls. 243 a 247), Asociación de empresas de “El Toberín” (fls. 153 a 166) y (251 a 260)— barrio Serrezuela y Conjunto Toberín (fls. 97 a 106) —Colegio San Facón (fls. 107 a 125 y 134) —Hogar Infantil (sic) “Piolín” (fls. 74-75), Fundación Colegio de Inglaterra (fls. 220 a 233)— Colegio “La Salle” (fl. 142) —Colegio Calasanz (fls. 142 a 147), barrio “La Uribe” (fls. 202-205) —Instituto Cooperativo de Canapro (fls. 206 a 216)— Liliana Patricia Urrego Díaz, Olga Rocío Yugar y Vladimir Jugar Baquero (fls. 217 a 219), por las razones expuestas en la parte motiva.

“2. Por la secretaría de la Sección procédase a NOTIFICAR PERSONALMENTE el contenido de la presente providencia al señor Defensor del Pueblo, mediante el apoderado judicial, a los coadyuvantes relacionados en el numeral anterior y, al señor Alcalde Mayor de Bogotá D.C., mediante su representante, haciéndoles saber que contra la presente procede el recurso de apelación (art. (sic) 37 L. 472, ago. 5/98).

“3. Mediante telegrama INFÓRMESE la presente decisión a las entidades vinculadas. Planeación Distrital - Curaduría - INPEC - Policía Metropolitana - secretaría de Gobierno Distrital.

“4. Ejecutoriada la presente providencia, por la secretaría de la Sección procédase al archivo (sic) correspondiente, previa devolución de los anexos sin necesidad de desglose”. (fls. 650 a 652 —mayúsculas y negritas fuera del texto).

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2000 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 1 a 14, cdno. 2), el señor Jaime Hernán Ramírez Gasca, actuando en nombre de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con el poder que le fuera conferido (fl. 1, cdno. 2), instauró acción popular contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, por considerar amenazados los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, como consecuencia de la instalación y funcionamiento de una unidad permanente de justicia, UPJ, en el barrio Toberín.

En concreto, se formulan las siguientes pretensiones:

“a) Que se protejan judicialmente los derechos e intereses colectivos a que me he referido en esta demanda en defensa de los habitantes del sector del Toberín.

“b) Que se ordene a la Alcaldía Mayor de Bogotá, desistir o no llevar a cabo la instalación de la UPJ (sic) en el barrio el Toberín.

“c) Que se invite a la Alcaldía Mayor de Bogotá a que continúe desarrollando tan importante proyecto, repito siempre y cuando no se vulneren derechos e intereses colectivos como los aquí expuestos.

“d) Que se reconozca y se ordene el pago del incentivo al demandante DEFENSORÍA DEL PUEBLO con cargo al fondo de defensa de intereses colectivos a que se refiere la Ley 472 de 1988, en la cantidad de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales o en la que el H. tribunal considere apropiada”. (fl. 11 mayúsculas del texto).

En su concepto, la instalación y funcionamiento de la unidad judicial local en el barrio Toberín de la ciudad de Bogotá D.C., vulnera el derecho de los residentes en el sector a contar con un medio ambiente sano, ya que el barrio va a comenzar a ser frecuentado”... por drogadictos, habitantes de la calle, jaladores (sic) de carros, vendedores ambulantes, y en general un sinnúmero de personas a las que no están acostumbrados a ver en el sector, además con el incremento vehicular y la obstrucción al espacio público de la zona. (...)” (fl. 6, cdno. 2).

La construcción del establecimiento carcelario aludido, señala el accionante, produce un peligro y amenaza permanente contra los habitantes del sector referido, a quienes por cierto se les negó, sin ninguna justificación, la posibilidad de intervenir en la toma de una decisión como ésta, que afecta grande y gravemente sus intereses y su patrimonio, produciéndose así la vulneración del derecho colectivo consagrado en el artículo 79 de la Carta.

Precisa que la construcción de la unidad jurídica local, que no es otra cosa que una cárcel, generará una “... desvalorización general de todos los inmuebles y por consiguiente una reestratificación hacia abajo de la que hoy tienen, tal como lo expresaron los propietarios afectados de la Cárcel Distrital (...) ciudadanos que ya viven en carne propia las inclemencias de los funcionarios (sic) públicos (sic) de turno. (...)” (fl. 7, cdno. 2).

Así mismo, precisa que la actuación adelantada por los funcionarios de la administración distrital pone en peligro el patrimonio público, puesto que el inmueble en el cual se pretende que funcione la unidad permanente de justicia, no fue construido para albergar personas retenidas y detenidas por infracción a las normas legales y de policía, sino para el funcionamiento de establecimientos de comercio y que su adecuación para los fines judiciales pretendidos tendrá un valor tan alto, que bien podría el Distrito Capital destinar esos dineros a la adquisición de un lote de terreno en el cual pueda construir un establecimiento carcelario con el lleno de todas las exigencias legales y arquitectónicas, y sin tener que “perder” el valor de los arrendamientos y de las mejoras que efectúe en la bodega arrendada, respecto de la cual, por cierto, ya está pagando el canon correspondiente, sin que la esté utilizando para ningún efecto, con el consecuente detrimento para el patrimonio público.

Por último, señala que se encuentra amenazado el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente dado “... el peligro que puede generar el funcionamiento del (sic) UPJ en inmediaciones de establecimientos educativos y residenciales es de tal gravedad que encaja exactamente en el concepto de “amenaza” previsto en la Ley 472 de 1998...” (fl. 9, cdno 2, subrayas del texto).

Al respecto, precisa que la instalación y puesta en funcionamiento de la unidad permanente de justicia, en las condiciones en que pretende hacerlo la admiración de la capital de la República, pone en riesgo, sin ninguna justificación legal, la vida e integridad física, así como los bienes de las personas que residen, trabajan y/o estudian en el sector, de las cuales una inmensa mayoría son menores de edad.

2. Las coadyuvancias.

2.1. Hogar Infantil “Piolín”.

El director general de Hogar Infantil Piolín, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien afirma que “... de común acuerdo con 120 padres de familia...” (fl. 74, cdno. 2º), pide se acceda a las pretensiones, manifestando su rechazo hacia el proyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá de instalar en el barrio Toberín una unidad permanente de justicia, por considerar, que las personas que allí serán recluidas crearán una situación de potencial peligro para los menores residentes en el sector (fls. 74 y 75, cdno. 2).

Precisa que “... a fin de desarrollar actividades de educación física y recreación (sic), los niños utilizan diariamente los parques del sector (sic), uno de los cuales se encuentra ubicado frente al sitio en donde se piensa ubicar la cárcel. (...)” (fl. 74, cdno. 2). En tales condiciones, es evidente que si se permite la instalación del referido establecimiento carcelario, se atenta contra los derechos fundamentales de un numeroso grupo de niños pues se pone en peligro su vida e integridad personal.

2.2. Habitantes conjuntos residenciales Serrezuela y Toberín.

Mediante escrito presentado por el señor Julio Juyar Leyva, acompañado por las firmas de cincuenta y cuatro personas, quienes afirman residir “... pared de por medio unos, los otros 40 metros a espaldas de la mentada cárcel...” (fl. 97, cdno. 2) coadyuvan las pretensiones, señalando que los barrios ubicados en el sector de influencia del “tercer puente” son residenciales, estudiantiles y comerciales, motivo por el cual la instalación de una unidad permanente de justicia en el sector resultaría perjudicial para todos los habitantes de la zona.

De otro lado, precisan que el inmueble destinado al funcionamiento de la unidad permanente de justicia, no se construyó para tal finalidad, sino que fue erigida con propósitos comerciales, por tanto, no cuenta con la infraestructura física ni sanitaria necesaria para albergar a 250 retenidos y, mucho menos, para que allí funcionen una oficina de medicina legal, siete (7) fiscalías, una inspección de tránsito, una inspección de policía permanente y el grupo antiexplosivos.

Adicionalmente, afirman que la bodega en mención debía constar, de acuerdo con lo autorizado por planeación distrital, de dos (2) pisos y locales comerciales con su mezanine; pero que en la actualidad cuenta con cinco (5) pisos, de manera tal que la construcción hoy existente se realizó de forma irregular, y la instalación de la unidad permanente de justicia en ese lugar equivale a legalizar la edificación levantada contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia (fls. 97 a 102, cdno. 2).

2.3. Colegio de la Presentación de Sans Facón.

La directora del Colegio de la Presentación de Sans Facón, en asocio con los padres de familia de ese centro educativo, concurren al proceso a coadyuvar las pretensiones, indicando como motivos de inconformidad con la actuación adelantada por las autoridades distritales, los siguientes:

“La inconveniencia para el sector, que es residencial y estudiantil al mismo tiempo.

“— La inseguridad que implica para estudiantes y residentes la instalación de esta unidad.

“— La incomodidad para todos los vecinos del barrio y barrios aledaños, que actualmente trabajan por el bien común” (fl.107, cdno. 2).

Concluyen su intervención, planteando el siguiente interrogante:

“Nos preguntamos si por favorecer un centenar de personas que van rotando por la unidad permanente de justicia se lesionen más de quince mil estudiantes menores de edad que no tienen por qué sufrir las consecuencias de una institución de índole tan diferente a las sus expectativas de niños, adolescentes y jóvenes” (fl.107, cdno. 2).

2.4. Consejo comunal barrio el Toberín.

La junta de acción comunal del Toberín rechaza la instalación de la unidad permanente de justicia, por cuanto la administración distrital jamás informó o consultó a la comunidad de tal proyecto, impidiendo así la participación de la ciudadanía en la toma de decisión.

Adicionalmente, se afirma, que si bien de acuerdo con lo manifestado por la secretaría de gobierno, la unidad permanente de justicia no es una cárcel, en la primera cláusula del contrato 214 de 1999 que tiene por objeto la remodelación del inmueble, se indica que “... la falta de establecimientos carcelarios en Bogotá es uno de los factores que genera impunidad en la ciudad” (fl. 127, cdno. 2), de donde es evidente la contradicción de las autoridades distritales que pretenden defender, bajo cualquier pretexto el proyecto atacado, cuando lo evidente es que sí se trata de un establecimiento que finalmente terminará funcionando como una institución carcelaria (fls. 127 y 128, cdno. 2).

Además, anota que no son ciertas las afirmaciones hechas por las autoridades distritales en el sentido de que los detenidos sólo permanecerán treinta y seis (36) horas en las instalaciones de la unidad permanente de justicia, pues en la práctica se tiene que dicho plazo no se cumple, como puede comprobarse con la actual situación que se presenta en las estaciones de policía.

De otro lado, señala que si tal como afirman los funcionarios del Distrito Capital, éste “... no les dará alimento a los detenidos, total que alguien tiene que suministrárselos y ahí es donde tendremos la invasión de parientes y compinches haciendo de las suyas en nuestro barrio. (...)”. (fl.128, cdno. 2).

Por último, precisa que contrario a lo expuesto por las autoridades distritales, en el barrio el Toberín existen más de un mil setecientos (1700) apartamentos, algunos de los cuales quedarán ... ”vecino pared con pared de la UPJ” (fl. 128, cdno. 2), luego sí existen serios perjuicios a la comunidad.

2.5. Colegio de la Salle.

Mediante escrito presentado en papel con membrete del Colegio de la Salle (fl. 141, cdno. 2), un total de seiscientas (600) personas (fls.143 a 147, cdno. 2 y 081 a 104, cdno, 9), coadyuvan la acción popular, señalando como motivos de inconformidad, que se trata de un área “estudiantil” y que el establecimiento de la unidad permanente de justicia en el sector, trae como consecuencia inseguridad para los jóvenes estudiantes.

Concluyen que:

“Creemos que por favorecer un grupo de personas pequeño se puede perjudicar a un gran número de personas sobre todo menores de edad que necesitan seguridad y estabilidad en sus procesos formativos.

“Como jóvenes acudimos a ud. para que sean tenidos en cuenta nuestros derechos y nuestra protección, y se pueda detener la instalación de esta unidad permanente de justicia que presentaría inseguridad a nuestras familias, a nosotros estudiantes y a la comunidad que nos rodea”. (fl. 141, cdno. 2).

2.6. Colegio Calasanz.

A través de su rector, hace las siguientes consideraciones:

“1. El área en donde quedará situada la unidad permanente de justicia es residencial.

“2. En esa misma área, hay una gran cantidad de centros educativos que se verían seriamente perjudicados por la cercanía de un centro de reclusión.

“3. La tranquilidad del área estaría afectada, porque las circunstancias que se desarrollan alrededor de este tipo de establecimientos carcelarios, en las actuales condiciones de inseguridad, son verdaderamente preocupantes.

“4. Está demostrado por investigaciones serias que un centro carcelario suscita en su núcleo de influencia problemas tales como: pandillaje, consumo, venta y distribución de sustancias ilegales, incremento en el número de asaltos, aparición de residencias, hostales y casas de lenocinio y todos los problemas de orden público relacionados con los sitios de reclusión. Tal gravedad de problemas en una zona fundamentalmente escolar, constituye un problema social más serio que el que se pretende resolver”. (fl. 142, cdno.2).

2.7. Asociación de empresas del Toberín.

2.7.1. Igualmente se opone a la construcción de la unidad permanente de justicia en el sector, señalando que se le está ofreciendo como contraprestación por su aquiescencia, la instalación de un centro de atención inmediata de la policía, CAI, cuando en realidad ésta es una necesidad cuya satisfacción están buscando desde tiempo atrás.

Así mismo señala, que en la comunicación que le fuera hecha a la asociación, por la Curaduría Urbana Nº 4 referente al expediente 9941115, en la cual se informaba que expediría una licencia de construcción para adecuación, no se hizo mención alguna a que en ese predio funcionaría una unidad permanente de justicia, ni que estuviere alquilada por la secretaría de gobierno (fls.153 154, cdno.2).

2.7.2. Posteriormente, a través de apoderado (fls.251 a 260, cdno.2), presentaron nuevo escrito de coadyuvancia, en el cual indican que el derecho colectivo vulnerado es el consagrado en el ordinal m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, de acuerdo con el cual la construcción de edificaciones y desarrollos urbanos debe hacerse de manera ordenada, respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes.

Manifiestan que la licencia concedida por el Curador Urbano Nº 4, para la ampliación del tercer y cuarto pisos y para el cambio de uso comercial a institucional del inmueble donde se pretende que funcione la unidad permanente de justicia, se expidió con ostensible violación del artículo 311 del Acuerdo 6 de 1990 que regula el uso del suelo en Bogotá D.C., toda vez que se trata de un establecimiento que sólo puede funcionar en predios de “clase III”, en tanto que el Toberín es un sector “clase ll”. Este último permite la instalación de estaciones y subestaciones de policía y bomberos y centros de atención al fuego, CAF.

Indican, así mismo, que el proyecto de la administración distrital causa un “alto impacto social” en la comunidad de Usaquén y especialmente en el barrio el Toberín.

De otro lado, manifiestan su extrañeza ante la posición ambivalente del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, que “... considera que la UPJ del norte debe clasificarse en el uso institucional clase ll y la del sur en el uso institucional clase III, cuando las UPJ en general gozan de las mismas características. (...)”. (Fl. 256, cdno. 2).

Ese tipo de actitudes, afirman, sólo pretende legalizar una inversión hecha por funcionarios del distrito, mediante decisiones equivocadas e inconsultas. Sobre este último aspecto, señalan que de acuerdo con la interpretación hecha por la Corte Constitucional en sentencia T-814 de 19 de octubre de 1999, la comunidad tiene derecho a la partición (sic) no solamente política, sino también en la toma de las decisiones que los afectan, pudiendo incluso dejar sin efecto las que sus representantes hayan adoptado.

2.8. Asociación de padres de familia del Colegio Distrital Toberín.

En su escrito de coadyuvancia (fl. 165, cdno. 2), limita su intervención a indicar la inconformidad con la instalación de “... un establecimiento carcelario denominado UPJ, en la calle 168 Nº 41-35 del barrio Toberín” (fl. 165), pero no sustenta las razones de tal disentimiento.

2.9. Habitantes del barrio “la Uribe”.

Los firmantes que aparecen a folios 203 a 205 del cuaderno 2, consideran que los sitios en donde funcionan los centros de reclusión se convierten en focos de delincuentes y, que por lo tanto, deberían ubicarse en las afueras de la ciudad (fl. 202, cdno. 2).Señalan cómo la construcción de la unidad permanente de justicia atenta contra la tranquilidad que actualmente disfrutan.

2.10. Comunidad educativa del Instituto Cooperativo de Canapro.

Estima que la instalación de una unidad permanente de justicia en la zona de influencia del colegio es inconveniente, por los siguientes motivos:

“— Se trata de un sector residencial y estudiantil al mismo tiempo.

“— La inseguridad que implica para los estudiantes y residentes la instalación de esta unidad.

“La incomodidad para todos los vecinos del barrio y barrios aledaños, que actualmente trabajan por el bien común” (fl. 206, cdno.2).

Finalmente, concluye afirmando que no pueden perjudicarse más de quince mil (15.000) estudiantes menores, a cambio del bienestar de un pequeño grupo de personas que deben hacer uso de las instalaciones de la unidad permanente de justicia.

2.11. Liliana Patricia Urrego Díaz, Olga Rocío Juyar y Vladimir Juyar Baquero.

Afirman que el proyecto de la alcaldía pone en peligro la tranquilidad del sector, situación esta que se debe exclusivamente a la actividad de la propia comunidad (fls. 217 a 219, cdno. 2).

Indican que aquélla no fue consultada para tomar la decisión que hoy amenaza con afectar los intereses colectivos. Además, manifiesta que el uso del suelo permitido en el sector donde pretende instalarse la unidad permanente de justicia es “clase ll” y no de la “clase lll”, esto es, que la unidad permanente de justicia no es de aquellas entidades que pueda funcionar de acuerdo con lo previsto por las autoridades distritales en relación con el uso del suelo en el sector del barrio el Toberín.

2.12. La Fundación Colegio de Inglaterra - English School.

El señor rector de la Fundación Colegio de Inglaterra - The English School (fl. 220, cdno. 2), al igual que la asociación de padres de familia del mismo establecimiento, coadyuvan la acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo, fundamentándose en idénticos términos a los expuestos por los colegios de la Presentación Sans Facón y la Salle.

2.13. Comité interbarrial tercer puente “no a la cárcel”.

Mediante escrito obrante a folio 243 del cuaderno 2, el señor Édgar Avella, aduciendo su condición de presidente del comité interbarrial tercer puente “no a la cárcel”, manifiesta su decisión de coadyuvar la acción popular. Dentro del escrito referido no expuso las razones de su inconformidad con la decisión administrativa atacada.

3. Los hechos.

En el escrito introductorio, se exponen los siguientes:

“1. El día 19 de agosto de 1999, el diario El Espectador publicó una nota periodística en la que dio cuenta de la construcción de una UPJ que significa unidad permanente de justicia, y que la enunciaré en el transcurso de esta demanda como UPJ, en el barrio el Toberín de Santafé de Bogotá, D.C., medio único por el cual los habitantes (sic) del barrio se enteraron por primera vez, y se informaba que tendría una inversión de $ 1.5000.000.000, y que estaría lista antes de terminar el año 1999, lo cual no ocurrió así (adjunto fotocopia de la difusión periodística).

“2. La comunidad del barrio el Toberín, por fortuna jurídica, estaba debidamente organizados a través de la asociación de empresas del Toberín, “Asempto” y la junta de acción comunal, entidades sin ánimo de lucro, representadas (sic) por el dr. Rafael Guerrero Vernaza con un director ejecutivo Sr. Fernando García Herreros, quien de forma inmediata tan pronto se enteró por dicho medio periodístico, alertó a las organizaciones de los barrios circunvecinos (sic), entidades de enseñanza, deportivas y culturales y residentes en general, decidiendo enviar una carta al Alcalde Mayor de Bogotá en la que requirió información del proyecto y el impacto social que el mismo tendría sobre el barrio (sic), oficio del cual adjunto copia.

“3. El día 7 de septiembre (sic) se recibió respuesta de la secretaría de gobierno de la alcaldía en la que dio cuenta qué era una UPJ, sin aclarar en detalles cuál (sic) iba a ser el impacto social, sin siquiera insinuar la preocupación de la alcaldía por dicho impacto, demostrando que su único interés era el de poner en funcionamiento una UPJ a como diera lugar en el Toberín, violando el derecho de información previa a que tiene todo ciudadano (sic) en los términos del artículo 79 de la Constitución Nacional (respuesta de la cual adjunto copia).

“4. En forma continua y sin interrupción dicha (sic) organizaciones como representantes de la comunidad, enviaron sendos derechos de petición a la secretaría de gobierno sobre la puesta en funcionamiento de la UPJ, en los que se requería información entre otros temas los de, (sic) ubicación, seguridad, organización, que (sic) es una UPJ, que (sic) es una cárcel, que (sic) es una estación de policía, que (sic) es una subestación de policía, beneficios para el barrio (sic) haciéndole saber mediante el derecho de petición referido la voluntad unánime de la comunidad (sic) para rechazar la instalación de una UPJ con más de 4.200 firmas, de cuyos documentos adjunto sendas copias.

“5. Desde el comienzo en que solicitaron información de la UPJ, se les informó por escrito y a la comunidad en general por medios periodísticos que en la UPJ sólo se retendrían contraventores del Código de Policía, tales como riñas callejeras, escándalo público, ensuciar las calles, además de atracos y robos menores entre otros, sosteniendo durante todo el tiempo y hasta la fecha, que las UPJ serían para delitos menores y contravenciones.

“6. En carta enviada por la Secretaría de Gobierno del Distrito al Concejo de Bogotá, ésta el día 1º de diciembre de 1999, respondió un cuestionario que le requirió la Comisión Segunda de Gobierno del Concejo de Santafé de Bogotá D.C., de la cual adjunto fotocopia, en la que se da respuesta exacta y sin equivocación alguna, que por los hechos anteriores la alcaldía le está mintiendo a la comunidad (sic) por que (sic) a éstos siempre les informó que las UPJ atenderían delitos menores del Código de Policía y al Concejo les (sic) expresó en la página segunda de dicho escrito que “los delitos por los cuales se podría conducir a una persona a las UPJ son todos aquellos estipulados en el Código Distrital y Nacional de Policía, además de aquellos tipificados en el Código Penal”, es decir todos. Lo anterior reafirma, que la UPJ programada para el barrio el Toberín, encaja dentro del concepto de cárceles, determinado en los artículos 17 y 21 de la Ley 65 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario, dado que allí se cumplirán detenciones y retenciones preventivas a sindicados de cometer hechos u omisiones constitutivos de contravención o hechos punibles.

“Es destacar (sic) por demás que el establecimiento y funcionamiento de la pretendida UPJ en la que funcionará un establecimiento de reclusión, requiere del cumplimiento de reglas mínimas establecidas para el tratamiento de personas privadas de la libertad cualquiera que sea el tiempo que fuere, promulgadas por la Organización Mundial de las Naciones Unidas, las cuales hacen referencia a las condiciones de salubridad, higiene, privacidad, alimentación adecuada y balanceada, ropas y camas, celdas o cuartos para el aislamiento nocturno, de recreación y deporte, servicios médicos y odontológicos, bibliotecas acordes con la dignidad de la persona humana, condiciones que muy difícilmente (por sólo razones locativas) se pueden cumplir.

“7. El comité interbarrial tercer puente “no a la cárcel” expidió el comunicado Nº 3 del cual adjunto fotocopia, dirigido al Honorable Concejo de Bogotá, Procuraduría, Personería, Contraloría, Defensoría del Pueblo, medios (sic) de comunicación y otros, en el que se analizan punto por punto las respuestas dadas por el dr. Riveros, Secretario de Gobierno del Distrito, llegando a la conclusión que las contradicciones y omisiones son grandes para lograr poner en funcionamiento la UPJ (cárcel) en detrimentos (sic) de los derechos que se vulnerarán con dicha institución y que han sido definidos en el capítulo de derechos colectivos amenazados y vulnerados de esta demanda.

“8. En carta abierta al señor Alcalde de Bogotá, el día 22 de noviembre de 1999, la comunidad (sic) del barrio Toberín y barrios (sic) circunvecinos en unión con los colegios: Calasanz, Las Esclavas, Liceo Cervantes, Anglo Colombiano, Sans Facón, La Salle, Eucarístico, Anglo Americano, English School, Distrital El Toberín, Inglaterra, Abraham Lincon (sic), María Auxiliadora, María Montessori, Jardín Infantil Piolín, Jardín Infantil Mi Bella Imagen, Jardín Infantil El Rincón del Tercer Puente (con una población estudiantil de menores superior a 15.000), solicitaron entre otros y recolectándose por fuera de dicha población estudiantil, es decir entre adultos, más de cuatro mil doscientas firmas (4.200), para elevar la susodicha carta abierta por derecho de petición que se tradujo en un rechazo unánime por parte de la comunidad para la instalación como se quiera llamar o traducir de una UPJ y/o cárcel. Solicitando dentro de dicho derecho de petición que el distrito desistiera de dicho proyecto.

“9. Con fecha 21 de septiembre de 1999 la Alcaldía Mayor por intermedio de su Secretaría (sic) de Gobierno doctor Hugo Acero Velásquez admite por interpretación natural que al instalarse una UPJ por motivos de seguridad, la misma, contara con un circuito cerrado de televisión, detectores de metales, espejos convexos, y un maletín antiexplosivo en caso de que se presente una emergencia, y mediante escrito sin fecha que dio respuesta al derecho de petición enunciado en el numeral anterior en el segundo punto manifiesta, que la vigilancia y seguridad exterior de la cárcel denominada UPJ y para su exterior estaría a cargo de la policía metropolitana, la cual tendría ubicada allí una estación de policía con cerca de treinta (30) hombres armados. Todo lo anterior señor magistrado, que obra en documentos públicos que no admiten prueba en contrario, dejan observar con claridad que al disponerse o planearse este dispositivo de seguridad es porque en realidad existe una amenaza o peligro al instalar la UPJ pretendida, documentos de los cuales adjunto fotocopia.

“10. Dentro de toda la investigación adelantada y porque se tiene ya experiencia en el Distrito Capital de una UPJ del centro, ubicada en la carrera 32 Nº 13 A 20, con capacidad para retener 700 personas, existen estadísticas serias, contundentes, que van desde enero hasta agosto de 1999, de la misma Secretaría de Gobierno del Distrito en las que se dan (sic) cuenta que a las UPJ no van sólo contraventores sino también delitos (sic) graves conocidos en las siguientes cantidades, repito por estadísticas: Ataque a funcionario 41, cohecho 18, daño en bien ajeno 169, embriaguez segundo grado 0, estafa 100, extorsión 4, falsedad 180, homicidio 82, hurto 2.583, Ley 30-394 (sic), Ley 44-669 (sic), porte ilegal 265, receptación 124, riña 114, secuestro 9, violación carnal 33, terrorismo 7, y otros que no comento pero que puede observar en el documento adjunto a esta demanda y que del mismo se colige que no es cierto que la UPJ sea para atender delitos menores o contravenciones. Basta observar que sólo como contravenciones, por ejemplo embriaguez segundo grado en dicha estadística se observa que la retención por dicha contravención fue cero y riña 14, (anexo informe sobre las UPJ presentado por el secretario de gobierno al Sr. Alcalde Enrique Peñalosa de fecha octubre de 1999 en 78 folios).

“11. Anexo oficio Nº 17514 de fecha 3 DE DICIEMBRE DE 1999, expedido por el señor Defensor del Pueblo regional de Santafé de Bogotá Dr. IVÁN VILLAMIZAR LUCIANI, en el que se observa con claridad violación a derechos humanos, con la instalación de la UPJ tantas veces citada.

“12. La mayor población de retenidos aumenta el número de visitantes; por cada retenido hay tres visitantes promedio. Así lo dicen las estadísticas del Inpec. Las colas ocupan el espacio público y su mayor volumen da lugar al menor espacio público. De esos visitantes hay muchos que aprovechan la ocasión para perjudicar los bienes a las personas del sector” (fls. 2 a 5, cdno. 2 mayúsculas del texto).

4. Auto admisorio de la acción popular.

Mediante auto del 14 de febrero de 2000 (fls. 18 a 20, cdno. 2), el a quo admitió la acción incoada por la Defensoría del Pueblo y ordenó la notificación personal de la misma al Alcalde Mayor de Bogotá; de igual manera ordenó comunicar a la comunidad afectada: barrio el Toberín, comité interbarrial tercer puente y asociación de empresas el Toberín “Asempto”, a través de los correspondientes representantes legales; así mismo, dispuso comunicar el auto admisorio al Ministerio Público y a la dirección general Inpec.

Adicionalmente, negó las medias cautelares solicitadas por el accionante, por considerar que del acervo probatorio no surgen elementos con el suficiente mérito para establecer el daño inminente que, de acuerdo con las aseveraciones de la demanda, se puede llegar a causar a la comunidad.

5. Intervención de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Por intermedio del director de la oficia de asuntos judiciales de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la entidad contestó la demanda (fls. 32 a 58), solicitando se nieguen las pretensiones, toda vez que el Distrito Capital no está infringiendo las normas que gobiernan el ambiente sano, la participación ciudadana, el patrimonio público y la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Frente a los pedimentos del actor señala, en síntesis los siguientes puntos:

Las unidades permanentes de justicia, surgen como respuesta a la necesidad de una interacción rápida, concertada y eficaz entre autoridades judiciales y de policía; su creación obedece, igualmente a la crisis de sitios de retención del país que se ve reflejada en el hacinamiento que va en ascenso en las cárceles municipales.

Las entidades referidas, permiten a las autoridades sancionar de manera adecuada e inmediata los delitos menores y contravenciones que en forma cotidiana cometen los ciudadanos.

El funcionamiento de la unidad permanente de justicia en la calle 168 Nº 41-35 está permitido de conformidad con la normatividad vigente, puesto que en dicho sector se permite un uso institucional de influencia zonal clase ll.

Las unidades permanentes de justicia son unidades de apoyo o complementarias a las estaciones de policía, prestan, por tanto, servicios especializados que pueden llegar a satisfacer las necesidades de la población; de igual manera, el impacto urbano y social que genera este tipo de uso es mediano.

En cuanto al pretendido deterioro del medio ambiente precisa que el departamento administrativo del medio ambiente, DAMA, expidió un concepto en el cual establece que no es necesario amparar las actividades propuestas para la mencionada unidad con licencia ambiental, por lo cual no se genera ningún riesgo para el equilibrio ambiental.

Una vez obtenido el concepto de planeación, se radicó la documentación ante la curaduría urbana número cuatro, cumpliendo con todas las condiciones que sobre el tema fueron requeridas por dicho ente.

La curaduría verificó la validez de esos documentos, y por ende, la viabilidad del proyecto, otorgando con posterioridad la referida licencia.

La unidad permanente de justicia propende por el mejoramiento sustancial de las condiciones de los sectores en donde se instalan, puesto que centraliza funciones de seguridad y bienestar, tales como medicina legal, unidades de reacción inmediata, pequeñas subestaciones de policía, que definitivamente van a mejorar el nivel de seguridad a las comunidades circundantes.

En cuanto a los derechos invocados, hace las siguientes precisiones:

a) Derecho a un ambiente sano.

En primer término, aclara que los retenidos en la unidad permanente por su característica de transitoriedad, no tiene visitas, por lo que no existe el peligro de que se causen daños al medio ambiente o a la seguridad de los habitantes del barrio el Toberín.

Por el contrario, sostiene, el proyecto atacado “...busca el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y el aseguramiento del bienestar general, lejos de constituir un riesgo de seguridad de la comunidad pues en realidad constituye un apoyo que propende por el mejoramiento sustancial de las condiciones de los sectores donde se instala, como quiera que centralizan funciones de seguridad y bienestar, tales como medicina legal, unidades de reacción inmediata, pequeñas subestaciones de policía, que definitivamente van a mejorar el nivel de seguridad y asistencia a las comunidades circundantes (...)” (fls. 484 y 49 cdno. 2).

De otro lado, señala que entre las funciones de la policía se encuentra la de mantener y garantizar el orden público, previniendo y controlando las perturbaciones que atenten contra la seguridad, tranquilidad, salubridad, ecología y ornatos públicos, objetivos estos que cumplirá más fácilmente al encontrarse situada dentro del barrio mismo.

b) Derecho a la publicidad o participación de la comunidad en el proyecto.

Al respecto, se limita a señalar que el proyecto de instalación y puesta en funcionamiento de las unidades permanentes de justicia fue uno de los programas presentados “... por el alcalde mayor en su plan de desarrollo debidamente discutido y aprobado por el Concejo Distrital con la participación de la comunidad. (...)” (fl. 50 cdno. 2).

c) Derecho al patrimonio público.

Indica que, previamente a la toma de decisión acerca de la ubicación de la unidad permanente de justicia del norte, se realizaron “... los estudios previos y serios de mercado correspondientes...” (fl. 50 cdno. 2).

Así mismo, el referido proyecto está contemplado en el plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para Bogotá denominado “Por la Bogotá que queremos”, además de lo cual, se cuenta con la correspondiente partida presupuestal para realizar las adecuaciones que requiere el inmueble ya arrendado para el funcionamiento de la unidad permanente de justicia “...en procura de garantizar la seguridad de la unidad, de los vecinos y las mínimas condiciones humanitarias en las que deben permanecer las personas que son retenidas, así sea por un plazo máximo de 36 horas (...)" (fl. 51, cdno. 2).

Por último, en cuanto a este aspecto, señala que tanto el proceso de contratación del inmueble como el de las obras necesarias para su adecuación, se ciñeron a las disposiciones legales sobre la materia, cumpliéndose todos los requisitos exigidos por la ley, por lo que no existe detrimento ni riesgo para el patrimonio público, a que alude la demanda.

d) Derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Afirma que en lugar de constituir un riesgo para la comunidad, la instalación de las unidades permanentes de justicia en un sector determinado de la ciudad, constituye un apoyo, puesto que mejora las condiciones de seguridad y asistencia a la comunidad circundante.

Adicionalmente, estima que la presencia de la policía no convierte a la zona en objetivo militar, porque, de ser así, cada uno de los puntos donde exista presencia de aquélla, constituiría una amenaza para la ciudadanía, tesis esta que no resulta de recibo toda vez que de ser cierta la Policía Nacional no podría tener sede ni actuar en ningún lugar del territorio nacional.

6. Audiencia especial.

Mediante auto del 10 de marzo de 2000 (fl. 126), el a quo citó a las partes a la audiencia especial prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, la cual se celebró el 23 de marzo de 2000 sin arrojar resultados positivos, ya que no se logró ningún tipo de acuerdo entre las partes (fls.135 a 138).

7. Las pruebas recaudadas.

Además de las aportadas por los intervinientes en el proceso, se allegaron al expediente las siguientes:

7.1. Oficio número OJU. 7130 Of.603/TUT 2000 del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec, en el cual se señala:

“... esta entidad no ha prestado asesoría técnica a la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, respecto de la conveniencia o no de la construcción de la unidad permanente de justicia ”UPJ”, de la calle 168 con carrera 41. (...)” (fl. 109 cdno. 2).

Así mismo, en el citado oficio se precisa que el Inpec no ha realizado estudios respecto de la inseguridad en los sitios circunvecinos a las cárceles, puesto que la vigilancia externa de los establecimientos de reclusión corresponde a las autoridades de policía.

7.2. La Policía Metropolitana de Bogotá, a través del oficio número 0420/COMAN—CIC (fl.196 cdno. 2) allegó el informe sobre “impacto que genera en la seguridad el funcionamiento de la unidad permanente de justicia” (fls. 197 a 199 cdno. 2).

En el aludido documento, referido exclusivamente a la unidad permanente de justicia situada en el sector comprendido entre las calles 12 a 14 y las carreras 31 a 34 —barrio Cundinamarca— de Bogotá, D.C., se hacen las siguientes afirmaciones:

“Con respecto a la actividad delictiva que se presenta en los alrededores de esta UPJ, se encuentra que, de acuerdo con las denuncias recepcionadas por las (sic) Policía Metropolitana de Santafé de Bogotá, para los delitos considerados como de mayor impacto en la comunidad, su comportamiento ha sido descendente, tal como lo muestra la siguiente tabla:

Delitos/PeríodoPrimer trimestre 1999Primer trimestre 2000
Homicidio común00
Lesiones personales11
Hurto de automotores73
Hurto a bancos10
Hurto a residencias00
Atraco callejero54
Hurto a establecimientos comerciales30
En tales condiciones, afirma que la presencia de la unidad permanente de justicia, en lugar de “... potencializar dinámicas delictivas ...” (fl. 198 cdno. 2), durante el primer trimestre del año en curso, generó una disminución del cincuenta y tres por ciento (53%) en los delitos de mayor impacto social.

A su vez, presenta cuadros estadísticos referidos a la actividad delictiva desarrollada en los sectores aledaños a los centros carcelarios que funcionan en Bogotá, información esta de la cual concluye que en el sector de la cárcel “Distrital” se presentaron en el primer trimestre de 2000 “... el 0.17% de los delitos...” (fl. 198 cdno. 2) registrados en el mismo período del año anterior.

El porcentaje en el caso de la cárcel “la Picota”, es del 0.32% (fl.199 cdno. 2) y del 0.13% (fl. 198 cdno. 2), en relación con la cárcel “la Modelo”.

7.3. Oficio SBP-46 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (fls. 297 a 300 cdno. 2).

Luego de observar que las unidades permanentes de justicia son centros de atención transitoria, que sirven de apoyo a las estaciones de policía y que por sus características se enmarcan en los usos institucionales de cobertura zonal, describe los distintos usos del suelo permitidos en Bogotá D.C., después de lo cual expone:

“De lo anterior se concluye que el uso de la unidad permanente de justicia es permitido en el predio de la calle 168 Nº 41-35; así mismo, es importante, que se entienda que la ciudad es dinámica y es necesario, que a lo largo y ancho de la misma, se localicen diversas instituciones que ayuden a satisfacer las necesidades administrativas de carácter distrital generadas por el crecimiento de la ciudad”. (fl. 300 cdno. 2).

7.9. Diligencia de inspección judicial.

El día 28 de abril del presente año, se llevó a cabo una inspección judicial (fls. 194 y 195 cdno. 2), en la cual se describió el inmueble tomado en arrendamiento por el Distrito Capital y sus alrededores,

“...nos encontramos ubicados en la bodega (sic) de uso comercial distinguida con el número 41-35 de la calle 168 de esta ciudad, la cual colinda por el costado oriental con el inmueble distinguido con el número 41-27 local comercial distinguid (sic) con el nombre comercial (sic) panadería y bizcocheri (sic) “San Felipe”, y con el conjunto de casas denominado el Toberín distinguido con el Nº 41-69 y con el inmueble de la carrera 42 distinguido con el Nº 167-80 bodega (sic) comercia que se encuentra desocupada. Por el costado sur con el conjuntop (sic) habitacional Serrezuela distingudo (sic) con el Nº 167-14 de la carrera 42 y la bodega comercial donde funciona taller de ornamentación y vivienda distinguido con el Nº 167-(sic) de la carrera 42, por el costado norte con la calle 168 teniendo al frente como vecinos tres bodegas —unos locales comerciales con vivienda y un lote desocupado...” (fls. 194 y 194 vto. cdno. 2).

De otro lado, en cuanto a la descripción del sector aledaño al referido inmueble, la magistrada conductora del proceso precisó lo siguiente:

“...1) Al frente de la entrada principal de la bodega (sic) distinguida con el Nº 41-35 objeto de la presente diligencia sepúede (sic) observar (sic) construccione (sic) para uso industrial dadas sus condiciones de bodegas y lotes en los cuales se encuentra ubicado un parqueadero al final en el cruce de la carrera 42 de la calle 166, siguiendo hacia el sur, se continúa ambos lados de la carrera 42 con zona industrial y en su medio una vivienda Nº 166-43 conjunto Zerrezuela continuando y hacia el frente de la misma carrera 42, se observa (sic) edificaciones con funcionamiento de (sic) industrial de diferente índole hasta llegar al cruce de la calle 166 dicha calle en sentido occidente se une a la paralela de la autopista norte de Bogotá, allí se encuentra una estación de policía Mobil (sic); subiendo hacia el oriente por la calle 166 se encuentra la inteesección (sic) con la carrera 42 un jardín infantil denominado “Piolín” y al frente la agencia Banco Caja Social, continuando, encontramos zona industrial sin viviendas al frente terminando la 166 con carrera 41 hacia el norte, se encuntran (sic) locales comerciales, vivienda Nº 41-22 observándose bodegas y locales de uso comercial y edificaciones del mismo uso. Antes de finalizar la carrera 41 encuentra vivienda Nº 167-71 conjunto Toberín (6) edificaciones que lindan con la bodega objeto de la inspección con pared medianero (sic) por el costyado (sic) oriental, termina carrera 41 con lote destinado a taller. 2) se Puede (sic) apreciar, igualmente, que la mencionada bodega se encuentra a una cuadra de la avenida 170, zona colegial del norte de Bogotá. El sentido dela (sic) calle 168 sentido único de tránsito de oriente a occidente desmbocando (sic) a la media cuadra de la bodega enla (sic) paralela de la autopista norte de Bogotá. Hacia el oriente dela (sic) manzana inspeccionada seobserva (sic) igualmente zona bancaria, zona estudiantil, facultad de optalmología (sic) de la Universidad San Martín y viviendas familiares y oficinas bancarias, todos de acuerdo con la zona donde se encuentra localizada la bodega comprometida en un influjo de vivienda (sic) familiar, zona industrial, comercial, bancaria y estudiantil...” (fl.194 vto. cdno. 2).

Por último, en relación con la descripción física de la aludida bodega, en el acta de la diligencia se consignó lo siguiente:

“... Observa una edificación de cinco (5) niveles con puerta de acceso portón metálico, ventanales con enrejados y vidrio en perfecto estado. A partir del segundo se observa un acabado perfecto de lujo con espacatur (sic) y cudrante (sic) de piedra muñeca tallada en la parte principal buena presencia que presenta confortabilidad hacia el interior. Ingresando en ella, se observa en el primer piso un pequeño corredor de aproximadamente 5mts (sic) de acceso, que lleva a un patio rectangular de dimenciones (sic) 31 mts. de largo y 14mts. (sic) horizontal con dos escalares (sic) de subia (sic) de acceso al lado izquierdo y derecho a corredores que cobijan el patio. En la planta (sic) baja, se observa, a la derecha lavamanos de lujo oriNALES (sic) y baños en condiciones de lujo, al lado izquierdo una puerta de acceso a posibles oficinas con acabados en baldosa de mármol, escaleras de subía (sic) la mezanine en las mismas condiciones o materiales, dos baños en el mezanine, oficina de recepción u otra oficina de las mismas dimenciones (sic) del piso primero para la recepción. El cuadrante del patio, donde se soportan los corredores aludidos en el segundo piso, soportado en columnas de izquierda a derecha de 6 mts. (sic) de separación. Edificación cubierta, en el patio cablgando en —se corrige— el techo cabalgando una estructura metálica cubierta con teja de eternit, edificación construida en ladrillo o bloque perforado, en la parte baja se encuentra rebocado (sic) y pintado en cal blanca El inmueble Posee (sic) servicios públicos completo (sic) (agua -luz y teléfono). Se agrega que a continuación de la puerta metálica de entrada dentro de la misma edificación con la nomenclatura Nº 41-31 local destinado a todas las oficinas de medicina legal y su funcionamiento en general...” (fls. 194 vto. y 195 cdno. 2).

8. La providencia apelada.

8.1. El fallo impugnado.

Mediante providencia del 8 de septiembre de 2000 (fls. 600 a 652 cdno. ppal.), el a quo despachó desfavorablemente las pretensiones, por considerar que la instalación de la unidad permanente de justicia del norte en el barrio el Toberín, no afecta a la comunidad ni viola los derechos invocados en la demanda.

Estimó, que los argumentos de inconveniencia, inseguridad e incomodidad que exponen la demandante y los coadyuvantes, están basados en apreciaciones de orden subjetivo, que no son de recibo. Por el contrario, señala que es deber de la comunidad colaborar y hacer parte del proyecto de puesta en funcionamiento de la unidad permanente de justicia del norte, puesto que es deber de los asociados colaborar con las autoridades en el desarrollo de sus funciones.

En concreto, respecto de cada uno de los derechos invocados por los actores precisó el fallador de instancia:

8.1.1. Derecho al goce de un medio ambiente sano.

Expuso que:

“...la administración distrital, por medio de la secretaría de gobierno, suministra la infraestructura física donde funciona la UPJ, y garantiza el mantenimiento, aseo, vigilancia y pago de servicios públicos salvo el servicio telefónico, además designa un funcionario para que se desempeñe como coordinador administrativo de las diversas actividades desarrolladas por las instituciones que allí se encuentran. De la misma manera apoya los programas de convivencia ciudadana, con la presencia de un inspector de policía, que no tendrá la función de atender despachos comisorios, sino que dedicara el 100% (sic) de su tiempo a labores preventivas con los retenidos y a desarrollar su función de agente para la convivencia de la comunidad del sitio donde quede ubicada la respectiva unidad, en el presente caso, el sector del barrio Toberín”. (fl. 643 cdno. ppal.).

En tales condiciones, estimó el a quo que es necesario esperar a que la unidad permanente de justicia comience a funcionar, pues sólo hasta ese momento podrá determinarse si se infringen o no las normas ambientales, caso en el cual los afectados podrán hacer uso de “....las acciones de orden ordinario o especial y policivo para solicitar protección a derechos fundamentales como la salud, la vida o la integridad física, pero sobre hechos reales que así lo demuestren (...)” (fl. 643 cdno. ppal.).

8.1.2. Defensa del patrimonio público.

Consideró que los hechos en que la actora fundamenta las pretensiones tienen relación con el derecho a la moralidad administrativa y no con el patrimonio público, el cual tampoco considera vulnerado, ya que “...si se observa que frente a las actuaciones mencionadas, tanto la Contraloría de Bogotá D.C., como la personería distrital han iniciado las correspondientes investigaciones en aras a establecer la existencia de responsabilidad alguna por parte de los funcionarios distritales y, garantizar de esta manera que su actuar esté ajustado a la Constitución y la ley que rija dicho proceder (...)” (fl. 644 cdno. ppal.).

8.1.3. Derechos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Señala que la posible presencia de personas indigentes, ladrones y toda clase de malhechores, así como el expendio y consumo de alucinógenos, a que hacen referencia la demanda y los coadyuvantes, no pasan de “... ser apreciaciones de orden subjetivo y temeridad (sic) de la comunidad sobre hechos sobrevinientes no constatados y, que si nos atenemos (sic) a las estadísticas allegadas por la Policía Metropolitana, en las (sic) UPJ existentes (sic) actualmente el efecto a (sic) sido contrario, es decir la seguridad ha mejorado considerablemente...” (fl. 646 cdno. ppal.) y que corresponde, afirma el tribunal, tanto a la comunidad como a las autoridades evitar que la situación anómala que se teme, se produzca.

8.1.4. Derecho a la participación de la comunidad en la toma de decisiones que la afecten.

Luego de precisar que tanto los particulares como la administración se encuentran sometidos al imperio de la ley, en la providencia se argumenta lo siguiente:

“De las pruebas allegadas y, en especial de la inspección judicial adelantada por la magistrada sustanciadora, se pudo observar que la instalación de la UPJ del norte en el barrio Toberín, no afecta en nada a la comunidad, ni viola derecho alguno de los invocados por la accionante. Sólo se deja entrever la preocupación dela (sic) comunidad ante posible existencia de inseguridad, degenere y depreciación de sus propiedades. Lo cual constituye una (sic) interés particular enfrentada al interés general que protege el actuar de la administración. Así mismo, los argumentos de inconveniencia - inseguridad e incomodidad que esgrimen los coadyuvantes, está (sic) basado en apreciaciones de orden subjetivo alimentada (sic) por versiones de terceros y vivencias de otras situaciones que en nada deben acomodarse a la objetividad del proyecto, que como es manifestado en diversas (sic) apartes por las accionantes, es bueno, pero “no cerca de nuestras casas” llegando incluso a recomendar como sitio el que corresponde al Centro Administrativo Distrital, en acto por demás ofensivo y sin la lógica y seriedad que debe contener el presente caso. (...)” (fl. 649 cdno. ppal.).

8.2. Salvamento de voto.

El magistrado Libar Nelson Arévalo Perico, se apartó de la decisión mayoritaria, por considerar que en el caso bajo estudio, las autoridades distritales no permitieron la participación de la comunidad directamente afectada en el proceso de adopción de la decisión de instalar una unidad permanente de justicia en la zona donde residen o adelantan sus actividades escolares o de recreación y económicas.

Señala el magistrado disidente que “...a través de una consulta zonal, previa la suficiente información a al ciudadanía, los primeramente beneficiados —según la administración—, o los afectados —según la ciudadanía del sector—, hubieran llegado a una decisión que venciera resistencias, o comprobara razones, pero de manera democrática y participativa como lo estableció el constituyente del 91 (...)” (fl. 654 cdno. ppal.).

En tales condiciones la administración distrital debió implementar mecanismos para garantizar una amplia participación ciudadana, para arribar a una concertación, y no fundamentar sus decisiones exclusivamente en conceptos emitidos por las mismas autoridades distritales, por demás involucradas en las decisiones cuestionadas.

De otro lado, precisa que el uso del suelo, en este caso “institucional II”, no permite que en el sector del barrio Toberín se instale la unidad permanente de justicia. Además de lo anterior, señala que no cabe la menor duda que una vez la mencionada unidad permanente de justicia, se deberán instalar “...parqueaderos (sic) amplios, cafeterías alrededor, kioskos, ventas ambulantes...” (fl. 654 cdno. ppal.), para poder atender el amplio flujo de familiares y amigos que visitarán a los retenidos, con toda la contaminación visual y auditiva que tales circunstancias implican, amén de la ocupación del espacio público en los sectores aledaños a la referidla unidad.

Por último formula interrogantes referidos a la conveniencia de realizar la construcción de centros de reclusión de acuerdo con las especificaciones internacionalmente aceptadas, en condiciones de respeto a la dignidad humana de los detenidos, y en consideración a las personas que habitan las ciudades y que deben someterse a las decisiones de las autoridades locales.

9. La apelación.

Inconforme con la decisión del tribunal, la parte demandante y los coadyuvantes interpusieron recurso de apelación (fls. 657 a 666; 736 a 742 y 743 a 747). Exponen los impugnantes, en su orden, lo siguiente.

9.1. La Defensoría del Pueblo y la asociación de empresas de Toberín —Asempto.

Indican como fundamento de su disentimiento las siguientes razones:

a) De los elementos obrantes en el proceso, resulta claro que las entidades demandadas violaron el derecho de participación de la comunidad, consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política y los artículos 25 y 27 del Acuerdo 6 de 1998 del Concejo de Bogotá, D.C.

Sostienen que lo que “...está demostrado dentro del proceso, es entender democráticamente el bienestar de la comunidad del Toberín pues, con más de 5.000 firmas anexas al proceso y la solicitud de representación ante la defensoría del pueblo, demostraron ante la justicia (sic) colombiana (sic), que no quieren la UPJ en su Barrio (sic)...” (fl. 660 cdno. ppal.), a pesar de lo cual la administración distrital ha desatendido tales manifestaciones.

Con relación a este punto, exponen:

“Con una sentencia como la recurrida queda burlada la dignidad de una comunidad (sic) que se verá afectada con inseguridad, desconocimientos del derecho colectivo de participación de la comunidad (sic), el derecho a gozar de un ambiente sano y del detrimento del patrimonio público confundido con moralidad administrativa. (...)” (fl. 658 cdno. ppal.).

Concluyen que de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política y en el Acuerdo 6 de 1998 el Concejo de Bogotá, D.C., es obligación de las autoridades distritales actuar de manera coordinada con la comunidad, entendiendo por ésta a los habitantes del barrio el Toberín y aledaños, no al Concejo de Bogotá, D.C.

En tales condiciones, es la comunidad del barrio el Toberín la que debe ser consultada directamente, si se pretende instalar y poner en funcionamiento una unidad permanente de justicia en dicho sector.

b) Contrario a lo sostenido en el fallo impugnado, el patrimonio público sí se encuentra afectado, porque la entidad demandada pagó y continúa pagando un canon de arrendamiento por un inmueble que no utiliza.

c) La instalación de la unidad permanente de justicia en el predio ubicado en la Calle 168 Nº 41-35, contraviene las normas urbanísticas y desmejora la calidad de vida de los habitantes de la zona.

En cuanto al quebranto de las disposiciones urbanísticas, señalan que el artículo 311 del Acuerdo 6 de 1990, al regular el uso del suelo en el Distrito Capital, en forma taxativa estipula que:

“A las instituciones de la clase II corresponden entre otros los siguientes tipos de uso:

“De seguridad: estaciones y subestaciones de policía y bomberos y centros de atención del fuego, CAF”. (fl. 662 cdno. ppal.).

En tanto que, el artículo 312 del mismo ordenamiento, al regular el uso institucional clase III, permite la realización de las siguientes actividades:

“De seguridad y defensa que funcionen en los establecimientos del orden de los siguientes o análogos, cuarteles, instalaciones militares de policía y de los cuerpos de inteligencia, fábricas y depósitos de munición o material de guerra, cárceles, etc.” (fl. 312 ibídem negrilla del texto).

A continuación, afirman que las disposiciones parcialmente transcritas son de una claridad, que no admite duda ni interpretaciones acomodadas como las hechas por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y por el curador urbano número 4, quienes desatendiendo las normas antes citadas, pretenden pasar por encima de éstas tan solo para solucionarle a la administración distrital una situación de hecho, ocasionada con el arrendamiento de un local inadecuado para el uso que pretende dársele.

Por tanto no resulta lógico ni jurídico que, si las unidades permanentes de justicia tienen todas las mismas características, sin considerar la zona en que se encuentren, si la unidad permanente de justicia del sur se encuentra en el uso institucional clase III, la sede del norte pueda estar localizada en un espacio físico cuyo uso institucional es diferente —clase III—, como bien lo precisan las mismas autoridades distritales.

Por último, reiteran que el funcionamiento de la unidad permanente de justicia en el barrio El Toberín, causará un “alto impacto social”.

9.2. Liliana Patricia Urrego Díaz, Vladimir y Lucía Juyar Baquero (fls. 736 a 742 cdno. ppal.).

Reiteran su oposición a la puesta en funcionamiento de la unidad permanente de justicia dentro del barrio el Toberín, dado que no se ha contado con la aquiescencia de los habitantes del sector afectado con la decisión administrativa; además, porque debe considerarse que el artículo 27 del Acuerdo 6 de 1998 dispuso la “construcción” de cuatro centros de recepción transitoria y no el arrendamiento de inmuebles para el funcionamiento de tales unidades permanentes de justicia.

Así las cosas, es evidente que la administración distrital actuó precipitadamente, sin consultar con la comunidad, con vulneración del derecho de ésta de participar en la toma de las decisiones que la afectan.

Insisten en señalar el quebranto de las disposiciones relativas al uso del suelo en el sector, el cual de acuerdo a su clasificación, no puede destinarse para albergar el tipo de instituciones como aquella que se pretende poner en funcionamiento.

9.3. Los colegios La presentación Sans Facón, Colegio de Inglaterra, La Salle, Calasanz y el Instituto Cooperativo Canapro:

Al impugnar la decisión del tribunal (fls. 743 a 747 cdno. ppal.), señalan que con la puesta en funcionamiento de la unidad permanente de justicia, se ponen en peligro los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física y a la salud de los menores que asisten a dichos centros educativos, toda vez que se les coloca en una situación de riesgo de quedar expuestos los “... niños en medio de fuego cruzado...” (fl. 744 cdno. ppal.), entre los delincuentes y los agentes estatales.

Así mismo, reiteran su reclamo por cuanto no se les permitió, como comunidad afectada, intervenir en la toma de la decisión administrativa que los afecta.

II. Consideraciones de la Sala:

1. Naturaleza de las acciones populares.

Las acciones populares consagradas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política y reglamentadas por la Ley 472 de 1998, tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.

Cabe señalar que tales derechos e intereses colectivos, a términos de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4º de la citada ley, no son únicamente los relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad públicos, la moralidad administrativa, el ambiente y la libre competencia económica, ni tampoco los enunciados en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, sino también los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados internacionales celebrados por Colombia.

Ahora bien, aunque con este mecanismo de defensa judicial se pretende la protección de los derechos e intereses colectivos, no significa que el mismo pueda ejercerse para lograr la reparación, bien sea individual o plural, del daño que ocasione la acción u omisión de las autoridades o de los particulares, por cuanto para ello el constituyente y el legislador han previsto otro tipo de acciones, como por ejemplo, las acciones de grupo o de clase del artículo 88 constitucional, desarrolladas en la Ley 472 de 1998, y la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

La naturaleza de las acciones populares, por tanto, es preventiva, razón por la cual en el inciso 2º del artículo 88 de la Ley 472 de 1998 establece que éstas “...se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”.

2. El asunto de fondo.

En el caso bajo estudio, se tiene que con la acción interpuesta se procura la aplicación de la Ley 472 de 1998 respecto de los derechos de carácter colectivo, señalados en los ordinales a), e) y l) del artículo 4º de la citada ley, los cuales son del siguiente tenor:

“ART. 4º—Derechos e intereses colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:

“a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias;

“(...).

“e) La defensa del patrimonio público.

“(...).

“l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente”.

La parte demandante fundamenta sus pretensiones en la amenaza que constituye la instalación de la unidad permanente de justicia del norte en el inmueble ubicado en el Nº 41-35 de la Calle 168, respecto de los derechos a la seguridad, a la participación ciudadana y al ambiente sano.

Considera, igualmente, que tal proyecto producirá un detrimento patrimonial tanto para los propietarios de inmuebles localizados en el sector, como para el peculio del distrito.

2.1. Los derechos presuntamente vulnerados.

En relación con los derechos invocados, se tiene:

2.1.1. Derecho a gozar de un medio ambiente sano.

De acuerdo con el artículo 79 superior, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, además de lo cual, dispone la norma en cita, que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Tal derecho debe entenderse como que las condiciones que rodean a la persona, le permitan no sólo su supervivencia biológica, sino también que le faciliten su desempeño normal y desarrollo integral en el medio social.

Bajo esta perspectiva, dentro de un Estado social de derecho, entre otros cometidos, corresponde a la administración pública proteger el medio ambiente y propender por su conservación y protección, llegando incluso a abstenerse de realizar algunas obras que, en lugar de beneficiar a la comunidad, atenten contra el equilibrio ambiental, afectando el medio ambiente y generando riesgos para los derechos fundamentales de los asociados.

Ahora bien, en el caso presente se tiene que uno de los fundamentos de la acción popular impetrada, es que la puesta en funcionamiento de la unidad permanente de justicia, deteriora gravemente el medio ambiente del sector donde se pretende su ubicación.

Al respecto, se tiene que la administración demandada pretende concentrar unas personas (funcionarios y retenidos), dentro de un recinto diseñado inicialmente para el funcionamiento de un establecimiento mercantil.

En el expediente no obra, o por lo menos no se aportó, un estudio respecto del manejo de los normales desechos materiales que, necesariamente, producirán las distintas personas que ocuparán las instalaciones de la unidad permanente de justicia. Tales residuos, sin un adecuado manejo, producen contaminación ambiental, la cual, sin duda, causará detrimento de las condiciones que actualmente disfrutan los residentes del barrio el Toberín de la ciudad de Bogotá, D.C.

No se trata de exigir el cumplimiento de los trámites propios de una licencia ambiental, pero sí se estima necesario que la instalación de un establecimiento público como la proyectada unidad permanente de justicia, en la cual se van a recluir seres humanos, debe estar precedida de los estudios previos que permitan el control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como al exterior del establecimiento puedan generarse focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afecta la salud de la comunidad.

En otras palabras, lo que se espera de la administración es que cuando pretenda poner en funcionamiento proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, realice los estudios previos y tome las medidas conducentes, para que el impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados no se produzca o, que éste sea reducido al mínimo posible.

De otro lado, se afirma por la administración distrital, que funcionaran en el mismo sitio dependencias tales como una sub-estación de policía, la unidad de reacción inmediata, medicina legal y un grupo especializado en materia de explosivos. Ahora bien, dichas entidades requieren, obviamente, de vehículos en los cuales desplazar a sus miembros para el cumplimiento de las funciones propias de cada institución, sin embargo de lo cual, del contenido mismo de la diligencia de inspección judicial adelantada por el a quo (fls. 194 y 195 cdno. 2), se advierte que el local tomado en arrendamiento, no cuenta con los sitios de estacionamiento necesarios para tales vehículos, lo cual supone, necesariamente, que se presentará invasión del espacio público.

Tal circunstancia, aunada al cerramiento de las vías públicas, que por razones de seguridad de manera habitual se presenta en frente de las instituciones que cumplen funciones similares a las de las unidades permanentes de justicia, causarán, sin duda, un detrimento en el sistema y calidad de vida de las personas que residen, estudian y/o trabajan en el sector donde aquélla se encuentra situada, toda vez que se verán privados del espacio público a cuyo gozo tienen derecho.

De otro lado, téngase en cuenta que el entorno del sitio de reclusión de personas, supone no sólo la existencia de negocios y ventas, ambulantes o no, para atender las lógicas necesidades de los familiares y profesionales del derecho que visiten y asisten a los detenidos, a quienes no se les puede negar el derecho a la familia y a contar con una defensa técnica, sino también la necesidad de adecuar espacios para estacionamientos y modificación de los servicios públicos del sector. Las reformas aludidas implicarán un cambio radical en la situación que hoy presenta la zona afectada por la decisión de la administración distrital.

2.1.2. Derecho a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles técnicamente.

Encuentra la Sala que el inmueble dentro del cual pretende ponerse el funcionamiento la unidad permanente de justicia del norte, de acuerdo con el informe rendido por los ingenieros comisionados para el efecto por la Contraloría Distrital, no reúne los requisitos de seguridad mínimos.

En efecto, sobre este aspecto, los ingenieros Gabriel Barajas y Víctor Raúl Robles, rindieron la siguiente evaluación:

El tipo de construcción que caracteriza el inmueble visitado, cuyo objeto es el bodegaje, no fue construido con fines institucionales, ni para retención de personas. No ofrece la seguridad requerida, y obliga a grandes inversiones que no se encuentran justificadas, en especial por tratarse de un inmueble en arriendo, que no pertenece a ninguna entiddad (sic) del Distrito Capital.

“La construcción presenta defectos en aspectos constructivos como la estructura en concreto del mezanine de la bodega, que presenta agrietamientos por ejemplo en la placa del piso del mismo a la altura del segundo y tercer pórticos. La estructura de soporte de la cubierta presenta defectos de diseño como la no utilización de las ménsulas inicialmente diseñadas y construidas para soporte de las cerchas, lo que hace dudar del cumplimiento de un diseño apropiado.

“La estructura de la bodega, así como la parte frontal ha afectado las construcciones vecinas, lo que hace pensar que no fue bien construida y a la postre puede resultar la secretaría de gobierno respondiendo por problemas de estabilidad de las casas vecinas, además de haberse comprometido a arreglar u ocultar los problemas estructurales de la construcción” (fl. 5 cdno. 33).

Además de lo anterior, se tiene que en la diligencia de inspección judicial adelantada en la primera instancia (fls. 194 y 195 cdno. 2), al describir el inmueble objeto de la misma, indica que se trata de una construcción que no está diseñada para funcionar como establecimiento de reclusión, esto es, que no existe ninguna garantía respecto de que las personas allí recluidas, no puedan evadirse a través de los conjuntos residenciales “Serrezuela” o “Toberín” o del establecimiento comercial “Panadería y Biscochería San Felipe”, todos ellos aledaños a la bodega arrendada por la administración distrital para los fines antes indicados.

Así mismo, la inspección judicial refiere cómo cerca de la bodega se encuentran situados centros educativos, entre ellos un jardín infantil, cuyos alumnos, por tanto, serán expuestos al riesgo que genera la instalación de un cuerpo armado (Policía Nacional), en el vecindario que los menores frecuentan, especialmente cuando utilizan el parque público en sus actividades de recreación y deporte.

Así las cosas, es evidente que se produce un desmejoramiento de las condiciones de seguridad de que actualmente gozan quienes residen, estudian y/o trabajan en el barrio el Toberín de esta ciudad; sin que resulte de recibo el argumento de que se trata de simples conjeturas, puesto que no puede pensarse que es necesario que se produzca un resultado dañoso para que pueda intentarse la acción popular, pues, como bien lo señala el artículo 2º de la Ley 472 de 1998, “las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos o intereses colectivos...”.

Sin perjuicio de lo anterior, la descripción hecha por los ingenieros comisionados por la Contraloría Distrital, revela que el local arrendado no reúne las condiciones para que en sus instalaciones se construyan las celdas de retención y detención que deben ser de 40 a 60, requisito éste señalado en el concepto 1-1999-12308 de la subdirectora de planeamiento y ordenamiento urbano del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (fls. 8 a 23 cdno. 7).

2.1.3. La defensa del patrimonio público.

Señala el actor que este derecho se ve vulnerado, en la medida en que la administración distrital se encuentra pagando un canon de arrendamiento por una bodega que no utiliza y por los altos e injustificados costos de la adecuación de la misma para los fines de la unidad permanente de justicia.

En cuanto al funcionamiento de las unidades permanentes de justicia en inmuebles arrendados, se tiene que tal situación se encuentra contemplada dentro del plan de desarrollo, económico, social y de obras públicas para Santafé de Bogotá, “por la Bogotá que queremos”, igualmente se entienden incluidos los costos derivados de las adecuaciones necesarias para la instalación de la unidad.

Indica el accionante, que los costos de la misma ascienden a un mil quinientos millones de pesos ($ 1.500.000.000), afirmación esta en verdad desvirtuada por lo estipulado en el contrato de arrendamiento celebrado entre el Distrito Capital - Secretaría de Gobierno y el señor Gabriel Hernando Suárez Moreno, en el cual se establece que el valor de la ejecución de las obras objeto del contrato es de $ 84.965.283 (fls. 319 a 326 cdno. 2).

De otro lado, es del caso anotar, que en este momento, tanto la Contraloría de Bogotá, D.C. como la Personería Distrital, adelantan las correspondientes investigaciones con el fin de establecer si existen o no irregularidades en la contratación llevada a efecto para el funcionamiento y adecuación de la unidad permanente de justicia del norte, por lo que no es posible realizar un juicio respecto de la indebida utilización de los dineros estatales, puesto que tal asunto escapa a los fines de la acción interpuesta, razón por la cual, las pretensiones referidas a este aspecto se despacharán desfavorablemente.

2.1.4. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

El actor considera que la instalación de una unidad permanente de justicia en el sector trae como consecuencia la posible presencia de personas extrañas, expendio de alucinógenos, consumo de los mismos, indigentes, ladrones y toda clase de personas indeseables (fl. 6, cdno. 2).

La entidad demandada argumenta, que la instalación de las unidades permanentes de justicia constituye un apoyo, puesto que mejora el nivel de seguridad de los sectores en donde se encuentran ubicadas y no los convierte, como afirma el demandante en objetivos militares pues de ser así, cada uno de los puntos donde exista presencia de la policía se convertiría en objetivo militar.

Adicionalmente, el informe rendido por la Policía Metropolitana establece que con la instalación de la unidad permanente de justicia del sur, ubicada en la carrera 32 Nº 13 A-20 barrio Cundinamarca, se produjo una disminución del 53% en los delitos de mayor impacto social durante el primer trimestre el año en curso con respecto al mismo período de 1999 (fls. 197 y 198, cdno. 2).

Con relación al informe rendido por la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C., transcrito parcialmente en el acápite de pruebas de esta providencia, numeral 7.2, encuentra la Sala que allí sólo se consigna una disminución sensible en los puntos referidos a hurto de automotores, que pasó de 7 a 3, y hurtos a establecimientos de comercio que pasó de 3 a 0, pero en cuanto a otro tipo de delitos, tales como homicidio, lesiones personales, hurto a bancos y a residencias, hurto agravado —atraco callejero—, la estadística arroja resultados similares a los presentados antes de la instalación de la unidad permanente de justicia del sur, es decir, que tales estadísticas no tienen el valor de convicción respecto de una mayor seguridad generada, como lo alega la entidad demandada.

A dicho factor debe agregarse, que buena parte de la disminución en la comisión de hechos delictivos en el sector bien puede obedecer a la supresión del matadero distrital y del mercado público que funcionaban en el sector aledaño al sitio donde ahora se encuentra situada la unidad permanente de justicia del sur, aspecto este que no fue analizado ni por las autoridades distritales ni por la policía metropolitana.

Sin embargo, es relevante observar que de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, a diferencia de lo que acontece con la proyectada unidad permanente de justicia del norte, la unidad permanente de justicia del sur sí cumple con los requisitos mínimos de seguridad y urbanística, como hallarse dentro del uso del suelo especificado para centros de reclusión y tener un área de 5240 m 2 , en la cual se puedan desarrollar todas las actividades designadas a las UPJ (anexos fl. 133).

En efecto, no sucede lo mismo con la bodega ubicada en el barrio Toberín, la cual según se desprende de la ya citada inspección judicial y de la Resolución 0168 del 3 de mayo de 2000 del subdirector jurídico de Planeación Distrital (fls. 2 a 15 cdno. 9), no cumple con varios de los requisitos exigidos, como son: el aislamiento posterior, la cuota mínima de estacionamientos equipamiento comunal (fl. 12 ib.), y especialmente que el uso del suelo es un institucional clase II, que no permite la instalación de centros de reclusión como la unidad permanente de justicia de justicia, calificada como una cárcel por la misma subdirectora de planeamiento y ordenamiento urbano del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (fl. 118, cdno. 6).

En tales condiciones, estima la Sala, resulta difícil garantizar la seguridad de los habitantes del sector y, lejos de constituir un mecanismo de apoyo y un factor de desarrollo para la zona, genera un riesgo para la comunidad.

2.1.5. Derecho de participación de la comunidad.

Considera el actor que también se vulneró el derecho a la participación de la comunidad consagrado en el artículo 79 de la Constitución Nacional.

Al respecto, es importante establecer que el Concejo Distrital representa a la comunidad y que la instalación de las unidades permanentes de justicia hace parte de uno de los programas presentados por el Alcalde Mayor en su plan de desarrollo, el cual fue discutido y aprobado por el Consejo Distrital.

Ahora bien, la Ley 134 de 1994, “por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana” señala como formas de la misma la iniciativa popular en materia legislativa, el referendo, la revocatoria del mandato, el plebiscito, la consulta popular y el cabildo abierto, mecanismos estos que de acuerdo con la regulación contenida en la citada ley, no permiten la discusión de asuntos como el que es materia del proceso. Sin embargo, la misma ley en el inciso final de su artículo primero, señala:

“La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley”.

En tales condiciones, es evidente que el mecanismo de concertación puede ser válidamente utilizado por la administración en tratándose de decisiones que afectan a una comunidad determinada y no a la generalidad de la población, garantizando así la efectividad de la democracia participativa consagrada en la Carta Fundamental, sin que tal circunstancia constituya una pérdida de autoridad por parte de la administración, por el contrario, la utilización de ese tipo de instrumentos contribuye a fortalecer los niveles de legitimidad de las acciones de las entidades estatales.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala revocará la providencia apelada, y en su lugar, accederá a las peticiones relacionadas con los derechos a gozar de un ambiente sano, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a tomar parte en las decisiones que afectan a la comunidad, y negará las pretensiones en cuanto a la defensa del patrimonio público.

Por último, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, se condenará a Bogotá D.C., a pagar en favor de la defensoría del pueblo regional de Bogotá, el incentivo allí establecido, en una suma equivalente a valor de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia, dinero que deberá ser destinado al fondo de defensa de los intereses colectivos. Se anota que en este caso la sanción se fija tomando en consideración que no se ha puesto en funcionamiento la unidad permanente de justicia, esto es, que no se han causado los daños al medio ambiente ni a la seguridad que reclaman los actores.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la providencia apelada, esto es, la proferida el 8 de septiembre de 2000 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, subsección “C”, y en su lugar se dispone la protección de los derechos a gozar de un ambiente sano, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a tomar parte en las decisiones que afectan a la comunidad.

2. ORDÉNASE a la Alcaldía Mayor de Bogotá la suspensión de la instalación y puesta en funcionamiento de la unidad permanente de justicia del norte, en el inmueble situado en la Calle 168 Nº 41-35, barrio el Toberín de la ciudad de Bogotá, D.C.

3. CONDÉNASE a Bogotá D.C. a pagar a favor de la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá D.C., la suma equivalente al valor de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia, dinero que deberá ser destinado al fondo de la defensa de los intereses colectivos.

4. En firme este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Cúmplase.

Magistrados: María Elena Giraldo Gómez, Presidenta—Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo Ballesteros—Ricardo Hoyos Duque—Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaria General.

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