Sentencia AP-137 de abril 15 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Expediente 4400123310002003 (AP-00137) 01, abr. 15/2004

C.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Actor: Junta de acción comunal barrio “La Mano de Dios”.

Demandado: Nación-Ministerio de Minas y Energía, departamento de La Guajira, municipio de Riohacha y Electricaribe S.A. ESP.

Bogotá, D.C., abril quince de dos mil cuatro.

Procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de la parte demandada, municipio de Riohacha y Electricaribe S.A. ESP, contra la sentencia del 20 de agosto de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio de la cual se adoptaron las siguientes declaraciones y condenas:

1. Declarar probada oficiosamente la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva respecto del Ministerio de Minas y Energía.

2. Declarar que el departamento de La Guajira, el municipio de Riohacha y la Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A. - ESP, han venido amenazando y vulnerando los derechos e intereses colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que permita a los usuarios un servicio en condiciones dignas; a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, de los habitantes del barrio subnormal “La Mano de Dios”.

3. Ordenar, como consecuencia de la declaración que antecede y para la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados o vulnerados, al municipio de Riohacha y la Electrificadora del Caribe, Electricaribe S.A. - ESP, que, con el apoyo presupuestal del departamento de La Guajira, conforme a la distribución constitucional, legal y reglamentaria de competencias, procedan a programar y ejecutar las obras necesarias para la construcción de redes secundarias y domiciliarias de energía eléctrica, instalación de acometida eléctrica, con su respectiva caja de protección; a los habitantes del barrio subnormal La Mano de Dios de esta ciudad; para lo cual se les concede un término máximo de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de este proveído.

4. Ordenar que, previamente al cumplimiento de la anterior ordenación, el municipio de Riohacha entregue, dentro del término de diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, a Electricaribe S.A. - ESP, certificación sobre el ordenamiento urbanístico del sector, incluyendo la sección de vías, la estratificación socioeconómica y la nomenclatura de los inmuebles de cada usuario del barrio La Mano de Dios. Con dicha información, Electricaribe S.A. - ESP, realizará los estudios técnicos correspondientes, dentro del término de diez (10) días siguientes al anterior, para la ejecución de las obras referidas en el numeral tercero de esta providencia.

5. Condenar solidariamente al departamento de La Guajira, el municipio de Riohacha y la Electrificadora del Caribe - Electricaribe S.A. - ESP, a pagarle a la accionante, Junta de Acción Comunal del Barrio La Mano de Dios, representada por Carmen Sarmiento Gómez, la cantidad que corresponda a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de incentivos.

6. Advertir a las autoridades y a la persona jurídica privada accionadas para que en lo sucesivo no vuelva a incurrir en las mismas omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones de los demandantes.

7. Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, integrado por el magistrado ponente, quien lo presidirá, el procurador delegado ante esta corporación, las partes demandantes y demandada y un funcionario designado por la Superintendencia de Servicios Públicos; decisión esta que será comunicada a cada uno de los designados, luego de la ejecutoria del fallo.

8. Comunicar esta sentencia al señor gobernador del departamento de La Guajira, para que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, proceda a cumplir con sus funciones de apoyo, coordinación, complementariedad y subsidiariedad respecto de la prestación del servicio domiciliario de suministro de energía eléctrica a los habitantes del barrio La Mano de Dios.

9. Enviar a la Defensoría del Pueblo una copia de la demanda, del auto admisorio de la misma y de este fallo, para efectos del registro centralizado de que trata el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

I. Antecedentes

II.(sic) A. La demanda.

Carmen Sarmiento Gómez, en calidad de presidente de la junta de acción comunal del barrio “La Mano de Dios” del municipio de Riohacha, en ejercicio de la acción popular presentó demanda en contra de Electricaribe S.A., municipio de Riohacha, departamento de La Guajira y Ministerio de Minas y Energía; para que fueran protegidos los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, moralidad administrativa y acceso a una infraestructura que permitiera a los usuarios un servicio en condiciones dignas. En ese sentido, solicitaron se hicieran las siguientes declaraciones.

1. Reintegrar en forma inmediata el transformador 25 K.V.A.

2. Ordenar el debido bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los moradores del barrio La Mano de Dios en tal virtud conforme a las competencias de cada accionado. Disponer instalación de postería, redes de distribución eléctrica con las condiciones técnicas requeridas medidas preventivas primarias para evitar desastres o accidentes previsibles a los habitantes del sector, capacitando a los usuarios del servicio sobre el cuidado que deben guardar las personas que habitan, para evitar accidente (sic) durante el desplazamiento y cercanía de los conductores de energía actuales, como en su uso al interior de sus viviendas para evitar cortocircuitos o incendios.

3. Declarar responsabilidad en cuanto vulneración (sic) de derechos colectivos de acceso y prestación eficiente segura y oportuna del servicio público domiciliario del servicio de energía eléctrica, acceso a una infraestructura del servicio en mención que garantice la salubridad pública y la prevención de desastres previsibles técnicamente.

4. Que inicien según la competencia el mantenimiento, reparación y reposición de las redes o alambres de conducción eléctricas, actualmente instalados sin las especificaciones técnicas.

5. Ordenar que, a cada uno de los usuarios se le sea (sic) instalados sus medidores en sus respectivas viviendas para mayor eficacia en el consumo y cobro de energía.

6. Que se adopten las medidas necesarias para que no vuelvan a presentarse las acciones y omisiones que dan lugar a la presente acción.

7. Que se condene a los demandados a recompensar conforme al artículo 39 de la Ley 472 de 1998, al igual que las costas.

8. Que se defina a quien corresponde la correspondiente estratificación y nomenclatura.

9. Concertar un justo valor con los meses objeto de cobros.

Como hechos de la demanda, los actores adujeron los siguientes:

1. En calidad de presidente de la junta de acción comunal del barrio La Mano de Dios, se adquirió un transformador de las especificaciones, anotadas de parte de Electroguajira para la prestación del servicio de energía eléctrica a los usuarios del barrio. En forma sorprendente y sin nuestro consentimiento de manera arbitraria fue retirado por los empleados de Electricaribe S.A.

2. El día 6 de febrero del 2003, a las 10 a.m., dejándonos sin servicio alguno y bajo serios inseguridades (sic) como manera de coacción al pago de dos mesadas supuestamente adeudada (sic); como también para fines de compromisos totalmente perjudiciales para nuestra escasa economía, carencia de estratificación y nomenclatura.

3. Se nos cobra los meses e (sic) diciembre año 2002 y enero 2003, de manera irregular.

4. Los totalizadores instalados no cumplen las funciones técnicas que predica la Resolución 70 de 1998, en el sentido de la instalación del equipo de medida. Estos son instalados sin tener en cuenta un punto de conexión factible al sistema, tampoco garantiza el libre acceso a la red, desconociéndose por el usuario la potencia requerida.

5. Como lo manifestamos anteriormente la infraestructura para la prestación del servicio de energía en estos momentos es rudimentaria por lo que no brinda ninguna clase de prevención de accidentes o desastres y protección a nuestros derechos colectivos y sin especificaciones técnicas, como tampoco contamos con alumbrado público; además el acceso de carga se realiza de manera unilateral por parte de Electricaribe S.A., desconociéndose toda clase de reclamación.

Oportunamente el municipio de Riohacha se opuso a todas las pretensiones de la demanda, considerando que las soluciones del caso controvertido no eran de su resorte.

Por su parte, el apoderado del departamento de La Guajira se pronunció de la siguiente manera:

III. Señaló que en desarrollo del artículo 311 de la Constitución Política, le corresponde al municipio prestar los servicios públicos que determine la ley, por lo tanto, el departamento de La Guajira no resulta responsable por los hechos de que da cuenta la demanda.

IV. Afirmó que el departamento de La Guajira ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 7º, literal d), del Código de Régimen Departamental, por lo cual en el presupuesto de rentas y gastos del año 2003, se destinó una partida por $ 1.018.000.000 para el sector energético, a fin de prestarles a los municipios de La Guajira la asistencia financiera que estuviera a su alcance.

Así mismo, el apoderado de Electricaribe se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Afirmó que según el artículo 365 de la Constitución Política, la prestación de los servicios públicos es un fin inherente al Estado. Además, que según la Ley 142 de 1994, el municipio es el responsable de que se preste el servicio público de energía a sus habitantes.

Indicó que de acuerdo a la Resolución CREG 120 de 2001, en los barrios subnormales, el servicio de energía se prestará mediante convenios. Además que la construcción de la red deberá estar a cargo de un tercero o del municipio.

Afirmó que respecto a la medición individual de energía, la misma solo es posible efectuarla en la medida en que el municipio cumpla con su obligación de diligenciar los recursos para desarrollar los proyectos de electrificación. Una vez ejecutados estos proyectos, corresponde a cada usuario adquirir e instalar los equipos necesarios.

Por último, señaló que según la jurisprudencia de esta corporación, no procede la acción popular cuando se trate de dirimir conflictos en los cuales se discutan derechos derivados de relaciones con efectos interpartes, como sucedió en el caso concreto.

Consideraciones del tribunal

El tribunal de primera instancia tomó en cuenta las siguientes consideraciones, para emitir la decisión actualmente apelada.

1. Expuso que según lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Nacional, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, siendo su deber el de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

2. En cuanto al artículo 366 de la Constitución Nacional, el a quo estimó que es obligatoria la solución de necesidades básicas insatisfechas, mediante el gasto público social; complementó lo anterior haciendo alusión al artículo 367 de la Constitución Nacional, el cual prevé que cada municipio prestará directamente los servicios públicos, cuando las características técnicas y económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, cumpliendo los departamentos funciones de apoyo y coordinación.

3. Señaló que la competencia para la prestación de los servicios públicos domiciliarios está radicada en los municipios, con el apoyo de los departamentos, aplicando el principio de justicia distributiva concebido por la Corte Constitucional(1).

4. Además, estimó que aparece probado que el barrio “La Mano de Dios” del municipio de Riohacha, es un barrio subnormal de estrato 1, situación que le concede a sus habitantes el derecho a la garantía de solidaridad como grupo socialmente discriminado o marginado, a fin de priorizar la inversión estatal para solucionar sus problemas de acceso a una infraestructura de servicios públicos que garantice su bienestar social.

5. Tras afirmar que en la actuación consta que los moradores del barrio La Mano de Dios tienen una infraestructura rudimentaria (alambres de púa y postes de madera) hecha por ellos mismos, el tribunal de instancia concluyó que a los habitantes del barrio en mención, se les amenazaron y vulneraron los derechos colectivos de acceso a una infraestructura de servicios que permita a los usuarios un servicio en condiciones dignas, y el de seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles.

6. De otro lado, el tribunal de instancia consideró que la empresa Electricaribe S.A., debió revisar los equipos de medición para que las facturas del cobro de servicios prestados reflejaran los consumos y tarifas que correspondieran a la realidad de dichos usuarios, debiendo depurar dichas facturas y ofrecer a los usuarios facilidades para su pago.

7. Por último, el Tribunal Administrativo de La Guajira ordenó al municipio de Riohacha, construir la infraestructura necesaria para garantizar el acceso y la prestación del servicio público de energía eléctrica a los habitantes del barrio “La Mano de Dios”, pero previa presentación de los estudios técnicos por parte de Electricaribe S.A. ESP.

8. Con todo, frente al derecho colectivo a la moralidad administrativa, no se evidenció por el a quo violación alguna del mismo.

Fundamentos del recurso

Inconforme con lo decidido, Electricaribe S.A. y el municipio de Riohacha, interpusieron recursos de apelación, así:

Electricaribe S.A. ESP

El apoderado de Electricaribe S.A. ESP manifestó su inconformidad con el fallo apelado, de la siguiente forma:

1. El a quo no se pronunció respecto de las excepciones propuestas, ni de las consideraciones fácticas y disquisiciones jurídicas en las que Electricaribe S.A. basó su defensa.

2. Respecto de la consideración del tribunal de instancia, consistente en que la misma Electricaribe S.A. conocía de la precaria red de transmisión de energía del barrio “Mano de Dios”, estimó el apelante que desconoce el tratamiento especial definido por el Gobierno Nacional, para el tratamiento de la subnormalidad, donde se permita a las empresas prestadoras del servicio suministrar la energía eléctrica a este tipo de sectores subnormales.

3. La Resolución 120 del 2001, proferida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, permite la prestación provisional del servicio a usuarios conectados a circuitos subnormales, mediante la suscripción de convenios celebrados por los usuarios, las prestadoras del servicio y un tercero. Recordó el apelante, que según el convenio suscrito entre los habitantes del barrio “La Mano de Dios” y Electricaribe S.A. ESP, la última tiene la facultad de terminar el contrato por mora en el pago del mismo. En este punto afirmó el apelante que en el presente caso, tales obligaciones han sido incumplidas por el suscriptor.

4. Informa el apoderado de Electricaribe S.A., que en el convenio de subnormalidad antes referido, el municipio de Riohacha se comprometió a gestionar la consecución de recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, para así construir redes para la normalización de conexión de los usuarios, siendo esta también una obligación impuesta por las leyes 812 y 859 de 2003.

5. Bajo las anteriores consideraciones, el apelante estimó que Electricaribe no ha auspiciado la indebida prestación del servicio en el barrio “La Mano de Dios”, todo lo contrario, actuó amparada en la Resolución 120 de 2003. Calificó de errónea la motivación del a quo en el fallo apelado, cuando consideró que Electricaribe amenazó y vulneró los derechos al acceso a una infraestructura de servicios digna, así como el de prevenciones de desastres técnicamente previsibles.

6. En cuanto a la normalización de las redes de energía, el apelante estimó que el alcalde del municipio de Riohacha está en condiciones de acceder a los recursos provenientes del Gobierno Nacional, ciñéndose a los procedimientos establecidos para tal fin.

Municipio de Riohacha

El apoderado de la entidad territorial expuso su inconformidad con la sentencia de primera instancia, de la siguiente forma:

1. Informa el recurrente que el municipio de Riohacha se encuentra sujeto a un acuerdo de reestructuración de pasivos de la Ley 550 de 1999, situación esta que ha llevado a que en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho se nieguen las pretensiones de la demanda.

2. Afirmó el apelante que en virtud del acuerdo de reestructuración, la capacidad de inversión del municipio se encuentra limitada, refiriéndose exclusivamente al pago de obligaciones ya contraídas. Así mismo, aseveró que la Ley 550 de 1999 tiene una aplicación preferente por los beneficios que trae para la entidad que se acoge a ella.

3. Por último, indicó el apelante que el aceptar una sentencia como la recurrida, donde se ordena prácticamente hacer una obra de infraestructura eléctrica en un barrio subnormal, conllevaría a los demás barrios subnormales a instaurar acciones populares, lo que dejaría al municipio imposibilitado para poder acatar decisiones judiciales, ante la escasez de recursos propios para la inversión.

II. Consideraciones de la Sala

Observa la Sala que las súplicas de la demanda se dirigen a tres aspectos relacionados con el servicio de energía eléctrica, las cuales se refieren a:

1. Derecho colectivo de acceso al servicio público de energía.

2. Derecho colectivo a la prevención de desastres técnicamente previsibles, respecto del estado actual de la red de distribución de energía.

3. Suspensión del servicio.

1. Derecho colectivo de acceso al servicio público de energía.

Procede la Sala a analizar el derecho colectivo de los habitantes del barrio “La Mano de Dios” de acceso al servicio público de energía, toda vez que la demanda tiene por objeto la construcción de una red segura de conducción y distribución de energía eléctrica.

Se considera que si bien existe una serie de disposiciones que establece las responsabilidades de los agentes públicos y privados respecto de los servicios públicos, se observa también que la misma trae inmerso el supuesto de hecho implícito en toda disposición jurídica, que indica que el sujeto que se beneficia de los derechos otorgados por una norma, está dispuesto a cumplir con las obligaciones que le generan esos derechos.

Por otra parte, a folios 223 a 225 del cuaderno principal, obra oficio del 19 de noviembre de 2001 proveniente del secretario de infraestructura y transporte del municipio de Riohacha, donde se establece que de acuerdo al plan de ordenamiento territorial correspondiente a los años 2001 a 2009, el barrio “La Mano de Dios” es clasificado dentro de los barrios subnormales del municipio en mención.

Los barrios subnormales se definen en el artículo 1º del Decreto Reglamentario 3735(2) de diciembre 9(sic) de 2003, así:

ART. 1º—Definiciones. Para efectos de la interpretación y aplicación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones.

(...).

Barrio subnormal: es el asentamiento humado ubicado en las cabeceras de municipios o distritos servidos a través del sistema interconectado nacional que reúne las siguientes características: (i) que no tenga servicio público domiciliario de energía eléctrica o que este se obtenga a través de derivaciones del sistema de distribución local o de una acometida,efectuadas sin aprobación del respectivo operador de red, y (ii) que no se trate de zonas donde se deba suspender el servicio público domiciliario de electricidad, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 142 de 1994, las respectivas normas de la Ley 388 de 1997, donde esté prohibido prestar el servicio según lo previsto en el artículo 99 de la Ley 812 de 2003. Corresponde al alcalde municipal o distrital o a la autoridad competente, previa solicitud por parte del operador de red, conforme con la Ley 388 de 1997, clasificar y certificar la existencia de los barrios subnormales, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la respectiva solicitud (resaltado fuera de texto).

Así mismo, se observa a folios 208 a 212 del cuaderno principal, la declaración del señor Adolfo León Barrios Guzmán, practicada con el objeto de verificar los hechos de la demanda. Iniciada la diligencia, el declarante informó estar vinculado a Electricaribe S.A. ESP, en la unidad de servicios técnicos DIPE sector La Guajira (no aclara el significado de las siglas), y su función era la de “manejar las áreas de centros de campañas entre ellas bolsas de energía, trabajo social e irregularidades, focalizados, protección de redes, programas subnormales, multifamiliares, área de control técnico encargadas de suspensión, cortes y reconexión, lectura de repartos, peticiones, quejas y recursos, es conveniente aclarar que estos programas son operativos en terrenos”.

Indagado sobre los hechos de la demanda, el declarante se refirió específicamente al estado de la red de distribución de energía dispuesta en el barrio “La Mano de Dios”, así:

“... el otro aspecto fundamental en lo cual es que estos barrios venían tomando de una manera ilegal o fraudulentamente el servicio de energía eléctrica y es aquí donde me voy al segundo aspecto fundamental que es el técnico donde las personas residentes de estos barrios en este caso el barrio subnormal La Mano de Dios de esta ciudad con sus propios medios vienen instalando redes totalmente antitécnicas usando como soporte palos de maderas, alambre de púa redes abiertas sin ninguna (sic) tipo de seguridad y además perjudicando el buen servicio de energía eléctrica de los barrios vecinos generándole a estos problemas de regulación de voltaje y cortos que pueden generar problemas en la quema de electrodomésticos, es decir perjuicio tanto a la empresa Electrificadora del Caribe como a los clientes normalizados de nuestra compañía vecinos a estos barrios subnormales, ...” (resaltado fuera de texto).

Teniendo en cuenta la clasificación realizada por el mismo municipio sobre la subnormalidad del barrio “La Mano de Dios”, asociada a la eficacia de la anterior declaración, pues la misma no fue desvirtuada en el transcurso del proceso, y proviene de uno de los agentes de la demandada Electricaribe S.A. ESP, quien en virtud de sus funciones tiene contacto directo con la red de distribución de energía localizada en el barrio “La Mano de Dios”, la Sala concluye que la red de energía fue tendida informalmente en el barrio antes mencionado. Además, la colocación rudimentaria de dicha red constituye una violación de las normas técnicas y jurídicas básicas para la misma, que se demuestra con la sola existencia de alambres de púas como medios de transmisión de energía eléctrica.

Para la Sala, la subnormalidad de un asentamiento como el del barrio “La Mano de Dios”, y la forma como se desarrollaron los hechos, muestran que no solo se presentó una irregularidad en cuanto al servicio de energía, sino también, respecto del cumplimiento de las normas que rigen la formación y disposición de cualquier asentamiento humano en el perímetro urbano de un municipio. Y si bien la Sala reconoce que en el caso de autos, la ilicitud de las conexiones realizadas por los miembros de la comunidad del barrio “La Mano de Dios” obedece a su situación económica, esta circunstancia no legitima la anómala disposición de la red de energía, ni las condiciones de subnormalidad del barrio en referencia.

Bajo esta perspectiva, la Sala advierte que no existe obligación alguna a cargo de los demandados, frente a las súplicas de la demanda dirigidas a la normalización de la red de energía del barrio “La Mano de Dios”, presentadas como sustento del derecho al acceso a los servicios públicos de los habitantes del barrio antes mencionado, teniendo en cuenta que los mismos no han cumplido con las cargas que impone el goce de este derecho.

2. Derecho a la prevención de desastres técnicamente previsibles.

La parte actora afirma que la red de distribución de energía eléctrica que cubre el barrio “La Mano de Dios”, se constituye en un peligro por su precaria situación. El sistema se describe como “rudimentario”, sin que brinde ninguna clase de prevención de accidentes o desastres (fl. 2. cdno. ppal.).

En el plenario se encuentra la declaración del señor Adolfo León Barrios Guzmán(3), funcionario de la empresa Electricaribe S.A. ESP, quien sobre el estado de la red de distribución de energía eléctrica del barrio “La Mano de Dios”, informó que la misma consistía en soportes de palos de maderas, alambres de púa y redes abiertas sin ningún tipo de seguridad. Tal como se estableció anteriormente, la descripción de la red indica que la misma se ha dispuesto de manera precaria, lo que para el caso en estudio significa que la misma representa un riesgo para los habitantes del barrio varias veces mencionado.

Se ha establecido en repetidas ocasiones que la transmisión de energía eléctrica es una actividad riesgosa, calificando tal actividad como la desarrollada con los medios permitidos por la técnica, para la conducción del fluido eléctrico. Ahora bien, si el carácter riesgoso de la actividad se verifica cuando es desarrollada con los medios tecnológicos disponibles, tal actividad es aún más riesgosa cuando es desplegada en la forma artesanal descrita en el acta de inspección judicial practicada en el barrio La Mano de Dios.

Con lo anterior se deduce que los habitantes de La Mano de Dios, se encuentran en grave peligro de sufrir daños en sus intereses individuales y colectivos, debido al estado actual de la red que surte el servicio de energía eléctrica a sus casas, que para efectos del presente proceso, se traduce en una vulneración del derecho colectivo a acceder, en forma eficiente, oportuna y segura, al servicio público de energía eléctrica.

Sin embargo, surge otro interrogante una vez ha sido dilucidada la situación anteriormente descrita, el cual se refiere al señalamiento del sujeto llamado a remediar el grave estado de la red eléctrica.

Es un principio general del derecho, que nadie puede lucrase de su propia culpa, indicando esto que una actividad ilícita no puede ser reconocida como legítima, y en consecuencia ser objeto de protección para su autor por el ordenamiento jurídico. En el presente caso, es evidente que la red de conducción eléctrica tendida por los habitantes del barrio “La Mano de Dios”, no cumple con los requisitos exigidos por la ley, situación provocada por los mismos habitantes del barrio en mención. En este orden de ideas, la aplicación estricta del principio antes mencionado, no permitiría que la Sala profiriera una orden dirigida al mejoramiento de la red eléctrica del barrio “La Mano de Dios”, partiendo del supuesto que el riesgo que amerita dicha orden, fue provocado por los eventuales beneficiarios del mejoramiento de la red.

Sin embargo, existen elementos adicionales que permiten proteger los derechos colectivos de los habitantes del barrio “La Mano de Dios”. Inicialmente, se debe ponderar el bien jurídico que se busca proteger, frente al principio de derecho que no permite el aprovechamiento de la propia culpa. Si bien este principio deviene de la idea de justicia inserta en nuestro ordenamiento jurídico, se observa que la concreción de la idea de justicia, como respuesta a la actividad licita o ilícita de las personas, no puede soslayar la esencia del derecho que es la persona humana.

La frágil y comprometida situación de la red que distribuye el fluido eléctrico en el barrio La Mano de Dios, expone a sus habitantes, individual y colectivamente, a un riesgo que pone en peligro la vida misma, así como a la ocurrencia de un riesgo que puede ser evitado técnicamente. Si en el ánimo de hacer prevalecer la justicia, se ignora la situación antes descrita, se desnaturaliza al derecho por desconocer su objeto de protección.

De otro lado, se observa que si bien existe una red eléctrica que contraría las disposiciones establecidas al respecto, se advierte que no solo los habitantes del barrio “La Mano de Dios” se lucran de dicho tendido ilegal, sino también la empresa que les surte el servicio. En este orden de ideas, si la prestación del servicio se realiza mediante actividades o herramientas que ponen en un riesgo injustificado a los habitantes de “La Mano de Dios”, y dicho riesgo es el conducto para que la empresa prestadora se lucre, resulta lógico que la empresa participe en la mitigación del riesgo que amenaza la integridad de los residentes del barrio en mención.

En este orden de ideas, la Sala considera que a pesar de que el riesgo que busca ser mitigado por los residentes del barrio “La Mano de Dios”, fue creado por ellos mismos, en aras de proteger la vida de aquellos, así como de los derechos colectivos a la prestación de servicios públicos de manera segura y de prevención de desastres previsibles técnicamente; se deben realizar las actividades necesarias para ofrecer una red de distribución de energía eléctrica que cumpla con los estándares legales.

Ahora bien, para identificar el sujeto que tenga la obligación de establecer una red eléctrica segura en el barrio La Mano de Dios, la Sala considera que se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Las normas aplicables al presente caso, disponen:

Constitución Política

ART. 298.—Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución.

Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes.

La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.

ART. 365.—Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.

ART. 367.—La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.

La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.

Ley 142 de 1994

ART. 5º—Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.

5.2. Asegurar en los términos de esta ley, la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio.

5.3. Disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993 y la presente ley.

5.4. Estratificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologías trazadas por el Gobierno Nacional.

5.5. Establecer en el municipio una nomenclatura alfa numérica precisa, que permita individualizar cada predio al que hayan de darse los servicios públicos.

5.6. Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en esta ley a las empresas de servicios públicos promovidas por los departamentos y la Nación para realizar las actividades de su competencia.

5.7. Las demás que les asigne la ley.

ART. 7º—Competencia de los departamentos para la prestación de los servicios públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan las asambleas:

7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.

7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos que operen en el departamento o a los municipios que hayan asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los departamentos para desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.

7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo aconsejen, la organización de asociaciones de municipios para la prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios interadministrativos para el mismo efecto.

7.4. Las demás que les asigne la ley.

• El artículo 365 de la Constitución dispone que es obligación del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, los cuales podrán prestarse de manera directa o indirecta, pero conservando el control y vigilancia sobre ellos.

• Los artículos 2º y 3º de la Ley 142 de 1994, 3º y 4º de la Ley 143 de 1994, señalan que al Estado, a través de los diversos agentes públicos y privados que presten el servicio, le corresponde alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y sectores del país, los cuales deberán ser eficientes y oportunos.

• Con relación a la ejecución concreta de obras y la prestación eficiente de los servicios públicos, el segundo inciso del artículo 367 de la Constitución dispone que “los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación”.

• Los artículos 5º a 8º de la Ley 142 de 1994 señalan la distribución de competencias entre las entidades territoriales. El artículo 5.1 ordena que los municipios deberán “asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y telefonía pública básica conmutada por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente”.

• Por lo tanto, el cumplimiento del deber constitucional y legal de prestar de manera eficiente el servicio de electricidad se efectúa directamente por los municipios o por intermedio de las empresas de servicios públicos o de operadores de redes locales, quienes son vigilados y controlados por el Estado.

• De otro lado, las empresas distribuidoras del servicio público de energía tienen derecho a construir, operar y modificar sus redes e instalaciones para cumplir su objeto social (L. 142/94, art. 28), así como se obligan a efectuar el mantenimiento y reparación de redes locales, cuyos costos serán a cargo de ellas, a elaborar el plan de expansión del sistema que opera y a ejecutar el plan de construcción de proyectos que requiera su sistema (CREG, Res. 070 de mayo 28/98, art. 3.2.2.).

• Ahora bien, los artículos 3.2.2 y 3.2.3 de la Resolución CREG 070 del 28 de mayo de 1998, señalan la responsabilidad de los operadores de red en la planeación del sistema. Esas normas disponen que el operador de red es responsable de elaborar el plan de expansión del sistema que opera, de acuerdo con el plan estratégico, el plan de acción y el plan financiero de que trata la Resolución CREG 005 de 1996. Así mismo, el plan de expansión del operador deberá incluir todos los proyectos que requiera su sistema, considerando solicitudes efectuadas por terceros y que sean viables en el contexto de su plan financiero. Así mismo, se prevé que el operador es el responsable por la ejecución del plan de expansión de la red que opera.

Teniendo en cuenta lo anterior, la obligación de mantener y reponer las redes no corresponde a personas diferentes a quienes las normas obligan a ampliar la cobertura del servicio público de electricidad (L. 142/94, art. 28 y CREG, Res. 070 de mayo 28/98, art. 3.2.2.), lo que permite concluir que tanto el mantenimiento de la red como la expansión del sistema que maneja, corresponde al operador de red.

Así mismo, se observa que en el artículo 11 de la Ley 142 de 1994 señala que para cumplir con la función social de la propiedad, pública o privada, las entidades prestadoras de servicios públicos, tienen entre otras, la obligación de asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, situación que se enfrenta al hecho de que el contrato de prestación de servicios origina beneficios económicos para la empresa prestadora. Por lo tanto, si la electrificadora se lucra con la prestación del servicio público domiciliario debe asumir el alea y los riesgos derivados de dicho contrato(4).

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el contrato de condiciones uniformes suscrito por Electricaribe S.A. ESP y los habitantes del barrio La Mano de Dios tiene por objeto el suministro de energía eléctrica, situación que requiere de un medio de transmisión de la energía, medio este que en el presente caso ofrece un riesgo para los habitantes del barrio en mención; se tiene entonces, que la suscripción del contrato obligó a Electricaribe, en atención a la normatividad citada, a que la red de distribución de energía preste el servicio de energía eléctrica de forma segura.

Sin embargo, también se desprende que la empresa Electricaribe S.A. ESP no es la única llamada a remediar la situación de la precaria de la red(sic) eléctrica que cubre el barrio “La Mano de Dios”. Esto se concluye tras la revisión del artículo 367 de la Constitución Política, y de los artículos 5º a 8º de la Ley 142 de 1994, toda vez que estas normas se refieren específicamente al papel de los municipios y los departamentos en la prestación de los servicios públicos. Sobre los municipios, el artículo 5.1 de la Ley 142, establece:

ART. 5º—Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los concejos: 5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.

De lo anterior se colige que el municipio tiene una obligación frente a los usuarios de los servicios públicos, de asegurar que los mismos sean prestados de forma eficiente y segura. Si el municipio omite dicha obligación, permitiendo acciones u omisiones que lleven a una prestación del servicio ineficaz o inseguramente, deberá tomar los correctivos necesarios para normalizar el servicio. En el presente caso, el municipio de Riohacha fue condescendiente con el tendido ilegal de la red eléctrica que cubre el barrio “La Mano de Dios”, permitiendo conexiones rusticas y frágiles que hacen que la prestación del servicio de energía eléctrica sea insegura. En este orden de ideas, el proveer a los usuarios del barrio La Mano de Dios, de una red de provisión de fluido eléctrico con las condiciones normales de técnica y seguridad, también es una obligación del municipio de Riohacha, habida cuenta que debe responder por la conducta omisiva que llevó al peligro que se busca remediar mediante la presente acción.

En este punto, la Sala se pronunciará sobre la apelación presentada por el apoderado del municipio de Riohacha, quien centra su impugnación en el hecho de que el ente que representa se encuentra acogido a un plan de reestructuración de pasivos, argumentando que una condena en su contra afectaría la prevalencia de pagos de su plan de reestructuración.

Sobre el particular, la Sala advierte que si bien es conocida la crítica situación financiera de ciertos entes territoriales, así como la existencia de un acuerdo de reestructuración de pasivos a favor del municipio de Riohacha (fls. 336 a 350 cdno. ppal.); la falta de recursos no se constituye en un hecho que atenúe las súplicas de la presente acción popular, pues tal escasez no es un argumento que controvierta la existencia de un derecho colectivo vulnerado. Es decir, la falta de recursos para atender la eventual condena que se profiera en el presente proceso, no es un motivo para desvirtuar el derecho que permite proferir dicha condena.

Una situación diferente es que la Sala reconozca, además del hecho de la frágil situación financiera del municipio de Riohacha, que la administración pública necesita agotar una serie de etapas para la obtención, disposición y ejecución de los recursos necesarios para el cumplimiento de las condenas que pueden proferirse en el ejercicio de una acción popular. Por lo tanto, lo que resulta procedente en el presente caso, es ordenar al municipio de Riohacha la ejecución de las gestiones necesarias para cumplir con su cometido de velar por la prestación segura del servicio de energía en el barrio “La Mano de Dios”.

Esta corporación se ha pronunciado al respecto, de la siguiente manera:

En sentencia de 25 de octubre de 2001 (Exp. 0512, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) al decidir una acción popular esta Sala consignó el criterio jurisprudencial que por su pertinencia para el caso presente en esta oportunidad reitera:

“La falta de disponibilidad presupuestal y de existencia real de recursos no es, en manera alguna, argumento válido para destruir el acervo probatorio que sustenta el fallo del inferior y que se puntualiza en la indudable demostración de los hechos que sirvieron de fundamento al ejercicio de la acción popular”.

Se reitera que la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos para cuya protección fue instaurada. Cosa distinta es que ante esa situación lo procedente sea ordenar a las autoridades municipales que efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para obtener los recursos necesarios(5).

Respecto de la situación del departamento de La Guajira, frente a la obligación de asegurar el cumplimiento de ofrecer a los habitantes del barrio “La Mano de Dios” un servicio de energía eléctrica seguro y eficiente; la Sala advierte que su papel es diferente al de Electricaribe S.A. ESP y el municipio de Riohacha, frente a las obligaciones impuestas al departamento por la Constitución y la ley, respecto de la prestación de servicios públicos.

El a quo estimó que el departamento de La Guajira debía brindar un soporte presupuestal al municipio de Riohacha, en la construcción de una red de distribución de energía en el barrio “La Mano de Dios”, sin exponer el sustento constitucional, legal o fáctico de su afirmación. Al respecto, la Sala observa que el inciso segundo del artículo 298 de la Constitución, dispone que “los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes”. Así mismo, el artículo 7º de la Ley 142 de 1994, que se refiere a la competencia de los departamentos para la prestación de los servicios públicos, se refiere a que ejercerán funciones de “apoyo y coordinación, que ejercerán en los términos de la ley”.

De las anteriores disposiciones, se observan las dos principales funciones del departamento dentro de la prestación de los servicios públicos, las cuales son coordinación y apoyo, actividades diferentes a la verificación por parte del municipio de la debida prestación de los servicios públicos. Si bien en el inciso 2º del artículo 298 superior, se establece que el departamento podrá prestar ciertos servicios, dicha situación se encuentra sujeta a una imposición del ordenamiento jurídico. Como no existe una obligación expresa y directa que lleve a concluir que el departamento preste directamente el servicio de energía eléctrica, se deduce que las principales funciones que le asigna el ordenamiento jurídico son las de coordinar y apoyar a los demás entes que confluyan en la prestación del servicio de energía eléctrica.

En este orden de ideas, advierte la Sala que el departamento de La Guajira no es llamado por el ordenamiento jurídico a velar por la debida prestación del servicio de energía eléctrica a los habitantes del barrio La Mano de Dios, pues su injerencia en el tema es mediata, a través de una relación de apoyo con el municipio de Riohacha, mas no de prestación del servicio. Por lo tanto, se establece que Electricaribe S.A. ESP y el municipio de Riohacha son los llamados a responder por el riesgo que representa la red de conducción eléctrica tendida en el barrio “La Mano de Dios”.

3. Suspensión del servicio.

Inicialmente advierte la Sala, que si bien esta corporación se ha pronunciado en otras ocasiones sobre la improcedencia de la acción popular para la resolución de situaciones individuales, también es cierto que el objeto de la litis versa sobre la situación de una colectividad frente a su presunto derecho al acceso a los servicios públicos. Esta aclaración preliminar resulta procedente, pues el apoderado de la empresa Electricaribe S.A. ESP insinuó ante la primera instancia, que la presente acción es improcedente por estar relacionada con el contrato de condiciones uniformes suscrito entre su representada y el barrio La Mano de Dios.

Partiendo de la existencia de la relación contractual, nacida del contrato de condiciones uniformes suscrito por Electricaribe S.A., el municipio de Riohacha y el barrio “La Mano de Dios”, se observa que la misma tiene estrecha relación con los intereses de la comunidad, habida cuenta de que los habitantes del barrio “La Mano de Dios”, como usuarios y suscriptores, conforman una pluralidad de personas con situaciones semejantes y con una misma expectativa frente al servicio público de energía. Además, los residentes del barrio en mención no piden la solución de una eventual controversia contractual, sino que pretenden acceder al servicio de energía eléctrica, por lo que tal pretensión hace alusión a una situación colectiva que es susceptible de ser resuelta a través esta clase de acciones.

Afirmó la demanda que el servicio de energía fue suspendido intempestivamente, sin justificación alguna y de manera arbitraria, mediante el retiro del transformador de energía que llevaba el fluido eléctrico al barrio La Mano de Dios. Así mismo, que los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003, les fueron cobrados a los habitantes del sector de forma irregular. Por otro lado, la pretensión 9ª de la demanda, se dirige a concertar un valor sobre los meses objeto de cobros por parte de Electricaribe S.A. ESP.

Sin embargo, la afirmación de un presunto cobro indebido del servicio de energía eléctrica, así como la sugerencia de actuaciones arbitrarias por parte de la empresa Electricaribe S.A. ESP, no fueron probadas por la parte actora.

De otro lado, advierte la Sala que implícitamente los demandantes aceptaron la existencia de saldos en su contra por el servicio de energía, tal como se desprende de la pretensión número 9 de la demanda, que solicita:

“9. Concertar un justo valor con los meses objeto de cobros”.

Tácitamente, los demandantes aceptaron la existencia de saldos insolutos, lo que sugiere el incumplimiento del contrato suscrito entre Electricaribe S.A. ESP y los habitantes del barrio “La Mano de Dios”. Esta situación llevó en últimas, a la suspensión legítima del servicio, en cumplimiento de los artículos 140 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001, y la cláusula octava del contrato de condiciones uniformes en virtud del cual se provee del servicio de energía a los habitantes del barrio “La Mano de Dios”. Las anteriores disposiciones autorizaron la suspensión del servicio por incumplimiento del contrato de condiciones uniformes, para el caso de autos, por la falta de pago de “una factura” (cláusula octava del contrato de condiciones uniformes suscrito entre Electricaribe S.A. ESP y los habitantes del barrio La Mano de Dios, fl. 6. cdno. ppal.).

El derecho colectivo consagrado en el literal j) del artículo 4º la Ley 472 de 1998, hace referencia al acceso a los servicios públicos, pero la prestación misma pende del cumplimiento de la obligación del usuario o suscriptor, de pagar lo legalmente señalado para el disfrute del servicio de energía eléctrica. Si incumple dicha obligación, se debe atener a las consecuencias de su infracción, lo que en casos como el presente genera la suspensión del servicio. Por lo tanto, la deducción lógica es que la falta de acceso al servicio de energía eléctrica que padecen los residentes del barrio La Mano de Dios, fue provocada por ellos mismos, siendo esta una actividad que no puede ser protegida por la presente acción popular.

Como consecuencia de lo anterior, la reinstalación del transformador solicitado en la primera petición de la demanda, no puede ser atendida, pues el retiro del transformador es una medida lícita, consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la comunidad del barrio “La Mano de Dios”.

De otro lado, tras advertir el éxito de algunas de las pretensiones de la demanda, las cuales representan un beneficio al colectivo representado por los habitantes del barrio “La Mano de Dios”, la Sala dejará en firme la decisión adoptada por el a quo, respecto del incentivo concedido a la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del veinte (20) de agosto de dos mil tres (2003), proferida por Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, y en su lugar se dispone:

1. Proteger el derecho colectivo previsto en el artículo 4º literal l) de la Ley 472 de 1998, de los habitantes del barrio La Mano de Dios del municipio de Riohacha, La Guajira.

2. Se declara que el municipio de Riohacha y el Electricaribe S.A. ESP son solidariamente responsables por la violación del derecho colectivo previsto en el artículo 4º, inciso I) de la Ley 472 de 1998, en cabeza de los integrantes de la comunidad del barrio La Mano de Dios. En consecuencia, los entes mencionados deberán tomar las medidas que consideren convenientes para prevenir la ocurrencia de desastres técnicamente previsibles en el barrio La Mano de Dios del municipio de Riohacha, así como para proteger a los habitantes del mismo, del peligro que representa la actual red de energía.

3. Absolver al Ministerio de Minas y Energía y al departamento de La Guajira de todo cargo.

4. Se designa como auditor para la vigilancia de cumplimiento de lo ordenado en la presente providencia, al señor personero del municipio de Riohacha, quien podrá delegar tal labor en un funcionario de su despacho.

5. Por secretaría remítanse copias de esta providencia, de la demanda y del auto admisorio de la misma, al señor defensor regional del pueblo para lo de su cargo.

6. Se fija como incentivo para la accionante el equivalente en pesos a cinco (5) salarios mínimos mensuales, a cargo de Electricaribe S.A. ESP, y el municipio de Riohacha.

7. Se niegan las demás súplicas de la demanda.

8. Sin costas.

Devolver el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Ramiro Saavedra Becerra, presidente de la Sala—María Elena Giraldo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar.

(1) La Corte Constitucional, mediante Sentencia T-505 de agosto 28 de 1992, afirmó: “... el principio de justicia distributiva según el cual la asignación de los recursos económicos de una sociedad se deberá tender a privilegiar a los sectores desfavorecidos, como fundamento del régimen impositivo, de las reglas de elaboración presupuestal, de jerarquización del gasto y de la fijación de prioridades en materia de prestación de los servicios públicos”.

(2) Decreto 375(sic) de diciembre 9(sic) de 2003 “por medio del cual se reglamentan los artículos 63 y 64 de la Ley 812 de 2003, en relación con el programa de normalización de redes eléctricas y los esquemas diferenciales de prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y se dictan otras disposiciones”.

(3) Ob. cit. página 9.

(4) En el mismo sentido, Sentencia del 4 de junio de 2001 AP-0666, Consejo de Estado.

(5) Sentencia AP-531 del 5 de septiembre de 2002, Consejo de Estado.

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