Auto 2005-00240 de abril 1º de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: AP-25000-23-26-000-2005-00240-01

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Marceliano Rafael Corrales Larrarte

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional y otros

Referencia: Acción popular-apelación de sentencia

Bogotá, D.C., primero de abril de dos mil nueve.

Provee la Sala sobre las solicitudes de aclaración y de adición presentadas por la parte demandante respecto de la sentencia dictada por la Sala el 31 de julio de 2008, mediante la cual se adicionó aquella proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 3 de mayo de 2006, y declaró probada la excepción de cosa juzgada.

I. Antecedentes

Marceliano Corrales Larrarte, obrando en nombre propio, el 17 de febrero de 2005 formuló demanda en acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional y del señor Edmundo del Castillo Restrepo, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, los que afirmó vulnerados por los demandados con la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito por los dos accionados, el 7 de junio de 2004.

En la sentencia que fue objeto de impugnación proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 3 de mayo de 2006, se decidió negar las súplicas de la demanda.

Mediante providencia de 31 de julio de 2008, la Sala adicionó la decisión contenida en la providencia apelada. La parte resolutiva de esta sentencia dispuso:

“1. ADICIÓNASE la sentencia dictada por la subsección B de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de mayo de 2006, y en consecuencia DECLÁRASE probada la excepción de cosa juzgada respecto de las imputaciones relacionadas con el contrato celebrado por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional el 20 de junio de 1980 con las compañías alemanas Ferrostaal AG de Essen y Howaldtswerke Deutsche Werft Aktiengesellschaft Hamburg Und Kiel, para la construcción de las cuatro (4) corbetas misileras y el suministro de dos (2) helicópteros navales.

2. CONFÍRMASE en sus demás partes la decisión adoptada por el a quo.

3. REMÍTASE por secretaría a la Defensoría del Pueblo, copia del presente fallo, para que sea incluido en el registro público centralizado de acciones populares y de grupo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998”.

1. Solicitud de adición.

En memorial presentado ante la secretaría de la sección, el 12 de agosto de 2008, la parte actora solicitó, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 311 del Código de Procedimiento Civil y 44 de la Ley 472, que “mediante sentencia complementaria adicione uno de los extremos de la litis”.

Indicó que la sentencia omitió uno de los extremos de la litis “al desviar sus fundamentos sobre la caducidad (sic) del contrato de mayo de 1980, que nada tenia (sic) que ver con el aspecto sustancial objeto de la litis, haciendo un recuento, segado (sic) y falente (sic), para no tratar de mentirosa a la Sala, trayendo a colación acciones que el suscrito impetro (sic) y que a la fecha todavía se encuentran en estado de resolución de recursos, establecidos por la ley, sesgándose así la verdad, verdadera (...) los argumento (sic) de la Sala son falentes (sic) para conseguir sentencia a favor de los y (sic) demandados impidiéndome obtener una sentencia en la cual se fijara un fallo favorable para que mis derechos y los dl (sic) interés general, no fuera (sic) conculcados; de esta manera conociendo lo que hacían, presuntamente, se h (sic) incurrido en el presunto delito de ‘fraude procesal’”.

Luego de hacer una referencia a los elementos configurativos del tipo penal antes citado protestó contra un “yerro en la aducción de la prueba pericial” para a continuación volver sobre lo expuesto a lo largo del proceso en especial en cuanto a su solicitud, en el sentido de que se compulsen copias para que se investigue penalmente a los demandados “[p]or tal motivo le solicito pronunciarse como tal; ya que se encuentran en omisión de denuncia de funcionario público”. Expuso algunos hechos relatados en la demanda y otros relacionados con el contraalmirante Gabriel Ernesto Arango Bacci, de quien dice ser amigo.

2. Solicitud de aclaración.

Por escrito presentado ante la secretaría de la Sección, el 12 de agosto de 2008, la parte actora solicitó, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 309 del Código de Procedimiento Civil y 44 de la Ley 472, que “me aclare la sentencia del 31 de julio de 2008, de unos conceptos que ofrecen motivos de duda exponiendo mis razones de hecho y derecho”. Después de reproducir apartes de su escrito de demanda, solicitó las siguientes aclaraciones:

“Solicito me aclare, el concepto que obra a folio 27 de la sentencia cuando sustentadnos (sic) en un cuadro comparativo en donde aparecen las acciones populares Nº AP-0186, AP-9257, AP -104, AP-240, se afirma que las acciones populares AP-0186, AP-9257, AP -104, hay en el fondo una identidad de corpus y de causa petendi. Si cuando en realidad como se demuestra las peticiones son totalmente contarías (sic) a la realidad fáctica y procesal. FRAUDE PROCESAL Y FALSEDAD IDEOLÓGICA, que se hace, al AFIRMAR, algo que no es cierto, falseándose a la verdad. Aclaración que se solicita porque este concepto es bastante oscuro:

[transcribe un aparte del fallo en que se afirma que no es procedente la suspensión provisional respecto de un concepto rendido por un abogado externo] (...) Cuando un abogado externo, se contrata para que d (sic) un concepto jurídico, actúa como se ha dicho como funcionario publico (sic), en un ACTO ADMINISTRATIVO, de la administración pública, NO; como un acto particular que no tiene relación de causa y efecto de la Administración Publica (sic), cuando este Acto si o (sic) es. Lo anterior esta (sic) contra el ordenamiento jurídico. Aclaración que se solicita porque este concepto es bastante oscuro.

[Transcribe un fragmento de la sentencia en que se indica que la acción popular no es el escenario para discutir interpretaciones sobre conceptos rendidos por abogados externos, menos aún cuando hay un fallo judicial que dirimió el asunto] (…) El contrato a que Usted (sic) se refiere, es al de mayo de 1980, como lo establece el precedente e (sic) la sentencia, la litis planteada tarta (sic) sobre el contrato del 07 de junio de 2004, al doctor EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO, porque (sic) dice Usted que el contrato de mayo de 1980, ya fue definido con efectos de cosa juzgada cuando ello no es así, Y PORQUE Usted manifiesta que estas discrepancias no se pueden definir, por acciones populares, cuando ello hace parte del cuerpo de la litis, tal cual lo establece la norma. Lo anterior esta (sic) en contra del ordenamiento jurídico. Aclaración que se solicita porque este concepto es bastante oscuro.

[Reproduce apartes de la sentencia en que se afirma que no se pueden estudiar nuevas imputaciones que haga el actor popular, distintas de las formuladas en la demanda] (...) Para proceder a ADICIONAR, (sic) RESOLUTIVA manifestando que dicho contrato de mayo de 1980 ya hizo transito (sic) a cosa juzgada, cuando en realidad el contrato se encuentra vigente, por cuanto NO se ha liquidado (…) Lo anterior esta (sic) en contra del ordenamiento jurídico, Aclaración que se solicita porque este concepto es bastante oscuro.

(...) Se solicita (sic) estas aclaraciones por cuanto se evidencia un fraude procesal en dicha sentencia y con las aclaraciones y observaciones que se han hecho ver la Sala Contenciosa, puede aclarar sin modificar la entercia (sic), solamente con los recursos que interpondré, para que se anule dicha sentencia (...)” (las mayúsculas continuas son del texto original).

II. Consideraciones

La Sala no accederá a las solicitudes de adición y aclaración del fallo formuladas por la parte demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones.

Es importante aclarar que la Ley 472 no previó norma alguna relacionada con la aclaración y la adición de sentencias, por lo que según lo ordena el artículo 44 de la Ley 472 habrá que estarse a lo establecido por el Código Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en esa ley, cuando la jurisdicción que conozca sea la administrativa. Sin embargo, como este último tampoco regula de manera integral estas materias, en tanto que solo lo hace con relación al proceso electoral (CCA, art. 246), habrá que recurrirse a lo prescrito por el Código de Procedimiento Civil, con arreglo al artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

1. Aclaración de sentencias proferidas en acciones populares.

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil al ocuparse de señalar que la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció, consagra lo que se conoce como principio de inmutabilidad o intangibilidad de la sentencia por el mismo juez que la profirió en orden a garantizar la seguridad jurídica. Postulado que, por supuesto, es aplicable a los procesos de acción popular, toda vez que en estos con el fallo también se agota el ejercicio de la jurisdicción del Estado en el caso estudiado y por lo mismo no es factible una vez proferido reformarlo, como tampoco revocarlo.

Sin embargo, este mismo precepto a continuación advierte que la aclaración de la sentencia es procedente, de oficio o a petición de parte, respecto de los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella, esto es, frente a situaciones derivadas de una redacción ininteligible o ante la falta de claridad.

En tal virtud, la aclaración no es un medio procesal concebido para reformar la sentencia, pues como certeramente apunta el profesor Morales Molina la ley no faculta al juez [tampoco al de la acción popular agrega la Sala] para reconsiderar las sentencias, revocándolas o reformándolas, la aclaración versa sobre las dudas que surjan de aquellas, que no son las que las partes abriguen en relación a la legalidad misma de las consideraciones del sentenciador, porque si estas pudieran cambiarse o rectificarse, la ley no habría prohibido que el juez modificara el sentido de las sentencias que dicte (1) .

La aclaración de sentencias también se predica, en sede de acciones populares, no frente a simples contradicciones aparentes sino delante de aquellas expresiones o contenidos que puedan dar lugar a interpretaciones encontradas y que solo el mismo juzgador al definir su sentido correcto pueda justamente brindar claridad.

De modo que este tipo de solicitudes no autorizan al juzgador a variar el fondo de la decisión ya que, como lo ha señalado la jurisprudencia, la facultad de aclarar un fallo es intrínsecamente distinta de la de revocar, reformar o adicionar el mismo fallo. Aclarar, por el contrario, es explicar lo que parece oscuro, y se excedería manifiestamente el juez que a pretexto de hacer uso de aquella facultad, variase o alterase la sustancia de su resolución (2) .

La inteligencia de este instituto supone que no es el medio para alterar, modificar o reformar el alcance o contenido de lo decidido en la sentencia de la acción popular, ni tampoco el camino para entrar a decidir asuntos nuevos, puesto que por expreso mandato legal con ella solo es posible poner fin a una duda propiciada por el equívoco empleo de uno o varios términos en el fallo, o lo que es igual, disipar o quitar lo que ofusca la claridad o la transparencia de lo resuelto (3) .

A este propósito el profesor Devis Echandía sostiene que el juzgador en estos casos debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos o frases contenidos en ella, para precisar simplemente el sentido que se les quiso dar al redactarla (4) .

De ahí que al juez de la acción popular tampoco le sea permitido formular nuevos razonamientos, reconsiderar o exponer nuevos puntos de vista que supongan una revisión total o parcial de las consideraciones contenidas en la providencia y de esta manera renovar la controversia sobre la legalidad o juridicidad de las cuestiones resueltas en el fallo, ni buscar explicaciones sobre el modo de cumplirlo (5) .

Al descender estas premisas al sub lite la Sala encuentra que el escrito de solicitud de aclaración no reúne ninguno de los requisitos referidos, comoquiera que no se sustenta en la falta de inteligibilidad o en aspectos dudosos que puedan ofrecer las frases sobre las cuales se edificó la decisión adoptada; tampoco se hace referencia a la necesidad de explicar pasajes que aparezcan oscuros por virtud de una redacción ininteligible que se pueda endilgar al fallo.

El escrito supone en realidad un velado desacuerdo con la providencia y su estudio impondría abordar nuevos temas o volver sobre asuntos ya definidos, como son los relativos a la excepción de cosa juzgada declarada; o valorar si la Sala incurrió en fraude procesal y falsedad ideológica; o si el concepto jurídico de un abogado externo es pasible de la medida cautelar de suspensión provisional; o si el juez de la acción popular puede estudiar nuevas imputaciones no formuladas en el escrito de demanda , o en fin, si las discrepancias del actor sobre un concepto jurídico que retoma un fallo judicial son justiciables en sede popular.

La Sala observa que el accionante intenta renovar la controversia sobre las cuestiones resueltas en el fallo, pues se advierte que lo expuesto en su escrito no atañe a frases o conceptos que ofrezcan serios motivos de duda, que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella. No se pone en evidencia inteligibilidad de frase o palabra alguna bien por oscuridad, ya por la imprecisión de los términos empleados, ni tampoco se endilga una mala redacción que induzca a comprensiones diferentes, en atención a que no haya una apropiada utilización del lenguaje. Contrario sensu, se constata que el libelista no comparte los razonamientos jurídicos contenidos en la providencia.

Aclaración que no obstante estar destinada exclusivamente a revisar conceptos o frases que acusen falta de claridad, pretende dirigirse en este caso a plantear dudas sobre la oportunidad, veracidad o legalidad de lo decidido por el fallador (6) . O lo que es igual, esta solicitud evidencia el móvil que la induce: discrepar del decisum y parte de la ratio decidendi que lo soporta, situación no comprendida dentro de los alcances arriba anotados.

En definitiva, lo que procura la parte actora al pedir la aclaración es examinar de nuevo el caso, en puntos que la sentencia de 31 de julio de 2008 abordó en sus consideraciones, con lo cual manifiesta en realidad sus diferencias con la decisión adoptada, y supone más bien su revisión y eventual revocatoria, todo lo cual se sustrae por completo al objeto de este tipo de mecanismo, razón por la cual no se accederá a lo pedido.

2. Sentencias citra petita: adición de sentencias proferidas en acciones populares.

El artículo 311 del Código de Procedimiento Civil pone de presente que la solicitud de adición procede cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento. Correctivo jurídico que resulta aplicable a las acciones populares en virtud de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 472, y que es menester adoptar mediante una sentencia complementaria, para que mediante esta se adopte la decisión que dejó de resolverse, y de esta manera se agregue o añada la providencia incompleta.

Hay entonces incongruencia por citra petita (Ne eat iudex citra petita partium) cuando la sentencia omite decidir sobre algunas de las pretensiones formuladas y por ello la doctrina no duda en señalar que el órgano jurisdiccional incumple su oficio, dando lugar al vicio de incongruencia cuando no resuelve todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate (7) . Por lo mismo la adición únicamente es procedente cuando se presentan uno o varios puntos no decididos dentro del pronunciamiento judicial, como sería el caso de la no concesión del incentivo en sentencia favorable en acción popular (8) .

En el caso sub examine, el accionante solicita que se adicione el fallo a efectos de que se haga un pronunciamiento en relación con el contrato objeto de demanda de acción popular y al efecto reprocha el contenido de la sentencia de 31 de julio de 2008 al punto de afirmar que se hizo un recuento sesgado de la actuación del demandante que a su entender podría dar lugar a un presunto delito de fraude procesal, estima que hubo un yerro en la aducción de la prueba pericial y al concluir asevera que debe pronunciarse la Sala sobre la solicitud de compulsar copias para que se investigue penalmente a los accionados.

Nótese que la sentencia resolvió en forma completa sobre los puntos de la litis, con base en las pruebas que reposan en el expediente, solo que el libelista no comparte su contenido y pretende que se “complemente”.

En ese orden de ideas, tampoco resulta procedente la solicitud de adición toda vez que no se evidencia olvido o ligereza del fallador, al no prescindirse del estudio de alguno de los puntos sometidos a su estudio y por ello la Sala se abstendrá de realizar un nuevo estudio y al efecto se remite a lo consignado en la providencia de 31 de julio de 2008.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

DENIÉGANSE las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia proferida por esta Sala el 31 de julio de 2008, formuladas por la parte actora.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Ramiro Saavedra BecerraRuth Stella Correa PalacioMauricio Fajardo GómezEnrique Gil BoteroMyriam Guerrero de Escobar.

(1) Morales Molina, Hernando, Curso de derecho procesal civil, parte general, Ediciones Lerner, Bogotá, quinta edición, 1965, p. 499.

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 18 de abril de 1925, en G.J. T. XXXI, p. 190.

(3) Parra Quijano, Jairo. Derecho procesal civil, t. I, parte general, Editorial Temis, Bogotá, 1992, p. 241.

(4) Devis Echandía, Hernando, Compendio de derecho procesal, teoría general del proceso, t. I, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, decimotercera edición, 1994, p. 468.

(5) G.J. T. XCVIIII, p. 5 y 6.

(6) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 31 de enero de 1940, M.P. Arturo Tapias Pilonieta, en G.J. T. XLIX, Nº 1953 y 1954, p. 47.

(7) Aragoneses Alonso, Pedro, Sentencias congruentes: pretensión, oposición, fallo, Madrid, Ed. Aguilar, 1957, p. 116.

(8) Frente a la adición por no concesión del incentivo vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia de 31 de agosto de 2006, Rad. 73001-23-31-000-2003-01992-01(AP), actor: José Alberto Guzmán y otros, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

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