Sentencia AP-22 de octubre 19 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente:

Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Expediente: IJ-25000-23-25-000-2001-00022-02, oct. 19/2004.

Actor: Claudia Sampedro Torres y otro.

Acción popular

Procede la Sala Plena Contencioso Administrativa a proferir el fallo que por importancia jurídica corresponde en el asunto de la referencia.

El litigio planteado

1. La demanda se instauró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el propósito de lograr la protección de los derechos colectivos de gozar de un ambiente sano, de garantizar, aprovechar y restaurar los recursos naturales, las especies animales y vegetales y las diversas áreas de importancia ecológica, a fin de que se tomen las determinaciones que impidan el deterioro de estos elementos con el empleo de controladores biológicos, so pretexto de erradicar cultivos ilícitos.

Señala la parte actora, en forma prolija, los diversos lugares del país en los cuales se han incrementado los cultivos de coca y amapola. Asimismo, relata desde cuando se han llevado a cabo fumigaciones con paraquat en unos casos, y en otros con glifosato, mediante rociamiento aéreo, lo cual ha resultado nefasto para el país. Sin embargo, tales medidas de erradicación de los cultivos ilícitos han continuado incrementándose y el Ministerio de Ambiente no ha llevado a cabo el control y seguimiento de la aplicación del glifosato de modo que se garantice la salud de las personas y la conservación del ecosistema.

Sostiene en la demanda que la opinión pública ha considerado que deben emplearse procedimientos manuales para erradicar los cultivos, pues la aspersión aérea destruye el medio ambiente y aumenta la tragedia humana de quienes reciben los efectos de los químicos asperjados, amén de que los métodos que se emplean conducen a que los cultivos se desplacen a otras zonas y que se continúe por parte del gobierno con el desconocimiento de los deberes y derechos cuya defensa consagran la Constitución Política y la Ley 99 de 1993.

El gobierno, además, afirma la parte demandante, a través del Ministerio de Ambiente ha promovido el empleo de microherbicidas que tienen el carácter de armas biológicas.

2. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial niega los hechos en que se funda la demanda, afirma que desde hace más de 20 años no se fumiga con paraquat, ni se han empleado o fabricado microherbicidas que tengan el carácter de armas biológicas; que se han exigido estudios cuya evaluación se ha llevado a cabo y se han efectuado requerimientos para prevenir, mitigar y compensar los efectos nocivos que se señalan en el libelo introductorio del proceso.

Que el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección Nacional de Estupefacientes y el ministerio del ramo han tomado las medidas pertinentes y adoptado otras para que los efectos de la aspersión aérea con glifosato se realice dentro de las pautas trazadas para la conservación del medio ambiente.

Propuso el ministerio la excepción de falta de integración del contradictorio, pues debió vincularse al proceso al ICA, a la Presidencia de la República por manejar el plante, a los responsables de la siembra de cultivos ilícitos; indica que el Consejo Nacional de Estupefacientes es el encargado de decidir sobre la fumigación de cultivos ilícitos.

3. La Dirección Nacional de Estupefacientes explica cuáles han sido los procedimientos que se emplean para la erradicación de cultivos ilícitos y concluye su respuesta a la demanda en el sentido de que la orden de destruir éstos se ha apoyado en conceptos técnicos del Ministerio de Salud y del Inderena y que no es cierto que la aspersión aérea conduzca a una catástrofe ambiental o la aumente; tanto que en zonas donde ella se ha llevado a cabo, con posterioridad se han vuelto a realizar siembras ilícitas.

4. Por su parte el ICA se refiere al papel que cumple para lograr la protección agropecuaria y para adoptar las medidas que impidan el mal empleo del glifosato.

5. Intervino en el proceso la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional adhiriendo a la demandada.

La decisión de primer grado

El tribunal administrativo accedió a la protección de los derechos invocados por la parte demandante; dio aplicación al principio de la precaución respecto de la toxicidad crónica que causa la aspersión aérea de glifosato; ordenó suspender transitoriamente las fumigaciones aéreas a que se refiere la demanda; dispuso que el Ministerio de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Salud con la Universidad Nacional y en coordinación con el Consejo Nacional de Plaguicidas, efectuaran estudios que determinen el impacto de los químicos glifosato, poea, cosmoflux sobre la vida de los colombianos; impartió órdenes a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que identificara los daños causados con la fumigación aérea con registros de morbilidad; designó a la Procuraduría General de la Nación para que por medio de su correspondiente delegada velara por el cumplimiento de su decisión.

Posición de la Procuraduría General de la Nación

Acepta que la fumigación a que se refiere la demanda puede lesionar los derechos invocados por la parte actora; precisa que el Ministerio de Ambiente debe exigir la presentación de un plan de manejo, recuperación o restauración ambiental; que la DNE no cumple con las obligaciones que le incumben a fin de mitigar o evitar el impacto de la fumigación aérea a que se contrae el proceso; manifiesta que la fumigación con glifosato con el fin de erradicar los cultivos ilícitos constituye riesgo para la salud humana en razón de las toxicidades aguda y crónica que puede producir, y concluye que, con base en el principio de la precaución, las fumigaciones aéreas con glifosato deben suspenderse por constituir grave riesgo para la salud humana.

Fundamentos del recurso de apelación

La DNE sostiene que la suspensión decretada por el tribunal deja al país inerme ante la mafia, la guerrilla y los paramilitares; que con la aspersión del glifosato se ha logrado una disminución considerable de los cultivos ilícitos, pues los terrenos en que estos se realizan han bajado de 102.000 a 30.000 hectáreas; que el cultivo de la coca ha destruido 1.700.000 hectáreas de bosque tropical húmedo; que los cultivos ilícitos producen un nocivo impacto ambiental; que las pruebas acreditan que sí se ha cumplido el plan de manejo ambiental; que, además, las pruebas obrantes en el expediente no hacen sospechar la inminencia de la transgresión de los derechos ambientales invocados, ni tampoco se ha demostrado que las omisiones en que se ha incurrido sean causa de daño al medio ambiente y la salud.

Consideraciones

Como fluye de los antecedentes que se expusieron con anterioridad, el litigio o conflicto de intereses planteado en la demanda introductoria del proceso tiene que ver con dos situaciones bien definidas: la primera, relacionada con la aspersión aérea en determinadas zonas del país, de ciertos componentes químicos (glifosato, poea y cosmoflux 411F) destinada a la destrucción de cultivos ilícitos, como la amapola y la coca; aspersión que según la parte actora constituye amenaza o agravio de derechos colectivos o representa peligro contingente para éstos. La segunda, referente al deber del Estado, y en especial de sus autoridades, de salvaguardar intereses que incuestionablemente pertenecen a la colectividad, tales como el de conservar la sanidad del medio ambiente, proteger la vida y la salud de los habitantes del territorio nacional, defender la flora, la fauna y caudales de agua de modo que no se destruyan o contaminen por actos u omisiones de autoridades o particulares con funciones públicas, todo con el inequívoco propósito de asegurar el bienestar de los coasociados y permitirles una vida sana, con recursos naturales y sociales que faciliten su desarrollo económico y cultural, necesario para el progreso y evolución del Estado.

Debe, por consiguiente, dilucidarse si la referida aspersión representa, o no, peligro real o contingente o agravia los derechos señalados en el escrito demandatorio, por una parte; y por la otra, si las autoridades frente a las cuales se instauró la acción, han obrado en armonía con los mandatos constitucionales y legales de modo que se hagan efectivos los fines que son propios de la organización estatal, como servir a la comunidad, garantizar sus derechos, defender su vida y bienes y, en general, que se asegure el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

La Sala se circunscribe al caso planteado y que debe recibir pronta solución, razón por la cual se abstiene de referirse a otro tipo de derechos colectivos que podrían verse quebrantados por virtud de diversas actividades que resulta inútil traerlas a cuento en las consideraciones de la presente sentencia.

Hay que señalar, sí, que las acciones populares se encuentran reguladas en el artículo 88 Constitucional, inciso 1º, en el cual se precisan los objetivos generales de tal tipo de mecanismo judicial.

Dice así la norma que se acaba de citar:

“La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”.

Por su parte el artículo 9º de la Ley 472 de 1998 prescribe:

“Procedencia de las acciones populares. Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos”.

Y el artículo 15 ibídem consagra que las acciones populares se originan “en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes sobre la materia”.

De conformidad con las normas a que se acaba de aludir, es menester, para que prospere totalmente la acción popular instaurada, que se demuestre con plenitud probatoria que se incurrió en acción u omisión que transgreda los intereses o derechos colectivos invocados, o que constituye amenaza de éstos, proveniente de los sujetos indicados en el ordenamiento legal.

Se pasa, en consecuencia, a revisar las pruebas relativas a tres puntos fundamentales directamente relacionados con el sub lite.

En primer término, obra en el expediente documento, traducido al castellano, que se refiere a las especificaciones y evaluaciones de la FAO para productos de protección vegetal en el cual se alude a la composición del glifosato y sus diferentes usos y concluye que el ácido y sus sales, respecto de ciertos animales de laboratorio que se indican por su pesca, posee toxicidad aguda baja en éstos; que asimismo no son irritantes al entrar en contacto con la piel, auque sí lo es de manera fuerte en los ojos del conejo, pero de manera más baja con las sales. Que no hay, a pesar del empleo del glifosato en el mundo, prueba de efectos cancerígenos en los humanos y su riesgo es bajo en animales como aves, mamíferos, abejas, etc.

En el trabajo “Criterios de salud ambiental para glifosato”, realizado por científicos pertenecientes al Instituto Nacional de Salud Pública e Higiene Ambiental, Bilthoven, respecto de los peligros para la salud se señala que la absorción de tal elemento químico (glifosato) desde el tracto gastrointestinal es del 36% y la que se produce a través de la piel del 55%, que se evacua en un 99% en siete días y que los residuos en animales de cría y productos son mínimos; que, además, el glifosato es un tóxico bajo por vía oral y dérmica, amén de que no es cancerígeno, mutagénico o teratogénico; que es pequeño el peligro para animales acuáticos y los cambios que se producen en los microorganismos acuáticos son transitorios; que, en fin, la misma baja toxicidad se aprecia en relación con abejas, mamíferos, aves etc.

En el estudio “Evaluación de la seguridad y el riesgo para humanos del herbicida round up y su ingrediente activo, glifosato” (fl. 43), en el que se estudian los efectos de estos elementos se concluye que nada sugiere que la salud de los seres humanos corra peligro; que glifosato y ampa no son acumulables en el organismo y el round up produce irritación ocular transitoria, pero no genera cambios genéticos, ni mutaciones hereditarias o somáticas en los seres humanos; que el glifosato, ampa y poea no se observó que fueran teratogénicos ni tóxicos, ni se apreciaron efectos sobre la fertilidad o reproducción; que el poea no se usa en forma concentrada y se utiliza en concentraciones más bajas en su producto final (round up); que, como se indicó en el mismo estudio que se adjuntó al de la FAO, el glifosato no se absorbe bien por los organismos y es rápidamente excretado.

En la investigación de la clínica toxicológica Uribe Cualla y Centro de Asesoramiento Toxicológico, CAI, titulado “Estudio retrospectivo acerca de los posibles efectos sobre la salud humana por exposición a glifosato en la aspersión aérea del programa de erradicación de cultivos ilícitos y/o por exposición a otros plaguicidas empleados en el desarrollo del cultivo de la coca en el departamento del Putumayo en los municipios de Orito, la Hormiga y San Miguel” (tomo 97 del expediente), se llegó a las siguientes principales conclusiones, luego de haber atendido a 1.244 personas y de haber efectuado estudios a 488, por solicitud de la oficina de asuntos narcóticos NAS de la Embajada Americana:

El 83% de las personas entrevistadas, que se expusieron de manera directa o indirecta al rociamiento aéreo del glifosato sufrieron afecciones en los ojos, como ardor y enrojecimiento; en el sistema digestivo, padecieron diarreas y vómitos; en la piel, presentaron síntomas de escabiosis (32%), biodermitis (25%), poliparisitismo, pero estas últimas afecciones de la piel no se hallaron relacionadas necesariamente con la exposición al glifosato, pues su causa puede encontrarse no sólo en la acción de agentes químicos sino en infecciones y alergias; que las molestias oculares y la tos, entre otros malestares, obedecieron a la exposición accidental aguda de glifosato no diluido; que, finalmente, las enfermedades anteriores mejoraron con analgésicos o remedios caseros y evolucionaron de manera satisfactoria en un breve plazo, además de que no se descubrieron casos de muertes relacionadas con la exposición y se halló un caso de nacimiento con malformaciones; que el 84.9 de las personas entrevistadas se hallaban dentro del espacio sobre el cual se hizo la aspersión o a menos de un kilómetro de distancia; que se demostró que de 488 personas observadas 382 manipulaban agroquímicos para el cultivo de la coca, y diez de veintiséis de estos productos son de categoría toxicológica I (extremadamente tóxico) y el 91.1% de quienes emplean plaguicidas no utilizan ningún elemento de protección personal.

En el informe final de la referida clínica respecto de las zonas comprendidas en el departamento de Nariño, se concluyó que de manera general no se halló nexo entre el estado de salud de las personas examinadas y la aspersión aérea con glifosato; que se hicieron pruebas con ratas (con glifosato 44% + cosmoflux 1 % + agua 55%) y con dosis de 5.000 mg/kg, 2.500 mg/kg y 1.250 mg/kg de DL50 oral, y la mortalidad apreciada luego de 3 dosis, con hembras y machos, fue del 0% durante los 14 días que duro el estudio; que respecto de la toxicidad dérmica aguda en conejos, no se encontró signo farmacológico o tóxico alguno, salvo desecamiento en la piel y eritema, pero el pelo empezó a restaurarse a partir del quinto día; que en los ojos de éstos se observó irritación moderada; que también se apreció que el producto no es irritable cutáneo primario.

El doctor Camilo Uribe Granja, director científico de la clínica de toxicología Uribe Cualla, señaló que por la vía inhalatoria el glifosato produce efectos tóxicos sub-agudos (tos - espasmo bronquial) que ceden sin tratamiento después de la sobre exposición al producto concentrado; que la molécula de glifosato tiene poca liposolubilidad y puede generar toxicidad tardía, pero que en los estudios hechos se evidenció que los agricultores manipulan 38 agroquímicos, algunos de los cuales son de toxicidad alta, sin que empleen protección.

El tribunal, entre otros elementos de juicio, tuvo en cuenta recomendaciones y conceptos del comité de expertos que se produjeron en 1984 y de la empresa Ecoforest Ltda., los cuales estimaron que el método químico para combatir cultivos prohibidos “debe ser el último en considerarse”, agregando que la aspersión aérea de glifosato no es aconsejable, pues serían recomendables aplicaciones terrestres y con helicópteros, que no con aviones de alas fijas, ya que de otro modo, por el efecto “deriva”, resulta muy contaminante de fuentes de agua, con mayor peligro para seres humanos, formas vivientes, la fauna y la flora silvestre, razón por la cual tal método de aspersión aérea requiere de asesoría con personal calificado. Se desprende, además, de los citados estudios, que el glifosato, dado que aumenta la producción de nitrógeno y carbono en el suelo y en razón de los procesos químicos que se producen en éste, genera sustancias cancerígenas que afectan a los animales.

También se apoyó el tribunal en las declaraciones de las doctoras Elsa Nivia y María Elena Arroyave, quienes concluyeron que el “glifosato también se ha encontrado tóxico a largo plazo en estudios con animales. Con dosis altas en ratas (900-1.200 mg/kg/día” y que para determinar si produce, o no, cáncer en humanos se requieren 20 o 30 años a fin de que se vean los efectos.

Hay que señalar que en los conceptos anteriores no se especifican las condiciones en que debe darse la exposición al herbicida. Además, para corroborar los criterios señalados el a quo acude al documento Rapalmira, red de acción de plaguicidas y alternativas —América Latina— en palabras de su directora ejecutiva, la ingeniera agrónoma y licenciada en biología química, quien expresa en uno de sus apartes fundamentales que el glifosata puede, en el medio ambiente, combinarse con nitrato, elemento este que como todos los nitrosos es cancerígeno.

El anterior documento, lo mismo que el “Estudio de control del caso de linfoma no hodkia no y exposición a pesticida” tenido en cuenta por el tribunal para tomar su determinación, no se refiere a la intensidad o duración de la exposición, aspectos que son de capital importancia para definir el sub lite.

Asimismo, el tribunal desatiende las declaraciones de Magdalena Tavera y la del médico Camilo Uribe Granja, director científico de la única institución especializada en toxicología, cual es la clínica Uribe Cualla, en cuanto expresan que el glifosato es inocuo para toxicidad aguda. Y la razón del a quo para ello es la declaración de la Ministra de Salud Sara Ordóñez, cuya versión, sin embargo, corrobora las dos anteriores, pues su dicho se circunscribe a los casos de intoxicación aguda, que rara vez se causan y sólo en eventos de exposición extrema.

Pero debe señalarse que de acuerdo con el dicho de la referida funcionaria la eliminación del glifosato es rápida por la orina, en un 90%, en las primeras 48 horas, todo lo cual coincide con el estudio realizado por la FAO en el sentido de que las partículas de glifosato son demasiado grandes para ser inhaladas.

El error grave del a aquo consistió en no haber tenido en cuenta que el poea (poliexetileno amino), elemento que también conforma el round up, tiene como función, en la proporción que se emplea para asperjar los cultivos ilícitos, ensanchar los canales hidrofílicos y facilitar la entrada del glifosato.

También obran en el expediente la monografía de la International Agency Research —Cancer— Wold Healtd Organization, IARC, la declaración del químico biólogo Héctor Hernando Bernal Contreras, la ficha toxicológica del Ministerio de Salud; pruebas estas que, con las reseñadas con anterioridad, permiten llegar a las siguientes conclusiones:

a) El glifosato, inclusive en su presentación round up en las condiciones establecidas para su uso, no causa daños graves e irreparables en la salud humana, pues se excreta en un 99% y no se retiene en los organismos.

b) Que se han hecho experimentos en animales y los efectos no han sido graves sino transitorios y se ha visto su pronta recuperación en pocos días.

c) Que no hay prueba fehaciente, pese a la labor científica que se ha cumplido, que haga concluir que los seres humanos corran peligro con la aspersión del glifosato, no obstante lo cual estima la Sala que deben tomarse ciertas medidas de control para ir observando el desenvolvimiento de los hechos con el transcurso del tiempo, dado que el método empleado por quienes han adelantado las correspondientes investigaciones es, como era de esperarse, inductivo, que pretende llegar a generalizaciones partiendo de casos particulares y con base en el examen de grupos de individualidades, tanto en relación con el hombre como en relación con las demás especies de animales y vegetales.

d) Que grupos de campesinos en su labor agrícola utilizan muchos productos químicos diferentes del glifosato en sus distintas formas, algunos de los cuales son extremadamente tóxicos y que pueden ser causa determinante de afecciones,

e) Que a pesar de haberse encontrado un solo caso de malformaciones no existe elemento persuasivo que pueda relacionarlo directamente con la aspersión aérea a que se refiere la demanda.

f) Que algunas afecciones que sí produce el glifosato en el aparato digestivo o en la piel, se ha visto que son de corta duración y finalizan inclusive con tratamientos caseros o calmantes.

g) Que el uso del glifosato para combatir cultivos ilícitos es factible adelantarlo sin detrimento de los grupos humanos, siempre que se observen las correspondientes medidas de precaución.

Sobre la contaminación del medio ambiente es conveniente aludir a los siguientes medios persuasivos:

a) Declaración de Tomás León Sicard, magíster en ciencias ambientales de la Universidad Nacional.

Considera que por su amplio espectro el glifosato ataca gran diversidad de plantas, especialmente leguminosas, gramíneas, herbáceas, cultivos comerciales y puede acabar las coberturas vegetales y a la postre podría generar procesos erosivos; pero no conoce estudios de los efectos posibles en las condiciones en que se realizan las fumigaciones. En su sentir, el nitrógeno del glifosato puede migrar, contaminar fuentes de agua y generar productos cancerígenos.

b) Declaración de Ernesto Pérez Ruiz, auditor ambiental del programa de cultivos ilícitos.

Considera que la aspersión produce un daño puntual sobre los cultivos ilícitos, que no en el suelo desde el punto de vista agronómico y las áreas asperjadas se recuperan perfectamente en pocas semanas. En su sentir el Cosmo Flux 411F, lo que hace es permitir la penetración del herbicida. Y añade que no hay datos de daños graves e irreversibles en el suelo.

c) Declaración: de Luis Eduardo Parra, consultor ambiental e ingeniero forestal.

Explica que la formulación ambiental de round up, si se siguen los lineamientos establecidos para su aspersión, produce la muerte de la amapola entre 7 y 10 días y de la coca entre 75 y 90 días, sin poner en peligro la calidad ambiental de los ecosistemas, produciéndose un proceso de regeneración del bosque asperjado. Añade que en las muestras de agua no se observa contaminación y que la destrucción de bosques obedece a las talas de cultivadores ilícitos.

d) Declaración de Hernando Bernal Contreras, químico y biólogo.

En el aspecto más importante de su declaración manifiesta que se apoya en investigaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes, los cuales le sirven para concluir que el glifosato, por sus componentes y los procesos a que da lugar luego de la aspersión, difícilmente tiene efecto residual sobre cultivos futuros, y su uso se recomienda, de conformidad con algunas fichas técnicas, para preparar la tierra antes de iniciar nuevas plantaciones.

e) Declaración de Rodrigo Velaidez Muñetón, ingeniero agrónomo y funcionario de Cefisam, afiliada al Vicariato Apostólico de San Vicente del Caguán.

Por su experiencia en el programa de desarrollo regional amazónico, que se llama “Granja familiar amazónica” que interviene sobre campesinos productores de coca, ha observado que éstos no utilizan el glifosato localizadamente, por lo cual se lavan áreas de pastos. También expresa que en el ganado joven se aprecia caída del pelo, aunque después se produce su recuperación; que al fumigar los patios de las casas con round up se produce la muerte de aves y por causa de la caída del producto en el estanque se ha producido la muerte de alevinos.

f) Obra en el expediente el documento “Efectos sobre la salud y el ambiente de herbicidas que contienen glifosato”, de la doctora Elsa Nivia, ingeniera agrónoma, cuyo contenido armoniza con la declaración de ésta en el proceso y a la cual se aludió con anterioridad por constituir uno de los fundamentos principales del fallo recurrido.

Conclusiones:

De las pruebas reseñadas no se infiere, con certeza, que el glifosato empleado para la erradicación de los cultivos ilícitos produzca daños irreversibles en el medio ambiente; por lo contrario, hay elementos de juicio que permiten concluir que la regeneración de las zonas asperjadas se produce en lapso no muy largo y que, en cambio, numerosas hectáreas de bosques son destruidas por causa de la tala de éstos por los cultivadores ilícitos.

Claro está que la aspersión debe producirse de conformidad con las pautas que señalen las autoridades ambientales, sin que deba permitirse su más leve transgresión; razón por la cual es necesario que se lleve a cabo un control permanente con evaluaciones continuas de los efectos que puedan ir apreciándose. Sin embargo, esto no puede conducir a la suspensión de las fumigaciones, pues tal medida podría llevar al debilitamiento del Estado al tiempo que se fortalecerían los distintos grupos que se financian con el producto del tráfico de drogas, que es, sin duda alguna, flagelo para la sociedad colombiana y para toda la humanidad. No se desconoce, porque así lo evidencian las probanzas, que de todos modos hay afecciones que se causan, pero que no alcanzan la gravedad que señala la parte actora, lo que conduce a un control permanente y rígido de las fumigaciones que se llevan a cabo.

Debe resaltarse que en el expediente no obra prueba alguna que acredite el incumplimiento de las medidas impuestas por Minambiente a la DNE por Resolución 341 de 2001; resolución esta por la cual se adoptan decisiones relacionadas con el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato, ni, por consiguiente, hay razón alguna para reprochar al Ministerio de Ambiente por no haber sancionado a la DNE a causa del referido supuesto incumplimiento.

Por último, debe señalarse que el artículo 6º de la Ley 99 de 1993 no puede servir de fundamento jurídico para concluir que debe decretarse la suspensión de las fumigaciones aéreas a que se contrae la demanda como medida eficaz para evitar la degradación del medio ambiente, por cuanto en las actuales circunstancias no hay razón valedera de que exista peligro de daño irreversible y grave que imponga esa medida extrema. Es aconsejable, sí, disponer que el Ministerio de Ambiente continúe dando estricto cumplimiento al plan de manejo ambiental y que, además, no dejen de seguirse realizando estudios que precisen aun más los efectos del compuesto químico que es objeto de aspersión, con verificaciones por parte de la DNE.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocase el fallo de primer grado.

2. En su lugar se dispone ordenar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que continúe su labor de verificación para que se de estricto cumplimiento al plan de manejo ambiental impuesto mediante Resolución 1065 de 2001, así como a las obligaciones señaladas en los artículos 2º, 6º 7º y 8º de la Resolución 341 de 2001, ambas del mismo ministerio.

3. El Ministerio de Protección Social debe realizar estudios que comprendan grupos expuestos a glifosato, más poea, más cosmoflux, y un grupo control (no expuesto) en el tiempo, incluyendo registros de morbilidad y mortalidad, a fin de determinar el impacto de los químicos mencionados en la salud y vida de los colombianos en las zonas asperjadas, especialmente en la zona de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta y en las demás zonas objeto de aspersión, a elección del Ministerio de Seguridad Social, debiendo incluir zonas asperjadas en diferentes épocas.

4. La Dirección Nacional de Estupefacientes debe verificar los efectos de la fumigación aérea con glifostao, más poea, más cosmoflux, para la erradicación de cultivos ilícitos, en los elementos del medio ambiente, en las zonas que seleccione de las que han sido fumigadas, a manera de muestra, de modo que en ella se provean áreas fumigadas en épocas distintas; labor en la cual se mantendrá la auditoría que se requiere para el seguimiento de los efectos de la fumigación.

5. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.

Magistrados: Alejandro Ordóñez Maldonado—Germán Rodríguez Villamizar—Alberto Arango Mantilla— Camilo Arciniegas Andrade—Tarsicio Cáceres Toro—Ruth Stella Correa Palacio—Reinaldo Chavarro Buriticá—María Elena Giraldo Gómez—María Nohemí Hernández Pinzón—Alier E. Hernández Enríquez—Filemón Jiménez Ochoa—Jesús M. Lemós Bustamante—Ligia López Díaz—Gabriel E. Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero—Ana Margarita Olaya Forero—María Inés Ortiz Barbosa—Rafael E. 0stau de Lafont Pianeta—Nicolás Pájaro Peñaranda—Juan Ángel Palacio Hincapié—Darío Quiñónes Pinilla —Héctor J. Romero Díaz—Ramiro Saavedra Becerra.

Mercedes Tovar de Herrán, Secretaría General.

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