Sentencia AP-27 de abril 29 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 25000 2325 000 1999 00027 01, abr. 29/2004

C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Claudia Sampedro Torres y otro.

Se deciden los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y el coadyuvante de la demanda contra la sentencia de 2 de mayo de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto no accedió a las pretensiones de la demanda de acción popular.

I. La demanda

Los ciudadanos Claudia Sampedro Torres y Héctor Alfredo Suárez Mejía presentaron demanda de acción popular contra el Ministerio del Medio Ambiente, para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acceda a las siguientes:

1. Pretensiones.

1. Que declare que los ecosistemas de esteros de Arauca han sufrido daño como consecuencia de diversas actividades antrópicas, en especial por la exploración y explotación petrolera, de la existencia de un sistema de interconexión vial, oleoductos, plataformas y terraplenes.

2. Que declare al Ministerio de Medio Ambiente responsable del daño ambiental consistente en degradación, alteración, contaminación,modificaciones irreversibles causadas al equilibrio ecológico de la región al haber permitido que en las zonas de esteros y sus caños, se adelantaran obras que alteraron el frágil balance de estas área de especial importancia para la dinámica hidrológica de la región, áreas que en razón de su dinámica y carácter eran las menos aptas para permitir una actividad de tan alto impacto ambiental como lo es la actividad petrolera por omisión; es decir, por omisión en el ejercicio de sus funciones y deberes al no proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la Nación por permitir el funcionamiento continuo de actividades y obras de alto impacto ambiental en los ecosistemas de esteros en Arauca, que son de especial fragilidad por su carácter natural.

3. Que declare al Ministerio de Medio Ambiente responsable de la pérdida sufrida en el patrimonio natural de la Nación por haber permitido un manejo y uso irracional de recursos naturales de la región como el agua: cantidad, calidad y ciclos; sistemas de esteros: cauces y niveles de los ríos, deterioro y daños en los caños; así como la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida de las especies animales y vegetales en los hábitat de los cuales dependen, y con ello haber permitido que se llegara a la situación de peligro inminente de destrucción y extinción total del sistema de esteros en el departamento de Arauca y la materialización de la amenaza de las actividades antrópicas de impacto ambiental negativo sobre los recursos naturales en mención de los cuales depende el desarrollo sostenible de la región.

4. Que declare al Ministerio de Medio Ambiente responsable de negligencia en la atención de las protestas sociales contra la explotación de hidrocarburos y otras actividades en el ecosistema de esteros del citado departamento, agravando con ello las condiciones de fragilidad a las cuales el sistema de esteros está expuesto por sus características naturales.

5. Que ordene al Ministerio del Medio Ambiente tomar las medidas necesarias para detener el daño ambiental que se viene causando en el ecosistema de esteros del departamento de Arauca y para la recuperación del aludidoecosistema de esteros, así como de prevención, control y planificación a fin de evitar daños futuros sobre el mismo ecosistema de esteros, e iniciar las acciones necesarias enejercicio de sus facultades legales sancionatorias y policivas, entre ellas las acciones legales tendientes a exigir de los particulares responsables del daño ambiental la reparación del mismo.

6. Que ordene al Ministerio de Medio Ambiente exigir a la Occidental de Colombia Inc., el pago de la inversión directa del 1% por utilización de aguas de acuerdo con el parágrafo único del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

7. Que condene a la demandada a recompensará los actores de conformidad con el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

2. Los hechos.

Los actores, luego de reseñar los antecedentes relativos a la declaración como reserva forestal del estero de Lipa, donde nace el río Lipa mediante Acuerdo 28 de 1976 del Inderena y conversión en santuario de fauna y flora de Arauca, así como del contrato de asociación de la empresa Occidental de Colombia con Ecopetrol en 1980 para la exploración y explotación de hidrocarburos en un área de 1.003.744 hectáreas en los municipios de TAME y Arauca en el departamento de Arauca, a la licencia, permisos y al plan de manejo ambiental para el efecto, se refieren a diversas protestas de la comunidad contra los daños ambientales causados por la explotación que hace Occidental de Colombia Inc. en el campo Caño Limón, entre ellos la alteración del Santuario de Fauna y Flora Laguna de Lipa, y que en virtud de ello el 14 de agosto de 1998 la comunidad, el Gobierno Nacional, representado por el Ministerio del Interior, y la Defensoría Delegada del Pueblo acordaron visitar la laguna de Lipa, para lo cual se conformó una comisión con el objeto de analizar el problema de esa laguna.

El 27 de agosto de 1998, sin la presencia del Ministerio del Medio Ambiente, dicha comisión se desplazó al complejo Caño Limón, el 28 siguiente realizó un recorrido por el río Lipa y el 29 inmediato hizo un sobrevuelo desde la ciudad de Arauca, bordeando el río Arauca hasta el Brazo Bayonero, girando luego hacia el salto de Lipa, el PF1, PF2, y regresando después al punto de partida.

Entre las posibles causas de la problemática ambiental observada señaló la existencia de obras de impacto ambiental negativo, realizadas con ocasión de la actividad petrolera de la empresa Occidental de Colombia Inc., las cuales fueron materia de análisis y complementación en el informe de la Defensoría del Pueblo.

El Ministro del Interior, mediante oficio de 9 de diciembre de 1998, solicitó al Ministerio de Medio, Ambiente una investigación de los problemas relativos al paro que se presentó con ocasión de los referidos daños ambientales, organismo que a su vez, con ocasión del informe de la defensoría, manifiesta a esta que en el proyecto de acto administrativo que prepara al respecto tendrá en cuenta dicho informe a fin de complementar las medidas a tomar para compensar y restaurar los daños causados al estero de Lipa por la explotación petrolera.

La Defensoría del Pueblo señala como factores originados en la actividad petrolera determinantes de los cambios en los ecosistemas los siguientes:

— El diseño del dique de la vía Inocencio Chincá a la Yuca no tiene suficientes alcantarillas para permitir el paso del agua de un lado al otro.

— La compañía Occidental de Colombia, para explorar y explotar el petróleo, ha levantado una gran infraestructura consistente en vías de comunicación, edificaciones, sistemas de transporte del crudo, pozos de extracción, piscinas de tratamiento de aguas, lagunas de estabilización, etc., las cuales se encuentran dentro del estero.

— Para la realización de tales obras es necesario rellenar y hacer terraplenes de grandes dimensiones que permitan tales construcciones, acciones que han causado alteraciones a los flujos naturales de las aguas del sistema de esteros de la región, taponado caños y ríos, construcción de barreras y lagunas artificiales y relleno de áreas de estero.

— Las voladuras de oleoductos y la actividad de exploración y explotación petrolera han generado contaminación de los diferentes cuerpos de agua, esteros, caños y ríos.

— Incremento de la dinámica hidrogeológica por el comercio, la colonización y principalmente por la actividad petrolera, han producido la desaparición constante de caños en la planicie aluvial del río Arauca, ya que, la afectación de la parte alta de la cuenca modifica los comportamientos en la parte plana. Es así como han desaparecido o disminuido notablemente su caudal los caños Matanegra por la falta de entrada del río Arauca (este mantiene el flujo normal por la disminución del caudal del Brazo Bayonero), El Final, Agua Verde, Otilia y otros de la red interna; Lipa, Mata de Agua, La Pesquera, el estero las Nubes y El Totumo, entre otros.

— La exploración petrolera realizada por Amoco en Caranal, empresa a la cual en 1996 el Ministerio de Medio Ambiente le suspendió la licencia que le había otorgado en 1994 para la exploración del Pozo Chambery 1. Sus acciones irregulares ocasionaron daños específicos de inundaciones en las veredas Bajo Caranal y El Amparo de los municipios de El Fortul y Arauquita, en 1996. En 1997 el ministerio levantó la suspensión a la empresa y la multó con 55 millones de pesos y le impuso la reforestación de 55 hectáreas.

— Agrega que la Defensoría del Pueblo concluye el acápite de “Posibles causas de la problemática ambiental” diciendo que esta parte de la llanura sirve de regulador hídrico del río Arauca porque en épocas de invierno el crecimiento del río inunda la planicie llenando esteros y los caños que nacen de él. En verano, el agua regresa al cauce de los ríos y los esteros pierden gran cantidad de sus aguas. Anteriormente existía una armonía entre el régimen hídrico y los esteros, la cual se ha estado modificando debido a los procesos anteriormente descritos.

Según el mencionado informe, todo lo anterior afecta el desarrollo sostenible del departamento de Arauca debido a la explotación, uso y manejo irracional de sus recursos naturales, cuyos efectos se resumen, entonces, en pérdida de esteros y caños, conformación de aguas artificiales, contaminación por la actividad extractiva de hidrocarburos y los asentamientos humanos, desbalance hídrico por las obras dentro del estero y la desaparición de especies animales y vegetales.

Así mismo, por el manejo incongruente del santuario de fauna y flora Arauca, al norte del Caño Cuarteles y al sureste de Arauquita, que hace parte de la llanura aluvial, cuya función principal era la de reservar especies y conservar recursos genéticos de la fauna y flora nacionales. Al respecto se refiere al Acuerdo 28 del Inderena que declaró y reservó la totalidad de los recursos naturales de una zona de terrenos baldíos ubicados en los municipios de Arauca y Arauquita, y a los estudios del IGAC de 1986 en cuanto al aprovechamiento intensivo de los bosque en la región del Sarare y consiguientes problemas para la regulación y conservación de los caudales en las épocas de máximas y mínimas lluvias, de lo que resulta la disminución o desaparición de los caños y quebradas y un avance de la sabana sobre el bosque, estudios que constituyen antecedente y soporte importante a tener en cuenta en los planes de manejo y en el control y vigilancia de las actividades económicas permitidas, como quiera que revelan la fragilidad de la naturaleza.

Dichos estudios también se refieren a la contaminación de los ecosistemas por la actividad petrolera, causando vegetación muerta en algunos sitios, contaminación del suelo, el subsuelo y las corrientes de agua, destrucción de la fauna y la microfauna.

Los actores advierten que el impacto de las voladuras de oleoductos es posterior a ese año y por lo tanto debe ser considerado sin relevar a la actividad petrolera de la responsabilidad con anterioridad a estos hechos bélicos y exponen varias consideraciones sobre el impacto en la actividad económica tradicional de la región.

II. Contestación de la demanda

Fueron vinculados al proceso la Asociación Cravo Norte —integrada por la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, Occidental de Colombia, Inc., y Occidental Andina, Inc.— y el Ministerio del Medio Ambiente, quienes manifestaron lo siguiente.

1. La primera sostiene que los actores se basan únicamente en “el escrito de la defensoría” y que no tienen conocimiento alguno personal y directo del departamento de Arauca, ni de los ecosistemas de esteros de Arauca, ni del medio ambiente de la zona, ni de los recursos naturales de la región, mencionados en las pretensiones de la demanda, y que es necesario recordar que la Defensoría del Pueblo no tiene entre sus funciones la de hacer estudios técnicos ambientales, de modo que su “escrito” no puede considerarse como un estudio técnico ambiental, sino que se reduce a ser el reporte de una comisión de viaje de tres (3) días, 27, 28 y 29 de agosto de 1998 sobre algunos sitios del sistema de esteros y cuyo objeto era visitar la “Laguna de Lipa” y su génesis el acuerdo firmado en Saravena, Arauca, el 13 de agosto de 1998 entre el Gobierno Nacional y las personas relacionadas en ese documento, en el cual no se menciona a la asociación ni se especifican daños.

De modo que el informe de la defensoría no es un documento técnico y los demandantes lo manipulan dándole un alcance que no tiene, para plantear una demanda que excede el alcance mismo.

Advierte que el estero de Lipa nace donde nace el río Lipa y que el campo Caño Limón no se encuentra dentro de ese estero ni dentro del área donde se encontraba el santuario de fauna y flora de Arauca, ni tampoco existe una sola instalación petrolera, ni vías construidas por OxyCol, en dichos sitios.

Que el campo Caño Limón tampoco se encuentra ubicado en la Laguna del Lipa ni en el Salto del Lipa, sino en un área dominada por el sistema fluvial conformado por el río Arauca y el Caño Agua de Limón.

Que es absolutamente imposible desde los puntos de vista físico y legal que el Ministerio del Medio Ambiente haya actuado u omitido actuar en hechos que los actores ubican en 1983 como los relacionados con la reserva y el santuario; o en 1980 como la celebración del contrato de Asociación Cravo Norte, pues no existía en esas épocas, y que existen trámites y procedimientos administrativos y judiciales para obtener la atención de peticiones por parte de las autoridades administrativas, lo cual convierte en improcedente una acción popular para buscar tal fin y en virtud de los cuales la propia demanda reconoce que dicho ministerio suspendió en 1996 la licencia ambiental a Amoco para perforar el pozo Chambery 1 y que en 1997 multó a dicha empresa.

Que los demandantes pretenden que ese organismo viole la ley para dar aplicación retroactiva al artículo 43 de la Ley 99 de 1993, desconociendo que la licencia de viabilidad ambiental para Caño Limón es de 1990, y que según lo anotado las “acciones y omisiones” planteadas por los demandantes no son ciertas y que ellos se escudan en el “escrito de la defensoría” para soslayar la responsabilidad que comportan las falsas imputaciones ante autoridad judicial.

Por lo tanto, se opone a las pretensiones de la demanda.

2. El Ministerio del Medio Ambiente comenta que dentro del ámbito de sus competencias ha hecho lo posible para lograr armonía entre el desarrollo y el medio ambiente; que el proyecto Caño Limón se puso en marcha desde 1980 y que de las actuaciones del Inderena no se desprende omisión alguna en el ejercicio de sus funciones, como administrador para la época de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, de modo que no se puede predicar una conducta omisiva o permisiva suya en este proceso de explotación y exploración petrolera, denominado Caño Limón, pues abundan en el expediente administrativo actuaciones que demuestran que al igual que esa entidad el ministerio ha estado atento a su desarrollo y ejecución, ni ha sido omiso o permisivo en la ejecución de las diferentes obras públicas que se han desarrollado, atendiendo la competencia para conocer de las licencias ambientales.

Que una de las formas de planificación adoptadas para la protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables y lograr un desarrollo humano sostenible, son las licencias ambientales, permisos, autorizaciones, entre otros, en los cuales se establecen una serie de obligaciones a los beneficiarios, en virtud de los cuales el ministerio hace evaluación de los estudios de impactos ambientales, presentados para el otorgamiento o negación de la licencias ambientales que se soliciten para proyectos que de acuerdo con los artículos 49 y siguientes de la Ley 99 de 1993, requieran de este requisito para su ejecución; que en cumplimiento de este mandato sí ha negado tales licencias y en sus oportunidades las ha suspendido, cuando quiera los beneficiarios de las mismas no están cumpliendo con las obligaciones impuestas en el acto que las otorga.

Que no se puede declarar que los ecosistemas de esteros de Arauca han sufrido daño por omisión del Ministerio del Medio Ambiente, ni por el presunto uso irracional de los recursos agua; cantidad, calidad y ciclos sistemas de esteros, entre otros; toda vez que en el expediente administrativo 252 existe toda una serie de actuaciones suyas dirigidas a la protección del medio ambiente, amén de que el otorgamiento de licencias ambientales está sometido a unas obligaciones que deben ser cumplidas por los beneficiarios de las mismas bajo la vigilancia de la autoridad ambiental, y en el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales existe la autorización por la ley para su uso y aprovechamiento los cuales se dieron bajo los parámetros de la ley; y además existen otras autoridades ambientales, como lo son las corporaciones regionales, encargadas por la ley de la administración de estos recursos. El ministerio está atento del seguimiento de las licencias otorgadas a la OXY y actualmente se está preparando un requerimiento para la actualización de los planes de manejo ambiental.

En consecuencia solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

III. La providencia apelada

Surtido el trámite de rigor se profirió la sentencia apelada, en la cual el a quo señala que las inconformidades de la demanda se pueden reducir a:

— El estero de El Lipa es regulador hidrológico de los cauces de agua del sector, lo cual conlleva que tenga protección ambiental especial, amparo que no ha sido atendido según el demandante, por la empresa petrolera Occidental de Colombia Inc., al explorar y explotar los pozos petroleros en la zona de Caño Limón, actividad que ha ocasionado daños irreversibles en el ecosistema del agua.

— La autoridad ambiental ha omitido control ambiental sobre la explotación del Campo Caño Limón toda vez que con ocasión del contrato de Asociación Cravo Norte se han perforado más de 140 pozos, lo cual ha implicado construcción de vías, plataformas, obras, etc., a través de las cuales se ha vulnerado o desprotegido el patrimonio ambiental de la zona.

— No existe tratamiento de aguas de producción del Campo Caño Limón, debido a que las aguas residuales se arrojan sobre el cuerpo del agua estero de Lipa contaminándolo.

— Se debe tener presente que los hechos que impulsaron la presente acción radican básicamente en el posible detrimento o daños irreversibles que se pueda producir en los recursos naturales tales como fauna y flora en la zona del campo Caño Limón-estero de Lipa Arauca, con ocasión de la explotación petrolera por la Occidental de Colombia en ese lugar.

Que tales inconformidades provienen del informe rendido por la Defensoría del Pueblo conocido por los demandantes, sobre la explotación petrolera y medio ambiente caso: Occidental de Colombia, campo Caño Limón-estero de Lipa Arauca, en donde se hace un estudio cronológico sobre la explotación petrolera en el departamento de Arauca, con sus consecuentes causas de la problemática ambiental señalándose al respecto: “Dentro de los procesos de explotación y exploración petrolera y la ocupación del territorio por parte de personas externas a la región, se ha venido dando una serie de factores que poco a poco van afectando de diversas maneras los ecosistemas de la llanura entre los ríos Arauca y Ele, principalmente el sistema de esteros del tipa y Caranal”.

Por ello procedió a examinar las actuaciones adelantadas por las autoridades ambientales en la zona del departamento de Arauca para la explotación petrolera, tanto las permisivas como prohibitivas que han impuesto aquellas, precisando al respecto que la explotación petrolera que se ha venido adelantando en la zona del departamento de Arauca contó inicialmente con la aprobación del Inderena mediante Resolución 124 del 6 de febrero de 1990, la cual otorgó licencia de viabilidad ambiental a la empresa Occidental de Colombia Inc. para el desarrollo del campo petróleo de Caño Limón en los Municipios de Arauca y Arauquita, y por Resolución 200-15-0343 del 27 de junio de 2002 el director general de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia, otorgó permiso definitivo de vertimiento de aguas residuales domésticas al campo Caño Limón.

Entre las medidas restrictivas destaca que las autoridades ambientales han estado pendientes de la explotación de petróleo, según las sanciones pecuniarias y la negación de permisos que entra a detallar, entre otros, el permiso para la ocupación del cuerpo de agua denominado estero del Lipa, así como las acciones legales contra la firma Occidental de Colombia por la construcción de un terraplén carreteable de aproximadamente 400 metros construido al suroeste de las facilidades PF1 del campo Caño Limón.

De tales actuaciones adelantadas —del Ministerio del Medio Ambiente y Corporinoquia— concluye que en este caso tales entidades han venido prestando la atención e intervención requeridas, tanto que han tomado medidas preventivas y sancionatorias a efectos de amparar y proteger el medio ambiente, especialmente el estero de El Lipa.

En cuanto al informe de la Defensoría del Pueblo advierte que contiene recomendaciones tendientes a probar y demostrar la vulneración del derecho colectivo del “medio ambiente sano”, o evitar su desconocimiento o posible vulneración, de modo que no presenta un estudio definitivo o adecuado que determine con exactitud la vulneración de los derechos alegados, por cuanto dicho documento presenta solo un concepto, mas no un estudio de fondo.

Que bajo esta perspectiva se plantean dos problemas jurídicos a definir, en orden a decidir la acción formulada:

— Si en el departamento de Arauca se evidencia la vulneración del derecho colectivo “ambiente sano” especialmente en el estero de El Lipa, a causa de la explotación o exploración petrolera en la zona.

— En caso de probarse la vulneración o posible vulneración de los derechos colectivos acusados, se ha de determinar así mismo de quien proviene tal irregularidad.

Atendiendo el dictamen pericial que decretó, concluye que en la zona de explotación petrolera localizada en el departamento de Arauca por la firma Occidental Colombia Inc., no se ha generado detrimento, pérdida o destrucción de factores ambientales tales como: fauna, flora, aire o agua, en la medida que especialmente sobre las aguas de producción ejecuta los procedimientos técnicos para tratar el líquido.

En ese sentido anota que el 19 de mayo de 2002 se realizó inspección judicial con asistencia del magistrado ponente, el supervisor ambiental de la OXY, el apoderado del Ministerio del Medio Ambiente, el procurador 52 judicial II administrativo, el procurador judicial agrario y del medio ambiente y el perito, en el área de explotación petrolera de Caño Limón, en la cual el procurador judicial agrario y del medio ambiente manifestó que ejerce un continuo control sobre el manejo ambiental por la compañía Occidental de Colombia y las instalaciones de Caño Limón,para lo cual junto a Corporinoquia se llevan a cabo controles sobre el tratamiento de aguas, emisiones atmosféricas, manejo de residuo sanitario y otros aspectos, cuyas copias reposan en Corporinoquia y en la procuraduría agraria, de modo que se puede establecer sin duda aluna que es excelente el manejo que se le da al sector ambiental. Que por razones de su trabajo ha tenido la oportunidad de visitar el estero del Lipa en tres oportunidades, dos en verano y una en invierno, siendo conocedor directo que siempre el estero permanece con a una, obviamente con menos cantidad en época de verano. Que visitó el área de Caño Verde y en particular el sitio donde se habíaconstruido el acceso al proyecto Playitas, constatando que el terraplén ha sido desmantelado de manera que el terreno fue nivelado a su condición natural, las alcantarillas retiradas y se encuentra en proceso revegetalización.

Que en la misma diligencia se concluyó que el complejo petrolero “Caño Limón” está encerrado por un verdadero santuario de vegetación nativa aunada la reforestación de especies sembradas por la OXY, la cual ha sido adelantada en sus alrededores; que existe una fauna connatural al medio, como chigüiros, aves de variadas especies, babillas, iguanas que sobreviven porque precisamente el medio les es idóneo para reproducirse y conservarse.

Que las medidas de protección al medio ambiente tomadas por la empresa son de tal magnitud que hacen improbable que pueda verse perturbado por cataclismos naturales; los producidos por el hombre con sus acciones dañinas tiene previstas medidas de contingencia de tal magnitud que nos aseguran los técnicos de la empresa que el complejo puede ser monitoreado técnicamente por vía satélite evitando que los daños, de producirse, sean graves y que por el contrario pueda reducirse a su mínima expresión.

Que si en el departamento de Arauca hay un lugar donde verdaderamente se levanta un altar para la protección del medio, ese es el complejo petrolero de Caño Limón; y que dentro de lo que es el complejo y la zona reservada para esta, no se encuentra vestigio alguno de contaminación, mientras que fuera de la zona anterior sí se observan ciertos daños producidos por las constantes voladuras a que se ve sometido el oleoducto por los subversivos que operan en la región. Sobre el particular se remite a fotografías anexas al informe de la inspección judicial, tanto vía aérea como terrestre.

Sostiene que esa inspección judicial permite señalar que la explotación y exploración petrolera que realiza la Occidental de Colombia no conlleva deterioro alguno en el medio ambiente de la zona de Caño Limón, toda vez que la empresa ejecuta actividades preventivas y de recuperación cuando se ve menguado el ambiente, fauna o flora de la zona como se anotó.

A lo anterior agrega declaraciones de ingenieros biólogos, de las que dice que también son fuente determinante para establecer que el derecho colectivo cuestionado “medio ambiente” no se encuentra desconocido o vulnerado por parte del Ministerio del Medio Ambiente, ni de la de los esteros y de la sabana enel departamento de Arauca y que la Asociación Cravo Norte, dentro del estero de El Lipa, no desarrolla ninguna actividad de exploración o explotación de petróleo, lo que impide que a la Occidental de Colombia Inc. se le puedan imputar daños sobre esta zona, amén de que es evidente que en las áreas que rodean la actividad petrolera en Caño Limón no se presentan contaminación de aguas que se deriven de las aguas industriales, en la medida en que los líquidos que se sustraen de los pozos son tratados y adecuados al medio ambiente, motivos por los cuales tampoco se ha visto afectada la fauna y flora de la región.

Prueba de ello es la Resolución 218 del 14 de mayo de 1998 por medio de la cual la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia, resuelve no conceder un permiso a la Occidental de Colombia Inc. para la explotación del pozo Playitas, el cual se encuentra ubicado concretamente en el estero de El Lipa.

De modo que de existir factores (naturales o antrópicos) que afecten o lleguen a afectar el derecho al medio ambiente, en la zona de Caño Limón, ello no es imputable a un solo factor, como sería la explotación petrolera, pues son muchos los actos o hechos que pueden conllevar detrimento del derecho colectivo acusado, como serían los asentamientos humanos, las actividades ganaderas o factores naturales, etc.

En cuanto al Ministerio del Medio Ambiente trae a colación el artículo 5º de la Ley 99 de 1993, del cual deduce que tiene como función primordial el amparo y protección de los recursos naturales de la Nación, salvaguardia que cobija, entre otros factores, la fauna, flora, recursos no renovables, paisajes etc., es por ello que frente a la explotación de cualquier recurso natural, debe autorizar la explotación o exploración, por ser la máxima autoridad ambiental, de manera que si en algún momento otorga permisos para explotar las riquezas naturales, lo hace con los estudios pertinentes, a efectos de proteger el medio ambiente, pues no resulta consecuente que siendo la autoridad ambiental quien otorgue la licencia de explotación, en este caso de petróleo en el departamento de Arauca, permita la vulneración del derecho colectivo acusado.

Si bien para la época en que la Occidental de Colombia inició los estudios geológicos, la autoridad ambiental a cargo de la protección de los recursos naturales era el Inderena, dicha entidad también tenía en su momento las funciones de protección y amparo ambiental. Entidad que al igual que el Ministerio del Medio Ambiente han venido cumpliendo con las funciones que la ley le imparte en la materia.

Después de relacionar de manera detallada las actuaciones de ese organismo en este caso, concluye que no ha sido omisa o negligente a sus deberes y obligaciones determinadas en esa norma, pues, por el contrario, su actuar ha sido oportuno y diligente, motivo suficiente para negar la presente acción popular, por no encontrarse probada la vulneración o futura vulneración del derecho colectivo al medio ambiente, ni por la empresa petrolera Occidental de Colombia ni el Ministerio del Medio Ambiente. Si bien en algún momento la OXY fue cuestionada y requerida por posibles actos como los anotados anteriormente, se ha de resaltar que estos fueron subsanados antes de la interposición de la acción popular previo los requerimientos de las autoridades ambientales.

Finalmente resalta que la Occidental de Colombia cuenta con un plan integral de aguas de producción a fin de no producir deterioro al medio ambiente, como se constató en la inspección judicial y el dictamen pericial efectuado en el complejo Caño Limón.

Por lo tanto considera, en síntesis, que no existiendo el presupuesto legal de la violación o vulneración por parte de las demandadas frente a los derechos colectivos acusados, la acción no está llamada a prosperar, de donde procedió a negarla.

IV. Los recursos

1. Los actores expresan, como motivos de inconformidad, que el fallo no toma en cuenta el estudio realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, ordenado como medida cautelar dentro del proceso, el cual es la prueba más importante en el mismo, entre otras razones, porque obedece a una medida cautelar, fue practicado por una de las entidades científicas ambientales adscritas al Ministerio del Medio Ambiente por la Ley 99 de 1993, reconocida como la institución idónea en Colombia para obtener, analizar y estudiar la información sobre hidrología y medio ambiente, fue realizado por 18 técnicos, expertos científicos en la materia y contiene un amplio análisis sustentado en el conocimiento, el campo y las pruebas científicas y técnicas pertinentes.

En la aclaración de voto de dos magistradas consta que el experticio técnico elaborado por el Ideam no fue conocido ni examinado por ellas a pesar de que fue requerido en el despacho del magistrado sustanciador, de suerte que si ese estudio no fue conocido ni examinado por el tribunal, tanto que no se menciona en el fallo, ha debido abstenerse de dictar sentencia hasta tanto se realizara tal examen, de modo que al dictar sentencia con omisión de una de las pruebas (la más importante quizá), se quebrantó el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.

Dicen que el citado estudio, en la página 145, entre otras contiene las siguientes conclusiones:

— Las temperaturas de los vertimientos de las instalaciones de producción PF1 y Z2 medidas por el Ideam se encuentran en el intervalo de 29.0 a 32.6 grados centígrados en los días y horas de monitoreo; información similar se obtuvo con los datos recopilados de la Occidental para tres diferentes años (1994, 1997 y 1999). El aumento en la temperatura final de los cuerpos de agua donde se hace vertimiento es de 3 grados centígrados, en promedio.

— Se puede atribuir la disminución de las especies piscícolas en la zona de la extracción petrolera únicamente a las descargas procedentes de los complejos de producción. Para establecer la real alteración del recurso biológico de los cuerpos de agua por la actividad petrolera debe realizarse un estudio ambiental ecológico fisicoquímico completo, que se sugiere corro parte o refuerzo del actual plan de manejo ambiental.

— De las condiciones de medida, se infiere que, aunque las lagunas de tratamiento de las aguas de producción remueven la mayor parte de contaminantes, no presentan todas las condiciones ideales para una completa estabilización de la materia orgánica y las sustancias oxidables.

— Aunque el déficit de oxígeno en los sitios y momentos de muestreo en el Caño y el estero Aguaverde es superior al valor que favorece la supervivencia de la fauna acuática, es necesario establecer su incidencia sobre la fauna que habita estos ecosistemas; cada especie biológica tiene una tolerancia diferente a las condiciones de oxigenación del agua, así como a la presencia o ausencia de otras sustancias. Esto se evidenció al observar en estos lugares diversos especímenes fauna, según se explicó arriba en el punto 6.6.2.

Esas anotaciones exigen medidas y estudios científico-técnicos más profundos y permanentes, complementarios al plan de manejo actual y tendientes a lograr un sistema de estabilización de temperatura y tratamiento de aguas a ser vertidas, que garantice la protección plena del medio ambiente, máxime si como lo afirma la inspección judicial practicada por el magistrado ponente para la época el ecosistema que se pretende proteger es un “altar de la naturaleza”.

En consecuencia la sentencia no puede negar la totalidad de las pretensiones puesto que la protección del derecho colectivo invocada se encuentra justificada, dada la fragilidad y complejidad de los sistemas hídricos de esteros.

No se explica cómo el tribunal omite el Estudio medida cautelar del Ideam y en cambio sí toma como autoridad ambiental técnica de control y en consecuencia como certeza científica lo irrelevante de las afirmaciones del procurador judicial agrario y del medio ambiente de Arauca, quien certifica que en sus múltiples visitas a Caño Limón siempre ha visto el estero del Lipa con agua.

De otra parte consta en el proceso el número de pozos petroleros que figuran en el área de los ecosistemas de esteros, más de 140 ó 140 al menos, construidos en Caño Limón, sin licencia ambiental. Muchos de ellos construidos con posterioridad a la vigencia de la Ley 99 de 1993. Lo anterior explica la ausencia de control preventivo por parte de la autoridad y la necesidad de adoptar medidas que respondan a las quejas y temores de la comunidad y al estudio científico del caso.

El campo de Caño Limón opera con una viabilidad otorgada por el Inderena mediante Resolución 124 de 1990, pero de la expedición de la Ley 99 de 1993 en adelante es obligatoria la licencia ambiental otorgada por el Misterio del Medio Ambiente para la construcción de obras de explotación y otras actividades relativas a la producción de hidrocarburos. Los pozos petroleros son de ese tipo, es decir, requieren licencia ambiental.

La viabilidad otorgada por el Inderena en la Resolución 124 de 1990 señalaba, desde entonces, las falencias del plan de manejo ya que “no se había realizado caracterización y estudios suficientes y menos aún seguimiento sobre los impactos producidos por ellos sobre los componentes ambientales a que se hace referencia...”, como se lee en dicha resolución.

Esas falencias se referían entre otros al sistema de tratamiento de aguas y, específicamente, a las altas temperaturas de los vertimientos producidos por el complejo petrolero. Se anotaba por ejemplo que la temperatura estaba 50% por encima de los límites máximos permisibles y que una variación de temperatura mayor a dos grados centígrados en sistemas líticos (como lo son los esteros) provoca alteraciones en cuanto a fauna béntica, que pueden alteran toda la cadena Sfi ca.

En consecuencia el citado acto administrativo exigía estudios previos y medidas posteriores cuya oportunidad bajo el sistema de la Ley 99 de 1993 era la solicitud de licencias ambientales para cada obra.

Anotan los actores que a pesar de los esfuerzos que la sentencia considera suficientes para el manejo ambiental de los ecosistemas de esteros por el campo Caño Limón, y como prueba de no daño, en 1990, el Inderena manifestaba que por una variación de dos grados centígrados las consecuencias o daños eran graves y hoy, en el Estudio medida cautelar de este proceso del Ideam, julio de 2002, se afirma que el aumento de temperatura en el agua como consecuencia del vertimiento de las aguas de producción es de tres grados centígrados (pág. 145 del estudio).

Consideran que todos los pozos de la OXY construidos con posterioriad a la vigencia, de la Ley 99 de 1993 requerían licencia ambiental, eran obras nuevas, y allí radica una de las omisiones que daban lugar a la demanda. El daño que clamaba la comunidad en acciones cívicas originó un documento público de un ente de defensa de los derechos colectivos, en el cual se enumeraron irregularidades de impacto ambiental negativo que compete verificar, detener y prevenir a una acción popular.

Agregan que cada uno de los pozos perforados por la empresa Occidental dentro del campo Caño Limón requería de licencia ambiental dado que la Resolución 124 de 1990 otorgó viabilidad ambiental para adelantar una serie de obras y actividades encaminadas a crearla infraestructura para explotar económicamente el campo pero no para perforar esos pozos ni para adelantar obras de ingeniería civil o de otro tipo, diferentes a las que se mencionaron en el estudio y plan de manejo presentado por la empresa Occidental de Colombia Inc., ante el Inderena, para obtener la viabilidad.

Por último, anotan que no fueron examinadas integralmente las pruebas mencionadas en los considerandos, trascripción y análisis parcial de algunas de ellas como los testimonios de David Puerta y del científico Cavalier. De la lectura del testimonio del señor Puerta, por ejemplo, es claro el argumento sostenido por la defensa, como lo es el afirmar que la explotación de OXY está por fuera del ecosistema que se pretende proteger, no es cierta. El ecosistema acuático, además, está comprobado en la resolución y concepto técnico del Inderena y en el Estudio medida cautelar del Ideam.

No consideran útil una inspección judicial en avión o helicóptero guiada por la OXY como prueba pericial, por lo cual no participaron en ella, no son científicos y técnicamente la consideran una preconstitución de prueba a favor de la demandada.

Concluyen diciendo que lograr probar que existe un inadecuado sistema par la explotación petrolera que vierte millones de barriles de agua asociada, al día, en los cauces y ecosistemas naturales, deja mucho que decir de la cortedad de los instrumentos y la diligencia ambiental tanto de la empresa privada como de la función pública.

Por lo anterior, solicitan que se revoque la sentencia impugnada y se acojan las pretensiones de la demanda.

Planteamientos similares hace el ciudadano Alirio Uribe Muñoz en su condición de coadyuvante de la demanda.

V. Alegatos de conclusión

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad.

VI. Consideraciones

1. Según el artículo 3º de la Ley 472 de 1998, inciso segundo, las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible; y el artículo 9º ibídem, dispone que tales acciones proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos colectivos.

2. Lo anterior significa que los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son: a) que se trate de situaciones actuales que impliquen un peligro contingente, una amenaza, vulneración o agravio deuno o varios derechos o intereses colectivos y b) que esas situaciones se deban a acciones u omisiones de autoridades públicas o de particulares. Ambos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.

3. En el presente caso se denuncia que los ecosistemas de esteros de Arauca han sufrido daño como consecuencia de diversas actividades antrópicas, en especial por la exploración y explotación petrolera, de la existencia de un sistema de interconexión vial, oleoductos, plataformas y terraplenes, y por ende se pide que se declare al Ministerio deMedio Ambiente responsable del daño ambiental consistente en degradación, alteración, contaminación, modificaciones irreversibles causadas al equilibrio ecológico de la región al haber permitido que en las zonas de esteros y sus caños, se adelantaran tales obras; de la pérdida sufrida en el patrimonio natural de la Nación por haber permitido un manejo y uso irracional de recursos naturales de la región como el agua: cantidad, calidad y ciclos; sistemas de esteros: cauces y niveles de los ríos, deterioro y daños en los caños; así como la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida de las especies animales y vegetales en los hábitat de los cuales dependen, y que se llegara a la inminente destrucción y extinción total del sistema de esteros en ese departamento y la materialización de la amenaza de las actividades antrópicas de impacto ambiental negativo sobre los recursos naturales en mención de los cuales depende el desarrollo sostenible de la región; de negligencia en la atención de las protestas sociales contra la explotación de hidrocarburos y otras actividades en el ecosistema de esteros del citado departamento.

Por lo anterior se pide que se ordene a dicho ministerio tomar las medidas necesarias para detener el daño ambiental que se viene causando en el mencionado ecosistema de esteros y para su recuperación, así como de prevención, control y planificación a fin de evitar daños futuros sobre el ecosistema, e iniciar las acciones necesarias en ejercicio de sus facultades legales sancionatorias y policivas, entre ellas las acciones legales tendientes a exigir de los particulares responsables del daño ambiental la reparación del mismo.

Lo anterior, por hechos que cabe resumir así:

Se han dado diversas protestas de la comunidad contra los daños ambientales causados por la explotación que hace Occidental de Colombia Inc,. en el campo Caño Limón, entre ellos la alteración del santuario de fauna y flora laguna de Lipa, y que en virtud de ello una comisión integrada por miembros de la comunidad, el Ministerio del Interior y la defensoría delegada del pueblo realizó un recorrido por la zona los días 28 y 29 de agosto de 1998, y entre las posibles causas de la problemática ambiental observada señaló la existencia de obras de impacto ambiental negativo, realizadas con ocasión de la actividad petrolera de la empresa Occidental de Colombia Inc., las cuales fueron materia de análisis y complementación en el informe de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo señaló como factores derivados de la actividad petrolera determinantes de los cambios en los ecosistemas atrás indicados en la reseña de los hechos en que se funda la demanda, en cuyo informe concluye que todo ello afecta el desarrollo sostenible del departamento de Arauca debido a la explotación, uso y manejo irracional de sus recursos naturales, cuyos efectos se resumen, entonces, en pérdida de esteros y caños, conformación de aguas artificiales, contaminación por la actividad extractiva de hidrocarburos y los asentamientos humanos, desbalance hídrico por las obras dentro el estero y la desaparición de especies animales y vegetales; así como por el manejo incongruente del santuario de fauna y flora Arauca, al norte del Caño Cuarteles y al sureste de Arauquita, que hace parte de la llanura aluvial.

4. Para incoar la presente acción los actores se limitaron a tomar como fundamento de los hechos el referido informe de la defensoría del pueblo delegada, de modo que no aportaron prueba alguna distinta a dicho informe, sobre el cual cabe decir que en sí mismo no tiene fuerza probatoria dado que ese organismo no es una autoridad técnica y menos relacionada con la materia, de modo que sus observaciones, comentarios, objeciones y denuncias deben ser objeto de verificación por medios probatorios idóneos sobre el asunto. En ese orden de ideas se realizó un estudio ambiental muy amplio y detallado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales sobre los antecedentes y los problemas denunciados en el precitado informe de dicha entidad, titulado “Diagnóstico ambiental y lineamientos para el uso sostenible del área Caño Limón-estero de Lipa”, el cual fue ordenado por el a quo dentro de este proceso, pero no fue aportado en primera instancia sino que en la presente instancia se trajo mediante auto para mejor proveer.

Dicho estudio, realizado en la zona de influencia directa del campo petrolero de Caño Limón y el estero de Lipa, resulta enteramente coincidente con las apreciaciones y conclusiones del a quo, de forma que en lugar de desvirtuar unas y otras, no hace más que corroborarlas, de suerte que el hecho de haberse proferido la sentencia sin contar con ese estudio no la afecta en modo alguno. Lo que sí desvirtúa dicho estudio son las afirmaciones que hace la Defensoría del Pueblo en su informe en comento y las que con base en el mismo hacen los actores de este proceso en relación con los efectos de la actividad petrolera en la región y con la actitud del Ministerio del Medio Ambiente, hoy del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, frente a tal actividad.

Es así como se indica que las instalaciones de producción denominadas PF1 y PF2, y otras obras de infraestructura del campo Caño Limón están construidas en 5.000 hectáreas aproximadamente dentro un área total de concesión de 26.000 hectáreas, y no se encuentran localizadas dentro del estero de Lipa, aunque la parte norte de este se encuentra incluida en el área del contrato de Asociación Cravo Norte (fl. 118 del documento).

Que la región Caño Limón-estero de Lipa se presenta sobre una llanura de inundación, con una dinámica fluvial, lacustre y fluviolacustre muy activa y sensible ante cualquier cambio morfológico que se produzca, ya sea de origen natural y/o antrópico, y sobre ella se han presentado tres cambios hidrogeomorfológicos importantes por la combinación de procesos antrópicos y naturales: la formación y obstrucción del Brazo Bayonero; la unión del Caño Limón con el río Lipa por medio del caño Lipa y el retroceso de 3 km del saltode Lipa en un período de 15 años, con una tasa de erosión remontante estimada en 192 m/año, cambios que no se relacionan directamente con la actividad petrolera del campo Caño Limón, ya que se dieron antes de su operatividad, y a pesar de que esa actividad ha tenido efectos, ellos son menores sobre el sistema y se enmarcan dentro de lo estimado como impacto aceptable de la actividad petrolera (fl. 37 ibíd.).

En sus conclusiones generales se dice que la exploración y explotación petroleras en el área de Caño Limón, iniciadas a partir de los años ochenta, aunque representa un factor más de intervención en la región, es un factor de transformación ambiental de menor orden si se compara con los factores que le antecedieron, y además se le ha dado un manejo ambiental organizado y razonable en cuanto al control y la mitigación de los impactos y los efectos ambientales en el área, y en términos generales se realiza dentro de los parámetros establecidos en el plan de manejo ambiental acordadocon las autoridades y en concordancia con las normas ambientales.

En aspectos específicos se concluye, en resumen, lo siguiente:

— Los cambios de caudal del río Arauca fueron independientes del desarrollo petrolero de la región, iniciado en 1983, y por sus efectos aquellos se convierten en los dos grandes procesos que alteraron el régimen hídrico regional.

— Dentro de un contexto local, los bosques, que fueron intervenidos desdela década del cincuenta y afectados por el incremento poblacional, se encuentran en proceso de recuperación en el área de explotación petrolera, debido a la regeneración natural que se ha venido dando en el respectivo campo.

— El estero de Lipa se consideró en el estudio como un sistema conformado por un estero mayor localizado al sur del campo Caño Limón, con un área de 113 km 2 , y por un grupo de esteros individuales y de menor dimensión al suroeste del campo, cubriendo un área total de 318 km 2 . Los análisis de un período de 50 años permitieron estimar que el estero mayor no ha sufrido cambios notables en su dimensión y límites; por el contrario los esteros menores muestran un comportamiento dinámico, evidenciando incrementos o reducciones en ciertos sectores, sin que se evidenciaran cambios hidrológicos mayores a partir del inicio de proyecto petrolero en la región.

— La unión en los años setenta del Caño Limón y el río Lipa por procesos naturales y antrópicos incrementó el caudal del río Lipa y un aumento de la tasa de erosión, por lo cual ese proceso no está asociado directamente con la actividad petrolera en la zona ni es un indicador de pérdida de capacidad hídrica del estero mayor de Lipa.

— Las restricciones para el uso del área del contrato de asociación han propiciado la conformación de un refugio de especies vegetales y animales reducidas severamente en el exterior por presión humana, dado que desde tiempo atrás los ecosistemas de fauna y flora en la región Caño Limón-estero de Lipa han sido intervenidos de forma constante mostrando la degradación paulatina de los bosques así como la migración o la desaparición de especies vegetales y animales.

— La cobertura vegetal del estero de Lipa se encuentra conservada, excepto en la parte suroccidental, donde se desarrollan actividades agrícolas, como cultivos de arroz.

— La disminución de las especies piscícolas en la zona de extracción petrolera no se le puede atribuir a la descarga procedente de los complejos de producción, y las medidas adoptadas, como construcción de alcantarillas, mitigan los impactos por causa de la construcción de terraplenes en el comportamiento migratorio de las especies ícticas de la zona.

— Las obras de infraestructura que se realizaron en el complejo petrolero PF1 y PF2, como terraplenes y carreteras de acceso a los pozos de producción, tienen un sistema de drenaje que permite la comunicación de las aguas entre sí dentro de las depresiones inundables de Aguanegra, Aguaverde y la situada entre el río Arauca y el caño Aguaverde, a través de puentes, alcantarillas sencillas, dobles y triples y, a simple vista, obedece a un diseño apropiado para la región a fin de facilitar que las aguas sobrantes de las crecientes del río Arauca y las originadas por las lluvias durante los periodos invernales fluyan hacia los cuerpos de aguas receptores.

— Las variables fisicoquímicas de calidad del recurso hídrico superficial en los esteros Aguaverde, Lipa y la Conquista, en los caños Aguaverde y Limón y en el río Arauca, en los sitios y momentos de obtención y evaluación de muestras, indican en general un estado natural de las corrientes de agua, que, aunque se ven afectadas por el proceso de producción petrolera, continúan dentro de los intervalos normales para las aguas superficiales (fls. 147 a 154 del documento contentivo del estudio referido).

Por lo tanto, del estudio reseñado cabe inferir que contrario a lo afirmado por los actores, el proyecto de explotación petrolera Caño Limón y la concesión respectiva sí están sometidos a un plan de manejo ambiental; que la actividad de ese proyecto no ha tenido efectos negativos graves, o que amenacen el ecosistema de la respectiva zona en sus diferentes componentes, pues tales efectos se encuentran dentro de los, parámetros esperados y son contrarrestados con medidas de mitigación adecuadas, de modo que está teniendo más efectos positivos que negativos, como quiera que en desarrollo del plan de manejo ambiental está favoreciendo la recuperación del bosque y la preservación y recuperación de la fauna en la zona de la concesión, lo cual coincide con las observaciones del procurador judicial agrario y del medio ambiente, quien manifiesta que ejerce un control continuo sobre el manejo ambiental que la compañía Occidental de Colombia tiene sobre las instalaciones de Caño Limón, para lo cual junto con Corporinoquia, que es la máxima autoridad ambiental de la región, efectúa controles sobre el tratamiento de aguas, emisiones atmosféricas, manejo de residuos sanitarios y otras, cuyas copias reposan en ambas entidades, y que se puede establecer sin duda alguna que es excelente el manejo que se le da al sector ambiental (fls. 77 y 78 del cdno. 7).

Así mismo, con las observaciones consignadas en el acta de inspección judicial que el a quo practicó al área de explotación petrolera en compañía de un perito y otras autoridades relacionadas con la materia, en el sentido de que el complejo petrolero en mención está encerrado por un verdadero santuario de vegetación nativa aunada a la reforestación de especies sembradas por la OXY en sus alrededores; que existe una fauna connatural al medio, como chigüiros, aves de variadas especies, babillas, iguanas que sobreviven por serles idóneo el medio para reproducirse y conservarse; que las medidas de protección al medio tomadas por la empresa son de tal magnitud que hacen improbable que pueda verse perturbado por cataclismos naturales, y que fuera del complejo petrolero y de la zona de concesión no se encuentra vestigio alguno de contaminación, y ya fuera de esa zona sí se observan ciertos daños producidos por las constantes voladuras del oleoducto por los subversivos que operan en la región (fls. 79 a 80 del cdno. 7).

Además, en el plenario, por cierto bastante voluminoso por los documentos, estudios, monitoreos, informes técnicos así como planes de manejo ambiental, proyectos de prevención y contingencia y permisos allegados al mismo, hay abundante material probatorio que muestra a las claras la permanente y oportuna vigilancia e intervención del Ministerio del Medio Ambiente, hoy del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en sustitución del desaparecido Inderena, lo cual se refleja justamente en las condiciones ambientales en que opera el complejo petroleroen mención, de suerte que no se evidencia omisión en lo que a ese organismo le compete frente a la actividad de aquel.

En consecuencia, se confirmará dicha sentencia, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia, dado que no se encuentran probados los hechos de la demanda, en especial los atribuidos al Ministerio del Medio Ambiente en relación con el complejo petrolero Caño Limón y a los efectos de este, y por el contrario, las pruebas que militan en el informativo desdicen las denuncias que al respecto formulan los accionantes.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión celebrada el 29 de abril del 2004.

Magistrados: Camilo Arciniegas Andrade, presidente—Gabriel E. Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

_____________________________