Sentencia AP-29 de mayo 10 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. AP-29, mayo 10/2001

C.P. Ricardo Hoyos Duque

Actor: Jackson Becerra Mosquera

Demandado: Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.

Conoce la Sala de la impugnación presentada por la parte demandada, en contra de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 9 de junio de 2000, mediante la cual se resolvió:

“1. Ordénase al Distrito de Cartagena, por intermedio de Aguas de Cartagena, que recuperen el nivel topográfico del sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera, a fin de que las aguas puedan circular y no se estanquen.

“2. Ordénase al Distrito de Cartagena, por intermedio de Aguas de Cartagena, que se reconstruyan o reparen los andenes, cunetas y bordillos, en aquellos sectores en donde ya fueron instaladas las tuberías y que se tuvieron que destruir a fin de poder instalar las tuberías del sistema de alcantarillado en el sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera.

“3. Ordénase al Distrito de Cartagena, por intermedio de Aguas de Cartagena, que se recuperen o restauren las vías públicas, dejándoles las pendientes hacia las cunetas.

“4. Ordénase al Distrito de Cartagena, por intermedio de Aguas de Cartagena, a fin de que la Previsora ordene la continuación de los trabajos de alcantarillado en el sector de Rafael Núñez barrio Olaya Herrera, que se encuentran suspendidos desde hace varios meses.

“5. Ordénese al Distrito de Cartagena, por intermedio de Aguas de Cartagena que los lotes de terreno adquiridos para la construcción de la estación de bombeo en el sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera sean iluminados y cercados.

“Lo anterior deberá ser realizado por el Distrito de Cartagena y Aguas de Cartagena en el término de 30 días, los que podrán ser prorrogados a solicitud del distrito, conforme a las razones pertinentes debidamente soportadas y sustentadas”.

La providencia fue adicionada el 30 de agosto de 2000, a solicitud de la parte demandante, en los siguientes términos:

“1. Fijar un incentivo a favor del señor Jackson Becerra Mosquera, equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, a cargo del Distrito de Cartagena de Indias.

“2. Denegar la constitución de un comité de verificación.

“3. Decretar un dictamen pericial, a fin de que determinen cuál sería el monto de la caución que debe prestar el Distrito de Cartagena, a fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia. El nombramiento de los mismos deberá hacerse una vez se encuentre ejecutoriada la sentencia”.

Antecedentes

1. La petición.

El señor Jackson Becerra Mosquera interpuso acción popular en contra de la sociedad Aguas de Cartagena S.A. y los particulares Gómez Roa y Jaime Serge, en su condición de contratistas de aquélla, con las siguientes pretensiones:

“Que se ordene reparen (sic) el nivel topográfico de todo el sector como estaba anteriormente, que las aguas todas corrían hacia la Ciénaga de la Virgen, para que no permanezcan estancadas y produciendo los hechos relatados.

“Que se reparen las calles en su totalidad, dejándoles sus pendientes hacia las cunetas, como anteriormente se encontraban antes de los trabajos realizados, no en forma de batea como los realizaron.

“Que se reparen los andenes, cunetas y bordillos y calles peatonales que fueron averiadas.

“Que limpien los andenes y cunetas los cuales permanecen con material sobrante.

“Que se desmonte y cerque el lote entre la calle 34 y 35 en la manzana 259, y le pongan vigilancia e iluminen”.

2. Hechos.

Afirma el actor que en febrero de 1998, la empresa Aguas de Cartagena S.A. y las firmas contratistas Epsilon, Gómez Roa y Jaime Serge reunieron a los habitantes del sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena para informarles que en el término de dos meses se realizarían unas obras públicas en dicho sector, lo cual implicaría algunas molestias para sus habitantes, pero que las empresas constructoras dejarían nuevamente las vías y andenes en las condiciones en las cuales los encontraron o aún mejores.

Sin embargo, estos compromisos no fueron cumplidos, pues las calles aún permanecen sin reparar, además, “el nivel topográfico se cambió, ocasionando esto que con el menor aguacero se inunden las viviendas y las calles y los pocos andenes que han reparado se vuelvan intransitables“.

Adicionalmente, la empresa Aguas de Cartagena adquirió unas casas en el sector, que tiene sin cercar, sin vigilancia y a oscuras, que los delincuentes aprovechan para refugiarse en ellas, en perjuicio de los habitantes del sector.

3. La providencia impugnada.

Luego de analizar las pruebas que obran en el expediente y de considerar los argumentos expuestos por las partes, el tribunal llegó a las siguientes conclusiones:

a) La sociedad Aguas de Cartagena está legitimada por pasiva por ser el “realizador“ del plan maestro de acueducto y alcantarillado, que está a cargo del Distrito de Cartagena, según el contrato de consultoría celebrado entre la Fiduciaria La Previsora y el consorcio Inter-Hidroplas;

b) A pesar de que se verificó que la construcción del alcantarillado en el sector Rafael Núñez está inconclusa y los contratos suspendidos, la acción popular interpuesta no es procedente para “ventilar los conflictos contractuales que están ocasionando la paralización de las obras“. Sin embargo, se advertir (sic) que “la construcción definitiva del alcantarillado es la solución apropiada para el sector, ya que así las aguas domésticas o residuales correrían por las tuberías del alcantarillado y no como ahora, que están siendo vertidas a las cunetas y calles del barrio“;

c) Los derechos colectivos de los habitantes del sector Rafael Núñez de Cartagena a un ambiente sano, a la seguridad y a disfrutar de los bienes públicos vienen siendo vulnerados por el Distrito de Cartagena, entidad que debe procurar en primer lugar que los trabajos sean reiniciados. Además, debe “lograr que los niveles topográficos se recuperen y mantener una debida vigilancia en los lotes de terreno donde se piensa construir una estación de bombeo... restaurar los andenes, bordillos y cunetas demolidos con ocasión de los trabajos de alcantarillado parcialmente realizados hasta la fecha. La comunidad debe contribuir en parte a la solución de la problemática, ya que debe procurar la limpieza de las cunetas cuando éstas se llenen de las aguas domésticas”;

d) El tribunal fijó un incentivo de diez salarios mínimos en favor del accionante, siguiendo los lineamientos trazados por esta corporación, pero manifestó su desacuerdo con el mismo por considerar que tal reconocimiento da lugar a “la proliferación de acciones populares que busquen la obtención de recompensas más que la solución de los problemas colectivos”;

e) Rechazó la conformación de un comité de verificación porque a su juicio, éste no tiene carácter obligatorio, según los términos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

f) Finalmente, decretó un dictamen pericial para determinar el monto de la caución que garantice el cumplimiento de las órdenes proferidas en el fallo, porque “no existe dentro del proceso una valoración cuantitativa de las obras que debe desarrollar el distrito para poder cumplir con lo dispuesto en la sentencia“.

4. La impugnación.

El apoderado del Distrito de Cartagena interpuso oportunamente el recurso de apelación contra la providencia proferida por el tribunal pero no lo sustentó.

La apoderada de la sociedad Aguas de Cartagena S.A. ESP impugnó el fallo con los siguientes argumentos:

a) Existe falta de legitimación de la entidad para soportar los efectos del fallo porque no es contratante de las obras, ni presta el servicio público domiciliario en el barrio Olaya Herrera del Distrito de Cartagena, donde se ejecuta actualmente el plan maestro de acueducto y alcantarillado del distrito, según puede constatarse en los contratos de obra celebrado entre la entidad territorial a través de la Fiduciaria La Previsora S.A. y las firmas consorcio Fernando Gómez -Ángel Roa y Epsilon Ltda. Ingenieros Civiles y Eléctricos. Sólo es la interventora de dicha obra, de acuerdo con el contrato de consultoría que celebraron la fiduciaria y el consorcio Inter-Hidroplan y que éste le cedió, con el consentimiento de las partes.

Aclara que de acuerdo con el contrato de consultoría, las funciones que le corresponde realizar están orientadas a la supervisión técnica de la obra, de acuerdo con las condiciones y especificaciones plasmadas en los pliegos de condiciones; así como a la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contratistas, en desarrollo de lo cual ha informado a la entidad contratante el incumplimiento en el que han incurrido los contratistas y ha recomendado la imposición de multas y en el caso del consorcio Fernando Gómez-Ángel Roa la declaratoria de caducidad del contrato.

b) Inexistencia de la vulneración alegada. Destaca en primer lugar que por la omisión de la práctica de una inspección judicial al sitio de los hechos y la carencia de un análisis técnico, se llegó en el fallo a deducciones erradas y subjetivas ajenas a la realidad, dado que:

—“El hecho de que la mayor parte de las vías tengan en la actualidad una superficie consistente en material seleccionado, no implica que se rellenaran hasta un nivel superior al que originalmente tenían. Sencillamente, durante el proceso de excavación se retiró el material del sitio que debía ser restituido y se procedió a reemplazarlo por material seleccionado“, lo cual generó mayores costos a los contratos.

— En las calles que quedaron por encima de su nivel original, que “en su estado inicial se comportaban como bateas sin desniveles adecuados que permitieran la salida de las aguas“, antes que causarle perjuicio a los habitantes con la sustitución de rellenos del terreno por material seleccionado, se les solucionó el problema de “estancamiento continuo de las aguas frente a sus casas originando verdaderos criaderos de mosquitos y toda clase de insectos portadores de enfermedades“, lo cual quedó acreditado con certificación expedida por la comunidad.

— Los estancamientos que se presentan en la zona se deben a los rellenos inapropiados que se han utilizado para ganar terreno a la Ciénaga de la Virgen, los cuales resultan por eso inestables y causan represamiento de las aguas lluvias y además a la cantidad de basuras que se arroja a las corrientes de aguas de las cunetas. Sin dejar de advertir que existe en el sector un kilómetro más de vía que no tiene cunetas debido a que los asentamientos humanos en la zona son posteriores al proyecto inicial.

— La orden de reparación de las vías y reconstrucción de los andenes, cunetas y bordillos supera las competencias de la entidad, cuya función es la interventoría en la instalación del alcantarillado sanitario en la zona y no la construcción de una vía pública. Tampoco se ha permitido la construcción de calles en forma de bateas como se afirma en la sentencia, “cuando lo obvio y técnicamente obligatorio es encausar las aguas a las cunetas de los lados”.

— Carece de fundamento la orden de cercar e iluminar los lotes “que no son de su propiedad sino del Distrito de Cartagena... en especial cuando algunos lotes necesarios para la construcción de la estación de bombeo no han sido legalizados por sus actuales poseedores, por lo que el mantenimiento, cercado e iluminación es de su entera responsabilidad”.

Consideraciones de la Sala

I. Se advierte en primer lugar que el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 establece la procedencia del recurso de apelación “contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad señalada en el Código de Procedimiento Civil”. Los artículos 350 a 362 de dicho código regulan el recurso de apelación y en ninguna de sus disposiciones se exige la sustentación del mismo para su concesión o admisión (1) . En consecuencia, a pesar de que el apoderado del distrito no sustentó la apelación que interpuso contra el fallo, la Sala se pronunciará sobre los aspectos de éste que le resulten desfavorables, pues debe entenderse que en relación con todos ellos versa su inconformidad.

(1) En este sentido, sentencia del 17 septiembre de 1992, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, exp. 296.

II. Seguidamente se ocupará la Sala de analizar las órdenes proferidas en el fallo.

1. A juicio del tribunal los hechos que fundamentan las pretensiones del actor popular están acreditados en el expediente, razón por la cual ordenó la recuperación del nivel topográfico de las vías; la reparación de éstas y de los andenes, cunetas y bordillos del sector Rafael Núñez del Distrito de Cartagena donde se viene adelantando la construcción del acueducto y alcantarillado del distrito.

Por su parte, la sociedad Aguas de Cartagena se opone a las órdenes proferidas por el tribunal, argumentando que las vulneraciones alegadas por el actor no existen y que por el contrario, algunos de los problemas que tenía esa comunidad fueron solucionados con la ejecución de las obras públicas y que además, los responsables de los estancamientos de las aguas son los mismos habitantes del sector quienes rellenaron el terreno sin ninguna técnica y arrojan basuras a las corrientes de las aguas de las cunetas.

Considera la Sala que en el proceso obra prueba suficiente para afirmar que las obras públicas desarrolladas por el distrito para la construcción del acueducto y alcantarillado han causado los daños colectivos aducidos a los pobladores del sector Rafael Núñez de esa ciudad.

En efecto, obran las comunicaciones dirigidas por el actor y otros líderes comunitarios del sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera del Distrito de Cartagena al gerente de Acuacar y al presidente del concejo distrital requiriendo la reparación de las vías, andenes y bordillos afectados con la construcción de las obras del proyecto de acueducto y alcantarillado del distrito; así como el cerramiento e iluminación de los lotes adquiridos por la entidad demandada para la construcción de la estación de bombeo Tabú (fls. 5-18, c. 1).

En respuesta dada por Acuacar a una petición formulada por la junta de acción comunal del sector Rafael Núñez, el 16 de febrero de 1999, manifestó que la reparación de las calles, andenes, cunetas y casas averiadas había sido suspendida debido a la mora en el pago a los contratistas, pero que próximamente se reiniciarían las obras. Además responsabilizó a los habitantes del sector de los problemas de estancamiento de las aguas, los cuales —asegura— se generan por la conexión de los usuarios a las redes del sistema sin que éste hubiera entrado a operar, a pesar de las advertencias realizadas por la empresa. En cuanto a los inmuebles que se pretende adquirir para construir la estación de bombeo, aclara que en razón de los trámites administrativos necesarios para la transferencia del dominio de los bienes, algunos de ellos no han sido aún adquiridos, pero que “una vez finalizada la adquisición de esas viviendas se procederá a despejar totalmente el terreno y a cercarlo hasta empezar con la construcción de la estación de bombeo“ (fls. 115-117, c. 1).

En el escrito de respuesta a la demanda, el consorcio Fernando Gómez-Ángel Roa aceptó que en la construcción de las obras que correspondió al consorcio “fue necesario modificar el nivel topográfico de las vías para habilitarlas para transporte de materiales y operación de maquinaria pesada; en algunos casos, el nivel de las viviendas quedó por debajo del nivel corregido de la vía”. Justificó esas modificaciones aduciendo que en el sitio existen terrenos “deleznables, con muy baja capacidad portante, es decir, no aptos para levantar construcciones permanentes. No obstante, allí existía un asentamiento sub normal, con viviendas no cimentadas, sin vías de comunicación vehicular que fueron afectadas por el paso del colector”.

En relación a las pretensiones de la demanda, el representante legal del consorcio citado manifestó que “es técnicamente inconveniente reducir el nivel topográfico de todo el sector a los niveles anteriores a las obras, pues la vía quedaría nuevamente intransitable, con mayores perjuicios para toda la comunidad; además, algunas de las viviendas han corregido —con recursos suministrados por la entidad contratante— su nivel topográfico, de tal modo que si se excava nuevamente la vía, quedarían por encima de la cota de la misma. Entre los trabajos por ejecutar se encuentra reparación de andenes, bordillos y cunetas, los cuales en lo que corresponde al consorcio se reiniciaron en la semana en curso. Las vías están en condiciones considerablemente mejores a las que tenían antes de iniciar los trabajos. El contrato contempla actividades de mejoramiento que se ejecutarán según la programación acordada con la interventoría”.

En la declaración rendida ante el a quo, el 17 de marzo de 2000, el señor Fernando Gómez Rangel (fls. 229-231, c. 1), representante legal de la firma Gómez Roa, manifestó que en la construcción de la obra se variaron los niveles de las vías “porque la capacidad de soporte del terreno no era lo suficientemente estable y fue necesario en algunos sectores rellenar con material de zahorra“ y que en ese momento la obra y la reparación de los andenes y sardineles estaba suspendida por orden del interventor.

La misma sociedad recurrente aportó copias de las comunicaciones dirigidas al consorcio Fernando Gómez-Ángel Roa solicitándole proceder a las reparaciones locativas de las viviendas ubicadas en el sector donde se instala el colector María Auxiliadora-Tabú, que fueron afectadas con las obras; la reconstrucción de los bordillos y cunetas; la construcción de las cámaras y la reparación de las vías por donde transitan los equipos, las cuales deben ser entregadas en iguales o mejores condiciones que las iniciales. Así como las comunicaciones dirigidas a la Fiduciaria La Previsora S.A. a efectos de que se hicieran efectivas las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil del consorcio mencionado por el incumplimiento en la obligación de “responder por los daños que ocurrieren en la obra“.

El señor Elmer Fernando Pascua Borre, empleado de Acuacar e interventor del contrato de obra desarrollado por la firma Epsilón Ltda. en el sector Rafael Núñez, en declaración rendida ante el tribunal el 17 de marzo de 2000 (fls. 227-228, c. 1) manifestó que el contrato celebrado con la empresa está suspendido “y tan sólo falta la instalación de un pequeño tramo de tubería, la reconstrucción de andenes, cunetas y bordillos, en algún sector de la calle del Tancón, calle de la Virgen, calle Guadalupe y algunas calles perpendiculares al Tancón... La finalización de estos trabajos de reconstrucción y la adecuación de la calle de la Virgen están a espera de una determinación que deben tomar las partes de que se continúe el contrato o se liquide”.

En síntesis, está acreditado que en las obras que se ejecutan en el sector Rafael Núñez de Cartagena en desarrollo del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad, se modificó el nivel topográfico de las vías; se ocasionaron daños a éstas, en los andenes, bordillos y en algunas viviendas del sector, las cuales de acuerdo con las pruebas referidas fueron causadas básicamente por las condiciones del terreno y la utilización de maquinaria pesada en la realización de las excavaciones y rellenos. Además, que dichas reparaciones fueron iniciadas pero que por suspensión de los contratos no han sido concluidas.

Los hechos descritos vulneran los derechos colectivos a un ambiente sano, al goce del espacio público y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, consagrados en el artículo 4º de la Ley 472 de 1998.

En este orden de ideas, se confirmarán las decisiones adoptadas en el fallo, pero aclarando que deberá evaluarse, en el caso concreto, cuáles son las medidas técnicas apropiadas para restablecer el adecuado drenaje de las aguas en los sitios donde fue modificado el nivel topográfico de las vías. Por lo tanto, se deberá recuperar dicho nivel si ello resulta conveniente o conservar el nivel modificado, pero realizando las obras complementarias que se requieran para que las aguas no se estanquen y puedan circular libremente.

2. Se confirmará la orden de reconstrucción o reparación de las vías, andenes, cunetas y bordillos en los sectores donde ya fueron instaladas las tuberías y que fueron destruidas o deterioradas por los constructores, tal como se encontraban antes de las obras o en mejores condiciones.

3. Igualmente, considera la Sala que si bien es cierto que la culminación de las obras públicas relacionadas con la construcción del acueducto y alcantarillado es la solución definitiva de los problemas del sector, no hay lugar a proferir órdenes concretas en relación con la suerte que deben correr los contratos que se encuentran suspendidos, pues ese asunto no fue objeto de la acción y además se carece de los elementos de juicio necesarios para tomar decisiones en tal sentido. Sin embargo, es claro que de permanecer suspendidas las obras en el estado en que se encuentran, se generarán daños colectivos a la población donde están instaladas las redes de acueducto y alcantarillado pero no se pueden realizar la conexiones domiciliarias. En consecuencia, se prevendrá al Distrito de Cartagena y a la sociedad Aguas de Cartagena S.A. para que tomen las determinaciones o ejerciten las acciones necesarias a efectos de que se concluyan las obras programadas para la instalación del acueducto en el sector Rafael Núñez de Cartagena.

4. En cuanto a la iluminación y cercado de los lotes adquiridos se confirmará la decisión, pues la misma impugnante acreditó haber adquirido varios predios en el sector, tal como se aprecia en las copias de las escrituras públicas que aportó (fls. 177-191, c. 1), de los cuales debe ocuparse para evitar perjuicios a los moradores del lugar.

5. La fijación del incentivo se considera igualmente acertada. Se agrega que el reparo que formula el tribunal en relación con la motivación interna del actor es asunto que escapa a la ley. Simplemente establece una retribución por el tiempo y dinero que debe invertir el actor para promover la acción en orden a obtener la protección de los derechos colectivos. Si el interés del actor es meramente económico o lo motiva un ánimo solidario y altruista es asunto que carece de relevancia.

6. Se ordenará la constitución de un comité de verificación, pues aunque éste no es obligatorio sí resulta conveniente para controlar el cumplimiento del fallo. Esta nueva decisión no afecta los derechos de la parte demandada porque no constituye una carga adicional sino un medio adecuado para verificar el acatamiento de las órdenes proferidas, en particular en el caso concreto donde y se requiere optar por la solución que se juzgue más conveniente en algunos casos concretos.

Dicho comité deberá estar integrado por el magistrado ponente de la sentencia en el tribunal, el alcalde del Distrito de Cartagena, el gerente de la sociedad Aguas de Cartagena S.A., el actor, un representante del Ministerio Público y el presidente de la junta de acción comunal que opere en el sector.

7. Se confirmará igualmente la decisión de nombrar peritos que evalúen el costo de las reparaciones que deben realizarse con fundamento en este fallo, con el fin de tener una base para establecer el monto de la caución que garantice su cumplimiento

III. En cuanto a la excepción de falta de legitimación por pasiva aducida por la empresa Aguas de Cartagena S.A. en el escrito de impugnación del fallo se considera lo siguiente:

La entidad aportó copia del contrato de consultorio celebrado entre la Fiduciaria La Previsora S.A. y el consorcio Inter-Hidroplan (c. 2), cuyo objeto es muy amplio, pues “incluye la coordinación general del proyecto; la dirección y control de gestión directa y efectiva que asegure la realización de todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del plan de desempeño suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T y C., las Empresas de Servicios Públicos Distritales y Findeter; la administración y manejo de todos los recursos financiero s; la interventoría de todos los programas de desarrollo institucional; la supervisión y control de las firmas de interventoría para los proyectos de acueducto y alcantarillado y de los contratos de suministro; la asistencia al distrito en el proceso de contratación incluyendo la preparación de pliegos de licitación y términos de referencia; la asistencia al distrito en proceso de seguimiento del estudio de impacto ambiental de los cuerpos de agua aledaños a las futuras obras en la captación del acueducto las cuales han de ser debidamente concertadas con el Inderena. Incluye igualmente el apoyo al distrito en todas y cada una de las gestiones de índole administrativo, técnico y financiero que requiera la ejecución del programa de acueducto y alcantarillado de Cartagena, como la organización de proyectos, interventoría de suministros y obras civiles y del programa de desarrollo institucional”.

También obra en el expediente la copia de la cesión del contrato de consultoría referido, realizada por el consorcio Inter-Hidroplan a la sociedad Aguas de Cartagena S.A. ESP Acuacar (c. 2).

El plazo del contrato de consultoría fue prorrogado sucesivamente, según los contratos adicionales Nº 1º, 3º, 4º, 5º, 6º aportados por Acuacar (c. 2). Mediante contrato adicional Nº 2 se precisó que dentro del alcance del objeto del contrato “se incluye la realización y cumplimiento por el contratista del plan director acueducto y alcantarillado año 2005, cuyo objeto es la definición del programa de desarrollo de los sistemas de acueducto y alcantarillado del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con el cual se satisfaga adecuadamente la demanda hasta el año 2025 y se orienten las inversiones a realizar. en dichos sistemas” (c. 2).

En este orden de ideas, considera la Sala que la sociedad Aguas de Cartagena no es extraña a las obligaciones impuestas al municipio, pues está encargada de la coordinación general del proyecto, control, supervisión, mediación en los contratos de compraventa de los inmuebles que el distrito ha decidido adquirir y en general, ejerce la función de gerente del programa de acueducto y alcantarillado de la ciudad, en cuya ejecución se han causado los daños a que se refiere la demanda. Por lo tanto, deberá coordinar las acciones de reparación de los daños causados a los habitantes del sector.

En el mismo sentido se pronunció la Sala en providencia del 13 de abril de 2000, al resolver la impugnación interpuesta por la empresa contra la medida cautelar decretada por el a quo, relacionada con el cercamiento e iluminación de los inmuebles adquiridos por el distrito:

Es cierto que los bienes son de propiedad del Distrito de Cartagena y no de la sociedad Aguas de Cartagena. Sin embargo, dicha sociedad, en tanto empresa de servicios públicos encargada de gerenciar el proyecto de acueducto y alcantarillado de la ciudad, debe velar porque en la realización del mismo se cumplan todas las normas legales y en particular se protejan los derechos fundamentales y colectivos de las personas. En consecuencia, debe responsabilizarse de las obras de cercado e iluminación de los inmuebles de propiedad del distrito, con el objeto de brindar seguridad a la comunidad residente en el lugar. Todo esto al margen de definir a quién corresponde el pago de dichas obras. Asunto que deberán resolver las entidades de acuerdo con los compromisos contractuales adquiridos”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 9 de junio de 2000, la cual quedará así:

1. Ordénase al Distrito de Cartagena y a la sociedad Aguas de Cartagena S.A. ESP, en su calidad de gerente del proyecto de acueducto y alcantarillado de Cartagena de Indias D.T. y C. realizar las siguientes obras:

a) Recuperar el nivel topográfico de las vías del sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera, donde se ejecutan las obras del plan maestro de acueducto y alcantarillado, si esto es lo más conveniente, o realizar las obras necesarias para el adecuado drenaje de las aguas, si se juzga más conveniente conservar el nivel en la forma como fue modificado por las empresas constructoras.

b) Reconstruir o reparar los andenes, cunetas y bordillos, en aquellos sectores en donde ya fueron instaladas las tuberías del sistema de alcantarillado en el sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera.

c) Recuperar o restaurar las vías públicas, dejándoles las pendientes hacia las cunetas.

d) Iluminar y cercar los lotes de terreno adquiridos para la construcción de la estación de bombeo en el sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera.

Lo anterior deberá ser realizado por el Distrito de Cartagena y Aguas de Cartagena en el término de 30 días, los que podrán ser prorrogados a solicitud del Distrito, conforme a las razones pertinentes debidamente soportadas y sustentadas.

2. Previénese al Distrito de Cartagena y a la sociedad Aguas de Cartagena S.A. para que tomen las determinaciones o ejerciten las acciones necesarias a efectos de que se concluyan las obras programadas para la instalación del acueducto en el sector Rafael Núñez de Cartagena

3. Fíjese un incentivo a favor del señor Jackson Becerra Mosquera, equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, a cargo del Distrito de Cartagena de Indias.

4. Constitúyase un comité de verificación integrado por el magistrado ponente de la sentencia en el tribunal, el alcalde del distrito de Cartagena, el gerente de la sociedad Aguas de Cartagena S.A., el actor, un representante del Ministerio Público y el presidente de la junta de acción comunal que opere en el sector.

5. Decrétase un dictamen pericial, a fin de que determinen cuál sería el monto de las reparaciones ordenadas, con el objeto de establecer una base para fijar el valor de la caución que deberá prestar el Distrito de Cartagena, con el fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia. El nombramiento de los peritos deberá hacerse una vez se encuentre ejecutoriada la sentencia.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Alier Hernández Enríquez, Presidente de la Sala—Jesús María Carrillo B.—María Elena Giraldo Gómez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez V .

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