Sentencia AP-396 de abril 29 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp. 41001-23-31-000-2003-00396-01, abr. 29/2004

C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Actores: José Francisco Rubiano Quintero y otros.

Acción popular

Recurso de apelación contra la sentencia de 17 de septiembre de 2003, proferido por el tribunal administrativo del Huila.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el departamento del Huila contra a sentencia de 17 de septiembre de 2003, proferida por el tribunal administrativo del Huila, que protegió el derecho colectivo de acceso al servicio público de salud mental de las mujeres adictas a los estupefacientes en dicho departamento.

I. Antecedentes

I.1. Los señores Deya Paola Sandoval Moreno, Elizabeth Moreno Califa, Elizabeth Sandoval Moreno y José E. Rubiano Revelo obrando en nombre de Zaira Yulieth Sandoval Moreno, Hernando Sandoval Moreno, Santiago Sandoval Moreno, Brandon Felipe Cruz Sandoval, Eduar Hernando Sandoval Moreno, Yennifer Sandoval Moreno y Marcela Ciro Moreno y José Francisco Rubiano Quintero, en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Carta Política, desarrollado por la Ley 472 de 1998, presentaron demanda ante el Tribunal Administrativo del Huila, contra el departamento del Huila, el municipio de Neiva y la secretaría de salud de dicho ente territorial tendiente a que se protejan los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad públicas y el goce a un ambiente sano, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna (fls. 1 a 4, 52 y 66).

Los hechos que motivaron la acción instaurada son, en resumen, los siguientes:

1. Expresan que desde hace 18 meses el Gobierno Nacional permitió la dosis personal de sustancias psicoactivas, por lo cual la Secretaría de Salud Departamental del Huila está cumpliendo con el programa de tratamiento de rehabilitación exclusivo para el género masculino, situación que discrimina al género femenino, negándole así el tratamiento de rehabilitación a las mujeres consumidoras de tales sustancias, pues en Neiva no hay ninguna institución para ellas, como sí la hay para los hombres a través de la Fundación Hogares Claret.

2. Sostienen que el uso de la dosis personal conlleva que los menores de edad se estén convirtiendo en fumadores pasivos de las sustancias psicoactivas, dada la falta de áreas específicas autorizadas para el consumo.

3. Manifiestan que el flagelo de al droga, en la ciudad de Neiva está en crecimiento, debido a que a las mujeres se le está negando el tratamiento de rehabilitación.

4. Destacan que el tratamiento que presta la secretaría de salud es mínimo, pues aproximadamente de 1.800 adictos solo 15 son atendidos.

En consecuencia, solicitan que se ordene a la gobernación del Huila, al municipio de Neiva y a la secretaría de salud municipal realizar un programa de tratamiento de rehabilitación para la población de mujeres mayores de 18 años; y que se creen en cada comuna áreas para fumadores de sustancias psicoactivas.

II. Contestaciones de la demanda

II.1. El departamento del Huila, por medio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Sostiene que no se ha vulnerado derecho colectivo alguno, pues a lo imposible nadie está obligado y la circunstancia de no contar con un programa de tratamiento y rehabilitación para la población de mayores de 18 años del sexo femenino, enfermas o consumidoras de sustancias psicoactivas, se debe a la falta de demanda, ya que no se han recibido solicitudes que reúnan los requisitos exigidos para ese programa, tal y como consta en oficio D236 de 22 de enero de 2003, dirigido por el secretario de salud departamental.

Informa que la comunidad terapéutica Fundación Hogares Claret, institución no gubernamental, atiende únicamente personal masculino, lo que no significa que se esté discriminando al personal femenino, sino que la ausencia del servicio de salud se debe a inexistencia de un prestador que cumpla con los requisitos de ley para la venta de servicios de salud.

Afirma que la imposibilidad el programa se debe a la inexistencia de infraestructura propia para prestar el servicio y a la carencia de recursos para implementarlo, razón por la cual al no tener la posibilidad de facilitar directamente los servicios de salud, se acudió a la red privada, que en el presente caso no cuenta con los servicios requeridos por el departamento del Huila.

Agrega que dicho programa tampoco se ha podido realizar con instituciones privadas por no existir IPS que cuenten con la experiencia, infraestructura y los requisitos de ley para prestar el servicio de rehabilitación de adictos, basado en un modelo de comunidad terapéutica mixta, de baja complejidad, mediana o alta, según sea el caso, para mujeres.

Añade que por la poca demanda de usuarios masculinos del servicio y la alta deserción en el tratamiento, no se ve necesario ampliar cupos para la rehabilitación de estos individuos.

II.2. El municipio de Neiva, por medio de apoderado, argumentó en su defensa, en esencia, lo siguiente:

Estima que la Ley 715 de 2001 establece que a la secretaría de salud municipal le compete realizar campañas de promoción y prevención, mas no el tratamiento y rehabilitación, pues dichas labores le competen exclusivamente a la entidad departamental, por lo que dicho ente ha adelantado campañas de promoción y prevención de fármaco-dependencia encaminadas a proteger a la comunidad residente en la ciudad de Neiva, como consta en los convenios que la secretaría ha suscrito con la ESE Carmen Emilia Ospina, alcanzando óptimos resultados en los objetivos propuestos.

Argumenta que la ordenación y reglamentación de áreas especiales para el consumo de sustancias psicoactivas, es más de orden policivo que administrativo, por lo que el municipio no tiene competencia, ni facultades para reglamentar materias que se encuentran legalmente asignadas a otras autoridades públicas.

Manifiesta que la comunidad en general no apoya las acciones y campañas emprendidas por la administración municipal, pues en muchas ocasiones no participan masivamente en ellas o no informan oportunamente a las autoridades competentes, Policía Nacional o Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre la comisión de conductas punibles.

III. La sentencia recurrida

El a quo protegió el derecho colectivo de acceso al servicio público de salud mental de las mujeres adictas a los estupefacientes en el departamento del Huila, y denegó las demás pretensiones de la demanda, argumentando, en esencia, lo siguiente:

Considera que es un hecho notorio la tendencia e inclinación de las mujeres adultas a consumir estupefacientes, razón por la cual es necesario que dentro del programa de salud mental adoptado por al administración departamental se debe articular a la población femenina para acceder a sus beneficios.

Concluye que con base en los diferentes soportes que obran dentro del plenario, se puede establecer que en el departamento del Huila no existe un programa de rehabilitación dirigido a las mujeres adictas.

Igualmente, ordenó el pago el incentivo equivalente a diez salarios mínimos.

III.(sic) Fundamentos del recurso

El apoderado del departamento del Huila, finca su inconformidad, en esencia, en lo siguiente:

Precisa que es claro que el departamento, al contratar los servicios de salud de tratamiento y rehabilitación para personas consumidoras de sustancias psicoactivas, realizó actividades en cumplimiento de sus funciones con miras a proteger los derechos e intereses colectivos sin discriminarlas por razón de su sexo.

Relata que el departamento cuenta con una empresa social del Estado Hospital Universitario Hernado Moncaleano Perdomo, en el cual pueden ser atendidas las personas que lo requieren como consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas.

Agrega que la drogadicción es un problema que no obliga a esta entidad a contratar con una IPS un servicio determinado, sino que la obligación nace de la demanda que se haga del servicio de salud al departamento, demanda que no fue debidamente sustentada dentro del proceso.

Asevera que el fallo se soporta en un documento que no fue regular y oportunamente allegado al proceso, como es el caso del oficio 249 de 17 de julio de 2003 suscrito por la directora administrativa regional de la Fundación Hogares Claret, toda vez que al no haberse hecho conocer en su debida oportunidad el departamento no pudo controvertir adecuadamente lo allí manifestado.

IV. Consideraciones de la Sala

En la sentencia apelada el tribunal accedió a proteger el derecho colectivo de acceso al servicio público de salud mental de las mujeres adictas a los estupefacientes en el departamento del Huila, para lo cual dispuso en su parte resolutiva que dicha entidad, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, debería realizar las gestiones administrativas del caso que garanticen el tratamiento de rehabilitación a las mujeres.

Dos son los motivos de inconformidad que plantea el citado departamento, a saber: que no está demostrada en el proceso la demanda del servicio; y que el fallo de primer grado se soporta en un documento que no tuvo oportunidad de controvertir.

Al respecto, la Sala observa lo siguiente:

A folios 150 a 152 del expediente obra la diligencia de pacto de cumplimiento en la cual el departamento del Huila admite que no se ha podido ejecutar el programa de rehabilitación para personas consumidoras de sustancias psicoactivas; que la circunstancia particular de no haberlo podido ejecutar con respecto al sexo femenino obedece a que no ha encontrado las personas que pueden dar el servicio, por lo que propone, para tranquilidad de la comunidad, que por intermedio de la secretaria de salud se proceda a hacer una convocatoria pública a través de las EPS que tenga la capacidad suficiente o similar a la que posee el actual contratista del programa con respecto al sexo masculino, es decir, Hogares Claret.

Obra a folios 176 a 178, el oficio 249 de 17 de julio de 2003, suscrito por la directora administrativa regional de la Fundación Hogares Claret, que da cuenta de que dicha institución, contrario a lo afirmado en la contestación de la demanda por el departamento del Huila, presta atención tanto a hombres como a mujeres con problema de drogas y de conducta para encontrar el sentido de su vida; que dicha entidad cuenta con 6 regionales, una de ellas en el departamento del Huila, donde presta sus servicios desde 1998 a menores infractores de la ley penal y jóvenes consumidores de sustancias psicoactivas, así como a mayores de edad, de sexo masculino y femenino.

En dicho documento se lee que el “programa femenino no ha empezado a ejecutarse en el departamento del Huila, debido a que ninguna entidad de tipo municipal o departamental ha manifestado la necesidad de intervenir este tipo de población, a pesar del alto índice que se presenta en el departamento del Huila en el uso y abuso indebido de sustancias psicoactivas (farmacodependencia...)” (negrilla fuera de texto).

De lo anterior colige la Sala que a pesar de que en el recurso el departamento del Huila alega que dentro del proceso no fue sustentada la necesidad de contratar el servicio, como se vio, en la audiencia de pacto de cumplimiento no adujo argumento alguno para sustraerse a la obligación de ejecutar el programa de rehabilitación para consumidores de sustancias psicoactivas, sino todo lo contrario, explicó que dicho programa no se ha llevado a cabo respecto al sexo femenino porque no se han podido encontrar las personas que pueden dar el servicio. Por ello propuso para tranquilidad de al comunidad, que por intermedio de la secretaría de salud se proceda a hacer una convocatoria pública a través de la EPS que tenga la capacidad suficiente o similar a la que posee el actual contratista del programa con respecto al sexo masculino, es decir, Hogares Claret.

De tal manera que si la Fundación Hogares Claret viene prestando el servicio en el departamento del Huila desde 1998 en programas de rehabilitación para hombres y ha hecho claridad en cuanto a que también sus programas son extensivos a las mujeres; y que en dicho departamento hay un alto índice de mujeres que hace uso indebido de sustancias psicoactivas, no encuentra la Sala razón lógica para considerar que el a quo debiera desechar tal documento como prueba.

De otra parte, de no ser cierto lo afirmado por la Fundación Hogares Claret, el departamento del Huila, con ocasión del recurso, bien pudo controvertir el oficio 249 de 17 de julio de 2003, aportando pruebas para ello, lo cual no hizo, razón por la que es procedente confirmar la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por a Sala en la sesión del día 29 de abril de 2004.

Magistrados: Camilo Arciniegas Andrade, presidente—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero.

_____________________________