Sentencia AP-397 de octubre 28 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Exp. AP - 5000123310002002 00397 01, oct. 28/2004

C.P. Olga Inés Navarrete Barrero

Actor: Federico Schorr

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandada, contra la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta de fecha 27 de enero de 2004, mediante la cual se accede a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

El ciudadano Federico Schorr, obrando en su propio nombre, ejerció acción popular ante el Tribunal Administrativo de Villavicencio contra el municipio de Villavicencio, la junta de acción comunal del centro poblado rural El Cocuy, la Corporación Autónoma Regional Corporación Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), el departamento del Meta y la Nación, representada por los ministerios del Medio Ambiente y de Transporte, y el contratista de la obra, con el objeto de que se protejan los derechos al goce de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico, la prevención a la seguridad y salubridad pública y el acceso a una infraestructura de servicios públicos.

A. Hechos.

Señaló como hechos:

a) En la Hacienda Talanquera, en donde funcionaba la sociedad Agropecuaria Talanquera S.A., a orillas de la carretera veredal se estaba construyendo una zanja de aproximadamente 1.50 metros por 70 cm de profundidad, para introducir una tubería de 30 centímetros de diámetro aproximadamente; al indagar al respecto, fue informado por los vecinos de la obra de alcantarillado que estaba realizando la junta de acción comunal de la vereda el Cocuy para conducir las aguas residuales domésticas y hacer los vertimientos directamente al caño de aguas limpias, con lo cual se afectaría gravemente el medio ambiente de la región, especialmente el recurso hídrico utilizado para uso doméstico y ganadería de los habitantes del área de su influencia.

b) La obra que pretende construir la administración municipal no cuenta con ningún permiso ambiental, y el asentamiento de la población del Cocuy no ha tenido la adecuada atención por parte de los organismos municipales, toda vez que no cuenta con la asistencia de servicios públicos que garantice un adecuado desarrollo urbano, acarreando esta obra la generación de vertimiento de aguas residuales domésticas sin ningún tipo de tratamiento previo a las aguas del caño el Cocuy.

c) El caño el Cocuy pertenece a la cuenca del río Guayuriba. Por poseer relativamente una cuenca de mayor extensión, además de una mayor intensidad de uso del suelo en parte alta, se ha provocado una mayor degradación por la erosión presentada por la mayor acumulación de sedimentos del puente sobre la carretera Villavicencio - Acacías hacia abajo. En la zona de llanura, parte baja de la cuenca del río Guayuriba, se presentan durante el período de lluvias grandes inundaciones que afectan la parte sur del municipio, especialmente las veredas Río Negrito, el Cocuy, Barcelona, Santa Rosa, Pompeya, Paraderito y el Porvenir.

d) En la región de la zona de influencia principalmente las actividades principalmente desarrolladas por los pobladores son la ganadería tecnificada y agrícola con cultivos principalmente de arroz, soya, maíz, cítricos, entre otros, los que se verían seriamente afectados con la contaminación del caño de aguas limpias el Cocuy.

e) Ninguna de las entidades accionadas ha impedido a la fecha de la presentación de esta acción pública, la ejecución de las obras para evitar el problema ambiental que se denuncia, a pesar de haberse informado oportunamente y solicitado la intervención de la Corporación Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), sin que a la fecha se haya hecho nada concreto para la solución del problema ambiental que hoy se pide proteger.

B. Pretensiones.

Solicita:

1. Declarar que las entidades demandadas por acción o por omisión son directa y solidariamente responsables del deterioro y daño ambiental que puede sufrir el caño el Cocuy, afluente del río Negro, con ocasión de la contaminación por vertimiento de aguas domésticas que son producidas por los habitantes del asentamiento rural de la vereda el Cocuy.

2. Se condene solidariamente a los demandados a prevenir o reparar el daño ambiental, si ya se ha ocasionado, ordenando las medidas de corrección necesarias, construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, dentro del término prudencial que fije el despacho, teniendo en cuenta los lineamientos consagrados en el POT del municipio de Villavicencio.

3. Se establezca la legalidad del asentamiento rural de los habitantes de la vereda el Cocuy, pues al parecer dichos predios constituyen espacio público de propiedad del Ministerio de Transporte y se ordenen las medidas de corrección tendientes a controlar la expansión y desarrollo urbano desordenado, garantizándose la prestación de los servicios de saneamiento básico y, en caso de ser necesario, se ordene la reubicación para garantizar el desarrollo sostenible de la región, y no se afecte el medio ambiente sano, principalmente la protección del recurso hídrico amenazado.

4. Se condene solidariamente a los demandados al pago de los daños y perjuicios ocasionados a quienes así lo acrediten en el curso de esta acción, por la contaminación al medio ambiente y la alteración de los recursos localizados que en la zona que se pide proteger.

C. Defensa.

Contestación del municipio de Villavicencio

El municipio de Villavicencio intervino en el proceso para solicitar que se denieguen las pretensiones de la demanda. Al efecto, manifestó, en resumen, lo siguiente:

Se opone a todas y cada una de las pretensiones, toda vez que no es cierto que se esté causando un daño al ambiente con la realización de las obras civiles, puesto que hasta ahora se está en el proceso inicial de apertura de zanjas y ubicación de la tubería, y su habilitación solo será predicable cuando se cumpla con la instalación de la respectiva planta de tratamiento de aguas servidas del área.

La comunidad del sector del Cocuy, coadyuvada por la junta administradora local y el corregidor, presentó el día 30 de junio de 1999 ante el Fondo Nacional de Regalías un proyecto de inversión planta de tratamiento de aguas servidas de la vereda el Cocuy” que cuenta con las especificaciones técnicas para el tratamiento y cobertura de las mismas, lo que no implica que el aludido vertimiento de las aguas residuales al caño el Cocuy se haya producido.

Además, que el proyecto en ejecución incluyó la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras para el alcantarillado, en la actualidad no se cuenta con la existencia de la respectiva, planta, pero ya se está adquiriendo.

No le asiste razón al accionante para advertir la presencia de un daño ecológico y ambiental por la ejecución de la obra de alcantarillado.

Departamento del Meta

El departamento del Meta intervino en el proceso para solicitar que se denieguen las pretensiones de la demanda. Al efecto, manifestó, en resumen, lo siguiente:

No es la entidad llamada a verificar si las obras han cumplido todos los requisitos para poder ser ejecutada pues esta demanda nada tiene que ver con la obra sobre la cual se basan los hechos denunciados.

No existe disposición legal que le permita constreñir al ente territorial para exigirle el cumplimiento de una obligación que para el caso presente, como el mismo accionante lo afirma, está en cabeza del municipio; por tal razón solicitó declarar probadas las excepciones propuestas y en consecuencia liberar de toda responsabilidad a su representada.

Contestación de la Corporación Regional de la Orinoquia (Corporinoquia)

La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia intervino en el proceso para solicitar que se denieguen las pretensiones de la demanda. Al efecto, manifestó, en resumen, lo siguiente:

Contrario a lo que se aduce en los hechos de la demanda no solo dio trámite diligente a la queja que ante ella se presentó el día 5 de noviembre de 2002 sino que además realizó varias visitas con el fin de tener percepción directa del hecho denunciado con la suscripción del contrato a ejecutar.

Igualmente, el proyecto en cuestión a realizar no requiere licencia ambiental según lo contemplado en el Decreto 1728 de 2002, numeral 11, pero sí el permiso de vertimientos de tipo doméstico, el cual fue solicitado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio y tramitado según Auto Nº 130.05.756 del 11 de diciembre de 2002.

Finalmente, solicita que se declare que su representada no ha sido omisiva en sus funciones sino que por el contrario ha generado actuaciones que demuestran su vocación de cabal cumplimiento.

La Nación - Ministerio del Medio Ambiente

El Ministerio del Medio Ambiente intervino en el proceso para expresar que nada tiene que ver con la demanda. Al efecto, manifestó, en resumen, lo siguiente:

Señala que nada tiene que ver con las obras por las que se dicen haber vulnerado los derechos colectivos de los habitantes del sector en razón a que no es dicha entidad la que se encuentra ejecutando la obra en mención y además no es la autoridad ambiental competente dentro de esa jurisdicción para la protección y vigilancia de los recursos naturales renovables y el medio ambiente pues, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1728 del 2002 la entidad competente es la Corporación Regional de la Orinoquia (Corporinoquia).

La Nación Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transporte intervino en el proceso para expresar que nada tiene que ver con la demanda. Al efecto, manifestó, en resumen, lo siguiente:

Del análisis de los documentos aportados y de los hechos narrados en la demanda se desprende que ninguna de las declaraciones y condenas pretendidas son exigibles a cargo de su representada, luego se hace evidente, señalar una falta de legitimación en la causa por pasiva habida consideración de que el actor señala erróneamente que el Ministerio de Transporte es el propietario de algunos terrenos públicos donde se genera la amenaza a los intereses colectivos del medio ambiente sano y el equilibrio ecológico ya que sostiene que dichos predios hacen parte del proyecto de construcción de la Vía Villavicencio - Acacías, lo que no es cierta dado que la actualidad la entidad no es propietaria de ningún predio en la ubicación señalada, ni mucho menos es responsable de la ejecución presente o futura de obra alguna en dicha localización; es decir, no es causante directo e indirecto de la presunta amenaza.

II. La providencia impugnada

El a quo accedió a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:

Del análisis pormenorizado y detallado de todas y cada una de las pruebas allegadas al expediente pero principalmente del dictamen pericial, aparece que la proyectada obra del alcantarillado de aguas negras de las veredas Barcelona y el Cocuy fue fruto de la improvisación y ligereza tanto por parte de la administración municipal de Villavicencio, como de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio al punto que conforme consta en el oficio dirigido por el gerente de dicha entidad Corporación Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), el permiso de vertimientos solo vino a solicitarse el día 28 de noviembre de 2002, cuando el inicio de los trabajos se había previsto con bastante antelación, conforme consta en el acta de inicio de obra de octubre de ese mismo año, lo cual indica que fue precisamente la queja de los vecinos la que motivó el ejercicio de las obligaciones institucionales de dicha entidad.

Encontró el Tribunal Administrativo del Meta probado, de una parte, que los contratos aludidos se suscribieron sin haberse tramitado previamente el permiso de vertimientos ante la entidad ambiental competente y, de otra, que al menos el contrato de obra Nº 065 alude a la construcción de la obra civil e instalación de tubería, sin que los materiales requeridos para tal fin hubiesen sido previamente adquiridos por la entidad lo cual muestra de manera clara que además de la improvisación hubo cierta precipitud por parte de la administración en la ejecución de la obra.

Es el experticio rendido de manera detallada y concisa por el auxiliar de la justicia el que brinda a la Sala de manera concluyente una visión clara sobre los inconvenientes ambientales que generaría la ejecución del proyecto aludido. Basta repasar el capítulo III de dicho informe, para concluir que, en las actuales condiciones, resulta contraproducente y se atentaría contra el medio ambiente y el ecosistema el proseguir con la construcción del alcantarillado de aguas negras de las veredas Barcelona y el Cocuy razón por la cual se ordenará el cierre definitivo de la obra, sin perjuicio de que si en un futuro las entidades comprometidas en el asunto den cabal cumplimiento a los requerimientos legales, pueda ser viable su ejecución.

El a quo en su parte resolutiva ordenó a la administración municipal de Villavicencio y a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, —EAAV— el cierre definitivo de la obra construcción del Alcantarillado de Aguas Negras de la vereda Barcelona y "el Cocuy" y a Cormacarena efectuar visita de inspección a la finca Hacaritama donde se encuentra ubicada la laguna del mismo nombre con el fin de evaluar y adoptar las medidas técnicas conducentes a recuperar el caudal de dicha fuente hídrica para lo cual deberá requerirse a las personas y autoridades comprometidas en dicha tarea.

III. Fundamentos de la impugnación

El municipio de Villavicencio manifestó su inconformidad con la decisión y expuso como argumentos de impugnación los siguientes:

1. La actuación de la administración municipal estuvo enmarcada en atender las necesidades expresadas por las comunidades de las veredas Barcelona y el Cocuy en distintas comunicaciones y quienes presentaron proyecto al banco de programas del municipio, con el fin de construir las redes de alcantarillado.

2. La contratación realizada por el municipio de Villavicencio, no vulneró los derechos al medio ambiente sano de los quejosos, por cuanto las obras a desarrollar consistían en la primera etapa de la construcción del sistema de alcantarillado o vertimiento de aguas servidas que no requería permisos de las entidades competentes.

3. Constituye grave situación para la comunidad del sector, el no contar con un sistema para la recolección de aguas servidas y seguir careciendo de una planta de tratamiento de aguas. Dicha circunstancia fue la que pretendió remediar la administración municipal al contratar las obras enunciadas en este proceso.

4. El sistema de recolección de aguas negras, se daría en uso a la comunidad tan solo cuando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, pusiera en funcionamiento la planta de tratamiento de las aguas.

5. El permiso otorgado a la EAAV por la Corporación Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), para el vertimiento de las aguas negras, constituyó la aprobación técnica para desarrollar la construcción en su segunda y tercera etapa en relación al sistema de vertimiento de aguas negras, construcción de colectores y demás.

6. El fallo desconoció los efectos y el valor probatorio de las pruebas allegadas en forma legal y oportuna.

7. Respecto de los conceptos técnicos se expresó en forma clara y evidente la amenaza y el riesgo que constituye la carencia de infraestructura técnico sobre los derechos colectivos invocados.

8. Si el magistrado ponente determinó que no se encontraban probadas las pretensiones debió decretar pruebas de oficio para aclararlas.

9. La posición de la entidad demandada a través de su apoderado y representante legal no objetaron ni desvirtuaron los conceptos técnicos convirtiéndose en una aceptación.

IV. Consideraciones de la Sala

La Sala procederá a revocar el numeral segundo de la providencia impugnada y a confirmar en todo lo demás, de conformidad con las siguientes razones:

Las acciones populares consagradas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política y reglamentadas por la Ley 472 de 1998, tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio, o un daño contingente por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, cuando ellos actúen en desarrollo de funciones administrativas, para lo cual debe tenerse en cuenta el carácter eminentemente altruista de este tipo de acciones, pues dicha protección busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico de forma rápida y sencilla para la protección de los derechos que los afectan en común, estando así legitimados los directamente afectados, quienes teniendo como fin esa protección lo hacen sin perseguir en ello un lucro.

A folio 3 obra registro fotográfico del caño aguas limpias el Cocuy y las obras que la administración del municipio de Villavicencio adelanta para la construcción del alcantarillado del asentamiento rural el Cocuy donde se observa el vertimiento de aguas servidas al caño el Cocuy.

A folio 29 se encuentra copia del contrato de obra pública de 31 de noviembre de 2001 construcción del alcantarillado de aguas negras en la vereda Barcelona - Cocuy primera etapa del municipio de Villavicencio.

A folio 134 obra contrato de obra Nº 065 de 2002, construcción del alcantarillado de aguas negras de la vereda Barcelona - Cocuy segunda etapa del pago.

A folio 50 obra concepto de Corporación Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) sobre la Queja Nº 130.09.02273 del 20 de noviembre de 2002 en donde señaló:

“Practicada la visita y bajo las observaciones y testimonios recogidos se puede establecer lo siguiente:

En la vereda Cocuy, sector Barcelona, se ha venido adelantando la construcción de un sistema de alcantarillado para conducir y verter las aguas negras del caserío en el caño Cocuy; proyecto que aparentemente no fue socializado con la comunidad, ni tampoco ha sido presentado a la corporación e iniciado trámite alguno para la obtención de los permisos ambientales correspondientes (resaltado de la Sala).

El registro fotográfico que se anexó a la denuncia es prueba fehaciente de que las aguas negras serían conducidas al caño Cocuy directamente, sin tratamiento previo alguno, lo cual contraviene la normatividad ambiental vigente.

Dado lo anteriormente expuesto, se recomienda lo siguiente:

1. Requerir al gobierno municipal de Villavicencio, el suspender la construcción del sistema de alcantarillado de la vereda el Cocuy hasta tanto no se Inicie transites legales del orden ambiental y se obtenga las respectivos permisos ambientales para el vertimiento de aguas residuales, señalados en el Decreto 1594 de 1984.

2. Requerir a la junta de acción comunal de la vereda el Cocuy para que presente a la corporación los documentos legales, por medio de los cuales se dio viabilidad al proyecto de construcción del alcantarillado de la vereda, por parte del gobierno municipal de Villavicencio. Así mismo, para que haga llegar a la corporación copia del proyecto con sus etapas y sistema de tratamiento de aguas residuales a adoptar, entre otros aspectos”.

A folio 226 se encuentra la Resolución 130.15.03.107 de 12 de junio de 2003 de Corporación Regional de la Orinoquia (Corporinoquia) que resuelve:

“ART. 1º—Otorgar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, ESP, permiso de vertimientos de agitas residuales domésticas, con un caudal de 0.86 lts/seg, para el sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de la vereda Barcelona - Cocuy, siendo la fuente receptora el Caño Cocuy ubicado en la vereda Barcelona - Cocuy, jurisdicción del municipio de Villavicencio, departamento del Meta. Localizándose el punto de vertimiento de las aguas coordenadas Nº 4º 02''29.30” E 73º 36'' 07.94” altura de 418 msnm.

ART. 2º—El presente permiso es otorgado previo tratamiento de las aguas residuales domésticas, mediarle el sistema aeróbico de lodos activados, dicho sistema deberá estar a una distancia mínima de 70 metros de cualquier vivienda o núcleo de residencia.

ART. 3º—El permiso de vertimientos se otorga por el término de cinco años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo”.

A folio 431 se encuentra la solicitud hecha por la alcaldía de Villavicencio sobre vertimientos de tipo doméstico para desarrollar la construcción del alcantarillado de aguas negras de la vereda Barcelona el Cocuy del 28 de noviembre de 2002.

A folio 513, obra informe técnico del sistema de alcantarillado para la vereda Barcelona - Cocuy presentado por el ingeniero Édgar Augusto Barbosa.

(...).

En primer lugar, quedó demostrado que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio contrató con el Ingeniero Javier Baquero Herrera la iniciación de las obras el 9 de mayo de 2002 (fl. 34) y tan solo hasta el 28 de noviembre de 2002 realizó la solicitud de vertimientos a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia (fl. 431).

El actor presentó la acción popular el 25 de noviembre de 2002 por lo que queda demostrado que tal acción se presentó ante daño ecológico alegado, además que no quedó probado en el expediente ni existe prueba de la cual se pueda deducir que la administración municipal haya intentado remediar el daño causado.

Que Corporinoquia se pronunció sobre la Queja Nº 130.09.02273 del 20 de noviembre de 2002 señalando que

“En la vereda Cocuy, sector Barcelona, se ha venido adelantando la construcción de un sistema de alcantarillado para conducir y verter las aguas negras del caserío en el caño Cocuy; proyecto que aparentemente no fue socializado con la comunidad, ni tampoco ha sido presentado a la corporación e iniciado trámite alguno para la obtención de los permisos ambientales correspondientes (Resaltado de la Sala)”.

Además de ello, del material fotográfico obrante en el proceso se observa el daño ambiental que resultó del vertimiento de las aguas negras sin un debido tratamiento.

De las pruebas obrantes en el expediente la Sala, concluye que las entidades demandadas deberán realizar las obras de construcción de la planta de aguas servidas cumpliendo con las especificaciones técnicas y ambientales descritas por el perito en la experticia obrante a folio 582 para ello deberán hacerse el cerrarse la construcción del alcantarillado de aguas negras de las veredas Barcelona y el Cocuy mientras se concluye la construcción de la planta de tratamiento.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio deberá adecuar el vertimiento de aguas residuales al sistema anteriormente utilizado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral segundo de la providencia impugnada, en su lugar ORDÉNASE realizar las obras de construcción de la planta de aguas servidas cumpliendo con las especificaciones técnicas y ambientales descritas por el perito en la experticia obrante a folio 582; para ello se procederá al cerramiento de la construcción del alcantarillado de aguas negras de las veredas Barcelona y el Cocuy mientras se concluye la construcción de la planta de tratamiento.

2. CONFÍRMASE en todo lo demás la providencia impugnada. Tercero: Comuníquese esta decisión al accionante y al accionado.

4. Envíese el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

Magistrados: Camilo Arciniegas Andrade—Olga Inés Navarrete Barrero—Gabriel E. Mendoza Martelo—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

__________________________________