Sentencia AP-74 de agosto 3 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. Acción Popular-074, ago. 3/2000

C.E. Olga Inés Navarrete Barrero

Actor: Francisco Javier Álvarez Díaz Granados

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 25 de mayo de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

a) El actor, el tipo de acción incoada y las pretensiones de la demanda.

Francisco Javier Álvarez Díaz Granados, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 472 de 1998, instauró demanda contra el Ministerio de Cultura, representado por el doctor Juan Luis Mejía Arango, persiguiendo las siguientes pretensiones:

1. Se profiera sentencia contra los ministerios de la Cultura y del Interior, gobernador del Magdalena, Alcaldía Distrital de Santa Marta y el director del Instituto Cultural del departamento del Magdalena, mediante la cual se les ordene preservar y conservar el archivo histórico, público y cultural de Santa Marta, el departamento del Magdalena y la República de Colombia, mediante métodos modernos y seguros de microfilmación, pantallas de lectura, pantallas fotocopiadoras, computadoras e índices adecuados y modernos.

2. Solicita igualmente, que se ordene a las entidades anteriormente mencionadas, se organice la hemeroteca y mapoteca, con el fin de que las personas interesadas puedan disponer de un fácil estudio y consulta.

3. Solicita que dicho centro cultural sea trasladado a un edificio seco, seguro y libre de insectos nocivos y patógenos que destruyen los documentos históricos y afectan la salud de los consultantes.

b) Los hechos de la demanda.

Ellos son, en síntesis, los siguientes: (fls. 1 al 13).

1. La ciudad de Santa Marta, la más antigua de Colombia, fundada por Rodrigo de Bastidas el 29 de julio de 1525, no merece la suerte que se expone en los siguientes numerales.

2. El archivo histórico, público y cultural de Santa Marta, Magdalena, y de la República de Colombia, se encuentra seriamente amenazado por las precarias condiciones de preservación, debido, principalmente, a la desidia de los gobernantes tanto municipales, departamentales, como nacionales y de las autoridades encargadas directamente de su conservación, que impiden a ésta y a las futuras generaciones el estudio y consulta.

3. Los archivos se encuentran en grave deterioro por la forma inadecuada, irresponsable e incierta en que se conservan. De ellos precisa que en la alcaldía distrital de Santa Marta, ubicada en el antiguo edificio de la gobernación el archivo público histórico cultural no existe y el poco que existe se encuentra en precarias y pésimas condiciones de conservación; en la gobernación del Magdalena los archivos público-histórico-culturales, se encuentran amontonados en salón húmedo y desprovisto de un adecuado mantenimiento que permita su fácil estudio y consulta. Y finalmente, los archivos públicos históricos culturales del instituto de cultura, por estar éste ubicado en un vetusto edificio, es notable la presencia de humedad y las condiciones precarias en que se encuentra a pesar de ser llamada biblioteca pública.

c) Los derechos e intereses colectivos citados como vulnerados o amenazados.

Se infiere del escrito de la demanda que el derecho e interés colectivo que se pretende proteger, es la defensa del patrimonio cultural de la Nación, a que se refieren los artículos 4º, literal f), de la Ley 472 de 1996 y 72 de la Constitución Política.

d) Entidades públicas responsables según el actor.

Manifiesta el actor, que conforme a los hechos descritos y que motivan esta acción popular, son consideradas responsables de la vulneración de derechos e intereses colectivos de la población en cuyo factor se ejercita esta acción, la República de Colombia, el Ministerio de Cultura, Ministerio del Interior, la gobernación de Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta.

e) Las razones de la defensa.

Las distintas entidades citadas como responsables de la vulneración al derecho colectivo en mención, manifestaron sus oposiciones de la siguiente manera:

1) Mediante apoderado, el Ministerio del Interior dio contestación a la demanda instaurada, en los siguientes términos:

1. En cuanto a las políticas para determinar la función de establecimiento y dirección para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la Nación, ésta fue asignada mediante Ley 80 de 1989 al Archivo General de la Nación.

2. Ahora, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 397 de 1997, de dicha función estaba encargado el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior, a través del Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional puesto que, de conformidad con el Decreto 372 de 1996, artículo 3º, el Archivo General de la Nación se encontraba adscrito a dicho ministerio.

3. Mediante el Decreto 1126 de 1996, se reestructuró el Ministerio de Cultura, y el Archivo General de la Nación quedó adscrito a dicho ministerio, con la función de proteger y preservar el patrimonio bibliográfico, hemerográfico y documental de la Nación; se entiende, por lo tanto, que se radicó tal labor en dicha entidad.

4. Señala que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 80 de 1989, es imperativo para todas las entidades públicas, tanto del orden nacional como regional y local, observar las directrices trazadas por el Archivo General de la Nación en materia del establecimiento y organización del sistema nacional de archivos, el cual reviste el carácter de programa especial, señalando los artículos 7º, 20, 21 y 40 del reglamento general de archivos (acu. 7/94) como los que radican la responsabilidad y subordinación de la entidad a tales directrices.

5. De conformidad con el artículo 144, numeral 3º, y 164 del Código Contencioso Administrativo, y 97 del Código de Procedimiento Civil, propuso como excepción la falta de legitimidad en la causa por pasiva, puesto que la función de fijar las políticas de conservación y uso adecuado del patrimonio documental de la Nación, corresponde es al Archivo General de la Nación, adscrito al Ministerio de Cultura; señalando que en los procesos ante lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, la Nación estará representada por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

2) Mediante apoderado, el Ministerio de Cultura dio respuesta a la acción popular instaurada, argumentando:

1. Frente a los hechos fácticos, se reconoce todo el interés del accionante en pro de la conservación y mantenimiento de los documentos históricos de la Nación y en este caso de Santa Marta e igualmente es loable que se proceda a implementar a las entidades correspondientes los mecanismos para llevar en forma oportuna y adecuada dicha función preservadora.

2. Frente a la acción judicial solicitada, y para que los documentos mencionados sean protegidos, se debe tener en cuenta que:

• La Ley 80 de 1989, creó el Archivo General de la Nación y, con él, la función de crear las políticas para organizar la conservación y uso del patrimonio documental de la Nación; igualmente el Decreto 1777 de 1990, establece las categorías de los archivos oficiales, de acuerdo al principio de autonomía establecido en la Constitución Política.

• Señala igualmente que de conformidad al artículo 7º del anteriormente mencionado la subordinación de los archivos del sector público está dada frente a las entidades en cuya estructura se encuentran ubicados.

3. Se opone a las pretensiones principal y accesoria que pretende el accionante y expone que, de conformidad con las normas vigentes, no es competencia de dicho ministerio el cuidado y mantenimiento de los documentos expuestos por el accionante por ser éstos de exclusiva injerencia, cuidado y preservación de las entidades correspondientes al nivel departamental y distrital, respectivamente, por tratarse de archivos históricos específicos.

4. Aduce que dicho ministerio, es un definidor y ejecutor de las políticas gubernamentales en materia de desarrollo cultural-social; encargado de formular, coordinar, ejecutar y vigilar las políticas del Estado en la materia, su concordancia con los planes y programas de desarrollo, según los principios de participación contemplados en la ley de cultura, y que, por ende, en nada se ocupa al caso en concreto, pues son materia y competencia exclusiva de los entes territoriales correspondientes.

3) Mediante apoderado el departamento del Magdalena, manifestó frente a la acción instaurada:

1. En el edificio donde funciona la alcaldía distrital de Santa Marta, existe en el segundo piso un lugar donde están debidamente organizados y refraccionados los documentos emanados directamente del departamento como son los decretos, ordenanzas, resoluciones, a cargo de funcionarios de la administración departamental.

2. Con el fin de propender por la conservación de dicho lugar, la administración realizó el contrato de obra 185 el 24 de diciembre de 1997, recibiendo a satisfacción dichos trabajos el 24 de marzo de 1998; por consiguiente las afirmaciones del accionante no son verdaderas.

3. En cuanto a los archivos que se encuentran en las instalaciones del instituto de cultura, se encuentran debidamente organizados y conservados; las instalaciones del dicho establecimiento se encuentran totalmente restauradas y prestan un buen servicio como biblioteca al público; los encargados de dicha función son empleados totalmente capacitados para las mismas. Igualmente los libros que allí se encuentran están organizados por materias en estantes que los protegen de cualquier insecto y, es más, en dicho lugar no se presentan problemas de humedad.

4. En busca de un plan cultural de envergadura, se solicitó la participación de los particulares, con lo cual se creó la corporación San Juan de Dios, con el fin de organizar la conservación y funcionamiento de los bienes que forman parte del patrimonio cultural el Magdalena y de la Nación, entre ellos las antiguas instalaciones del Hospital San Juan de Dios. Dicha corporación fue creada el 10 de septiembre de 1999 con la participación, entre otros, de la gobernación del Magdalena, la alcaldía distrital de Santa Marta y la empresa de acueducto y alcantarillado de Santa Marta; para el desarrollo de dichas obras, como para la organización del archivo histórico del Caribe, se asignarán las partidas correspondientes.

5. Igualmente se presentó un proyecto al Ministerio de Cultura, para la recuperación, conservación y puesta en marcha del archivo histórico del Caribe, el cual fue aprobado, y del que se espera una primera partida en los próximos días por un valor de $ 1.000.000.000.

6. Por la importancia que tienen para una entidad los documentos que ella expide, se han venido desarrollando todas estas actividades en pro de la conservación de tales archivos, a lo cual hay que sumarle el gran interés que ha presentado frente a este tema la administración departamental en cabeza del doctor Juan Carlos Vives Menotti.

4) Mediante apoderado, el Archivo General de la Nación manifestó frente a la acción instaurada:

1. Si bien, institucionalmente tiene el imperativo legal de fijar las políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la Nación, la responsabilidad de proteger, conservar y administrar su patrimonio documental recae en las entidades públicas en cuya estructura orgánica se encuentran ubicados dichos archivos.

2. Por lo anterior, no le cabe razón alguna al accionante para afirmar que ha existido desidia por parte del Estado y de esta institución en la expedición de diagnósticos, formulación de políticas, reglamentos y asistencia directa para entrenar y tecnificar a los funcionarios del archivo de Santa Marta sobre los métodos apropiados para preservar y conservar el patrimonio documental ubicado en dicha municipalidad.

3. Esta entidad fue creada mediante Ley 80 de 1989 y adscrita al Ministerio de Cultura, mediante Decreto 1126 del 29 de junio de 1999; así, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 80, ha brindado servicios de asesoría técnica y de capacitación, emprendiendo una acción coordinadora de las instituciones archivísticas del orden departamental y local, como también ha realizado labores precisas con los funcionarios responsables del manejo y administración del archivo histórico del Magdalena Grande, gestión realizada dada la importancia para el patrimonio cultural de la Nación de esta entidad.

4. Señala, que en dicha gestión de acercamiento ha mantenido respetuosamente los límites estatuidos en los artículos 287, 300, modificado por el artículo 28 del Acto Legislativo 1 de 1996, y 313 de la Constitución Política, en cuanto a la administración de los recursos y asuntos de las entidades territoriales autónomas.

5. La política archivista esta orientada a procurar la salvaguardia, incremento, conservación y difusión del patrimonio documental del país como parte fundamental del patrimonio cultural de la Nación; así entonces, en la medida de sus posibilidades, asesora y sensibiliza a funcionarios y público, en general, para la mejor conservación de dicho patrimonio.

6. Mediante la prestación de servicios de asistencia técnica y de capacitación y el desplazamiento de funcionarios de esta entidad a la ciudad de Santa Marta, en los años de 1993, 1996 y 1997, se realizaron a los funcionarios del archivo histórico del Magdalena, recomendaciones y políticas archivísticas. Igualmente, se realizó una inspección ocular de las instalaciones, sus condiciones físicas y ambientales, de todo lo cual se entregó por escrito un informe a los directivos de dicho archivo como también los planes que se podían elaborar para la organización de actividades concretas tendientes a la conservación técnica del lugar y de los archivos, políticas todas ellas formuladas por esta entidad.

7. Dentro de las funciones que cumple el Archivo General de la Nación, no existe ningún mandato que implique arbitramento de recursos presupuestales, construcción de infraestructura física y participación directa en la selección, escogencia, nominación o designación de directores de los archivos que conforman el universo archivístico del país.

f) La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas, a la demanda se le dio el trámite previsto para las “acciones populares”, de acuerdo con lo consagrado en la Ley 472 de agosto 5 de 1998.

Por auto de septiembre 28 de 1999, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, admitió la demanda y ordenó la notificación personal al Ministro de Cultura, Ministro del Interior, gobernador del Magdalena, alcaldía distrital de Santa Marta y al director del instituto cultural del departamento.

Mediante auto de noviembre 25 de 1999, citó a las partes y a sus apoderados para audiencia especial el día 10 de diciembre de 1999 y se tuvo como coadyuvantes de dicha acción, a los señores Rafael Amézquita, Elena Salazar, Yamil Tannus y Jaime Villanueva.

Por auto de diciembre 10 de 1999, se dio por concluida la audiencia especial, la cual se declaró fallida en consideración a que no asistieron el gobernador del departamento del Magdalena y el alcalde del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta y se ordenó remitir copias a la Procuraduría General de la Nación, centro de atención al público, para efectos de la investigación y posterior sanción de las partes que no asistieron a la diligencia.

Por auto de diciembre 12 de 1999, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 472 de 1998, se decretó la práctica de pruebas de oficio.

Por auto de abril 7 de 2000, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión, según lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 472 de 1998.

II. La sentencia de primera instancia

Señala, en primer lugar, que dicha corporación sí es competente para conocer de esta acción puesto que al proceso se vincularon entidades del orden nacional que tienen su domicilio en Santafé de Bogotá.

La acción no está llamada a prosperar, por no encontrar probados los fundamentos de hecho aducidos por el demandante, tal como se prueba mediante la diligencia de inspección judicial realizada por el Tribunal Administrativo del Magdalena a las instalaciones del archivo histórico, público y cultural de Santa Marta. En el acta de la diligencia, se informa que las instalaciones del archivo se encuentran en óptimas condiciones, los actos administrativos que se profirieron por parte de los diversos entes que conforman el distrito de Santa Marta, se encuentran debidamente empastados y empotrados en estantes en buen estado; así mismo, que se encuentran organizados dichos documentos por orden cronológico. El lugar cuenta con un sistema de aire central óptimo, lo que permite la conservación de la documentación allí archivada.

Puesto que la práctica de la prueba anteriormente señalada fue decretada de oficio y no solicitada por la parte actora, quien debía señalar con precisión el lugar en que se debían verificar los hechos, no encontró procedente la ampliación de la misma, como lo solicitó el demandante en su escrito de alegatos de conclusión.

Debe tenerse en cuenta que el departamento del Magdalena, ha realizado obras tendientes a mejorar el manejo y conservación de sus archivos, tal como se desprende del contrato de obra 185 de diciembre de 1997 y cuya copia fue aportada al expediente, y que ascienden a la suma de $ 10.798.110.16.

Señala igualmente, que la gobernación ha destinado partidas por $ 2.375.000.000, aprobadas mediante ordenanza 8 de mayo de 1998, para la organización del archivo histórico del Caribe, y que se presentó proyecto para la recuperación, conservación y organización del archivo histórico del caribe colombiano, el cual fue aprobado por el Ministerio de Cultura, realizando un primer desembolso por $ 1.000.000.000, con lo cual se están haciendo los estudios y contratos necesarios para su ejecución.

Igualmente, la alcaldía distrital de Santa Marta, a través del jefe de archivo y correspondencia, ha adoptado políticas para la consecución de los fines que exige el Archivo General de la Nación, lo cual muestra el interés, tanto de dicha corporación como de la gobernación, por el adecuado manejo y la conservación del archivo.

III. Los fundamentos del recurso

El accionante, inconforme con la decisión, expone como argumentos de impugnación los siguientes:

1. Hace en primer lugar un relato de todas las actuaciones surtidas en el proceso ante el tribunal, para determinar la procedencia de la acción y sostener su argumento frente al cual las entidades estatales demandadas han sido negligentes en el cumplimiento a cabalidad de sus funciones en pro de la conservación, mantenimiento y cuidado de los archivos nacionales, destacando el archivo histórico de la ciudad de Santa Marta.

2. Afirma que los antecedentes procesales mencionados por él en el escrito de impugnación, permiten concluir que:

• Es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la encargada de conocer la acción instaurada.

• Hay legitimación en la causa por pasiva, en cuanto debían ser convocados al proceso los ministerios del interior y de cultura, el establecimiento público “Archivo General de la Nación", y las entidades territoriales del departamento del Magdalena y el distrito de Santa Marta.

• Las pretensiones de la demanda se concretan a que por medio de sentencia de mérito se ordene la realización de las conductas necesarias para la prevención, conservación, mantenimiento y cuidado del archivo.

• No puede afirmarse que los fundamentos de hecho de la demanda no se encuentren probados, cuando la realidad probatoria existente es otra.

• En primera instancia no se revisó la totalidad de los documentos probatorios, arguyendo que la solicitud de la práctica de la inspección judicial no fue solicitada por la parte actora de la demanda.

• De conformidad con el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, la carga de la prueba corresponde a la parte demandante, sin perjuicio de que de oficio puedan ser decretadas las pruebas, evento en el cual el juez debe solicitar todas las pruebas que sean necesarias para obtener la verificación de los hechos; si dicha oficiosidad no se lleva a cabo no le es dable al a quo decir que la demanda no está llamada a prosperar, por cuanto los fundamentos de hecho de la demanda no se encuentran probados. Lo anterior permite determinar que el juzgador se sustrajo de un deber legal establecido en el artículo 37 numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, al no utilizar los poderes conferidos en materia de práctica de pruebas.

• Dentro del fallo impugnado no se observa que el juez haya impulsado la acción oficiosamente como le corresponde, dado el carácter preventivo de la acción popular y el interés colectivo, y no personal o privado, que pretende defender el demandante con ésta.

• Las obras que el departamento de magdalena ha realizado para mejorar el manejo y la conservación del archivo, no se han llevado a cabo, hecho que no se verificó con la inspección judicial.

• Finalmente, solicita se oiga en interrogatorio al señor Arturo Bermúdez Bermúdez, ilustre galeno, dados los comentarios que éste realizó frente al caso en comento.

IV. Consideraciones de la Sala

Para el análisis del caso, varias son las consideraciones que de manera previa debe hacer la Sala en relación con los hechos que se debaten dentro de la presente actuación:

1. Concepto de derechos colectivos o difusos

Para alguno existe similitud conceptual entre derechos e intereses difusos y colectivos; para otros existen diferencias.

El interés o derecho difuso es el correspondiente a un grupo de personas que ante la inminencia de un daño o ante la presencia del mismo, deciden pedir protección jurisdiccional.

Respeto de los derechos colectivos, éstos se encuentran preestablecidos; la distinción entre unos y otros se basa sólo en la procedencia de la asociación de los afectados o amenazados.

En algunos países la distinción entre derechos colectivos y difusos tiene por objeto definir ante quien hacer el reclamo; ante la jurisdicción ordinaria si se trata de derechos difusos, o ante la contencioso administrativa si se refiere a los colectivos.

Para algunos, los derechos difusos son una especie del género derechos colectivos, porque estos últimos se refieren a un grupo indeterminado o no organizado como tal.

En nuestro país, la Constitución de 1991 no hace referencia a los derechos difusos, pero ello no significa que se hayan excluido de nuestra normatividad.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-215 de abril 14 de 1999, mediante la cual resolvió la demanda incoada respecto de algunos apartes de la Ley 472 de 1998, que desarrolló el artículo 88 de la Constitución Política, dijo al respecto: “cabe anotar que la Constitución Política de 1991 no distingue, como lo hace la doctrina, entre intereses colectivos e intereses difusos, para restringir los primeros a un grupo organizado y los segundos a comunidades indeterminadas, pues ambos tipos de intereses se entienden comprendidos en el término “colectivos”. Las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos colectivos y, por lo mismo, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra un daño a un derecho o interés común, sin más requisitos que los que establezca el procedimiento regulado por la ley”.

“El interés colectivo se configura, en este caso, como un interés que pertenece a todos y a cada uno de los miembros de una colectividad determinada, el cual se concreta a través de su participación activa ante la administración de justicia, en demanda de su protección”.

Planteado lo anterior, pueden señalarse como características de los derechos e intereses colectivos o difusos, las siguientes:

1. Son derechos de solidaridad.

2. Existe una doble titularidad en su ejercicio: individual y colectiva.

3. Exigen una labor anticipada de protección, ya que no es dable esperar se produzca el daño.

4. Son derechos puente entre lo público y lo privado.

5. Exigen nuevos mecanismos de implementación y nuevos sujetos de tal implementación.

6. Son de carácter participativo, pues exigen la definición de los niveles de riesgo permitido dentro de los cuales pueden ejercerse actividades productivas socialmente peligrosas.

7. Tienen carácter de abiertos y conflictivos, pues corresponden a la evolución política y social, e implican transformaciones y limitaciones a la libertad de mercado.

De otro lado, la legitimación para actuar, en estos casos, está dada por medio de acciones populares o de clase, a través de los llamados defensores del pueblo u ombudsman, de las organizaciones representativas de intereses comunitarios debidamente reconocidas, con el criterio amplio e indefinido que habilita para ejercer la acción al “afectado”, y que se traduce en el interés del pueblo (usuario) por la preservación del medio ambiente.

Siempre se instauran para la protección de los llamados derechos colectivos, por lo que no es necesario que el daño efectivamente se se haya causado; su finalidad puede consistir en hacer cesar el peligro que afecta, en principio, a la comunidad. Pueden ser, por lo tanto, de naturaleza preventiva o restitutorias del statu quo.

En el caso en estudio, el accionante pretende que el funcionario judicial dé una orden para la realización de las conductas necesarias para la prevención y conservación del archivo histórico, público y cultural de Santa Marta, del departamento del Magdalena; es decir, la acción intentada tiene como objeto la protección al derecho colectivo de defensa del patrimonio histórico, que debe ocupar a toda generación presente en aras de respetar su pasado y de recordar sus raíces.

El artículo 9º de la Ley 472 de 1998 consagra las acciones populares contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos o intereses colectivos, y en el artículo 2º se les define como los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos que se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos o intereses colectivos, o restituir las cosas al estado anterior cuando ello fuere posible.

Por lo anterior, está legitimada para su ejercicio, toda persona natural o jurídica; las organizaciones no gubernamentales; las organizaciones populares como los partidos políticos, cívicas o de índole similar; las entidades públicas que cumplen funciones de control o vigilancia, como las superintendencias, en este caso, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción u omisión; razón por la cual el accionante no tiene por qué explicar la razón del ejercicio de la acción.

2. Ahora, de conformidad con la Ley 80 de 1989 y el Decreto 1770 de 1990, la entidad encargada de la obligación para mantener el archivo público histórico y cultural de Santa Marta es la institución archivística del orden departamental y municipal de Santa Marta y Magdalena, bajo la vigilancia del Archivo General de la Nación, quien debe, mediante políticas, fomentar, organizar, promover y proponer de recursos técnicos y de capacitación a dichas entidades, medidas que fueron tomadas en el presente caso como obra dentro el expediente, y sus funcionarios. El capítulo IV, artículos 14 al 18, del Decreto 1770 de 1990, establece el sistema nacional de archivos, organizado por el Archivo General de la Nación, el cual tendrá coordinadores regionales que cooperarán con la elaboración y puesta en práctica de las normas profesionales, así como para el estudio, ejecución y evaluación de la política archivística.

Es preciso señalar, igualmente, que las políticas establecidas por el director del Archivo General de la Nación, establecerán la organización adecuada para el desarrollo del sistema nacional de archivos, teniendo como criterio la centralización normativa y la descentralización administrativa y operativa, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 1777 de 1990.

3. En el caso en estudio, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta señaló que el departamento de Magdalena y al alcaldía distrital de Santa Marta, estaban adelantando gestiones tendientes a mejorar el manejo y conservación de sus archivos, mediante realización de contratos de obra y la expedición de ordenanzas, destinando partidas importantes de su presupuesto para el desarrollo de tales obras. En igual forma, se adelantaron proyectos para la recuperación, conservación, organización del archivo histórico del Caribe, aprobados por el Ministerio de Cultura obteniendo el apoyo económico por parte de la entidad.

Para el logro de los fines señalados por el Archivo General de la Nación, el jefe de archivo y prensa de la alcaldía, informó que se han venido adelantando políticas, con énfasis en la conservación preventiva y mantenimiento documental adecuado en el archivo público histórico cultural de Santa Marta.

4. El impugnante en el escrito de impugnación, manifiesta que de conformidad con el trámite procesal que se le dio respectiva acción en el tribunal, dicha corporación se abstuvo de cumplir con los poderes que la ley le confiere al juez en materia probatoria, al no decretar la práctica de las pruebas tendientes a verificar la veracidad de los hechos objetos de la demanda. Arguye que el principio defectuosidad de que goza el juez, según lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, numeral 4º, igualmente le entrega la función de impulsar de oficio una acción de carácter preventivo, como es la acción popular y por ello, va en contravía de lo señalado por la Ley 472 de 1998 y el artículo 88 de la Constitución Política, la actitud del a quo.

Asegura, que si bien el departamento del Magdalena ha realizado gestiones para conseguir la conservación y preservación del archivo, dichas obras no se han realizado y, por lo tanto, el informe se obtuvo en la diligencia de la inspección judicial no concuerda con la realidad, mas cuando en el lugar donde se llevó a cabo la práctica de dicha diligencia, no funciona el archivo en comento.

Afirma, finalmente, luego de hacer una descripción del proceso surtido ente el tribunal, que la normas locales o que tienen alcance nacional, debían agregarse al proceso en copia auténtica o a solicitud de parte; esto para referirse a la afirmación hecha por el apoderado de departamento del Magdalena frente a la ordenanza 8 de mayo de 1998, que dispuso un presupuesto de $ 2.375.00.000 para el logro de los fines propuestos por el Archivo General de la Nación.

La Sala al respecto del fundamento de la impugnación, encuentra que, aunque no se desconoce la veracidad de las afirmaciones del impugnante en lo que atañe a la dificultad que se le ha presentado respecto de la investigación que sobre migración e inmigración en el archivo de Santa Marta, no lo es por lo menos que no puede concluirse de lo aportado, que la entidad encargada de la vigilancia y protección del archivo público, histórico y cultural de Santa Marta y Magdalena, ha adelantado las siguientes gestiones:

* Asesoría técnica y de capacitación con las entidades archivísticas del orden departamental y local, mediante el desplazamiento de los funcionarios del Archivo General de la Nación, medidas que debían se adoptadas por los responsables de la salvaguarda de dicho patrimonio.

* Labores encaminadas a la organización y fortalecimiento del archivo, con los funcionarios responsables del manejo del mismo.

* Estudios y análisis del estado de conservación del acervo documental y de las condiciones ambientales del lugar de ubicación del mismo, de la elaboración de los planes de trabajo para su organización del desarrollo de actividades concretas tendientes a la conservación técnica del archivo, todos ellos entregados al jefe del archivo histórico de Santa Marta y el Magdalena.

* Escrito suscrito por el director del Archivo General de la Nación, en el cual se exhorta al cumplimento de la legislación básica sobre archivos en Colombia, a los gobernadores, alcaldes y entidades públicas del orden departamental y municipal.

No puede decirse, entonces, que no se ha ordenado la preservación de los mencionados documentos, ni de las instalaciones donde se encuentra el archivo público, histórico cultural de Santa Marta y Magdalena, pues el Archivo General de la Nación, como ente organizador y de vigilancia de toda la actividad archivística nacional, y las entidades departamentales y municipales encargadas directamente del cuidado de dicho patrimonio documental, en desarrollo de los presupuestos establecidos dentro del sistema nacional de archivo en el Decreto 1777 de 1990, demostraron haber actuado en la medida de sus presupuestos, con el fin de preservar el pasado histórico.

No existe, por lo tanto, prueba alguna que indique que el derecho colectivo que se infiere del escritorio demanda presentado por el impugnante, esto es, la defensa del patrimonio cultural de la Nación, se encuentre vulnerado o amenazado, por el contrario, encuentra la Sala, que la actividad desarrollada por las entidades encargadas a nivel nacional como departamental de la preservación y cuidado del patrimonio documental de la Nación, responde a los criterios y fines establecidos por la Ley 80 de 1989 y el Decreto 1777 de 1990.

De manera que, la Sala confirmará la sentencia apelada porque dentro de la actuación se probó que el derecho colectivo cuya protección se solicitó, no aparece como amenazado o vulnerado por las autoridades en cargadas de su protección.

Por lo expuesto, la Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en Nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 3 de agosto del año 2000.

Magistrados: Juan Alberto Polo Figueroa, Presidente—Gabriel E. Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero—Manuel S. Urueta Ayola.

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