Sentencia C-071 de 2010: La terminación de los contratos de trabajo por la apertura del proceso de liquidación judicial dentro del régimen de insolvencia empresarial

Revista N° 160 Jul.-Ago. 2010

José Darío Acevedo Gámez 

Herrera Laboralistas Ltda. 

El pasado 10 de febrero la Corte Constitucional declaró exequible el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de de 2006, por medio del cual se permite a las empresas que lleguen a la instancia de liquidación judicial, dentro del régimen de insolvencia empresarial, terminar los contratos de trabajo sin necesidad de autorización administrativa o judicial, diferente a aquella que le imparta el juez del concurso, garantizando en todo caso el pago de la correspondiente indemnización de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo de Trabajo y asegurando, por demás, que los créditos derivados de obligaciones laborales y de seguridad social sean considerados como de primera categoría dentro de la escala de prelación de créditos conforme a la ley civil.

Demanda de constitucionalidad

El actor considera que permitir la terminación de los contratos de trabajo sin autorización previa del Ministerio de la Protección Social, así como impedir que la relación laboral se prolongue hasta que se verifique la inutilidad de las actividades desarrolladas por los trabajadores frente a la liquidación judicial y establecer que las acreencias laborales derivadas del proceso de liquidación se sometan a las reglas del concurso, vulneran el derecho al trabajo (art. 25), el debido proceso (art. 29), y los derechos mínimos fundamentales (art. 53), pues, estima que con la disposición demandada se desconoce al trabajo como elemento esencial de la sociedad, se menoscaba la garantía que impide incurrir al empleador en despidos colectivos y se le otorga a los trabajadores inmersos en tal situación el carácter de meros acreedores, concurriendo de esta forma dentro del proceso de liquidación con todos los demás que ostentan tal categoría.

Consecuencias jurídicas de la norma

Para la Corte Constitucional, de la norma acusada se desprenden cuatro consecuencias jurídicas:

(i) La terminación de los contratos de trabajo: Es una consecuencia connatural al hecho de que la empresa deje de funcionar como unidad de explotación económica, pues, desde el mismo momento en que entra en liquidación se encuentra en la imposibilidad de desarrollar su objeto social, toda vez que sus esfuerzos se ven involucrados al desarrollo de las actividades propias de la liquidación. En este punto es importante precisar que a la etapa de liquidación judicial tan solo se llega por el incumplimiento o fracaso de la etapa de reorganización que busca normalizar la situación de la compañía, etapa durante la cual, impera el principio de mantenimiento de los contratos de trabajo.

(ii) Pago de las indemnizaciones correspondientes de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo: La finalización de los contratos de trabajo derivada de la hipótesis que plantea la norma no tiene causa en una conducta reprochable al trabajador, por tal motivo, y en atención a que este no debe soportar las cargas de su empleador, la situación se asimila a una terminación unilateral de la relación laboral sin justa causa por parte del empleador, razón por la cual, es procedente el pago de la indemnización establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

(iii) Prescindencia de autorización judicial o administrativa: El juez del concurso es el encargado de declarar la terminación de los contratos de trabajo, una vez verifique el incumplimiento del acuerdo de reorganización, el fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración, o la configuración de cualquiera de las causales de liquidación judicial inmediata previstas en el artículo 49 de la Ley 1116 de 2006. Es decir, no es necesario el permiso de una autoridad administrativa o judicial previa o concurrente con la entrada en liquidación judicial; adicionalmente, se recuerda que una copia de la apertura a dicho proceso debe ser enviada al Ministerio de la Protección Social con el fin de garantizar el cumplimiento y pago de las obligaciones laborales.

(iv) La sujeción de las obligaciones derivadas de la finalización de los contratos laborales a las reglas del concurso, atendiendo las preferencias y prelaciones que correspondan: Enfatiza la Corte sobre este punto, al decir que las obligaciones laborales y pensionales se encuentran en primer grado de preferencia y prelación en la escala del pago de créditos dentro del proceso de liquidación de acuerdo con el artículo 2495 del Código Civil y las modificaciones introducidas al mismo con la Ley 50 de 1990, circunstancia que no constituye una vulneración de los derechos de los trabajadores y garantiza una especial protección a los mismos.

Juicio de constitucionalidad

Tres son las premisas que le sirven de sustento:

(a) La estabilidad laboral es relativa, por lo tanto puede verse reducida por la terminación unilateral del contrato, cuando para ello asisten motivaciones objetivas, sin atentar en todo caso, contra los postulados constitucionales de protección especial a ciertos sujetos, debido proceso y acceso a la justicia.

(b) La liquidación judicial, no puede ser un espacio para el desconocimiento o la vulneración de los derechos de los trabajadores, por tal motivo, es vital el reconocimiento de la prelación de los créditos de carácter laboral, sobre cualquier otra obligación.

(c) El reconocimiento de la regla general en cuanto a la prohibición de los despidos colectivos de trabajadores y la posibilidad de hacer despidos de esta naturaleza, previa verificación de la situación y los soportes presentados con la solicitud; aclarando que esta última, no es requerida, cuando la terminación de los contratos es el producto de una decisión judicial.

Del análisis de constitucionalidad, la Corte Constitucional, considera que la norma demandada no vulnera la Constitución y la declara exequible, fundamentalmente porque:

1. La terminación de los contratos de trabajo como consecuencia de la apertura de la etapa de liquidación judicial, no se debe a un capricho o determinación arbitraria del empleador, por el contrario, tal consecuencia está directamente relacionada con el fin perseguido por la norma, esto es la protección del crédito de los acreedores y el correcto aprovechamiento del patrimonio del deudor.

2. La calificación de los trabajadores como acreedores y la garantía del pago de sus créditos con la preferencia de la escala de créditos de las normas civiles, en lugar de constituir una vulneración de derechos, se trata de un mecanismo adecuado para el pago de las obligaciones laborales y de la seguridad social.

3. La norma no consagra un despido colectivo, pues, la terminación de los contratos de trabajo no proviene de una decisión unilateral del empleador, sino de la constatación que hace el juez del concurso, del cumplimiento de la situación de insolvencia e iliquidez de la empresa, por tal motivo, no se requiere de la autorización previa del Ministerio de la Protección Social.

En conclusión, las consecuencias jurídicas establecidas en el numeral 5º del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, se encuentran ajustadas a la Constitución, siempre y cuando, la terminación contractual por ella permitida traiga como consecuencia el reconocimiento de la correspondiente indemnización derivada de la terminación sin justa causa de los contratos de trabajo por parte del empleador, garantizando, así mismo, la prelación de los créditos originados en salarios, prestaciones e indemnizaciones; situaciones jurídicas que no necesitan de autorización previa proveniente de autoridad judicial laboral o administrativa del trabajo, pues, está dada por el juez del concordato, quien constata igualmente, el fracaso de la etapa de reorganización empresarial, el incumplimiento de acuerdo concordatario o el surgimiento de causales para acceder directamente a la liquidación judicial.

Hacia dónde vamos

Con la providencia analizada, la Corte da vía libre para el desarrollo ágil de los procesos de liquidación dentro del régimen de insolvencia empresarial, pues, estimula el cumplimiento de los fines específicos de la etapa de liquidación judicial, cuales son, la correcta utilización del patrimonio del deudor para el pago de las deudas de la empresa y la correlativa protección de los créditos de los trabajadores, así como también, dilucida las diferencias con respecto a la terminación de los contratos de trabajo frente a los despidos colectivos.

Aunque tangencialmente fue mencionado por la Corte Constitucional, de la parte motiva de la sentencia se colige, que en aras de proteger los derechos constitucionales de las personas que por su condición especial, merecen una protección reforzada, la norma tiene un alcance relativo, pues, en tales casos la autorización judicial o administrativa previa, sí será necesaria, lo cual, además de constituirse en un plan de ruta para los procesos de liquidación judicial futuros, es una alerta para que los organismos de control realicen una inspección pormenorizada de tales situaciones.