Sentencia C-010 de enero 17 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SALARIO INTEGRAL

EXENCIÓN TRIBUTARIA DEL FACTOR PRESTACIONAL

EXTRACTOS: «A continuación, se transcribe la norma acusada, subrayando el aparte demandado:

“Ley 50 de 1990

Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones

El Congreso de la República de Colombia,

DECRETA:

ART. 18.—El artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

ART. 132.—Formas y libertades de estipulación. (...).

2. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos”.

2. Lo que se debate. 

El argumento central de la demanda es este: según la demandante, la frase demandada viola el artículo 338, y concretamente el inciso primero de este. ¿Por qué? Porque “la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. Y, según la misma actora, la norma demandada permite al patrono y al trabajador fijar a su arbitrio el factor prestacional, siempre y cuando la fijación no sea inferior al treinta por ciento (30%) de diez salarios mínimos.

3. La frase demandada consagra una exención, no crea un impuesto. 

A primera vista aparece claro que la frase demandada consagra una exención, que es precisamente lo contrario de establecer un impuesto. Basta leerla: “El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos”.

¿Sobre qué parte del salario integral se establece la exención? Precisamente sobre el factor prestacional, que no puede ser inferior al treinta por ciento (30%) de diez (10) salarios mínimos legales.

Fácilmente se entiende que una cosa es “imponer contribuciones fiscales o parafiscales” y al hacerlo fijar directamente “los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos”, y otra, completamente diferente, establecer una exención al impuesto. Para hacer esto último basta señalar el ingreso que no está sujeto al impuesto. Que es, precisamente, lo que hace la frase demandada.

Por este primer aspecto, pues, se ve que no existe la supuesta violación del artículo 338 de la Constitución.

4. Por qué tampoco se quebrantan los artículos 150 y 154 de la Constitución. 

Aduce la demandante que la frase acusada quebranta el numeral 12 del artículo 150 de la constitución, porque se cede “en esta forma el poder impositivo del Estado a los particulares”.

Si se parte de la base de que, como se explicó, la frase demandada no establece un impuesto, sino que consagra una exención, es fácil ver la inconsistencia del cargo.

Y algo semejante cabe decir en relación con la supuesta violación del artículo 154, porque este “otorga en forma privativa al poder legislativo la facultad de decretar exenciones de impuestos”. Es evidente que fue el Congreso de la República el que aprobó la Ley 50 de 1990, de la cual forma parte la norma demandada.

De otra parte es claro que la Constitución no prohíbe a los patronos otorgar ventajas o trato favorable a los trabajadores. Lo que la Constitución prohíbe, y con razón, es precisamente lo contrario: menoscabar la libertad, la dignidad humana y los derechos de los trabajadores. Esto no pueden hacerlo la ley ni los acuerdos y convenios de trabajo.

5. Por qué no existe violación del artículo 95 de la Constitución. 

Se dice que la norma demandada viola el numeral 9º del artículo 95, porque es injusto que quienes puedan pactar y recibir el salario integral “se beneficien proporcionalmente de una mayor exención tributaria”.

Si se tiene en cuenta que la exención de impuestos sólo cobija el factor prestacional, el argumento pierde toda su fuerza. Hipotéticamente la comparación habría que hacerla sobre la parte gravable del salario, y no sobre las sumas o los componentes exentos.

Y, por análoga razón, no se ve por qué la norma acusada quebrante el artículo 363 de la Constitución. Pues no basta esgrimir una vaga acusación de iniquidad, que en últimas no está demostrada.

Y decir que si el factor prestacional se pacta en el 30% no hay inexequibilidad, pero sí la hay cuando se supera tal porcentaje, es tesis que no resiste el análisis. Cabe preguntarse: ¿Cuál sería el límite entre lo exequible y lo inexequible, en tratándose del mencionado porcentaje?

En relación con tal porcentaje, hay que recordar que al dictarse la Ley 50, se fijó en el treinta, teniendo en cuenta que las prestaciones que debía reemplazar representaban, en general, una proporción muy superior del salario que el trabajador recibe.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase exequible el numeral 2º, del artículo 18, de la Ley 50 de 1990, en el aparte que dice: “El monto del factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos”.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-010 de enero 17 de 1995. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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