Sentencia C-1004 de octubre 3 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1004 de 2005 

Ref.: expediente D-5740

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 223 (parcial) y 229 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.

Demandante: Carlos Andrés Vásquez Velásquez.

Bogotá, D.C., tres de octubre de dos mil cinco.

II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 30694 del veintitrés (23) de diciembre de 1961, y se destaca lo acusado:

LEY 141 DE 1961 

(Diciembre 15)

“Por la cual se adoptan como legislación permanente los decretos 2663 y 3743 de 1950.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(…)

CAPÍTULO II

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

(…)

ART. 223.—1. Las normas de este capítulo no se aplican:

a. A la industria puramente familiar, que es aquella en la cual solo trabajan el jefe de la familia, su cónyuge y sus descendientes.

b. A los trabajadores accidentales o transitorios.

c. A los talleres de artesanos que trabajando personalmente en su establecimiento, no ocupen más de cinco (5) trabajadores extraños a su familia. Si son seis (6) o más los trabajadores extraños a la familia del artesano, el taller entra en la clasificación de los artículos 224 a 226 según su capital.

d. Al servicio doméstico.

2. En las actividades mencionadas en el presente artículo, los patronos solo están en la obligación de prestar los primeros auxilios y suministrar el tratamiento y las medicinas de urgencia en caso de accidente de trabajo o ataque súbito de enfermedad profesional.

(…)

CAPÍTULO III

Auxilio monetario por enfermedad no profesional

(…)

ART. 229.—Excepciones. Las normas de este capítulo no se aplican:

a. A la industria puramente familiar;

b. A los trabajadores accidentales o transitorios;

c. A los artesanos que, trabajando personalmente en su establecimiento, no ocupen más de cinco (5) trabajadores permanentes extraños a su familia, y

d) A los criados domésticos, los cuales tienen derecho a la asistencia médica y farmacéutica corriente en caso de cualquier enfermedad y al pago íntegro de su salario en caso de incapacidad para desempeñar sus labores a consecuencia de enfermedad, todo hasta por un (1) mes.

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley.

Consideraciones preliminares

Inhibición respecto del cargo contra el artículo 223, literal b), del Código Sustantivo del Trabajo por carencia actual de objeto.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Agrega dicha disposición que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.

En desarrollo de este precepto superior, en virtud de la Ley 100 de 1993 se creó el sistema de seguridad social integral, que la misma define en su preámbulo como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

El artículo 8º de esta ley señala que dicho sistema está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud y riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la misma ley.

Dentro de este contexto, mediante el artículo 139, numeral 11, de la Ley 100 de 1993 el Congreso de la República otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para “dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”.

En ejercicio de dichas facultades el Presidente de la República expidió el Decreto Ley 1295 de 1994, “por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales”.

Tal decreto contiene las disposiciones generales y las relativas a riesgos profesionales, afiliación y cotizaciones al sistema, clasificación, prestaciones, servicios de prevención, prevención y promoción de riesgos profesionales, dirección del sistema, administración del sistema, fondo de riesgos profesionales y sanciones.

Entre dichas normas es oportuno señalar en particular: i) el artículo 3º, que trata del campo de aplicación del sistema, en virtud del cual este, con las excepciones previstas en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, se aplica a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general; entre las indicadas excepciones no se encuentran los trabajadores accidentales o transitorios; ii) el artículo 4º, que se refiere a las características del sistema y estatuye que la afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los empleadores y que los que no afilien a sus trabajadores al sistema, además de las sanciones legales, serán responsables de las prestaciones que se otorgan en el mismo decreto, y iii) el artículo 13, que trata de los afiliados tanto en forma obligatoria como en forma voluntaria y contempla entre los primeros a los trabajadores dependientes nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.

Se observa que, con fundamento en la voluntad del legislador ordinario al otorgar las facultades extraordinarias, el Decreto Ley 1295 de 1994 reguló la integridad de la materia concerniente al sistema general de riesgos profesionales, por lo cual operó la derogación orgánica de las disposiciones anteriores sobre esa materia, de conformidad con el criterio uniforme de la doctrina y con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 153 de 1887 (1) , como lo señala el señor Procurador General de la Nación en su concepto. Dicha derogación comprende, obviamente, el artículo 223, literal b), del Código Sustantivo del Trabajo acusado.

Por esta razón, y teniendo en cuenta que, de otro lado, a pesar de su derogación, este aparte no está produciendo efectos jurídicos, de acuerdo con reiterada jurisprudencia esta corporación se declarará inhibida para adoptar decisión de fondo sobre el cargo formulado contra el artículo 223, literal b), del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

Estudio de fondo del cargo contra el artículo 229, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo integración normativa.

3. Según el concepto del señor Procurador General de la Nación, el artículo 229, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo fue derogado tácitamente, aduciendo que, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Ley 100 de 1993 impone a los empleadores la obligación de afiliar a sus trabajadores al sistema general de seguridad social en salud y que según la jurisprudencia constitucional los efectos de la negligencia de aquellos no pueden trasladarse a los trabajadores.

En relación con estos argumentos cabe expresar que efectivamente el artículo 153, numeral 2º, de la Ley 100 de 1993 establece que la afiliación al sistema general de seguridad social en salud es obligatoria para todos los habitantes en Colombia. En consecuencia, corresponde a todo empleador la afiliación de sus trabajadores a este sistema y al Estado facilitar la afiliación a quienes carezcan de vínculo con algún empleador o de capacidad de pago. A su vez, el artículo 161 ibídem prescribe que los empleadores deberán inscribir en alguna entidad promotora de salud a todas las personas que tengan alguna vinculación laboral, sea esta verbal o escrita, temporal o permanente.

No obstante, dicha obligación del empleador, sobre cuyo cumplimiento se ha pronunciado muchas veces esta corporación, no implica necesariamente que los efectos de la afiliación, en materia tanto de prestaciones asistenciales como de prestaciones económicas, sean los mismos para todos los afiliados, ya que ellos pueden variar de acuerdo con la situación de estos y las condiciones establecidas para la afiliación y, en general, con la política social del legislador.

Ello significa que no existe necesariamente incompatibilidad o contrariedad entre la obligación legal de afiliar a los trabajadores al sistema general de seguridad social en salud, a cargo de los empleadores, y la limitación de la prestación económica por concepto de incapacidad laboral por enfermedad no profesional en relación con los trabajadores de servicio doméstico, que prevé el artículo 229, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo, y, por ende, no se presenta la derogación tácita de esta norma, que invoca el señor Procurador General de la Nación.

Por otra parte, dicha autoridad ignora el contenido del artículo 206 de la misma Ley 100 de 1993, referente al reconocimiento de incapacidades por enfermedad general, en virtud del cual “para los afiliados de que trata el literal a) del artículo 157, el régimen contributivo reconocerá las incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes (…)” (se destaca).

En virtud de la remisión normativa expresa contenida en esta disposición, aunque a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 las prestaciones por concepto de incapacidad laboral por enfermedad general están a cargo del sistema general de seguridad social en salud, y no del patrono, como lo preveía el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, el valor del auxilio monetario correspondiente es el previsto como regla general en esta última disposición, que estaba vigente al comenzar a regir aquella ley.

La mencionada remisión comprende desde un punto de vista lógico no solo dicha regla general, sino también las excepciones a ella contenidas en las disposiciones del mismo código, por encontrarse en ese momento también vigentes y porque materialmente limitan el alcance de aquella.

En situación similar a la que ahora se examina, esta corporación señaló:

“Con la lectura del artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo en conjunción con el 206 de la Ley 100 se podría pensar que el artículo demandado (se refiere al art. 323 del CST) ha perdido vigencia. No obstante, esto no es así. En efecto, la naturaleza normativa del artículo 323 es exceptiva frente a la regla general comprendida por los artículos 227 del Código Sustantivo del Trabajo y 206 de la Ley 100; al serlo, frente al grupo de trabajadores mencionados en este no se aplica lo dispuesto en los artículos 227. Como el artículo 206 de la Ley 100 remite al 227 del Código Sustantivo del Trabajo y el alcance de este solo se puede determinar una vez observadas sus excepciones, el artículo 323 no es solo una norma exceptiva, sino que, es una norma de tal naturaleza que hace parte de “las disposiciones legales vigentes” a las cuales se refiere el artículo 206 de la Ley 100” (2) .

Por esta razón la Sala considera que el artículo 229, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo está vigente y, por tanto, procede el estudio de fondo de la expresión demandada.

4. No obstante, la Sala considera que es necesario hacer integración normativa, con base en lo siguiente:

Sobre el tema de la procedencia de la integración normativa esta corporación ha indicado:

“En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio.

“En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo.

“Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente inconstitucionales. A este respecto, la corporación ha señalado que “es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad” (3)(4) .

El tenor del artículo 229, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se destaca el segmento demandado, es el siguiente:

“d) A los criados domésticos, los cuales tienen derecho a la asistencia médica y farmacéutica corriente en caso de cualquier enfermedad y al pago íntegro de su salario en caso de incapacidad para desempeñar sus labores a consecuencia de enfermedad, todo hasta por un (1) mes”.

Se observa que la expresión impugnada solo se refiere al factor temporal del auxilio monetario por enfermedad no profesional y no comprende la cuantía del mismo respecto del salario, con la cual aquel factor se encuentra en estrecha relación, de suerte que si se estudiara únicamente la expresión acusada no sería posible determinar si el auxilio en su integridad se ajusta o no a la Constitución. Adicionalmente, la expresión relativa a dicha cuantía, por su parte, genera dudas sobre su constitucionalidad, frente al contenido de la regla general de que trata el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo y el principio de igualdad invocado en la demanda.

En consecuencia, la Corte estudiará la constitucionalidad de la expresión “y al pago íntegro de su salario en caso de incapacidad para desempeñar sus labores a consecuencia de enfermedad, todo hasta por un (1) mes”, contenida en el artículo 229, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo.

Problema jurídico planteado

5. Corresponde a la Corte establecer si al disponer la expresión indicada objeto de control que los empleados domésticos tienen derecho al pago íntegro de su salario en caso de incapacidad para desempeñar sus labores a consecuencia de enfermedad no profesional, hasta por un (1) mes, viola el principio de igualdad, teniendo en cuenta que por regla general se reconoce a los trabajadores un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los noventa (90) días y la mitad (1/2) del salario por el tiempo restante.

Para tal efecto esta corporación hará unas consideraciones sobre el principio de igualdad y a continuación examinará el cargo formulado.

Principio de igualdad

6. El punto de partida del análisis del principio de igualdad es la fórmula clásica, de inspiración aristotélica, según la cual “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual” (5) .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, todas las personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Agrega la misma norma que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

El precepto de igualdad es reiterado en algunas normas superiores en relación con materias específicas, tales como las confesiones religiosas e iglesias (art. 19), los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica (art. 42), la relación de género, masculino y femenino (art. 43) y las oportunidades para los trabajadores (art. 53).

En el plano internacional dicho principio es consagrado en tratados ratificados por Colombia, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito en 1966 (arts. 2º y 3º), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

De tal mandato se deduce que la regla general es la igualdad entre las personas o grupos de personas y que solo por excepción puede dárseles un trato desigual, por lo cual cuando la ley o la autoridad política les dispensan un trato igual no tienen carga alguna de argumentación y, por el contrario, cuando les otorgan un trato desigual deben justificar su decisión en forma objetiva y razonable; de no existir tal justificación, el trato desigual será constitucionalmente ilegítimo o inválido y configurará una discriminación.

La Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que la justificación de un trato desigual por parte del legislador requiere la concurrencia de los siguientes elementos (6) :

i) La existencia de disposiciones o efectos jurídicos desiguales.

ii) La existencia de un fin u objetivo del trato desigual, que debe ser válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales.

iii) Que el medio previsto en la norma legal :

— no esté jurídicamente prohibido y sea en cambio permitido por el ordenamiento superior.

— Sea también válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales.

— Sea adecuado o idóneo para la consecución del fin u objetivo.

— Sea necesario, es decir, que no existan otros medios que no sacrifiquen los valores, principios o derechos constitucionales o que los sacrifiquen en menor medida.

— Sea proporcional en sentido estricto, o sea, que sus beneficios sean superiores a la afectación de los valores, principios o derechos constitucionales.

Examen del cargo formulado

7. Según la regla general contenida en el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo, que no es objeto de examen de constitucionalidad, en concordancia con las normas de la Ley 100 de 1993, en particular con el artículo 206, en caso de incapacidad para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el sistema general de seguridad social en salud le pague un auxilio monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los noventa (90) días y la mitad (1/2) del salario por el tiempo restante.

Por su parte, la expresión señalada objeto de examen de constitucionalidad contenida en el artículo 229, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo establece que en la misma situación, por excepción, los trabajadores del servicio doméstico tienen derecho al pago íntegro de su salario hasta por un (1) mes.

Se observa que esta última disposición otorga un trato desigual a los trabajadores en ella contemplados, en dos aspectos: i) un aspecto favorable, relativo al valor del auxilio monetario en relación con el salario devengado, en cuanto la regla general otorga solo una parte de este y la excepción confiere la totalidad del mismo; ii) un aspecto desfavorable, concerniente al valor del auxilio monetario en relación con el tiempo de su reconocimiento, en cuanto la regla general otorga el auxilio hasta por ciento ochenta (180) días y la excepción lo confiere hasta por un (1) mes.

Con base en la confrontación integral del valor del auxilio en ambas situaciones, tomando en cuenta los dos aspectos indicados, se puede determinar que el otorgado en forma general a los trabajadores es más favorable que el dispensado a los trabajadores de servicio doméstico, teniendo en cuenta que estos últimos devengan generalmente el salario mínimo o un salario ligeramente superior a este, de suerte que la diferencia se traduce en que los mismos pueden recibir hasta un salario mínimo legal mensual y, en cambio, los primeros pueden recibir hasta 6/3 de un salario mensual superior, en grado ampliamente variable, al mínimo legal en los primeros 90 días, o sea, 2 salarios mensuales, y hasta 3/2 de dicho salario en los siguientes 90 días, lo cual arroja en total 3 ½ salarios mensuales.

Puede considerarse que lógicamente el fin de este trato diferente y desfavorable para los trabajadores de servicio doméstico era favorecer la economía familiar de sus empleadores, en cuanto el reconocimiento y pago del auxilio monetario estaba a cargo del patrono, conforme a lo previsto expresamente en el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo.

Este fin ya no existe, ya que en virtud de las disposiciones de la Ley 100 de 1993 el reconocimiento y pago de dicho auxilio está a cargo del sistema general de seguridad social en salud, con base en la afiliación correspondiente del trabajador, de carácter obligatorio para todo empleador, como se anotó. Por tanto, no procede analizar su posible legitimidad o ilegitimidad constitucional, por carencia de objeto.

Esta circunstancia releva lógicamente a la Sala de considerar si el medio escogido por el legislador reúne o no los requisitos anteriormente señalados.

Por consiguiente, el trato desigual establecido en la expresión analizada carece de una justificación objetiva y razonable y configura por ello una discriminación de los mencionados trabajadores.

Por estas razones la Corte declarará la inexequibilidad del segmento materia de examen contenido en el artículo 229, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARARSE INHIBIDA para proferir decisión de mérito respecto del cargo formulado contra el artículo 223, literal b), del Código Sustantivo del Trabajo, por carencia actual de objeto.

2. DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “y al pago íntegro de su salario en caso de incapacidad para desempeñar sus labores a consecuencia de enfermedad, todo hasta por un (1) mes” contenida en el artículo 229, literal d), del Código Sustantivo del Trabajo.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

Magistrados: Manuel José Cepeda Espinosa, Presidente—Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Según esta disposición, “estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”.

(2) Sentencia C- 65 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En ella se declaró inexequible el artículo 323 del Código Sustantivo del Trabajo cuyo texto era el siguiente: “En los casos de enfermedades venéreas en estado agudo de trabajadores de empresas de petróleos, no hay derecho al auxilio monetario de que trata el artículo 227”.

(3) Sentencia C-320 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(4) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; Salvamento Parcial de Voto de Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa.

(5) Aristóteles, Política III 9 (1280a): “Por ejemplo, parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales”.

(6) Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-576 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.

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