Sentencia C-1019 de noviembre 28 de 2012

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-9138

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Actor: Julio César Monroy Ángel

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 137 (parcial) de la Ley 30 de 1992 “por el cual se organiza el servicio público de la educación superior”, y contra el artículo 8º (parcial) de la Ley 805 de 2003 “Por el cual se transforma la naturaleza jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada”.

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil doce.

«EXTRACTOS: Las disposiciones demandadas con las expresiones resaltadas son las siguientes:

“LEY 30 DE 1992

(Diciembre 28)

Por el cual se organiza el servicio público de educación superior

ART. 137.—La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones, ITEC, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Militar Nueva Granada, las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de educación superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, continuarán adscritas a las entidades respectivas. Funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme a lo dispuesto en la presente ley.

PAR.—El Ministerio de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, reglamentará el régimen de equivalencias correspondientes a los títulos otorgados por las instituciones señaladas en el presente artículo.

LEY 805 DE 2003 

(Abril 11)

Por la cual se transforma la naturaleza jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada.

(...).

ART. 8º—Del consejo superior universitario. En razón de su régimen especial el consejo superior de la Universidad Militar Nueva Granada es el máximo organismo de dirección de la universidad y está integrado por:

a) El Ministro de Defensa o el viceministro, quien lo presidirá;

b) El Ministro de Educación Nacional o su delegado;

c) El Comandante de las Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Militares;

d) El Director de la Escuela Superior de Guerra;

e) El Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova;

f) Un delegado designado por el Presidente de la República que haya tenido vínculos con el sector universitario o de defensa;

g) Un representante de las directivas académicas;

h) Un representante de los docentes;

i) Un representante de los estudiantes;

j) Un representante de los egresados;

k) Un ex rector de la Universidad Militar.

PAR. 1º—El Rector de la Universidad Militar asistirá a las reuniones del consejo superior con voz pero sin voto y el vicerrector general de la universidad actuará como secretario del consejo.

PAR. 2º—El consejo superior universitario reglamentará entre otros asuntos, las calidades, elección, período de permanencia, derechos, obligaciones, inhabilidades e incompatibilidades de los miembros contemplados en los literales g), h), i), j) y k).

PAR. 3º—En ausencia del Ministro de Defensa y del Viceministro de Defensa, los miembros del consejo superior universitario presentes y que constituyan quórum, podrán designar un presidente ad hoc para dirigir la respectiva reunión”.

(...).

II. Consideraciones

1. Competencia.

La presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada por un ciudadano colombiano, contra una disposición vigente de la Ley 805 de 2003. Por lo tanto, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre ella de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política.

2. Problemas jurídicos.

La Corte Constitucional, en guarda de la supremacía de la Constitución, resolverá lo siguiente:

2.1. Si el hecho de que el artículo 137 de la Ley 30 de 1992 establezca que la UMNG se encuentra adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, viola el principio de autonomía universitaria.

2.2. Si la previsión legislativa que dispone que el consejo superior universitario de la Universidad Militar Nueva Granada se encuentra integrado, entre otros miembros, por el Ministro de Defensa o el viceministro, el Comandante de las Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Militares, el Director de la Escuela Superior de Guerra, el Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, puede representar una injerencia indebida del ejecutivo que afecte la autonomía universitaria de esta institución educativa.

2.3. Si la regulación contenida en el artículo 8º de la Ley 805 de 2003 que establece la calidad de los miembros del sector defensa que integran el consejo superior universitario de la Universidad Militar Nueva Granada, discrimina a los miembros de otras fuerzas diferentes al ejército, así como a las mujeres y a oficiales de diferentes rangos, desconociendo el principio de igualdad y el derecho constitucional de acceso a cargos públicos.

3. Cuestión previa. Presunta derogatoria del artículo 137 de la Ley 30 de 1992.

3.1. El cargo formulado contra el artículo 137 de la Ley 30 de 1992.

3.1.1. El demandante aduce que el artículo 137 de la Ley 30 de 1992 atenta contra el principio de autonomía universitaria al establecer que la UMNG se encuentra adscrita al Ministerio de Defensa, pese a que esta institución dejó de ser una unidad administrativa especial, y se convirtió en un ente autónomo luego de la expedición de la Ley 805 de 2003.

3.2.2. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso establecer, en primer lugar, si el artículo 137 de la Ley 30 de 1992 sigue vigente dado que la mayoría de las intervenciones coinciden en considerar que dicha disposición fue derogada por la Ley 805 de 2003 y que la Corte debería inhibirse para pronunciarse sobre la misma.

3.2. El fenómeno de la derogatoria en la jurisprudencia de la Corte.

3.2.1. La competencia del Congreso para derogar leyes se sustenta en los artículos 150 n. 1º, 10 y 3º de la Constitución Política y en el principio según el cual “la última voluntad de los representantes del pueblo, manifestada por los procedimientos señalados en la Carta, prevalece sobre las voluntades democráticas encarnadas en las leyes previas. Tal es el fundamento constitucional del principio ‘lex posterior derogat anteriori’(2).

3.2.2. La Corte(3) ha señalado que la derogación es “es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma posterior”(4) y, que por ende, su función consiste en expulsar del ordenamiento jurídico una determinada disposición por una norma de igual o superior jerarquía de la disposición derogada(5). En este sentido, la derogación no se relaciona con la pérdida de validez de una norma, por efecto de su declaración de inconstitucionalidad(6), por ejemplo, sino de la libertad política del legislador que por cuestiones de oportunidad y conveniencia, decide derogarla.

3.2.3. Resulta evidente que si una norma queda excluida del ordenamiento jurídico, no podrá ser objeto de control constitucional porque no tendría razón de ser confrontar un precepto inexistente con la Constitución Política. Sin embargo, el estudio de la misma se torna indispensable si la disposición acusada mantiene su eficacia para las situaciones surgidas bajo su vigencia, lo cual justifica que la Corte se pronuncie sobre normas que han sido derogadas si estas siguen generando efectos jurídicos(7).

3.2.4. El Código Civil(8) y la jurisprudencia han clasificado la derogación como expresa, orgánica y tácita(9). La primera implica que el legislador señala de manera precisa las normas que retira del ordenamiento. La derogación orgánica se produce cuando una nueva ley regula integralmente la materia, o en los términos de la Corte Suprema de Justicia supone “que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que, por tanto, responde mejor al ideal de justicia, que torna urgente la aplicación de la nueva ley; (...) que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva”(10). De otro lado, la derogación tácita supone un cambio de legislación o la incompatibilidad entre la anterior y la nueva regulación, por lo cual, a diferencia de la derogación expresa, se torna indispensable realizar un ejercicio interpretativo para suspender su aplicación aunque se considera que la disposición permanece vigente para las situaciones ocurridas bajo su vigencia(11). La Corte ha señalado que la derogatoria tácita no implica una omisión legislativa, sino la decisión de que una norma deje de aplicarse si no puede conciliarse con la recientemente aprobada, la cual por lo general se manifiesta como una “declaración genérica en la cual se dispone la supresión de todas las normas que resulten contrarias a la expedida con ulterioridad”(12).

3.3. La derogatoria del artículo 137 de la Ley 30 de 1992.

3.3.1. Teniendo en cuenta la jurisprudencia anteriormente reseñada, la Corte concluye que el artículo 137 de la Ley 30 de 1992 ha sido parcialmente derogado por el artículo 25 de la Ley 805 de 2003. La referida norma establecía que la UMNG, junto con otras instituciones, “continuarán adscritas a las entidades respectivas”, es decir que, en el caso de la Universidad Militar, esta seguiría adscrita al Ministerio de Defensa, pero el artículo 1º de la Ley 805 de 2003 transformó la naturaleza jurídica de la UMNG convirtiéndola en un ente autónomo.

3.3.2. Cabe en este punto recordar la evolución legal de la UMNG(13), con el fin de precisar la razón por la cual se considera que la disposición acusada ha sido derogada.

El artículo 1º del Decreto Extraordinario 84 de 1980, creó una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, bajo la cual funcionarían agrupados los programas de educación postsecundaria de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova que operaban entonces en la jornada nocturna y la Escuela Militar de Medicina dependiente para esa época del Hospital Militar. Dicho decreto fue reglamentado mediante el Decreto 2760 de 1980, el cual fue posteriormente derogado por el Decreto Reglamentario 754 de 1982, que denominó a la unidad administrativa especial creada por el Decreto-Ley 84 de 1980 como “Centro Universitario Militar Nueva Granada” y definiéndolo como una institución universitaria que podría adelantar, con arreglo a las disposiciones legales, diversos programas académicos. El mismo Decreto 754 definió el domicilio de dicha institución universitaria, sus fines y objetivos, el régimen de su patrimonio y rentas, la conformación, designación y funciones de sus órganos de gobierno, y la estructura organizacional del instituto. Posteriormente, el Decreto Reglamentario 2273 del 15 de agosto de 1985 modificó el Decreto Reglamentario 754 de 1982, disponiendo que la unidad administrativa especial creada por el Decreto Extraordinario 84 de 1990, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, en lo sucesivo se llamaría “Universidad Militar Nueva Granada” y continuaría siendo una institución universitaria que podría adelantar, con arreglo a la ley, programas en la modalidad de formación universitaria en la áreas de ciencias de la salud, ingeniería, economía, derecho y las demás que su consejo directivo considerara conveniente asumir. Así, la Ley 30 de 1992, ratificó la adscripción de la UMNG al Ministerio de Defensa. Decretos posteriores, como el 1694 de 1994 y el 1932 de 1990 reiterarían esta naturaleza jurídica de la UMNG.

3.3.3. Ahora bien, la Ley 805 de 2003 transformó la naturaleza jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada, al definirla en su artículo 1º, como un “ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, cuyo objeto principal es la educación superior y la investigación, dirigidas a elevar la preparación académica de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en actividad o en retiro; los empleados civiles del sector defensa, los familiares de todos los anteriores, y los particulares que se vinculen a la universidad. Vinculado al Ministerio de Educación Nacional, en lo que a las políticas y a la planeación del sector educativo se refiere”.

Varias fueron las razones que llevaron al legislador a cambiar la naturaleza jurídica de este ente universitario: 1) la necesidad de ajustar su actividad educativa al marco que regula el régimen de las universidades públicas, o bien la Ley 30 de 1992; 2) la importancia de otorgarle personería jurídica para permitirle a la universidad organizarse como un ente universitario autónomo, para adquirir derechos y obligaciones, así como solicitar beneficios para el desarrollo de sus objetivos y para certificarla en los títulos universitarios otorgados; 3) el hecho de que el representante legal de la institución no fuera el rector sino el Ministro de Defensa; 4) el que la institución no pudiera promover la investigación científica porque los recursos recibidos del gobierno se utilizaban para pago de personal; 5) porque era necesario que la universidad desarrollara su propio programa y no el del Ministerio de Defensa(14).

Cabe anotar que tanto la adscripción como la vinculación denotan una relación de dependencia entre organismos principales de la administración y los organismos que deben actuar bajo su coordinación(15). Por el contrario, las universidades estatales como entes autónomos se caracterizan por el hecho de no pertenecer a ninguna rama del poder ni de la administración nacional, tal y como lo precisó la Sentencia C-121 de 2003 que declaró infundadas las objeciones presidenciales al Proyecto de Ley 78 de 2001 - Senado de la República, 161 de 2001 - Cámara de Representantes, “Por la cual se transforma la naturaleza jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada”.

El reconocimiento del cambio de estatus de la UMNG fue reconocido en la citada sentencia al señalar que:

“Es decir, que mediante el proyecto de ley bajo revisión se crea una universidad pública del orden nacional, en virtud del cual, tiene derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.

3.3.4. Así, si bien el legislador no contempló una derogatoria expresa de las disposición que consagra la adscripción de la UMNG al Ministerio de Defensa, el artículo 25 de la Ley 805 de 2003, al determinar que esa ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, evidentemente expulsó del ordenamiento jurídico la disposición que en este caso es acusada parcialmente ya que, en la anterior legislación, la universidad no era considerada un ente autónomo, mientras que en la actual normatividad adquiere plenamente dicho carácter.

En consecuencia, la Corte no podrá pronunciarse con respecto al cargo propuesto por el demandante contra el artículo 137 de la Ley 30 de 1992, por encontrarse dicha disposición fuera del ordenamiento y por haber dejado de producir efectos jurídicos que ameriten un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la misma.

4. Marco normativo vigente de la Universidad Militar Nueva Granada.

4.1. La Ley 805 de 2003 “Por la cual se transforma la naturaleza jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada”, cuenta con 25 artículos en los cuales se redefine la naturaleza jurídica de la UMNG, antes considerada como unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de Defensa, y ahora transformada en ente autónomo, con régimen especial orgánico y personería jurídica.

4.1.1. Los fines de la UMNG están detallados en el artículo 3º y se orientan básicamente a capacitar, formar y servir de apoyo a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional, y en general al sector defensa, si bien se admite que también los particulares se vinculen a la universidad para ser capacitados. La inspección y vigilancia de la institución educativa está a cargo del Presidente de la República quien las delega en el Ministro de Educación.

Así mismo, la ley regula lo relativo a las rentas y patrimonio de la universidad, define el régimen del personal docente y administrativo, el estatuto docente, el régimen prestacional y contiene disposiciones referentes a los estudiantes, entre otras disposiciones.

4.1.2. El capítulo III de la ley está enteramente dedicado a describir la organización y las autoridades de la UMNG. En dicho capítulo se ubica el artículo 8º que se demanda parcialmente. Se establece que la dirección de la universidad está a cargo de consejo superior universitario, el consejo académico y el rector, el consejo superior universitario se integra por los siguientes miembros:

a) El Ministro de Defensa o el viceministro, quien lo presidirá;

b) El Ministro de Educación Nacional o su delegado;

c) El Comandante de las Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Militares;

d) El Director de la Escuela Superior de Guerra;

e) El Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova;

f) Un delegado designado por el Presidente de la República que haya tenido vínculos con el sector universitario o de defensa;

g) Un representante de las directivas académicas;

h) Un representante de los docentes;

i) Un representante de los estudiantes;

j) Un representante de los egresados;

k) Un ex rector de la Universidad Militar.

Las funciones que cumple el consejo superior universitario son las siguientes:

a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional;

b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución;

c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales;

d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución;

e) Designar y remover al rector en la forma que prevean los estatutos;

f) Aprobar el presupuesto de la institución;

g) Darse su propio reglamento;

h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos de la universidad.

4.1.3. De lo anterior se desprende que el consejo superior universitario es solo uno de los órganos de dirección de la universidad. Su composición ha sido definida por el legislador de acuerdo con las finalidades señaladas en el artículo 3º y 9º de la misma ley. Los representantes del sector defensa en la composición del consejo son cuatro: el ministro o viceministro, el Comandante de las Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Militares, el Director de la Escuela Superior de Guerra y el Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. Además el Presidente de la República tiene como representantes al Ministro de Educación y a otro miembro que haya tenido vínculos con el sector defensa. El resto de integrantes del consejo hacen parte de la comunidad académica.

5. Cargo 1º. El artículo 8º de la Ley 805 de 2003 y la violación del principio de autonomía universitaria (C.P., art. 69).

5.1. Concepto de inconstitucionalidad en la demanda.

La demanda de inconstitucionalidad denuncia la contradicción del artículo 8º de la Ley 805 de 2003 con el artículo 69 superior, considerando que la conformación del consejo superior universitario de la UMNG, en el que se encuentran representantes del sector defensa, puede comportar una indebida injerencia del ejecutivo en detrimento de la autonomía universitaria de esta institución educativa.

5.2. El principio de autonomía universitaria.

5.2.1. La autonomía universitaria es un principio consagrado en el artículo 69 de la Constitución Política, que consiste en la posibilidad de que las universidades se autodirijan y se autorregulen, en el marco general del respeto por la ley, y sin la interferencia del Estado.

5.2.2. La jurisprudencia de la Corte ha llenado de contenido y ha fijado los límites al principio de autonomía universitaria. En este orden de ideas, se ha definido esta garantía a partir del reconocimiento de la libertad de las universidades para autogobernarse y autodeterminarse respetando los límites fijados por la Constitución Política y la ley. En estos términos se pronunció la Sentencia C-220 de 1997, reiterada posteriormente por la jurisprudencia constitucional:

“(...) dicho principio se traduce en el reconocimiento que el constituyente hizo de la libertad jurídica que tienen las instituciones de educación superior reconocidas como universidades, para autogobernarse y autodeterminarse, en el marco de las limitaciones que el mismo ordenamiento superior y la ley les señalen. La regla general aplicable con fundamento en la Constitución Política es la de reconocer y respetar la libertad de acción de las mismas; no obstante, esa libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar una universidad ajena y aislada de la sociedad de la que hace parte y, en el caso de las públicas, emancipada por completo del Estado que las provee de recursos y patrimonio. La universidad a la que aspira la sociedad contemporánea es aquella que esté presente siempre y en todo lugar, que supere el revaluado modelo que la identificaba con aquellos campus que materializaban “... guetos cerrados ... campos de concentración del saber...”. Los límites a esa libertad de acción le corresponde establecerlos al legislador a través de la ley, obviamente cuidando de que ellos no se extiendan hasta desvirtuar el principio de autonomía o impedir su ejercicio por parte de las instituciones reconocidas como tales”.

En otras palabras, la autonomía universitaria, se hace efectiva cuando se garantizan espacios en los que no haya cabida para las interferencias del poder público en temas académicos y de orientación ideológica, así como en el manejo administrativo o financiero de los entes educativos, los cuales despliegan su libertad de acción con las mínimas restricciones previstas en la ley(16). Así, en virtud del principio de autonomía universitaria, a través del cual también se garantiza la libertad de cátedra y de investigación(17), resulta necesario que los centros de educación superior tomen sus decisiones académicas, financieras y administrativas, sin intervenciones externas.

5.2.3. La Corte ha señalado que la capacidad de acción de las universidades se concreta en las facultades de: (i) darse y modificar sus estatutos, (ii) establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores, (iii) desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y culturales, (iii) seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos, (iv) asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y (v) administrar sus propios bienes y recursos(18).

5.2.4. No obstante lo anterior, es importante reiterar que la autonomía universitaria no constituye un principio irrestricto y que la libertad de acción de los entes autónomos puede legítima y razonablemente limitarse por el legislador para hacer efectiva la función de control y vigilancia del Estado del servicio público de educación, en los términos del artículo 3º de la Ley 30 de 1992(19). Estos límites, siempre que no afecten los elementos esenciales de la autonomía universitaria, están relacionados con la facultad legislativa para expedir disposiciones con base en las cuales las universidades pueden darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos, para expedir las leyes que garanticen la adecuada prestación del servicio de educación y el respeto por el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales.

5.3. El régimen especial de las universidades públicas.

5.3.1. La Constitución Política establece en el inciso 2º del artículo 69, que la ley establecerá el régimen especial para las universidades del Estado. De este modo, la Carta determina que estas instituciones se regirán por disposiciones especiales que pueden ser iguales o distintas a las aplicables a otras entidades de educación superior, públicas y privadas, o a las demás entidades estatales, siempre y cuando con ellas no se vulnere su autonomía(20).

5.3.2. En desarrollo del artículo 69 de la Constitución Política, el Congreso expidió la Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”. En el título III de la misma, se regula el régimen especial relativo a las universidades del Estado y de las otras instituciones de educación superior estatales u oficiales, a través de normas que constituyen su estatuto básico u orgánico y de las normas que deben aplicarse para su creación, reorganización y funcionamiento, a las que debe ajustarse el estatuto general y los reglamentos internos de cada institución.

El artículo 57 de la misma establece que las universidades estatales y oficiales se caracterizan por tener personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. Además se entienden organizadas como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprende la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley.

5.3.3. Tal y como lo establece el artículo 1º de la Ley 647 de 2001, el régimen especial de las universidades estatales u oficiales, comprende, entre otras, la organización y elección de directivas. Con respecto a este punto, la Ley 30 de 1992 dispone que la dirección de estos entes universitarios, corresponde al consejo superior universitario, al consejo académico y al rector, debiendo los dos órganos de gobierno estar previstos en el estatuto general, y ser acordes con su naturaleza y campos de acción de la institución. En el artículo 63 de la Ley 30, se determina que en estas universidades se deberá garantizar la representación del Estado y la comunidad académica de la universidad en los órganos de dirección(21).

El régimen especial de las universidades públicas y oficiales, se justifica en el hecho de que estas instituciones manejan recursos públicos y a que a través suyo se promueve directamente el servicio público de la educación, por lo cual es fundamental establecer canales de articulación con el Estado y la sociedad en aras de que esta misión se cumpla adecuadamente. Además, como entes públicos, a las universidades se les exige el cumplimiento de la obligación de colaboración armónica consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política para el cumplimiento de las funciones del Estado.

5.3.4. Aunque se establezca la participación de representantes del Estado en sus órganos de gobierno, la normatividad y la jurisprudencia(22) han reconocido que lo anterior no significa que dichas instituciones hagan parte de la administración central o descentralizada, o se conviertan por ello en órganos dependientes y bajo el control de tutela del Estado, “pues las universidades estatales por su carácter de entes autónomos no conforman ninguna de las ramas del poder ni pueden formar parte de la administración nacional”(23). De esta manera se pretende preservar a las universidades públicas y oficiales, de las injerencias e interferencias arbitrarias e indebidas del poder político(24).

5.3.4. Las universidades públicas en Colombia, son creadas por ley y cuentan con representantes del Estado en sus órganos de dirección sin que ello atente contra su autonomía universitaria. Este es el caso, como justamente lo anotan algunos intervinientes, entre otras, de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, o la Universidad del Cauca.

Precisamente, la Sentencia C-589 de 1997 admitió la participación del Estado en la composición del consejo superior universitario de la Universidad Nacional de Colombia establecida por el Decreto 1210 de 1993, ya que la misma constituye “una forma de colaboración armónica y coordinación de actuaciones, necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones que tales instituciones de educación están llamadas a cumplir”(25). En efecto, si bien las autoridades no pueden imponer decisiones y determinar el destino de las universidades públicas u oficiales, tampoco les es posible apartarse de las mismas, ya que, como se mencionó anteriormente, el Estado les provee de recursos y debe velar por la adecuada prestación del servicio público de educación, tal y como se desprende del último inciso del artículo 67 de la Constitución Política, el cual dispone que “la Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”.

5.3.5. En suma, la vinculación con el Ministerio de Educación y la participación de representantes del gobierno en los órganos de gobierno de estas universidades, no debe confundirse con una indebida injerencia en los asuntos de las instituciones educativas, ni como un desconocimiento de su autonomía universitaria y de su derecho de autorregularse(26). Como se anotó arriba, la presencia del Estado en los órganos de gobierno de dichos entes universitarios responde a la necesidad de coordinación de las políticas de educación y se inspira en la necesidad de garantizar la colaboración armónica entre las diferentes entidades y los órganos autónomos e independientes del Estado, para la realización de sus fines, particularmente en lo que atañe al imperativo de profundizar en la efectividad del derecho a la educación.

5.4. El régimen orgánico especial de la UMNG.

5.4.1. Como se anotó arriba, la Ley 803 de 2005 transformó a la UMNG en una universidad pública con personería jurídica y autonomía administrativa y financiera, dotada de organización interna propia, por ende, no se ubica en la estructura de la administración central o descentralizada.

5.4.2. Como tal, la UMNG se enmarca en la regulación propia de las universidades públicas, pero, adicionalmente, cuenta con ciertas particularidades, que se relacionan, con su historia institucional y con sus fines misionales actualmente fijados en la Ley 805 de 2003, orientados prevalentemente a la formación y al apoyo de las Fuerzas Militares y de Policía, y en general a servir a las necesidades del sector defensa, aunque manteniendo en todo momento un espacio abierto también para los civiles que quieran formarse en dicha institución(27).

5.4.3. Teniendo en cuenta los objetivos descritos, y el régimen especial de este ente universitario, el legislador estableció en el artículo 8º de la Ley 805 de 2003, la conformación del consejo superior universitario que constituye solo uno de los órganos de dirección de la UMNG. Este se integra por dos representantes del presidente y del Ministro de Educación, para los fines de control y vigilancia dispuestos en la Constitución Política, y un delegado que haya tenido vínculos con el sector universitario o de defensa; cuatro miembros de sector defensa representados por el Ministro de Defensa o el viceministro, quien lo presidirá; el Comandante de las Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Militares; el Director de la Escuela Superior de Guerra; el Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova; y cuatro integrantes de la comunidad académica, constituidos por un representante de las directivas académicas, un representante de los docentes, un representante de los estudiantes, un representante de los egresados; así como un ex rector de la Universidad Militar.

5.5. Análisis del cargo.

5.5.1. Teniendo en cuenta la jurisprudencia y el marco jurídico aplicable al presente caso, esta corporación considera que el artículo 8º de la Ley 805 de 2003, al determinar la composición del consejo superior universitario de la UMNG, no vulnera el núcleo esencial del derecho a la autonomía universitaria.

5.5.2. Como se anotó anteriormente, el régimen especial de las universidades públicas que debe ser regulado legalmente, tal y como lo establece el artículo 69 de la Constitución Política, comprende la organización y elección de directivas, por lo cual en este ámbito, el legislador goza de un razonable margen de configuración normativa para definir la integración del mismo.

5.5.3. Por otra parte, la participación del Estado en estos órganos de dirección ha sido reconocida por la jurisprudencia(28) como necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones de tales instituciones de educación y para garantizar la calidad de los estudios e investigaciones, en armonía con lo dispuesto en los artículos 67 y 113 de la Constitución Política. En este orden de ideas, se ha considerado que “aspirar a que el Estado no tenga ninguna representación en los órganos de dirección de las universidades estatales, para que estas se manejen como “células aisladas”, rompería con el concepto de unidad que identifica la organización política colombiana (C.P., art. 1º), pues con esta participación se pretende articular la universidad con el Estado”(29). De este modo, el artículo 4º de la Ley 805 de 2003, de acuerdo con el artículo 211 de la Constitución Política, correctamente dispone que el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de Educación Nacional, las funciones de inspección y vigilancia en lo que concierne a la UMNG.

5.5.4. Más aun tratándose de la UMNG se justifica la presencia de representantes del Estado, no solo del delegado del presidente y del Ministerio de Educación, que deben estar presentes en los consejos de todas las universidades públicas, según lo dispuesto por el artículo 113 y 67 superiores, sino de los miembros del sector defensa, en razón de la misión específica de la UMNG descrita previamente y que se orienta básicamente a apoyar y servir objetivamente y en la esfera educativa a las necesidades específicas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Si la función del consejo superior universitario es la de definir las políticas y la organización académica y administrativa así como la planeación institucional de la universidad, de acuerdo con sus fines misionales los cuales están íntimamente relacionados con el apoyo del sector defensa, es apenas natural que algunos de los miembros de este órgano de dirección hagan parte del mismo. Dentro del anotado margen de libertad configurativa del legislador ha querido este que en el consejo superior tomen asiento algunos representantes del sector defensa. Con esta determinación no se afecta el principio de autonomía universitaria. Tampoco este principio sufre mengua si a esta institución ingresan como estudiantes personas que pertenecen a los cuadros castrenses o si los temas militares y propios de la fuerza pública, entre otros, integran programas de docencia o de investigación. El tratamiento científico de esta materia o la formación jurídica de los miembros de la fuerza pública, no puede ser visto como anomalía, sino por el contrario como fin en sí mismo deseable y plausible. Sin duda para contribuir a alimentar esta misión específica de la Universidad UMNG, el llamado que hace la ley al concurso de algunos representantes del sector defensa, es coherente con el propósito legislativo, en el entendido de que como miembros del consejo tales miembros colaboran con una finalidad académica y le sirven a esta. No se está frente a un ejercicio de la fuerza, que podría constreñir la autonomía universitaria. Se trata de organizar el intelecto, y solo el prejuicio podría impedir que los indicados miembros no pudieran en efecto efectuar un aporte académico libre y valioso, como lo ha señalado el legislador.

5.5.5. No considera tampoco la Corte que la presencia de representantes del gobierno y del sector defensa represente un control absoluto del Estado sobre el consejo, ni que constituya una participación mayoritaria y desproporcionada en el mismo. En efecto, los representantes del Estado en dicho órgano de gobierno solo son el Ministro de Defensa, el Ministro de Educación, el delegado del presidente y el Comandante de las Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto. Los directores de la Escuela Superior de Guerra y de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova no actúan en nombre del gobierno sino que participan como representantes de sus centros educativos. A su vez los demás miembros del consejo son representantes de la comunidad académica.

Así las cosas, de los once miembros del este órgano de dirección, solo cuatro son representantes del gobierno, y de los mismos once, solo cuatro pertenecen al sector defensa. No sobra agregar que el órgano de dirección de la UMNG es deliberante y se rige por principios democráticos, por lo cual las decisiones se toman en consenso y no por la imposición de ninguno de sus miembros.

5.5.6. Por lo anterior, la Corte declarará exequible la norma acusada con respecto al cargo por violación del principio de autonomía universitaria.

5.6. Conclusión del cargo.

En el marco del margen de configuración que la Constitución Política otorgó al legislador para la regulación del régimen especial de las universidades públicas, la Ley 805 de 2003 podía establecer la conformación del consejo superior universitario de la UMNG, determinando que entre sus miembros se contara con representantes de las Fuerzas Militares y del gobierno para garantizar el cumplimiento de los fines de dicha institución educativa.

6. Cargo 2º: El artículo 8º de la Ley 805 de 2003 y el desconocimiento del principio de igualdad en relación con el derecho de acceso al desempeño de cargos y posiciones públicos.

6.1. Concepto de inconstitucionalidad en la demanda.

El demandante considera que la composición del consejo superior universitario establecida en el artículo 8º de la Ley 805 de 2003, y específicamente la calidad de las personas que lo integran, resulta discriminatorio para los miembros de otras fuerzas diferentes del ejército, así como de las mujeres y oficiales de diferentes rangos, desconociendo el principio de igualdad y el derecho constitucional de libre e igual acceso a cargos públicos.

6.2. El principio de igualdad.

6.2.1. La igualdad se constituye como uno de los pilares fundamentales del Estado social e derecho. La Constitución Política establece en su artículo 13 que todas las personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Además, la disposición consagra la obligación del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegiendo especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionando los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Este principio se encuentra igualmente protegido en los tratados internacionales ratificados por Colombia como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966 (arts. 2º y 3º), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

6.2.2. La jurisprudencia ha establecido que por regla general las personas o grupos de personas deberán recibir igual tratamiento, por lo cual, cuando la ley o determinada autoridad proporcionen un tratamiento desigual a los iguales(30), deberá justificarlo en forma objetiva y razonable, teniendo en cuenta los siguientes elementos(31):

“i) La existencia de disposiciones o efectos jurídicos desiguales,

ii) La existencia de un fin u objetivo del trato desigual, que debe ser válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales,

iii) Que el medio previsto en la norma legal:

— no esté jurídicamente prohibido y sea en cambio permitido por el ordenamiento superior.

— sea también válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales.

— sea adecuado o idóneo para la consecución del fin u objetivo.

— sea necesario, es decir, que no existan otros medios que no sacrifiquen los valores, principios o derechos constitucionales o que los sacrifiquen en menor medida.

— sea proporcional en sentido estricto, o sea, que sus beneficios sean superiores a la afectación de los valores, principios o derechos constitucionales”(32).

6.2.3. Sin embargo, esta corporación, se ha planteado la necesidad de establecer en qué consiste concretamente la igualdad y determinar el criterio valorativo que se acoge en cada caso(33), determinando en cada situación, qué persona o grupo es igual a otro, de lo cual resulta que “una vez fijados los extremos de la relación, surge la obligación de efectuar un estudio de razonabilidad de la medida en particular, cuyos lineamientos dependen de la naturaleza de la norma en cuestión”(34).

6.2.4. Al estudiar la posible afectación del principio de igualdad, la Corte(35) aplica un juicio de igualdad, que puede tener variantes en función de su rigurosidad, con el fin de determinar: i) si la medida acusada es idónea y por ende responde a un fin legítimo; ii) si es necesaria por no existir medios alternativos para lograr el fin propuesto; y iii) si es proporcional en sentido estricto, es decir, se examina si cumplir el objetivo en el caso concreto resulta mucho más ventajoso que la afectación de los principios que resultan restringidos(36).

6.2.5. Este juicio tiene diferentes niveles de intensidad dependiendo de la circunstancia que se esté estudiando, así, la jurisprudencia: i) aplica un control débil o flexible cuando por el amplio margen de configuración del legislador en determinada materia, solo se justifica realizar un estudio sobre la idoneidad de la medida, es decir que basta con que el fin buscado y el medio empleado no estén constitucionalmente prohibidos, y que el medio sea adecuado; ii) utiliza un juicio intermedio cuando el juez considera que pudo haberse presentado una situación arbitraria y la posible afectación a un derecho fundamental, por lo cual el estudio es de proporcionalidad y busca establecer si el medio utilizado logra el fin propuesto(37); iii) finalmente, el examen estricto supone un estudio integral de proporcionalidad por los valores y principios constitucionales en riesgo, y se aplica cuando el legislador, entre otras, adopta las denominadas “categorías sospechosas”, como la raza, la orientación sexual o la filiación política(38).

6.3. Análisis del cargo.

6.3.1. La Corte ha considerado que la acción pública de inconstitucionalidad debe cumplir con unos requisitos mínimos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, señalando que “la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no solo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicie realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte (suficiencia)”(39).

6.3.2. En particular, la jurisprudencia ha sostenido que los cargos por desconocimiento del principio de igualdad, exigen un mayor rigor argumentativo para que puedan ser valorados por esta corporación. De acuerdo con lo anterior, se ha establecido que estos deben indicar claramente: “i) los grupos involucrados o situaciones comparables, ii) el supuesto trato discriminatorio introducido y iii) qué justificaría dar un tratamiento distinto al previsto en la normas acusada(40). Carga mínima de argumentación que resulta indispensable a pesar de la naturaleza pública e informal que la caracteriza por cuanto de no atenderse dichos presupuestos procesales podría frustrarse la expectativa de obtener una decisión de fondo —fallo inhibitorio—”(41) .

6.3.3. En el presente caso, varios intervinientes incluido el Procurador General de la Nación, solicitan que la Corte se declare inhibida para conocer del cargo por violación del principio de igualdad y desconocimiento del derecho de acceso y desempeño de cargos públicos.

6.3.4. La Corte considera que la demanda no propone un término de comparación que permita establecer la existencia una relación jurídica o fáctica entre los grupos de personas que se pretenden asimilar, por lo cual, no se aportan elementos de juicio suficientes de los cuales se deduzca que los sujetos a los que se refiere la demanda, han sido discriminados.

6.3.5. Adicionalmente, se estima que, con relación a este cargo, la demanda carece de certeza, puesto que de la lectura de la norma no se desprende la exclusión de un determinado grupo de personas del consejo de la universidad. En efecto, el criterio para definir la calidad de miembro del mismo no es ser hombre o mujer, o ser oficial o suboficial de determinada fuerza, sino ostentar la condición de director de uno de los mencionados cuerpos o entidades que a juicio del legislador tienen conexidad con la universidad, a saber, comandancia de la las Fuerzas Militares, jefatura del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Militares, Escuela Superior de Guerra y Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

6.3.6. Igualmente, conviene aclarar que los miembros del consejo superior universitario de la UMNG no ostentan la calidad de servidores públicos por el hecho de pertenecer a este órgano de dirección. La Ley 805 de 2003 solo reserva dicha calidad al personal docente de carrera y al personal administrativo. Por consiguiente, los miembros del consejo que son servidores públicos lo son por los cargos que ocupan y no por su pertenencia a este órgano de dirección universitario. Este argumento es confirmado por el artículo 67 de la Ley 30 de 1992 que se refiere a los integrantes de los consejos superiores que tuvieren la calidad de empleados públicos en razón de las funciones públicas que desempeñan, de lo cual se deduce que la pertenencia a estos órganos de dirección no confiere tal calidad. Es equivocada entonces la apreciación del demandante quien considera que el artículo 8º de la Ley 805 de 2003 desconoce el derecho de acceso y desempeño de cargos públicos.

6.4. Conclusión del cargo.

Esta corporación encuentra que los argumentos esgrimidos por el demandante no han sido suficientemente sustentados, y carecen de la certeza que se exige en las demandas de constitucionalidad, por lo anterior la Corte se declarará inhibida con respecto a este cargo en particular.

7. Razón de la decisión.

La conformación del consejo superior universitario de la UMNG no atenta contra la autonomía universitaria. El artículo 69 confiere un amplio margen de configuración al legislador para que establezca el régimen especial de las universidades públicas y, en este contexto, la Ley 805 de 2003 determinó la conformación del consejo superior universitario de la UMNG. La presencia de miembros del gobierno y de las Fuerzas Militares en dicho órgano de dirección deliberante y regido por principios democráticos, no es mayoritaria, ni desproporcionada, por lo anterior no se afecta el núcleo esencial del principio de autonomía universitaria.

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLES, por el cargo examinado en la presente sentencia, expresiones “Ministro de Defensa o el viceministro”, “Comandante de las Fuerzas Militares o el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares”, “Director de la Escuela Superior de Guerra” y “Director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova” del artículo 8º de la Ley 805 de 2003 “Por la cual se transforma la naturaleza jurídica de la Universidad Militar Nueva Granada”.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(2) C-443 de 1997.

(3) C-901 de 2011.

(4) C-443 de 1997.

(5) C-529 de 1994.

(6) C-145 de 1994, C-775 de 2010, C-402 de 2010, C-736 de 2006, C-159 de 2004, C-443 de 1997, C-055 de 1996.

(7) C-901 de 2011, C-775 de 2010.

(8) Código Civil. Artículo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.

La derogación de una ley puede ser total o parcial.

(9) C-901 de 2011, C-775 de 2010, C-829 de 2001, C-159 de 2004.

(10) Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de marzo de 1984. Citada igualmente en la Sentencia C-829 de 2001.

(11) C-571 de 2004.

(12) C-901 de 2011, C-857 de 2005.

(13) Tal y como en su momento lo hicieran las sentencias C-121 de 2003 y la C-419 de 2002.

(14) C-121 de 2003.

(15) C-1437 de 2000 S.V.

(16) T-492 de 1992, T-02 de 1994, C-547 de 1994, C-220 de 1997. Ver también la Sentencia C-560 de 2000 que revisa la línea jurisprudencial en materia de autonomía universitaria.

(17) C-368 de 1999.

(18) C-121 de 2003, C-1435 de 2000, T-007 de 2008.

(19) ART. 3º—El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior.

(20) C-547 de 1994.

(21) Así mismo el artículo 64 dispone: El consejo superior universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional.

b) El gobernador, quien preside en las universidades departamentales.

c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario.

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex rector universitario.

e) El rector de la institución con voz y sin voto.

(22) C-220 de 1997, C-053 de 1998 y C-121 de 2003.

(23) C-121 de 2003.

(24) C-220 de 1997: “Es claro entonces, que respecto de las universidades, tanto de las públicas como de las privadas, la norma constitucional no establece ninguna diferencia, la regla general aplicable con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política es la de reconocer y respetar la libertad de acción de las mismas; no obstante, esa libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar una universidad ajena y aislada de la sociedad de la que hace parte y, en el caso de las públicas, emancipada por completo del Estado que las provee de recursos y patrimonio”.

(25) C-589 de 1997.

(26) Sobre la posibilidad de autorregulación de los entes universitarios públicos, la Corte señaló los siguiente en la Sentencia T-515 de 1995: “Una manifestación de la autonomía universitaria la constituye la posibilidad de establecer sus propios reglamentos internos, que son regulaciones sublegales, sometidos, desde luego, a la voluntad constitucional y a la de la ley, encargados de puntualizar las reglas de funcionamiento de las instituciones de educación superior, su organización administrativa, requisitos para la admisión del alumnado, selección de personal docente, clasificación de los servidores públicos, etc. Los estatutos constituyen para las entidades descentralizadas en general, y desde luego para los organismos de educación superior, su reglamento de carácter obligatorio, en el que se dispone puntualmente su organización y funcionamiento”.

(27) Específicamente los objetivos fundamentales de la UMNG dispuestos en el artículo 3º de dicha ley, se orientan a: ofrecer formación superior y profundizar la formación integral de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a los empleados civiles del sector defensa, a los familiares de los anteriores y a los particulares que se vinculen a la universidad; colaborar con los institutos de formación y capacitación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el desarrollo de los programas que ellos adopten para la capacitación de su personal; prestar apoyo y asesoría en los órdenes científico y de educación al sector defensa y a las entidades e instituciones que lo soliciten; trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones, y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país y del sector defensa; formar a la población estudiantil en el compromiso por los principios y fines constitucionales; desarrollar programas de educación formal y no formal en cualquiera de las modalidades educativas, especialmente para atender las necesidades de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional, con miras a que las diversas zonas del país, dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades; propiciar y participar en el estudio y solución de asuntos de interés para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, independientemente, o en asocio con entidades que persigan fines similares; ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior y a la educación no formal; y fomentar la cooperación con entidades de similar fin, tanto nacionales como internacionales.

(28) C-589 de 1997, C-195 de 1994.

(29) C-589 de 1997.

(30) La Sentencia C-040 de 1993 establece que la igualdad no supone una paridad “mecánica o aritmética”, ya que las autoridades pueden en determinadas ocasiones emitir regulaciones que impliquen ciertas diferencias de trato, siempre que su decisión se fundamente en razones constitucionalmente legítima o admisible

(31) C-296 de 2012, C-182 de 2007, T-152 de 2007, C-1006 de 2005, C-576 de 2004, C-022 de 1996, T-230 de 1994, C-058 de 1994, C-345 de 1993, C-094 de 1993 entre muchas otras.

(32) C-182 de 2007.

(33) C-296 de 2012, C-022 de 1996.

(34) C-455 de 2011.

(35) T-015 de 1994, C-022 de 1996, C,(sic) T-230 de 1994, C-584 de 1997, C-309 de 1997 y T-916 de 2002.

(36) C-296 de 2012, también se citan los fallos T-015 de 1994, C-309 de 1997, C-475 de 1997, C-392 de 2002.

(37) C-227 de 2004.

(38) C-093 de 2001: “En aquellos campos en donde la Carta confiere a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, una amplia libertad de apreciación y configuración, entonces el escrutinio judicial debe ser más dúctil, a fin de no afectar la discrecionalidad legislativa, que la propia Constitución protege. En estos eventos, y por paradójico que parezca, el estricto respeto de la Carta exige un escrutinio judicial suave, que sea respetuoso de la libertad política del Congreso, a fin de que el juez constitucional no invada las competencias propias del legislador. Por el contrario, en aquellos asuntos en que la Carta limita la discrecionalidad del Congreso, la intervención y control del juez constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por la Constitución. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto la Carta así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte del legislador. Así, si se trata de ámbitos en donde el Congreso goza de una amplia discrecionalidad de regulación, entonces el control judicial debe ser menos intenso, precisamente para que el juez no anule la libertad del legislador. En cambio, en aquellos campos en donde la Constitución limita la discrecionalidad del Congreso, la injerencia del juez constitucional es mayor y el control constitucional debe ser más estricto”.

(39) C-033 de 2011, que a su vez cita la Sentencia C-1052 de 2001, C-102 de 2010, C-025 de 2010, C-372 de 2009, C-1087 de 2008, C-293 de 2008, C-922 de 2007, C-370 de 2006, C-1197 de 2005, C-1123 de 2004, C-901 de 2003, C-889 de 2002, C-183 de 2002 y C-1256 de 2001.

(40) C-033 de 2011. Cf. sentencias C-913 de 2004, C-819 de 2010, C-805 de 2009, C-308 de 2009, C-246 de 2009, C-1195 de 2008, C-545 de 2007, C-402 de 2007, C-507 de 2006, C-555 de 2005, C-127 de 2006, C-1146 de 2004, C-1115 de 2004 y C-1052 de 2004.

(41) C-033 de 2011. Cf. sentencias C-595 de 2010, C-069 de 2009, C-508 de 2008, C-451 de 2005, C-040 de 2005, C-480 de 2003 y C-1052 de 2001.