Sentencia C-102 de febrero 12 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-102 de 2003 

Ref.: Expediente D-4207.

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 29, parcial, de la Ley 712 de 2001 “por la cual se reforma el Código Procesal de Trabajo”.

Actor: Luis Eduardo Forero Medina.

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada y se resalta lo demandado.

LEY NÚMERO 712 DE 2001

Por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo

ART. 29.—El artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social quedará así:

ART. 65.—Procedencia del recurso de apelación. Son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:

(...).

El recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de las copias dentro de los cinco (5) días siguientes al auto que concedió el recurso. En caso contrario se declarará desierto.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en una ley, como la parcialmente acusada.

2. Lo que se debate.

2.1. Para el demandante la disposición parcialmente acusada del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, viola el preámbulo y los artículos 1º, 2º, 13, 25, 53 y 215 de la Constitución Política. La acusación, en términos generales, se puede resumir en que hay violación de todas estas disposiciones porque el precepto demandado desconoce el principio de gratuidad en el proceso laboral. Considera que en un Estado social de derecho no es posible que el trabajador o ex trabajador dentro del trámite de un proceso laboral, en el que es la parte más débil de la relación, por carecer de medios económicos para sufragar los gastos que genere la obtención de las copias para recurrir el auto, tenga que sufrir las consecuencias de esta situación, como es que se declare desierto el recurso de apelación.

2.2. Quienes intervinieron en este proceso por el Ministerio del Interior y el señor Procurador General de la Nación pidieron a la Corte declararse inhibida de pronunciarse respecto de la mayor parte de los cargos en relación con las normas que el demandante señaló como presuntamente violadas, por las siguientes razones:

2.2.1. Para la interviniente del Ministerio del Interior no hay violación del derecho a la igualdad pues el demandante olvidó demostrar que debe haber un trato diferenciado a sujetos que se encuentran en aparentes condiciones de igualdad. Además, en muchos casos se inician demandas laborales temerarias o dentro del proceso se acude a la interposición de recursos con interés meramente dilatorio, o, simplemente se desiste, por lo que el legislador encontró razonable que el interesado colabore con la administración de justicia proveyendo los recursos para las copias. En cuanto a la violación del principio de gratuidad de la justicia, señala que en la Constitución no existe ninguna disposición que señale expresamente la gratuidad del servicio de administración de justicia que presta el Estado. Trae a colación las sentencias T-522 de 1994, en la que la Corte precisó que este principio no opera de manera absoluta, y la C-037 de 1996, sobre la ley estatutaria de la administración de justicia, que señaló que corresponde al legislador ordinario definir, en cada proceso, lo relativo a este principio.

2.2.2. El señor procurador también pide, en principio que la Corte se inhiba de pronunciarse sobre esta demanda, por ineptitud sustancial de la misma. Pero que si la Corte decide pronunciarse de fondo sobre el principio de gratuidad, debe tener en cuenta lo establecido en la ley estatutaria de la justicia, Ley 270 de 1996, artículos 2º y 6º, y el artículo 39 del Código Procesal del Trabajo, para concluir que resulta exequible la exigencia mínima de cubrir los gastos de las copias para interponer el recurso de apelación.

2.3. Planteado así el asunto a debatir, la Corte considera que, en efecto, el actor incurrió en evidente falta de precisión en la formulación de la demanda. Sin embargo, sí estructuró el siguiente cargo: considera que la exigencia de que el interesado, trabajador o ex trabajador, que es la parte más débil de la relación, tenga que pagar el valor de las copias correspondientes para que se surta el recurso de apelación y que, de no hacerlo se declare desierto el recurso, viola los principios en que se funda el Estado social de derecho, principios que se encuentran en el preámbulo y en los artículos 1º, 2º y 13 de la Carta y la gratuidad del servicio público de la administración de justicia que debe existir para los procesos laborales. Este cargo fue analizado por quienes intervinieron en esta demanda, y explicaron las razones para desecharlo.

En consecuencia, en relación con este cargo, la Corte hará el correspondiente pronunciamiento. Sobre las demás normas constitucionales, que considera el actor violadas por el precepto acusado, se atenderá la solicitud de inhibición.

3. La jurisprudencia de la Corte en relación con el principio de gratuidad y el proceso laboral.

3.1. Lo primero que se advierte es que el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, tal como quedó modificado en la Ley 712 de 2001, en el artículo 29 parcialmente acusado, introdujo expresamente la obligación del recurrente de proveer lo necesario para la obtención de las copias, cuando la apelación fuere concedida, so pena de que se declare desierto el recurso.

Antes de esta reforma, el trámite del recurso de apelación, en cuanto a las copias, estaba regulado así: “(...) Este recurso se concederá en el efecto devolutivo, enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, la cual se compulsará gratuitamente y de oficio por la secretaría, dentro de los dos días siguientes al de la interposición del recurso (...)” (se resalta).

3.2. En la Ley 712 de 2001, el legislador lo que hizo en este aspecto fue acoger, en términos semejantes, lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, artículo 356, modificado por el Decreto 2282 de 1989, numeral 174, que en lo pertinente dijo: “(...) En el auto que conceda la apelación el juez determinará las piezas cuya copia se requiera; si el apelante no suministra lo necesario para la copia dentro del término de cinco días a partir de la notificación de dicho auto, el recurso quedará desierto” (se resalta).

3.3. Este artículo fue demandado por cargos semejantes a los ahora planteados, que conciernen al principio de gratuidad de la administración de justicia y los principios fundantes del Estado, así como la sanción que tiene para el recurrente el hecho de no suministrar los recursos necesarios para la expedición de las copias correspondientes.

3.3.1. La Corte en la Sentencia C-1512 de 2000 encontró constitucional esta exigencia. Examinó, entre otros puntos, la compatibilidad de esta carga procesal con el principio de gratuidad de la justicia y la razonabilidad y proporcionalidad del efecto sancionatorio.

3.3.2. Resulta a todas luces procedente remitirse a lo allí dicho, dada la relación directa que tiene con el objeto de la demanda en estudio. En lo pertinente, señaló esta providencia:

“5. Compatibilidad de la carga procesal en estudio con el principio de gratuidad de la justicia. Razonabilidad y proporcionalidad del efecto sancionatorio de la misma y su concordancia con el derecho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.

5.1. Concordancia con el principio de la gratuidad de la justicia.

La Corte en varias ocasiones ha señalado que el principio de la gratuidad de la justicia no tiene expreso reconocimiento en nuestro ordenamiento superior, pero que ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial a partir del claro arraigo constitucional que presenta en los valores fundantes del Estado como son a la justicia, la convivencia, la paz, la igualdad y a un orden justo (...).

La discusión en este campo suele centrarse en la excepciones erigidas alrededor del alcance del aludido principio, toda vez que el mismo presenta limitaciones para su aplicación. A esta excepcione hace referencia el artículo 6º de la ley estatutaria de la administración de justicia, cuando se refiere a la posibilidad de que en los procesos se establezcan expensas, agencias en derecho y demás costos judiciales, de la siguiente manera:

“... Gratuidad. La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costos judiciales que habrán de liquidarse sin perjuicio de las expensas en todos los procesos sin excluir a las entidades públicas” (resaltado fuera del texto original).

Dicho mandamiento fue encontrado ajustado a la Constitución por la Corte en la Sentencia C-037 de 1996, salvo la expresión “que habrán de liquidarse en todos los procesos sin excluir a las entidades públicas”, declarada inexequible. Los argumentos de dicha exequibilidad fueron lo siguientes:

El principio de gratuidad apunta, pues, a hacer efectivo el derecho constitucional fundamental a la igualdad. Con ello no quiere la Corte significar que aquellos gastos que originó el funcionamiento o la puesta en marcha del aparato judicial, debido a la reclamación de una de las partes, tengan igualmente que someterse al principio de gratuidad. Por el contrario, si bien toda persona tiene derecho de acceder sin costo alguno ante la administración de justicia, no sucede lo mismo con los gastos necesarios para obtener la declaración de un derecho. Por tal razón, la mayoría de las legislaciones del mundo contemplan la condena en costas —usualmente a quien ha sido vencido en el juicio—, así como las agencias en derecho, esto es, los gastos en que incurrió la parte favorecida o su apoderado (a través de escritos, diligencias, vigilancia, revisión de expedientes) durante todo el trámite judicial. Se trata, pues, de restituir los desembolsos realizados por quienes presentaron una demanda o fueron llamados a juicio y salieron favorecidos del debate procesal.

No obstante lo expuesto, encuentra la Corte que al señalar la norma en comento que “en todos los procesos” habrán de liquidarse las agencias en derecho y las costas judiciales, se está desconociendo la posibilidad de que la Carta Política o la ley contemplen procesos o mecanismos para acceder a la administración de justicia que no requieran erogación alguna por parte de los interesados. La acción de tutela de que trata el artículo 86 superior, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, y la acción pública de constitucionalidad prevista en los artículos 241 y 242 del estatuto fundamental y reglamentada por el Decreto 2067 de 1991, son algunos de los ejemplos que confirman los argumentos expuestos. Así las cosas, esta Corte advierte que será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si se amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el determinar, según las formas propias de cada juicio, si se incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales” (resalta la Sala).

De manera que, el pago de las copias para el trámite del recurso de apelación, representa una expensa de las autorizadas por la ley estatutaria de la administración de justicia y avalada por la jurisprudencia constitucional (1) , pues el hecho mismo de acudir a la administración de justicia supone algunas erogaciones económicas para las partes sin que esto viole el principio de la gratuidad de la justicia.

(1) Ver también la Sentencia C-539 de 1999.

Entonces, el efecto, que el incumplimiento de esa carga procesal produce, como es la declaratoria de desierto del recurso de apelación, no viola el derecho al debido proceso ni a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, como lo indica el actor, por las siguientes razones: (...).

Dicha carga procesal, por consiguiente, atiende a una necesidad fáctica derivada del trámite del recurso que no se puede desconocer. La consecuencia de ese incumplimiento, da lugar a una situación desfavorable para el apelante pero que no vulnera sus derechos al debido proceso, de igualdad o de acceso a la administración de justicia, pues busca facilitar, precisamente, el trámite del recurso de apelación y, en caso de que el interesado no disponga lo necesario para que esto ocurra, sancionarlo con la improcedencia del medio de impugnación, declarando desierto el recurso, lo cual resulta a todas luces razonable y proporcionado.

Por lo demás, debe la Corte recordar que el ordenamiento legal prevé instituciones como el amparo de pobreza, que bien puede invocar quien carezca de los medios económicos necesarios para asumir las cargas y expensas establecidas en la ley para el desarrollo de los procedimientos judiciales.

En resumen, la puesta en marcha de todo el aparato judicial para efectos de la resolución sobre un derecho debatido, supone a las partes procesales asumir algunos costos económicos o la realización de algunas actividades, como ya se dijo, atendiendo argumentos de racionalidad como los vistos que impiden que se desconozca el derecho a la igualdad y a la libertad de las personas para acceder a la administración de justicia” (Sent. C-1512/2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis).

3.4. De lo dicho por la Corte, como lo recuerda la sentencia que se acaba de transcribir, la ley estatutaria de administración de la justicia, sobre el principio de gratuidad, advirtió que “será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si amerita o no el cobro de las expensas judiciales” (Sent. C-037/96)

3.5. Resulta, entonces claro, que en el caso bajo estudio, el legislador, dentro de la libertad de configuración normativa, artículo 150, numeral 2º, de la Constitución; en la forma indicada por la ley estatutaria de la administración de justicia; y, atendiendo la jurisprudencia allí consignada, respecto de su responsabilidad en cada proceso de definir el cobro o no de expensas judiciales, expidió la norma que ahora se acusa, en la que se exige el pago del valor de las copias a cargo del recurrente, en el proceso laboral, cobro que, se repite, no estaba contemplado antes de la Ley 712 de 2001.

3.5.1. No está pues en discusión la competencia del legislador para haber tomado esta decisión. Competencia que, como es bien sabido, no implica que la Corte no pueda ejercer el control constitucional, con el fin de verificar que la expedición de la ley no desconozca la Constitución, que es su propio límite.

3.5.2. Tampoco está en discusión en el proceso civil la constitucionalidad de la sanción que se deriva del no pago de las copias tantas veces mencionada, por las razones que la Corte expuso en la Sentencia C-1512 citada.

3.6. Queda entonces preguntarse si la exigencia del pago de copias resulta también constitucional en el proceso laboral.

Para la Corte, sin desconocer el valor del trabajo como derecho fundamental en la Constitución (arts. 1º, 25, 53) y en numerosos tratados internacionales suscritos por Colombia, la respuesta es sí, por las razones que se pasan a explicar:

a) El principio de gratuidad en el proceso laboral no es absoluto. Puede tener un componente mucho más fuerte en el laboral que en otros procesos como el civil, pero ello no quiere decir que se libere de todas las cargas económicas a las partes. La Corte se refirió con precisión a este punto en la Sentencia T-522 de 1994, en un proceso laboral y relacionado, como ahora, con el artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral, obviamente antes de la modificación introducida con ocasión de la Ley 712 de 2001.

El caso puesto a consideración de la Corte correspondía a una acción de tutela presentada por el interesado que había recurrido un auto y había solicitado a la secretaría del juzgado que compulsara gratuitamente y de oficio las copias de las piezas procesales requeridas para el trámite del recurso. La secretaría del juzgado adujo falta de presupuesto para expedir las copias e informó que había acudido al jefe de la oficina judicial para lo pertinente, sin que se hubiera resuelto su solicitud al momento de interponer la acción de tutela. La Corte, sin desconocer que el artículo 65 (antes de ser modificado por la L. 712 en mención), contemplaba la gratuidad para compulsar copias, consideró que si el juzgado no tenía los medios para la reproducción, la parte interesada debía sufragar los gastos que implicara esta reproducción, sin que se violaran los fundamentos de la Constitución Política. Dijo, en lo pertinente la Corte:

1.1. Fundamento constitucional.

No existe una norma constitucional que expresamente consagre la gratuidad del servicio de justicia que presta el Estado, pero por vía legislativa aparece reconocido el principio de gratuidad de la justicia, aun cuando con algunas limitaciones, en los códigos de Procedimiento Laboral y Civil.

De la Constitución se puede inferir el principio de gratuidad de la circunstancia de que la justicia constituye uno de los pilares o fundamentos esenciales para lograr la convivencia, la paz y un orden justo que haga realidad la igualdad jurídica y material, enmarcado dentro de la filosofía y el realismo del Estado social de derecho, justicia cuya aplicación, operatividad y eficacia se hace efectiva cuando las instituciones procesales creadas como instrumentos para asegurar su vigencia, arbitran los mecanismos idóneos para que puedan acceder a ellas todas las personas en condiciones de igualdad. La gratuidad es, en esencia, la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues la situación económica de las partes no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra ni propiciar, por consiguiente, la discriminación.

El principio de gratuidad de la justicia en materia laboral, tienen un arraigo constitucional mucho más acentuado, porque la Constitución considera al trabajo como un valor y un derecho fundamental, consustancial al Estado social de derecho (preámbulo, arts. 1º, 25 y 53).

El trabajo si bien tiene como principal objeto afirmar la dignidad y el bienestar del individuo, ofrece el carácter de ser común a grandes esferas sociales, motivo por el cual trasciende de su órbita estrictamente individual hacia el ámbito de lo social o comunitario. Esta circunstancia determina que las controversias y conflictos que su aplicación suscita, tengan por lo general, una repercusión que en muchos casos alcanza a afectar notablemente, los intereses políticos, económicos y sociales de un país. Igualmente hay que considerar que es en las relaciones laborales donde con más intensidad se produce el contraste entre la igualdad jurídica como ideal y la desigualdad económica como realidad, imponiendo el Estado la obligación de atenuar o eliminar los efectos de ésta para alcanzar aquélla.

(...).

“Sin embargo, con respecto al recurso de apelación existe una norma especial que reafirma el principio de gratuidad (art. 65, inc. 2º), en el sentido de que se debe compulsar gratuitamente y de oficio por la secretaría, dentro de los dos días siguientes a la interposición del recurso, “copia de las piezas del proceso que fueren necesarias”.

A juicio de la Corte y como acertadamente lo entendió el juzgador de primera instancia el acto de compulsar copia de las partes pertinentes de la actuación procesal para efecto del recurso de apelación, debe entenderse como instrumental de la efectividad del principio de gratuidad en los procesos del trabajo, que naturalmente hace efectivo el derecho del trabajador del acceso a una justicia gratuita, con las excepciones ya anotadas. En tal virtud, la interpretación que más se adecua al principio de efectividad de los derechos (art. 2º de la C.P.) es la siguiente: la secretaría debe enviar dentro de la oportunidad procesal al tribunal para que se surta el recurso de apelación la copia de la correspondiente actuación procesal, ya sea mediante transcripción mecanográfica o por reproducción utilizando los medios técnicos de los cuales disponga el respectivo despacho judicial entre sus elementos de trabajo; si no cuenta con dichos medios, la parte interesada debe sufragar los gastos que implique la utilización de éstos para reproducir dicha copia, aplicando analógicamente la disposición del artículo 47 del Código Procesal Laboral” (Sent. T-522/94).

Esta sentencia fue uno de los precedentes jurisprudenciales de la decisión contenida en la Sentencia C-1512 de 2000, para decisión allí adoptada.

b) Olvida el actor la existencia de la institución del amparo de pobreza y el acceso a la misma, por parte de quien carezca de recursos económicos para asumir las cargas y expensas establecidas por la ley, para el desarrollo de los procesos, incluido en particular, el laboral. Si el interesado acudió oportunamente al amparo de pobreza no tendrá que soportar las graves consecuencias que puede tener el hecho de que se declare desierto el recurso por no haber suministrado el dinero necesario para las copias. En este sentido, la exigencia acusada no viola los principios fundantes del Estado social de derecho, preámbulo y artículos 1º y 2º, de la Constitución, y, por el contrario, el Estado está promoviendo las condiciones para que la igualdad sea real, al permitir que el interesado acuda al amparo de pobreza mencionado, por lo que no se da la presunta violación del principio de igualdad, de que trata el artículo 13 de la Constitución;

c) Además de las razones de índole constitucional existen razones legales que tratan y limitan el contenido del principio de gratuidad en el proceso laboral. En efecto, el artículo 39 del Decreto 2158 de 1948, adoptado por el Decreto 4133 de 1948 como legislación permanente, establece: “Principio de gratuidad. La actuación en los juicios del trabajo se adelantará en papel común, no dará lugar a impuesto de timbre nacional ni a derechos de secretaría, y los expedientes, despachos, exhortos y demás actuaciones cursarán libres de porte por los correos nacionales”.

Aunado a lo anterior, como lo ha indicado ampliamente la jurisprudencia, el proceso laboral implica que gastos como “los necesarios para el desplazamiento de los funcionarios que deban realizar notificaciones; la indemnización que el juez puede decretar a favor del testigo, según el artículo 221 del Código de Procedimiento Civil; los honorarios de los auxiliares de la justicia; los gastos necesarios para el registro de embargos en las competentes oficinas del registro de instrumentos públicos y en las cámaras de comercio; la utilización de medios técnicos para la grabación de las actuaciones de las audiencias públicas y, en general, todo gasto que propiamente, no se encuentre comprendido dentro de las actuaciones a que alude el artículo 39, antes transcrito” (Sent. T-522/94), deben ser cubiertos por las partes, o, por la parte interesada, de acuerdo con el momento procesal en que se esté.

3.7. En conclusión: la disposición acusada será declarada exequible por no violar las normas en que se funda el Estado social de derecho, pues, no está imponiéndole cargas desproporcionadas e irrazonables a una de las partes del proceso laboral, que es la más débil (el trabajador o ex trabajador en el proceso laboral). El trabajador o ex trabajador que carezca de los medios económicos para asumir las cargas y expensas establecidas por la ley para el desarrollo del proceso, puede acudir a la institución del amparo de pobreza, lo que conduce a que el recurso no se declare desierto por no suministrar los dineros necesarios para las copias. El artículo, en lo acusado, es producto de la libertad de configuración normativa del legislador, artículo 150, numeral 2º, de la Constitución, sin que esto signifique que se esté equiparando el proceso laboral con otros procesos, como el civil, dado que la Constitución confiere al trabajo como valor y derecho fundamental, garantías expresas en el preámbulo y en los artículos 1º, 25 y 53 de la Constitución, además, de lo establecido en los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados, que hacen parte de la legislación interna (art. 53 de la Carta).

3.8. Se declarará, entonces, exequible la parte demandada del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, en cuanto no hay violación del principio de gratuidad del proceso laboral, como expresión de los valores fundantes del Estado social de derecho, ni del artículo 13 de la Carta. Y se inhibirá de proferir decisión de fondo respecto de los artículos 25, 53 y 215 de la Constitución, por inepta demanda.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “El recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de las copias dentro de los cinco (5) días siguientes al auto que concedió el recurso. En caso contrario se declarará desierto”, contenida en el artículo 29 de la Ley 712 de 2001 “por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo”, sólo por los cargos estudiados.

2. INHIBIRSE de pronunciarse respecto de la supuesta violación de los artículos 25, 53 y 215 de la Constitución, del mismo artículo 65, en lo acusado, por inepta demanda.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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