Sentencia C-1026 de octubre 21 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1026 de 2004 

Ref.: Expediente D-5157

Magistrado Ponente:

Dr. Humberto Sierra Porto

Demandantes: Andrea Vega Rodríguez y otras.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 253 (parcial) del Código Civil.

Bogotá, D.C., veintiuno de octubre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición parcialmente demandada, y se resalta lo acusado.

“CÓDIGO CIVIL

ART. 253.—Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda contra la expresión “legítimos” del artículo 253 del Código Civil, en virtud del artículo 241 numeral 4º de la Carta, ya que la disposición parcialmente acusada hace parte de una ley de la República, puesto que el Código Civil fue expedido por la Ley 57 de 1887.

Asunto previo, derogatoria de la norma parcialmente acusada

2. Las actoras consideran que la expresión demandada es discriminatoria ya que establece que los padres tienen el deber de cuidar y educar únicamente a los hijos legítimos, con lo cual desconoce la igualdad que la Constitución reconoce a todos los hijos, sin importar si fueron o no concebidos en el matrimonio. La vista fiscal apoya esa pretensión. Por su parte, los intervinientes, aunque comparten la premisa de las demandantes acerca de la igualdad constitucional entre todos los hijos, sin embargo consideran que de ella no se desprende la inexequibilidad de la expresión acusada. Para uno de ellos, el fallo debe ser inhibitorio pues dicha expresión fue derogada por la Ley 29 de 1982. El otro interviniente considera que la expresión debe ser declarada exequible, por cuanto, debido a la igualdad jurídica que desde la Ley 29 de 1982 existe entre todos los hijos, la expresión “hijo legítimo” deja de tener un sentido discriminatorio y simplemente reconoce un hecho social y jurídico evidente; que en todo caso subsisten diferencias entre, de un lado, los hijos legítimos o matrimoniales y, de otro lado, los hijos extramatrimoniales.

3. Conforme a lo anterior, debe la Corte comenzar por examinar si realmente la expresión acusada se encuentra o no derogada, con el fin de determinar si procede o no un pronunciamiento de fondo.

La Ley 29 de 1982 y la expresión acusada

4. El ordenamiento civil colombiano estableció, durante largas décadas, una evidente discriminación contra los hijos extramatrimoniales. La Sentencia C-047 de 1994, sintetizó esa regulación de la siguiente manera:

“El artículo 52 del Código Civil clasificaba los hijos ilegítimos en naturales y de dañado y punible ayuntamiento, que a su vez podían ser adulterinos o incestuosos. La denominación de ilegítimos era genérica, pues, comprendía todos los que no eran legítimos. Pero, además, el artículo 58 llamaba espurios los hijos de dañado y punible ayuntamiento; y el 57 denominaba simplemente ilegítimo al hijo natural o al espurio a quien faltaba el reconocimiento por parte del padre o de la madre.

Esta clasificación era tan degradante y contraria a la dignidad humana, que el hijo natural, es decir, el “nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí”, reconocido o declarado tal “con arreglo a la ley”, era un verdadero privilegiado en relación con las otras categorías de ilegítimos. Basta recordar que los hijos nacidos fuera de matrimonio solamente podían ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, cuando no eran de dañado y punible ayuntamiento, según el texto del artículo 54 de la Ley 153 de 1887.

Aun en el siglo XIX, la discriminación era un mal de la época, que se manifestaba a pesar de las declaraciones de principios. Así, los franceses que habían consagrado en el artículo primero de la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” el principio según el cual “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, mantuvieron vigentes en el Código Napoleón normas injustas cuyo rigor solamente se atemperó en este siglo. Por ejemplo, el artículo 335 que prohibía el reconocimiento “de los hijos nacidos de un comercio incestuoso o adulterino”.

Pero el trato inequitativo no se quedaba en las palabras. Entratándose de la sucesión por causa de muerte el hijo natural, privilegiado como ya se vio, soportaba un régimen aberrante: según el artículo 1045 del Código Civil, reformado por el 86 de la Ley 153 de 1887, cuando en la sucesión intestada concurrían hijos legítimos y naturales, la herencia se dividía en cinco (5) partes, cuatro (4) para los legítimos y una (1) para todos los naturales.

A partir de 1930, el ímpetu transformador de la República Liberal se plasma en leyes en favor de quienes han sido tradicionalmente desprotegidos, como la mujer, los hijos no legítimos y los trabajadores campesinos: leyes como la 28 de 1932, 45 y 200 de 1936, son un salto formidable en el proceso hacia una sociedad igualitaria.

La Ley 45 de 1936 cambia la situación de los hijos naturales: establece la patria potestad sobre ellos, que el código no permitía; permite el reconocimiento como naturales de los hijos adulterinos; y mejora la participación sucesoral del hijo natural en la sucesión intestada, al asignarle la mitad de lo que corresponde a uno legítimo.

Viene luego la Ley 75 de 1968 que modifica la Ley 45 de 1936, al establecer la presunción legal de paternidad natural y dictar normas en defensa de la mujer, los hijos menores y la familia.

Después, el Decreto-Ley 2820 de 1974 introduce reformas en la institución de la patria potestad, en beneficio de la mujer y de los hijos naturales.

Finalmente, el artículo 1º de la Ley 29 de 1982, consagra la igualdad no solo entre los hijos legítimos y los naturales, sino entre unos y otros y los adoptivos: “Los hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones”. Desaparecen así todas las desigualdades por razón del nacimiento: en adelante, entratándose de derechos y obligaciones habrá solamente hijos diferentes solamente en sus denominaciones de legítimos, extramatrimoniales y adoptivos”.

5. Conforme a lo anterior, el artículo 1º de la Ley 29 de 1982 añadió un inciso al artículo 250 del Código Civil, que establece que los “hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones”. Esta ley derogó, de manera general, todas las discriminaciones que la legislación civil había establecido anteriormente entre los hijos extramatrimoniales y los hijos matrimoniales, tal y como lo explicó la citada Sentencia C-047 de 1994, que dijo al respecto:

“La Ley 29 de 1982 no solamente consagró la igualdad entre los hijos, en general, sino que modificó expresamente normas del Código Civil que establecían un trato desigual en materia sucesoral. Por ejemplo, el artículo 1043 que limitaba la representación a la descendencia legítima; el 1045 que establece el primer orden sucesoral; el artículo 50, según el cual, ahora, “La sucesión del hijo extramatrimonial se rige por las mismas reglas que la del causante legítimo”; el 1240 que define quienes son legitimarios.

Pero, los efectos de la ley no se limitan a la derogación expresa de unas normas. Hay que entender que el artículo primero ha derogado o modificado tácitamente las que le son contrarias. Algunas de ellas son estas: el artículo 52, que llamaba “naturales” los que ahora se denominan hijos extramatrimoniales; el 53 que trataba de los padres “ilegítimos” y “naturales”; el 61 que fija el orden en que debe oírse a los parientes; el 465 que señala los tutores y curadores exceptuados de la obligación de prestar fianza. Esto, sencillamente, porque la derogación de una ley “es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior”, según el artículo 71 del Código Civil.

En conclusión: la igualdad entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos no puede conciliarse con norma alguna, anterior, que establezca discriminación en contra de una cualquiera de estas clases de hijos”.

6. El análisis precedente muestra que es razonable entender que la expresión acusada “legítimos” contenida en el artículo 253 del estatuto civil se entiende derogada.

En efecto, conforme a esa disposición, corresponde a los padres de consuno, o al padre o madre sobreviviente, “el cuidado personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos”. Esta norma establece entonces una obligación a los padres de responder por la crianza y educación de los hijos legítimos, con lo cual, dicha disposición prevé el derecho correlativo de los hijos de contar con ese cuidado personal de los padres. En tal contexto, la expresión “legítimos” tiene como efecto autónomo restringir el deber parental —y el correlativo derecho de los hijos— al caso de la filiación legítima, con lo cual quedaba excluida la filiación extramatrimonial. Esto significaba que los hijos extramatrimoniales no tenían derecho a ese cuidado parental, lo cual establecía una discriminación entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales. En tales condiciones, como la finalidad de la Ley 29 de 1982 fue eliminar esas discriminaciones y establecer la plena igualdad de derechos entre todos los hijos, entonces debe entenderse derogada la expresión “legítimos” contenida en el artículo 253 del Código Civil, así como todas aquellas disposiciones o expresiones que establecían discriminaciones entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales.

7. Es razonable entonces entender que la expresión acusada se encuentra derogada, como lo hace uno de los intervinientes. Sin embargo, subsisten algunas dudas sobre ese punto. De un lado, podría considerarse que incluso si la Ley 29 de 1982 hubiera suprimido todos los efectos jurídicos de la expresión “legítimos” del artículo parcialmente acusado, de todos modos formalmente esa palabra seguiría haciendo parte del ordenamiento, lo cual podría suscitar el siguiente problema constitucional: esa expresión podría ser considerada en sí misma como discriminatoria y estigmatizante. Y la razón sería la siguiente: si los hijos legítimos son los matrimoniales, entonces podría entenderse que los otros hijos son lo contrario a “legítimos”, esto es, son ilegítimos, lo cual tiene connotaciones discriminatorias. Por ende, podría concluirse que incluso si la palabra “legítimos” del artículo 253 del Código Civil hubiera perdido sus efectos jurídicos, de todos modos la Corte debería analizar su constitucionalidad, pues el lenguaje empleado por esa disposición constitucional podría ser contrario a la Carta. Ya en anteriores oportunidades esta Corte había señalado que “el lenguaje de una norma legal no es axiológicamente neutro, ni deja de tener relevancia constitucional” (1) , y precisamente por esa razón, la Sentencia C-037 de 1996 declaró la inexequibilidad de la expresión “recursos humanos” de la ley estatutaria de la administración de justicia, pues la Corte consideró que ese lenguaje cosificaba al ser humano, lo cual es contrario a la dignidad humana.

8. De otro lado, como lo muestran la propia demanda, la otra intervención ciudadana y el concepto de la vista fiscal, para algunos intérpretes la expresión acusada sigue produciendo efectos jurídicos, pues todos esos escritos parten del supuesto de la vigencia de la expresión acusada. Y existen al menos dos argumentos que podrían sustentar la tesis de la vigencia de esa expresión, y son los siguientes: de un lado, la Ley 29 de 1982 no derogó globalmente la expresión “hijos legítimos” del estatuto civil sino que por el contrario reafirmó su existencia, pues expresamente señaló que los hijos son “legítimos, extramatrimoniales y adoptivos”. Por consiguiente, no toda referencia a los hijos legítimos contenida en el Código Civil fue derogada por la Ley 29 de 1982. En tal contexto, en segundo término, es importante resaltar que el artículo 253 del Código Civil no consagra un derecho de los hijos legítimos sino una obligación y una facultad que recae sobre los padres, por lo que es posible considerar que dicha disposición, que se refiere más directamente a los padres, no fue modificada por la Ley 29 de 1982, que regula los derechos de los hijos.

9. Conforme a lo anterior, aunque existen argumentos sólidos para sostener que la expresión acusada se encuentra derogada, subsisten dudas en torno a esa derogación tácita y en todo caso subsisten los problemas constitucionales que podría generar el lenguaje mismo empleado por la disposición parcialmente acusada. Ahora bien, la Corte recuerda que, tal como lo anotó la Sentencia C-898 de 2001, no es la acción de inconstitucionalidad el medio idóneo para pedirle a la Corte que declare formalmente que la norma demandada ha sido tácitamente derogada. La acción pública de inconstitucionalidad exige de esta corporación un juicio de validez y un análisis constitucional. No ha sido concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas jurídicas. Ante tal situación, este tribunal ya ha anotado que cuando la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria tácita, procede un pronunciamiento de fondo, ya que la norma acusada puede estar produciendo efectos. Así, la Sentencia C-419 de 2002, señaló al respecto:

“Así, ante esta situación la Corte encuentra que no le corresponde dirimir el asunto de la vigencia de la disposición acusada. En efecto, cuando la derogatoria de una disposición es expresa, no cabe duda en cuanto a que si se interpone una demanda en contra de la norma derogada, la Corte debe inhibirse, salvo que la disposición continúe proyectando sus efectos en el tiempo. Cuando, por el contrario, la vigencia de una disposición es dudosa, pues existe incertidumbre acerca de su derogatoria tácita, la Corte no puede inhibirse por esta razón pues la disposición podría estar produciendo efectos”.

El caso bajo examen encuadra en la hipótesis señalada por la citada Sentencia C-419 de 2002, pues existen dudas acerca de la derogatoria de la expresión acusada, por lo cual procede un pronunciamiento de fondo.

10. Podría considerarse que dicho pronunciamiento no es necesario, pues la expresión acusada debe entenderse derogada por la propia Constitución de 1991, en la medida en que la Carta estableció la igualdad entre todos los hijos, sin importar si fueron habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados (C.P., art. 42). Sin embargo, esa tesis no es de recibo, por cuanto la Corte ha señalado que si existe una contradicción entre una disposición legal preconstitucional y la Carta, y la disposición es demandada, lo procedente, por razones de seguridad jurídica, es que la Corte declare la inexequibilidad del precepto acusado, en caso de que encuentre que vulnera la Constitución, y no que se inhiba por la derogatoria de la disposición demandada. La reciente Sentencia C-571 de 2004 explicó esa prevalencia de la declaratoria de inconstitucionalidad sobreviniente sobre la inhibición por derogación en los siguientes términos:

“Ahora bien, si la posición dominante es la que propugna por la vigencia de la legislación preexistente, la definición sobre la insubsistencia de una norma anterior que se encuentre en abierta contradicción con la Constitución, requiere necesariamente de la declaratoria de inconstitucionalidad, excluyéndose la posibilidad de dictar un fallo inhibitorio por carencia actual de objeto, ante la presunta ocurrencia del fenómeno jurídico de la derogatoria tácita.

Conforme con la línea de interpretación acogida por la Corte, cuando se genera un conflicto entre normas de distinto rango, siendo la norma superior también la posterior, en estricto sentido no se está en presencia de un caso de derogatoria tácita, sino de invalidez sobrevenida de la preceptiva inferior. Es claro que, aun cuando para resolver tal incompatibilidad convergen los dos principios lex posterior derogat prior y lex superior derogat inferior, como se anotó, razones de seguridad jurídica impone que tal antinomia se resuelva aplicando preferentemente el criterio jerárquico sobre el temporal, debiendo el intérprete autorizado proceder a declarar la invalidez de la norma que genera el conflicto.

(...).

Bajo estos supuestos, se explica entonces que el órgano de control constitucional haya optado por proferir decisión de fondo en todos los casos de confrontación entre la legislación preexistente y la Constitución del 91, excluyendo de plano el fallo inhibitorio por derogatoria tácita cuando existe oposición objetiva entre una y otra, caso en cual lo que procede es la declaratoria de inexequibilidad de la respectiva norma. A juicio de la Corte, es esa la forma de garantizar a los asociados un mayor grado de certidumbre sobre los límites a la protección jurídica de sus actuaciones frente a las normas que le son aplicables, y también, la manera de reconocer el verdadero valor normativo de la Constitución, fundado en los principios de supremacía y eficacia de la Carta Política como norma de normas directamente aplicable, los cuales informan la totalidad del ordenamiento y obligan a todos los órganos del poder público”.

Por todas las anteriores razones, procede un examen de fondo del cargo formulado en la demanda.

La igualdad constitucional entre los hijos y la inexequibilidad de la expresión acusada

11. La Constitución establece, de manera inequívoca, la igualdad entre todos los hijos pues el artículo 42 señala con claridad que “los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia, científica, tienen iguales derechos y deberes”. Esto significa que son inconstitucionales aquellas regulaciones que establecen discriminaciones entre las personas por su origen familiar. Por ello, la Sentencia C-105 de 1994, luego de precisar que “toda norma que establezca una discriminación basada en el origen familiar, es contraria a la Constitución”, procedió a declarar la inexequibilidad de la expresión “legítimos” en varias disposiciones del estatuto civil, cuando constató que dicha expresión implicaba un injustificado trato distinto entre los hijos y descendientes matrimoniales, y los hijos y descendientes extramatrimoniales.

12. Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que la expresión acusada es inexequible pues no existe ninguna justificación para que el deber y la facultad de los padres de cuidar personalmente de la crianza y educación de sus hijos estén restringidos a la filiación matrimonial. Dicha restricción a la filiación matrimonial y a los hijos legítimos establece una clara discriminación contra los hijos extramatrimoniales, que carecerían de ese cuidado personal, por lo cual es contraria al mandato constitucional que consagra la igualdad en derecho y deberes de todos los hijos (C.P., art. 42). La expresión será entonces retirada del ordenamiento.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE la expresión “legítimos” contenida en el artículo 253 del Código Civil.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Sentencia C-320 de 1997. Fundamento 9.

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