Sentencia C-103 de marzo 10 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

EJECUCIONES CONTRA ENTIDADES PÚBLICAS

EXCEPCIONES A LA INEMBARGABILIDAD

EXTRACTOS: «La Corte Constitucional, en la sentencia C-546, de octubre 1º de 1992, declaró exequible el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, cuyo texto es el siguiente:

“Art. 16.—La inembargabilidad. Las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables. La forma de pago de las sentencias a cargo de la Nación, se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales concordantes”.

La Corte Constitucional estimó conforme a la Constitución la regla general de la inembargabilidad de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, pero exceptuó expresamente los créditos laborales, así:

“2. Son EXEQUIBLES los artículos 8º, en la parte que dice: “y la inembargabilidad”, y 16 de la Ley 38 de 1989; y además, en tratándose de créditos laborales, entendidos dichos textos conforme a los dos últimos párrafos de la parte motiva de esta sentencia”.

Y uno de los párrafos de la parte motiva a que se refiere la decisión, se dice:

“En consecuencia, esta Corporación estima que los actos administrativos que contemplan obligaciones laborales en favor de los servidores públicos deben poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan prestar mérito y ejecutivo —y embargo— a los dieciocho (18 ) meses después de haber sido ejecutoriados, de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, que dice en sus incisos primero y cuarto:

Inciso primero: “Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada”.

Inciso cuarto: “Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.

La sentencia C-546, como se ve, encontró ajustada a la Constitución la inembargabilidad general de las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación, con la excepción dicha. Y, además, no hizo reparo alguno al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Comparación de los artículos 336 y 513 del Código de Procedimiento Civil con el artículo 16 de la Ley 38 de 1989. 

a) Si se comparan la primera frase del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 y el inciso segundo del artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, se nota que son idénticos. En efecto:

Primera frase del artículo 16: “Las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables”.

Inciso segundo del artículo 513: “Las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables”.

En lo que se refiere a esta última norma, no hay, pues, lugar a la menor duda: está amparada por la declaración de exequibilidad hecha en la sentencia C-546.

b) En cuanto al inciso tercero del mismo artículo 513, cabe decir lo siguiente:

La redacción de la norma, al decir que “bastará certificación del director general de presupuesto o su delegado para acreditar el mencionado carácter de los bienes y se efectuará desembargo de los mismos a más tardar el día siguiente de haber sido presentada al juez dicha certificación”, priva al juez de la facultad de examinar la certificación en sí misma, a la luz de los demás elementos de juicio de que disponga, para decidir de conformidad con su propia autonomía. Es evidente que la certificación es una prueba, cuya evaluación compete al juez, para que este no aparezca únicamente como el encargado de cumplir una especie de orden impartida por un funcionario de la rama ejecutiva. Por esto, se declarará inexequible la parte correspondiente, porque la Corte considera que vulnera el principio de la separación de los poderes y la autonomía de la rama judicial, consagrada en el artículo 228 de la Constitución. La inexequibilidad se concreta a lo siguiente: “bastará certificación del director general de presupuesto o su delegado para acreditar el mencionado carácter de los bienes y se efectuará desembargo de los mismos a más tardar el día siguiente de haber sido presentado al juez dicha certificación”.

De otra parte, al eliminar los recursos contra la providencia que ordena el desembargo, se vulnera el debido proceso consagrado por el art. 29 de la Constitución, lo mismo que el acceso eficaz a la justicia (art. 229 C.P.). Por este motivo, se declarará inexequible la frase final del inciso tercero: “Contra la providencia que disponga el desembargo no procede recurso alguno”.

En consecuencia, el inciso tercero del artículo 513, quedará así: “Si llegaren a resultar embargados bienes de esta índole, se efectuará desembargo de los mismos”.

Expresamente se advierte que los jueces deberán resolver estas cuestiones dentro de los términos establecidos en las normas procesales correspondientes, y que la certificación del director general de presupuesto o su delegado, será estimada por el juez, si se presenta, como una prueba, de conformidad con las normas correspondientes.

c) En lo que tiene que ver con la frase inicial del artículo 336, también su constitucionalidad es evidente al compararla con el mismo artículo 16. Véamos:

Frase inicial del art. 336: “Ejecución contra entidades de derecho público. La Nación no puede ser ejecutada, salvo en el caso contemplado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil”.

Frase final del artículo 16: “La forma de pago de las sentencias a cargo de la Nación se efectuará de conformidad con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo y demás disposiciones legales concordantes”.

Es ostensible que las dos normas dicen lo mismo, con diferentes palabras. Así lo demuestra la referencia al Código Contencioso Administrativo, concretamente a su artículo 177.

d) Observaciones.

La Corte considera pertinentes algunas observaciones sobre esta materia:

Primera.—Según el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, “las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento”. Lo anterior implica que tales autoridades deben hacer cuanto esté a su alcance para cumplir las sentencias en el menor tiempo posible, sin tomarse el término de 18 meses a que se refiere el artículo 177. Esto, con el fin de evitar que se causen, en perjuicio del tesoro público, los intereses comerciales y de mora consagrados en el inciso final del mismo art. 177. El dilatar injustificadamente el cumplimiento de esta clase de fallos no sólo perjudica a los beneficiarios de los mismos, sino que representa una carga exagerada para el erario, y, en últimas, para el contribuyente.

Segunda.—Dispone el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo: “Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecución”. Esto quiere decir que transcurridos los 18 meses, es procedente la ejecución, acompañada de las medidas cautelares de embargo y secuestro, con sujeción a las normas procesales pertinentes.

Tercera.—Cuando se trata de un acto administrativo definitivo que preste mérito ejecutivo, esto es, que reconozca una obligación expresa, clara y exigible, obligación que surja exclusivamente del mismo acto, será procedente la ejecución después de los diez y ocho (18) meses, con sujeción a las normas procesales correspondientes. Pero, expresamente, se aclara que la obligación debe resultar del título mismo, sin que sea posible completar el acto administrativo con interpretaciones legales que no surjan del mismo.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Decláranse EXEQUIBLES las siguientes partes de los numerales 158 y 272 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, que modificaron los artículos 336 y 513 del Código de Procedimiento Civil, así:

a) Del artículo 336, esta frase: “La Nación no puede ser ejecutada, salvo en el caso contemplado en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”.

b) Del artículo 513, el inciso segundo, que dice:

Inciso segundo: “Las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación son inembargables”.

La EXEQUIBILIDAD que aquí se declara deberá entenderse con la excepción reconocida en la sentencia C-546, de octubre 1º de 1992, de esta misma Corte, en relación con los créditos laborales, y en concordancia con la parte motiva de esta providencia.

c) Del mismo artículo 513, el inciso tercero, salvo los siguientes apartes, que se declaran INEXEQUIBLES:

“...bastará certificación del director general de presupuesto o su delegado para acreditar el mencionado carácter de los bienes y... a más tardar el día siguiente de haber sido presentada al juez dicha certificación. Contra la providencia que disponga el desembargo no procede recurso alguno”.

En consecuencia, el inciso tercero, excluidas las partes declaradas inexequibles, quedará así:

“Si llegaren a resultar embargados bienes de esta índole, se efectuará desembargo de los mismos”.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-103 de marzo 10 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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