Sentencia C-1033 de diciembre 5 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1033 de 2006 

Ref.: expediente D-6282

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Actor: Arturo Daniel López Coba

Bogotá, D.C., cinco de diciembre del año dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Disposición demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 45.658 del primero (1º) de septiembre de 2004, es el siguiente. Se subraya lo demandado:

“LEY 906 DE 2004

(Agosto 31)

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal

El Congreso de la República

DECRETA:

Libro VII

Régimen de Implementación

(…)

Capítulo II

Régimen de transición

ART. 531.—Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos. Los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.

En las investigaciones previas a cargo de la fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción.

Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documento que afecten directa e indirectamente los intereses patrimoniales del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en la que se haya emitido resolución de cierre de investigación.

Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto.

Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código”.

(…)”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada hace parte de una Ley de la República.

2. La materia sujeta a examen.

Para el demandante los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” vulneran i) el principio de dignidad humana (C.P., art. 1º) por cuanto limitan la posibilidad de las víctimas y perjudicados de acudir al Estado para obtener justicia, verdad y reparación y por cuanto cualquier acción contraria al esclarecimientos de los hechos desconoce dicha dignidad, ii) el principio de igualdad pues establecen un trato discriminatorio para las víctimas y perjudicados si se les compara con la situación del procesado, al que se le favorece con la prescripción y quien ya tenía el “privilegio de la presunción de inocencia” que se pretendía desvirtuar en el proceso; iii) el debido proceso (C.P., art. 29) pues con la prescripción a las víctimas se les impide desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, no podrán controvertir las pruebas que este eventualmente haya presentado ni presentar las que ellas tengan y se les cambian las reglas de juego de un proceso en el que “el legislador no es parte” y sin embargo termina favoreciendo al investigado o imputado; iv) Los artículos 229 y 250 superiores, por cuanto se premia la inoperancia judicial para averiguar oportunamente las conductas punibles y se priva así a las víctimas del acceso a la justicia, al tiempo que se deja de lado la obligación constitucional de la fiscalía de perseguir los delitos y v) el artículo 93 de la Constitución pues se obliga así a las víctimas y perjudicados a acudir a los tribunales internacionales para solicitar una adecuada administración de justicia, dado que el Estado competente para hacerlo no la administró oportunamente y no les brindó un recurso judicial efectivo.

El interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, y en subsidio declarar la exequibilidad de los incisos demandados. Destaca que i) El legislador tiene una amplia potestad de configuración en el diseño de normas de procedimiento penal y es autónomo para fijar un régimen de transición que contenga los términos de prescripción y caducidad de la acción penal, con el fin de facilitar la implementación del sistema acusatorio, ii) las reducciones de los términos de prescripción y caducidad de la acción penal que establecen las disposiciones acusadas se enmarcan en una política criminal razonada y proporcionada y garantizan que haya “transcurrido un lapso de tiempo razonable y suficiente para la correspondiente acción de las autoridades competentes”; iii) El actor desconoce que en el inciso tercero del referido artículo 531 de la Ley 906 de 2004 el legislador dispuso algunos casos en los que no opera la reducción del término de prescripción; iv) en cuanto límite temporal al ejercicio del poder punitivo del Estado la prescripción está enderezada a dar seguridad jurídica a los destinatarios y censurar o castigar la desidia estatal.

El señor Fiscal General de la Nación, igualmente solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las disposiciones acusadas y para el efecto hace énfasis en que i) El constituyente quiso que uno de los elementos del derecho a la libertad personal fuera la prescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad, ii) Establecer como lo pretende el actor la imprescriptibilidad de la acción penal, violaría el artículo 28 de la Constitución y además el artículo 2º numeral 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; iii) Dentro de los elementos de la “política criminal” encomendada al legislador figuran necesariamente las disposiciones que señalan los términos de prescripción de la acción penal, materia sobre la que solamente “en los casos de manifiesta e innegable desproporción o palmaria irrazonabilidad” corresponde al juez constitucional declarar la inexequibilidad de este tipo de disposiciones; iv) No es cierto, contrario a lo afirmado por el actor, que cualquier acción contraria al esclarecimiento de los hechos sea atentatoria de la dignidad humana; v) La confusión del actor radica en que solo aborda uno de los extremos del proceso penal: el de las víctimas, olvidando que también está involucrado en un proceso penal el indiciado, imputado o acusado quien tiene derecho a que el Estado investigue dentro de un determinado tiempo la presunta comisión de un hecho punible; vi) Si se compara el tiempo mínimo de tres años a que alude el artículo 531 de la Ley 906 de 2004 con los establecidos en el nuevo estatuto procesal acusatorio, se tiene que concluir que el mismo es proporcionalmente amplio para efectuar una investigación.

Los intervinientes en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia igualmente solicitan a la Corte declarar la exequibilidad de las disposiciones acusadas. Al tiempo que recuerdan que la Corte se ha abstenido de emitir pronunciamiento de fondo en anteriores ocasiones frente a acusaciones formuladas contra el mismo artículo —pero en apartes diferentes— consideran que las disposiciones acusadas son razonables y ajustadas a los principios de igualdad, equidad y eficiencia y atienden a un objetivo constitucional legítimo.

La procuradora auxiliar para asuntos constitucionales solicita a la corte declararse inhibida por ineptitud sustancial de la demanda, pues en su criterio el demandante incumplió los presupuestos de claridad y pertinencia señalados por la jurisprudencia para poder dar curso al juicio de constitucionalidad. Afirma particularmente que el actor plantea una comparación entre sujetos que en manera alguna pueden ser equiparados a saber la víctima y el investigado o imputado. Empero señala que si la Corte en aplicación del principio pro actione resuelve adelantar el juicio respectivo las disposiciones acusadas deben ser declaradas exequibles frente a los aspectos analizados.

Destaca que i) El legislador tiene una amplia potestad de configuración para determinar la política criminal del estado y dentro del ella los términos de prescripción de la acción penal; ii) es evidente que la víctima se encuentra en una situación procesal totalmente diversa a la de la persona sometida a la investigación previa o instrucción, al tiempo que frente al término de prescripción de la acción y la reducción del mismo dispuesta con carácter general y abstracto en el artículo acusado, víctima e investigado se encuentran en la misma situación y tienen igualdad de oportunidades para intervenir en defensa de sus particulares intereses. Por ello, resulta totalmente desacertado en su criterio el cargo por violación al principio de igualdad; iii) la reducción de términos que establecen los incisos acusados atiende a una finalidad constitucionalmente legítima, cual es facilitar la transición al esquema procesal diseñado a partir del Acto Legislativo 03 de 2002, mediante la descongestión de los despachos judiciales que administran justicia en materia penal iv) la reducción de términos acusada no implica la renuncia general y automática al ejercicio de la acción penal, sino una disminución del plazo que tiene la administración de justicia para adelantarla, Por lo que considera desacertado afirmar que la reducción del lapso que tiene el ente investigador para perfeccionar la investigación y procurar la interrupción del término de prescripción desconoce los derechos de las víctimas, pues la ley en ningún momento contempla la prescripción automática de las indagaciones previas e instrucciones en curso, sino que les señala a los fiscales un margen temporal reducido, dentro de un proceso de descongestión que antecede al cambio de sistema procesal penal; v) las disposiciones acusadas excluyen de la posibilidad de prescripción anticipada las conductas más graves y aquellas investigaciones que han sido cerradas, precisamente para salvaguardar el interés de la sociedad y de las víctimas en la impartición de justicia en aquellos eventos en los cuales el proceder de los funcionarios instructores ha permitido perfeccionar la investigación y entender reunidos los presupuestos para calificar el mérito de la instrucción.

Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si asiste o no razón al demandante cuando afirma que los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 —que establecen en función del tránsito legislativo necesario a la implantación del sistema penal acusatorio una reducción de los términos de prescripción y de caducidad de la acción penal para algunos delitos respecto de los hechos anteriores a la entrada en vigencia de dicha ley— vulneran los principios de dignidad humana e igualdad de las víctimas, el debido proceso, el derecho al acceso a la justicia, la obligación de la Fiscalía General de la Nación de perseguir los delitos y el artículo 93 superior.

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a: i) la ausencia de cosa juzgada, ii) las solicitudes de inhibición, iii) la potestad de configuración del legislador en materia penal y en particular para establecer los términos de caducidad y prescripción de la acción penal y iii) el contenido y alcance del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 en que se contienen las disposiciones acusadas, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

3.1. La ausencia de cosa juzgada.

Cabe precisar que si bien la Corte ha proferido las sentencias C-1009 de 2005 (11) , C-177 (12) , C-178 (13) y C-777 (14) de 2006 en las que se examinó la acusación formulada en contra de algunos apartes del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, en dichas providencias la Corte se abstuvo de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de las respectivas demandas, las cuales por lo demás fueron dirigidas contra apartes diferentes de los que ahora se acusan del artículo 531 de la Ley 906 de 2004.

3.2. Las solicitudes de inhibición.

La procuradora auxiliar para asuntos constitucionales y el interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia solicitan a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda por cuanto en su criterio los demandantes no expresaron claros y específicos argumentos para sustentar la acusación que formulan.

Al respecto, cabe recordar que la Corte ha explicado de manera reiterada que dado que el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política (15) , al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional (16) .

Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no solo de manera formal sino también materialmente con este requisito, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo (17) .

Ahora bien, en el presente caso la Corte constata que contrariamente a lo afirmado por la procuradora auxiliar para asuntos constitucionales, y por el interviniente aludido, el demandante no solo invoca las normas constitucionales que consideran vulneradas respecto de las cuales se admitió la demanda, —a saber los artículos superiores 1º, 13, 29, 93, 229 y 250—, sino que explica que la vulneración de los mismos se da por cuanto los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 establecen una reducción de los términos de prescripción y de caducidad de la acción penal que limita para las víctimas la posibilidad de obtener verdad, justicia y reparación con lo que se vulneran el principio de dignidad humana —pues en su criterio toda restricción de la posibilidad de acceder a la verdad tiene ese efecto— e igualdad de dichas víctimas —a las que se daría un trato discriminatorio comparadas con el procesado que se beneficiaría en esas condiciones de la prescripción, quien además goza de la presunción de inocencia—, al tiempo que con ello se violaría el debido proceso, el derecho al acceso a la justicia, le obligación de la Fiscalía General de la Nación de perseguir los delitos y el artículo 93 superior por cuanto obligaría a dichas víctimas a acudir a los tribunales internacionales en busca de un recurso judicial efectivo.

Ahora bien, la Corte constata que el actor en muchos de los apartes de la demanda al dirigir su acusación en contra de los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 y concretamente contra la reducción de términos de prescripción y caducidad que en ellos se establece controvierte en realidad es la posibilidad misma de que la acción penal caduque o prescriba —asunto que regulan normas diferentes de las acusadas—; empero, no por ello ha de considerarse que la demanda es inepta. En aplicación del principio pro actione debe interpretarse que el actor expone sus argumentos en el sentido de que anticipar la prescripción o caducidad de la acción penal limita de manera desproporcionada los derechos de las víctimas y consecuentemente viola el conjunto de disposiciones superiores que se invocan en la demanda.

En este sentido debe tomarse en cuenta que el actor hace énfasis en que “toda limitación” de los derechos de las víctimas viola su dignidad y consecuentemente vulnera no solo el artículo 1º superior sino todos los demás artículos que invoca como violados.

Es decir que cabe entender dirigida la demanda y los argumentos que en ella se exponen en contra de los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 que establecen el anticipo de los términos de prescripción y de caducidad y no en contra de las normas que establecen la caducidad y la prescripción de la acción penal que el actor no acusó.

A ello ha de sumarse que el actor igualmente considera que la prescripción pero también el anticipo de la misma —que es lo que ha de entenderse acusado— establecen un privilegio para el procesado si se le compara con la víctima en la situación a que aluden los incisos acusados. Diferencia de trato que es la que lo lleva a considerar que en ese caso se viola el principio de igualdad.

En este orden de ideas no puede afirmarse que el demandante haya incumplido la carga que les corresponde asumir para permitir el juicio de constitucionalidad, pues de la demanda se desprende claramente cuáles son los incisos que se acusan, cuáles normas superiores se violan y cuáles las razones por las que se consideran vulneradas. Independientemente de la aptitud que dichas razones tengan para provocar o no la declaratoria de inexequibilidad solicitada, ha de recordarse que una cosa es la fundamentación necesaria de la demanda y otra la prosperidad de las pretensiones.

Ha de reiterarse igualmente que si bien los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 deben cumplirse, el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido a todo ciudadano para acudir ante la jurisdicción constitucional y obtener una sentencia (18) .

Tales fueron las razones que se tuvieron en cuenta para admitir la demanda planteada y son las que llevan a la Corte a pronunciarse de fondo sobre la misma, de modo que la Corte se abstendrá de atender la solicitud formulada por la procuradora auxiliar para asuntos constitucionales y por el interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia y procederá a analizar la acusación planteada en la demanda.

3.3. La potestad de configuración del legislador en materia penal y en particular para establecer los términos de caducidad y prescripción.

3.3.1. La jurisprudencia de la Corte ha sido constante en afirmar que es esencialmente al legislador a quien corresponde determinar la política criminal del Estado (19) así como que este tiene una amplia potestad de configuración en materia penal. Esta potestad sin embargo, se encuentra claramente delimitada por los valores, preceptos y principios constitucionales y particularmente por los principios de racionalidad y proporcionalidad a los que se ha referido la Corte en numerosas sentencias.

Así ha dicho la Corte de manera reiterada que:

“En principio, por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Carta, el Congreso cuenta con la potestad genérica de desarrollar la Constitución a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias. No obstante, como lo ha reconocido ampliamente esta corporación, dicha libertad de configuración del legislador encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución, la cual no le permite actuar arbitrariamente, sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. Es decir, se trata de una potestad suficientemente amplia, pero no por ello ilimitada; y en materia penal y penitenciaria, estos límites son particularmente claros, por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores.

Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la sentencia C-592 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), “el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros” (20) .

3.2.2. Para efectos de la presente sentencia resulta relevante recordar que la Corte ha hecho énfasis en que el legislador, autorizado por el artículo 150, numerales 1º y 2º, de la Constitución Política, cuenta con potestad de configuración para instituir las formas, con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas (21) y en este sentido para adelantar la regulación de los procedimientos judiciales y de las instituciones vinculadas con ellos. En virtud de la cláusula general de competencia legislativa, la ley puede regular, entre otras, “las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para conocer de determinados asuntos, los recursos, los términos, el régimen probatorio, los mecanismos de publicidad de las actuaciones” (22) .

Refiriéndose específicamente a los términos de la prescripción y con ocasión del análisis del artículo 86 de la Ley 599 de 2000, que regula el tema de la interrupción y suspensión de la prescripción de la acción penal, esta corporación precisó que en tanto el legislador respete condiciones de razonabilidad y proporcionalidad en la regulación pertinente, este puede definir con un amplio margen de libertad los términos de prescripción en este campo (23) . En la Sentencia citada se señaló:

“... se puede concluir que el precepto demandado consagrado en el artículo 86 de la Ley 599 de 2000, corresponde al desarrollo concreto de la libertad de configuración que le ha sido conferida al legislador en materia penal por la Carta Política con el fin de garantizar la vigencia y efectividad de los principios constitucionales.

“Libertad de configuración que está plenamente justificada pues tal como lo sostiene el jefe del Ministerio Público el nuevo término de prescripción que establece la ley tiene como finalidad el otorgamiento de un tiempo prudencial en el cual el Estado debe realizar las actuaciones tendientes a establecer la responsabilidad del sindicado, y para este una nueva oportunidad procesal para estructurar su defensa” (24) .

En igual sentido la Corte ha expresado, por ejemplo, que “la diferencia de trato entre empleados oficiales y particulares, en materia de prescripción de la acción penal, se justifica por la existencia de la potestad estatal para fijar la política criminal frente a determinados delitos, según su gravedad, complejidad, consecuencias y dificultades probatorias, sin que sea posible afirmar la vulneración del derecho a la igualdad” (25) .

Similar criterio fue adoptado por la Corte en la Sentencia C-580 de 2002, en donde la corporación declaró exequible la norma de la Ley 707 de 2001, por la cual Colombia aprobó la “Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas”. Al respecto, cabe destacar lo señalado por la corporación en dicha sentencia en cuanto a que el legislador es el encargado de evaluar los diferentes elementos que intervienen en los procesos judiciales para determinar con base en dicha evaluación el término de duración de la prescripción correspondiente. Sentencia en la que la Corte aclaró que la gravedad de la conducta no es el único criterio que el legislados puede estar llamado a tomar en cuenta. Expresó la corporación:

“Dependiendo del delito que pretenda juzgar, al iniciar una acción penal el Estado busca proteger intereses de diverso valor constitucional. Por esta razón, resulta razonable que el legislador le de un trato diferenciado al término de prescripción de la acción penal dependiendo del delito. En efecto, esto es posible entre otras razones debido al diferente valor constitucional de los intereses o bienes jurídicos protegidos”.

“Por supuesto, ello no significa que el único criterio razonable para fijar el término de prescripción de la acción penal sea la gravedad de la conducta, pues dentro del diseño de la política criminal del Estado el legislador puede determinar el término de prescripción a partir de otros criterios valorativos que desde una perspectiva constitucional sean igualmente válidos a las consideraciones de tipo dogmático o axiológico. Entre ellos, pueden considerarse la necesidad de erradicar la impunidad frente a delitos en los cuales resulta especialmente difícil recopilar pruebas o juzgar efectivamente a los responsables” (26) .

Es pues una potestad de configuración que se encuentra claramente delimitada por los valores, preceptos y principios constitucionales y en especial, por los principios de racionalidad y proporcionalidad aludidos.

3.2.3. Ahora bien dado que las disposiciones acusadas se refieren específicamente a los términos de caducidad y prescripción resulta pertinente recordar el alcance de dichas expresiones así como su regulación en el ámbito penal.

3.2.3.1. Al respecto ha de reiterarse que la caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico (27) . En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general (28) . La misma es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de declaración de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia (29) .

Al respecto ha de recordarse que tanto la Ley 600 de 2000 (arts. 34 y 35) (30) como la Ley 906 de 2004 (arts. 73 y 74) (31) establecen términos de caducidad para el ejercicio de la acción penal en aquellos casos en los que es necesaria la querella.

3.2.3.2. Por su parte la prescripción de la acción penal “es un instituto jurídico liberador, en virtud del cual por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción” (32) .

Dicho fenómeno ocurre cuando quienes tienen a su cargo el ejercicio de la acción penal dejan vencer el plazo señalado por el legislador para el efecto sin haber adelantado las gestiones necesarias tendientes a determinar la responsabilidad del infractor de la ley penal, lo cual a la postre implica que la autoridad judicial competente pierde la potestad de seguir una investigación en contra de la persona beneficiada con la prescripción (33) .

La prescripción de la acción penal tiene, ha explicado también la Corte, una doble connotación. La primera es a favor del procesado y consiste en la garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano para que se le defina su situación jurídica, pues este no puede quedar sujeto perennemente a la imputación que se ha proferido en su contra; la segunda en tanto y en cuanto se trata para el Estado de una sanción frente a su inactividad.

La Corte ha destacado igualmente que la misma encuentra fundamento en el principio de la seguridad jurídica ya que la finalidad esencial de la prescripción de la acción penal está íntimamente vinculada con el derecho que tiene todo procesado de que se le defina su situación jurídica, pues “ni el sindicado tiene el deber constitucional de esperar indefinidamente que el Estado califique el sumario o profiera una sentencia condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean zozobra en la comunidad” (34) .

Además, la prescripción hace parte del núcleo esencial del debido proceso puesto que su declaración tiene la consecuencia de culminar de manera definitiva un proceso, con efectos de cosa juzgada, contrariamente a lo que ocurre con los fallos inhibitorios, que no resuelven el asunto planteado y que dejan abierta la posibilidad para que se dé un nuevo pronunciamiento (35) . En suma, la declaratoria de prescripción contiene una respuesta definitiva fundada en derecho que pone fin a la acción iniciada.

Ahora bien, entiende la Corte que diferentes circunstancias relacionadas con el paso del tiempo afectan la actividad judicial dando lugar a la prescripción de la acción penal: la pérdida de interés social para imponer una sanción al delincuente, la dificultad de conseguir pruebas de la culpabilidad y de mantener a una persona indefinidamente sujeta a las consecuencias de la acción penal, más aún cuando la propia Constitución consagra el principio de presunción de inocencia (C.P. art. 29), y la prohibición de las penas y medidas de seguridad imprescriptibles (C.P. art. 28) (36) .

La Corte ha puesto de presenten empero que en armonía con el Tratado de Roma, en el caso de determinadas conductas que constituyen delitos de lesa humanidad la acción penal es imprescriptible. Así por ejemplo de conformidad con el artículo 7º de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada a la legislación interna por la Ley 707 de 2001, que fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-580 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil S.V. Jaime Araújo Rentería Clara Inés Vargas Hernández, la acción penal para el delito de desaparición forzada de personas es imprescriptible.

3.4. El contenido y alcance del artículo 531 de la Ley 906 de 2004.

Ha de recordarse que mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que reformó los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución se introdujo en el país un nuevo sistema de investigación, acusación y juzgamiento en materia penal que llevó a la expedición de un nuevo Código de Procedimiento Penal mediante la Ley 906 de 2004.

La Corte en las sentencias C-873 de 2003 (37) C-591 (38) y C-592 (39) de 2005 hizo un extenso análisis tanto de los elementos esenciales y las principales características del nuevo sistema, como de los parámetros de interpretación aplicables a las normas dictadas en desarrollo de dicha reforma, al cual resulta pertinente remitirse para introducir el análisis de los cargos planteados en el presente proceso contra los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

Al respecto baste reiterar que la jurisprudencia ha expresado que en líneas generales, las finalidades perseguidas con la reforma constitucional fueron: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de esta en el recaudo de la prueba; (ii) la configuración de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema acusatorio (40) .

Cabe destacar así mismo que el artículo 533 de la Ley 906 de 2004 señala que el Código de Procedimiento Penal que ella establece regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero del año 2005 —es decir que para los hechos acaecidos con anterioridad se aplicará la Ley 600 de 2000—. Así como que de acuerdo con el artículo 530 de la misma ley la puesta en marcha del sistema que en ella se regula será gradual pues se aplicará a partir del 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira. Una segunda etapa a partir del 1º de enero de 2006 incluirá a los distritos judiciales de Bucaramanga, Buga, Cali, Medellín, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal. En enero 1º de 2007 entrarán al nuevo sistema los distritos judiciales de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayán y Villavicencio. Los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, y aquellos que llegaren a crearse, entrarán a aplicar el sistema a partir del primero (1º) de enero de 2008.

En la referida Ley 906 de 2004 en el capítulo II sobre “Régimen de transición” del Libro VII sobre “Régimen de implementación” se introdujo el artículo 531 —del que hacen parte los incisos acusados— en el que se estableció un “Proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos” tendiente a facilitar la referida implementación del nuevo sistema y a —como se señaló en la exposición de motivos respectiva (41) — “evitar un caos” respecto de los procesos en curso regidos por la Ley 600 de 2000.

En el primer inciso del referido artículo se señala que los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de este código, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley. En ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años.

En su segundo inciso la disposición señala que “En las investigaciones previas a cargo de la fiscalía y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las exceptuadas en el siguiente inciso por su naturaleza, se aplicará la prescripción”.

El tercer inciso del artículo establece que “Estarán por fuera del proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos, las investigaciones por delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados y, además, los delitos de falsedad en documento que afecten directa e indirectamente los intereses patrimoniales del Estado; peculado por apropiación; peculado culposo en cuantía que sea o exceda de cien (100) salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes; concusión; cohecho propio; cohecho impropio; enriquecimiento ilícito de servidor público; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; interés indebido en la celebración de contratos; violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación; prevaricato; fraude procesal; hurto y estafa en cuantía que sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos, mensuales, legales y vigentes cuando se afecte el patrimonio económico del Estado; homicidio agravado y delitos conexos con todos los anteriores. También se exceptúan todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y las actuaciones en la que se haya emitido resolución de cierre de investigación”.

El cuarto inciso precisa que “Los fiscales y jueces, en los casos previstos en los incisos anteriores, procederán de inmediato a su revisión para tomar las determinaciones. En una sola decisión se podrán agrupar todos los casos susceptibles de este efecto”.

Y finalmente en el quinto inciso se señala que “Los términos contemplados en el presente artículo se aplicarán en todos los distritos judiciales a partir de la promulgación del código”.

De dicho texto se desprende, entonces, que los términos de prescripción y caducidad de la acción penal respecto de hechos que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley —a saber, los establecidos en el artículos 34 de la Ley 600 de 2000 (42) para el caso de la caducidad de la querella en el caso de los delitos que la requieren y en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 (43) para el caso de la prescripción de la acción penal—. Así mismo que en ningún caso el término prescriptivo podrá ser inferior a tres (3) años (44) .

Igualmente que en las investigaciones previas a cargo de la fiscalía (L. 600/2000, arts. 322 y ss.) y en las cuales hayan transcurrido cuatro (4) años desde la comisión de la conducta, salvo las excepciones a que se alude en el tercer inciso del artículo 531 sub examine, se aplicará la prescripción.

Dichas excepciones aluden a i) los delitos competencia de los jueces de circuito especializados (45) ii) los delitos expresamente señalados en el tercer inciso del artículo 531 sub examine iii) todos aquellos delitos sexuales en los que el sujeto pasivo sea menor de edad y iv) todas las actuaciones en la que se haya emitido resolución de cierre de investigación a que alude el artículo 393 de la Ley 600 de 2000 (46) .

4. El análisis de los cargos.

Para el actor los incisos 1º y 2º del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” vulneran i) el principio de dignidad humana (C.P., art. 1º) por cuanto la reducción de términos de caducidad y prescripción que ellos establecen limita la posibilidad de las víctimas y perjudicados de acudir al Estado para obtener justicia, verdad y reparación y cualquier acción contraria al esclarecimientos de los hechos desconoce dicha dignidad, ii) el principio de igualdad pues con dicha reducción establecen un trato discriminatorio para las víctimas y perjudicados si se les compara con la situación del procesado, al que se le favorece con el anticipo de la prescripción y quien ya tenía el “privilegio de la presunción de inocencia” que se pretendía desvirtuar en el proceso ; iii) el debido proceso (C.P., art. 29) pues con el anticipo de la prescripción a las víctimas se les impide desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, no podrán controvertir las pruebas que este eventualmente haya presentado ni presentar las que ellas tengan y se les cambian las reglas de juego de un proceso en el que “el legislador no es parte” y sin embargo termina favoreciendo al investigado o imputado; iv) Los artículos 229 y 250 superiores, por cuanto se priva así a las víctimas del acceso a la justicia, al tiempo que se deja de lado la obligación constitucional de la fiscalía de perseguir los delitos y v) el artículo 93 de la Constitución pues se obliga así a las víctimas y perjudicados a acudir a los tribunales internacionales para solicitar una adecuada administración de justicia, dado que el Estado competente para hacerlo no la administró oportunamente y no les brindó un recurso judicial efectivo.

Al respecto la Corte hace las siguientes consideraciones.

4.1. Debe recordarse que tal como lo ha reconocido esta corporación (47) , en un Estado social de derecho y en una democracia participativa (C.P., art. 1º), los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente relevantes y, por ello, el constituyente elevó a rango constitucional el concepto de víctima. Así el numeral 4º del artículo 250 Superior antes de su reforma por el Acto Legislativo 03 de 2002, señalaba que el Fiscal General de la Nación debía “velar por la protección de las víctimas”. Además, el numeral 1º del mismo artículo expresa que deberá “tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito”. Actualmente en dicho artículo 250 se señala que en ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: “1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”. Así mismo según el numeral 6º deberá “Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. El mismo artículo señala en el numeral 7º que deberá: Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal” al tiempo que señala que “la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”. Es decir que con dicho acto legislativo el énfasis dado a los derechos de las víctimas resulta evidente.

Ello coincide con el planteamiento hecho por la Corte (48) en el sentido de que en un Estado social de derecho, que consagra como principios medulares la búsqueda de la justicia (C.P., preámbulo y art. 2º) y el acceso a la justicia (C.P., art. 229), “el derecho procesal penal no solo debe regular y controlar el poder sancionador del Estado en beneficio del acusado —esto es en función de quien padece el proceso— sino que debe también hacer efectivos los derechos de la víctima —esto es de quien ha padecido el delito—, puesto que ‘la víctima es verdaderamente la encarnación viviente del bien jurídico que busca ser protegido por la política criminal’” (49) .

En ese orden de ideas la corporación ha precisado que la protección que la Carta de 1991 reconoce a las víctimas no se refiere exclusivamente a la reparación de los daños que les ocasione el delito —aspecto tradicionalmente considerado (50) —, sino también a la protección integral de sus derechos a la verdad y a la justicia (51) y ello fundamentalmente para garantizar el principio de la dignidad humana:

Al respecto la Corte ha señalado de manera reiterada lo siguiente:

“El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que dice que “Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”, las víctimas y los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón de la comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica” (52) .

En este mismo pronunciamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 constitucional, conforme al cual “los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”, la Corte aceptó que múltiples instrumentos internacionales reconocen el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo, y que la comunidad internacional rechaza los mecanismos internos que conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad de lo ocurrido. La Corte concluyó lo siguiente:

“De lo anterior surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia —no restringida exclusivamente a una reparación económica— fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos, entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un hecho punible. Ello solo es posible si a las victimas y perjudicados por un delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños sufridos.

“De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:

“1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos humanos (53) .

“2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya impunidad.

“3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito” (54) .

En similar sentido la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 luego de examinar en detalle el alcance de la jurisprudencia constitucional sobre los derechos de las víctimas extrajo una serie de conclusiones, de las cuales resulta relevante para el presente proceso recordar particularmente las siguientes:

“4.9.11.2. Los derechos de las víctimas de graves abusos en contra de sus derechos humanos están estrechamente vinculados con el principio de dignidad humana. (…)

4.9.11.3. La Corte ha aceptado que múltiples instrumentos internacionales consagran el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo y que, en caso de graves atentados en contra de los derechos humanos, la comunidad internacional rechaza los mecanismos internos que conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad de lo ocurrido. Así mismo ha aceptado el derecho a la reparación en cabeza de las víctimas.

4.9.11.4. La Corte ha entendido el derecho a la verdad como la posibilidad de conocer lo que sucedió y de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. El derecho a la justicia como aquel que en cada caso concreto proscribe la impunidad. Y el derecho a la reparación, como aquel que comprende obtener una compensación económica, pero que no se limita a ello sino que abarca medidas individuales y colectivas tendientes, en su conjunto, a restablecer la situación de las víctimas.

4.9.11.5. Para la Corte, los términos procesales desproporcionadamente reducidos conllevan el recorte del derecho de defensa del sindicado y la denegación del derecho a la justicia de las víctimas, pues impiden establecer con claridad la verdad de los hechos y obtener una justa reparación.

(…).

4.9.11.8. La acción penal es imprescriptible respecto de delitos como el de desaparición forzada de personas. Lo anterior por varias razones: el interés en erradicar la impunidad, la necesidad de que la sociedad y los afectados conozcan la verdad y se atribuyan las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes, y en general que se garantice el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación por los daños” (55) .

4.2. Ahora bien frente a los cargos formulados, que en lo esencial apuntan precisamente a que con la reducción de los términos de prescripción y caducidad de la acción penal a que aluden los incisos acusados se produjo una vulneración de los derechos de las víctimas que verían así reducidas sus posibilidades de obtener verdad, justicia y reparación la Corte reitera que el debido proceso se predica no solamente respecto del investigado o acusado, sino también de las víctimas y perjudicados con la conducta ilícita, en aras de proteger sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad y al resarcimiento del daño ocasionado con el ilícito.

En esa medida, la reducción en una cuarta parte de los términos de prescripción y caducidad de las acciones penales que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004) constituye un cambio intempestivo de las reglas de juego cuando el proceso ya se ha iniciado, disponiendo de los derechos de las víctimas en forma inconsulta, a favor del investigado o imputado.

Para la Corte, ni la implantación del nuevo sistema penal acusatorio, ni la conveniencia de descongestionar, depurar y liquidar procesos penales anteriores a la entrada en vigencia de ese código, justifica en manera alguna, ni sirve de sustento para clausurar la oportunidad de que prosigan esos procesos, en aras de garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

De igual modo, la demora de más de cuatro (4) años en el adelantamiento de las investigaciones a cargo de la fiscalía, tampoco puede justificar la aplicación de la prescripción, en contravía de un real acceso a la administración de justicia de las víctimas de tales ilícitos. La inoperancia judicial del Estado por la falta de investigación oportuna de las conductas punibles en perjuicio de los afectados, no sirve de sustento para la renuncia a la acción penal consagrada como un deber en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Tal posibilidad sin duda no resulta razonable ni proporcionada pues permite que prescriban delitos graves por la inercia de la fiscalía.

A ello debe sumarse que en relación con las conductas mas graves -respecto de las cuales incluso como en el caso de la desaparición forzada la acción penal es imprescriptible- la norma permitiría con el simple cambio de competencia que tales delitos sean excluidos del listado de excepciones a la prescripción previsto en el artículo 531 de la Ley 906 de 2004.

En ese orden de ideas la Corte considera que los cargos de inconstitucionalidad formulados por el actor en contra de los incisos primero y segundo del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 están llamados a prosperar y en consecuencia dichos incisos deben ser declarados inexequibles.

Inexequibilidad que se extiende consecuencialmente al resto de la disposición legal, en la medida que los demás incisos tienen conexidad directa con esos preceptos y conforman una unidad normativa que debe ser excluida en su integridad del ordenamiento jurídico, por contrariar no solamente los principios de dignidad humana e igualdad, sino también el debido proceso de las víctimas de las conductas punibles (C.P., arts. 1º, 13 y 29) el acceso a la justicia (C.P., art. 229) y la obligación de la Fiscalía General de la Nación de adelantar la acción penal (C.P., art. 250).

Ahora bien en aplicación de reiterada jurisprudencia (56) y dado que se trata de la regulación de un beneficio que es contrario a la Constitución la inexequibilidad así declarada lo será desde la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004. Empero es claro que los efectos retroactivos de la sentencia se aplicaran es en aquellos procesos en los que no se haya ya concretado la prescripción o caducidad especial cuya inexequibilidad se decreta.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 531 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, a partir de la fecha de publicación de la Ley 906 de 2004.

Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(11) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández

(12) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(13) M.P. Clara Inés Vargas Hernández .

(14) M.P. Clara Inés Vargas Hernández .

(15) Defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-519 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-177 de 2001 M.P. Fabio Morón Díaz, C-013 de 2000 y C-362 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre varios pronunciamientos.

(16) Sentencia C-044 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(17) Ver, entre otras, las sentencias C-509 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-236 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P. M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(18) Ver entre otras las Sentencias C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-362 de 2001 y C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(19) Al respecto la Corte en la sentencia C- 420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño señaló “Si bien es cierto que el parlamento no es, ni mucho menos, la única instancia del poder público en la que se pueden diseñar estrategias de política criminal, no puede desconocerse que su decisión de acudir a la penalización de comportamientos no solo es legítima frente a la Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino también porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrático. Es una conquista del mundo civilizado que normas tan trascendentes en el ámbito de los derechos fundamentales como las que tipifican conductas penales y atribuyen penas y medidas de seguridad a sus autores o partícipes, sean fruto de un debate dinámico entre las distintas fuerzas políticas que se asientan en el parlamento pues sólo así se garantiza que el ejercicio del poder punitivo del Estado se ajuste a parámetros racionales y no se distorsione por intereses particulares o necesidades coyunturales.

De este modo, entonces, el legislador cuenta con un margen de libertad para el diseño de la política criminal del Estado y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles. Sin embargo, es evidente que no se trata de una potestad ilimitada, pues, como se sabe, en el constitucionalismo no existen poderes absolutos. En el caso de la política criminal, no obstante contar el legislador con un margen de maniobra, es claro que no podrán concebirse mecanismos que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales y los derechos fundamentales. Esto es así por cuanto el diseño de la política criminal del Estado implica ejercicio de poder público y no existe un solo espacio de este que se halle sustraído al efecto vinculante del Texto Fundamental.

Entonces, el único supuesto en el que el criterio político-criminal del legislador sería susceptible de controvertirse ante el juez constitucional se presentaría cuando ha conducido a la emisión de normas que controvierten el Texto Fundamental. No obstante, en este caso es claro que lo que se cuestionaría no sería un modelo de política criminal en sí sino la legitimidad de reglas de derecho por su contrariedad con la Carta y de allí que, en esos supuestos, la decisión de retirarlas del ordenamiento jurídico tenga como referente esa contrariedad y no el criterio de política criminal que involucran.” En similar sentido ver la sentencia C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(20) Sentencia C-1404 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver entre muchas otras la sentencia C-173 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-309 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-570 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra A.V. Jaime Araújo Rentería, C-662 de 2004, M.P Rodrigo Uprymny Yepes S.V. Jaime Araújo Rentería, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra.

(21) Ver la Sentencia C-680 de 1998 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(22) Sentencia C-555 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

(23) Ver al respecto la síntesis efectuada en la Sentencia C-570 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra A.V. Jaime Araújo Rentería —sentencia en la que se declaró la exequibilidad del artículo 98 de la Ley 599 de 2000 y cuyos considerandos se reiteran y complementan a continuación—.

(24) Sentencia C-416 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(25) Sentencia C-345 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(26) Sentencia C-580 de 2002 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil

(27) Sentencia C-394 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(28) Ver Sentencia C- 832 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(29) Sentencia C-832 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(30) Ley 600 de 2000 ART. 34.—Caducidad de la querella. La querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión de la conducta punible. No obstante, cuando el querellante legítimo, por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados, no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que aquéllos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a un (1) año.

ART. 35.—Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad: lesiones personales sin secuelas, que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C.P., art. 112, incs. 1º y 2º); violación de habitación ajena (C.P., art. 189); violación en el lugar de trabajo (C.P., art. 191); violación ilícita de comunicaciones (C.P., art. 192); divulgación o empleo de documentos reservados (C.P., art. 194); acceso abusivo a un sistema informático (C.P., art. 195); violación de la libertad de trabajo (C.P., art. 198); violación a los derechos de reunión y asociación (C.P., art. 200); violación a la libertad religiosa (C.P., art. 201); impedimento y perturbación de ceremonia religiosa (C.P., art. 202); daños o agravios a personas o a cosas destinadas al culto (C.P., art. 203), injuria (C.P., art. 220 ); calumnia (C.P., art. 221); injuria y calumnia indirecta (C.P., art. 222); injuria por vías de hecho (C.P., art. 226); injurias recíprocas (C.P., art. 227); violencia intrafamiliar (C.P., art. 229); inasistencia alimentaria (C.P., art. 233); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C.P., art. 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P., art. 239, inc. 2º); hurto de uso y entre condueños (C.P., art. 242); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C.P., art. 243); estafa cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P., art. 246, inc. 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C.P., art. 248); abuso de confianza (C.P., art. 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C.P., art. 252); alzamiento de bienes (C.P., art. 253); sustracción de bien propio (C.P., art. 254); disposición de bien propio gravado con prenda (C.P., art. 255); defraudación de fluidos (C.P.,art. 256); utilización indebida de información privilegiada (C.P., art. 258); malversación y dilapidación de bienes (C.P., art. 259); usurpación de tierras (C.P., art. 261); usurpación de aguas (C.P., art. 262); invasión de tierras o edificios (C.P., art. 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C.P., art. 264); daño en bien ajeno (C.P., art. 265); usura y recargo de ventas a plazo (C.P., art. 305).

(31) Ley 906 de 2004 ART. 73.—Caducidad de la querella. La querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión del delito. No obstante, cuando el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a seis (6) meses.

ART. 74.—Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad:

1. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad.

2. Inducción o ayuda al suicidio (C.P., art. 107); lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C.P., art. 112, incs. 1º y 2º); lesiones personales con deformidad física transitoria (C.P., art. 113, inc. 1º); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C.P., art. 114, inc. 1º); parto o aborto preterintencional (C.P., art. 118); lesiones personales culposas (C.P., art. 120); omisión de socorro (C.P., art. 131); violación a la libertad religiosa (C.P., art. 201); injuria (C.P., art. 220); calumnia (C.P., art. 221); injuria y calumnia indirecta (C.P., art. 222); injuria por vías de hecho (C.P., art. 226); injurias recíprocas (C.P., art. 227); violencia intrafamiliar (C.P., art. 229); maltrato mediante restricción a la libertad física (C.P., art. 230); inasistencia alimentaria (C.P., art. 233); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C.P., art. 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P., art. 239, inc. 2º); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C.P., art. 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P., art. 246, inc. 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C.P., art. 248); abuso de confianza (C.P., art. 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C.P., art. 252); alzamiento de bienes (C.P., art. 253); disposición de bien propio gravado con prenda (C.P., art. 255); defraudación de fluidos (C.P., art. 256); acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C.P., art. 257); malversación y dilapidación de bienes (C.P., art. 259); usurpación de tierras (C.P., art. 261); usurpación de aguas (C.P., art. 262); invasión de tierras o edificios (C.P., art. 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C.P., art. 264); daño en bien ajeno (C.P., art. 265); usura y recargo de ventas a plazo (C.P., art. 305); falsa autoacusación (C.P., art. 437); infidelidad a los deberes profesionales (C.P., art. 445).

(32) Sentencia C-556 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis

(33) Ver la sentencia C-416 de 2002 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En el mismo sentido ver la Sentencia C-570 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(34) Sentencia C-176 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero

(35) Ver al respecto la Sentencia C-666 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo

(36) La Corte Constitucional en sentencia C-345 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, destacó: “(...) 1. La prescripción en materia penal es la cesación que el Estado hace de su potestad punitiva por el cumplimiento del término estipulado en la ley. Diferentes circunstancias relacionadas con el paso del tiempo, justifican la interrupción de la actividad judicial: la pérdida de interés social para imponer una sanción al delincuente, la dificultad en conseguir pruebas de la culpabilidad o la inocencia y la injusticia de mantener a una persona indefinidamente sujeta a las consecuencias de la acción penal, más aún cuando la propia Constitución consagra el principio de presunción de inocencia (C.P. art. 29), y la prohibición de las penas y medidas de seguridad imprescriptibles (C.P. art. 28). 2. La mayoría de las legislaciones distinguen entre la prescripción del delito o de la acción penal, y la prescripción de la pena. En la primera modalidad, la cesación del ius puniendi del Estado se manifiesta en la eliminación de la punibilidad de la conducta (razón sustancial) o en la extinción de la acción penal (razón procesal), como consecuencia del cumplimiento del plazo fijado en la ley antes de que se profiera sentencia. La prescripción de la pena, por su parte, se concreta en el mandato del Estado (legislador) impuesto a los órganos estatales, de abstenerse de hacer efectiva la sanción impuesta al responsable de una infracción penal, cuando ha transcurrido el término de la pena.(...)".

(37) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(38) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(39) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(40) Ver Sentencia C-591 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(41) Cabe recordar que en la exposición de motivos del Proyecto de Acto Legislativo 237 de 2002 Cámara, 12 de 2002 Senado, se manifestó lo siguiente “Sin embargo, la descongestión en el aparato judicial deberá lograrse sin menoscabo de las garantías procesales, a través de un mecanismo de transición adecuado hacia el nuevo sistema de enjuiciamiento, al mismo tiempo deberá diseñarse de tal manera que se evite un caos respecto de los procesos que se encuentran en curso actualmente”.

(42) Ley 600 de 2000 artículo 34. Caducidad de la querella. La querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión de la conducta punible. No obstante, cuando el querellante legítimo, por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados, no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que aquéllos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a un (1) año.

(43) Ley 599 de 2000 artículo 83. Término de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este artículo.

El término de prescripción para las conductas punibles de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, será de treinta (30) años.

En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.

Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.

Al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término de prescripción se aumentará en una tercera parte.

También se aumentará el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

En todo caso, cuando se aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado.

(44) Al respecto la Sala de Casación Penal de la H Corte Suprema de Justicia ha señalado “Se prevé asimismo en el inciso 1º en comento que los términos de prescripción y caducidad serán reducidos en una cuarta parte, la que se restará de los fijados en la ley, que no son otros que los señalados en los artículos 83, 84 y 86 del C.P. Para ello, habrán de tenerse en cuenta como referentes los siguientes plazos:

1. 5 años si se trata de un delito con pena no privativa de libertad o con pena de prisión cuyo máximo no exceda de ese límite.

2. En un tiempo igual al máximo fijado en la ley (atendiendo circunstancias atenuantes o agravantes que modifiquen los límites punitivos) para las infracciones que tengan señalada prisión mayor de 5 años y menor de 20.

3. 20 años para delitos cuyo máximo sea o exceda de ese tope.

4. 30 años si la acción penal surge de los delitos de tortura, genocidio, desplazamiento y desaparición forzados.

5. Un mínimo de 6 años y 8 meses cuando el delito que se atribuye a servidor público sea realizado en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos.

6. En un mínimo de 7 años y 6 meses cuando la conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.

Los lapsos mínimos en estos dos últimos numerales operan tanto en instrucción como en el juicio, sin que por razón del incremento (1/3 y la 1/2 respectivamente) el término pueda exceder de 20, o de 30 para los ilícitos relacionados en el numeral 4º.

7. Un término igual a la mitad del fijado según los plazos anteriores cuando la prescripción tenga operancia en la causa, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 5 años o a los señalados en los numerales 5º y 6º anteriores.

8. Un término máximo de 10 años cuando la prescripción opere en el juicio.

Ahora bien, es de esos plazos (que son -mutatis mutandis- “los términos fijados en la ley”, a voces del inciso 1º del artículo 531 bajo análisis) de los cuales ha de reducirse la cuarta parte prevista en ese dispositivo, operación que en ningún caso podrá resultar menor a 45 meses o 3 años 9 meses, dado que si el término legal mínimo de prescripción es de 5 años y de este quantum se descuenta la cuarta parte, el plazo menor no podrá -entonces- estar por debajo de aquel guarismo, aplicable solo para la fase de instrucción e inclusive -piensa la Sala- para la etapa de investigación previa, no empece tener esta señalado un término específico de 4 años, pues este plazo “normal" (por llamarlo de alguna manera) ha de entenderse que opera per se, es decir, con independencia de la cantidad de pena prevista para el correspondiente delito, como ocurriría -por ejemplo- con un homicidio simple por estar exceptuado del listado del inciso 3º del artículo 531”.

"Dentro de ese enfoque considera la Corte que es más aparente que real la contradicción entre los incisos 1º y 2º al conjugarlos de cara a situaciones concretas, como sucedería en una investigación previa con una acción penal cuyo término de prescripción rebajado en la cuarta parte resultara menor a tres y años, y otra con más de 4 años de iniciada, pues -sin duda, como se dijo- cada una de esas normas apareja un sistema de contabilización con fuentes independientes: al paso que el inciso 2º (investigación previa con 4 o más años) es aplicable con independencia de la pena prevista para el delito, el 1º opera solo como fruto de la combinación de la pena con el correspondiente término prescriptivo reducida en una cuarta parte". Sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 27 de octubre de 2004. Rad. 21090. M.P. Alfredo Gómez Quintero.

(45) Ley 589 de 2000 art. 15. “Los delitos que tipifica la presente ley -genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y tortura- serán de conocimiento de los jueces penales de circuito especializados”.

Ley 504 de 1999. art. 1º Jueces penales de circuito especializado. Conforme al artículo 11 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, créanse los jueces penales de circuito especializados, que tendrán competencia para conocer de los delitos señalados en el artículo 5º de esta ley y dentro del ámbito territorial que señale el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85, numeral 6º de la Ley 270 de 1996.(…)

ART. 5º—Competencia de los jueces penales del circuito especializados. Los jueces penales de circuito especializados conocen, en primera instancia:

1. Del delito de tortura (C.P., art. 178).

2. Del delito de homicidio agravado según el numeral 8º, 9º y 10 del artículo 104 del Código Penal .

3. De las lesiones personales con fines terroristas (art. 111 conforme a las causales 8ª, 9ª y 10ª del art. 104 del C.P. .

4. Del delito de secuestro extorsivo (C.P., art. 168) o agravado en virtud de los numerales 6º, 9º y 11 del artículo 170 del Código Penal y apoderamiento de aeronaves, naves o medio de transporte colectivo (C.P., art. 173).

5. De los delitos de fabricación y tráfico de municiones o explosivos (C.P., art. 365); fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C.P., art. 366).

6. De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas (C.P., arts. 341 y 342), de terrorismo (C.P., arts. 343 y 344), de administración de recursos relacionados con actividades terroristas (C.P., art. 345), de la instigación a delinquir con fines terroristas ( art. 348, inc. 2º) del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (art. 359 inc. segundo), de la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas (art. 372, inc. 4º), y del constreñimiento ilegal con fines terroristas (art. 185, num. 1º).

7. Del concierto para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupo de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisión de control (C.P., art. 340), testaferrato (C.P., art. 326); extorsión en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales.

8. De los delitos señalados en el artículo 375 del Código Penal, cuando la cantidad de plantas exceda de ocho mil (8.000) unidades o la de semillas sobrepase los diez mil (10.000) gramos.

9. De los delitos señalados en el artículo 376 del Código Penal, cuando la droga o sustancia exceda de mil (1.000) kilos si se trata de marihuana, cien (100) kilos si se trata hachís, cinco (5) kilos si se trata de metacualona, cocaína o sustancias a base de ella o cantidades equivalentes si se encontraren en otro estado.

10. De los procesos por delitos descritos en el artículo 377 del Código Penal cuando se trate de laboratorios o cuando la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada sea igual a las cantidades a que se refiere el numeral anterior.

11. De los delitos descritos en el artículo 382 del Código Penal y de los que se deriven del cultivo, producción, procesamiento, conservación o venta de la heroína en cantidad igual o superior a doscientos cincuenta (250) gramos o de la amapola o su látex.

12. Del delito contenido en el artículo 385 del Código Penal. (existencia construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje)

13. Del hurto agravado según el artículo 241 numeral 14 del Código Penal.

14. Lavado de activos (C.P., arts. 323 y 324) y enriquecimiento ilícito de particulares (C.P., art. 326,) cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades delictivas a que se refiere el presente artículo, cuya cuantía sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.

Ley 733 de 2002. ART. 14. Competencia. El conocimiento de los delitos señalados en esta ley - secuestro simple, secuestro extorsivo, secuestro agravado, extorsión, concierto para delinquir, omisión de denuncia de particular y fuga de presos en modalidad culposa- le corresponde a los jueces penales del circuito especializados.

(46) Ley 600 de 2000 artículo 393. Cierre de la investigación. Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la cual sólo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho para su calificación.

Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales, para presentar las solicitudes que consideren necesarias en relación con las pretensiones sobre la calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, la calificación se verificará en un plazo máximo de quince (15) días hábiles.

(47) Ver, entre otras, las Sentencias C-228/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Manuel José Cepeda Espinosa; C-916/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-899/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-114/04 M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-823/05 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-370/06 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández S.V. Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Humberto Sierra Porto.

(48) Ver Sentencia C- 004/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(49) Ver salvamento de voto de los magistrados Cifuentes, Martínez , Barrera y Morón a la sentencia C-293 de 1995. Ver en el mismo sentido las sentencias C-740 de 2001, C-1149 de 2001, SU-1184 de 2001, T-1267 de 2001 y C-282 de 2002, que retoman las tesis sostenidas en ese salvamento.

(50) Para un recuento de la evolución doctrinal y jurisprudencial en esta materia ver las síntesis efectuadas en las sentencias C- 228/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet y Manuel José Cepeda Espinosa , C-899/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. y T-114(04 M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(51) Ver, entre otras las sentencias C-740 de 2001, C-1149 de 2001, SU-1184 de 2001, T-1267 de 2001 y C-228 de 2002.

(52) Sentencia C-228 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet y Manuel José Cepeda Espinosa.

(53) Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.

(54) Sentencia C-228 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet y Manuel José Cepeda Espinosa.

(55) Sentencia C-370/06 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Humberto Sierra Porto.

(56) Ver entre otras las sentencias C-619/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández S.P.V. Rodrigo Escobar Gil, Eduardo Montealegre Lynnet, Álvaro Tafur Galvis A.V. Jaime Araujo Rentería A.V. Lucy Cruz de Quiñones, C-421 de 2006 M.P. Álvaro Tafur Galvis. AV. Jaime Araújo Rentería.

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