Sentencia C-1049 de agosto 10 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1049

Ref.: Expediente D-2820

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del numeral 1º, del artículo 22, de la Ley 510 de 1999.

Actor: XXX

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

La Sala Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

en relación con la demanda de inconstitucionalidad que, en uso de su derecho político, presentó el ciudadano XXX contra el parágrafo del numeral 1º del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, “por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades”, publicada en el Diario Oficial Nº 43.654 del 4 de agosto de 1999.

I. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe, destacando lo demandado, el texto de la disposición objeto de proceso:

“Ley 510 de 1999

(Agosto 3)

Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(...)

ART. 22.—El artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:

La toma de posesión conlleva:

(...)

PAR.—La separación de los administradores del revisor fiscal por causa de la toma de posesión, al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación del contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización alguna.

(...)”.

V. Consideraciones de la Corte Constitucional y fundamentos de la decisión

Facultad relativa del legislador para fijar las causas justas de despido

La disposición acusada consagra una causa justa especial de terminación del contrato de trabajo cuando el empleado es a la vez administrador o revisor fiscal de una entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria que ha sido objeto de toma de posesión por cualquiera de las causales señaladas en la normatividad vigente.

A juicio de la Corte, el legislador está facultado para señalar las causas de terminación de los contratos laborales y para indicar, como lo hace la disposición impugnada, si ellas, según los hechos que las configuran, si consideran justas o injustas, lo cual tiene repercusión especialmente, de conformidad con las normas legales sobre la materia, en el derecho del trabajador separado del cargo a recibir o no indemnización por el despido.

No se trata, sin embargo, de una atribución absoluta, pues se encuentra sometida a los principios y valores de la Constitución Política, entre los cuales resaltan los del trabajo, la justicia y la igualdad.

La toma de posesión de una institución financiera, que puede producirse por muy diversas causas, tal como lo establece el artículo 114 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) —entre ellas, la de haber suspendido el pago de sus obligaciones; la de haber rehusado la exigencia de someter sus archivos, libros de contabilidad y otros documentos a la inspección de la Superintendencia Bancaria; la de haber rehusado el ser interrogada bajo juramento en relación con sus negocios; la de incumplir reiteradamente las órdenes e instrucciones de la Superintendencia; la de haber persistido en la violación de la ley o de sus estatutos, o en manejar los negocios en forma no autorizada o insegura, o la de haber reducido su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito—, ocasiona como consecuencia inmediata una solución de continuidad en el desarrollo de sus actividades y, por tanto, puede, bajo ciertas circunstancias que deben examinarse en cada caso, justificar que se prescinda de los servicios de los administradores o de los que presta el revisor fiscal.

Pero, en concepto de esta corporación, frente a la indicada hipótesis —señalada por la norma— no son indiferentes las razones que han dado lugar a la toma de posesión de la entidad,

Por una parte, aunque la disposición en sí misma no se muestra contraria a la Carta Política, la exequibilidad que de ella se declare no puede ser plena, pues una interpretación o una aplicación absolutas de la aludida consecuencia laboral serían violatorias del principio de igualdad —como lo manifiesta el actor—, ya que se trataría a estos trabajadores de manera diferente a como son tratados los demás, sin una justificación plausible, y por contera se afectaría el derecho al trabajo.

En efecto, si por regla general, en caso del cese de actividades de la empresa la terminación unilateral de los contratos de trabajo por parte del patrono no se produce bajo el criterio de una justa causa (art. 62 del CST, subrogado por el 7 del Decreto 2351 de 1965), no existe razón alguna para consagrar, sin distinciones, que tratándose de los trabajadores a los que se refiere la norma acusada, dicha interrupción de la actividad empresarial (en este caso por la toma de posesión de sus negocios y haberes) se entienda siempre como justa causa y se ocasione, también injustificadamente, la consecuencia de no tener derecho a indemnización alguna.

Es necesario, entonces, que se tenga en cuenta la responsabilidad del empleado administrador o revisor fiscal en torno a los hechos que han ocasionado la toma de posesión, para concluir solamente de ella la justa causa de la terminación de su contrato y la pérdida del derecho a una adecuada indemnización. Si tal responsabilidad no puede ser probada previo un debido proceso, lo dispuesto por la norma es contrario a la Constitución, en cuanto, además de lo dicho, implica la consagración de una modalidad de responsabilidad objetiva que el artículo 29 de la Constitución proscribe; en cambio, será constitucional lo dispuesto por el parágrafo impugnado cuando se pueda demostrar que los hechos que han generado la medida de toma de posesión se han producido como consecuencia de la responsabilidad del administrador o revisor fiscal, a título de dolo o a título de culpa grave.

Sólo bajo este entendido se declarará exequible la disposición.

Decisión

Con fundamento en las precedentes consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE el parágrafo del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, sólo si se lo entiende y aplica en el sentido de que la justa causa para la terminación del contrato de trabajo y la exclusión de la indemnización se configuran por la probada responsabilidad del trabajador en los hechos que han dado lugar a la toma de posesión de la entidad. Bajo cualquiera otra interpretación, la norma acusada se declara INEXEQUIBLE.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

Magistrados: Fabio Morón Díaz, Presidente—Antonio Barrera Carbonell—Alfredo Beltrán Sierra—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Alejandro Martínez Caballero—José Gregorio Hernández Galindo—Vladimiro Naranjo Mesa—Álvaro Tafur Galvis

Martha Sáchica de Moncaleano, Secretaria General

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