Sentencia C-105 de marzo 10 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE LOS HIJOS

SE EXTIENDE A TODOS SU DESCENDIENTES

EXTRACTOS: «Reconocida por la Ley 29 de 1982, y ahora por la Constitución, la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, no hay duda en lo que se refiere exclusivamente a las relaciones entre padres e hijos. Basta atenerse al tenor literal del artículo 1º de la Ley 29 y del inciso sexto del artículo 42 de la Constitución. El problema surge cuando se considera la relación entre los ascendientes y descendientes de los grados siguientes: ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el hijo extramatrimonial o adoptivo de quien a su vez es hijo extramatrimonial, o adoptivo, en relación con el padre extramatrimonial o adoptante de su padre? ¿Podría concurrir a la sucesión intestada en igualdad de derechos con quien es nieto legítimo? Dichos en otros términos: ¿la igualdad que existe entre los hijos, frente al padre, se extiende a los demás descendientes? En el caso concreto de la cuarta de mejoras, ¿puede el testador favorecer con ella a quien es hijo extramatrimonial o adoptivo de su propio hijo también extramatrimonial o adoptivo?

Para contestar estas preguntas, es menester analizar cuál es la situación de la familia de conformidad con la Constitución:

4. La familia en la Constitución.

El artículo 42 de la Constitución comienza con una referencia expresa a la familia: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

Y el inciso segundo agrega: “El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable”.

El texto de las normas implica, inequívocamente, lo siguiente:

a) La Constitución pone en un plano de igualdad a la familia constituida “por vínculos naturales o jurídicos”, es decir, a la que surge de la “voluntad responsable de conformarla” y a la que tiene su origen en el matrimonio.

b) “El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia”, independientemente de su constitución por vínculos jurídicos o naturales, lo cual es consecuencia lógica de la igualdad de trato.

c) Por lo mismo, “la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”, sin tener en cuenta el origen de la misma familia.

d) Pero la igualdad está referida a los derechos y obligaciones, y no implica identidad. Prueba de ello es que el mismo artículo 42 reconoce la existencia del matrimonio.

En conclusión: según la Constitución, son igualmente dignas de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio o constituidas al margen de este.

5. El origen familiar y la igualdad de derechos y obligaciones.

Ya vimos cómo la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos establecida por el artículo 1º de la Ley 29 de 1982, fue consagrada por el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución. Ante sus padres, pues, estas tres clases de hijos tienen iguales derechos y obligaciones.

Lo anterior lleva a una conclusión lógica y justa: así como antes la desigualdad y la discriminación se transmitían de generación en generación, ahora la igualdad pasa de una generación a la siguiente. Basta pensar en los sentimientos de los hombres, para entender por qué la discriminación ejercida contra el hijo afecta a su padre, como si se ejerciera contra él mismo.

En apoyo de esta tesis, está el inciso primero del artículo 13 de la Constitución: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Es evidente que la igualdad pugna con toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado.

Y lo que se dice de los descendientes legítimos y extramatrimoniales debe predicarse igualmente de la descendencia basada en la adopción. No repugna a la lógica ni a la justicia, el aceptar que la adopción da lugar a una descendencia que tiene iguales derechos y obligaciones que la basada en la sangre, legítima o extramatrimonial. A esta conclusión se llega por estas razones.

De tiempo atrás, la ley colombiana ha establecido la igualdad de derechos entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Ya se hizo referencia al artículo 1º de la Ley 29 de 1982. Además, el artículo 97 del Decreto Extraordinario 2737 de 1989, llamado Código del Menor, dice: “Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo”. Y el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución, ratifica la igualdad.

En síntesis: en virtud de la adopción, el adoptivo ingresa a la familia y se convierte en parte de ésta, del mismo modo que los hijos de la sangre. Se ha hecho realidad la frase del Primer Cónsul, cuando en el Consejo de Estado francés se discutía el tema de la adopción: “El hijo adoptivo debe ser como el de la carne y los huesos”.

6. La igualdad de derechos y obligaciones no termina en los hijos: se extiende a todos los descendientes.

Todo lo dicho lleva a esta conclusión: la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos, no termina en ellos: continúa en sus descendientes, sean éstos, a su vez, legítimos, extramatrimoniales o adoptivos.

Es evidente, por todo lo dicho, que toda norma que establezca una discriminación basada en el origen familiar, es contraria a la Constitución. Partiendo de esta base, se examinarán las normas demandadas.

7. Análisis de las normas del Código Civil, demandadas.

Siguiendo el orden de la demanda, el análisis de cada una de las normas, es el siguiente, con la advertencia de que todas hacen parte del Código Civil:

1. Artículo 61. 

El ser oído en un proceso, como ocurre en los de interdicción, es un derecho que se ejerce en cumplimiento de la obligación de solidaridad entre las personas ligadas por parentesco.

Es claro que al limitar el derecho descrito a los descendientes y a los ascendientes legítimos, se está discriminando en contra de quienes no lo son. En consecuencia, se declarará inexequible la palabra legítimos de los ordinales 1º y 2º.

Por el contrario, en tratándose de los colaterales legítimos y de los afines legítimos a que se refieren los ordinales 5º y 7º, debe conservarse el calificativo, porque el referirse solamente a los colaterales y a los afines introduciría el desorden en las familias. Además, el argumento según el cual la igualdad de derechos y obligaciones se transmite de generación en generación, se hereda, no vale en relación con los colaterales.

Seguramente por estas razones, el peticionario no demandó la palabra legítimos en estos ordinales. En consecuencia, tal palabra será declarada exequible, en los ordinales 5º y 7º.

2. Artículo 222. 

También es contrario a la Constitución el conferir únicamente a los “ascendientes legítimos del marido” el derecho a provocar el juicio de ilegitimidad. Este derecho tiene que corresponder a los ascendientes, sean legítimos o no. Por este motivo se declarará inexequible la palabra legítimos.

3. Artículo 244. 

Según este artículo la legitimación aprovecha a la posteridad legítima de los hijos legítimos. Por lo mismo, si es muerto el hijo que se legitima, se hará la notificación a sus descendientes legítimos.

La legitimación de acuerdo con el principio de igualdad de derechos, aprovecha a la posteridad en general y no sólo a la legítima. Por lo mismo, la notificación a que se refiere el inciso segundo, debe hacerse a todos los descendientes, sean legítimos, extramatrimoniales o adoptivos.

Son inexequibles, por lo tanto, las expresiones legítima del inciso primero y legítimos del segundo, y así se decidirá.

4. Artículo 249. 

El conferir el derecho a impugnar la legitimación sólo a los descendientes legítimos, es contrario a la igualdad. En consecuencia, se decidirá la inexequibilidad de la palabra legítimos que aparece en el artículo 249.

5. Artículos 1253 y 1259. 

Al prohibir al testador asignar la cuarta de mejoras a quien no sea descendiente legítimo suyo o descendiente legítimo de su hijo natural, vulnera la igualdad de derechos el inciso primero del artículo 1253.

Y también vulnera tal igualdad el artículo 1259, según el cual “si se hiciere una donación revocable o irrevocable a título de mejora, a una persona que se creía descendiente legítimo, y no lo era, se resolverá la donación”. Lo mismo que el calificativo de legítimo dado al ascendiente en el inciso segundo del mismo artículo.

Por consiguiente, serán declaradas inexequibles las expresiones legítimos contenida en el inciso primero del artículo 1253, y legítimo empleada en el artículo 1259.

6. Artículo 260. 

Esta norma estatuye que “la obligación de alimentar y educar al hijo que carece de bienes, pasa, por la falta o insuficiencia de los padres, a los abuelos legítimos por una y otra línea conjuntamente”.

Como la igualdad es de derechos y obligaciones, no se ve por qué de la obligación de alimentar al hijo ante la insuficiencia de los padres se excluya a los que no son abuelos legítimos. Es inexequible, pues, la palabra legítimos usada en el inciso primero del artículo 260, y así se decretará.

7. Artículo 411. 

Es contrario al principio de igualdad el limitar el derecho a los alimentos legales a los descendientes legítimos, a los ascendientes legítimos, y a la posteridad legítima de los hijos naturales. Lo que está de acuerdo con la Constitución, es reconocer el derecho a los descendientes y descendientes de cualquier clase que sean.

Por el contrario, sería opuesto a la equidad extender el derecho a todos los hermanos eliminando la calidad de legítimos exigida por el numeral 9º del artículo 411. Téngase en cuenta que los hermanos extramatrimoniales que únicamente son hijos del mismo padre, es posible que ni siquiera se conozcan entre sí, y no serían parte de la misma familia. Además, hay que tener presente que el inciso sexto del artículo 42 de la Constitución consagra la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos, no entre los hermanos.

El demandante no demandó el ordinal 9º, posiblemente teniendo en cuenta estos motivos.

En esta materia solamente la ley, si se considera conveniente, podrá establecer los alimentos legales a favor y a cargo de los hermanos extramatrimoniales.

Por estas razones se declararán inexequibles las palabras legítimos empleadas en los ordinales 2º y 3º del artículo 411, y legítimo del ordinal 5º, del mismo artículo.

Y se declarará exequible la palabra legítimos usada en el ordinal 9º del mismo artículo.

8. Artículos 157 y 537. 

Es contrario a la igualdad el que solamente sean llamados a la tutela o curaduría legítima, los abuelos legítimos. Por ello se declarará inexequible la expresión legítimos que emplea el ordinal 2º del artículo 457.

Y por el mismo motivo, es contrario a la Constitución el limitar la curaduría legítima del disipador a los ascendientes legítimos, como lo hace el ordinal 2º del artículo 537, modificado por el artículo 52 del Decreto 2820 de 1974.

En consecuencia, se decretará la inexequibilidad de la palabra legítimos que aparece en el ordinal 2º del artículo 537.

Pero como la expresión completa utilizada es “A los ascendientes legítimos o padres naturales”, habrá que decretar también la inexequibilidad de las palabras “o padres naturales”, por dos motivos: el primero, que los padres naturales están comprendidos entre los ascendientes; el segundo, que si se dejaran las palabras “o padres naturales” podría entenderse que los únicos ascendientes extamatrimoniales llamados a ejercer la curaduría son los padres, lo cual no es verdad.

En cuanto al artículo 550, modificado por el 54 del Decreto 2820 de 1974, pugna con la igualdad de derechos y obligaciones el deferir la curaduría del demente solamente a los descendientes y ascendientes legítimos, como lo hacen los ordinales 2º y 3º de este artículo. Será, por lo mismo, decretada la inexequibilidad de la expresión legítimos empleada en tales ordinales.

En cambio, por todo lo que se ha dicho, no contraría la Constitución la misma palabra legítimos referida a los colaterales, que trae el mismo artículo en el ordinal 5º.

9. Artículo 1016. 

Este artículo consagra las deducciones que deben hacerse de los bienes que ha dejado el difunto, antes de llevar a cabo las disposiciones del testamento o de la ley.

El ordinal 4º ordena deducir previamente la porción conyugal a que hubiere lugar, “en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos”. Es decir el derecho a la porción conyugal, definida por el artículo 1230, como “aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia”, prevalece sobre el derecho de cualquier heredero que no sea “descendiente legítimo”. Se establece así un privilegio, inaceptable según la Constitución, en favor de los descendientes legítimos.

En consecuencia, se decretará la inexequibilidad del calificativo legítimos que el artículo 1016 asigna a los descendientes en el ordinal 5º.

10. Artículo 1025. 

El ordinal 2º de este artículo establece como causal de indignidad para suceder como heredero o legatario, el haber cometido atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos.

Como es igualmente censurable el atentado cometido en perjuicio de todos los ascendientes, sean o no legítimos, se declarará inexequible el calificativo de legítimos que el ordinal 2º emplea en relación con los ascendientes o descendientes, calificativo contrario a la igualdad.

11. Artículo 1047. 

Este artículo trata de la sucesión por causa de muerte entre hermanos.

Al parecer, el demandante confunde los hermanos carnales, es decir los que son hijos del mismo padre y de la misma madre, con los hermanos legítimos; y equipara los paternos, que son aquellos hermanos sólo por parte de padre, y los maternos o uterinos, hijos de la misma madre pero de distinto padre, con los hermanos extramatrimoniales. Pero, son conceptos diferentes: una cosa es ser hermano carnal, o paterno o materno, y otra, completamente diferente, ser hermano legítimo o extramatrimonial.

En nada contraría la igualdad, el que el inciso tercero del artículo 1047 establezca que, en la sucesión intestada, los hermanos carnales recibirán doble porción que los que sean simplemente paternos o maternos. Esta es una norma que se ajusta a la lógica y a la justicia. Basta este razonamiento: el extraño, el que no es hermano, nada hereda; el hermano paterno o materno, comúnmente llamado hermano medio, hereda la mitad de la herencia del hermano carnal; y este hereda toda la herencia, porque no es hermano medio, sino hermano completo. Hay que tener presente que se trata de la herencia entre hermanos, es decir, cuando alguien hereda a quien es su hermano.

Por este motivo, el artículo 1047 se declarará exequible.

12. Artículo 1226 

Por las razones que se expusieron en relación con los artículos 1253 y 1259, es opuesto a la igualdad de los descendientes el ordinal 4º del artículo 1226 que limita la cuarta de mejoras a los descendientes legítimos. El testador puede asignarla a uno cualquiera de sus descendientes, independientemente de que su calidad se origine en el matrimonio, en la unión extramatrimonial o en la adopción. Por este motivo, se decretará la inexequibilidad de la palabra legítimos empleada en el ordinal 4º del artículo 1226.

13. Artículo 1236. 

En concordancia con lo dicho en lo tocante al artículo 1016, ordinal 4º, y por las mismas razones, es contrario a la Constitución el calificativo de legítimos que aparece en el inciso primero del artículo 1236, que establece: “La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes legítimos”.

Por consiguiente, en concurrencia con todos los descendientes, la porción conyugal será igual a la legítima rigurosa de un hijo, al declararse la inexequibilidad del calificativo de legítimos que el inciso primero transcrito da a los descendientes.

14. Artículo 1242. 

Según el artículo 1242, el testador solamente puede asignar la cuarta de mejoras a sus descendientes legítimos, a sus hijos naturales y a los descendientes legítimos de éstos. Esta norma es contraria a la Constitución en cuanto excluye de la posibilidad de ser asignatarios de la cuarta de mejoras a quienes no sean descendientes legítimos del testador, o de sus hijos naturales. La igualdad entre los descendientes, se repite, cobija a quienes tienen su calidad por el matrimonio, por la unión extramatrimonial y por la adopción.

15. Artículo 1261. 

Según el inciso primero de este artículo, “Los desembolsos hechos para el pago de las deudas de un legitimario, descendiente legítimo, se imputarán a su legítima, pero sólo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas”.

Como esta norma consagra un privilegio en favor del descendiente legítimo, es contraria a la igualdad. En consecuencia, la expresión legítimo utilizada en el inciso primero, será declarada inexequible.

16. Artículo 1266. 

El ordinal 1º de este artículo consagra como causal de desheredamiento haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos.

Por consiguiente, también es contraria a la igualdad la calificación de legítimos dada a los ascendientes o descendientes y por ello se declarará inexequible.

17. Artículo 1277. 

El inciso segundo de este artículo establece la acción de reforma del testamento en favor de los descendientes legítimos cuando el testador dispone de la cuarta de mejoras en favor de otras personas. La acción de reforma se concede en tal caso a los legitimarios.

Como ya se explicó que la cuarta de mejoras, en virtud del principio de la igualdad, puede asignarse a cualquier descendiente y no sólo a los legítimos, es contraria a la Constitución esta palabra referida a los descendientes. Por esto, será decretada su inexequibilidad.

18. Artículo 596. 

Este artículo establece la incapacidad de quienes profesan diversa religión de aquella en que debe ser o ha sido educado el pupilo, para ser tutores o curadores, “excepto en el caso de ser aceptados por los ascendientes, y a la falta de éstos por los consanguíneos más próximos”.

Esta norma en nada contraría la Constitución, por las siguientes razones:

La Constitución asigna a los padres el deber de educar a sus hijos mientras sean menores. Como la religión es parte de la educación para quienes profesan alguna, es apenas lógico que los padres enseñen a sus hijos la propia. Lo cual concuerda, por otra parte, con el derecho fundamental de los niños a la “educación y a la cultura”, reconocido por el artículo 44.

Lo que sería contrario a la libertad religiosa sería imponer a un incapaz, en especial a un menor, un tutor o curador que profesara una religión distinta.

Además, esta incapacidad desaparece cuando media la aceptación de los ascendientes o de los consanguíneos más próximos.

Hay que tener en cuenta que esta norma se refiere exclusivamente a quien es incapaz en razón de la edad, por lo cual hay que elegir entre el derecho del menor a ser educado en la religión de sus padres, y el que tiene un presunto candidato a curador o tutor, a no ser discriminado por causa de su religión. No puede haber duda: prevalece el derecho del incapaz.

En consecuencia, se declarará exequible el artículo 596 del Código Civil.

III. Conclusiones

Lo discurrido lleva a estas conclusiones:

1. La Constitución consagra la igualdad de derechos y obligaciones entre los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos. Esta igualdad se transmite de generación en generación.

2. Declara, además, a la familia núcleo fundamental de la sociedad, tanto si se constituye por el matrimonio como por la voluntad responsable de conformarla. Independientemente de su origen, el Estado y la sociedad garantizan la protección de la familia.

3. Está prohibida toda discriminación, en particular la que se ejerza por razón del origen familiar.

4. Son contrarias a la Constitución todas las normas que establezcan diferencias en cuanto a los derechos y obligaciones entre los descendientes legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, pues al igual que los hijos tienen iguales derechos y obligaciones.

5. En consecuencia, serán declaradas inexequibles aquellas normas demandadas que establecen trato discriminatorio en contra de alguna clase de descendientes o ascendientes.

6. En guarda de la seguridad jurídica, los efectos de esta sentencia comenzarán al día siguiente a aquel en que quede surtida su notificación.

IV. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Decláranse INEXEQUIBLES las siguientes palabras, contenidas en los artículos del Código Civil que se determinan a continuación:

a) En el artículo 61, la palabra legítimos, que aparece en los ordinales 1º, 2º y 3º;

b) En el artículo 222, la palabra legítimos;

c) En el artículo 244, la palabra legítimo del inciso segundo;

d) En el artículo 1253, la palabra legítimos, que aparece dos (2) veces en el inciso primero; y en el artículo 1259, la palabra legítimo que aparece en los incisos primero y segundo;

e) En el artículo 260, la palabra legítimos, que aparece en el inciso primero;

f) En el artículo 422, la palabra legítimos que aparece en los ordinales 2º y 3º, y legítimo que aparece en el ordinal 5º;

g) En el artículo 457, la palabra legítimos, del ordinal 2º;

h) En el artículo 537, la palabra legítimos, del ordinal 2º;

i) En el artículo 550, la palabra legítimos utilizada en los ordinales 2º y 3º;

j) En el artículo 1016, la palabra legítimos usada en el ordinal 5º;

k) En el artículo 1025, la palabra legítimos empleada en el ordinal 2º;

l) En el artículo 1226, la palabra legítimos, del ordinal 4º;

ll) En el artículo 1236, la palabra legítimos, del enciso primero;

m) En el artículo 1242, la palabra legítimos, que aparece en el inciso segundo;

n) En el artículo 1261, la palabra legítimo, empleada en el inciso primero;

ñ) En el artículo 1266, la palabra legítimos, que aparece en el ordinal 1º;

o) En el artículo 1277, la palabra legítimos, del enciso segundo.

2. Decláranse EXEQUIBLES las palabras que aparecen en los siguientes artículos del Código Civil, así:

a) En el artículo 61, la palabra legítimos que se emplea en los ordinales 5º y 7º;

b) En el artículo 411, la palabra legítimos empleada en el ordinal 9º.

3. Decláranse EXEQUIBLES los artículos 596 y 1047 en su integridad.

4. Exceptuadas las palabras declaradas inexequibles, los artículos mencionados en el ordinal primero de esta sentencia, se declaran EXEQUIBLES.

5. Los efectos de esta sentencia se causarán a partir del día siguiente a aquel en que se notifique.

Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta Constitucional».

(Sentencia C-105 de marzo 10 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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