Sentencia C-106 de marzo 10 de 1994 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO

DIFERENCIA CON LAS PENAS

EXTRACTOS: «Los artículos objeto de la demanda dicen textualmente (se subraya lo acusado):

“DECRETO NÚMERO 2700 DE 1991

(Noviembre 30)

Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal.

El Presidente de la República de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo transitorio 5º del capítulo 1º de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la comisión especial,

DECRETA:

ART. 375.—Captura facultativa. En los procesos por delitos sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años y en los casos previstos en el artículo 397 de este código, el fiscal podrá librar orden escrita de captura para efectos de la indagatoria (...).

ART. 387. Definición de la situación jurídica. Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria o vencido el término anterior, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco días siguientes, con medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique, u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando se le solicite.

Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente. El fiscal dispondrá del mismo término cuando fueren cinco o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado el mismo día.

En los delitos de conocimiento de los jueces regionales recibida la indagatoria el fiscal definirá la situación jurídica dentro de los veinte días siguiente si aquella hubiere sido recibida por un fiscal de sede distinta.

ART. 388. Requisitos sustanciales. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva las cuales se aplicarán cuando contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

En los delitos de competencia de los jueces regionales sólo procede como medida de aseguramiento, la detención preventiva”.

Distinción constitucional entre penas y medidas de aseguramiento. 

El artículo 375 del Código de Procedimiento Penal establece que en los procesos por delitos sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años y en los casos previstos en el artículo 397 del mismo estatuto (que señala cuándo procede la detención preventiva) el fiscal podrá librar orden escrita de captura para efectos de la indagatoria. Precisamente contra esta facultad se endereza la demanda.

El artículo 387 del Código señala las reglas referentes a la definición de la situación jurídica de la persona privada de la libertad. Tal definición deberá producirse a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la indagatoria o al vencimiento del término para recibirla (artículo 386), con la medida de aseguramiento si hubiese prueba que la justifique, u ordenando la libertad inmediata. Ha sido demandada la norma en cuanto consagra la posibilidad de decretar la medida de aseguramiento.

El artículo 388, acusado en su totalidad, enuncia las medidas de aseguramiento que pueden aplicarse a los imputables, cuando contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente decretadas; son ellas: la conminación, la caución, la prohibición de salir del país y la detención preventiva.

La norma agrega que en los delitos de competencia de los jueces regionales sólo procede como medida de aseguramiento la detención preventiva.

El cargo fundamental contra los mencionados preceptos radica en la posible violación del principio según el cual toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario, ya que, en el sentir del actor, si ello es así, ninguna persona podrá ser privada de la libertad mientras no sea declarada su responsabilidad mediante sentencia.

En síntesis, se ha puesto en tela de juicio la constitucionalidad de la detención preventiva y de las medidas de aseguramiento en general.

Se trata de instituciones perfectamente compatibles con la Constitución en cuanto tienen un carácter preventivo, no sancionatorio. Por medio de ellas se busca asegurar que la persona sindicada de haber cometido delito, cuando contra ella existan indicios graves de responsabilidad, comparezca efectivamente al proceso penal, es decir que no escape a la acción de la justicia.

En cuanto se refiere a la detención, la Carta Política distingue claramente entre ella y la pena. El artículo 28 alude a la primera y exige, para que pueda llevarse a cabo, mandamiento escrito de autoridad judicial competente, impartido y ejecutado con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. A la segunda se refiere el artículo 29, que plasma la presunción de inocencia a favor de toda persona, estatuyendo, para que pueda imponerse una pena, el previo juzgamiento conforme a las leyes preexistentes, ante juez o tribunal competente, con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio y con la integridad de las garantías que configuran el debido proceso.

Así, una cosa es detener al individuo contra el cual existen indicios graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para que esté a disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites procesales y celebrado el juicio con observancia de todas las garantías, reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a la convicción de que en realidad existe esa responsabilidad penal y de que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada en la ley. Es entonces cuando se desvirtúa la presunción de inocencia y se impone la pena.

Es claro que tal presunción subsiste respecto de quien apenas está detenido preventivamente o ha sido objeto de otra medida de aseguramiento, ya que ninguna de ellas tiene por fin sancionar a la persona por la comisión del delito. Mal podría ocurrir así pues en esa hipótesis se estaría desconociendo de manera flagrante el debido proceso.

Las medidas de aseguramiento no requieren de juicio previo. Ellas pueden aplicarse, a la luz de la Constitución, si se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Carta. Así, si media orden escrita del juez competente, se han cumplido las formalidades que la ley consagre al respecto y el motivo de la detención, conminación, prohibición de salida del país o caución está nítidamente consagrado en norma legal preexistente, tales medidas se ajustan al mandato constitucional y no implican desconocimiento del debido proceso, aplicable en el caso de las penas.

Pretender que toda detención o medida de aseguramiento deba estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría a desvirtuar su carácter preventivo y haría en no pocas ocasiones completamente inoficiosa la función judicial, pues la decisión correspondiente podría tropezar —casi con certeza— con un resultado inútil en lo referente a la efectividad de la pena que llegara a imponerse.

Debe resaltarse que la norma constitucional del artículo 28 y las legales que desarrollan el instituto de las medidas de aseguramiento no implican posibilidad de abuso de la autoridad judicial competente, pues ésta, al tenor de la Carta, debe estar fundada en motivos previamente definidos en la ley. Tales motivos, según las normas acusadas, son los indicios graves de responsabilidad que existan en contra del sindicado.

Claro está, tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo 94 de la Constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales conciben la detención preventiva como una excepción, es decir como un instrumento al cual únicamente puede apelarse en los casos previstos por la ley y dentro de sus rigurosos límites, sin perjuicio de las garantías que aseguren la comparecencia del sindicado al pertinente juicio y su disponibilidad para la ejecución del fallo, tal como se ha subrayado en esta sentencia.

Así, en el artículo 9º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, se estipuló:

“Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta (...).

La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

Por su parte, la Convención americana sobre derechos humanos de 1969 (Pacto de San José de Costa Rica), también aprobado por la mencionada Ley 74 de 1968, establece en su artículo 7º:

“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas”.

A ese conjunto de garantías debe agregarse que el juez está obligado a evaluar en cada caso concreto y de manera razonable la situación a la cual aplica la normatividad que le permite optar por la detención preventiva u otra garantía de aseguramiento, tanto en lo que concierne a la adopción de la medida como en lo referente a la duración de la etapa de juzgamiento:

“En punto de razonabilidad, la Corte considera que la exigencia de un debido proceso público sin dilaciones injustificadas es un límite sustancial a la discrecionalidad del legislador para regular la institución de la detención preventiva (...).

La Constitución, en consonancia con los tratados internacionales de derechos humanos, acogió en su artículo 29 el criterio de justificación razonable —debido proceso sin dilaciones injustificadas— para la investigación y el juzgamiento de ilícitos penales (...).

En este sentido, el legislador encuentra una limitación constitucional de sus atribuciones (C.P. arts. 29 y 93) en asuntos punitivos y de política criminal debiendo estar justificadas racionalmente las demoras o dilaciones temporales de la investigación y juzgamiento de las personas detenidas preventivamente. La mera elección de un plazo —igual al máximo de la pena— no justifica ni hace razonable la restricción indefinida de la libertad de la libertad por el hecho de que el legislador así lo establezca en ejercicio de sus funciones.

La detención preventiva de una persona acusada de un delito restringe su derecho a la libertad personal. Esta limitación se justifica en aras de la persecución y la prevención del delito confiadas a la autoridad y garantiza el juzgamiento y penalización de las conductas tipificadas en la ley, entre otras cosas para asegurar la comparencia del acusado al proceso.

Los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto internacional de derechos políticos y civiles impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia. Pese a que no es posible en abstracto traducir el concepto de detención preventiva razonable a un número determinado de días, semanas, meses o años o a una equivalencia según la gravedad de la ofensa, entre los múltiples factores a tener en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva debe considerarse el tiempo actual de detención, su duración en proporción a la ofensa, los efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta que exhiba el acusado durante la reclusión, las dificultades objetivas propias de la investigación —complejidad respecto a los hechos, número de testigos o acusados, necesidad de una evidencia concreta, etc.—, la conducta de las autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la posibilidad de reincidencia y la capacidad de destrucción de la evidencia”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-301 del 2 de agosto de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

La Corte ratifica estos criterios, pues estima que con arreglo a ellos se garantiza el derecho a la libertad de las personas en sano equilibrio con el interés que tiene la eficacia de la administración de justicia.

De lo dicho se deduce sin dificultad que las disposiciones de los artículos 375, 387 y 388 del Código de Procedimiento Penal, en las partes en que han sido impugnadas, se ajustan a la Constitución y serán declaradas exequibles.

Decisión:

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites y requisitos que indica el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandado de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase EXEQUIBLE el artículo 375 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal) en la parte que dice: “...el fiscal podrá librar orden escrita de captura para efectos de la indagatoria”.

2. Declárase EXEQUIBLE el artículo 387 del mismo Código en la parte que dice: “...con la medida de aseguramiento si hubiese prueba que la justifique”.

3. Declárase EXEQUIBLE, en su totalidad, el artículo 388 del mismo código.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(Sentencia C-106 de marzo 10 de 1994. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).

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