Sentencia C-1064 de diciembre 3 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1064 de 2002 

Ref.: Expediente RE-122

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Revisión constitucional del Decreto Legislativo 2001 de 9 de septiembre de 2002.

Bogotá, D.C., tres de diciembre del año dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Texto del decreto legislativo materia de revisión

El contenido del decreto enviado para revisión, es el que aparece a continuación:

DECRETO 2001 DE 2002 

(septiembre 9)

Por el cual se modifica la competencia de los jueces penales del circuito especializados.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 213 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994, y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1837 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 1837 de 11 de agosto de 2002, se declaró el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional;

Que los grupos criminales han multiplicado su actividad delictiva especialmente en la comisión de delitos de lesa humanidad tales como genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, lavado de activos, testaferrato, terrorismo, lo cual desestabiliza de manera grave la institucionalidad y la convivencia pacífica;

Que resulta indispensable establecer mecanismos jurídicos para operar eficazmente en contra de la delincuencia organizada, que contribuyan a la eficacia de la investigación y juzgamiento de las conductas que resulten de la actividad criminal;

Que por lo tanto se requiere ampliar el apoyo de fiscales y jueces penales especializados destinados fundamentalmente a combatir las conductas delictivas que revisten una mayor criminalidad;

Que los jueces penales del circuito especializados fueron instituidos para combatir los delitos de mayor impacto social por su grave peligrosidad, tales como terrorismo, narcotráfico y demás delitos con fines terroristas;

Que la actual definición de competencias establecida en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley 733 de 2002 ha generado graves confusiones y contradicciones hermenéuticas, impidiendo la represión efectiva de las más graves conductas delictivas;

Que es necesario determinar la competencia de los jueces penales del circuito especializados para que conozcan privativamente de los mencionados delitos, con el propósito de lograr su castigo efectivo,

DECRETA:

ART. 1º—Competencia de los jueces penales del circuito especializados.

Los jueces penales del circuito especializados conocen, en primera instancia, de los siguientes delitos:

1. Genocidio.

2. Homicidio agravado según los numerales 8º, 9º y 10 del artículo 104 del Código Penal.

3. Lesiones personales agravadas según los numerales 8º, 9º y 10 del artículo 104 del Código Penal.

4. Los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.

5. Secuestro extorsivo o agravado según los numerales 6º, 7º, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal.

6. Desaparición forzada.

7. Apoderamiento de aeronaves, naves o medio de transporte colectivo.

8. Tortura.

9. Desplazamiento forzado.

10. Constreñimiento ilegal agravado según el numeral 1º del artículo 183 del Código Penal.

11. Constreñimiento para delinquir agravado según el numeral 1º del artículo 185 del Código Penal.

12. Hurto agravado según el numeral 14 del artículo 241 del Código Penal.

13. Extorsión en cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

14. Lavado de activos, cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

15. Testaferrato, cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

16. Enriquecimiento ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades delictivas a que se refiere el presente artículo, cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

17. Concierto para delinquir agravado según el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal.

18. Entrenamiento para actividades ilícitas.

19. Terrorismo.

20. Administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

21. Instigación a delinquir con fines terroristas para los casos previstos en el inciso 2º del artículo 348 del Código Penal.

22. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas.

23. De los delitos señalados en el artículo 365 del Código Penal, salvo que se trata del porte o conservación de armas de fuego y municiones.

24. De los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal, salvo que se trata del porte o conservación de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

25. Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas.

26. Conservación o financiación de plantaciones cuando la cantidad de plantas exceda de 8.000 unidades o la de semillas sobrepasen los 10.000 gramos.

27. De los delitos señalados en el artículo 376 agravado según el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal.

28. Destinación ilícita de muebles o inmuebles cuando la cantidad de droga elaborada, almacenada o transportada, vendida o usada, sea igual a las cantidades a que se refiere el numeral anterior.

29. De los delitos señalados en el artículo 382 del Código Penal cuando su cantidad supere los cien (100) kilos o los cien (100) litros en caso de ser líquidos.

30. Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.

ART. 2º—Traslado de competencia.

Los jueces penales del circuito y los fiscales delegados ante éstos conocerán de inmediato y en el estado en que se encuentren los procesos que conocían los jueces penales del circuito especializados conforme a las normas de competencia que aquí se establecen.

Los términos que se encuentren en trámite al entrar en vigencia el presente decreto, se cumplirán conforme a las normas con las cuales se iniciaron.

ART. 3º—Suspensión de leyes incompatibles.

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y durante su vigencia se suspenden los artículos 5º transitorio de la Ley 600 de 2000 y 14 de la Ley 733 de 2002, en cuanto son incompatibles con las presentes disposiciones.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 9 de septiembre de 2002.

Álvaro Uribe Vélez

El Ministro del Interior,

Fernando Londoño Hoyos

La Ministra de Relaciones Exteriores.

María Carolina Barco Isakson

El Ministro del Interior encargado de las funciones del despacho del Ministro de Justicia y del Derecho,

Fernando Londoño Hoyos

El Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Roberto Junguito Bonnet

La Ministra de Defensa Nacional.

Martha Lucía Ramírez de Rincón

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Carlos Gustavo Cano Sanz

El Ministro de Comercio Exterior encargado de las funciones del despacho del Ministro de Desarrollo Económico,

Jorge Humberto Botero Angulo

El Ministro de Minas y Energía,

Luis Ernesto Mejía Castro

El Ministro de Comercio Exterior,

Jorge Humberto Botero Angulo

La Ministra de Educación Nacional,

Cecilia María Vélez White

La Ministra del Medio Ambiente,

Cecilia Rodríguez González - Rubio.

El Ministro de Salud encargado de las funciones del despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social,

Juan Luis Londoño de la Cuesta

El Ministro de Salud,

Juan Luis Londoño de la Cuesta

La Ministra de Comunicaciones,

Martha Helena Pinto de Hart

El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao

La Ministra de Cultura,

María Consuelo Araújo Castro

(...).

V. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

Corresponde a esta corporación ejercer el control de constitucionalidad del decreto enviado para revisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 7º de la Constitución Política.

2. Revisión de los requisitos formales del Decreto 2001 de 2002.

El Decreto 2001 de 2002 fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de los facultades que le confieren el artículo 213 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1837 de 11 de agosto de 2002, mediante el cual se declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional, y que fue declarado exequible por esta corporación en virtud de la Sentencia C-802 de 2002.

El ordenamiento que se revisa cumple las exigencias formales establecidas en el artículo 213 de la Constitución y la Ley 137 de 1994, estatutaria de los estados de excepción, puesto que se encuentra firmado por el Presidente de la República y todos los ministros del despacho, cuyo número es de dieciséis (16), está motivado y se expidió dentro del término de noventa (90) días calendario fijado en el artículo 1º del citado Decreto 1837 de 2002, contados a partir de la vigencia del mismo.

No hay entonces reparo de constitucionalidad por este aspecto.

3. El Estado de conmoción interior y sus límites.

Tal como se afirmó en las sentencias C-802 de 2 de octubre de 2002 y C-1024 de 26 de noviembre del mismo año, el estado de conmoción interior no es una institución para investir de atribuciones omnímodas e ilimitadas al Presidente de la República. Es este un instrumento de carácter jurídico excepcional, extraordinario, pero sometido a la Constitución, a las leyes vigentes no suspendidas por incompatibilidad con él y a los tratados y convenios Internacionales sobre Derechos Humanos que obligan a Colombia. Es pues, un mecanismo con el cual el Estado da respuesta a situaciones extraordinarias cuando el orden público se encuentra gravemente perturbado y no es posible restaurarlo con el ejercicio de las atribuciones ordinarias de policía, conforme lo señala expresamente el artículo 213 de la Carta.

Esas atribuciones excepcionales que se le confieren al Presidente de la República en virtud de la declaración del estado de conmoción interior, lo autorizan a adoptar, mediante decreto legislativo, medidas específicas, concretas y transitorias, encaminadas a remover las causas que originaron la declaración de conmoción interior e impedir la extensión de sus efectos para restablecer el orden público turbado, en todo o en parte del territorio nacional.

En ese orden de ideas, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 213 y 214 de la Constitución Política, el uso de las facultades de que se inviste al Gobierno Nacional con la declaración de la conmoción interior, ha de sujetarse a los preceptos establecidos por la Ley 137 de 1994, estatutaria de los estados de excepción. Así, conforme a su artículo 9º dichas facultades sólo pueden ser utilizadas cuando su cumplan los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, motivación de la incompatibilidad, y se den las demás condiciones y requisitos establecidos en la Constitución y en la ley para el estado de conmoción interior, principios estos que define y concreta la misma ley estatutaria citada, en los artículos 10, 11, 12 y 13.

4. Análisis material del Decreto Legislativo 2001 de 9 de septiembre de 2002.

4.1. Síntesis comparativa entre el artículo 5º transitorio del Código de Procedimiento Penal y la Ley 733 de 2002 y el Decreto Legislativo 2001 de 2002.

Para facilitar la comprensión de las modificaciones introducidas transitoriamente por el decreto objeto de control a la legislación precedente, ellas se relacionan en siguiente cuadro comparativo:

Competencia anterior de los jueces penales del circuito especializados, en primera instancia (arts. 5º transitorio CPP y 14 L. 733/02)Competencia de los jueces penales del circuito especializados, en primera instancia, establecida por el artículo 1º Decreto Legislativo 2001/02
1. Del delito de tortura (C.P., art. 178).
2. Del delito de homicidio agravado según el numeral 8º, 9º y 10 del artículo 104 del Código Penal.
3. De las lesiones personales con fines terroristas (art. 111 conforme a las causales 8ª, 9ª y 10ª del art. 104 del C.P.).
4. Del delito de secuestro extorsivo (C.P., art. 168) o agravado en virtud de los numerales 6º, 9º y 11 del artículo 170 del Código Penal y apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo (C.P., art. 173).
5. De los delitos de fabricación y tráfico de municiones o explosivos (C.P., art. 365); fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C.P., art. 366).
6. De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas (C.P., arts. 341 y 342), de terrorismo (C.P., arts. 343 y 344), de administración de recursos relacionados con actividades terroristas (C.P., art. 345), de la instigación a delinquir con fines terroristas (art. 348, inc. 2º), del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (art. 359, inc. 2º), de la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas (art. 372, inc. 4º), y del constreñimiento ilegal con fines terroristas (art. 185, num. 1º).
7. Del concierto para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisión de control (C.P., art. 340), testaferrato (C.P., art. 326); extorsión en cuantía superior a 150 salarios mínimos mensuales.
8. De los delitos señalados en el artículo 375 del Código Penal, cuando la cantidad de plantas exceda de ocho mil (8.000) unidades o la de semillas que sobrepase los diez mil (10.000) gramos.
9. De los delitos señalados en el artículo 376 del Código Penal, cuando la droga o sustancia exceda de mil (1.000) kilos si se trata de marihuana, cien (100) kilos y si se trata de hachís, cinco (5) kilos si se trata de metacualona, cocaína o sustancias a base de ella o cantidades equivalentes si se encontraren en otro estado.
10. De los procesos por delitos descritos en el artículo 377 del Código Penal cuando se trate de laboratorios o cuando la cantidad de droga almacenada, transportada, vendida o usada sea igual a las cantidades a que se refiere el numeral anterior.
11. De los delitos descritos en el artículo 382 del Código Penal y de los que se deriven del cultivo, producción, procesamiento, conservación o venta de la heroína en cantidad igual o superior a doscientos cincuenta (250) gramos o de la amapola o su látex.
12. Del delito contenido en el artículo 385 del Código Penal.
13. Del hurto agravado según el artículo 241 numeral 14 del Código Penal.
14. Lavado de activos (C.P., arts. 3º y 24) y enriquecimiento ilícito del particulares (C.P., art. 326) cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades delictivas a que se refiere el artículo 5º transitorio del Código Procedimiento Penal, cuya cuantía sea o exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
15. Secuestro simple.
16. Omisión de denuncia de particular.
17. Modalidad culposa del favorecimiento de la fuga de presos.
Tortura (num. 8º).
Homicidio agravado según los numerales 8º, 9º y 10 del artículo 104 del Código Penal (con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas; en persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el título II del libro 2º del Código Penal y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia; si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón de ello) (num. 2º).
Lesiones personales agravadas según los numerales. 8º, 9º y 10 del artículo 104 del Código Penal (num. 3º).
Secuestro extorsivo o agravado según los numerales 6º, 7º, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal (cuando se cometa con fines terroristas; cuando se obtenga la utilidad, provecho o la finalidad perseguida por los autores o partícipes; en persona internacionalmente protegida diferente a las señaladas en el título II del libro 2º del Código Penal y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia) (El num. 16 del art. 170 del C.P. no existe) (num. 5º)
Apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo (num. 7º).
Los delitos señalados en el artículo 365 del Código Penal, salvo que se trata del porte o conservación de armas de fuego y municiones (num. 23).
Los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal, salvo que se trata del porte o conservación de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (num. 24).
Entrenamiento para actividades ilícitas (num. 18).
Terrorismo (num. 19).
Administración de recursos relacionados con actividades terroristas (num. 20).
Instigación a delinquir con fines terroristas para los casos previstos en el inciso 2º del artículo 348 del Código Penal (cuando la conducta se realiza para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado forzoso de población u homicidio con fines terroristas) (num. 21).
Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (num. 22).
Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas (num. 25).
Constreñimiento para delinquir agravado según el numeral 1º del artículo 185 del Código Penal (cuando la conducta tenga como finalidad obtener el ingreso de personas a grupos terroristas, grupos de sicarios, escuadrones de la muerte o grupos de justicia privada) (num. 11).
Concierto para delinquir agravado según el inciso 2º del artículo 340 del Código Penal (para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley) (num. 17).
Testaferrato, cuya cuantía sea o exceda de 100 salarios mínimos legales mensuales (num. 15).
Extorsión en cuantía superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (num. 13).
Conservación o financiación de plantaciones cuando la cantidad de plantas exceda de 8.000 unidades o la de semillas sobrepase los 10.000 gramos (num. 26).
Los delitos señalados en el artículo 376 agravado según el numeral 3º del artículo 384 del Código Penal (cuando la cantidad incautada sea superior a 1000 kilos si se trata de marihuana; a 100 kilos si se trata de marihuana hachís, y a 5 kilos si se trata de cocaína o metacualona o 2 kilos si se trata de sustancia derivada de la amapola) (num. 27).
Destinación ilícita de muebles o inmuebles cuando la cantidad de droga elaborada, almacenada o transportada, vendida o usada, sea igual a las cantidades a que se refiere el numeral anterior (num. 28).
Los delitos señalados en el artículo 382 del Código Penal (tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos) cuando su cantidad supere los 100 kilos o los 100 litros en caso de ser líquidos (num. 29).
Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje (num. 30).
Hurto agravado según el numeral 14 del artículo 241 del Código Penal (sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento) (num. 12).
Lavado de activos, cuya cuantía sea o exceda de 100 salarios mínimos legales mensuales (num. 14).
Enriquecimiento ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no justificado se derive en una u otra forma de las actividades delictivas a que se refiere el artículo 1º del Decreto Legislativo 2001 de 2002, cuya cuantía sea o exceda de 100 salarios mínimos legales mensuales (num. 16).
Genocidio (num. 1º).
Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (num. 4º).
Desaparición forzada (num. 6º).
Desplazamiento forzado (num. 9º).
Constreñimiento ilegal agravado según el numeral 1º del artículo 183 del Código Penal (cuando el propósito o fin perseguido por el agente sea de carácter terrorista) (num. 10).

4.2. El debido proceso, la modificación de normas de procedimiento penal y el estado de conmoción interior.

4.2.1. Como es suficientemente conocido, una característica esencial del Estado de derecho a partir de la revolución francesa de 1789, es el respeto al debido proceso para evitar la arbitrariedad del Estado con el justiciable. Es pues, una garantía de la libertad.

Así, resulta indispensable que el encargado de juzgar tenga la investidura de juez, autónomo e independiente y sometido sólo al imperio de la ley, lo que excluye ab initio que los jueces pertenezcan a la rama ejecutiva del poder público, postulado que resulta claramente establecido como una consecuencia obligada de la separación de las ramas del poder.

Pero no basta la investidura de juez para la existencia del debido proceso. Se requiere además que sea competente. Es decir, que en virtud de la ley y conforme a los factores por ella tenidos en cuenta para el efecto, se le haya asignado de manera general, impersonal y abstracta, el conocimiento de un asunto determinado para someterlo a su decisión mediante sentencia. De no ser así, existiría incertidumbre para el justiciable con respecto al derecho que le asiste a saber en caso de infracción al ordenamiento jurídico, quien puede juzgarlo.

Sin embargo, a los dos requisitos anteriores se hace indispensable que el juez preexista a los hechos que dan lugar al juzgamiento. Por ello, forma parte de la garantía del debido proceso que al procesado se le juzgue conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, lo cual dice relación no sólo con las de contenido material o sustantivo, sino también con respecto a las normas de carácter procesal, entre las cuales cobra singular importancia el conocimiento de cuál es el despacho judicial tanto de primera como de segunda instancia para conocer y decidir sobre el proceso respectivo.

Las formas procesales, esto es las atinentes al lugar, tiempo y modo del juzgamiento adquieren singular dimensión en relación con la libertad jurídica, pues ellas indican dónde se juzga, cuándo se juzga y cómo se juzga, lo que impide someter al justiciable al capricho o a la arbitrariedad.

Ello explica, que sea un juez de una determinada categoría quien conozca de un proceso determinado, pero impone entonces que entre los distintos despachos judiciales de ella existentes en el país, exista uno identificable a quien en virtud de otros factores de competencia se le asigne un asunto determinado, ya por la naturaleza del asunto, por el domicilio, por el lugar de ocurrencia de los hechos, o en ocasiones por la cuantía. De igual modo, el justiciable no puede permanecer indefinidamente en la incertidumbre sobre si va a ser objeto de juzgamiento o no y, por ello, ha de llegar un momento preestablecido por la ley en que opere la prescripción o la caducidad para que de ahí en adelante la jurisdicción del Estado no pueda perseguirlo. Así mismo, el juez, aun siendo competente tiene limitada su actividad para tramitar y decidir el proceso por lo que señale expresamente el legislador. Dicho de otra manera, el proceso se somete al procedimiento que el legislador instituya para el efecto.

Por lo demás, esa ha sido la tradición jurídica en Colombia. Así, el artículo 43 de la Ley 153 de 1887, de manera que no deja duda alguna, establece que “La ley preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal”; y por ello, agrega a continuación que “nadie puede ser juzgado o penado sino por la ley que haya sido promulgada antes del hecho que da lugar al juicio”, regla que resulta de imperativo cumplimiento y que constituye un pilar insustituible de la garantía para el procesado. El procedimiento penal no tiene como objeto el de castigar sino el de juzgar, criterio interpretativo éste, que es propio del Estado democrático.

4.2.2. Las normas propias del procedimiento penal corresponde entonces señalarlas al legislador, y en tal virtud es de su privativa competencia la expedición del código respectivo conforme lo dispuesto por el artículo 150, numeral 2º, de la Carta, como ocurre con los demás códigos. No es ya admisible, a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, como sí lo era durante la época en que rigió la Constitución anterior, que los códigos se expidan por el ejecutivo investido de facultades extraordinarias, pues ahora lo prohíbe el citado artículo 150 de la Constitución, en su numeral 10, inciso 3º.

4.2.3. No obstante, cuando la situación no es de normalidad sino de anormalidad, y ello se ha proclamado con la declaración del estado de conmoción interior, la Ley 137 de 1994 que regula los estados de excepción, autoriza de manera expresa en su artículo 44, que mediante decreto legislativo puedan ser objeto de modificación “las disposiciones de procedimiento penal”, sometida esa facultad a los requisitos señalados en esa disposición. Esto es, que se trate de la regulación de “hechos punibles que guarden relación directa con las causas que originaron la declaración del estado de conmoción interior o pretendan impedir la extensión de sus efectos”; que se respete “lo dispuesto en materia de juzgamientos por los tratados internacionales ratificados por Colombia”; que se garanticen “los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, así como la vigencia del artículo 228 de la Carta”; y, que “no se supriman ni modifiquen los organismos básicos de acusación y juzgamiento”.

De esta suerte, aun en los estados de excepción rige el principio de legalidad del proceso y por disposición expresa de la Constitución y de la ley estatutaria, el ejecutivo encuentra limitada su actividad para la expedición de decretos legislativos que modifiquen las normas procesales penales, como acaba de advertirse.

5. Análisis del contenido material del Decreto Legislativo 2001 de 9 de septiembre de 2002.

5.1. Análisis de constitucionalidad del artículo 1º del Decreto Legislativo 2001 de 9 de septiembre de 2002.

Visto ya el contenido del decreto legislativo objeto de control, como aparece en el cuadro comparativo de sus normas con el artículo 5º transitorio del Código de Procedimiento Penal y el artículo 14 de la Ley 733 de 2002, se encuentra por la Corte que, conforme al artículo 1º del decreto objeto de control constitucional, a los jueces penales del circuito especializado se les asigna competencia para conocer en primera instancia de los delitos de genocidio, los cometidos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y el constreñimiento ilegal agravado, cuando el propósito o fin perseguido por el agente sea de carácter terrorista (C.P., art. 183, num. 1º), delitos estos últimos cuyo conocimiento correspondía a los jueces penales del circuito de acuerdo con el artículo 77, numeral 1º, literal b), del Código de Procedimiento Penal.

Conforme a lo expuesto, las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo 2001 de 9 de septiembre de 2002, por su artículo 1º a la legislación preexistente, sólo se encuentran conformes a la Constitución y a la ley estatutaria de los estados de excepción si se respeta el debido proceso. Por ello, la primera observación que surge es que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 137 de 1994 el Presidente de la República se encuentra facultado para su expedición, con sujeción a lo allí establecido. En este caso, se encuentra por la Corte que declarada la conmoción interior uno de los instrumentos jurídicos al alcance del ejecutivo para conjurar los hechos causantes de la perturbación del orden público y procurar su restablecimiento, es el abreviar los procedimientos, lo que ahora ocurre, por cuanto son especiales y más breves en sus distintas etapas, los procedimientos a que se someten los justiciables por delitos que se les imputan cuando de ellos conocen los jueces penales de circuito especializados y no los jueces penales del circuito.

No obstante, es claro que para respetar el principio de legalidad y el debido proceso judicial, los delitos cuyo conocimiento se adscribe a los jueces penales del circuito especializados, no pueden ser conductas punibles cometidas con anterioridad a la vigencia del decreto objeto de control. De lo contrario, sería ostensible el quebranto de la garantía constitucional en virtud de la cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”, y “ante juez competente”. Es decir, quienes incurrieron en hechos presuntamente delictivos con anterioridad a la expedición del decreto legislativo aludido, tenían entonces en virtud de la ley un juez competente para adelantar su juzgamiento, y resulta inaceptable desde el punto de vista constitucional expresamente establecido en el artículo 29 de la Carta, desconocerles ese juez para que conozca del respectivo proceso un juez distinto, que hasta entonces carecía de dicha competencia en el caso concreto. No puede en esta hipótesis tener efecto retroactivo ese decreto para disminuir, además los términos y variar las formas del procedimiento para juzgar a los imputados de delitos relacionados con la perturbación del orden público.

No sucede lo mismo con las conductas delictivas cometidas a partir de la vigencia del decreto que ahora se analiza. En esta hipótesis, la situación cambia. Cuando se comete el hecho el juez preexistente será el señalado por el artículo 1º de decreto legislativo objeto de control. Y, siendo ello así, ninguna garantía constitucional se quebranta pues, además, el juzgamiento se hará conforme a las normas de procedimiento que corresponden a aquellos procesos que adelantan los jueces penales del circuito especializados, las cuales también resultan preexistentes.

5.2. Análisis de constitucionalidad del artículo 2º del Decreto Legislativo 2001 de 9 de septiembre de 2002.

El artículo 2º del decreto objeto de control, establece que los jueces penales del circuito y los fiscales delegados ante éstos, pasarán a conocer “de inmediato y en el estado en que se encuentren los procesos que conocían los jueces penales del circuito especializado”, conforme a las nuevas normas de competencia señaladas en el decreto; y agrega que, “los términos que se encuentren en trámite al entrar en vigencia”, habrán de cumplirse “conforme a las normas con las cuales se iniciaron”.

Podría entenderse la norma que ahora se analiza como un simple traslado de competencia, pero conservando ante los jueces penales del circuito el procedimiento que se surte por disposición legal ante los jueces penales del circuito especializados. No obstante, ello no es así. En efecto, conforme a la Constitución, que está presidida en materia penal por un criterio garantista y por el principio de favorabilidad, no resulta contrario a la Carta que un proceso tramitado con términos más breves y con un procedimiento especial, sea sustituido por el procedimiento común u ordinario, adelantado con términos más amplios, lo que lleva a la Corte a declarar en este caso la constitucionalidad de la norma bajo estudio. No se trata de un simple traslado de competencia, como aparece en el epígrafe de este artículo, sino que además, si de esos delitos conocen ahora los jueces penales del circuito habrán de hacerlo con el procedimiento propio de los asuntos que a ellos se les asignan por la ley, y no con el procedimiento que a los jueces penales especializados se les fija por ella.

5.3. Análisis de constitucionalidad del artículo 3º del Decreto Legislativo 2001 de 9 de septiembre de 2002.

La norma acabada de mencionar suspende durante la vigencia del decreto del cual forma parte “los artículos 5º transitorio de la Ley 600 de 2002 y 14 de la Ley 733 de 2002”, en cuanto sean incompatibles con los artículos 1º y 2º del decreto.

Es claro para la Corte que siendo el ámbito de aplicación de los artículos 1º y 2º del decreto objeto de control el de regir respecto de hechos delictuosos atentatorios del orden público que se encuentra perturbado y sólo durante la vigencia del mismo dada su naturaleza eminentemente temporal por tratarse de un decreto legislativo dictado durante la conmoción interior, resulta acorde con la Carta lo dispuesto en el artículo 3º que ahora se analiza.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 1º del Decreto Legislativo 2001 expedido el 9 de septiembre de 2002, “por el cual se modifica la competencia de los jueces penales del circuito especializados”, en el entendido que las nuevas competencias conferidas a los jueces penales del circuito especializados, dado el carácter más gravoso de su procedimiento, sólo son aplicables a los delitos cometidos a partir de la vigencia de ese decreto, y no a las conductas punibles realizadas con anterioridad a ella, las que seguirán siendo conocidas por los jueces penales del circuito.

2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2º del Decreto Legislativo 2001 de 9 de septiembre de 2002, en el entendido que los jueces penales del circuito para los procesos de los que conocerán de inmediato y en el estado en que se encuentren, y que antes eran de conocimiento de los jueces penales del circuito especializados, aplicarán el procedimiento señalado por la ley para los delitos de conocimiento de aquéllos.

3. Declarar EXEQUIBLE el artículo 3º del Decreto Legislativo 2001 de 9 de septiembre de 2002.

Notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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