Sentencia C-1064 de octubre 29 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-1064 de 2008 

Ref.: Expediente D-7274

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30 (parcial) de la Ley 1176 de 2007

Demandante:

Clara Patricia Montoya Parra

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto del artículo 30 de la Ley 1176 de 2007, acorde con su publicación en el Diario Oficial 46.854 de veintisiete (27) de diciembre de dos mil siete (2007), en el cual se subraya la expresión demandada:

“LEY 1176 DE 2007

(Diciembre 27)

Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República,

DECRETA:

(...).

ART. 30.—Artículo nuevo. El inciso 1º del artículo 27 de la Ley 715 de 2001 quedará así:

Prestación del servicio educativo. Los departamentos, distritos y municipios certificados, prestarán el servicio público de la educación a través del sistema educativo oficial.

Solamente en donde se demuestre insuficiencia en las instituciones educativas del sistema educativo oficial podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades estatales o privadas sin ánimo de lucro de reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los servicios educativos estatales. El valor de la prestación del servicio financiado con estos recursos del sistema no puede ser superior a la asignación por alumno definido por la Nación.

Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial, con las restricciones señaladas en la presente ley.

Cuando con cargo a recursos propios la prestación del servicio sea contratada con entidades no estatales, la entidad territorial deberá garantizar la atención de al menos el ciclo completo de estudiantes de educación básica.

La educación misional contratada y otras modalidades de educación que venían financiándose con recursos del situado fiscal, y las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación se podrán continuar financiando con los recursos del sistema general de participaciones”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra una disposición que forma parte de una ley.

Consideración preliminar. Declaración de inhibición respecto del cargo contra la expresión demandada por la supuesta violación del derecho de asociación (Const. Pol., art. 38).

2. De conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 242 de la Constitución, cualquier ciudadano podrá instaurar las acciones públicas de inconstitucionalidad previstas en el artículo 241 ibídem, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no existe acción pública.

3. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 consagra los requisitos de las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad, los cuales constituyen las condiciones mínimas para que la Corte Constitucional pueda ejercer su función general de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, así:

i) El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas;

ii) El señalamiento de las normas constitucionales que se consideran infringidas;

iii) Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;

iv) Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado;

v) La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda.

4. En forma reiterada la Corte Constitucional ha señalado que las razones por las cuales los preceptos constitucionales se estiman violados deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes (1) .

5. La demandante plantea que la expresión atacada transgrede el derecho de asociación (Const. Pol., art. 38) porque obliga a las personas naturales, a quienes el artículo 68 superior autoriza expresamente para fundar establecimientos educativos, a que se asocien en entidades sin ánimo de lucro, para prestar servicios educativos en el sector público mediante la celebración de contratos con las entidades territoriales.

Se observa que este cargo toma como base la supuesta distinción que hace la norma demandada entre personas naturales y personas jurídicas, cuando la misma establece una distinción entre entidades privadas sin ánimo de lucro y entidades privadas con ánimo de lucro.

Así mismo, la demandante sostiene que el precepto impugnado obliga a las personas asociadas en entidades con ánimo de lucro a asociarse en entidades sin ánimo de lucro con el fin de celebrar contratos con las entidades territoriales para la prestación de los servicios educativos, cuando dicho precepto visiblemente no impone esa obligación.

En estas condiciones, las afirmaciones de la demandante no corresponden al contenido objetivo de la disposición impugnada, sino a apreciaciones subjetivas suyas y, por tanto, el cargo no se ciñe al requisito de certeza que ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en los siguientes términos:

“(...) las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente (2) “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” (3) e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda (4) . Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden” (5)(6) .

En consecuencia, la Corte se declarará inhibida para adoptar decisión de mérito respecto del cargo contra la expresión demandada por la supuesta violación del derecho de asociación (Const. Pol., art. 38), por ineptitud sustantiva de la demanda.

Problema jurídico planteado

6. Corresponde a la Corte determinar si al disponer la norma demandada que en caso de insuficiencia en las instituciones educativas del sistema educativo oficial podrán los departamentos, distritos y municipios certificados contratar la prestación del servicio educativo con entidades estatales o privadas sin ánimo de lucro, con exclusión de las entidades privadas con ánimo de lucro, desconoce el principio de igualdad (Const. Pol., art. 13), el derecho de los particulares a fundar establecimientos educativos (Const. Pol., art. 68), la libertad de enseñanza (Const. Pol., art. 27), el principio de la buena fe (Const. Pol., art. 83), la libertad de empresa (Const. Pol., art. 333), el derecho al trabajo (Const. Pol., art. 25), el principio de unidad de materia (Const. Pol., arts. 158 y 169) y la atribución de competencias al Gobierno Nacional por el artículo 3º del Acto Legislativo 04 de 2007.

Examen de los cargos formulados. Exequibilidad de la expresión normativa demandada.

7. En virtud de lo dispuesto en artículo 356 de la Constitución, modificado por los actos legislativos 1 de 1993, 1 de 2001 y 4 de 2007, salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del gobierno, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos y municipios. Agrega que para efecto de atender los servicios a cargo de estos y proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios (7) .

La Ley 1176 de 2007 desarrolló la citada disposición superior y el artículo 357 ibídem. El artículo 30 de esa ley, demandado parcialmente en esta oportunidad, subrogó el inciso 1º del artículo 27 de la Ley 715 de 2001 y estableció que los departamentos, distritos y municipios certificados prestarán el servicio público de la educación a través del sistema educativo oficial.

Agrega el mismo artículo 30 que solamente en donde se demuestre insuficiencia en las instituciones educativas del sistema educativo oficial podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades estatales o privadas sin ánimo de lucro de reconocida trayectoria e idoneidad, sin detrimento de velar por la cobertura e infraestructura en los servicios educativos estatales.

8. Aduce la demandante que al prever la norma demandada la contratación para la prestación del servicio educativo únicamente con las entidades privadas sin ánimo de lucro, además de las estatales, con exclusión de las entidades privadas con ánimo de lucro, establece un tratamiento diferenciado que no tiene justificación, dando lugar así a la discriminación de estas últimas y vulnerando por tanto el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución.

9. El punto de partida del análisis del principio de igualdad es la fórmula clásica, de inspiración aristotélica, según la cual “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual” (8) .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, todas las personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Agrega la misma norma que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

El precepto de igualdad es reiterado en algunas normas superiores en relación con materias específicas, tales como las confesiones religiosas e iglesias (art. 19), los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica (art. 42), la relación de género, masculino y femenino (art. 43) y las oportunidades para los trabajadores (art. 53).

En el plano internacional dicho principio es consagrado en tratados ratificados por Colombia, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito en 1966 (arts. 2º y 3º), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

De tal mandato se deduce que la regla general es la igualdad entre las personas o grupos de personas y que solo por excepción puede dárseles un trato desigual, por lo cual cuando la ley o la autoridad política les dispensan un trato igual no tienen carga alguna de argumentación y, por el contrario, cuando les otorgan un trato diferenciado deben justificar su decisión en forma objetiva y razonable; de no existir tal justificación, el trato diferenciado será constitucionalmente ilegítimo o inválido y configurará una discriminación.

La Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que la justificación de un trato diferenciado por parte del legislador requiere la concurrencia de los siguientes elementos (9) :

i) La existencia de una situación igual o similar de grupos de personas en relación con un determinado criterio de comparación.

ii) El señalamiento de efectos jurídicos diferenciados por el legislador.

iii) La existencia de un fin u objetivo del trato diferenciado que no sea prohibido y en cambio sea permitido por el ordenamiento constitucional y que sea válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales.

iv) Que el medio previsto en la norma legal:

— no sea prohibido y en cambio sea permitido por el ordenamiento constitucional.

— sea válido a la luz de los valores., principios y derechos constitucionales.

— sea adecuado o idóneo para la consecución del fin u objetivo.

— sea necesario, es decir, que no existan otros medios que no sacrifiquen los valores, principios o derechos constitucionales o que los sacrifiquen en menor medida.

— sea proporcional en sentido estricto, o sea, que sus beneficios sean superiores a la afectación de los valores, principios o derechos constitucionales.

10. Conforme al artículo 67 de la Constitución, la educación es un derecho, que según la jurisprudencia reiterada de esta corporación tiene carácter fundamental, y es también un servicio público que tiene una función social. Por otra parte, dicho precepto la consagra como un deber, entre los cinco (5) y los quince (15) años de edad, que comprende corno mínimo un (1) año de preescolar y nueve (9) de educación básica.

Según la misma norma, el objeto de la educación es el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, así como la formación de los colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Dichos fines están desarrollados en la Ley 115 de 1994, general de educación (art. 5º).

Igualmente, la Constitución Política establece que la educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derecho académicos a quienes puedan sufragarlos (art. 67), y que los particulares podrán fundar establecimientos educativos, en las condiciones que la ley deberá establecer para su creación y gestión (art. 68).

En esta forma, con base en el carácter liberal y pluralista del Estado social de derecho colombiano (Const. Pol., arts. 1º y 333), la Constitución consagra un sistema de educación mixto, por parte del Estado y de los particulares.

En este sentido, la Ley 115 de 1994 dispone que “el servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional”.

Agrega que “de la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro” (art. 3º).

La educación pública o estatal tiene como características: i) la vocación exclusiva de servicio a la comunidad, de promoción de la prosperidad y el bienestar general y de mejoramiento de la calidad de vida de la población (Const. Pol., arts. 1º, 2º y 366); ii) la universalidad; iii) la gratuidad; iv) la independencia política e ideológica; v) la aconfesionalidad o no vinculación a confesiones religiosas; y vi) el régimen laboral de los docentes está conformado por normas especiales. Estas características distinguen aquella modalidad de educación de la educación privada, la cual: i) por regla general tiene un fin de lucro, en desarrollo de la libertad de empresa (Const. Pol., art. 333); ii) se presta únicamente a quienes tienen los medios económicos para pagar su costo; iii) es onerosa; iv) tiene generalmente una orientación política o ideológica definida; v) ostenta con frecuencia una confesión religiosa, y vi) el régimen laboral de los docentes está integrado por las normas comunes (10) .

Frente a estas dos modalidades de la educación, la que prestan los particulares sin ánimo de lucro resulta lógicamente asimilable a la educación pública o estatal, por los fines altruistas de aquella, que se identifican con los fines estatales o públicos, y no a la educación privada ordinaria, a la cual se contrapone.

En estas condiciones, resulta claro que, por no encontrarse los particulares que prestan el servicio de educación con fines de lucro en la misma situación de los particulares que prestan dicho servicio sin fines de lucro, no se cumple el primer presupuesto antes indicado para efectuar el juicio de igualdad, conforme a lo señalado por la jurisprudencia de esta corporación, esto es, la existencia de una situación igual o similar de grupos de personas en relación con un determinado criterio de comparación. Por consiguiente, el cargo por la supuesta violación del principio de igualdad no puede prosperar.

11. Sostiene la demandante que la disposición demandada, al excluir a las entidades privadas con ánimo de lucro de la contratación con las entidades territoriales para la prestación del servicio educativo, quebranta el derecho de los particulares a fundar establecimientos educativos (Const. Pol., art. 68), la libertad de enseñanza (Const. Pol., art. 27), el principio de la buena fe (Const. Pol., art. 83), la libertad de empresa (Const. Pol., art. 333) y el derecho al trabajo (Const. Pol., art. 25).

Respecto de estos cargos debe señalarse en primer lugar que de acuerdo con jurisprudencia ampliamente reiterada de esta corporación, el legislador es titular de la potestad de configuración normativa prevista en los artículos 67, 68, 114 y 150 de la Constitución para regular la materia educativa, siempre y cuando respete los valores, principios y derechos constitucionales, así como también el principio de razonabilidad.

Por otra parte, debe señalarse que la norma acusada no priva a los particulares de su derecho a fundar establecimientos educativos, expresamente previsto en el artículo 68 superior, en concordancia con los artículos 1º y 333 ibídem, derecho que se mantiene incólume, y solo los priva de la posibilidad de contratación mencionada, que se justifica por la identidad de fines entre la prestación del servicio educativo por parte del Estado y su prestación por parte de las entidades privadas sin ánimo de lucro. Ello significa que, al fundar establecimientos educativos, los particulares tienen la posibilidad de prestar sus servicios en forma plena en el sector privado, en las condiciones propias de este.

Por esta misma razón, contrariamente a lo que se afirma en la demanda, la norma impugnada no vulnera la libertad de enseñanza, la libertad de empresa, ni el derecho al trabajo, que los particulares pueden ejercer ampliamente mediante la prestación de los servicios educativos en el sector privado.

De otro lado, es plausible la consagración del principio de la buena fe en la Constitución vigente (art. 83), que prescribe que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de aquella, la cual se presumirá en todas las gestiones que los primeros adelanten ante dichas autoridades, principio este sobre cuyo contenido e importancia se ha pronunciado numerosas veces esta corporación.

En el asunto que se examina, resulta visible que la norma censurada no desconoce, ni expresa ni tácitamente, la buena fe de los particulares que prestan servicios educativos y, menos aún, presume su mala fe, ni pone en entredicho la licitud de su actividad o la idoneidad ética y pedagógica que categóricamente exige el artículo 68 superior a quienes prestan dichos servicios, y, en cambio, tal disposición solo consigna una medida de política legislativa cuya validez constitucional está justificada, como se anotó. Por ende, la norma acusada no vulnera el citado principio constitucional.

12. La demandante expone que la norma acusada desconoce el principio de unidad de materia consagrado en los artículos 158 y 169 de la Constitución, porque regula la prestación del servicio educativo, cuando el título y la materia predominante de la ley que la contiene, destinada a desarrollar los artículos 356 y 357 de la Constitución, se refieren a la distribución, asignación, uso y destinación de los recursos integrantes de las participaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución, todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Agrega que el presidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto.

A su turno, el artículo 169 ibídem establece que el título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido.

Estas disposiciones sirven de sustento al denominado principio de unidad de materia, sobre el cual esta corporación se ha pronunciado en muchas ocasiones (11) .

Sobre el particular ha expresado que dicho principio es una exigencia de la técnica legislativa, orientada a garantizar la coherencia y claridad de las leyes, impedir que los congresistas y los destinatarios de aquellas resulten sorprendidos por la expedición de normas que no tuvieron el examen ni el debate necesarios en el proceso legislativo, por la falta de conexidad temática con el resto de las disposiciones de la ley y con el título de esta. Del mismo modo, ha indicado que dicho principio facilita la aplicación de las normas legales por parte de sus destinatarios.

En este sentido ha señalado que “solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley” (12) .

Así mismo, ha recalcado que en virtud de dicho principio se requiere que exista un núcleo temático de los diversos contenidos de una ley y que entre aquel y estos haya una relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable.

Igualmente, ha indicado, acerca de los elementos aplicables para establecer el núcleo temático de una ley, que “resultan valiosos elementos como contenido de la exposición de motivos en cuanto allí se exponen las razones por las cuales se promueve el ejercicio de la función legislativa y se determinan los espacios de las relaciones sociales que se pretenden interferir; el desarrollo y contenido de los debates surtidos en las comisiones y en las plenarias de las cámaras; las variaciones existentes entre los textos originales y los textos definitivos; la producción de efectos jurídicos de las distintas esferas de una misma materia; su inclusión o exclusión de la cobertura indicada en el título de la ley; etc. La valoración conjunta de todos esos elementos permite inferir si una norma constituye el desarrollo de la materia de la ley de que hace parte” (13) .

En este orden de ideas, esta corporación ha considerado que un determinado enunciado normativo contraría el principio de unidad de materia cuando al hacer su examen dentro del contexto del proceso de formación de la ley y del contenido de esta, se determina que se trata de un elemento extraño o ajeno a la materia dominante de la regulación.

También, ha advertido que el control constitucional sobre el cumplimiento del principio de unidad de materia no debe ser rígido, porque se vulnerarían la potestad de configuración normativa del Congreso (Const. Pol., arts. 114 y 150) y el principio democrático (Const. Pol., art. 3º), pero que no debe ser tampoco muy flexible, porque se le despojaría de su contenido.

13. En virtud de lo preceptuado en el artículo 356 superior, salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley, a iniciativa del Gobierno Nacional, fijará los servicios a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos y municipios. Señala la misma disposición que para efecto de atender los servicios a cargo de estos y proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios.

El artículo 356 de la Constitución se refiere a la destinación de los recursos del sistema y a los criterios de su distribución por sectores. Por su parte, el artículo 357 ibídem trata del incremento anual del sistema, la destinación de los recursos de propósito general y la destinación eventual de recursos excedentes.

La norma demandada forma parte de la Ley 1176 de 2007, “por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” y subroga el inciso 1º del artículo 27 de la Ley 715 de 2001, norma esta que trata de la prestación del servicio educativo.

El artículo 356 superior señala que “los recursos del sistema general de participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre” (se resalta).

Así, el servicio educativo está comprendido, con carácter prioritario, entre los servicios que deben atender las entidades territoriales con los recursos del sistema general de participaciones, lo cual explica que la Ley 715 de 2001, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (A.L. 01/2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, establezca un reparto de competencias en el ámbito educativo entre la Nación y las entidades territoriales (art. 5º y ss.).

En estas condiciones, es claro que la exclusión de las entidades privadas con ánimo de lucro de la contratación con las entidades territoriales para la prestación del servicio educativo cuando se presentare insuficiencia en las instituciones educativas del sistema educativo oficial, es simplemente una regla sobre el ejercicio de las competencias administrativas a cargo de aquellas, previstas en el artículo 356 superior como presupuesto para la distribución de los recursos del sistema general de participaciones, y no una regla técnica sobre la prestación del servicio educativo, que contienen otras leyes, como por ejemplo la Ley 115 de 1994, general de educación, y la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.

Por estas razones, es ostensible una conexidad objetiva y razonable de la disposición acusada con el título y con la materia dominante de la Ley 1176 de 2007 y, por tanto, tal norma no vulnera el principio de unidad de materia.

14. Arguye la demandante que el precepto legal acusado quebranta la atribución de competencias al Gobierno Nacional por el artículo 3º del Acto Legislativo 04 de 2007, de suerte que el Congreso de la República se extralimitó en el ejercicio de sus funciones constitucionales, violando también los artículos 3º y 121 ibídem.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º del Acto Legislativo 04 de 2007, el Gobierno Nacional definirá una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del sistema general de participaciones, para asegurar el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad. Añade que esta estrategia deberá fortalecer los espacios para la participación ciudadana en el control social y en los procesos de rendición de cuentas.

Por su parte, el artículo 3º de la Constitución estatuye que el pueblo ejerce la soberanía en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece, y el artículo 121 ibídem prescribe que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.

Puede notarse que el artículo 3º del Acto Legislativo 04 de 2007 se refiere a la determinación o el establecimiento, de una estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral del gasto ejecutado por las entidades territoriales con recursos del sistema general de participaciones cuyas bases debe hacer el legislador y, sobre esas bases legales, se define por el gobierno, lo cual puede dar lugar a la expedición de normas que, con base en una interpretación sistemática de la Constitución, deberán tener carácter reglamentario y ceñirse a la ley, cuya cumplida ejecución deben procurar (Const. Pol., art. 189, num. 11,).

En este sentido debe considerarse que, si además de la potestad general de configuración normativa de que es titular (Const. Pol., arts. 114 y 150), al legislador compete específicamente, conforme al contenido de los artículos 356 y 357 superiores, regular los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales y distribuir los recursos económicos para atender los servicios a cargo de estas últimas, así como reglamentar los criterios de distribución de dichos recursos, mediante el sistema general de participaciones, es razonable que también ejerza la competencia para regular los mecanismos de vigilancia y control orientados a asegurar el adecuado cumplimiento de las normas respectivas, a los cuales deberá sujetarse el Gobierno Nacional en el ejercicio de la potestad reglamentaria de que es titular.

En consecuencia, la norma acusada no vulnera el artículo 3º Acto Legislativo 04 de 2007 ni los artículos 3º y 121 de la Constitución.

Por lo anterior, la Corte declarará exequible el segmento normativo acusado, contenido en el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007, por los cargos analizados en esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARARSE INHIBIDA para adoptar decisión de mérito respecto del cargo contra la expresión “sin ánimo de lucro” contenida en el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007 por la supuesta violación del derecho de asociación (Const. Pol., art. 38), por ineptitud sustantiva de la demanda.

2. DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “sin ánimo de lucro” contenida en el artículo 30 de la Ley 1176 de 2007, por los cargos examinados en esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Sobre este tema se pueden consultar, entre muchas otras, las sentencias C-910 de 2007, C-860 de 2007, C-211 de 2007, C- 991 de 2006, C-803 de 2006, C-777 de 2006, C-1294 de 2001 y C-1052 de 2001.

(2) Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella”.

(3) Sentencia C-504 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 0624 de 1989 “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la dirección general de impuestos nacionales”, pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.

(4) Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(5) En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-1048 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), C-011 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.

(6) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(7) Según lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 715 de 2001, el sistema general de participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la misma ley.

(8) Aristóteles, Política III 9 (1280a): “Por ejemplo, parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales”.

(9) Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-576 de 2004, MP. Jaime Araújo Rentería; C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.

(10) Según el artículo 196 de la Ley 115 de 1994, “el régimen laboral legal aplicable a las relaciones laborales y a las prestaciones sociales de los educadores de establecimientos educativos privados será el del Código Sustantivo del Trabajo”.

(11) Sobre el tema pueden consultarse las sentencias C-138 de 2007, C-214 de 2007, C-392 de 2007, C-077 de 2007, C-809 de 2007, C-188 de 2006, C-124 de 2006 y C-475 de 2006, entre otras.

(12) Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(13) Sentencia C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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