Sentencia C-1066 de octubre 29 de 2008 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-1066 de 2008 

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Ref.: Expediente D-7329

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 211 de la ley 223 de 1995, como quedó modificado por el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006

Demandante: Andrea Carolina Guevara Rojas

Bogotá, D.C., veintinueve de octubre de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada.

“Ley 1111 de 2006

(Diciembre 27)

“Diario Oficial Nº 46.494 de 27 de diciembre de 2006

“Congreso de la República,

“Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

“El Congreso de Colombia

“DECRETA:

“ART. 76.—Modifícanse los artículos 189, 190, 210, 211 y 213 de la Ley 223 de 1995, los cuales quedan así:

Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.

ART. 210.—Base gravable. A partir del 1º de enero de 2007 la base gravable del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros, está constituida así: el precio de venta al público certificado semestralmente por el DANE.

ART. 211.—Tarifas. A partir del 1 de enero del año 2007, las tarifas al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, serán las siguientes:

1. Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta al público sea hasta $ 2.000será de $ 400 por cada cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido.

2. Para los cigarrillos, tabacos, cigarros y cigarritos cuyo precio de venta al público sea superior a $ 2.000será de $ 800 por cada cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente a su contenido.

PAR. 1º—Dentro de las anteriores tarifas se encuentra incorporado el impuesto con destino al deporte creado por la Ley 30 de 1971, en un porcentaje del 16% del valor liquidado por concepto de impuesto al consumo.

PAR. 2º—La tarifa por cada gramo de picadura rapé o chinú será de $ 30.

PAR. 3º—Las tarifas aquí señaladas se actualizarán anualmente en el porcentaje del crecimiento del precio al consumidor final de estos productos, certificados por el DANE. La dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público certificará y publicará antes del 1º de enero de cada año, las tarifas actualizadas, en todo caso el incremento no podrá ser inferior a la inflación causada.

PAR. 4º—Para estos efectos se tendrán en cuenta los precios vigentes en el mercado correspondientes al año 2006.

(En negrilla, lo demandado).

La demandante afirma en el folio 2 de la demanda que “se interpone exclusivamente contra la expresión “$ 2.000 pesos” prevista tanto en el numeral 1º como en el numeral 2º del artículo acusado”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, corresponde a esta corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra un aparte de una disposición que forma parte de una ley.

2. Inexistencia de cosa juzgada constitucional.

Como bien lo advierte el procurador en su concepto, sobre la norma demandada, artículo 211 de la Ley 223 de 1995, con la redacción del artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 existen en la Corte Constitucional las sentencias C-480/2007, C-809/2007 y C-908/2007.

La C-480/2007 declaró exequibles los artículos 210 y 211 de la Ley 223 de 1995, tal como quedaron modificados por el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006. En esta sentencia se analizó la función de certificar un parámetro o criterio objetivo, —como sería en este caso el precio de venta al público— para efectos de determinar la base gravable de un impuesto, y se concluyó por la Corte que no comporta el ejercicio de la función legislativa atribuida exclusivamente a los órganos de representación popular.

En la C-809/2007 declaró exequible, entre varias normas y expresiones demandadas, la que dice “y correspondiente al año 2006” del artículo 76 parágrafo 4º de la Ley 1111 de 2006, al considerar que la referencia a los precios del año 2006 no vuelve la norma inconstitucional por retroactividad. Declaró también exequible el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 por considerar que no desconoce el principio de unidad de materia.

En la C-908/2007 declaró exequible el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006, al considerar que no se vulnera el principio de unidad de materia, ni el de congruencia, ni de consecutividad e identidad en el trámite legislativo.

Al analizar el contenido de las sentencias citadas, se observa que ninguna declaró constitucional la totalidad de la norma. Se formularon otros cargos contra otras expresiones de esta, por lo que resulta claro que no hay cosa juzgada constitucional.

3. Cuestión preliminar. Fallo inhibitorio por ineptitud sustantiva de la demanda.

Se analizará si los argumentos propuestos por la ciudadana demandante son idóneos para entrar al estudio de la expresión $ 2.000 de los numerales 1º y 2º del artículo 211 de la Ley 223 de 1995. Se referirá la Corte a los lineamientos jurisprudenciales sobre requisitos argumentativos mínimos exigibles a la acción de inconstitucionalidad, para saber si en esta demanda se cumplieron.

El artículo 2º del Decreto-Ley 2067 de 1991, establece que las demandas en las acciones públicas de constitucionalidad deben cumplir los requisitos siguientes:

1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, bien a través de su trascripción literal o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas;

2. La indicación de las normas constitucionales que se consideren infringidas;

3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;

4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y

5. La razón por la cual la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda.

Desde sus primeros pronunciamientos (1) , atendiendo al contenido de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia la Corte dejó en claro que, aun cuando la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza pública y como tal no está sujeta a una técnica especial, quien la ejerce sí debe asumir una carga procesal mínima que permita al órgano de control adelantar con diligencia la función que en ese campo le ha sido asignada, consistente en decidir definitivamente y con alcance de cosa juzgada, las controversias sobre la validez de las leyes y los decretos con fuerza de ley que hayan llegado a su conocimiento a través de demanda ciudadana.

De conformidad con la propia interpretación jurisprudencial, condicionar el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad al cumplimiento de unos presupuestos mínimos, no conduce a la negación de ese derecho político, constituido en una auténtica modalidad de participación ciudadana para la defensa directa de la Constitución (2) . Por el contrario, bajo el supuesto que no se trata de una garantía absoluta e ilimitada, fijarle algunas condiciones de procedibilidad promueve fines constitucionalmente admisibles como es el de racionalizar su uso, en el entendido que el precitado derecho no ha sido concebido para interferir, sin motivo ni justificación válida, la vigencia de la ley, y además, delimitar el ámbito de competencia del órgano de control constitucional, ya que la Carta Política no lo faculta para llevar a cabo un control oficioso de constitucionalidad sobre las leyes.

De otro lado, también ha enfatizado la Corte que la exigencia de ciertos presupuestos básicos no persigue convertir el ejercicio de la acción pública en una especialidad jurídica, sino garantizar que el aparato jurisdiccional del Estado se ponga en movimiento solo sobre una base razonable y sólida, es decir, que a través de aquella se plantee una genuina controversia de tipo constitucional en torno a la posible oposición entre una norma legal y la Constitución Política, que justifique la intervención del órgano de control constitucional.

Bajo esa perspectiva, en acatamiento de las previsiones contenidas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 (3) , esta corporación ha sostenido que la demanda de inconstitucionalidad se entiende presentada en debida forma, cuando el demandante: (i) señala las disposiciones que se acusan como inconstitucionales, (ii) describe los preceptos superiores que se estiman violadas y, particularmente, (iii) expone las razones o motivos por los cuales se considera que dichos textos constitucionales han sido infringidos.

Con relación a la exigencia de exponer las causas que motivan la violación alegada, ha expresado esta corporación que la misma “no se satisface con la exposición de cualquier tipo de razones o motivos, sino que es necesario que estas sean ‘claras (4) , ciertas (5) , específicas (6) , pertinentes (7) y suficientes’ (8) ”. Solo de esta manera el juez constitucional puede hacer la confrontación entre el texto demandado y la norma superior y deducir si existe o no contradicción (9) .

Para la Corte, carecen de idoneidad para cuestionar y destruir la presunción de constitucionalidad que ampara la ley y, en consecuencia, deben ser desestimadas por improcedentes, aquellas razones que no se fundan en una interpretación que no se deriva del texto demandado.

Teniendo en cuenta los anteriores presupuestos, hay lugar a decidir de fondo el juicio de inconstitucionalidad promovido mediante demanda ciudadana, solo cuando se verifica que quien ejerce la acción ha dado cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, incluyendo aquel que exige expresar de manera clara, cierta, específica, pertinente y suficiente de qué forma la norma acusada es contraria a la Constitución Política. Si la demanda no se ajusta a las condiciones mínimas de procedibilidad, en particular la que refiere a la exposición de las razones de inconstitucionalidad, la misma será sustancialmente inepta y el juez constitucional estará obligado a proferir un fallo inhibitorio (10) .

De otra parte, interpretando el contenido del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la Corte (11) ha establecido que “en principio, es en el auto a través del cual se decide sobre la admisibilidad de la demanda, el momento oportuno para definir si la acción de inconstitucionalidad cumple o no con los requisitos de procedibilidad a los que se ha hecho expresa referencia. Sin embargo, bajo la consideración que ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la demanda, realizada únicamente por cuenta del magistrado ponente, también resulta jurídicamente admisible que la Corte en pleno lleve a cabo el análisis de procedibilidad en la sentencia, una vez evalúe, además de la acusación, la opinión de los distintos intervinientes y el concepto del Ministerio Público” (12) .

De ahí que, “aun cuando en el auto admisorio el magistrado ponente haya considerado que la demanda reúne los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, es posible que la Sala Plena adopte la decisión contraria, cuando encuentre que el cumplimiento de los requisitos, en particular el referente a la formación de un verdadero cargo de inconstitucionalidad, presenta en realidad una formulación apenas aparente y no real que impide proferir un fallo de fondo” (13) .

Bajo los anteriores lineamientos trazados por la Corte y reiterados en esta oportunidad, procede la Sala a evaluar si la demanda carece de mérito para provocar un pronunciamiento de fondo.

4. Ineptitud sustantiva de la demanda formulada contra la expresión $ 2.000 pesos prevista en los numerales 1º y 2º del artículo 211 de la Ley 223 de 1995, como quedó en el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006.

Para la Corte la demandante no logra dar argumentos claros y suficientes en punto al cargo por violación del principio de legalidad tributaria, pues al tiempo que admite que el legislador en ejercicio de su potestad determinó los elementos del impuesto al consumo de tabaco, incluyendo la tarifa, señala que la norma admite diversas interpretaciones, no obstante lo cual solicita la inexequibilidad de las expresiones demandadas, para impetrar más adelante a la Corte un pronunciamiento de exequibilidad condicionada (14) .

En efecto, el reparo fundamental de la demandante se orienta en el sentido de que el legislador no previó la actualización del valor de los $ 2.000 pesos previsto en la norma demandada, suma que determina la aplicación de las tarifas diferenciables para el impuesto al consumo de cigarrillos, pero pese a que invoca como violado el principio de legalidad tributaria y en particular el de la certeza de la tarifa, no ofrece al examen de la Corte las razones esenciales con base en las cuales pueda sustentar dicha violación, pues se limita a plantear alternativas de interpretación contrarias al propio texto de la norma, pero en todo caso no demuestra porqué, de manera concreta, la forma como el legislador en la norma acusada y especialmente las expresiones $ 2000 pesos, contenidas en los numerales 1º y 2º del artículo 211 de la Ley 223 de 1995 no permiten deducir con certeza cuál fue la tarifa determinada en la ley para el impuesto al consumo al tabaco, limitándose a concluir que se trata de un error de técnica legislativa porque dicha tarifa queda sujeta a la variación del precio del consumidor.

Pero lo cierto es que la demandante no da argumentos de orden constitucional, que le permitan a este tribunal abordar de fondo la cuestión planteada es decir si esa específica determinación de la tarifa que se vincula a la base del tributo y se actualiza en los términos del parágrafo 3º del artículo 211 de la Ley 223 de 1995, tal y como quedó modificado en el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006, según certificación del DANE, viola el artículo 338 de la Carta Política.

En estas condiciones la demanda resulta inepta y procede en consecuencia decisión inhibitoria.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “... $ 2.000...” contenida en el artículo 211 de la Ley 223 de 1995 tal como quedó modificado por el artículo 76 de la Ley 1111 de 2006 “Por la cual se modifica el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” por ineptitud sustantiva de la demanda.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.»

(1) Sentencia C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Ibídem.

(3) Este precepto fue declarado exequible mediante Sentencia C-131 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

(4) Consiste en el deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

(5) La certeza de las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad radica en que el ejercicio de esta acción pública supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto, técnica esta que excluye aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas (En este mismo sentido pueden consultarse, las sentencias C-509 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-1048 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-011 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras).

(6) Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Constitución a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada” resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” (C-568/95), que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.

(7) Las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad gozan de pertinencia cuando el reproche formulado por el peticionario es de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales (C-447/97) y doctrinarias(C-504/93), o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico” (C-447/97).

(8) La suficiencia guarda relación con la exposición de todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. La suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a su idoneidad para abrir un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.

(9) Cfr. Sentencia C-402 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(10) Sentencia C-980 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(11) Sentencia C-1115 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(12) Sentencia ibídem.

(13) Sentencia ibídem.

(14) Cfr. Folios 1, 6, 12 y 13 de la demanda.

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