Sentencia C-1068 de octubre 10 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-1068/2001 

Ref.: Expediente D-3406.

Magistrado Ponente:

Rodrigo Escobar Gil

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 61 de la Ley 599 de 2000.

Actor: Marcela Adriana Rodríguez Gómez.

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil uno.

EXTRACTOS: «I. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso, según aparece publicada en el Diario Oficial Nº 44.097 de julio 24 de 2000:

“LEY 599 DE 2000

(Julio 24)

“Por la cual se expide el Código Penal”.

El Congreso de Colombia.

DECRETA:

“ART. 61.—Fundamentos para la individualización de la pena.

Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.

El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva.

Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto.

Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para efectos de la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la República, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Fundamental.

2. Problema jurídico.

Para resolver el cargo formulado por el actor contra la disposición demandada es necesario establecer si resulta contraria a la Constitución la existencia de dos sistemas distintos para la graduación de la pena, uno en el Código Penal, disposición acusada, y otro en el Código Penal Militar.

Ello impone el contraste de las normas legales que establecen los sistemas de graduación de la pena, para establecer si de ellas sí deriva una diferencia de trato que resulte contraria a la Constitución, en la medida en que mientras el Código Penal Militar simplemente señala las hipótesis que dan lugar a la aplicación del máximo o del mínimo de las penas previstas en la ley, dejando un amplio margen al juez para la individualización de las mismas, el Código Penal establece un sistema conforme al cual la actividad valorativa del juez debe desenvolverse dentro de unos parámetros más estrechamente predeterminados por el legislador.

3. Análisis de los cargos.

3.1. La justicia penal militar.

La Constitución Política, en su artículo 221, contempla la existencia de un régimen penal especial para el juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio.

La Corte ha sostenido que la existencia misma de la justicia penal militar se soporta sobre la presencia de dos factores, subjetivo o personal, de un lado, funcional de otro, que justifican la consagración del fuero y del régimen penal castrense (1) , y sobre los cuales se ha referido en los siguientes términos:

(1) Sentencia C-361/2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

“Ha de aclararse al respecto que, en materia penal, la regla constitucional general es la jurisdicción penal ordinaria, y la excepción, la jurisdicción penal militar; para delimitar el ámbito de aplicación de esta última, se aplican los dos criterios concurrentes señalados en el artículo 221 de la Carta y desarrollados por la Ley 522 de 1999: el personal y el funcional. El criterio personal, desarrollado por los artículos 1º, 4º y 5º de dicha ley, indica que sólo sujetos calificados gozan de este fuero: de manera exclusiva, los miembros de la fuerza pública en servicio activo; pero esa calidad no es, por sí sola, suficiente para optar de manera válida, cuando se trata de conocer de un asunto determinado, por la competencia excepcional de la jurisdicción especial; si así fuera, se configuraría un fuero meramente estamental contrario al ordenamiento constitucional vigente; por eso, el criterio personal debe concurrir con el criterio funcional, desarrollado en los artículos 2º y 3º de la ley citada, de acuerdo con los cuales, el fuero militar sólo opera para conocer y juzgar: a) aquellas conductas delictivas que sólo pueden ser cometidas en razón del servicio que prestan los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por requerir esos tipos penales de sujetos activos calificados, como es el caso en los delitos del centinela, la insubordinación o la cobardía; y b) otras conductas delictivas que no requieren necesariamente de ese sujeto activo calificado, pero que se relacionan con el servicio que prestan los miembros de las fuerzas armadas, pues constituyen omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones asignadas a esas instituciones” (2) .

(2) Sentencia C-368 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

En razón de lo anterior existe un Código Penal Militar, que contiene una regulación especial, y diferente, en atención a los sujetos, a los bienes jurídicos protegidos y a las condiciones especiales que se derivan de la función que conforme a la Constitución corresponde cumplir a las fuerzas armadas, tanto en cuanto al señalamiento de las conductas punibles y las sanciones, como del procedimiento aplicable.

Dado que la propia Constitución contempla la existencia de un código penal especial para el juzgamiento de los militares en servicio activo y en razón de los actos cometidos en relación con el mismo servicio, y que por la naturaleza misma de los códigos, estos buscan regular de manera completa una materia, el Código Penal Militar contiene un régimen completo, tanto sustantivo como procesal, que si bien debe respetar y desarrollar los principios y valores constitucionales, y responde por consiguiente a los mismos principios y valores que se aplican para el régimen penal ordinario, puede diferenciarse del mismo, cuando así lo exijan las especiales condiciones para las cuales está previsto, o cuando de tal diferencia no se derive detrimento de la Constitución.

Sobre el particular la Corte ha expresado que “[I]a Constitución no establece que las normas procesales del Código Penal Militar deban ser idénticas a las del Código de Procedimiento Penal. Si las disposiciones de la legislación especial garantizan el debido proceso y se sujetan a la Constitución Política, en principio, no son de recibo las glosas que se fundamenten exclusivamente en sus diferencias en relación con las normas ordinarias, salvo que éstas carezcan de justificación alguna. La Constitución ha impuesto directamente una legislación especial y una jurisdicción distinta de la común. Por consiguiente, el sustento de una pretendida desigualdad no podrá basarse en la mera disparidad de los textos normativos” (3) .

(3) Sentencia C-358 de 1997, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. En aquella oportunidad la Corte, entre otros cargos, se ocupó del estudio del que pretendía que existía una violación del principio de igualdad, por la manera distinta como la acumulación jurídica de las diversas penas impuestas contra una misma persona en diferentes procesos, estaba prevista en la justicia penal ordinaria y en la justicia penal militar. La Corte señaló que la diferencia existente en los dos regímenes procesales no resulta violatoria de la Constitución.

3.2. El examen del cargo concreto.

La disposición acusada establece, para la individualización de la pena, una metodología sustancialmente distinta a la del anterior Código Penal y a la prevista en el Código Penal Militar, en la medida en que al dividir en cuartos el ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley, restringe la facultad del sentenciador para imponer la pena, señalándole de manera precisa en cuál o en cuáles de los cuartos debe moverse en cada caso concreto.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tal diferencia de régimen se predica de universos distintos, tal como se ha puntualizado en el apartado anterior, el uno para los sujetos del Código Penal, el otro, para los sujetos del Código Penal Militar. Por tal razón el análisis de constitucionalidad no procede sobre la comparación de uno u otro sistema, sino sobre la validez que cada uno de ellos, intrínsecamente considerados, tenga frente a los postulados de la Carta.

Observa, por otra parte, la Corte que del contraste de la disposición acusada con lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal Militar no se deriva una diferencia de trato que pueda ser objeto de reproche constitucional. En efecto, las normas que se comparan no afectan ni la tipificación de los hechos punibles, ni las penas que resultan aplicables, ni los criterios que habrá de tener el juez para individualizar la pena, aspectos, todos, que están previstos en otras disposiciones. Estamos frente a una diferencia sustancial en la metodología que debe aplicar el juez, de la cual no necesariamente se deriva una diferencia de trato. Así, en el evento hipotético de una conducta que tuviese prevista la misma sanción en ambos ordenamientos, la pena que se imponga a quien resulte condenado podría ser la misma, aplicando uno u otro sistema, porque nada impide que el juez, en el sistema que le brinda un mayor margen de apreciación decida acoger el criterio que para el otro sistema ha sido predeterminado por el legislador, o, simplemente, que el resultado de la aplicación de los dos sistemas termine siendo el mismo, por virtud de la coincidencia entre la pena, que dentro de un amplio margen de valoración, fije el juez conforme a los criterios legales para la individualización de la misma, y la que se imponga como culminación de idéntica valoración pero restringida por los parámetros establecidos de modo general por el legislador.

Cabe anotar que si bien, tal como lo sostiene la actora, en el evento de que conforme a la disposición demandada corresponda aplicarse la sanción en el cuarto menor y concurran situaciones de agravación punitiva, existe la posibilidad de que la aplicación del sistema del Código Penal Militar, dé como resultado que el juez imponga una pena inferior a aquella que como mínimo debiera imponerse en la misma hipótesis conforme al Código Penal, también es cierto que en el evento contrario, esto es, cuando nos encontramos en el cuarto superior, si concurre una circunstancia de atenuación punitiva, la pena que aplique el juez penal militar puede ser superior a la máxima aplicable conforme al Código Penal.

Se trata, en realidad, de dos metodologías distintas para determinar la manera cómo habrá de proceder el juez en el momento de individualizar la pena, ninguna de las cuales, en sí misma considerada, puede calificarse como más favorable o más gravosa.

Encuentra la Corte que los dos sistemas obedecen a principios y valores constitucionales. El sistema del Código Penal se orienta a conseguir que la aplicación de las penas sea más homogénea, limitando para el efecto el margen de apreciación del juez, al imponerle unos parámetros predefinidos por el legislador. El sistema del Código Penal Militar, por contraste, privilegia la libertad de apreciación que debe tener el juez para ajustar la pena imponible de acuerdo con las circunstancias del caso concreto.

En cualquier caso, todo resultado que en la aplicación de la pena se aparte de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que deben gobernar el proceso debe atribuirse a una disfuncionalidad del sistema y no a un efecto de la disposición que lo consagra. En efecto, tanto en el sistema del Código Penal Militar como en el del Código Penal la pena que se imponga va a depender de la evaluación que, dentro del ámbito punitivo de movilidad previsto en la ley, haga el juez en torno a los “fundamentos para la individualización de la pena”, como los denomina el Código Penal (art. 61) o los “criterios para la fijación de la pena” de que trata el Código Penal Militar (art. 65). En ambos casos, con algunas diferencias que no son el objeto de este examen de constitucionalidad, la valoración debe girar en torno a consideraciones tales como la gravedad y modalidades del hecho punible, el grado de culpabilidad o la existencia de circunstancias de atenuación o agravación y la naturaleza de las mismas.

Siendo los dos sistemas admisibles conforme a la Constitución, entra dentro de la esfera de la potestad configurativa del legislador la opción entre uno u otro, sin que del hecho de que se apliquen simultáneamente en ordenamientos penales distintos, el uno general y el otro especial, pueda derivarse una violación de la Constitución.

Encuentra la Corte que, no obstante que existe efectivamente una diferencia sustancial en la manera como el sistema de graduación de las penas está previsto en el Código Penal Militar y en el Código Penal, de ella no se deriva, per se, una diferencia de trato para los sujetos de uno y otro ordenamiento, en la medida en que de la aplicación de los criterios para la individualización de la pena presentes en cada uno de los códigos, las penas que en eventos iguales o similares se apliquen bajo cada uno de ellos deben ser tendencialmente iguales, sin perjuicio de las diferencias que puedan derivarse de la manera como cada juez en particular aplique el ordenamiento penal.

Tratándose de ordenamientos diversos, cuya existencia encuentra sustento en la Constitución, las diferencias de régimen entre uno y otro no pueden dar lugar, por esa sola razón, a una decisión de inconstitucionalidad, sino que sería necesario acreditar que, en uno o en otro caso, la norma acusada es contraria a la Constitución. Ello no ocurre frente a la disposición objeto de examen y por consiguiente habrán de desestimarse los cargos de la demanda.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, oído el concepto del Procurador General de la Nación y surtidos los trámites que ordena el Decreto 2067 de 1991,

RESUELVE:

1. Declárase la EXEQUIBILIDAD del artículo 61 de la Ley 599 de 2000, en relación con el cargo analizado en esta providencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 del Decreto 2067 de 1991, notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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