Sentencia C-1069 de diciembre 3 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1069 de 2002 

Ref.: Expediente D-4088.

Magistrado Ponente:

Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 3º parcial del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 40, del Decreto-Ley 2282 de 1989.

Demandante: Jorge Flórez Gacharná.

Bogotá, D.C., a tres de diciembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 39.013 del 7 de octubre de 1989, resaltando en negrilla el aparte demandado.

“DECRETO NÚMERO 2282 DE 1989

“(Octubre 7)

“Por el cual se introducen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil.

“El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1987, y oída la comisión asesora por ella establecida,

“DECRETA:

“ART. 1º—Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento Civil:

“(...)

“40. El artículo 89 quedará así:

“Reforma de la demanda. Después de notificado a todos los demandados el auto admisorio de la demanda, ésta podrá reformarse por una vez, conforme a las siguientes reglas:

“(...).

“3. Para la reforma no es necesario reproducir la demanda. Con todo, si el juez lo considera conveniente, podrá ordenar que se presente debidamente integrada en un solo escrito, en el término de tres días; si no se hiciere, la reforma se tendrá por no presentada”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. Competencia.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución, corresponde esta corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra una disposición que forma parte de una ley.

2. Planteamiento del problema jurídico.

Corresponde a la Corte Constitucional determinar si al disponer la norma acusada que en caso de que el demandante no cumpliere oportunamente la orden del juez en el sentido de presentar la reforma de la demanda debidamente integrada con ésta en un solo escrito, aquélla se tendrá por no presentada, se infringen los principios de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, de prevalencia del derecho sustancial contemplado en el artículo 228 de la misma y de acceso efectivo a la administración de justicia previsto en el artículo 229 ibídem.

3. Análisis del problema jurídico planteado.

3.1. La demanda en los procesos civiles es un acto de primordial importancia. Es el escrito mediante el cual se ejerce el derecho subjetivo público de acción, es decir, se formula a la rama judicial del Estado la petición de que administre justicia y con tal fin decida sobre las pretensiones contenidas en ella, a través de un proceso.

Además de las pretensiones, que constituyen su objeto (petitum), la demanda debe contener los hechos que sirven de fundamento a aquéllas y que configuran la causa de la misma (causa petendi).

Como es evidente, la demanda es la base, junto con la contestación del demandado, para el desarrollo del proceso judicial por los sujetos del mismo, o sea, el juez, las partes y los intervinientes, y, por tanto, la base para dictar la sentencia que pone fin al proceso, y tiene legalmente efectos jurídicos importantes, como son, entre otros, la interrupción de la prescripción o la inoperancia de la caducidad, la radicación de la competencia en un determinado funcionario y la consonancia de la sentencia.

3.2. En ejercicio de la potestad de configuración señalada en el artículo 150 de la Constitución Política y en desarrollo del debido proceso contemplado en el artículo 29 de la misma, el legislador dispuso en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 40, del Decreto-Ley 2282 de 1989, que después de notificado a todos los demandados el auto admisorio de la demanda, ésta podrá reformarse por una vez. A continuación indica hasta cuándo podrá presentarse la reforma y preceptúa que solamente se considerará que existe la misma cuando haya alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, así como también cuando se piden nuevas pruebas. Las demás aclaraciones o correcciones podrán hacerse las veces que se quiera, en los mismos términos y oportunidades de que trata la disposición.

Agrega que no podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas, ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero sí prescindir de alguna de ellas o incluir nuevas. Esta prohibición obedece a una razón lógica y es que sólo se trata de la reforma de la demanda inicial, y no de la formulación de una nueva demanda, por lo cual deben conservarse los elementos sustanciales de la demanda primitiva.

3.3. En la demanda de inconstitucionalidad el actor afirma que la disposición acusada es contraria al derecho de igualdad de las partes en el proceso, pero no explica los motivos o razones por los cuales hace dicha afirmación, por lo cual debe considerarse que este cargo es inexistente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. A este respecto esta corporación ha manifestado:

“Una carga mínima para el ciudadano es entonces la sustentación específica del concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. Por ello, antes de pronunciarse de fondo sobre una demanda, la Corte debe verificar si el actor ha formulado materialmente un cargo, pues de no ser así, la decisión debe ser, en principio, inhibitoria, ya que la demanda sería sustantivamente inepta, por no contener cargos concretos de inexequibilidad susceptibles de ser analizados y evaluados por ella mediante el ejercicio del control de constitucionalidad.

“En reciente oportunidad, esta Corte señaló que sin caer en formalismos técnicos incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes (1) . Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda “sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte” (2)(3) .

(1) Ver Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, fundamento 3.4.2.

(2) Ibídem.

(3) Sentencia C-1256 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

3.4. De conformidad con lo estatuido en el artículo 228 de la Constitución Política, en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial sobre las normas procedimentales, lo cual se explica por el carácter instrumental que tienen estas últimas en relación con aquel, pero ello no significa que las mismas carezcan de valor jurídico y social, pues precisamente gracias a ellas es posible lograr el cumplimiento del derecho fundamental al debido proceso y la efectividad de tal derecho sustancial.

Sobre este tema la Corte Constitucional ha expuesto:

“Es clara la trascendental importancia del derecho procesal dentro de un Estado de derecho como el nuestro, en cuanto las normas que lo conforman son la certeza de que los funcionarios judiciales al cumplirlas estarán sirviendo como medio para la realización del derecho sustancial mientras que respetan el debido proceso judicial (todo juicio debe basarse en las leyes preexistentes y con observancia de las formas propias de cada litigio) que garantiza la igualdad de las partes en el terreno procesal, les posibilita el derecho de defensa, da seguridad jurídica y frena posibles arbitrariedades o imparcialidades del juez.

“El procedimiento no es, en principio, ni debe llegar a ser impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe tender a la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias sobre los mismos.

“Cuando surge un conflicto respecto de un derecho subjetivo, es el derecho procesal el que entra a servir como pauta válida y necesaria de solución de la diferencia entre las partes. Se debe tener siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del derecho sustancial.

“Teniendo en claro la prevalencia que en la administración de justicia debía tener el derecho sustancial, el constituyente de 1991 lo estableció como principio de la administración de justicia en el artículo 228 al consagrar que en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”. Esta corporación al establecer el alcance de la mencionada norma ha dicho:

“Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio” (4)(5) .

(4) Ver Sentencia C-029 de 1995, M.P. Jorge Arango Mejía (correspondió a la Corte determinar la constitucionalidad del artículo 4º del Código de Procedimiento Civil que establece la interpretación de las normas procesales teniendo en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. La Corte, al declarar la constitucionalidad del texto demandado, reiteró la naturaleza de medio que tiene el derecho procesal con respecto al material y su importancia en cuanto a tal).

(5) Sentencia T-1306 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

3.5. Por otra parte, el artículo 229 superior garantiza a toda persona el derecho de acceder a la administración de justicia, tema sobre el cual esta corporación ha manifestado:

“El acceso a la administración de justicia, se constituye para el individuo en una necesidad inherente a su condición y naturaleza, sin él los sujetos y la sociedad misma no podrían desarrollarse y carecerían de un instrumento esencial para garantizar su convivencia armónica, como es la aplicación oportuna y eficaz del ordenamiento jurídico que rige a la sociedad, y se daría paso a la primacía del interés particular sobre el general, contrariando postulados básicos del modelo de organización jurídico-política por el cual optó el constituyente de 1991.

“Así, el acceso a la administración de justicia se erige en nuestro ordenamiento superior como un derecho fundamental de los individuos, que como tal prevalece y goza de protección especial por parte del Estado, tal como lo establece el artículo 229 de la Carta Política” (6) .

(6) Sentencia T-476 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.

3.6. El artículo 85 del Código de Procedimiento Civil consagra las causales de inadmisibilidad y rechazo de la demanda, con las cuales se persigue prevenir desde el primer momento los vicios que puedan afectar el desarrollo del proceso, y evitar en consecuencia nulidades y sentencias inhibitorias, que son contrarias a los principios de economía procesal y eficacia de la administración de justicia, de modo que el mismo pueda culminar con una sentencia de fondo que dirima el conflicto de intereses sometido a la consideración de la administración de justicia y permita lograr la convivencia pacífica de los asociados, como lo consagra, con base en el interés general, el preámbulo y el artículo 1º de la Constitución Política.

Entre las causales de inadmisibilidad se encuentra la falta de los requisitos formales, que son los previstos en el artículo 75 del mismo código para todas las demandas y en el artículo 76 ibídem para algunas de ellas.

Dicha disposición establece que en los casos de inadmisibilidad de la demanda el juez señalará los defectos de que ella adolezca, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días. Si no lo hiciere rechazará la misma.

3.7. El aparte normativo acusado comprende tres partes así:

i) Señala que para la reforma no es necesario reproducir la demanda.

ii) Otorga al juez la facultad de ordenar que la reforma se presente debidamente integrada en un solo escrito con la demanda inicial, en el término de tres (3) días.

Este es un requisito de forma, que no es objeto de impugnación. Tiene como finalidad lógica asegurar el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, una vez reformada, los cuales a su vez tienen como propósito procurar el fundamento necesario, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista sustantivo, para que el juez pueda adelantar el proceso hasta su culminación con una sentencia de fondo y pueda dirimir en ésta la controversia sometida a su consideración.

iii) Dispone que si no se cumpliere oportunamente la orden del juez, la reforma se tendrá por no presentada, lo cual equivale a un rechazo de la misma, que es atribuible exclusivamente al demandante por el incumplimiento de la carga impuesta por aquél.

Se observa que esta disposición consagra una causal específica de inadmisibilidad y rechazo de plano de la reforma de la demanda, por la ausencia de un requisito de forma, de modo idéntico a las causales de inadmisibilidad y rechazo de la demanda previstas en el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, con una sola diferencia referente a la duración del término de subsanación del defecto.

En consecuencia, dicha causal tiene una justificación objetiva y razonable, que es la misma indicada respecto de las causal es de inadmisibilidad y rechazo de la demanda. Por consiguiente, la disposición acusada no es contraria a los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales (C.P., art. 228) y de acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., art. 229) y, por el contrario, constituye claro desarrollo de los mismos.

Integrar la demanda original y su reforma en un solo escrito es una carga procesal que tiene un fin legítimo y proporcional, cual es el de darle seguridad jurídica al acto que fija las bases de la litis. Es, guardadas las proporciones, lograr lo mismo que se logra cuando se hace una codificación: darle certeza jurídica a la ley; en este caso al objeto del litigio, a los sujetos del mismo o a las pretensiones del demandante.

La seguridad jurídica que se busca con la unificación en un solo texto de demanda no sólo no contraría la Constitución, sino que es un procedimiento que el propio constituyente utiliza para otros menesteres como es la reforma de la ley y que tiene el mismo fin de darle certeza al derecho, el mismo valor de la seguridad jurídica, que busca proteger el aparte final del artículo 158 de la Constitución al establecer: “...La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.

Por lo anterior se declarará la exequibilidad de tal norma.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “si no se hiciere, la reforma se tendrá por no presentada”, contenida en el numeral 3º del artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º, numeral 40, del Decreto-Ley 2282 de 1989.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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