Sentencia C-107 de febrero 14 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PENSIÓN DE VEJEZ EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

DERECHO A TRABAJAR Y COTIZAR DURANTE CINCO AÑOS MÁS

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 41.148 del 23 de diciembre de 1993, y se subraya y resalta lo demandado.

“LEY 100 DE 1993

(Diciembre 23)

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

El Congreso de la República de Colombia,

DECRETA:

ART. 33.—Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

(...).

PAR. 3º—No obstante el requisito establecido en el numeral dos (2) de este artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos si fuere el caso”.

(...).

2. Lo que se debate.

En la presente causa constitucional debe establecer la Corte si resulta contrario a los artículos 25, 46 y 48 de la Carta Política —que garantizan a las personas de la tercera edad el derecho al trabajo, la protección y asistencia del Estado y el derecho a la seguridad social—, el término de cinco años más que otorga el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para que el trabajador que lo estime conveniente pueda seguir trabajando y cotizando ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos si fuere el caso.

En criterio de los demandantes mediante dicho término se pretende fijar como edad máxima para acceder a la pensión de jubilación los 65 años si el pensionado es hombre o 60 si es mujer, restringiéndole a estas personas el derecho al trabajo por cinco años más en contravención de lo dispuesto en el artículo 25 superior que no establece ningún límite para poder trabajar. Además, creen que con esta limitante el Estado incumple con su obligación de amparar y asistir a las personas de la tercera edad, quienes deben protegerse voluntariamente para poder cumplir con los requisitos de tiempo de servicio y de cotización que les da derecho a la pensión de jubilación.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio Público coinciden en que la expresión cuestionada es exequible pues establece un límite a la obligación bilateral de cotizar cuando se han cumplido las edades previstas en la ley para el efecto, lo cual no obsta para que el trabajador continúe laborando y aún realizando aportes diferentes de los obligatorios, teniendo en cuenta en todo caso las restricciones que en cuanto a edad de retiro forzoso contienen las normas aplicables a los servidores públicos.

(...).

5. La pensión de vejez.

En un comienzo la pensión consistía en una gracia o recompensa gratuita que otorgaba el Estado (19) . Es más, en aquellos tiempos las pensiones no se consideraban un derecho adquirido del trabajador que mereciera tutela jurídica (20) . Posteriormente, se varió la tesis y se aceptó que “Desde que un agente público ha llenado las condiciones preestablecidas y se ha producido por los medios legales el reconocimiento de una pensión en su favor, tiene el status que corresponde a una pensión adquirida. El derecho del agente público es entonces irrevocable en el sentido de que las condiciones, las bases de la liquidación, las tarifas que resultan de los textos legislativos en vigor en tal momento, no podrían ser modificados en detrimento suyo” (21) .

(19) Sentencia de 25 de octubre de 1918, Ponente: Gnecco Laborde, ver G.J.T. XXVI, Nº 1380, pág. 378 y la de 10 de diciembre de 1915 (g.j. Nº 1225, pág. 165) ambas de la Corte Suprema, Sala Plena.

(20) Ver G.J.T. XLV, # 1928, pág. 600. Sentencia de 18 de octubre de 1937, Ponente: Pedro Alejo Rodríguez.

(21) Sentencia del 28 de febrero de 1946 M.P. Aníbal Cardozo Gaitán. Gaceta Judicial Nº 2029, pág. 1.

En un momento ulterior, la jurisprudencia constitucional reconoce que las pensiones son derechos personales de los beneficiarios y créditos contra la entidad que la concede (22) , y que cuando configuran una situación jurídica concreta ésta no puede ser menoscabada.

(22) Sentencia de 11 de diciembre de 1961, Ponente: Enrique López de Pava, ver. G.J.T. XCVII, Nº 2246-9, pág. 18.

Esta evolución del derecho a la pensión ha sido advertida por esta Corte:

“...el reconocimiento de pensiones a favor de los ciudadanos, en especial, respecto de las denominadas de jubilación, ha tenido en la legislación colombiana una abundante regulación encaminada a retribuir a sus trabajadores y beneficiarios los servicios prestados al Estado, con las distintas ramas del poder público, con una concepción diferente a la establecida en la Ley 14 de 1821 que determinó la supresión de todas aquellas pensiones conferidas por el gobierno español, en los siguientes términos: “...han cesado las pensiones asignadas a varias personas por sus servicios en tiempo del gobierno español”.

Por ello dentro de la nueva organización política de la república, constituyó una gran conquista laboral y social la transformación que en nuestro ordenamiento jurídico, se le dio a la pensión de jubilación, pasando de ser un privilegio o premio que recibía el trabajador, otorgado de cierto modo por mera liberalidad del Estado en términos de gratitud o gracia a un reconocimiento del Estado como retribución a los servicios prestados al mismo, reflejado en el derecho a percibir una prestación económica, como compensación a la actividad desarrollada durante un considerable tiempo que genera la disminución de la fuerza laboral” (23) .

(23) Cfr. Sentencia C-230 de 1998.

En la actualidad la pensión de vejez se define como “un salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo —20 años—, es decir, que el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador” (24) .

(24) Cfr. sentencia C-546 de 1992.

En cuanto a su finalidad, nadie pone en duda que la pensión de vejez tiene por objeto “garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en que consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez” (25) .

(25) Cfr. sentencia T-183 de 1996.

Resulta clara, entonces, la conexidad que tiene el derecho a la pensión con el derecho fundamental al trabajo ya que “El reconocimiento y pago de la pensión de vejez encuentra sustento constitucional en la protección especial que debe brindar el Estado al trabajo humano en todas sus modalidades (art. 25), pues se impone que el fruto del trabajo continuado durante largos años sea la base para disfrutar el descanso, en condiciones dignas, cuando la disminución de la producción laboral es evidente. Así mismo, la pensión de vejez goza de amparo superior en los artículos 48 y 53 de la Constitución, los cuales establecen que el pago de la pensión debe realizarse de manera oportuna dentro de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, propios de la seguridad social en Colombia” (26) .

(26) Sentencia C-177 de 1998.

En razón de su naturaleza y teleología, y tomando como presupuesto el mandato expreso del artículo 46 superior, según el cual “el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección de las personas de la tercera edad... el Estado les garantizará los servicios de seguridad social integral...”, el derecho a la pensión de vejez ha sido erigido a la categoría de derecho fundamental que está amparado con la acción de tutela, pero solamente para efectos de definir si se reconoce o no una pensión, solicitar que se cancelen las mesadas debidas por afectación al mínimo vital o que se ordene el pago de bonos pensionales (27) , entre otras aplicaciones sobresalientes.

(27) Cfr. sentencia T-577 de 1999.

El derecho a la pensión de vejez, como derecho constitucional de carácter fundamental, es de amplia configuración legal, toda vez que corresponde al legislador definir los requisitos y condiciones para acceder a su reconocimiento. En este orden, la pensión no puede considerarse un derecho gratuito como quiera que surge con ocasión de una acumulación de cotizaciones y de tiempos de servicio efectuados por el trabajador (28) .

(28) Cfr. sentencia C-177 de 1998.

En uso de esa facultad de configuración el legislador, para la pensión de vejez, tomó en cuenta dos variables fundamentales: la edad y el tiempo de servicio. Es así como en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 dispuso que:

“ART. 33.—Requisitos para obtener la pensión de vejez. Para tener derecho a la pensión de vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo”.

Lo anterior significa que en la medida en que un trabajador ha realizado las cotizaciones determinadas por la ley, o ha llegado a la edad legalmente prevista, adquiere el derecho al reconocimiento y pago oportuno de la pensión legalmente establecida. A este respecto, esta corporación ya había señalado que “quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio o número de semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder a una pensión de jubilación o de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma” (29) .

(29) Sentencia C-168 de 1995

8.El caso concreto.

Como ya se dijo, en ejercicio de su libertad de configuración el legislador señaló en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 los requisitos que deben ser cumplidos para tener derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, que son: haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta (60) años de edad si es hombre; y haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

Sin embargo, en el parágrafo tercero de este artículo dispuso que “No obstante el requisito establecido en el numeral dos (2) de este artículo, cuando el trabajador lo estime conveniente, podrá seguir trabajando y cotizando durante 5 años más, ya sea para aumentar el monto de pensión o para completar los requisitos si fuere el caso” (se resalta lo acusado).

Según los demandantes el señalamiento del término de los cinco años de que trata este parágrafo constituye una limitación del derecho al trabajo, puesto que “permite al trabajador cuando lo estime conveniente, seguir trabajando y cotizando únicamente durante cinco años más después de cumplir la edad reglamentaria con el fin de aumentar el monto de la pensión o para cumplir con los requisitos de cotización si fuere el caso”.

Con el fin de despejar el anterior cuestionamiento y, por ende, determinar la validez constitucional de la expresión demandada, la Corte considera necesario, dada su confusa redacción, desentrañar el alcance del parágrafo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

La norma parte de dos supuestos a saber: el primero consiste en la posibilidad que tiene el trabajador, cuando lo estime conveniente, de seguir trabajando y cotizando durante cinco años más para aumentar el monto de la pensión. Y el segundo, en permitir al trabajador, cuando lo estime conveniente, seguir trabajando y cotizando durante cinco años más para completar los requisitos si fuere el caso.

En el primer evento, es evidente que la posibilidad de seguir trabajando y cotizando durante cinco años más para aumentar el monto de la pensión requiere necesariamente el haber cumplido los requisitos exigidos, pues no es lógico pensar que la ley permite aumentar el monto de la pensión a quien no ha adquirido tal derecho.

Este supuesto, así entendido, es constitucional pues permite advertir cómo la expresión acusada “durante 5 años más” del parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, lejos de consagrar una restricción del derecho al trabajo representa un beneficio para los trabajadores que han reunido los requisitos de su pensión de vejez, consistente en que pueden continuar trabajando y cotizando durante ese término con el fin de aumentar el monto pensional y así puedan retirarse en mejores condiciones económicas. Así lo entendió la Corte en la sentencia C-1443 de 2000 prohibiendo al empleador dar por terminada la relación laboral por el mero hecho de habérsele reconocido la pensión a un trabajador, considerando que dicho parágrafo otorga una garantía de estabilidad, por dicho término, solamente en función del aumento del monto de la pensión.

En el segundo supuesto, se consagra sin especificación alguna la posibilidad del trabajador de seguir trabajando y cotizando durante cinco años más “para completar los requisitos si fuere el caso”, considerándose de esta forma que en dicho término se puedan cumplir los dos requisitos de la pensión de vejez o uno de ellos cuando ya se tiene el otro. En estos casos, la expresión demandada “durante 5 años más” es constitucional, siempre que se entienda que se trata de una garantía especial de estabilidad para el trabajador que dentro de dicho término está en la posibilidad de adquirir el status de pensionado. Quienes no estén en esta situación no quedan cobijados con este amparo, pues ello implicaría que so pretexto de la expectativa de adquirir la pensión se le imprimiera al principio de estabilidad laboral un carácter absoluto del cual carece.

Cualquiera otra interpretación que indique que dicho término implica una restricción de los derechos a la seguridad social y al trabajo, entendido éste como la facultad para escoger libremente la actividad a la cual desean dedicarse las personas, debe desecharse por inconstitucional. Por ello, en la parte resolutiva de esta providencia se condicionará la exequibilidad del aparte demandado en los mencionados términos.

Esta interpretación acorde con la Constitución es importante, puesto que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 existía la posibilidad de que un empleador diera por terminado, en cualquier momento, el contrato de trabajo sin una justa causa comprobada, caso en el cual el trabajador tenía derecho sólo al pago de una indemnización en los términos previstos por el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (29) , norma aplicable aún a quienes estuvieran próximos a adquirir el status de pensionado. De modo que ningún amparo existía para quienes no habían cumplido los requisitos para pensionarse pero que estaban próximos a lograr dicho objetivo, evento en cual si eran despedidos, sólo tenían derecho a una indemnización que probablemente no les cubriría las contingencias derivadas de la vejez, como sí lo haría la pensión.

(29) Antes de la vigencia de la Ley 50 de 1990, un trabajador no podía ser despedido si había cumplido 10 años de servicio a la misma empresa. A partir de dicha ley el despido sin justa causa no está sometido a límite temporal alguno, pero se le debe pagar una indemnización al trabajador. Sin embargo, a los trabajadores que al entrar en vigencia la ley citada tenían más de 10 años de servicios se les otorgó la posibilidad de acogerse al régimen anterior, caso en el cual tenían, si eran despedidos sin justa causa, derecho a ejercitar la acción de reintegro o en subsidio la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (L. 50/90, art. 6º, par.).

El beneficio de estabilidad a favor de los trabajadores que están próximos a adquirir el status de pensionados, consagrado en el parágrafo 3º del artículo 33 bajo revisión, implica que no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada sino que pueden seguir trabajando y cotizando durante cinco años más para completar los dos requisitos de la pensión de vejez o uno de ellos si ya se tiene el otro.

Los cinco años de quienes no han reunido los requisitos pueden cobijar tanto el tiempo anterior al cumplimiento de los mismos, como el posterior a su cumplimiento de tal manera que por ejemplo un trabajador hombre que tenga las cotizaciones y 58 años de edad, puede trabajar hasta que cumpla 63 años de edad.

Además, tratándose de los trabajadores que están próximos a pensionarse, el término de cinco años durante el cual tendrán el beneficio de estabilidad opera sólo en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para obtener el derecho a la pensión, de modo que una vez que alcancen el status de pensionados no gozarán adicionalmente de estabilidad por otros cinco años para aumentar el monto de la pensión. Ello es así por cuanto el referido beneficio de estabilidad está instituido por la ley ya sea para aumentar el monto de la pensión o para completar los requisitos si fuere el caso.

Para la Corte nada impide que en desarrollo de su libertad de configuración en materia pensional el legislador también pueda consagrar garantías para la pensión de vejez adicionales a las establecidas en la misma Constitución —su irrenunciabilidad (30) e imprescriptibilidad (31) —, tales como la posibilidad de mejorar su cuantía una vez se ha adquirido el derecho a la misma o amparar la situación de los trabajadores que están próximos a adquirir su status pensional, garantizándoles una relativa estabilidad laboral a efectos de que puedan cumplir los requisitos exigidos por la ley para pensionarse.

(30) Artículos 48 y 53 de la Carta, este último que establece el principio de la “irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales”.

(31) Cfr. sentencia C-230 de 1998.

Desde la óptica constitucional los dos beneficios que consagra el parágrafo en cuestión, son una materialización del deber del Estado de proteger el trabajo en cualquiera de sus modalidades, al tiempo que efectiviza el mandato contenido en el artículo 53 de la Carta que al relacionar los principios mínimos fundamentales en materia laboral, consagra el de la “estabilidad en el empleo” y “la garantía a la seguridad social”, puesto que el trabajador que durante muchos anos ha realizado aportes al sistema de seguridad social en pensiones se encuentra en una situación especial que el legislador, en desarrollo de su libertad configurativa, ha querido reconocer garantizándole la posibilidad de seguir trabajando y cotizando durante cinco años más, bien para mejorar la cuantía de su pensión o para cumplir los requisitos de pensionamiento cuando se está próximo a ello.

Finalmente, para la Corte el termino de los cinco años establecido para gozar de los beneficios mencionados ha sido señalado por el legislador en ejercicio de su libertad de configuración, y se considera un lapso de tiempo adecuado pues consulta los principios y valores superiores que garantizan el derecho al trabajo y a la seguridad social al reflejar un equilibrio entre la situación de los trabajadores que están cercanos a adquirir el status pensional y la de los empleadores para quienes sería muy gravosa la observancia de un término mayor de estabilidad.

En conclusión la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones acusadas “durante 5 años más” del parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 bajo el entendido que se trata de una garantía especial de estabilidad para el trabajador que dentro de dicho término desea aumentar el monto de la pensión o seguir trabajando y cotizando para adquirir el status de pensionado, y que este lapso en ningún caso impide que una persona continúe trabajando por un período superior hasta adquirir cualquiera de los dos requisitos exigidos para la pensión de vejez.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de Nación, y cumplidos los trámites previstos por el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “durante 5 años más” contenida en el parágrafo tercero del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, bajo el entendido que se trata de una garantía especial de estabilidad para el trabajador que dentro de dicho término desea aumentar el monto de la pensión o seguir trabajando y cotizando para adquirir el status de pensionado, y que este lapso en ningún caso impide que una persona continúe trabajando por un período superior hasta adquirir cualquiera de los dos requisitos exigidos para la pensión de vejez.

Cópiese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-107 de febrero 14 de 2002. Magistrada Sustanciadora: Dra. Clara Inés Vargas Hernández).

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