Sentencia C-107 de febrero 22 de 2017

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-11523

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 4º (parcial) de la Ley 70 de 1931 “que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables”.

Actores: Luis Martín Blanco Tirado y Rubén Darío Porras

Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma acusada, subrayándose los apartes demandados:

“ART. 4º—El patrimonio de familia puede constituirse a favor:

a) Literal modificado por la Ley 495 de 1999, artículo 2º. De una familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente y los hijos de estos y aquellos menores de edad.

b) Literal modificado por la Ley 495 de 1999, artículo 2º. De familia compuesta únicamente por un hombre o mujer mediante matrimonio, o por compañero o compañera permanente.

c) De un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad legítima o natural”.

(...).

VI. Consideraciones y Fundamentos de la Corte Constitucional

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia, en los términos del artículo 241-4 C.P., puesto que se trata de la acción pública de inconstitucionalidad contra disposiciones contenidas en una Ley de la República.

Metodología de la decisión

2. Los demandantes consideran que las expresiones acusadas, que limitan la constitución del patrimonio de familia para las parejas conformadas mediante matrimonio o unión marital, con exclusión de las familias extensas o unipersonales, son contrarias a la Constitución.

A pesar que exponen tres tipos de argumentos en la demanda, esta acusación puede ser sintetizada en dos aspectos principales. El primero, relacionado con la existencia de un trato discriminatorio en contra de los mencionados grupos familiares: para los actores, es evidente que el instituto jurídico del patrimonio de familia está destinado a proteger a dichas comunidades humanas de las contingencias económicas que afecten los bienes indispensables para su sobrevivencia en condiciones dignas, en particular la vivienda. Sin embargo, sin que exista alguna razón para ello, el legislador excluye de esa medida de protección a dos manifestaciones concretas de la familia, la de tipo extensa y la unipersonal. Por ende, se impone un tratamiento discriminatorio en su contra, al conferirles un grado de protección inferior a la de otros grupos familiares, desconociéndose el mandato constitucional, reiterado profusamente por la jurisprudencia de la Corte, acerca de la protección equitativa a las diferentes conformaciones de familias, todas ellas acreedoras de la misma salvaguarda por parte del Estado y del orden jurídico.

El segundo argumento señala que la norma acusada afecta el derecho a la intimidad y la dignidad humana de los integrantes de dichas familias, en la medida en que impone un desincentivo para que ejerzan su autonomía en la decisión sobre qué tipo de familia desean conservar. Esto en perjuicio de la facultad que tiene cada persona, en virtud de dichos derechos constitucionales, de adoptar libremente su plan de vida.

3. Algunos de los intervinientes propugnan porque la Corte adopte un fallo inhibitorio, debido a que la demanda no cumple con los requisitos argumentativos previstos para el efecto por la jurisprudencia constitucional. Esto debido a que se basa en consideraciones subjetivas a partir de las cuales otorga la protección constitucional de la familia a aquella de carácter unipersonal, sin que esta hipótesis acredite las características de pluralidad y voluntad que el orden jurídico exige para la familia en tanto sujeto de protección constitucional. Adicionalmente, uno de los intervinientes solicita a la Corte que verse su decisión exclusivamente al juicio de igualdad, puesto que los demandantes no ofrecen argumentos suficientes y ciertos, dirigidos a demostrar por qué la norma acusada impide que las personas conformen grupos familiares de acuerdo con su voluntad, de manera que no existiría soporte suficiente para concluir la vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana.

La mayoría de los intervinientes concuerda parcialmente con la demanda, al considerar que se incurre en una discriminación injustificada, relativa a la protección de la familia extensa. Señalan que la jurisprudencia constitucional ha dejado suficientemente definido en distintos fallos que (i) la familia es un concepto dinámico, lo que implica que su conformación es múltiple y está fundada en un concepto pluralista, que va mucho más allá que la integración a través de la pareja biparental; y (ii) una de las modalidades que ha sido reconocida por dicho precedente es la de naturaleza extensa, por ejemplo la que se conforma a través de la familia de crianza. Por ende, si cada una de estas modalidades de conformación de la familia tiene idéntico grado de protección constitucional, entonces no existe ningún argumento que permita excluir de la constitución del patrimonio de familia a la familia extensa.

Finalmente, uno de los intervinientes propugna por la exequibilidad del precepto demandado, al considerar que el mismo se inserta en la órbita de configuración legislativa que la Constitución reconoce sobre la misma, así como protege el legítimo interés de los acreedores en la prenda general de garantía que ofrece el patrimonio del deudor.

De otro lado, la Procuraduría General solicita, de manera principal, que la Corte modifique su precedente para que declare lo que en su sentir es el “verdadero sentido” del artículo 42 C.P., que en su criterio solo protege a la familia biparental de diferente sexo. De forma subsidiaria, estima que debe adoptarse un fallo inhibitorio, en tanto la demanda se fundamenta en una presunta discriminación contra grupos de personas que han sido “artificialmente” considerados como familias, pero que no se ajustan a dicho presunto “real sentido” de la norma constitucional mencionada. Agrega que en el caso particular de la familia unipersonal, la misma no ha sido considerada como tal por la jurisprudencia constitucional, más allá de una referencia, en todo caso marginal, en una de sus decisiones.

4. Conforme a lo expuesto, la Sala debe de manera preliminar pronunciarse sobre la aptitud de la demanda. Luego, en caso que se advierta la existencia de cargo, la Corte definirá tanto el problema jurídico materia de análisis, así como la metodología de la presente decisión.

Primer asunto preliminar. La demanda ofrece un cargo de inconstitucionalidad discernible

5. Como se expresó en apartado anterior, a pesar que la demanda contiene diferentes argumentos que, como lo hizo uno de los intervinientes, pueden ser considerados de manera independiente, a juicio de la Sala son en realidad componentes de un mismo razonamiento principal, relativo a la presunta discriminación contra las familias extensas y las unipersonales, al impedírseles en virtud de la norma demandada, la posibilidad de constituir patrimonio de familia. A partir de esta comprobación, la demanda infiere que (i) se incurre en la vulneración del derecho a la igualdad, al incorporarse por el legislador un tratamiento discriminatorio injustificado; (ii) existe un déficit de protección para los tipos de familia mencionados, en lo que tiene que ver con la salvaguarda de su patrimonio, puesto que si bien concurre un mandato constitucional de idéntico tratamiento a los diversos tipos de familia, la norma prodiga un grado de protección constitucional diferenciado, sin existir una razón admisible para el efecto; y (iii) el tratamiento discriminatorio y el consecuente déficit de protección antes anotado, incorpora un desincentivo a las personas que decidan conformar familias extensas o unipersonales,

6. El cargo es cierto, puesto que efectivamente los apartados demandados excluyen a las familias extensas y a los hogares unipersonales de la posibilidad de constituir patrimonio de familia inembargable. La censura, del mismo modo, es pertinente, en tanto se basa en el presunto desconocimiento de un mandato constitucional verificable, que obliga al legislador a prodigar idéntico tratamiento jurídico en lo que respecta a las medidas de protección a los diferentes tipos de familia.

La demanda también cumple con el requisito de especificidad, en tanto está construida bajo argumentos discernibles y concretos, los cuales se dirigen a demostrar que la exclusión antes señalada es incompatible con el derecho a la igualdad y, de manera concomitante, con la protección constitucional de la familia y la autonomía individual. Acerca de este último aspecto y frente a lo planteado por algunos intervinientes y el Ministerio Público, aunque es cierto que la norma no establece una prohibición para la conformación de familias extensas o los hogares unipersonales, es viable afirmar que sí introduce un desincentivo para los mismos, consistente en privarlos de la posibilidad de acceder a una salvaguarda patrimonial a la que sí tienen derecho otras modalidades constitutivas de familia. De allí que a partir de la vigencia del principio pro actione y vista la demanda de una forma integral, se encuentre que el cargo es pertinente y específico.

7. Por último, la Sala comprende con claridad cuál es la controversia que se somete a su jurisdicción y la misma está sustentada en argumentos suficientes, que dan cuenta de la problemática planteada. Así, la Corte se opone a la consideración planteada por la Procuraduría General, según la cual la demanda sería inepta porque se fundamenta en la necesidad de dar protección a modalidades de familia “artificialmente creadas” por la jurisprudencia constitucional.

Como se explicará en mayor detalle, las reglas fijadas por la Corte en materia del reconocimiento de las diversas modalidades de familia no surgen del capricho ni de una errónea interpretación de la Constitución. Antes bien, tienen fundamento en una lectura de la Carta respetuosa del pluralismo, el mandato de prohibición de discriminación fundada en el origen familiar, la protección de la familia como núcleo esencial de la sociedad y el carácter prevalente de los derechos de los niños y niñas. Por lo tanto, lo que pretende el Ministerio Público sobre este particular es que la Corte adopte su posición subjetiva sobre cómo debería interpretarse el artículo 42 C.P., que a su juicio protege únicamente a la familia biparental de diferente sexo. Esta postura dista ostensiblemente de las mencionadas prescripciones constitucionales, por lo que en modo alguno resulta admisible.

Segundo asunto preliminar: Necesidad de integración normativa.

8. La demanda acusa algunos apartados del artículo 4º de la Ley 70 de 1931, modificados por el artículo 2º, los cuales incorporan como personas habilitadas para la constitución del patrimonio de familia al compañero o compañero permanente, excluyéndose tanto a los integrantes de la familia extensa y de la denominada por los actores como familia unipersonal.

Uno de los intervinientes considera que la Corte debe realizar la integración normativa del artículo 5º de la misma Ley, norma que determina los sujetos a favor de los cuales puede constituirse el patrimonio de familia. Considera que habida cuenta que el argumento central de la demanda es la presunta discriminación injustificada respecto de la imposibilidad que las mencionadas modalidades de familia puedan ser salvaguardadas económicamente a través del patrimonio de familia, entonces deben ser analizado en su constitucionalidad no solo el precepto que determina quiénes están investidos de la posibilidad de constituir ese patrimonio, sino también respecto de quiénes puede ser beneficiarios de dicha medida de protección económica.

La disposición mencionada es la siguiente:

“ART. 5º—En beneficio de su propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse un patrimonio de esta clase:

a) Por el marido sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal;

b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios de esta, cuya administración corresponda al primero, y

c) Por la mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado o dejado en testamento en tales condiciones.

Es importante anotar que a través de la Sentencia C-340 de 2014(1), se declaró la exequibilidad condicionada de la expresión “El marido”, contenida en el literal a) del artículo transcrito, en el entendido que la facultad allí conferida respecto de los bienes de la sociedad, también era predicable de la mujer.

9. La jurisprudencia constitucional ha identificado las condiciones que deben cumplirse para que proceda la integración normativa en el marco del control de constitucionalidad.(2) Para ello, ha partido de considerar que se trata de una posibilidad excepcional, prevista en el artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991, según el cual la Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara constitucionales.

Esta facultad ha sido denominada por la jurisprudencia como de integración normativa. Su carácter es absolutamente excepcional, puesto que parte de la base de reconocer que la competencia de la Corte se circunscribe, en aquellos casos diferentes al control automático de constitucionalidad, únicamente a los cargos planteados por el demandante, so pena de desarrollar un análisis oficioso que está previsto en la Carta Política solo en casos taxativos. Por lo tanto, la integración de normativa está diseñada no para asumir nuevos problemas jurídicos, diferentes a los expuestos en la demanda, sino únicamente para garantizar la eficacia del control judicial que adelanta la Corte. Esto implica, además, que el instrumento en comento no puede servir para corregir los errores del cargo propuesto, en particular respecto del incumplimiento del requisito de certeza(3).

En ese orden de ideas, la integración normativa opera en dos eventos específicos: El primero, cuando se realiza con el fin de completar el sentido de la disposición acusada, de manera que el texto resultante de la integración conforme un enunciado autónomo e inteligible. El segundo, destinado a incorporar al análisis otras disposiciones de análogo contenido normativo, con el fin que también sean cobijadas por los efectos de la sentencia y, de esta manera, se preserve la seguridad jurídica y el principio de supremacía constitucional, evitándose que el fallo se torne inocuo. Tradicionalmente, el primer supuesto es denominado conformación de la proposición jurídica completa y el segundo, el de la integración de la unidad normativa.

Asimismo, el precedente con comento señala que la unidad normativa procede

(i) en aquellas circunstancias en las cuales el precepto acusado se encuentra reproducido en otras disposiciones que no fueron objeto de demanda; o (ii) cuando la disposición cuestionada está inserta en un sistema normativo que, a primera vista, genera serias dudas de constitucionalidad; o (iii) cuando el precepto demandado no tiene un contenido claro o unívoco, de manera que, para entenderlo y aplicarlo, resulte absolutamente imprescindible integrar su contenido con el de otra disposición que no fue acusada.

10. A juicio de la Sala, en el caso analizado se está ante el primer supuesto. En efecto, la presunta discriminación planteada en la demanda se derivaría no solo de la restricción para constituir el patrimonio de familia a determinados sujetos, sino también de la posibilidad de ser beneficiario de esa salvaguardia. Tanto en uno como en otro caso, conforme los argumentos planteados por los demandantes, se estaría ante un posible tratamiento discriminatorio injustificado, puesto que la garantía en comento cobija tanto a quien constituye al patrimonio como a los miembros de su familia, o lo que es lo mismo, a los sujetos regulados por el artículo 4º y por el artículo 5º de la Ley 70 de 1931.

Así, de no realizarse la integración normativa, se llegaría a un resultado paradójico en caso que se admita la pretensión de declarar la exequibilidad condicionada de la norma demandada. Esto debido a que habría una discordancia entre el régimen aplicable a la constitución del patrimonio de familia y al de sus beneficiarios, el cual debe ser armónico en la medida que se trata del mismo grupo humano protegido, esto es, la familia cuyo patrimonio se salvaguarda. De allí que se imponga dicha integración.

De otro lado, también es importante tener en cuenta que la integración normativa debe realizarse respecto de la totalidad del artículo 4º acusado. Esto por una razón simple: el objeto de la demanda no es cuestionar la inclusión del compañero y la compañera permanente como titulares de la prerrogativa de constitución del patrimonio de familia, sino cuestionar la omisión legislativa relativa derivada de la falta de extensión de esa facultad a los integrantes de la familia extensa y a las personas que conforman lo que denominan como familia unipersonal. Por ende, la acusación se dirige contra la norma legal en su conjunto, en tanto previsión que estipula quiénes están jurídicamente habilitados para la conformación del patrimonio de familia. Por esta razón, la Corte asumirá el estudio de la integridad de los artículos 4º y 5º ejusdem y en relación con los cargos antes sintetizados.

Problema jurídico y estructura de la sentencia

11. Definidos los anteriores asuntos preliminares, la Corte advierte que debe resolver la siguiente controversia: ¿los artículos 4º y 5º de la Ley 70 de 1931, en cuanto excluyen a los integrantes de la familia extensa, de crianza o a quienes conforman un hogar unipersonal, de la potestad de constituir el patrimonio de familia o ser beneficiarios del mismo, incurren en un tratamiento discriminatorio injustificado y en un consecuente déficit de protección de los derechos constitucionales de los que son titulares dichas modalidades de familia?

Para resolver esta materia, la Sala adoptará la siguiente estructura: en primer lugar, explicará las características definitorias del patrimonio de familia, a partir de su consagración legal y la interpretación que del mismo ha realizado la jurisprudencia. Luego, recapitulará el precedente sobre el mandato de protección jurídica equitativa de las diferentes modalidades constitutivas de familia, en los términos del artículo 42 C.P. En tercer término y a partir de las reglas que se deriven de las anteriores etapas de análisis, se resolverá el problema jurídico planteado.

El patrimonio de familia como medida de protección económica

12. El artículo 42 C.P. determina que la familia es el núcleo esencial de la sociedad y, por esta razón, es acreedora de protección integral por parte del Estado. En ese sentido, esta norma constitucional establece una serie de salvaguardas a su favor, tanto de índole personal como económico, entre las que se destacan la inviolabilidad de la honra, la dignidad y la intimidad de la familia; la igualdad de derechos entre la pareja y el deber de respeto recíproco entre sus miembros; la obligación de tratamiento legal paritario entre los hijos al margen de la índole de su filiación; la libertad reproductiva de la pareja; y el diferimiento a la ley civil de los asuntos relativos a las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, el reconocimiento legal de los matrimonios religiosos, así como la disolución del vínculo matrimonial.

Para el caso analizado, interesa concentrarse en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 42 C.P., norma que establece que la ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. Las medidas de protección de dicho patrimonio han sido una constante en el ordenamiento jurídico colombiano, interesado en prodigar a la familia de un grado de estabilidad económica suficiente, el cual salvaguarde a sus integrantes de verse afectados gravemente en sus derechos fundamentales por el hecho de la disminución de los bienes que requieren para su subsistencia en condiciones dignas. Esto a través de medidas destinadas bien a excluir determinados inmuebles del acervo constitutivo de la prenda general de garantía de los acreedores, o estableciendo restricciones para la enajenación del inmueble que sirva de vivienda a la familia.

El patrimonio de familia está, en ese sentido, intrínsecamente relacionado con el concepto de interdependencia de los derechos. En efecto, la vigencia de los derechos fundamentales y demás posiciones jurídicas con protección constitucional de que es titular la familia, depende necesariamente que este grupo humano cuente con las condiciones materiales mínimas e indispensables para la eficacia de tales garantías. Así por ejemplo, sería inconsistente afirmar, de un lado, que la Constitución adscribe naturaleza inviolable a la intimidad familiar, pero simultáneamente no se otorgue un grado de protección suficiente al inmueble que le sirve de vivienda, el cual ese un elemento material necesario para el ejercicio del mencionado derecho fundamental.

La protección integral de la familia, entonces, pasa obligatoriamente por la salvaguarda del entorno físico y de los ingresos económicos que sirven de soporte para el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta conclusión es clara incluso desde mucho antes de la expedición de la actual Carta Política. Los antecedentes legislativos de la norma acusada, que supera los ochenta años de existencia en el orden jurídico nacional, son expresos en reconocer el vínculo entre la eficacia de los derechos constitucionales de la familia como sujeto de protección por parte del Estado y la salvaguarda económica de determinados mínimos de su patrimonio. Así, se señaló en la exposición de motivos del proyecto que fue luego aprobado como la Ley 70 de 1931 como “[t]odas las legislaciones reconocen en principio que ciertos bienes del deudor no pueden ser perseguidos por sus acreedores, pero entre nosotros son tan pocos casos los que gozan de ese privilegio, que no bastan en ningún caso para que el deudor quebrado y su familia no queden a merced de la miseria. La reforma tiende, pues, a aumentar la cantidad de los bienes inembargables en una cuota hasta de $ 1.000, concediendo el derecho de hacerlo a quien quiera poner su familia bajo la égida protectora de los malos cálculos o de la mala suerte. (…) En efecto: en muchos casos ocurre que el patrimonio de familias acaudaladas viene a menos, por negocios desgraciados o circunstancias excepcionales, y que los miembros de ellas después de haber disfrutado de alguna holgura, se ven sometidos a apremiantes necesidades, lo que viene a crear un problema social de difícil y lenta solución. Lo propio puede ocurrir en las familias de clase media y obrera respecto de las cuales el proyecto de que nos ocupamos puede constituir un estímulo para el ahorro y el trabajo fecundo”(4).

13. La jurisprudencia constitucional se ha ocupado en varias ocasiones de analizar el instituto jurídico del patrimonio de familia. Para la Corte, el mismo se define como el conjunto de bienes inembargables para llenar las necesidades económicas de una familia fundamentalmente la vivienda, la alimentación y en algunos casos los utensilios de trabajo e incluso el automóvil, que se garantizan y salvaguardan contra los acreedores para el desarrollo y el soporte económico de la familia ante eventuales riesgos y situaciones críticas como quiebras o crisis económicas(5).

Del mismo modo, a partir del análisis de la figura en el derecho comparado, la Sala también ha concluido que la finalidad del patrimonio de familia es dar estabilidad y seguridad al grupo familiar en su sostenimiento y desarrollo, salvaguardando su morada y techo y los bienes necesarios para su supervivencia en condiciones de dignidad(6).

De manera compatible con esta perspectiva, la Ley 70 de 1931, según fue modificada por la Ley 495 de 1999, determina que el patrimonio de familia tiene carácter inembargable y se constituye respecto del dominio pleno de un inmueble que no posea con otra persona proindiviso, ni esté gravado con hipoteca, censo o anticresis y cuyo valor en el momento de la constitución no sea mayor de 250 salarios mínimos mensuales vigentes(7).

14. El precedente constitucional en comento también ha resaltado que la institución jurídica del patrimonio de familia ha sufrido diferentes variaciones, en virtud tanto de normas que han modificado su regulación legal, como de decisiones judiciales que han redefinido su contenido y alcance.

14.1. A partir de las reformas legales que ha sufrido el patrimonio de familia, la Corte ha distinguido entre dos modos de constitución: uno de tipo facultativo y otro forzoso, por ministerio de la Ley. La constitución voluntaria está originalmente prevista en la Ley 70 de 1931, según los términos anotados. Igualmente, se prevé en la Ley 861 de 2003, normatividad que en su artículo 1º determina la posibilidad que la madre cabeza de familia constituya patrimonio de familia respecto del único bien inmueble urbano o rural que le pertenezca, y a favor de sus hijos menores existentes y de los que estén por nacer. Esta facultad fue extendida a favor de los padres cabeza de familia, según el fallo de exequibilidad condicionada C-722 de 2004, al advertirse que debía prodigarse idéntica protección al grupo familiar dependiente tanto de la madre exclusivamente, como del padre en la misma condición(8).

Otra posibilidad de conformación voluntaria del patrimonio de familia es la prevista por el artículo 22 de la Ley 546 de 1999, disposición la cual prevé que los deudores de créditos de vivienda individual estipulados en dicha normatividad podrán constituir patrimonio de familia inembargable por el valor total del respectivo inmueble. Esto a condición que el crédito haya sido otorgado por al menos el 50% del valor del inmueble. Además, el patrimonio de familia así constituido perderá su vigencia cuando el saldo de la deuda represente menos del 20% de dicho valor.

Por último, la constitución voluntaria del patrimonio de familia también opera respecto de las viviendas de interés social construidas como mejoras en predio ajeno, según lo dispone el artículo 5º de la Ley 258 de 1996. Esta norma permite tal constitución a través de registro en el folio de matrícula inmobiliaria, pero solo respecto de la vivienda y sin perjuicio de los derechos del propietario del predio respectivo.

14.2. La constitución obligatoria y por ministerio de la ley del patrimonio de familia está prevista para el caso de las viviendas de interés social. En este caso, el artículo 1º de la Ley 91 de 1936 señala la obligación de los compradores del inmueble para que, sin sujeción a las formalidades de procedimiento previstas en el Capítulo 10 de la Ley 70 de 1931, constituyan patrimonio de familia inembargable a través de su inscripción en el registro inmobiliario, sin límite de cuantía en lo que respecta al valor del bien(9), esto último en los términos del artículo 3º de la Ley 9ª de 1989. Por ende, el inmueble solo puede ser perseguido por las entidades que financien la construcción, adquisición, mejora o subdivisión de la vivienda, según lo dispone el artículo 60 de la mencionada ley.

14.3. Ahora bien, en lo que respecta a los beneficiarios del patrimonio de familia, el artículo 4º acusado determina que el mismo puede constituirse a favor de (i) la familia compuesta por un hombre y una mujer mediante matrimonio, o por compañeros permanentes y los hijos de estos y aquellos menores de edad; y (ii) por la familia compuesta únicamente por la pareja unida en matrimonio o a través de unión marital; y (iii) un menor de edad, o de dos o más que estén entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad. A estas previsiones es pertinente adicionar lo prescrito en el artículo 5º de la Ley acusada, la cual dispone que tanto los cónyuges y los compañeros están habilitados para constituir el patrimonio de familia, tanto respecto de bienes propios de cada cual, como los comunes. De igual manera, el artículo 6º ejusdem permite constituir el patrimonio por un tercero, dentro de los límites fijados por el Código Civil para la disposición de bienes por medio de donaciones entre vivos o asignaciones testamentarias a título singular.

Sobre el particular, debe reiterarse que también son titulares de la facultad de constitución del patrimonio de familia los hijos del padre o madre cabeza de hogar, respecto de sus hijos menores presentes o futuros, según lo dispone el artículo 1º de la Ley 861 de 2003. De otro lado, conforme lo determinó la Corte en la Sentencia C-029 de 2009, la protección patrimonial antes descrita es aplicable indistintamente entre compañeros del mismo o de diferente sexo, quienes se hayan acogido al régimen de la Ley 54 de 1990(10). Esto, por supuesto, con independencia de la posibilidad de constituir el patrimonio de familia frente a las viviendas adquiridas bajo el método de financiación de que trata la Ley 546 de 1999, así como la obligatoriedad del gravamen frente a la adquisición de viviendas de interés social.

Por lo tanto, el patrimonio de familia se predica tanto de las parejas unidas en matrimonio y unión marital, así como de quienes son cabeza de hogar frente a sus hijos, o incluso frente a menores de edad que estén vinculados entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad, esto es, hermanos. En consecuencia, resultan excluidos de la salvaguarda las familias extensas, esto es, donde se verifique filiación o esta esté más allá del segundo grado de consanguinidad, al igual que la denominada familia unipersonal.

15. Conforme lo expuesto, la Corte resalta que el patrimonio de familia es un instituto jurídico para la protección económica de la familia, concentrado en la inembargabilidad del inmueble que le sirve de vivienda. Su conformación depende generalmente de la voluntad de quienes están investidos por la Ley para constituirla y en beneficio de la pareja y de los hijos, así como los hermanos entre sí. Por ende, para su constitución se exige la concurrencia de un vínculo matrimonial o de unión marital de hecho, o la comprobación sobre filiación consanguínea en el primer grado, con exclusión de otras formas constitutivas de familia.

Asimismo y frente al problema jurídico objeto de análisis, es importante señalar que la Corte ha adoptado decisiones que han compatibilizado la figura en comento con las distintas formas constitutivas de familia que tiene análogo reconocimiento y protección constitucional. En particular, ha extendido la salvaguarda del patrimonio de familia a favor de los jefes de hogar, sin importar su género, así como a los compañeros permanentes que conforman parejas del mismo sexo. Esto bajo el argumento común de la necesidad de prodigar dicha medida de protección económica de su familia para todas sus modalidades, desestimando diferenciaciones basadas en motivos que no se muestran constitucionalmente admisibles.

16. Por último, la Corte advierte válido diferenciar el patrimonio de familia de otras medidas similares, en especial la afectación a vivienda familiar. En líneas generales, mientras el patrimonio de familia tiene por objeto establecer una salvaguarda económica al grupo familiar, la afectación a vivienda familiar está dirigida a impedir la tradición del inmueble sin que medie el consentimiento de ambos cónyuges o compañeros(11). Con todo, la afectación a vivienda familiar también incorpora medidas de protección sobre el inmueble.

La jurisprudencia constitucional ha distinguido estas dos instituciones del modo siguiente, razón por la cual en este apartado se reitera ese precedente(12).

16.1. Los dos instrumentos tienen el mismo objeto, esto es, el inmueble destinado a la vivienda familiar, y su contenido es similar, pues generan la inembargabilidad de dicho bien, dejándolo a salvo de las acciones de los acreedores de su propietario. Adicionalmente, para el caso de la afectación de vivienda familiar, se confiere al cónyuge o compañero no propietario una herramienta para oponerse a la disposición del inmueble por parte de su pareja. Con todo, ambas figuras están destinadas a la protección del derecho a la vivienda digna de los integrantes de la familia.

16.3. (sic) La afectación a vivienda familiar, en los términos de la Ley 258 de 1996, operaba exclusivamente cuando el bien inmueble ha sido adquirido en su totalidad por uno de los cónyuges o compañeros, con anterioridad a la celebración del matrimonio o la conformación de la unión marital de hecho, según el caso. No obstante, con la reforma introducida por la Ley 854 de 2003, la afectación a vivienda familiar también puede realizarse cuando se trate de un bien adquirido por ambos cónyuges, de modo que la figura se asimila en ese sentido al patrimonio de familia. Con todo, esta última institución tiene un margen más amplio sobre el particular, pues también puede constituirse el patrimonio de familia respecto del bien de un tercero, mediante donación entre vivos o por asignación testamentaria.

16.4. En ambos casos, la imposición del gravamen genera la inembargabilidad del inmueble correspondiente. Sin embargo, para el caso de la afectación a vivienda familiar, dicho efecto no se predica respecto de créditos amparados con hipoteca con anterioridad al acto respectivo, conforme lo dispone el artículo 7º de la Ley 258 de 1996. En el caso del patrimonio de familia, su constitución depende de la propiedad plena del inmueble y la ausencia de gravámenes sobre el mismo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2º de la Ley 70 de 1931.

Adicionalmente, mientras la Ley 258 de 1996 consagra mecanismos consensuales y judiciales para el levantamiento de la afectación de vivienda familiar, la regulación del patrimonio de familia consagra la inembargabilidad e impide que el consentimiento del beneficiario extinga esa salvaguarda. En cambio, lo que se dispone es la permanencia de la protección hasta que los hijos a favor de quienes se haya constituido lleguen a la mayoría de edad y/o hayan fallecido ambos cónyuges o compañeros.

Ahora bien, en lo que respecta a la posibilidad de enajenación del bien, ambos institutos jurídicos tienen una regulación similar, aunque en el caso del patrimonio de familia también se exige para dicha operación el consentimiento de los hijos menores, representados mediante curador. La afectación a vivienda familiar, a su vez, ofrece un grado de protección menos intensa y de tipo indirecto a favor de los menores de edad. En efecto, según lo dispone el artículo 4º de la Ley 258 de 1996, la afectación a vivienda familiar se extingue de pleno derecho ante la muerte real o presunta de uno o ambos cónyuges, exceptuándose el caso en que los menores que estén habitando el inmueble soliciten judicialmente que se conserve la salvaguarda, la cual podrá mantenerse hasta que lleguen a la mayoría de familia.

16.5. Finalmente, el patrimonio de familia puede constituirse respecto de viviendas que no superen los 250 salarios mínimos mensuales, restricción que no opera en el caso de la afectación de vivienda familiar.

17. Como se observa, si bien ambas figuras guardan algunas similitudes en cuanto a su objeto, beneficiarios y concesión de inembargabilidad al inmueble que sirve de vivienda a la familia, también tienen diferencias, las cuales le confieren carácter autónomo a cada mecanismo.

Para el caso que ahora ocupa la Sala, lo que debe resaltarse sobre esta materia es que tanto el patrimonio de familia como la afectación de vivienda familiar suponen para su aplicación la presencia de una pareja, vinculada a través de matrimonio u unión marital de hecho, o la comprobación de un vínculo filial directo entre padres e hijos. Por ende, resultan excluidos los supuestos de hecho que dan lugar a la demanda de la referencia.

Una vez se ha analizado el contenido y alcance del patrimonio de familia, la Corte recapitulará el precedente constitucional sobre el concepto de familia objeto de protección constitucional.

La definición de familia en la Constitución. Protección del pluralismo y la igualdad entre las diferentes modalidades de conformación

18. La Constitución ofrece una fórmula amplia y comprehensiva acerca de la definición de familia. Conforme el artículo 42 C.P., la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se conforma por vínculos naturales y jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Estas diferentes modalidades de familia son todas ellas equivalentes respecto de la protección constitucional que se les prodiga, cuyos componentes también están establecidos en la citada norma superior.

Esta disposición está en consonancia con normas del derecho internacional de los derechos humanos, que también disponen el lugar central de la familia como sujeto de protección integral por parte del Estado. El artículo 23-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Esta fórmula es replicada en idénticos términos por el artículo 17-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

19. La jurisprudencia constitucional, en ese sentido, ha considerado que la familia es, ante todo, un fenómeno sociológico que se comprueba cuando dentro de un grupo de personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común, construida bien por la relación de pareja, la existencia de vínculos filiales o la decisión libre de conformar esa unidad familiar.

La Corte, conforme lo expuesto, ha caracterizado a la familia como una categoría esencialmente dinámica, la cual se concretiza ante la evidencia de los elementos anteriormente señalados. Para este Tribunal, “[n]o obstante estar sometida a un proceso de constante evolución primeramente verificado en la realidad de la que hace parte, la Corte ha definido la familia “en un sentido amplio”, como “aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos”(13). // Como realidad “dinámica y vital, donde cobran especial importancia los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad”, la familia tiene, entonces, “un régimen constitucional, cuya piedra angular es el artículo 42, en concordancia con el artículo 5º”, régimen que busca hacer de ella “el ámbito adecuado para que dentro de un clima de respeto, no violencia e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse a plenitud como seres humanos, con la garantía de intimidad que permita el transcurso de la dinámica familiar sin la intromisión de terceros” y, así mismo, lograr un equilibrio entre la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus miembros con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad a que tiene derecho cada uno de sus integrantes, aspecto este donde cobra especial importancia la existencia de un ambiente de respeto por cada persona y de libre expresión de los afectos y emociones”(14).(15)

La conformación del grupo familiar, en ese sentido, no responde necesariamente a la determinación de una estructura particular de tipo parental, ni menos a la existencia de una pareja, como errónea e injustificadamente lo plantea la Procuraduría General. En cambio, a fin de identificar cuándo se está ante una familia, lo que debe verificarse es la presencia de las cualidades fácticas antes reseñadas, las cuales permiten acreditar el acto voluntario de conformación de la familia, así como la construcción de lazos filiales e íntimos, en los términos expuestos. Como lo ha explicado la Corte “la Constitución Política de 1991, no solo protege un único concepto de familia, en tanto esta protección se extiende a un sinnúmero de situaciones que por circunstancias de hecho se crean y que a pesar de no contar con las formalidades jurídicas, no implica el desconocimiento como familia. Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia que sea crean entre padres e hijos de crianza, son circunstancias de facto que no se encuentran ajenas al derecho y que por lo tanto, son susceptibles de crear consecuencias jurídicas tanto en derechos como deberes”(16).

18. El mandato constitucional de protección equitativa a las diversas modalidades de familia, identificadas a partir de este criterio material, se sustenta a su vez en cuatro argumentos de índole constitucional, vinculados a (i) la protección del derecho a la igualdad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad; (ii) la vigencia del derecho a la intimidad; (iii) la obligación de tratamiento jurídico paritario entre los hijos; y (iv) la necesidad de dotar de sentido al principio de respeto del pluralismo.

18.1. El artículo 42 C.P. dispone como una de las vías para la construcción de la familia la “voluntad responsable de conformarla”. Esta cláusula involucra necesariamente el reconocimiento de un amplio grado de autonomía de las personas, quienes pueden optar por configurar su grupo familiar de acuerdo con su personal criterio, con la sola condición que se trate de una decisión responsable.

Por lo tanto, se estaría ante un tratamiento discriminatorio injustificado cuando se le dé carácter obligatorio o preferente a determinados tipos de estructura familiar, a pesar que desde la misma Constitución se prescribe una fórmula amplia de configuración, en los términos explicados. Como es bien sabido, para que un tratamiento jurídico diferenciado sea admisible, debe comprobarse la existencia de un factor válido desde la perspectiva constitucional que lo permita. En el caso analizado, conferir un trato diferente a un grupo familiar sobre otro sería un acto contrario al derecho a la igualdad, al menos por dos tipos de razones: (i) porque la Constitución no determina en modo alguno una fórmula particular de conformación de la familia, de manera que una distinción con propósitos de reconocimiento jurídico carecería de sustento; y (ii) porque el artículo 13 C.P. determina como uno de los criterios sospechosos de discriminación el origen familiar, por lo que la validez constitucional de un tratamiento diferenciado entre modalidades de familias solo estaría justificado ante la verificación de un motivo imperioso, cuya presencia es improbable en el caso de las regulaciones sobre la familia.

Este ha sido el criterio de la jurisprudencia, cuando ha establecido que “[t]ratándose de la familia, la Corte ha precisado que es “una manifestación del libre desarrollo de la personalidad y, en concreto, de la libre expresión de afectos y emociones”, ya que “su origen se encuentra en el derecho de la persona de elegir libremente entre las distintas opciones y proyectos de vida, que según sus propios anhelos, valores, expectativas y esperanzas, puedan construir y desarrollar durante su existencia”(17). // En este orden de ideas, es evidente que la persona tiene el derecho a conformar una familia y que su ámbito de protección comprende una faceta negativa, cual es el derecho a no constituir una nueva familia, aunque inevitablemente se pertenezca a alguna en condición distinta a la de esposo o padre”(18).

18.2. Estrechamente vinculado con el anterior criterio, la necesidad de prodigar tratamiento paritario entre las familias se deriva de la protección del derecho a la intimidad. En los términos del artículo 15 C.P. todas las personas tienen derecho a su intimidad personal o familiar. Es evidente que cuando se privilegia injustificadamente una modalidad constitutiva de familia sobre otra, se está afectando este derecho, puesto que el Estado invade la órbita interna del sujeto, al indicarle qué modo de familia debe conformar con el fin de hacerse acreedor de la protección jurídica correspondiente.

También debe anotarse sobre el particular que dicha intromisión no solo puede darse a partir de un criterio prescriptivo, en donde desde el Estado se determina cuáles son las conformaciones familiares que recibirán protección, sino también a partir de uno de carácter indirecto, fundado en el desincentivo para la configuración de determinados tipos de familia. Esta situación se verifica, por ejemplo, cuando el orden jurídico aunque reconoce a los diversos tipos de familia, confiere a algunos de ellos un tratamiento más favorable, sin existir una razón constitucionalmente atendible para realizar esa distinción.

El vínculo entre la protección de la intimidad familiar y la obligación de tratamiento paritario entre las distintas modalidades de familia ha sido identificado desde el derecho internacional de los derechos humanos. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expuso los siguientes argumentos al decidir el caso Atala Riffo y Niñas v. Chile, que por su importancia para el asunto debatido y en razón a que ofrecen una visión amplia del tema desde la perspectiva comparada, son transcritas in extenso:

“Respecto al concepto de familia, diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, han indicado que no existe un modelo único de familia, por cuanto este puede variar(19). De igual forma, el Tribunal Europeo ha interpretado el concepto de “familia” en términos amplios. Respecto a parejas de diferente sexo, ha señalado reiteradamente que:

La noción de familia bajo esta norma no está circunscrita a relaciones basadas en el matrimonio y puede abarcar otros vínculos de ‘familia’ de facto donde las partes están viviendo juntas fuera del matrimonio. Un niño nacido en tal relación es ipso jure parte de tal unidad familiar desde ese momento y por el mero hecho de su nacimiento. Por tanto, existe entre el niño y sus padres un vínculo que implica vida familiar. Además, el Tribunal recuerda que el goce mutuo de la compañía del otro entre los padres y el niño constituye un elemento fundamental de la vida familiar, aunque la relación de los padres esté rota, y [, en consecuencia,] medidas nacionales que limiten tal goce, conllevan una interferencia con el derecho protegido por el artículo 8º del Convenio(20).

En el Caso X, Y y Z Vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siguiendo el concepto amplio de la familia, reconoció que un transexual, su pareja mujer y un niño pueden configurar una familia, al señalar que:

Al decidir si una relación puede considerarse como ‘vida familiar’, una serie de factores pueden ser relevantes, incluyendo si la pareja vive junta, la duración de su relación y si se ha demostrado el compromiso mutuo al tener hijos conjuntamente o por otros medios(21).

En primer lugar, y respecto a la protección convencional de parejas del mismo sexo, en el Caso Schalk y Kopf Vs. Austria, el Tribunal Europeo revisó su jurisprudencia vigente hasta ese momento, en la cual solamente había aceptado que la relación emocional y sexual de una pareja del mismo sexo constituye “vida privada”, pero no había considerado que constituyera “vida familiar”, aun al tratarse de una relación a largo plazo en situación de convivencia(22). Al aplicar un criterio amplio de familia, el Tribunal Europeo estableció que “la noción de ‘vida familiar’ abarca a una pareja del mismo sexo que convive en una relación estable de facto, tal como abarcaría a una pareja de diferente sexo en la misma situación”(23), pues consideró “artificial mantener una posición que sostenga que, a diferencia de una pareja heterosexual, una pareja del mismo sexo no puede disfrutar de la ‘vida familiar’ en los términos del artículo 8º” del Convenio Europeo(24).

El Tribunal resalta que, a diferencia de lo dispuesto en el Convenio Europeo, en el cual solo se protege el derecho a la vida familiar bajo el artículo 8º de dicho Convenio, la Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen la vida familiar de manera complementaria. En efecto, esta Corte considera que la imposición de un concepto único de familia debe analizarse no solo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el impacto que ello pueda tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de dicha Convención.

En el presente caso, el Tribunal observa que desde noviembre de 2002 hasta la decisión de tuición provisoria, en mayo de 2003 (…), existía un vínculo cercano entre la señora Atala, la señora De Ramón, el hijo mayor de la señora Atala y las tres niñas. Al respecto, la señora Atala manifestó que “éramos una familia absolutamente normal. Un niño, tres niñas, un gato, un perro, una perra, una casa, teníamos proyecto como familia. Teníamos sueños como familia”(25). Además, la señora De Ramón declaró que “[l]a vida de los cinco miembros de la familia, seis [con ella] era muy cercana a lo idílico[, pues e]stablecieron una relación de mucha comunicación, al menos entre las mujeres de la familia”(26).

Por tanto, es visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba protegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía una convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y afectiva entre la señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas. Lo anterior, sin perjuicio de que las niñas compartían otro entorno familiar con su padre”(27).

A partir de estas consideraciones, la Sala advierte que la jurisprudencia de la Corte IDH comparte unidad de sentido con lo señalado en apartados anteriores, respecto de una comprensión amplia y material de la familia, fundado para el caso analizado en la convivencia, el contacto frecuente y la cercanía personal entre sus miembros. Asimismo, también plantea que la desprotección jurídica a determinadas formas constitutivas de familia no solo es un tratamiento discriminatorio, sino que también configura una intromisión inválida a la intimidad familiar.

18.3. La Corte también ha fundamentado el deber de protección paritaria a las diferentes modalidades constitutivas de familia en la igualdad que la Constitución prescribe respecto de los hijos. El inciso séptimo del artículo 42 C.P. determina que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. Con base en esta previsión superior, la jurisprudencia ha concluido que existe un mandato imperativo de protección jurídica equitativa a los hijos, sin que puedan establecerse discriminaciones entre ellos por ninguna circunstancia, en especial aquellas que pretendan otorgar un tratamiento jurídico más favorable a determinadas modalidades de filiación respecto de otras.

Llevado este argumento a la materia analizada, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que las diferentes modalidades de familia son acreedoras del mismo tratamiento jurídico por parte del Estado, esta vez en razón a que suponer lo contrario significaría una distinción fundada en la naturaleza de la filiación, la cual se encuentra prohibida por la Carta. En ese sentido, lo previsto en el artículo 42 C.P. no puede ser comprendido únicamente como la igualdad entre los hijos, sino que también incorpora la necesidad de equiparar a las diferentes formas de filiación y, de una manera más general, de vínculo familiar fundado en características de carácter material, según se ha explicado en precedencia.

En ese orden de ideas, la necesidad de otorgar el mismo nivel de protección a las diferentes modalidades de familia, se explica en que las personas que las integran también deben recibir el mismo tratamiento, así como las salvaguardas que les confiere el orden jurídico, pues de lo contrario se estarían planteando diferencias fundadas en el tipo de filiación, que son constitucionalmente inadmisibles. En términos de la jurisprudencia objeto de examen, “a la luz de la axiología constitucional, son igualmente dignas de respeto y protección las familias originadas en el matrimonio y la conformadas por fuera de este, y que esta igualdad proscribe toda forma de discriminación basada en el origen familiar, ya sea ejercida contra los hijos o contra descendientes de cualquier grado. // Si el constituyente quiso equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe cualquier tipo de discriminación procedente de la clase de vínculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son “hijastros” los hijos que aporta uno de los cónyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el compañero a una unión de hecho, se erige en un trato discriminatorio que el orden jurídico no puede tolerar”(28) (Subrayas no originales)(29).

18.4. Por último, la Corte también ha considerado que el mandato que equipara constitucionalmente el grado de protección a las diferentes modalidades constitutivas de familia, se explica en la vigencia del respeto al pluralismo, en tanto elemento definitorio del Estado Social y Democrático de Derecho. La idea central que fundamenta esta conclusión es que en una sociedad democrática concurren diferentes maneras de concebir los proyectos vitales, tanto individuales como colectivos. Cada una de estas concepciones está justificada por el ejercicio de la autonomía de las personas, de forma que no existe ningún fundamento plausible que permita al Estado imponer una manera particular de constitución de la familia, bien sea de forma directa y con base en normas prescriptivas o través de desincentivos, según se explicó en el fundamento jurídico 18.2.

Para la Corte, esto permite afirmar que la conformación de la familia constitucionalmente protegida no se limita a las opciones que confiere la filiación biológica, sino que adopta múltiples posibilidades, todas ellas sujeto de protección, no solo porque esto es corolario del reconocimiento de la diversidad al interior de la sociedad, sino debido a que es la concepción más garantista de los derechos de sus integrantes, en particular los niños y niñas.

Conforme a este precedente “conviene reiterar que “el concepto de familia no incluye tan solo la comunidad natural compuesta por padres, hermanos y parientes cercanos, sino que se amplía incorporando aun a personas no vinculadas por los lazos de la consanguinidad, cuando faltan todos o algunos de aquellos integrantes, o cuando, por diversos problemas, entre otros los relativos a la destrucción interna del hogar por conflictos entre los padres, y obviamente los económicos, resulta necesario sustituir al grupo familiar de origen por uno que cumpla con eficiencia, y hasta donde se pueda, con la misma o similar intensidad, el cometido de brindar al niño un ámbito acogedor y comprensivo dentro del cual pueda desenvolverse en las distintas fases de su desarrollo físico, moral, intelectual y síquico”(30). // Finalmente, es menester poner de presente que también se impone como conclusión que “el concepto de familia no puede ser entendido de manera aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo”, porque “en una sociedad plural, no puede existir un concepto único y excluyente de familia, identificando a esta última únicamente con aquella surgida del vínculo matrimonial”(31)(32).

De otro lado, no puede perderse de vista que la necesidad de reconocimiento de las diferentes formas de familia, bajo un concepto pluralista, también descansa en un argumento de índole fáctico. En Colombia se comprueba la presencia de distintas modalidades constitutivas de familia, en donde la nuclear biparental incluso tiene carácter minoritario. Como lo explica la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, “respecto a los tipos de familia, se encontró que un tercio del total de los hogares del país (33.2%) está ocupado por familias nucleares biparentales (ambos padres e hijos), un 12.6 por ciento por nucleares monoparentales (falta el padre o la madre) y un 9.8 por ciento de ellas por parejas sin hijos; un 12.8 por ciento son ocupados por familias extensas biparentales (pareja, más hijos solteros, otros parientes, hijos con pareja y/o con hijos); 9.8 por ciento son extensas monoparentales (el jefe o la jefe sin cónyuge con los hijos solteros o casados y otros parientes); 2.9 por ciento pertenecen a parejas sin hijos junto con otros parientes y en un 4.5 por ciento de los hogares del país vive el jefe con otros parientes”(33).

En consecuencia, si se adoptase una posición que privilegie una manera en particular de concebir la familia, como es la postura defendida en este proceso por el Ministerio Público, el resultado necesario sería la desprotección de las dos terceras partes de la población colombiana, lo cual es a todas luces insostenible. En contrario, como se ha señalado insistentemente en esta sentencia, las diferentes formas de familia, que como se acredita no son simples hipótesis teóricas sino que están representadas en datos demográficos comprobables, son todas sujetos del debido reconocimiento y protección, particularmente respecto de las garantías previstas en el artículo 42 C.P.

19. Este marco de análisis y las reglas que plantea, a su vez, han permitido a la Corte adoptar decisiones que, por ejemplo, concluyen que la familia de crianza, esto es, la que no se conforma por vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios materiales, es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y protección constitucional.

En diferentes decisiones, esta Corporación ha considerado que la familia de crianza, a pesar que no está conformada por vínculos consanguíneos directos, en todo caso permite acreditar los requisitos materiales de solidaridad, respeto, amor y auxilio mutuo entre sus miembros, razón por la cual son acreedoras de las posiciones jurídicas que el ordenamiento confiere a otras modalidades de familia.

Con base en este argumento, distintas decisiones de la Corte, particularmente fallos de revisión de tutela, han concluido que las familias de crianza, y en general las familias extensas, pueden acceder a beneficios y salvaguardas legales que la ley prevé a favor de la filiación consanguínea o a la pareja. A continuación se realizará una exposición de casos que ejemplifican dicho precedente(34).

19.1. Esta línea jurisprudencial se remonta a la Sentencia T-495 de 1997(35), la cual asumió el caso de un joven soldado quien falleció en razón del servicio y sus padres de crianza, quienes asumieron su cuidado personal desde la niñez sin que se formalizara la relación, solicitaron al Ejército Nacional el pago de la indemnización prevista en la ley. Esta prestación les fue negada debido a la ausencia de vínculo filial.

Para la Corte, a pesar de no concurrir dicha formalización, se estaba ante una verdadera familia objeto de protección, atendiéndose a un criterio material para su conformación. En la sentencia se destacó cómo había surgido entre el causante y los solicitantes “una familia que para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron”. De acuerdo con esta verificación fáctica, el pago de la indemnización devenía constitucionalmente obligatoria, puesto que “si el trato, el afecto y la asistencia mutua que se presentaron en el seno del círculo integrado por los peticionarios y el soldado fallecido, eran similares a las que se predican de cualquier familia formalmente constituida, la muerte [del joven] mientras se hallaba en servicio activo debió generar para sus padres de crianza, las mismas consecuencias jurídicas que la muerte de otro soldado para sus padres formalmente reconocidos; porque no hay duda de que el comportamiento mutuo de padres e hijo (“de crianza”) revelaba una voluntad inequívoca de conformar una familia, y el artículo 228 de la Carta Política establece que prevalecerá el derecho sustantivo”.

19.2. De acuerdo con las normas sobre subsidio familiar, los hijastros del trabajador solo pueden ser considerados como tales cuando este ha contraído matrimonio con el padre o madre del menor. La Corte estudió un caso en el que el subsidio no fue otorgado, en tanto los padres conformaban una unión marital de hecho.

En la decisión se concluyó que tal distinción contrariaba tanto el mandato de protección equitativa de las distintas formas de familia, como la igualdad ante los hijos, previsiones superiores que han sido explicadas en fundamentos jurídicos anteriores. Así, se consideró que “si el constituyente quiso equiparar la familia que procede del matrimonio con la familia que surge de la unión de hecho, y a los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio, forzoso es concluir que proscribe cualquier tipo de discriminación procedente de la clase de vínculo que da origen a la familia. Por lo tanto, establecer que son “hijastros” los hijos que aporta uno de los cónyuges al matrimonio, pero que no lo son los que aporta el compañero a una unión de hecho, se erige en un trato discriminatorio que el orden jurídico no puede tolerar”(36).

19.3. Esta regla fue reiterada en la Sentencia T-606 de 2013(37), donde también se pretendía extender los beneficios convencionales de un trabajador respecto de la hija menor de su compañera permanente, quien le eran negados los beneficios respectivos al no tener filiación biológica con el empleado. La Corte arribó a idéntica conclusión y estipuló que “que el derecho de los niños a tener una familia se puede materializar en el seno de cualquiera de los tipos de familia que protege la Carta Política(38), habida cuenta de que el primer espacio al cual el infante tiene derecho a pertenecer es su núcleo familiar, en el cual ha de encontrar las condiciones personales y afectivas más adecuadas para que su proceso de educación moral y formación ciudadana sea llevado a cabo cabalmente”.

19.4. Un caso análogo fue estudiado por la Corte en la Sentencia T-070 de 2015(39), en donde se negó el subsidio educativo al hijo de crianza de un trabajador, en razón a que carecía de una filiación biológica o adoptiva, pues era hijo de su pareja. En este caso, se señaló que “[l]as familias conformadas por padres e hijos de crianza han sido definidas por la jurisprudencia constitucional como aquellas que nacen por relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección, pero no por lazos de consanguinidad o vínculos jurídicos. Sin embargo, la protección constitucional que se le da a la familia, también se proyecta a este tipo de familias”. De esa manera, resultaba jurídicamente necesario extender el subsidio estudiantil al hijo de crianza, en tanto integrante de la familia del trabajador titular de esa prestación económica.

19.5. Finalmente, estas reglas fueron recapituladas en la reciente Sentencia T-354 de 2016(40). En esta decisión se analizó el caso de una familia de crianza, cuyo uno de sus miembros tenía derecho a beneficios contenidos en la convención colectiva de trabajo, los cuales no podía extender a sus padres de crianza, pues la norma solo confería el beneficio a los padres biológicos o adoptivos. La Sala de Revisión concluyó que esta distinción era contraria a la Constitución, por lo que amparó los derechos invocados y ordenó la extensión del beneficio. Así, luego de sintetizar el precedente analizado, concluyó que “las relaciones humanas conllevan la imperiosa necesidad de adaptar la legislación y el derecho a la realidad, toda vez que en materia de familia, los vínculos entre sus miembros se han extendido más allá de los meramente jurídicos o existentes por consanguinidad, para dar paso a un concepto más amplio que comprende las relaciones de afecto, convivencia, solidaridad, respeto y apoyo mutuo, situaciones de facto que dan lugar al reconocimiento de derechos y la imposición de deberes”.

20. Según el análisis de estas decisiones, así como del precedente consolidado de la Corte sobre la protección equitativa de las diferentes modalidades de familia, la Sala concluye que desde la Constitución se deriva un mandato de tratamiento equitativo a esos variados tipos de grupos humanos, todos ellos sujetos de reconocimiento estatal y dentro de un criterio pluralista sobre la conformación de la familia.

Esta configuración del grupo familiar responde a parámetro material, basado en la identificación de una comunidad conformada de manera voluntaria y en donde se verifiquen lazos de amor, respeto mutuo y solidaridad, relaciones que pueden o no tener fundamento en la existencia de una vínculo filial, biológico o propio de la pareja. Tales condiciones son predicables tanto de la familia de crianza, como de la familia extensa.

De otro lado, no puede perderse de vista que incluso desde el derecho legislado, concurren normas que efectivamente describen a la familia extensa como sujeto de protección estatal. Así, el artículo 2º de la Ley 294 de 1996, sobre violencia intrafamiliar, establece que para efectos de dichos normatividad la familia está integrada por los cónyuges o compañeros permanentes; el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar; los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.

Asimismo, la Sala también evidencia que las reglas expuestas en el caso de la familia de crianza, resultan por entero aplicables respecto de las familias extensas, esto es, aquellas que se conforman por parientes vinculados por algún grado de filiación. En ese caso, la configuración de la familia no solo se soporta en la acreditación de los criterios materiales expuestos, sino también concurre prueba de la existencia de parentesco, según las reglas del derecho civil. Sin duda alguna, las familias extensas así consideradas son una modalidad constitutiva de familia en los términos del artículo 42 C.P.

A este respecto, debe indicarse que contrario a como lo plantea uno de los intervinientes, la Corte no está habilitada en este caso para definir hasta cuál grado de parentesco debe considerarse la familia extensa. Esto debido a que, como se ha señalado insistentemente en esta sentencia, la conformación de la familia responde esencialmente a criterios materiales, resultando contrario a la Carta que desde el Estado se propugne por un modelo particular de grupo familiar acreedor de la protección constitucional. Por ende, se entenderá que existe una familia, para efectos de su protección jurídica, cuando concurran dichos factores materiales y/o se acredite el parentesco entre sus miembros. Esto de acuerdo con lo explicado en los fundamentos jurídicos anteriores.

Solución del cargo propuesto

21. Las normas objeto de examen establecen que la constitución del patrimonio de familia puede realizarse a favor de la familia compuesta por la pareja, conformada mediante matrimonio o unión marital de hecho, así como respecto de sus hijos menores de edad. El patrimonio de familia, a su vez, puede ser constituido por los integrantes de la pareja, solicitado judicialmente por los hijos menores de edad, o definido por tercero a través de donación o asignación testamentaria.

Por ende, estas disposiciones excluyen a la familia extensa, de crianza y a la unipersonal, de la posibilidad de constituir el patrimonio de familia. Así por ejemplo, en el caso hipotético que en la vivienda habite una familia conformada por varias personas con parentesco entre sí y siendo una de ellas sea la propietaria plena del bien inmueble, no será posible configurar dicho gravamen si no se acredita relación de pareja o la presencia de hijos menores de edad de algunos de sus miembros.

22. Esta situación es contraria a la protección equitativa de las diferentes modalidades de familia, según lo dispone el artículo 42 C.P. En efecto, en esta decisión se han expuesto dos premisas definidas: (i) el patrimonio de familia es un instituto jurídico destinado a la salvaguarda de ese grupo humano, en tanto protege al inmueble que le sirve de vivienda y, por ende, de ámbito físico para la vigencia de distintos derechos fundamentales; y (ii) que en una sociedad democrática respetuosa del pluralismo y del derecho a la intimidad personal o familiar, las diferentes modalidades de familia son acreedoras del mismo grado de protección por parte del Estado y que no proceden diferencias de trato jurídico entre ellas, salvo que se compruebe la existencia de un criterio imperioso para ello. Esto en razón a que el origen familiar es un criterio sospechoso de discriminación.

De conformidad con estos presupuestos, la Corte advierte que no existe un motivo constitucionalmente fundado para que las familias extensas, de crianza o las unipersonales, no puedan acceder a la conformación del patrimonio de familia. A pesar que en los términos del artículo 42 C.P., corresponde al margen de configuración legislativa la definición del patrimonio de familia inembargable, las distinciones legales que se realicen sobre esta materia deben ser compatibles con los parámetros expuestos. Sobre el particular, no se evidencia ninguna razón que permita justificar la exclusión en comento.

Esta circunstancia implica la afectación de disposiciones constitucionales en al menos tres niveles: En primer término, se incorpora un tratamiento discriminatorio injustificado y fundado en un criterio sospechoso, como es el origen familiar. En segundo lugar, se desconocen los derechos constitucionales de las familias extensas, de crianza y las unipersonales, al excluírseles injustificadamente de la protección que el legislador ha previsto para la vivienda y que se prodiga a otras modalidades constitutivas de familia. Finalmente, se vulneran los derechos a la intimidad y a la autonomía personal, puesto que la limitación que plantea las normas estudiadas conlleva a un desincentivo para la decisión libre de conformar una familia extensa, así como la validación desde el orden jurídico de un modo particular de familia sobre otros, a través de la concesión de un tratamiento jurídico más beneficioso a favor de aquel.

23. En consecuencia, la Sala considera que en el presente asunto debe adoptarse un fallo de exequibilidad condicionada que resuelva la discriminación propuesta. Por ende, se declarará la constitucionalidad de los artículos 4º y 5º de la Ley 70 de 1931 en el entendido que el patrimonio de familia podrá constituirse a favor de los integrantes de la familia unipersonal y de crianza, y de los integrantes de la familia extensa.

A juicio de la Sala y en respuesta a lo planteado por algunos intervinientes y el Ministerio Público, una decisión de este carácter no plantea vacíos normativos frente a la figura del patrimonio de familia, particularmente en lo que respecta a la comprobación sobre la existencia de relación de familia. A este respecto, el literal a. del artículo 13 de la Ley 70 de 1931 dispone que para la conformación del patrimonio de familia deberá acompañarse a la demanda “las correspondientes partidas del estado civil, o las pruebas supletorias, conforme a las reglas generales”. Asimismo, en el caso de la constitución de carácter notarial, el artículo 4º del Decreto 2817 de 2006 dispone que en la solicitud de constitución de patrimonio de familiar debe constar (i) la manifestación que se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento del titular del derecho de dominio en el sentido de que la constitución del patrimonio se hace únicamente para favorecer a los beneficiarios; que a la fecha no tiene vigente otro patrimonio de familia; y que existen o no acreedores que pueden verse afectados con la constitución de la limitación; y (ii) copia o certificado de la inscripción en el Registro del Estado Civil del Matrimonio, si a ello hubiere lugar, y de la inscripción en el Registro del Estado Civil del Nacimiento de los hijos menores edad, o la partida eclesiástica correspondiente en los casos que hace plena prueba según la ley.

Por ende, quien constituya patrimonio de familia para el caso de la familia extensa, podrá aportar los instrumentos que acrediten tanto el parentesco entre sí, como son los documentos del registro civil, así como hacer uso de las declaraciones juradas u otros medios de prueba que den cuenta de la existencia de la familia extensa, a partir de la comprobación de los criterios materiales a los que se ha hecho referencia en varios fundamentos de la presente decisión.

Y en el caso de las familias de crianza, se deberá acreditar mediante declaración juramentada, que si bien no confluyen los vínculos biológicos que dan lugar al parentesco directo, existen vínculos materiales comprobables (solidaridad, respeto, amor, auxilio mutuo entre sus miembros, entre otros) respecto de la relación familiar, que habilita el reconocimiento y la protección constitucional.

24. Ahora bien, en lo que respecta al caso particular de la denominada “familia unipersonal”, que en criterio de los demandantes también debe ser sujeto de la habilitación para constituir patrimonio de familia, la Corte acoge dicho argumento ante el trato injustificado y discriminatorio que se debe superar desde el plano constitucional, como pasa a explicarse.

24.1. La “familia unipersonal” es una categoría sociológica y demográfica identificable, referida a aquellas personas que deciden conformar su hogar de manera solitaria, hecho suficiente para extenderles la definición constitucional de familia de que trata el artículo 42 CP.

La Corte parte de advertir que la opción vital de conformar un hogar que prescinda de la compañía de otras personas es una decisión que está amparada por la Constitución, en cuanto es expresión legítima del derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como de la dignidad humana que contiene la competencia de cada cual para adoptar las decisiones personales conforme a su voluntad y sin interferencias injustificadas.

24.2. Adicionalmente, también debe aclararse que la jurisprudencia constitucional ha reconocido al hogar unipersonal como un tipo de familia, sujeto de protección integral. En efecto, la Corte se ha referido a la materia en la Sentencia C-936 de 2003(41), en la que a propósito del estudio de constitucionalidad de algunas normas sobre leasing habitacional, llegó a la conclusión que ese instrumento financiero no solo debía incluir entre sus beneficiarios a las parejas, sino a otras modalidades constitutivas de la misma, incluso a la “familia unipersonal”. Esto debido a cada una de ellas tenía derecho a un instrumento financiero que les permita el acceso a la vivienda. Para ello, expresó los argumentos siguientes:

“La familia como objeto constitucionalmente protegido (C.P. art. 42) requiere un espacio determinado en el cual se desarrolla y se realizan los procesos propios de este fenómeno social. Dicho espacio corresponde a la vivienda y las condiciones antes indicadas, que cualifican su dignidad y benefician a cada uno de sus integrantes, así como a la familia. Sin la mencionada protección a los individuos integrantes de la familia, esta se ve desprotegida y se enfrenta a su disolución.

Lo anterior indica que, por otro lado, no se pueda considerar a la familia exclusivamente como unión de un hombre y una mujer, sino en un sentido social, de suerte que abarque a la familia unipersonal y diversas formas de unión grupal que convivan juntos(42). Lo anterior, en la medida en que la vivienda digna comprenda la idea de habitación. Se protege el lugar destinado para habitar, sin considerar cómo se integre el núcleo familiar. Así, es objeto de la disposición constitucional la vivienda familiar(43).

De conformidad con lo anterior, no existe obligación constitucional alguna de que la financiación de viviendas que no estén destinadas a la vivienda (habitación) familiar del tenedor (tenedor, poseedor o propietario), adopte modalidades especiales. Suponer una obligación constitucional en sentido contrario, implicaría extender la satisfacción de derechos constitucionales hacia ámbitos meramente lucrativos y mercantiles. Tal no es el propósito de la norma constitucional.

32. Lo anterior obliga a una consideración adicional. El acceso a la vivienda se logra, salvo que el Estado lo otorgue directamente, bajo modalidades contractuales privadas, donde en algunos casos impera la autonomía de la voluntad. Al distinguirse entre la vivienda familiar (aquella destinada a la habitación del tenedor) y aquella que entra en el mercado inmobiliario, se hace evidente que en el primer ámbito opera una limitación a la autonomía contractual.

En una democracia constitucional los derechos constitucionales operan, no solo como límites a la actuación estatal, sino también como definidores del espectro de libertad de los particulares. Estos tienen que adecuar sus comportamientos, y coadyuvar, a la realización de los fines constitucionales. Esto, claro está, dentro de un esquema en el que el balance entre los derechos constitucionales no conduzca al sacrificio de la autonomía privada.

Si el legislador considera necesario, o las circunstancias fácticas lo tornan demandable, la existencia de un sistema especial de financiación de la tenencia de vivienda familiar, la actividad privada se encontrará sujeta, en lo que a la autonomía respecta, a los parámetros constitucionales y estatales de actuación” (Subrayas no originales).

24.3. La Corte advierte que en esta decisión se hace referencia a que no solo las parejas constituidas en matrimonio o unión marital, sino también otras modalidades de familia son también titulares de la posibilidad de utilizar el leasing habitacional, en tanto herramienta que permite el acceso a la vivienda. Por ende, resultaba plausible que la decisión en comento determinara que incluso en el caso de la “familia unipersonal” se concluyera la obligación de extenderle el uso del leasing habitacional. Esto debido a que tanto las familias como las personas que deciden vivir solas son titulares del derecho a la vivienda. Por ende, el legislador está obligado a adoptar medidas que protejan y hagan eficaz el derecho a la vivienda digna de los diferentes modos de conformación de hogares, habitados bien por familias o por personas solas.

24.4. Justamente, el reconocimiento jurisprudencial a la categoría de “familias unipersonales”, permite extender también la figura del patrimonio de familia, pero haciendo la salvedad que en ningún caso la misma se podrá ser utilizada para que una sola persona la constituya con fines de quebrantar la prenda general de garantía que constituyen los bienes del deudor, respecto de los acreedores. Por ello, en todo caso se deberá acreditar la vocación de familia unipersonal que alegue el constituyente, para no defraudar los intereses de los acreedores que aquel tenga.

Conclusión

25. Las normas acusadas incurren una discriminación injustificada, al omitir extender el acceso a la constitución del patrimonio de familia a las familias extensas, de crianza y las unipersonales, a pesar de que estos grupos humanos son sujeto de protección integral, en los términos del artículo 42 C.P. De esta manera, aunque de acuerdo con la misma norma constitucional la regulación de dicha salvaguarda corresponde al amplio margen de configuración legislativa, el mismo no puede establecer limitaciones o distinciones que no se sustenten en un criterio constitucionalmente admisible. En el caso analizado, dicho criterio es inexistente, lo que impone la adopción de un fallo de exequibilidad condicionada, que extienda dicha protección a favor de las familias extensas, de crianza y las unipersonales.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES los artículos 4º y 5º de la Ley 70 de 1931 “que autoriza la constitución de patrimonios de familia no embargables”, por los cargos analizados en esta sentencia y en el entendido que el patrimonio de familia podrá constituirse a favor de los integrantes de la familia unipersonal y de crianza, y a los integrantes de la familia extensa.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

1 Corte Constitucional, Sentencia C-340 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa. SV. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez).

2 La Corte ha utilizado la metodología de la integración normativa en innumerables ocasiones. Para efectos de este análisis se utiliza la síntesis expresada en la Sentencia C-104 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Ernesto Vargas Silva).

3 “La certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado”. Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 y C-370 de 2006.

4 Diario Oficial 21706, de 5 de junio de 1931 La cita es tomada de la Sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio), fundamento jurídico 2.2.3.

5 Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio), fundamento jurídico 2.1.1.

6 Ibídem.

7 La Corte concluyó que esta limitación en el valor del inmueble objeto del patrimonio de familia no se oponía a la Constitución y específicamente no incorporaba un tratamiento discriminatorio injustificado respecto de las familias que habitan inmuebles de un valor mayor. Al respecto se señaló que “surge del derecho comparado y de su regulación en Colombia, desde el momento mismo en que fue creada esa institución, el bien objeto de constitución del patrimonio de familia queda excluido del derecho de los acreedores a su persecución judicial para obtener la satisfacción de créditos insolutos. // Es decir, la prenda general del patrimonio del deudor en beneficio de sus acreedores se ve disminuida, en cuanto el bien objeto de patrimonio de familia no puede ser afectado con medidas cautelares de embargo y secuestro ni sometido al remate para el pago de una acreencia, con lo que se disminuye el alcance de la prenda general que en beneficio de los acreedores establece el artículo 2488 del Código Civil. // Tampoco se quebranta por este aspecto el derecho a la igualdad, como quiera que los acreedores de quienes constituyen un patrimonio de familia sobre un bien cuyo valor, al momento de establecerlo, no sea mayor de doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedan en la misma situación, y a todos se les permite ejercer los derechos auxiliares del crédito insatisfecho cuando el bien tenga un valor que supere el monto ahí establecido. // Como consecuencia de lo expuesto, no se encuentra que el aparte normativo acusado como inconstitucional, sea violatorio de los artículos 5º y 42 de la Carta Política, en cuanto en ellos se dispone una protección integral a la familia, como quiera que simplemente se reguló un aspecto de carácter patrimonial en general, sin que en esa norma constitucional se encuentre prohibida la regulación por el Congreso, en ejercicio de su atribución legislativa, pues esas normas constitucionales deben ser interpretadas en armonía con las atribuciones que confiere al Congreso el artículo 150 superior para expedir las leyes en todos los ramos de la legislación, como aquí se hizo, sin quebranto del derecho a la igualdad (artículo 13) y sin que ello signifique ningún menoscabo al derecho de adquirir una vivienda digna, con sistemas adecuados de financiación, conforme al artículo 51 de la Carta”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio).

8 Corte Constitucional, Sentencia C-722 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. Unánime). Sobre el particular, este fallo indicó: “En el presente caso, la medida prevista en la Ley 861 de 2003 busca proteger el patrimonio mínimo del grupo familiar, representado en el inmueble que destinan para vivienda, como medida de protección, no solo de la mujer cabeza de familia, sino, primordialmente, de los menores que dependen de manera exclusiva de ella. En atención a esa específica finalidad de la norma, no existe razón que justifique limitar ese amparo especial a los menores que dependan de su madre, y no aplicarlo a aquellos que, en las mismas circunstancias, dependan exclusivamente del padre. // Por las anteriores consideraciones, la Corte declarará la exequibilidad condicionada de las expresiones demandadas, en el entendido que el beneficio que se establece en la Ley 861 de 2003 para los menores que dependan de la mujer cabeza de familia, deberá igualmente otorgarse a los hijos menores dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma situación de la mujer cabeza de familia, en los términos a que alude el artículo 2º de la Ley 82 de 1993”.

9 Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la práctica sí opera un límite de cuantía, en tanto el artículo 90 de la Ley 1753 de 2015, actual plan nacional de desarrollo, dispone que el valor máximo de una vivienda de interés social será de 135 salarios mininos mensuales vigentes.

10 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-029 de 2009 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. SPV. Jaime Araújo Rentería, Nilson Pinilla Pinilla. AV Jaime Araújo Rentería). Sobre la materia, la sentencia expuso que “. Las normas acusadas se inscriben en al ámbito de la protección especial que la Constitución ha dispuesto para la familia. Se trata de una medida positiva de protección, que responde a un imperativo constitucional para cuyo desarrollo existe amplia libertad de configuración de legislador. Los demandantes no ponen en entredicho que esa protección se brinde a la familia, ni los cargos presentados se orientan a cuestionar el concepto de familia como tal. // Sin embargo, dado que, de manera expresa, el legislador ha señalado que las previsiones sobre patrimonio de familia inembargable o afectación a vivienda familiar se aplican a los compañeros permanentes, cabe señalar que las mismas tienen, también, un fundamento en el valor social que tienen los vínculos de solidaridad y afecto creados por las parejas. // En ese contexto las previsiones legales atienden a la necesidad de proteger un patrimonio o la vivienda de quienes han decidido realizar un proyecto de vida en común en calidad de pareja, sin que la Corte aprecie que exista una razón para justificar, en este aspecto, una diferencia de trato entre las parejas heterosexuales y las parejas del mismo sexo que se hayan acogido al régimen patrimonial de la unión marital de hecho, en los términos de la Ley 54 de 1990”.

11 “Como puede advertirse, la afectación a vivienda familiar es una institución que también desarrolla la protección que el constituyente concibió para la familia y que se concentra sobre el bien inmueble que utiliza como morada. No obstante, a diferencia del patrimonio de familia, que se orienta a proteger la casa de habitación para ponerla a salvo de las pretensiones económicas de terceros, la afectación a vivienda familiar tiene por finalidad proteger al cónyuge no propietario y a sus hijos de los actos de disposición del cónyuge propietario. // El legislador tuvo en cuenta que la venta o constitución de gravámenes sobre la casa de habitación por parte del cónyuge o compañero propietario, era una práctica que frecuentemente dejaba desamparado al cónyuge no propietario y a sus hijos pues por desavenencias familiares, aquel luego se desentendía del deber que le asistía de procurar para estos un lugar de habitación. Por ello tomó la decisión de condicionar la enajenación del bien inmueble del cónyuge propietario y la constitución de gravámenes o derechos reales sobre él al consentimiento libre de los cónyuges o compañeros expresado con su firma. Con esta exigencia la ley evita que el cónyuge o compañero no propietario y sus hijos se vean sorprendidos por los actos de disposición del otro cónyuge, actos que no conoció y a los que no tuvo la oportunidad de oponerse”. Corte Constitucional, Sentencia C-560 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño. Unánime). Fundamento jurídico 5.

12 Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. SV María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Iván Palacio Palacio), fundamento jurídico 2.3.

13 Ibídem. [la cita refiere a la Sentencia C-271 de 2003]

14 Cfr. Sentencia C-660 de 2000.

15 Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa, Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. SV. María Victoria Calle Correa).

16 Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo. Unánime).

17 Cfr. Sentencia C-875 de 2005.

18 Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa, Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. SV. María Victoria Calle Correa).

19 Cfr. Naciones Unidas, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General Nº 21 (13º período de sesiones, 1994). La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, párr. 13 (“La forma y el concepto de familia varían de un Estado a otro y hasta de una región a otra en un mismo Estado. Cualquiera que sea la forma que adopte y cualesquiera que sean el ordenamiento jurídico, la religión, las costumbres o la tradición en el país, el tratamiento de la mujer en la familia tanto ante la ley como en privado debe conformarse con los principios de igualdad y justicia para todas las personas, como lo exige el artículo 2º de la Convención”); Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 7. Realización de los derechos del niño en la primera infancia, supra nota, párrs. 15 y 19 (“El Comité reconoce que ‘familia’ aquí se refiere a una variedad de estructuras que pueden ocuparse de la atención, el cuidado y el desarrollo de los niños pequeños y que incluyen a la familia nuclear, la familia ampliada y otras modalidades tradicionales y modernas de base comunitaria, siempre que sean acordes con los derechos y el interés superior del niño. […] El Comité observa que en la práctica los modelos familiares son variables y cambiantes en muchas regiones, al igual que la disponibilidad de redes no estructuradas de apoyo a los padres, y existe una tendencia global hacia una mayor diversidad en el tamaño de la familia, las funciones parentales y las estructuras para la crianza de los niños”); Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 19 (39º período de sesiones, 1990). La familia (artículo 23), HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol.), párr. 2 (“El Comité observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos de un Estado a otro, y aun entre regiones dentro de un mismo Estado, de manera que no es posible dar una definición uniforme del concepto”), y Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 16 (32º período de sesiones, 1988). Derecho a la intimidad (artículo 17), HRI/GEN/1/Rev. 9 (Vol.), párr. 5 (“En cuanto al término ‘familia’, los objetivos del Pacto exigen que, a los efectos del artículo 17, se lo interprete como un criterio amplio que incluya a todas las personas que componen la familia, tal como se entienda ésta en la sociedad del Estado Parte de que se trate”).

20 T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra, párr. 91 (“the notion of family […] is not confined to marriage-based relationships and may encompass other de facto “family” ties where the parties are living together out of wedlock. A child born out of such a relationship is ipso jure part of that “family” unit from the moment and by the very fact of his birth. Thus there exists between the child and his parents a bond amounting to family life. The Court further recalls that the mutual enjoyment by parent and child of each other's company constitutes a fundamental element of family life, even if the relationship between the parents has broken down, and domestic measures hindering such enjoyment amount to an interference with the right protected by Article 8 of the Convention”), citando T.E.D.H., Caso Elsholz, supra nota párr. 43; Caso Keegan, supra nota, párr. 44, y Caso Johnston y otros Vs. Irlanda, (Nº 9697/82), Sentencia de 18 de diciembre de 1986, párr. 56; ver también T.E.D.H., Caso Alim Vs. Rusia (Nº 39417/07), Sentencia de 27 de septiembre de 2011, párr. 70; Caso Berrehab Vs. Países Bajos, (Nº 10730/84), Sentencia de 21 de junio de 1988, párr. 21, y Caso L. Vs. Países Bajos, (Nº 45582/99), Sentencia de 1º de junio de 2004. Final, 1º de septiembre de 2004, párr. 36.

21 T.E.D.H., Caso X, Y y Z Vs. Reino Unido, (Nº 21830/93), Sentencia de 22 de abril de 1997, párr. 36 (“When deciding whether a relationship can be said to amount to ‘family life’, a number of factors may be relevant, including whether the couple live together, the length of their relationship and whether they have demonstrated their commitment to each other by having children together or by any other means”). Cfr. T.E.D.H., Caso Marckx Vs. Bélgica, (No. 6833/74), Sentencia de 13 de junio de 1979, párr. 31; Caso Keegan, supra nota ¡Error! Marcador no definido., párr. 44, y Caso Kroon y otros, supra nota, párr. 30.

22 T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra nota, párr. 92 (“the Court's case-law has only accepted that the emotional and sexual relationship of a same-sex couple constitutes ‘private life’ but has not found that it constitutes ‘family life’, even where a long-term relationship of cohabiting partners was at stake”).

23 T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra nota, párr. 94 (“a cohabiting same-sex couple living in a stable de facto partnership, falls within the notion of ‘family life’, just as the relationship of a different-sex couple in the same situation would”) y Caso P.B. y J.S. Vs. Austria, (Nº 18984/02), Sentencia de 22 de julio de 2010. Final. 22 de octubre de 2010, párr. 30.

24 T.E.D.H., Caso Schalk y Kopf, supra nota, párr. 94 (“the Court considers it artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8”)y Caso P.B. y J.S., supra nota 23, párr. 30.

25 Declaración de la señora Karen Atala Riffo rendida ante la Corte Interamericana en la audiencia pública del presente caso.

26 Declaración de Emma de Ramón de 4 de agosto de 2011 (expediente de fondo, tomo II, folio 762).

27 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C Nº 239. Párr. 172 a 177.

28 Corte Constitucional, Sentencia T-588 de 2009, citada en la Decisión T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime). Sobre este mismo particular pueden también consultarse los fallos T-1502 de 2000 y T-1199 de 2001.

29 Esta posición es reforzada por otras decisiones, en las que la Corte hace manifiesto el criterio material como dirimente para la identificación de grupos familiares. Así, “se tiene que las relaciones humanas conllevan la imperiosa necesidad de adaptar la legislación y el derecho a la realidad, toda vez que en materia de familia, los vínculos entre sus miembros se han extendido más allá de los meramente jurídicos o existentes por consanguinidad, para dar paso a un concepto más amplio que comprende las relaciones de afecto, convivencia, solidaridad, respeto y apoyo mutuo, situaciones de facto que dan lugar al reconocimiento de derechos y la imposición de deberes”. Corte Constitucional, Sentencia T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime).

30 Cfr. Sentencia T-049 de 1999.

31 Cfr. Sentencia T-572 de 2009.

32 Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. AV Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa, Gabriel Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva. SV. María Victoria Calle Correa).

33 Ministerio de Salud y Protección Social & Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015. Resumen Ejecutivo, página 12. Disponible en http://profamilia.org.co/docs/Libro%20RESUMEN%20EJECUTIVO.pdf Documento consultado el 18 de enero de 2017.

34 El análisis jurisprudencial sobre la materia es tomado de la recapitulación hecha recientemente por la Corte en la Sentencia T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime).

35 Corte Constitucional, Sentencia T-495 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz. Unánime).

36 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Unánime.)

37 Corte Constitucional, Sentencia T-606 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos. AV. Luis Ernesto Vargas Silva)

38 Sentencia T-292 de 2004. En esta ocasión, la Corte estudió el caso de una pareja a la que le fue entregada una menor por parte de su madre biológica ante su incapacidad de cuidarla. No obstante, transcurridos unos meses, la madre natural reclamó a su hija e intentó que el ICBF le asignara su custodia. Por lo anterior, la pareja que cuidó de la menor como si fuesen sus padres, instauró acción de tutela solicitando la protección de su derecho y de la menor a tener una familia, bajo el argumento de que los vínculos familiares no surgen únicamente por consanguinidad. La Corte falló a favor de la pareja y ordenó al ICBF iniciar los trámites para que la pareja adoptara a la menor.

39 Corte Constitucional, Sentencia T-070 de 2015 (M.P. María Victoria Sáchica Méndez. AV. Luis Ernesto Vargas Silva).

40 Corte Constitucional, Sentencia T-354 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime).

41 Corte Constitucional, Sentencia C-936 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett. SV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño y Clara Inés Vargas Hernández).

42 La Corte ya ha avanzado sobre este punto en la Sentencia T-163 de 2003.

43 En Sentencia C-560 de 2002 la Corte consideró una de las modalidades de la vivienda familiar y su protección.