Sentencia C-108 de febrero 9 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2440

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 53 (parcial) de la Ley 488 de 1998.

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales”.

Demandantes: Felipe de Viveros Arciniegas y Carlos Antonio Espinosa Pérez.

Santafé de Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil.

EXTRACTOS: «A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43460 del 28 de diciembre de 1998.

“LEY 488 DE 1988

(Diciembre 24)

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales en las entidades territoriales”.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 53.—Territorialidad del IVA. Modifícase el párrafo primero del numeral tercero del parágrafo 3º, el literal a), del mismo numeral y adiciónase el literal g) al mismo numeral, del artículo 420 estatuto tributario, los cuales quedarán así:

“3. Los siguientes servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o destinatarios ubicados en el territorio nacional, se entienden prestados en Colombia, y por consiguiente causan el impuesto sobre las ventas según las reglas generales:

a) Las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a cualquier título, de bienes incorporales o intangibles;

g) Los servicios de conexión o acceso satelital, cualquiera que sea la ubicación del satélite. Lo anterior no se aplica a los servicios de radio y televisión”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la demanda que se estudia.

2. El problema jurídico que se plantea

2.1. Los actores pretenden demostrar que con la disposición acusada se vulneran los artículos 338, 13 y 333 de la Constitución Política, por cuanto, respecto de la primera de las normas superiores citadas (338) la norma demandada no define de manera directa el hecho gravable y los sujetos pasivos a quienes pretendían otorgar la exención respecto de la regla general de causación, violando en consecuencia dicha norma superior. Agregan que en forma “subrepticia” se inserta en el numeral 3º, parágrafo 3º del artículo 420 del estatuto tributario la frase acusada, exceptuando del tributo del impuesto a las ventas a un grupo de prestadores del servicio de televisión por suscripción, teniendo en cuenta exclusivamente la tecnología de transmisión utilizada.

Adicionalmente consideran que se conculca el principio de igualdad, como quiera que la norma cuya declaratoria de inexequibilidad se solicita establece un tratamiento diferente, discriminatorio respecto de personas que se encuentran en una situación fáctica equivalente, sin que medie una justificación objetiva o razonable.

Por último, en su criterio la violación del artículo 13 superior conlleva la vulneración del artículo 333 de la Carta, en tanto restringe en forma indirecta la libertad de empresa que consagra la disposición constitucional citada al establecer una desigualdad material entre prestatarios del mismo servicio.

2.2. La Constitución Política en su artículo 150-12 establece que corresponde al Congreso de la República por medio de leyes “establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”; por su parte, el artículo 338 consagra el principio de legalidad del sistema tributario determinando que el legislador es la autoridad competente para imponer contribuciones fiscales y parafiscales, señalando los sujetos activos, pasivos, los hechos y las bases gravables, así como las tarifas correspondientes, normas estas que, en nuestra Constitución, incorporan con carácter imperativo el principio democrático que, entre otras cosas, se encuentra en el origen de la institución parlamentaria, conforme al cual “sin representación no puede haber impuesto”.

En torno a este tema, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

“... la atribución de legislar en materia tributaria, principalmente encomendada al Congreso de la República, es lo bastante amplia y discrecional como para permitirle fijar los elementos básicos de cada gravamen atendiendo a una política tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en torno a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal.

Así, mientras las normas que al respecto establezca no se opongan a los mandatos constitucionales, debe reconocerse como principio el de la autonomía legislativa para crear, modificar y eliminar impuestos, tasas y contribuciones nacionales, así como para regular todo lo pertinente al tiempo de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, las tarifas y las formas de cobro y recaudo.

(...).

Si un principio jurídico universal consiste en que las cosas se deshacen como se hacen, debe preservarse en el orden tributario el de que quien crea los gravámenes es el llamado a introducir los cambios y adaptaciones que requiera el sistema tributario. De allí que en un tiempo de paz, es al Congreso al que corresponde legislar en materia tributaria, con toda la amplitud que se atribuye a tal concepto, mediante la creación, modificación, disminución, aumento y eliminación de impuestos, tasas y contribuciones, bien que éstas sean fiscales o parafiscales; la determinación de los sujetos activos y pasivos; la definición de los hechos y bases gravables y las tarifas correspondientes (C.P., arts. 150-12 y 338) (Sent. C-222/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo)”.

2.3. De la misma manera, puede el legislador, facultado para ello por la Constitución Política a iniciativa del gobierno (C.P., art. 154), consagrar exenciones a los tributos o, establecer otras modalidades de trato a los contribuyentes, teniendo en cuenta para ello, razones de política económica o, como lo ha señalado esta corporación, para realizar la igualdad real y efectiva.

Ahora bien, sentado ya el principio de la autonomía y discrecionalidad de que goza el Congreso de la República en materia tributaria, como órgano de representación popular, se impone con el objeto de dilucidar los cargos de la demanda, precisar el alcance del artículo 420 del estatuto tributario, modificado por el artículo 53 de la Ley 478 de 1998.

En efecto, la norma legal citada determina los hechos sobre los cuales recae el impuesto a las ventas, consagrando en el literal b) “la prestación de servicios en el territorio nacional”, por su parte, el parágrafo 3º de la norma citada establece las reglas que se deben aplicar para la prestación de servicios en el territorio nacional y, en el numeral 3º (modificado por L. 448/98, art. 53), determina los servicios que ejecutados desde el exterior a favor de usuarios ubicados en el territorio nacional se entienden prestados en Colombia, y por tanto, causan el impuesto a las ventas según las reglas generales que rigen la materia.

Es así, como el literal g) señala los servicios de conexión o acceso satelital cualquiera que sea la ubicación del satélite (telefonía, telegrafía, télex, etc), servicios estos, que aun prestados desde el exterior, benefician a usuarios ubicados en el territorio nacional y por ende, generan el impuesto a las ventas.

Como bien lo señalan los demandantes, con anterioridad a la expedición de la Ley 488 de 1998, el artículo 476 del estatuto tributario consagraba en el numeral 8º como excepción del impuesto a las ventas “los servicios de publicidad, de radio, prensa y televisión incluida la televisión por cable y el servicio de exhibición cinematográfica”; sin embargo, el artículo 48 de la ley demandada suprimió este numeral, de donde un servicio que se encontraba excluido del impuesto a las ventas (servicio de televisión), pasó por disposición expresa del legislador a estar gravado con dicho impuesto.

Pero, en concepto de los demandantes, en el numeral 3º, parágrafo 3º del artículo 420 se incluyó la frase demandada en el caso sub examine, mediante la cual se crea una excepción del tributo para un grupo de prestadores del servicio de televisión por suscripción, con fundamento exclusivamente en la tecnología utilizada para el efecto.

La Corte Constitucional no encuentra que ello haya sido así, sino que por el contrario, coincide esta corporación con la interviniente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en que el legislador para no hacer más gravoso el valor del servicio al usuario o consumidor final, estableció que el servicio de televisión no generara el impuesto a las ventas por el simple acceso o conexión al satélite, que difiere, como se verá, de la prestación del servicio de televisión propiamente dicho, el cual por disposición del artículo 48 de la Ley 448 de 1998, pasó de estar exento a ser gravado con el mencionado impuesto.

La Ley 182 de 1995, establece que la televisión es un servicio público que se encuentra sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado y, que técnicamente “es un servicio de telecomunicaciones que ofrece programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea”. (Negrilla fuera de texto) .

Por su parte, los acuerdos 014 de 1997 y 032 de 1998 de la Comisión Nacional de Televisión, definen lo que se entiende por televisión satelital denominado (DBS) o televisión directa al hogar y, lo que se entiende por televisión por suscripción, los cuales contienen unos elementos comunes como lo señala la CNTV, al manifestar en su intervención que: “Juntos tienen conexión o acceso satelital, entendiéndose por éste el camino o la autopista recorrida por una señal satelital que viaja desde una estación terrena, (originadora y dueña de una programación), hasta un satélite, y desde allí regresa a la tierra. En la televisión por suscripción es recibida desde un satélite por un centro de contribución, y distribuida mediante una red. En la televisión satelital denominada (DBS) televisión directa al hogar es recibida desde el satélite hasta los equipos terminales de recepción individual a los usuarios.

La diferencia de estos servicios de televisión está en la recepción y distribución...

Con fundamento en lo anterior, y desde el punto de vista técnico, ambas modalidades de televisión entregan al usuario ubicado en el territorio nacional, servicios de televisión ejecutados desde el exterior, por medio de una conexión o acceso satelital”. (Negrilla fuera de texto).

Pero es más, en el concepto técnico enviado por la Comisión Nacional de Televisión, a solicitud de esta corporación, se manifiesta: “... se entiende por conexión o acceso satelital sencillamente al camino o a la autopista recorrida por una señal satelital que viaja desde una estación terrena, (originadora y dueña de una programación), hasta un satélite, y desde allí regresa a la tierra a muchas estaciones terrenas receptoras como por ejemplo, Inravisión, estaciones receptoras solamente (TVRO) de los operadores de cable por suscripción, sistema DBS (Direct Broadcast Satellite) o sea televisión transmitida directamente desde un satélite a las casas de los usuarios (SKY TV O DTH), etc)”.

Se observa entonces, que las dos modalidades de televisión requieren para su distribución al usuario final, de la conexión o acceso al satélite, encontrándose por lo tanto, en la misma situación fáctica, razón por la cual no se presenta a juicio de la Corte la diferenciación injustificada que alegan los actores, sino que por el contrario, el legislador en desarrollo de los principios que orientan el sistema tributario, esto es, equidad , eficiencia y progresividad, y en desarrollo del principio de legalidad que consagra el artículo 338 de la Constitución Política, plasmó en el aparte (lit. g)) de la norma demandada, como exención del impuesto a las ventas la conexión o acceso al satélite para los concesionarios del servicio de televisión independientemente de la modalidad utilizada, cosa distinta de la prestación del servicio de televisión como tal, entendida de conformidad como lo define la ley, como la emisión, transmisión, difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea, que como se vio sí genera el impuesto a las ventas (E.T., art.48).

Acorde con lo expuesto, en la ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 045 de 1998, se dijo lo siguiente:

“Por otra parte, la propuesta de adicionar el literal g) al numeral 3º del parágrafo tercero del artículo 420 del estatuto tributario, busca garantizar al mercado una competencia leal y regida por condiciones de neutralidad, al incluir los servicios de acceso satelital, dentro de los servicios que generan el impuesto sobre las ventas. Lo anterior por cuanto las empresas que venían utilizando el servicio de Telecom para acceder al segmento satelital, están prefiriendo pedir acceso directo al Ministerio de Comunicaciones por el atractivo de que las empresas con las que suscriben los respectivos contratos, no están cobrando IVA, al amparo de la imprecisión de las normas actuales para la aplicación del gravamen”.

En ese orden de ideas, tampoco se vulnera el artículo 13 de la Constitución, porque de todo lo expuesto resulta claro que la exoneración del impuesto a las ventas, sólo se refiere a la conexión o acceso al satélite aplicada los servicios de televisión sin distinguir la modalidad de que se trate.

Y esto es así, por cuanto, como se vio la reforma introducida por la Ley 488 de 1998 al artículo 476 del estatuto tributario, establece que todos los prestadores del servicio de televisión sin tener encuenta la modalidad de transmisión, recepción o distribución de la señal, se encuentran sometidos al pago del gravamen.

Por lo tanto, la norma acusada atendiendo razones de equidad, en forma razonable contempla la excepción del pago del impuesto a las ventas para la conexión o acceso al satélite, sin entrar a diferenciar la modalidad de que se trata, ya que de no ser así se encontrarían gravados con el impuesto a las ventas los prestadores del servicio de televisión, tanto por la conexión al satélite, como por la prestación del servicio propiamente dicho, lo cual haría indudablemente más oneroso el servicio de televisión para el usuario final.

Entonces, para la Corte es claro que todas las personas que presten los servicios de televisión a que se refiere la norma acusada, se encuentran sometidos al pago del tributo. Por ello, no existe la pretendida discriminación de la norma a favor de un grupo y en detrimento de otro, como lo argumentan los demandantes y, en consecuencia, no se rompe con el principio de igualdad sino que se desarrolla plenamente acatando en su integridad los principios de generalidad del tributo, razones más que suficientes para reconocer la constitucionalidad del precepto acusado.

Finalmente, de todo lo expuesto se tiene que la exoneración al tributo que consagra el aparte de la disposición acusada no vulnera los artículos 13 y 338 de la Constitución Política y, mucho menos el artículo 333 ejusdem, como quiera que para nada se afecta la libertad de empresa que afecte la libre competencia entre prestatarios de un mismo servicio, por cuanto, de la misma intención del legislador se concluye una situación diametralmente opuesta, es decir que lo que se previó con la adición del literal g) al numeral 3º del parágrafo 3º del artículo 420 del estatuto tributario, fue precisamente garantizar al mercado una competencia leal y, esto se ve diáfanamente en la norma acusada, como quiera que la pretensión fue precisamente la disminución de los costos en la prestación del servicio de televisión, al exonerar del impuesto a las ventas el acceso o conexión al satélite.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “lo anterior no se aplica a los servicios de televisión” contenida en el literal g) del numeral 3º, parágrafo 3º del artículo 420 del estatuto tributario, modificado por el artículo 53 de la Ley 488 de 1998 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales”.

Notifíquese, comuníquese y publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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