Sentencia C-1081 de diciembre 5 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1081 de 2002 

Ref.: Expediente D-4132

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 181 numeral 1º del Decreto-Ley 1344 de 1970, modificado por el Decreto 1809 de 1990 “por el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito”.

Demandante: Jorge Alberto Vera Quintero.

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el diario oficial. Se resalta lo acusado.

“Decreto 1344 de 1970

(Agosto 4)

Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre

ART. 181.—Modificado. D. 1809/90, art. 1º. Reforma 158. Será sancionado con multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

1.Presentar licencia de conducción adulterada, falsificada o ajena. Además será puesto a órdenes de la autoridad penal correspondiente y dará lugar a inmovilización del vehículo”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente, para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la demanda que se estudia.

2. Aclaración previa.

Advierte la Corte que el Decreto 1344 de 1970, que con las modificaciones introducidas por el legislador, fue el Código Nacional de Tránsito Terrestre, dejó de regir el 8 de noviembre de 2002, fecha ésta en la cual inició su vigencia la Ley 769 de 2002, que lo sustituyó íntegramente.

No obstante, la Corte se pronunciará sobre la demanda incoada contra el artículo 181, numeral 1º, del Decreto 1344 de 1970, por cuanto en la fecha en que fue presentada, esa norma se encontraba vigente y puede estar surtiendo efectos jurídicos todavía.

3. El problema jurídico que se plantea.

Corresponde a esta corporación establecer si con la imposición de la sanción pecuniaria al conductor de un vehículo que presente licencia de conducción adulterada, falsificada o ajena, se vulnera la unidad de la Nación, por cuanto se tipifica como contravención a las normas de tránsito conductas que son constitutivas de delitos, con lo cual se viola de paso el derecho al debido proceso del presunto infractor al no permitirle el derecho de contradicción y de defensa en un proceso amplio, el principio del non bis in idem al condenarse al conductor dos veces por un mismo hecho, y el artículo 116 de la Constitución, a permitirse que las autoridades administrativas ejerzan la función de instruir y juzgar el delito de falsedad documental.

4. La potestad sancionadora de la administración. El Código Nacional de Tránsito.

4.1. El pueblo de Colombia, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de fortalecer la unidad nacional y “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo”, decretó la Constitución Política, que en su artículo 1º define a Colombia como un Estado social de derecho, fundado en “el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas” y en la “prevalencia del interés general”. Por su parte, el artículo 2º de la Carta, establece como fines esenciales del Estado, entre otros, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general” y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

El artículo 113 de la Constitución al definir la estructura del Estado, establece como ramas del poder público, la legislativa, ejecutiva y judicial y, señala que además de los órganos que integran estas tres ramas del poder público, existen otros autónomos e independientes “para el cumplimiento de las demás funciones del Estado”, los cuales tienen funciones separadas pero “colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.

Ello significa, que el poder del Estado aun concebido como un todo unitario, debido a su propia estructura y a la especialización del trabajo de sus órganos, se desdobla (1) en una serie de atribuciones, competencias y facultades, consagradas en el ordenamiento constitucional, que se traducen en una gama de funciones que constituyen los medios o instrumentos indispensables para el cumplimiento de los fines del Estado.

(1) Sentencia C-214 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Ahora bien, el poder del Estado radicado en cabeza de la administración, el cual se manifiesta, como se señaló, en una serie de competencias o potestades específicas, bien sea de mando, ejecutivas o de gestión, reglamentaria o jurisdiccional, también contempla la potestad administrativa sancionadora, que, como lo ha sostenido esta corporación, se ha considerado como una expresión del poder de policía “en cuya virtud el Estado tiene la atribución de regular el ejercicio de las libertades individuales con el fin de garantizar el orden público. La sanción viene a ser el instrumento coactivo para hacer cumplir la medida de policía” (2) .

(2) Ibídem.

Esa potestad sancionadora de la administración, como lo ha expresado la Corte, es indudablemente administrativa y, difiere sustancialmente de la asignada al funcionario judicial para imponer una pena con ocasión de la comisión de un delito. En ese sentido, se dijo por la Corte:

“La potestad sancionadora administrativa se diferencia cualitativamente y por sus fines de la potestad punitiva penal: en ésta se protege el orden social colectivo, y su aplicación persigue esencialmente (sin perjuicio de la concurrencia de otros fines difusos) un fin retributivo abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador, en la persona del delincuente. La potestad sancionadora de la administración sería, por el contrario, una potestad doméstica, en el sentido de vocada a la propia protección más que a otros fines sociales generales, con efecto sólo de quienes están directamente en relación con su organización y funcionamiento y no contra los ciudadanos en abstracto” (3) .

(3) Idem. Se cita en la Sentencia C-214 de 1994 a Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández. Editorial Civitas. Tomo II, páginas 96 y siguientes.

Independientemente de las diferencias conceptuales entre la potestad punitiva administrativa y la penal, lo cierto es que ambas son expresiones de la facultad punitiva del Estado, mediante la cual se asignan atribuciones a los diferentes órganos a fin de imponer sanciones de distinta naturaleza, por parte de autoridades que pertenecen a distintas jurisdicciones cuya competencia les es asignada por la ley, pues como lo afirma la vista fiscal, sólo el legislador ordinario o extraordinario se encuentra constitucionalmente habilitado para establecer las conductas objeto de reproche penal y fijar las penas restrictivas de la libertad, o las sanciones de índole administrativo y disciplinario, así como establecer los procedimientos penales o administrativos que han de seguirse para su imposición.

Así las cosas, la potestad administrativa sancionadora de la administración, constituye un instrumento con el que cuenta el Estado para preservar el orden jurídico institucional, mediante la cual puede la administración imponer, bien a los servidores públicos a ella vinculados, ya a los particulares, el acatamiento y observancia de una disciplina que contribuya a la realización de los cometidos estatales, incluso a través de medios punitivos, garantizando en todo caso el debido proceso, el cual se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas (C.P., art. 29).

Puede suceder que una conducta sea a la vez reprochable desde el punto de vista penal y administrativo, posibilidad ésta que ha sido avalada por la doctrina constitucional en los siguientes términos:

“Es forzoso concluir entonces que la imposición de diversas sanciones respecto de una misma conducta, no implica de por sí una violación al principio non bis in ídem, tal como lo ha manifestado esta Corte en repetidas ocasiones, ya que se trata de medidas de distinta naturaleza no excluyentes entre sí, impuesta por autoridades que pertenecen a diferentes jurisdicciones.

Pero esto no es todo. Considerando que una misma conducta puede tener la virtualidad de acantonarse simultáneamente en diferentes ámbitos del derecho, esto es, producir efectos materiales lesivos de distintos derechos de una pluralidad de titulares, o de dos o más derechos de un mismo titular, claro es que el Estado debe proveer a la defensa y protección de tales derechos tipificando las conductas dañinas de los correspondientes bienes jurídicos. Y éste es justamente el punto: el Estado social de derecho debe reivindicar a través de los respectivos estatutos la protección de los bienes jurídicos predicables de la sociedad y del estado mismo, bienes que por múltiples motivos pueden ser amenazados o vulnerados merced a una o varias conductas. Por donde, si una persona con una sola conducta quebranta varios bienes jurídicos, mal podría aducir a su favor el non bis in ídem como medio para obtener un juzgamiento circunscrito a los linderos de uno solo de tales bienes, toda vez que el examen de dicha conducta frente a los demás bienes jurídicos afectados quedaría en el más completo abandono, allanándose así el camino para la eventual impunidad de los respectivos infractores, con la subsiguiente alarma social que con frecuencia da noticia sobre las políticas y acciones de la justicia administrativa y judicial. Por lo tanto, siendo claro que bienes jurídicos como el derecho a la vida, la administración pública, el orden económico social, el tesoro público, y todos los demás, merecen la más satisfactoria protección por parte del Estado y sus agentes, en modo alguno podría convalidarse una visión unidimensionalistas de la función punitiva que le compete a las autoridades administrativas y judiciales, Antes bien, en el evento de que un servidor público llegue a incurrir, por ejemplo, en el tipo “interés ilícito en la celebración de contratos”, a más de la acción penal procederían las acciones disciplinaria y fiscal, en el entendido de que con su conducta el infractor pudo quebrantar tres bienes jurídicamente protegidos: la administración pública, la moral administrativa y el tesoro público. Se impone entonces reconocer el carácter de piedra angular que ostentan los bienes jurídicos, como que de ellos dependen los correspondientes estatutos rectores y represivos, las competencias, los procedimientos, y por supuesto, las condignas decisiones absolutorias o sancionatorias, que a manera de particulares resoluciones jurídicas conforman el universo de fallos pertinentes a la conducta infractora del sujeto pasivo de la acción administrativa y judicial” (4) .

(4) Sentencia C-620 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. Cfr. C-196 de 1999, C-506 de 2002.

4.2. Entrando al análisis concreto de la norma acusada, sea lo primero señalar que el legislador en ejercicio de la atribución asignada a partir de la reforma constitucional de 1968 “unificar las normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República” (A.L. 01/68, art. 11), atribución también conferida al Congreso en el artículo 150, numeral 25 de la actual Constitución, expidió el Código Nacional de Tránsito, el cual regula en todo el territorio nacional la libertad de locomoción, y cuyo objeto es el de regular la circulación de los peatones, animales y vehículos por las vías públicas y por las vías privadas que estén abiertas al público. Así, resulta claro, que la libertad de locomoción se encuentra sujeta a la intervención y reglamentación por parte de las autoridades administrativas, con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, en los términos que establezca la ley.

El Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente hasta el 8 de noviembre del año en curso, disponía en el artículo 181 que se demanda, “que ninguna persona podrá conducir un vehículo sin portar consigo la licencia de conducción correspondiente o un carnet especial según sea el caso”, dentro del territorio nacional (art. 17), para cuya obtención se requiere acreditar los requisitos contemplados en el artículo 19 del mismo estatuto, con los cuales se pretende demostrar la aptitud física y mental para conducir un vehículo, es decir, la idoneidad de quien va a ejecutar dicha actividad, con la clara finalidad de garantizar la convivencia y el orden social, en procura de la protección de todas las personas pues, como se sabe, los vehículos son un factor de riesgo para la vida humana, tanto de quien lo conduce como de los peatones. De ahí, que el Estado tenga la obligación de regular esa actividad, a fin de que solamente personas idóneas la puedan ejecutar.

En ese orden de ideas, las autoridades administrativas se encuentran facultadas para sancionar a quienes infrinjan la obligación de portar la licencia de conducción. Sin embargo, la pregunta que ha de formularse en el examen de constitucionalidad, es si las autoridades administrativas encargadas del conocimiento de la contravención consagrada en la norma demandada, pueden imponer la multa que establece la norma, cuando ésta resulte falsificada o adulterada.

Como se vio al analizar brevemente la potestad administrativa sancionadora de la administración, ésta se desprende de la facultad punitiva del Estado, mediante la cual se busca preservar el orden jurídico institucional en procura del cumplimiento de los fines del Estado, en la cual se deben observar y respetar las garantías del debido proceso, tal como lo dispone el artículo 29 de la Constitución Política al expresar que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, el cual comporta una serie de garantías como la publicidad y la celeridad del procedimiento, el derecho de defensa y de contradicción, el principio de legalidad del ilícito y de la pena, la garantía del juez competente (5) , que deberán ser observadas por las autoridades administrativas competentes.

(5) Sentencia 506 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Ahora bien, el precepto demandado establece una sanción de multa equivalente a veinte salarios mínimos al conductor de un vehículo que presente licencia “adulterada, falsificada o ajena” y, establece la norma que “Además será puesto a órdenes de la autoridad penal correspondiente y dará lugar a la inmovilización del vehículo”. Significa ello, a juicio de la Corte, que una vez entregada la orden de comparendo por la autoridad de tránsito correspondiente al funcionario competente para conocer de la falta a la que se refiere la norma acusada, esto es, los secretarios, inspectores municipales y distritales de tránsito y en su defecto los alcaldes municipales y los inspectores de policía (C. N. de T., art. 236), entra a verificar mediante un procedimiento breve si se incurrió o no en la falta prevista en el Código de Tránsito, sin que pueda considerarse que la decisión que entonces se adopte, sea un juicio de carácter penal sobre la existencia o no del delito de falsedad, ni mucho menos con respecto a la autoría del mismo, asuntos estos que corresponden a la jurisdicción penal del Estado.

Lo que ocurre es que son independientes los hechos objeto de la investigación penal y la falta administrativamente sancionable por las autoridades de tránsito, con observancia por parte de éstas del debido proceso administrativo como ya se advirtió.

De esta suerte, encuentra la Corte que la norma acusada se ajusta a la Constitución por el distinto ámbito en que actúan las autoridades administrativas y la jurisdicción penal del Estado.

No obstante, y en atención a que eventualmente el proceso penal que llegare a adelantarse para establecer si la licencia de conducción es falsificada puede culminar con la declaración de inexistencia del hecho, sería contradictorio que el Estado a través de sus funcionarios administrativos imponga la sanción de multa y que ésta, pese a la inexistencia del hecho que le sirve de fundamento pudiera mantenerse. Por ello, en ese evento, la multa que fue pagada por el presunto infractor carecería de causa, razón esta por la cual en esta hipótesis tiene derecho a su devolución. De esta manera se armonizan entonces, las normas administrativas y penales para evitar la vulneración de los derechos individuales.

Se observa por la Corte que la presentación de una licencia de conducción ajena por el conductor del vehículo, reconociendo expresamente que no es la suya no es delito, aun cuando sí puede ser una falta sancionable por las autoridades de tránsito, el no portar la propia licencia de conducir.

VII.Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 181, numeral 1º, del Decreto 1344 de 1970, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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