Sentencia C-1082 de octubre 24 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1082 de 2005 

Ref.: Expediente D-5724

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Actor: Fabio Castellanos Herrera

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 64 de la Ley 812 de 2003, “Por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario”.

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

Se transcribe a continuación el texto del artículo acusado:

“LEY 812 DE 2003

(Junio 26)

Diario Oficial 45.231, de 27 de junio de 2003

Poder público - Rama legislativa

Por la cual se aprueba el plan nacional de desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ART. 64.—Esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos domiciliarios. De acuerdo con el principio de neutralidad establecido en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, las comisiones de regulación desarrollarán, en un término de seis (6) meses a partir de la vigencia de esta ley, la regulación necesaria para incluir esquemas diferenciales de prestación del servicio en generación, distribución, comercialización, calidad, continuidad y atención del servicio en las zonas no interconectadas, territorios insulares, barrios subnormales, áreas rurales de menor desarrollo, y comunidades de difícil gestión. Se podrán desarrollar esquemas de medición y facturación comunitaria, utilizar proyecciones de consumos para facturación, esquemas de pagos anticipados del servicio, y períodos flexibles de facturación.

PAR. 1º—El Gobierno Nacional, en un plazo de nueve (9) meses a partir de la vigencia de esta ley, definirá barrios subnormales, áreas rurales de menor desarrollo y comunidades de difícil gestión.

PAR. 2º—Cuando la situación del mercado lo haga recomendable, el gobierno podrá autorizar el uso de sistemas de pago anticipado o prepagado de servicios públicos domiciliarios los cuales podrán incluir una disminución en el costo de comercialización, componente C, de la energía facturada a cada usuario. Las comisiones reguladoras respectivas procederán a reglamentar la materia en un plazo no superior de seis (6) meses a partir de la fecha de vigencia de la presente ley”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º, del artículo 241 de la Constitución Política.

2. Inhibición constitucional en el caso concreto. Requisitos mínimos sustanciales que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad para proferir un fallo de fondo.

Debe la Corte resolver sobre la solicitud de inhibición que plantean varios intervinientes, entre ellos Mónica Mejía Londoño —Ministerio de Minas y Energía—, Yezid Fernando Alvarado Rincón —Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios—, Carlos Andrés Ortíz Martínez —Ministerio de Hacienda y Crédito Público— y Abraham Korman —Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Asocodis—, Ricardo Calvete Rangel —Universidad Católica de Colombia— quién aduce una inhibición parcial.

Cabe recordar que otros intervinientes, a pesar de solicitar la exequibilidad de la disposición acusada, indican que de la norma no se deriva el supuesto concluido por el actor; entre ellos Alfonso M. Rodríguez Guevara —Departamento Nacional de Planeación DNP—, Ricardo Calvete Rangel —Universidad Católica de Colombia— y Juan Pablo Guerrero Sánchez.

El fundamento para solicitar la inhibición radica principalmente en que la norma acusada no prevé el supuesto derivado por el actor, quién al parecer lo tomo de los decretos reglamentarios 3735 de 2003 y 850 de 2005, que desarrollan el precepto acusado.

El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 que contiene las normas que regulan el procedimientos correspondiente a los asuntos que se tramitan ante la Corte Constitucional, consagra los requisitos mínimos que debe contener toda demanda de inconstitucionalidad a fin de que se pueda tomar una decisión de fondo. Dentro de los requisitos establecidos por la citada norma, se prevé en el numeral 3º una carga para el actor consistente en indicar las razones por las cuales considera que los textos constitucionales se estiman violados por la norma acusada; es decir, le corresponde al actor exponer argumentos de inconstitucionalidad predicables de las normas acusadas, los cuales, según la jurisprudencia constitucional (1) , deben ser claros en cuanto exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se soporta; ciertos ya que la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente deducida por el actor, así, el ejercicio de la acción supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto, técnica de control que difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes que no han sido suministradas por el legislador para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden; específicos en la medida de establecer sí realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan, pertinentes lo que quiere decir que el reproche formulado debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado, por lo que son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción para resolver un problema particular como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico, tampoco prosperan las acusaciones que fundan el reparo en un análisis de conveniencia, calificándola de innecesaria o reiterativa a partir de una valoración parcial de sus efectos; y suficientes en cuanto implica una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y estas sean tan solo pedidas por el demandante. La suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte.

Carga mínima de argumentación que resulta indispensable para abordar un análisis de fondo sobre la inconstitucionalidad planteada, dado que (2) conforme al artículo 241 de la Constitución, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar las que efectivamente han sido demandadas por los ciudadanos. Cabe recordar que esta exigencia mínima no implicar caer en formalismos técnicos, ni en rigorismos procesales que la hagan inviable sino que más bien se trata de una condición formal y material que permite el uso adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana y que conllevan a permitir que el Tribunal Constitucional conozca las razones que motivaron la demanda de inconstitucionalidad a fin de hacer viable un fallo de fondo.

Debe tenerse en cuenta además, que cuando un ciudadano presenta una acción de inconstitucionalidad, el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda constituye apenas un estudio inicial del asunto, el que luego de concluidas las diferentes etapas del procedimiento, que implican la intervención ciudadana y el concepto del Procurador General de la Nación, será más completo y definido pues el juez constitucional ya dispone de mayores elementos de juicio para proferir la decisión que corresponda, momento en el cual podrá advertir falencias en la demanda que le impiden de todas maneras un pronunciamiento de fondo.

Cabe recordar, que el inciso final del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, dispone que deben rechazarse inicialmente las demandas que recaigan sobre normas amparadas por una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional o respecto de las cuales sea manifiestamente incompetente, sin embargo dichas decisiones también pueden adoptarse en la sentencia.

En consecuencia, la figura excepcional de la inhibición por incumplimiento de requisitos sustanciales de la demanda, resulta justificable cuando el juez constitucional una vez ha estudiado y valorado la demanda en su conjunto, es decir, teniendo en cuenta el desarrollo probatorio, las distintas intervenciones ciudadanas y el concepto del Procurador General de la Nación, se encuentra ante la imposibilidad de proferir un fallo de fondo. Es claro así que una situación es la valoración inicial de la demanda y otra bien distinta su valoración al momento de proferirse el fallo.

Así ya lo ha expuesto esta Corte (3) al señalar que la admisión de la demanda no obsta para que durante el trámite de la acción, atendiendo el estudio en detalle de los temas planteados, las pruebas aportadas y las intervenciones de las distintas autoridades públicas o privadas, la Corte encuentre que las razones de inconstitucionalidad no cumplen los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, y decida por ende inhibirse.

En igual sentido, lo había expuesto esta corporación (4) cuando indicó que si bien la Corte al momento de admitir la demanda en virtud del examen apriorístico que realiza en dicha etapa se consideró que cumplía con los requisitos exigidos por el Decreto 2067 de 1991, si al entrar a realizar el examen de fondo encuentra defectos insalvables en cuanto a la existencia de un verdadero cargo de inconstitucionalidad, deberá proceder a inhibirse.

Incluso la Corte (5) ha concluido que “como la demanda inicialmente no cumplía los requisitos, por ausencia de un cargo concreto de constitucionalidad, es necesario emitir un pronunciamiento inhibitorio, pues, aun cuando la intervención del propio actor y de otro ciudadano concretaron la acusación y sentaron las bases del debate constitucional, ello no puede subsanar las inconsistencias, so pena de afectar desproporcionadamente el debido proceso constitucional, el real y efectivo acceso a la justicia, la democracia participativa, y el ejercicio y control del poder político”.

Ahora bien, de manera particular esta corporación ha considerado, que cuando se formulan cargos por violación del derecho a la igualdad (6) , dado que el concepto de igualdad es relacional y por lo tanto el juicio de igualdad debe recaer sobre una pluralidad de elementos los cuales se denominan “términos de comparación”, resulta indispensable que la demanda de inconstitucionalidad señale al efecto con claridad los grupos involucrados objeto de comparación, el trato desigual introducido por la disposición acusada, y la razón por la cual se considera que no se justifica dicho tratamiento distinto.

Observada la norma acusada, artículo 64 de la Ley 812 de 2003, plan de desarrollo, se refiere a los esquemas diferenciales de prestación de los servicios públicos domiciliarios, y parte de dos supuestos esenciales: (i) de acuerdo con el principio de neutralidad, consagrado en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994, concede un término de seis (6) meses, a partir de la vigencia de la ley, a las comisiones de regulación para que desarrollen la regulación necesaria para incluir esquemas diferenciales de prestación del servicio en generación, distribución, comercialización, calidad, continuidad y atención del servicio en las zonas no interconectadas, territorios insulares, barrios subnormales, áreas rurales de menor desarrollo, y comunidades de difícil gestión. Añade que se podrán desarrollar esquemas de medición y facturación comunitaria, utilizar proyecciones de consumos de facturación, esquemas de pagos anticipados del servicio, y períodos flexibles de facturación; y, (ii) que el Gobierno Nacional, en un plazo de nueve (9) meses, a partir de la vigencia de la ley, definirá barrios subnormales, áreas rurales de menor desarrollo y comunidades de difícil gestión. Se consagra también que, cuando la situación del mercado lo haga recomendable, el gobierno podrá autorizar el uso de sistemas de pago anticipado o prepago de servicios públicos domiciliarios los cuales pueden incluir una disminución en el costo de comercialización, componente C, de la energía facturada a cada usuario. Agrega que las comisiones reguladoras procederán a reglamentar la materia en un plazo no superior a seis (6) meses, a partir de la vigencia de la ley.

Las razones que invoca el actor en este caso, para atacar por inconstitucionalidad la norma citada, consisten en que “... se está introduciendo un escenario o zonas donde no se aplica el orden jurídico normal, en donde no serán tratadas las personas al igual que las demás de la sociedad colombiana, sino que serán atendidas bajo formas distintas a como se trata a los demás y siendo el único factor para ello, la falta de dinero; A los más pobres, por no tener dinero, se les aplicará esquemas de pago anticipado, prepago, todos colectivos, lo que indica que no les será prestado los servicios públicos domiciliarios hasta tanto no paguen colectivamente; por mucho que una persona individual en la zona especial esté a paz y salvo, no recibirá el servicio, ya que necesita que los demás hayan pagado”. Indica que se violenta el artículo 1º que establece un Estado social de derecho, “... en vista que existen grupos humanos que habitan las denominadas zonas especiales de prestación del servicio que al medírseles su consumo de manera colectiva, lo mismo que al facturárseles de manera colectiva, dependerán que otros paguen o no, y recibirán entonces suspensiones del servicio así paguen; su suerte depende de otro; cuando las otras personas de la misma ciudad, las cuales en igual condición pagan el servicio, reciben una lectura individual de su servicio, y una facturación individual del mismo”.

Agrega el actor, que la norma citada vulnera el artículo 334 constitucional, por cuanto “... es obvio que si una persona que hasta hoy está pagando puntualmente, y habita en una zona que sea declarada como especial, a partir de esa declaración, su calidad de vida se reducirá, en vista que los servicios públicos que ella, por obligación la empresa y el Estado, tiene que recibir y esta debe prestar de forma permanente y continua, por ser su obligación de resultado, no los recibirá, sino cuando los demás paguen y perderá entonces un derecho constitucional, a lo cual el legislador ordinario no está facultado, esto solo le compete al constituyente”. También considera que se violenta la dignidad humana, por cuanto “... sin ningún fundamento se les quita la capacidad de celebrar contratos individuales, esto es, se les condena a la calidad de incapaz, solo por no tener dinero; a los que hasta hoy han pagado puntualmente sus facturas se los condena a no recibir servicio porque los vecinos de él no tienen, no pueden o no quieren pagar. Es una discriminación abusiva en vista que dejan desde ese momento de ser persona, con capacidad para celebrar contratos, y para acceder a recibir servicios públicos, en vista que será desde ese instante una contratación colectiva, esto es, con la zona o el representante de la zona”.

Es claro para la Corte, que del contenido literal del artículo acusado no se derivan los supuestos endilgados por el actor en su demanda, y más parece que apuntan a atacar el Decreto 3735 de 2003 que reglamenta el artículo acusado, que se menciona por el actor en la demanda y se adjunta con ella, aunque se aclare que no es este el objeto del ataque.

Conforme a lo anterior, se tiene que la demanda de inconstitucionalidad adolece de la falta de claridad, certeza y pertinencia en las razones de inconstitucionalidad expuestas. En efecto, el actor configura su cargo de inconstitucionalidad con fundamento en la interpretación que realiza de la preceptiva reglamentaria (D. 3735/2003) que desarrolla la disposición legal acusada.

Como se expuso inicialmente (7) , la demanda de inconstitucionalidad debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente sobre una deducida o implícita o sobre otras normas vigentes que no son el objeto concreto de la demanda o sobre las cuales la Corte carece de competencia.

Las proposiciones derivadas por el actor respecto de la disposición acusada, no se encuentran contenidas en ella, y por ende, del texto normativo demandado no se deducen, con lo que la demanda adolece del presupuesto de la certeza propio del concepto de la violación.

Tampoco se cumple con el presupuesto de la pertinencia predicable de las razones de inconstitucionalidad, en la medida que no resulta procedente invocar argumentos que se limitan a relacionar puntos de vista subjetivos como los que expone el actor en su demanda, propios de la aplicación de la norma.

Por lo anterior, esta Corte procederá a inhibirse sobre la acusación presentada contra el artículo 64 de la Ley 812 de 2003, por ineptitud sustancial de la demanda.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de proferir decisión de fondo sobre el artículo 64 de la Ley 812 de 2003, por ineptitud sustancial de la demanda.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-568 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(2) C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) C-913 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(4) C-176 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(5) C-1256 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

(6) Entre otras decisiones, sentencias C-176 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-913 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(7) C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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