Sentencia C-1083 de octubre 24 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1083 de 2005 

Referencia: expediente D-5686

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demandante: William López Leyton.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) de la Ley 901 de 2004.

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil cinco.

II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45.622 de 27 de julio de 2004, y se resalta lo acusado:

LEY 901 DE 2004 

“Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por la Ley 863 de 2003 y se modifican algunas de sus disposiciones (1) .

(...)

ART. 2º—Modifíquese y adiciónese al artículo 4º de la Ley 716 de 2001, el cual quedará así:

ART. 4º—Depuración de saldos contables. Las entidades públicas llevarán a cabo las gestiones necesarias que permitan depurar los valores contables que resulten de la actuación anterior, cuando corresponda a alguna de las siguientes condiciones:

a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u obligaciones ciertos para la entidad;

b) Derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible realizarlos mediante la jurisdicción coactiva;

c) Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso;

d) Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos a través de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o pago;

e) Cuando no haya sido legalmente posible imputarle a alguna persona el valor por la pérdida de los bienes o derechos;

f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso adelantar el proceso de que se trate;

g) Los inmuebles que carecen de título de propiedad idóneo y respecto de los cuales sea necesario llevar a cabo el proceso de titulación para incorporar o eliminar de la información contable, según corresponda.

PAR. 1º—Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, las entidades podrán contratar la realización del proceso de depuración contable con contadores públicos, firmas de contadores o con universidades que tengan facultad de contaduría pública debidamente reconocida por el Gobierno Nacional.

PAR. 2º—Los derechos y obligaciones de que trata el presente artículo, y cuya cuantía sea igual o inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, solo requerirán prueba sumaria para que sean depurados de los registros contables de las entidades públicas.

PAR. 3º—Las entidades estatales para relacionar las acreencias a su favor pendientes de pago deberán permanentemente en forma semestral, elaborar un boletín de deudores morosos, cuando el valor de las acreencias supere un plazo de seis (6) meses y una cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos legales vigentes. Este boletín deberá contener la identificación plena del deudor moroso, bien sea persona natural o jurídica, la identificación y monto del acto generador de la obligación, su fecha de vencimiento y el término de extinción de la misma.

Las personas que aparezcan relacionadas en este boletín no podrán celebrar contratos con el Estado, ni tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago.

El boletín será remitido al Contador General de la Nación durante los primeros diez (10) días calendario de los meses de junio y diciembre de cada anualidad fiscal. La Contaduría General de la Nación consolidará y posteriormente publicará en su página web el boletín de deudores morosos del Estado, los días 30 de julio y 30 de enero del año correspondiente.

La Contaduría General de la Nación expedirá los certificados de que trata el presente parágrafo a cualquier persona natural o jurídica que lo requiera. Para la expedición del certificado el interesado deberá pagar un derecho igual al tres por ciento (3%) del salario mínimo legal mensual vigente. Para efectos de celebrar contratos con el Estado o para tomar posesión del cargo será suficiente el pago de derechos del certificado e indicar bajo la gravedad del juramento, no encontrarse en situación de deudor moroso con el erario o haber suscrito acuerdos de pago vigentes.

La Contraloría General de la República y demás órganos de control fiscal verificarán el cumplimiento por parte de las entidades estatales de la presente obligación.

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia.

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra una disposición que forma parte de una ley.

Consideraciones preliminares. Cumplimiento del requisito de demanda en forma. Existencia de cosa juzgada constitucional respecto del cargo por violación de la reserva de ley estatutaria.

2. El interviniente en nombre de la Contaduría General de la Nación manifiesta que la Corte debe declararse inhibida para tomar decisión de fondo porque el demandante: señaló que impugna el artículo 4º de la Ley 901 de 2004, el cual en opinión del primero no existe; no formula cargos explícitos; acusa todo el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004 sin indicar los apartes del mismo a los que se refiere específicamente la acusación, y puede tener un interés personal en la presentación de la demanda.

A este respecto se observa que efectivamente el demandante indicó como objeto de la demanda el artículo 4º de la Ley 901 de 2004, pero es claro que transcribió el contenido del artículo 2º de la misma ley, por lo cual resulta evidente que se trata de un error irrelevante para efectos del estudio de aquella por parte de esta corporación.

De otro lado, la Corte considera que aunque los cargos formulados, uno de forma y dos de fondo, no son amplios, los mismos son explícitos y suficientes en relación con la finalidad de la acción de inconstitucionalidad, que tiene carácter público, de modo que esta corporación no podría exigir en el presente caso un mayor desarrollo argumentativo, con mayor razón si se tiene en cuenta que en caso de duda sobre la debida formulación de los cargos debe aplicarse el principio pro actione, esto es, la admisión de la acción en vez de su rechazo.

Así mismo, los cargos formulados se refieren a todo el contenido del parágrafo 3º, artículo 2º, de la Ley 901 de 2004, pues el demandante consideró que dicho texto en su totalidad vulnera los preceptos constitucionales indicados en la demanda, lo cual no es lógicamente susceptible de reproche. Cabe advertir, sin embargo, que la Corte al efectuar su estudio deberá establecer si la impugnación es predicable de todo el texto indicado o solo de una parte del mismo, para delimitar el alcance de su decisión.

También, debe señalarse que el examen de constitucionalidad exige la confrontación entre el contenido abstracto de la norma legal demandada y el de las disposiciones superiores, lo cual implica necesariamente la existencia de un interés general en la instauración de la demanda, cuando el control de constitucionalidad tiene lugar en virtud del ejercicio de la acción pública. Sin embargo, ello no excluye que en forma adicional o accesoria el demandante tenga un interés particular en la declaración de inexequibilidad de la norma legal, lo cual lógicamente no puede impedir dicho ejercicio.

3. Por otra parte, mediante la Sentencia C-877 de 2005 (2) la Corte Constitucional declaró exequible el aparte normativo demandado en esta oportunidad, respecto del cargo por violación de la reserva de ley estatutaria, que es uno de los formulados en la demanda que se examina, por lo cual existe cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 superior.

Por las razones anteriores procede el estudio de los cargos formulados por la presunta violación del derecho al debido proceso, en particular del derecho de defensa, y del derecho a la igualdad.

Problema jurídico planteado.

4. Corresponde a la Corte determinar si el aparte normativo demandado quebranta el derecho al debido proceso, en particular el derecho de defensa, y el derecho a la igualdad, al disponer, de un lado, que las entidades estatales deberán elaborar semestralmente un boletín de deudores morosos y enviarlo al Contador General de la Nación para su consolidación y publicación y, de otro, que las personas que aparezcan relacionadas en él no podrán celebrar contratos con el Estado ni tomar posesión de cargos públicos hasta cuando demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago.

Para tal efecto la Corte hará unas consideraciones sobre el derecho a la igualdad y sobre el derecho al debido proceso y a continuación analizará los cargos formulados.

Derecho a la igualdad.

5. El punto de partida del análisis del derecho fundamental a la igualdad es la fórmula clásica, de inspiración aristotélica, según la cual “hay que tratar igual a lo igual y desigual a lo desigual” (3) .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política, todas las personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Agrega la misma norma que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

El precepto de igualdad es reiterado en algunas normas superiores en relación con materias específicas, tales como las confesiones religiosas e iglesias (art. 19), los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica (art. 42), la relación de género, masculino y femenino (art. 43) y las oportunidades para los trabajadores (art. 53).

En el plano internacional dicho principio es consagrado en tratados ratificados por Colombia, como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito en 1966 (arts. 2º y 3º), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica) suscrita en 1969 (art. 24), aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

De tal mandato se deduce que la regla general es la igualdad entre las personas o grupos de personas y que solo por excepción puede dárseles un trato desigual, por lo cual cuando la ley o la autoridad política les dispensan un trato igual no tienen carga alguna de argumentación y, por el contrario, cuando les otorgan un trato desigual deben justificar su decisión en forma objetiva y razonable; de no existir tal justificación, el trato desigual será constitucionalmente ilegítimo o inválido y configurará una discriminación negativa.

La Corte Constitucional ha señalado en múltiples ocasiones que la justificación de un trato desigual por parte del legislador requiere la concurrencia de los siguientes elementos (4) :

i) La existencia de disposiciones o efectos jurídicos desiguales.

ii) La existencia de un fin u objetivo del trato desigual, que debe ser válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales,

iii) Que el medio previsto en la norma legal :

— no esté jurídicamente prohibido y sea en cambio permitido por el ordenamiento superior.

— sea también válido a la luz de los valores, principios y derechos constitucionales.

— sea adecuado o idóneo para la consecución del fin u objetivo.

— sea necesario, es decir, que no existan otros medios que no sacrifiquen los valores, principios o derechos constitucionales o que los sacrifiquen en menor medida.

— sea proporcional en sentido estricto, o sea, que sus beneficios sean superiores a la afectación de los valores, principios o derechos constitucionales.

Derecho al debido proceso

6. El artículo 29 de la Constitución establece que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” y regula en forma básica este derecho, el cual tiene carácter fundamental, lo que significa que es inherente a toda persona, incluyendo, por la naturaleza y fines del mismo, a las personas jurídicas, y es de aplicación inmediata conforme a lo estatuido en el artículo 85 ibídem.

Dicho derecho, en su modalidad judicial, está estrechamente vinculado al derecho de acceso a la administración de justicia, o derecho a la jurisdicción, que contempla el artículo 229 superior y que consiste en la facultad de acudir a la administración de justicia por parte del Estado para la resolución de los conflictos particulares o para la defensa del ordenamiento jurídico. Dicha vinculación se explica por ser el proceso y, en particular, la sentencia que ordinariamente le pone fin, el medio para la concreción del derecho a la jurisdicción.

En forma general, como principales elementos integrantes del derecho al debido proceso judicial pueden indicarse:

i) El derecho al juez natural, es decir, al juez legalmente competente para adelantar el trámite y adoptar la decisión de fondo respectiva, con carácter definitivo; dicho juez debe ser funcionalmente independiente e imparcial y por ello solo está sometido al imperio de la ley (C. Pol., arts. 228 y 230)

ii) El derecho a ser juzgado con la plenitud de las formas propias de cada juicio.

iii) El derecho a la defensa, que consiste en la facultad de pedir y allegar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, formular peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten.

El ejercicio de este derecho tiene como presupuesto indispensable la publicidad del proceso, mediante las citaciones para obtener comparecencia, los traslados de actos procesales de las partes o de los auxiliares de la justicia, y las notificaciones, comunicaciones y publicaciones de las decisiones adoptadas.

iv) El derecho a obtener decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los principios de legalidad de la función pública y de independencia funcional del juez, con prevalencia del derecho sustancial (C. Pol., arts. 6º, 121, 123, 228 y 230)

v) El derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas.

Acerca de este derecho la Corte ha expresado:

“El derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 29 de la Carta Política, comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que el debido proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las autoridades estatales (5)(6) .

En otra ocasión señaló:

“El debido proceso se instituye en la Carta Política de 1991 como un derecho de rango fundamental de aplicación inmediata (arts. 29 y 85) que rige para toda clase de actuaciones, sean estas judiciales o administrativas, sometiéndolas a los procedimientos y requisitos legal y reglamentariamente establecidos, para que los sujetos de derecho puedan tramitar los asuntos sometidos a decisión de las distintas autoridades, con protección de sus derechos y libertades públicas, y mediante el otorgamiento de medios idóneos y oportunidades de defensa necesarios, de manera que garanticen la legalidad y certeza jurídica en las resoluciones que allí se adopten.

“De esa forma, se asegura la prevalencia de las garantías sustantivas y procesales requeridas, la imparcialidad del juzgador y la observancia de las reglas predeterminadas en la ley a fin de esclarecer los hechos investigados, así como la práctica, contradicción y valoración de las pruebas recaudadas y allegadas y la definición de los responsables y sus respectivas sanciones (7)(8) .

A nivel internacional el derecho al debido proceso está consagrado, entre otros instrumentos, en la Declaración universal de derechos humanos (arts. 10 y 11), el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (arts. 14 y 15), aprobado mediante la Ley 74 de 1968, y la Convención americana sobre derechos humanos (arts. 8º y 9º), aprobada mediante la Ley 16 de 1972.

Examen de los cargos formulados

Inexequibilidad parcial del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004

7. De conformidad con el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, que subrogó al artículo 4º de la Ley 716 de 2001, sobre depuración de saldos contables :

i) Las entidades estatales deberán permanentemente en forma semestral elaborar un boletín de deudores morosos, cuando el valor de las acreencias supere un plazo de 6 meses y una cuantía de 5 salarios mínimos legales vigentes.

ii) El boletín deberá contener la identificación plena del deudor moroso, la identificación y monto del acto generador de la obligación, su fecha de vencimiento y el término de extinción de la misma.

iii) Los deudores morosos relacionados en el boletín no podrán celebrar contratos con el Estado ni tomar posesión de cargos públicos hasta cuando demuestren la cancelación total de las obligaciones o la vigencia de un acuerdo de pago.

iv) El boletín será remitido al Contador General de la Nación, en el término allí indicado, quien deberá consolidarlo y publicarlo en la página web de la entidad en las fechas también señaladas.

v) La Contaduría General de la Nación expedirá certificados sobre el contenido del boletín a cualquier persona natural o jurídica que lo requiera, el valor de los cuales se señala en un 3% del salario mínimo legal mensual vigente.

vi) La Contraloría General de la República y demás órganos de control fiscal verificarán el cumplimiento de la mencionada obligación por parte de las entidades estatales.

8. El demandante considera que el contenido antes indicado de la expresión acusada infringe el derecho al debido proceso, en particular el derecho de defensa, de las personas relacionadas en el boletín de deudores morosos, pues este constituye un medio de coacción para obtener el pago de las obligaciones, que evita a las entidades públicas acreedoras tener que acudir al proceso ejecutivo previsto en las normas legales. Así mismo plantea que dicho segmento quebranta el derecho a la igualdad, en cuanto discrimina negativamente a tales personas, respecto de la celebración de contratos con el Estado y el acceso a cargos públicos.

9. El cargo por violación del derecho a la igualdad está referido a la posibilidad de celebrar contratos con las entidades estatales y de tomar posesión de cargos públicos, es decir, al derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, consagrado en el artículo 40 de la Constitución, y en particular, al derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (num. 7 de dicho artículo), los cuales constituyen una expresión muy destacada de la democracia participativa establecida en el Estado colombiano (C. Pol., preámbulo y art. 1º), para cuyo efecto este último tiene como uno de sus fines esenciales facilitar la participación de todos en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (C. Pol, art. 2º).

En lo concerniente a la celebración de contratos con el Estado, debe tenerse en cuenta que los contratistas son colaboradores del mismo en la consecución de sus fines, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, por la que se expidió el estatuto general de contratación de la administración pública, en virtud del cual “los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

“Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”.

Por ser el mencionado derecho de carácter fundamental, todas las personas son titulares del mismo, en las condiciones establecidas en la ley, en una situación de igualdad.

El boletín de deudores morosos del Estado establecido en el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004 tiene como finalidad lograr el saneamiento de la información contable de las entidades del Estado y, más allá, de los recursos patrimoniales de este, lo cual es sin duda constitucionalmente legítimo, en cuanto favorece el recaudo de los recursos económicos que requiere el Estado para el cumplimiento de sus fines (C. Pol., art. 2º) y procura la efectividad del deber de la persona y del ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del mismo dentro de conceptos de justicia y equidad (C. Pol., art. 95, num. 9).

Dicho parágrafo contiene en el inciso 2º una prohibición en el sentido de que las personas relacionadas en el boletín de deudores morosos del Estado no podrán celebrar contratos con este ni tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago, precepto que complementa el inciso 4º del mismo parágrafo al disponer que la Contaduría General de la Nación expedirá certificados sobre el contenido del mencionado boletín a cualquier persona natural o jurídica que los requiera y al señalar la cuantía del pago de los mismos con referencia al salario mínimo legal mensual vigente.

Dicha prohibición es contraria al principio de igualdad establecido en el artículo 13 superior, por desconocer el requisito de proporcionalidad en sentido estricto que han señalado la doctrina constitucional y la jurisprudencia de esta corporación, ya que el beneficio que se obtiene con ella, esto es, la obtención del pago de los créditos a favor de las entidades estatales y el saneamiento de su información contable y de sus finanzas, es muy inferior a la afectación del derecho fundamental de acceso a los cargos públicos consagrado en el artículo 40 de la Constitución, del que son titulares los deudores relacionados en el boletín, de suerte que se genera una ostensible desproporción, de mayor significado si se tiene en cuenta que por los graves problemas económicos y sociales del país son muchos los deudores que resultan convertidos en víctimas de tal medida por circunstancias ajenas a su voluntad.

En este sentido cabe señalar numerosos ejemplos, entre ellos los casos de las personas a quienes se ha impuesto una multa de tránsito que no pueden cancelar en el plazo de seis (6) meses que prevé el aparte normativo demandado, o de las personas que han obtenido la prestación de servicios de salud para sí mismas o para sus familiares en hospitales públicos y no pueden efectuar su pago en el mismo término, las cuales, por efecto de lo dispuesto en los incisos 2º y 4º de dicho segmento, resultan privadas del ejercicio del citado derecho fundamental sin justificación válida a la luz de la Constitución.

Adicionalmente, la indicada medida prohibitiva no es necesaria para obtener el pago de las obligaciones a favor de las entidades del Estado, puesto que éstas pueden hacer uso del proceso ejecutivo regulado en la ley, tanto por la vía de la llamada jurisdicción coactiva, en las materias en que aquella la contempla, como por la vía jurisdiccional propiamente dicha, sin afectar los derechos fundamentales de los deudores.

En consecuencia, el trato desigual otorgado por los incisos 2º y 4º del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004 a los deudores morosos del Estado no tiene una justificación objetiva y razonable y configura así una discriminación negativa de los mismos, contraria al principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 40 ibídem sobre el derecho fundamental de acceso a los cargos públicos. Por ello, la Corte los declarará inexequibles.

En cambio, los incisos 1º, 3º y 5º del mismo parágrafo serán declarados exequibles respecto del cargo por violación del principio de igualdad.

10. Por otra parte, en lo concerniente a estos últimos incisos y respecto del cargo por supuesta violación del derecho al debido proceso, en particular del derecho de defensa, de las personas relacionadas en el boletín de deudores morosos del Estado, es oportuno recordar que los mismos disponen: i) el deber de las entidades estatales de elaborar semestralmente dicho boletín, con el contenido allí indicado (inc. 1º); ii) el deber de las mismas entidades de remitir el boletín al Contador General de la Nación para su consolidación y su publicación por parte de este funcionario (inc. 3º), y iii) la asignación de la función de control del cumplimiento de los mencionados deberes, a la Contraloría General de la República y demás órganos de control fiscal.

A este respecto la Corte observa que al excluirse del ordenamiento jurídico la prohibición, a los deudores morosos de las entidades estatales relacionados en el boletín, de celebrar contratos con el Estado y de tomar posesión de cargos públicos, en virtud de la declaración de inexequibilidad de los citados incisos 2º y 4º del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004, la alegada violación del derecho al debido proceso no se configura, pues ya no existe la posibilidad de que aquellos sufran esas gravosas consecuencias y, por ende, resulta irrelevante el ejercicio del derecho de defensa. Por tanto, declarará exequibles los incisos 1º, 3º y 5º del parágrafo demandado en relación con este cargo.

11. Debe señalarse finalmente que la situación derivada del boletín de deudores morosos del Estado, de que trata la expresión acusada, es distinta de la derivada del boletín de responsables fiscales regulado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías (9) , ya que en este último caso el boletín contiene “los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él”, lo cual significa que, por una parte, se ha adelantado un proceso administrativo en el que la persona ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, y, por otra parte, la declaración de responsabilidad se fundamenta en malos manejos de bienes públicos. En cambio, en el caso del boletín de deudores morosos del Estado no ocurre ni lo uno ni lo otro.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

R E S U E L V E:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-877 de 2005, que declaró exequible el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004 por el cargo de violación de la reserva de ley estatutaria.

2. DECLARAR INEXEQUIBLES los incisos 2º y 4º del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004.

3. DECLARAR EXEQUIBLES, por los cargos examinados en la presente sentencia, los incisos 1º, 3º y 5º del parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 901 de 2004.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

(1) En virtud de la Ley 716 de 2001 se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público y se dictan disposiciones en materia tributaria y otras disposiciones.

Así mismo, en virtud de la Ley 863 de 2003 se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas.

(2) M.P. Jaime Córdoba Triviño; Salvamento de Voto de Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra.

(3) Aristóteles, Política III 9 (1280a): “Por ejemplo, parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser justa, y lo es en efecto, pero no para todos, sino para los desiguales”.

(4) Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-576 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-230 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.

(5) Sentencia T-416 de 1998, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(6) Sentencia C-383 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(7) Ver las sentencias C-053 de 1993, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo y C-259 de 1995, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.

(8) Sentencia C- 540 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(9) El artículo 60 de la Ley 610 de 2000 fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-877 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, por el cargo de violación de la reserva de ley estatutaria; Salvamento de Voto de Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán Sierra.

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