Sentencia C-1106 de octubre 24 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA C-1106 DE 2001 

Ref.: Expediente D-3502

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Montealegre Lynett

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso tercero del artículo 34 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

Actores: Carlos Fernando Muñoz Castrillón y Omar Augusto Moncada Montoya.

Temas:

Complemento de la jornada diurna en horario nocturno, protección especial al trabajo y principio de igualdad.

Bogotá, D.C, octubre veinticuatro de dos mil uno.

EXTRACTOS: «II. Del texto objeto de revisión

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación el Diario Oficial 35.043 del 27 de junio de 1978, y se resalta lo demandado:

“DECRETO LEY 1042 DE 1978

(...).

ART. 34.—De jornada ordinaria nocturna. Se entiende por jornada ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las 6.00 p.m. y las 6:00 a.m. del día siguiente.

Sin perjuicio de lo que disponga normas especiales para quienes trabajan por el sistema de turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna tendrán derecho a percibir un recargo del treinta y cinco por ciento sobre el valor de la asignación mensual.

No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6.00 completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia.

1. Conforme al artículo 241 ordinal 5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 34 del Decreto-Ley 1042 de 1978, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace parte de un decreto expedido en desarrollo de facultades extraordinarias.

Un problema procesal previo: ¿es inepta la demanda?

2. Según el Ministerio Público y uno de los intervinientes, en el presente caso la Corte debería inhibirse de conocer de fondo de la constitucionalidad, de la disposición acusada, pues la demanda es inepta, en la medida en que no formula un cargo de constitucionalidad contra la norma impugnada. Así, el interviniente argumenta que la acusación es excesivamente gaseosa. Por su parte, la vista fiscal considera que en realidad los cargos no están dirigidos contra lo preceptuado por la disposición impugnada, puesto que el ataque de los actores se dirige contra el sistema de turnos, mientras que el artículo 34 del Decreto-Ley 1042 de 1978 no se refiere a ese tipo de jornada laboral.

Comienza la Corte por examinar si efectivamente procede o no un pronunciamiento inhibitorio.

3. En reiteradas ocasiones, esta corporación ha precisado que aunque la acción de inconstitucionalidad sea pública, y por ende no esté sometida a rigorismos procesales especiales, sin embargo los demandantes tienen unas cargas mínimas que cumplir para que la Corte pueda pronunciarse de fondo. En particular, corresponde a los actores precisar con claridad la disposición acusada y formular una acusación susceptible de ser debatida “mediante el trámite propio del control constitucional abstracto, lo cual implica que el demandante debe formular un cargo concreto, de naturaleza constitucional, contra una norma legal” (1) . Y esta Corte ha precisado que el actor no cumple ese requisito “si se limita a efectuar una formulación vaga, abstracta y global de los motivos de inconstitucionalidad, sin acusar específicamente la disposición, pues su omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad” (2) . La procuraduría y el Ministerio Público aciertan entonces en señalar que si los demandantes formularon cargos gaseosos y vagos, o realmente su ataque no se dirige contra la disposición acusada, entonces la sentencia de la Corte debe ser inhibitoria, pues no corresponde a esta corporación “revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública sólo puede adelantarse cuando efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal” (3) .

(1) Sentencia C-447 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento 3.

(2) Ibídem.

(3) Ibídem.

A pesar de lo anterior, la Corte considera que en el presente caso, la decisión debe ser de fondo, pues los demandantes formulan un cargo concreto de constitucionalidad, ya que consideran que la disposición acusada vulnera la especial protección al trabajo y la igualdad (C.P., arts. 13, 25 y 53), en la medida en que autoriza, según su interpretación, que un funcionario labore en jornada nocturna sin recibir el correspondiente recargo salarial a que tiene derecho. Además, aunque los actores utilizan el ejemplo de los sistemas de turnos para cuestionar la disposición, no es cierto que su ataque se dirija contra ese tipo de jornada laboral sino contra el hecho de que esa norma considere como jornada diurna una hora de trabajo realizada por un trabajador después de las seis de la noche, lo cual corresponde parcialmente al sentido del inciso acusado. Es cierto que, como se verá posteriormente, la interpretación de los actores de ese precepto legal es parcialmente equivocada, pero no se puede decir que su ataque no esté dirigido, al menos en parte, contra el contenido normativo del inciso demandado. La Corte concluye entonces que hubo demanda en debida forma y procede entonces un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del inciso tercero del artículo 34 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

El asunto bajo revisión.

4. Según los actores, la disposición acusada desconoce la protección constitucional al trabajo y atenta contra el orden justo, en la medida en que permite que un empleado público labore horas nocturnas sin recibir el recargo salarial a que debería tener derecho. Por el contrario, los intervinientes y la vista fiscal consideran que la norma impugnada no vulnera los derechos de esos empleados, pues se limita a permitir que una persona que usualmente labora en jornada diurna, pueda completar excepcionalmente su jornada trabajando una hora nocturna, y que en tal evento, esa hora sea considerada diurna, lo cual es, según su criterio, razonable. Por ello, estos intervinientes consideran que los demandantes interpretan en forma equivocada el alcance de la disposición acusada, al creer que ésta se aplica al sistema de turnos, cuando en realidad ella regula una hipótesis diferente.

El problema constitucional que plantea la presente demanda es si desconoce la especial protección al trabajo el hecho de que el inciso acusado establezca que no cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6.00 completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo. Ahora bien, en la medida en que existe una interpretación distinta entre los actores y los intervinientes sobre el sentido de ese mandato, la Corte comenzará por determinar su alcance. Así, es cierto que, tal y como esta corporación lo ha reiterado en varias oportunidades, en principio no corresponde al tribunal constitucional determinar cuál es el sentido autorizado de las normas legales pues la Constitución consagra una separación entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria, y confiere autonomía funcional a los jueces para interpretar las disposiciones legales (C.P., arts. 230, 234 y 239). Sin embargo un ”proceso de control de constitucionalidad implica siempre un juicio relacional que busca determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales. Este juicio no es entonces posible si no se establece previamente el significado de la norma legal, por lo cual ningún tribunal constitucional puede entonces eludir la interpretación de las normas legales, lo cual provoca una constante interrelación de los asuntos legales y constitucionales” (4) . Entra entonces la Corte a determinar el alcance de la expresión impugnada.

(4) Sobre este punto, ver entre otras, las sentencias C-371 de 1994, C-496 de 1994, fundamento jurídico 3 y C-389 de 1996, fundamento 2.

El sentido de la disposición acusada.

5. El inciso acusado hace parte del artículo 34 del Decreto 1042 de 1978, que regula la jornada nocturna ordinaria de los empleados públicos y establece que ésta empieza a las 6 p.m. y se prolonga hasta las 6 a.m. Esa misma disposición precisa que, “sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales para quienes trabajen por el sistema de turnos”, aquellos empleados que laboren ordinaria o permanentemente en esa jornada tienen derecho a un recargo de 35% en su remuneración. En tal contexto, el inciso acusado estipula que no cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6 p.m. esto es, en horas nocturnas, “completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo” (negrillas no originales). Los actores argumentan entonces que en virtud de ese inciso, si una persona empieza su jornada a las 11 de la mañana y termina a las siete de la noche, entonces habrá trabajado una hora nocturna, que empero no tendrá el correspondiente recargo. Por el contrario, otros intervinientes y el Ministerio Público consideran que esa interpretación es equivocada, pues ese inciso no se refiere a esa hipótesis sino a aquellos casos en que un empleado no logra cumplir integralmente con su jornada diurna usual, por ejemplo porque obtuvo un permiso, y trabaja entonces una hora nocturna para complementar su jornada diurna.

6. La Corte considera que un análisis integral del inciso permite concluir que la interpretación adecuada es aquella de los intervinientes, como se verá a continuación.

Así, desde el punto de vista literal, el artículo regula la “jornada ordinaria nocturna” y establece el recargo salarial para quienes “ordinaria o permanentemente deban trabajar en jornada nocturna”. Por su parte, el inciso acusado se refiere a aquellos funcionarios que “completan su jornada diurna”. Estos enunciados muestran entonces que el inciso se refiere a un empleado que usualmente se desempeña en una jornada diurna, pero que, por cualquier razón, no logra cumplir integralmente su jornada de trabajo, y debe entonces completarla durante una hora nocturna. Ese inciso no regula entonces el caso de aquellos empleados que tienen un horario que comienza en el día pero que de manera usual y permanente termina en horas nocturnas, pues en ese evento no se habla de una “jornada diurna” sino de una “jornada mixta”, tal y como lo señala el artículo 35 del mismo Decreto 1042 de 1978. Según ese último precepto, es mixta aquella jornada de quien desempeña labores en “forma ordinaria o permanente” durante “horas diurnas y nocturnas”, caso en el cual las horas nocturnas “se remunerarán con el recargo del treinta y cinco por ciento, pero podrá compensarse con tiempos de descanso”. Igualmente es claro que tampoco esa disposición se refiere al sistema de turnos, que es regulado por normas especiales. Finalmente, tampoco el inciso acusado regula la eventualidad de las horas extras diurnas o nocturnas, pues, ellas ocurren cuando el empleado ya ha completado su jornada pero, por razones de servicio, debe “realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor”, tal y como claramente lo establecen los artículos 36 y 37 del mismo Decreto 1042 de 1978.

Conforme a lo anterior, la Corte concluye que la interpretación de los actores de la disposición impugnada es parcialmente equivocada, pues confunde figuras diversas: el complemento de una jornada ordinaria de trabajo diurna no terminada, que es lo que regula el inciso, con el sistema de turnos, las jornadas mixtas o la prestación de horas extras diurnas o nocturnas. Así precisado el sentido del inciso acusado, entra la Corte a estudiar su constitucionalidad.

Complemento de la jornada diurna en horario nocturno, protección especial al trabajo y principio de igualdad.

7. El análisis precedente del sentido del inciso acusado es suficiente para mostrar la improcedencia de los dos cargos del actor sobre una eventual violación a la especial protección al trabajo y a la igualdad.

En primer término, esa disposición, lejos de vulnerar la especial protección al trabajo (C.P., art. 25), la desarrolla, en la medida en que permite que los empleados puedan obtener permisos para actividades que requieren llevar a cabo, pudiendo retornar el tiempo de labor que deben en horas distintas a las propias de la jornada ordinaria de trabajo, e incluso en una hora nocturna. Esa flexibilidad facilita entonces que la administración pueda conceder esos permisos, pues los responsables de las instituciones saben que una hora de trabajo nocturno, en esos casos, no implica ninguna erogación suplementaria para la entidad respectiva. Y no se puede decir que la falta de pago del recargo salarial nocturno sea en esas condiciones una injusticia o una violación a la igualdad pues, insiste la Corte, no se trata ni de una hora extra, ni de una jornada mixta, sino del complemento de una jornada de trabajo diurna, que por diversas razones, el empleado no había podido cumplir integralmente. Y finalmente, con el fin de amparar el derecho al descanso y proteger al trabajador, la propia disposición establece un límite a esa posibilidad, pues únicamente autoriza que una hora de trabajo nocturna pueda ser considerada diurna para efectos de complementar la respectiva jornada de trabajo.

8. De otro lado, la Corte considera que tampoco existe violación a la igualdad por el hecho de que esa disposición se aplique a los empleados públicos y no a los trabajadores oficiales ni a los empleados en el sector privado. Así, es cierto que en ciertos casos es posible realizar un juicio de igualdad entre las condiciones de trabajo de los empleados públicos y aquella de los trabajadores privados y oficiales pues, a pesar de las diferencias de status jurídico, todos ellos desempeñan labores personales y dependientes, y su quehacer goza de especial protección, ya que la Carta ampara el trabajo en todas sus modalidades (C.P., art. 25). Sin embargo, el hecho de que en ciertos aspectos, sus situaciones puedan llegar a ser comparables, no debe llegar tampoco a negar las diferencias que existen entre unos y otros, por el hecho, acertadamente destacado por varios de los intervinientes y por la vista fiscal, de que la situación y el salario del empleado público no proviene de una negociación, ya que es fijada por la ley y el reglamento, mientras que aquella de los trabajadores privados y oficiales proviene de un contrato de trabajo, libremente fijado por la partes, dentro del marco de la ley. En esas condiciones, la Corte coincide con los intervinientes que en este punto, la regulación legal de este preciso aspecto, no tiene que ser idéntica para los empleados públicos que para los trabajadores oficiales o privados.

9. La Corte concluye entonces que los cargos de los demandantes carecen de sustento y se fundan en una inadecuada interpretación del inciso acusado. Esta corporación no encuentra tampoco ninguna otra razón de inconstitucionalidad que pueda afectar esa disposición, por lo cual ella será declarada exequible.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 34 del Decreto-Ley 1042 de 1978.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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