Sentencia C-1108 de agosto 24 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-1108 DE 2000

REF.: Expediente D-2817

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz.

Acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 552 de 1999, “por la cual se deroga el título I de la parte quinta de la Ley 466 de 1998”.

Actor:

Manuel Alberto Restrepo Medina

Santafé de Bogotá, D.C., agosto veinticuatro de dos mil.

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda contra la Ley 552 de 1999, según lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Carta Política, en concordancia con el Decreto 2067 de 1991.

2. Fundamentos de la demanda

Debe determinar la Corte, si como lo señala el actor en su demanda, en la tramitación del Proyecto de Ley 112/99 —Senado 167/99 —Cámara, hoy Ley 552 de 1999 que derogó el servicio legal popular, se cometieron vicios de procedimiento en su formación que ocasionarían su inconstitucionalidad, por cuanto se desconocieron, según el libelista, algunas normas consagradas en el reglamento del Congreso, y en especial en lo que atañe al procedimiento legislativo seguido en primer debate en la Cámara de Representantes, por no citarse a algunos congresistas que conforman dicha célula, a la discusión y aprobación en primera vuelta de dicho proyecto de ley. Así mismo deberá estudiarse el otro cargo señalado por el demandante en su libelo y que se refiere a la ausencia de ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, previamente a su aprobación en segunda vuelta.

3. Caducidad de la acción

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 242 de la Constitución Política, las acciones por vicio de forma caducan en el término de un (1) año, contado a partir de la publicación del respectivo acto.

En el caso bajo examen se tiene que la Ley 552 de 1999 se publicó el 31 de diciembre de 1999 en el Diario Oficial 43.839 de la misma fecha, y la demanda se presentó el 25 de enero del 2000, es decir, antes de vencerse el término fijado por el constituyente para el ejercicio de la acción correspondiente. No había caducado, pues, la acción cuando se presentó la demanda.

4. El trámite en el Congreso de la Ley 552 de 1999

A continuación se indicará cual fue el trámite dado en el Congreso a la norma cuestionada, haciéndose énfasis en las etapas constitucionales y legales que el demandante cuestiona.

4.1. El proyecto de ley para derogar el servicio legal popular fue presentado por el Senador Juan Martín Caicedo Ferrer y publicado en la Gaceta del Congreso 329 del 24 de septiembre de 1999.

4.2. Como ponente para primer debate fue escogido el Senador José Renán Trujillo García, cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 373 del 13 de octubre de 1999.

4.3. El proyecto de ley fue aprobado en primer debate en el Senado el día 20 de octubre de 1999 por unanimidad de la respectiva comisión salvo el impedimento solicitado por el Senador Carlos Holguin Sardi para votar el respectivo proyecto, tal como consta en las gacetas del Congreso 397 del miércoles 27 de octubre de 1999 y 052 de 2000, respectivamente.

4.4. Como ponente para segundo debate en el Senado, actuó el mismo congresista atrás referido, cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 397 del 27 de octubre de 1999.

4.5. Mediante certificación que reposa en el expediente a folios 92 y 93 el secretario general del Senado informa que el proyecto de Ley 112 de 1999 fue aprobado en segundo debate el día 3 de noviembre de 1999, por los 89 senadores que asistieron a dicha sesión, lo cual consta también en la Gaceta del Congreso 424 del 10 de noviembre de 1999.

Con fundamento en el anterior recuento, observa la Sala, que el Proyecto de Ley 112/99 Senado, 167/99 Cámara, fue tramitado en el Senado sin irregularidad constitucional o legal alguna, por cuanto se siguieron las directrices establecidas en los artículos 157 y 161 del ordenamiento superior, para la elaboración de cualquier proyecto de ley, es decir se contó con las respectivas ponencias antes de su discusión, entre el debate en primera vuelta y en segunda, hubo el tiempo de los ocho días establecidos en la Constitución Política, razón por La cual no hay vulneración alguna en cuanto a su tramitación en esa célula legislativa.

Ahora observemos lo que pasó en la Cámara de Representantes.

4.6. Como ponentes para primer debate. En la Cámara de Representantes fueron designados los representantes Jesús Ignacio García Valencia, William Dario Sicachá Gutiérrez y Mario Rincón Pérez, siendo publicadas sus respectivas ponencias en las Gacetas del Congreso 516 del 6 de diciembre de 1999, 522 del 7 de diciembre de 1999 y 542 del 13 de diciembre de 1999. No obstante lo anterior, aparecen en el expediente copias de las ponencias de sus respectivos ponentes recibidas en la Comisión I Constitucional de la Cámara de Representantes con —fechas del 1º y 6 de diciembre de 1999 (fls. 63-70; 71-771), siendo aprobadas las mismas con una votación de 14 votos favor y 5 en contra, según certificación del secretario de la Comisión Primera Constitucional obrante a folio 215.

Sin embargo, la etapa legislativa atrás comentada es cuestionada por el demandante, pues considera que la misma se desarrolló con irregularidades, ya que se desconocieron según su parecer los artículos 83 y 84 de la Ley 5ª del reglamento del Congreso, por cuanto a la sesión del 7 de diciembre de 1999 de la Comisión I Constitucional en la cual se debatió y aprobó el Proyecto de Ley 167 Cámara, hoy Ley 552 de 1999 no fueron citados algunos representantes que conforman dicha comisión. Considera la Corte que no le asiste razón al actor sobre ese cargo de forma, pues si bien es cierto obran en el expediente comunicaciones dirigidas por algunos representantes a su colega Germán Navas Talero en el sentido que no fueron citados el 7 de diciembre de 1999 para la sesión de la Comisión I Constitucional de la Cámara de Representantes (fls. 16, 18 y 19), en la cual se discutió y aprobó el proyecto de ley sobre derogación del servicio legal popular, también es cierto que algunos representantes le respondieron al congresista Germán Navas Talero que sí fueron citados a la reunión de la Comisión I Constitucional (fls. 15, 17). Además observa la Corte que, según certificación del secretario de la comisión en referencia, la reunión para estudiar en primer debate el proyecto de ley de la Cámara de Representantes fue citada para el día 7 de diciembre de 1999, a las 10 de la mañana (1) , lo que sucedió fue que el día 6 de diciembre de 1999, sesionaron conjuntamente las comisiones I de ambas Cámaras y se acordó seguir con el debate el día 7 de diciembre a la misma hora establecida para sesionar la Comisión I de la Cámara, pero al aplazarse para horas de la tarde la sesión conjunta de las comisiones I, la presidenta de la comisión I de la Cámara decidió convocar entonces a sesión a los representantes de dicha comisión para las 11 de la mañana (2) , lo cual es perfectamente viable legal y constitucionalmente. En efecto, señala el artículo 83 de la Ley 5ª de 1992: “día, hora y duración: todos los días de la semana, durante el período de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras legislativas y sus comisiones, de acuerdo con el horario que señalan las respectivas mesas directivas". En ese orden de ideas, recuerda la Corte que el artículo 82 ibídem establece que “los respectivos presidentes de las cámaras y sus comisiones permanentes publicaron el orden del día de cada sesión para darle cumplimiento será suficiente disponer su fijación en un espacio visible de la correspondiente secretaría” (Subraya la Sala), por consiguiente no es acertado el cargo formulado por el libelista en el sentido de que hubo una sesión irregular de la Comisión I de la Cámara de Representes en la cual se debatió y aprobó en primer debate la Ley 552 de 1999, por la cual se derogó el servicio legal popular; basta agregar en ese sentido que la Corte acoge el concepto del procurador en el sentido que “de conformidad con la Constitución y la ley corresponde a los congresistas estar al tanto de las sesiones que se desarrollen en el seno de las corporaciones legislativas, cuando éstas efectúen dentro de los horarios habilitados por la ley para ese efecto”, lo cual es obvio y natural pues esa es una de las obligaciones inherentes a todo parlamentario, y es una forma de responder a la confianza depositada en ellos por los electores, que suponen que sus representantes políticos velan por sus intereses en toda actividad legislativa.

(1) El magistrado sustanciador por medio de auto de fecha 17 de mayo de 2000 solicitó al secretario de la comisión I constitucional de la Cámara de Representantes, le informara si el Proyecto de Ley 112 de 1999 Senado 167 de 1999 Cámara, hoy Ley 552 de 1999, estaba incluido en el orden del día del 7 de diciembre de 1999 para su estudio, obteniendo como respuesta una aseveración positiva en ese sentido; además se certificó que dicho orden del día fue notificado a los representantes de dicha célula legislativa el día 3 de diciembre de 1999.

(2) Según se desprende de la respuesta enviada por el representante Antonio Navarro Wolf al congresista Germán Navas Talero frente a la inquietud formulada por éste último sobre el conocimiento de la sesión efectuada el 7 de diciembre de 1999 de la comisión I constitucional de la Cámara de Representantes (fl. 15).

4.7. Una vez surtido el trámite en primer debate en la Cámara, pasó a segunda vuelta en plenaria, designándose como ponentes a los representantes Jesús Ignacio García Valencia, William Darío Sicachá, Luis Fernando Velasco, Roberto Camacho, Mario Rincón Pérez y Germán Navas Talero, apareciendo publicada la respectiva ponencia en la Gaceta del Congreso 556 del 15 de diciembre de 1999, siendo discutida y aprobada la misma el día 16 de diciembre de 1999 con una votación de 135 votos afirmativos y 5 impedimentos, según constancia del secretario general de la Cámara de Representantes, visible a folio 216 del expediente.

La anterior etapa legislativa también es cuestionada por el demandante por cuanto estima que se conculcaron las normas establecidas en el artículo 157 de la Constitución Política que señala que ningún proyecto será ley sin haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate, y arriba esa conclusión el libelista por cuanto en el orden del día del 16 de diciembre de 1999, de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes se incluyó el Proyecto de Ley 167 de 1999 Cámara — 112 de 1999— Senado, hoy Ley 552 de 1999 manifestándose en dicho documento que la publicación de la ponencia para segundo debate se hizo en la Gaceta Nº 537 de 1999, lo cual es ajeno a la realidad pues en la misma sólo obra el texto del proyecto aprobado en la Comisión I el día 7 de diciembre de 1999, desconociéndose de esa forma también lo preceptuado en los artículos 165, 174 y 175 de la Ley 5ª de 1992 que se refiere a! trámite de todo proyecto de ley en segundo debate, circunstancia ésta que hace inconstitucional la ley acusada por vicios de forma en su elaboración. Al respecto considera la Corte que aparentemente le asiste razón al actor, pues efectivamente hay incongruencia en lo establecido por el orden del día de la plenaria de fecha 16 de diciembre de 1999, pues allí se manifiesta en el numeral 4º que el Proyecto de Ley 167/99 Cámara 112/99 Senado por el cual se deroga al servicio popular tiene publicada la ponencia para segundo debate en la Gaceta del Congreso Nº 537 de 1999, lo cual no es cierto, pues en la misma sólo aparece publicado el texto aprobado en Comisión I de la Cámara de Representantes. No obstante lo anterior, observa la Corte que la ponencia para segundo debate fue publicada en la Gaceta del Congreso 556 del 15 de diciembre de 1999, y en el expediente también reposan copias de la ponencia para segundo debate entregado por los respectivos ponentes a la secretaría de la Comisión I de la Cámara de Representantes con fecha del 14 de diciembre de 1999 (fl. 54), lo cual es válido a la luz del ordenamiento jurídico; en efecto, establece el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992 en ese sentido “presentación y publicación de la ponencia el informe será presentado por escrito, en original y dos copias del secretario de la comisión permanente, Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes. Sin embargo y para agilizar el trámite del proyecto de ley, el presidente podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico para distribuirlo entre los miembros de la comisión, ello, sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso"; como se observa entonces, el debate surtido en la plenaria de la Cámara de Representantes al Proyecto de Ley 112/99 Senado, 167/99 Cámara, hoy Ley 552 de 1999 se aviene a la Constitución y a la ley, pues se cumplió el requisito que echa de menos el demandante, esto es, haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva (C.P., art. 157 y L. 5ª/92, art. 147-reglamento del Congreso).

Por consiguiente y recapitulando sobre el trámite legislativo, se tiene que el Proyecto de Ley 112/99 Senado — 169/99 Cámara, surtió todo el proceso constitucional y legal para convertirse en ley de la República (552/99); es decir, se dieron los cuatro debates en ambas Cámaras que establece la Constitución Política, y entre el primero y el segundo debate hubo el término de ocho días establecido en el artículo 160 superior, por cuanto el proyecto fue aprobado en Comisión I del Senado el 20 de octubre de 1999 y en plenaria el dos de noviembre de 1999, transcurriendo el término de 15 días para pasar estudio a la otra célula legislativa, tal como lo consagra la norma constitucional en referencia. En efecto, la discusión del proyecto de ley en primera vuelta en la Cámara de Representantes se dio el 7 de diciembre de 1999, y medió el plazo de 8 días para su respectiva aprobación en segundo debate, esto es el 16 de diciembre de 1999, obteniendo finalmente la sanción presidencial el día 30 de diciembre de 1999, con lo cual se cumplieron cada una de las etapas de todo proceso legislativo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE la Ley 552 de 1999, pero únicamente en lo que respecta al vicio formal analizado en esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase».

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