Sentencia C-1109 de agosto 24 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

CUIDADO PERSONAL DEL DEMENTE

PERSONAS A QUIENES SE LES PUEDE ENCARGAR

EXTRACTOS: «El siguiente es el texto de la norma demandada, que hace parte del Libro Primero del Código Civil, para mayor claridad se subraya lo demandado.

“Título XXVIII

Reglas especiales relativas a la curaduría del demente.

ART. 552.—Si se nombraren dos o más curadores al demente, podrá confiársele el cuidado inmediato de la persona a uno de ellos, dejando a los otros la administración de los bienes.

El cuidado inmediato de la persona del demente no se encomendará a persona alguna que sea llamada a heredarle a no ser su padre o madre, o su cónyuge”.

2. El problema jurídico planteado.

Corresponde a esa corporación determinar si el inciso segundo del artículo 552 del Código Civil, en cuanto dispone que “El cuidado inmediato de la persona del demente no se encomendará a persona alguna que sea llamada a heredarle a no ser su padre o madre, o su cónyuge”, quebranta los artículos 13 y 83 de la Constitución Política, pues, al decir del actor, se discrimina a algunos ascendientes, a los descendientes y a los colaterales de quien adolece de demencia, porque se los excluye de su guarda y cuidado, mientras que, a su juicio, sin justificación, se permite confiar esta labor a sus padres y a su cónyuge. Así mismo deberá considerarse si esta exclusión desconoce el postulado de la buena fe, porque el actor estima que se aparta de la asistencia del incapaz a quienes tienen derecho a sucederle, bajo la presunción de que éstos podrían atentar contra su vida.

(...)

A la Corte, contrario a lo afirmado por el ciudadano coadyuvante, le resulta claro que el inciso segundo del artículo 552 del Código Civil y el artículo 519 del mismo ordenamiento, son disposiciones diferentes puesto que, aunque una y otra excluyen del cuidado de la persona física del incapaz a quienes tendrían derecho de sucederle, exceptuando a sus padres y a su cónyuge, empero, el artículo 519 del estatuto civil instruye con respecto a la residencia y el cuidado de la persona misma del menor, mientras que el inciso segundo del artículo 552 ibídem lo hace con relación al cuidado de la persona del demente, diferencia que excluye, de suyo, una pretendida integración normativa por identidad, porque de declararse inconstitucionalidad únicamente la norma demandada, manteniendo, por ende, en el ordenamiento jurídico el artículo 519 del Código Civil —no demandado— la decisión cumpliría, plenamente, con su propósito de guardar la Constitución Política.

Igualmente, la Corte considera que no resulta procedente integrar a la decisión que deberá adoptarse, las otras disposiciones relacionadas por el ciudadano coadyuvante que no fueron demandadas, porque los artículos 524 a 530 del Código Civil regulan la “Curaduría del Menor”, el artículo 550 del mismo ordenamiento lo hace respecto de la “curaduría" legítima del sometido a guarda por causa de demencia y el artículo 558 ibídem se aplica cuando el sometido a interdicción adolece de sordomudez; mientras que el inciso segundo del artículo 552, en estudio, instruye con respecto a la designación de la persona a la cual puede confiarse el cuidado personal de quien carece de salud mental. No obstante y aunque las anteriores diferencias resultan evidentes, se deberá enfatizar en la distinción que el ordenamiento civil hace entre la guarda del demente y el cuidado físico de su persona, con el objeto de dar claridad respecto de la diferencia que debe hacerse entre la designación de quien habrá de guardarlo —art. 550 C.C.— y la elección de aquel a quien se puede encomendar su cuidado —art. 552 C.C.— (3) .

(3) Desde el Derecho Romano se ha distinguido la guarda destinada a completar la capacidad jurídica del incapaz —auctoritas— y a administrar sus bienes —gestio—, del cuidado personal del incapaz. En efecto, los romanistas sostienen que la ley de las Doce tablas confió el cuidado personal del menor a su pariente más cercano, sin someterlo para el efecto a las prescripciones previstas para los guardadores y afirman que más tarde, debido a algunas experiencias negativas, se consideró prudente que el cuidado de la persona del incapaz no se encomendara a quienes estaban llamados por ley a sucederle, confiando su designación al pretor quien para cumplir su misión debía consultar a los parientes más cercanos del incapaz. Se afirma que, en contraste, la guarda fue un figura entendida, hasta el derecho justinianeo, como de oportunidad para el guardador, razón por la cual no consultó los intereses del sometido a ella. —Consultar Claro Solar Luis, “Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado". Tomo Cuarto. Editorial Jurídica de Chile. 1992, páginas 148 a 160—.

• Tanto la guarda como el cuidado personal son instituciones diseñadas para proteger a quienes no pueden valerse por sí mismos —arts. 264 y 428 C.C.—.

• La guarda puede ser general —arts. 430 y 432 C.C.—, de bienes —art. 433 C.C.—, adjunta —art. 434 C.C.— o especial —arts. 169 y 435 C.C.—. Es general cuando comprende la representación de la personalidad jurídica del incapaz y la administración de sus bienes —art. 428 C.C.—.

• El cuidado personal comprende las facultades relativas a la asistencia física de quien no puede valerse ni decidir por sí mismo, su crianza, educación, orientación, formación, disciplina y rehabilitación —arts. 253, 517, 518, 520 y 546 C.C.—.

• El guardador general es el representante legal y además quien administra los bienes del sometido a guarda, emperro por este simple hecho no es el encargado de su cuidado personal, porque no sustituye a los padres del incapaz, como tampoco a la persona designada especialmente para ello — arts. 517 y 546 C.C.—.

• El incapaz puede no estar sometido a guarda, emperro, siempre debe tener una persona encargada de su cuidado personal —art. 13 C.P., arts. 3º y 6º C.M.—.

• En caso de ausencia temporal o definitiva de los padres el juez encomendará el cuidado personal del incapaz a un pariente; en subsidio esta labor la realizará el guardador y, en último caso, será ejercida por la persona o institución que el Estado determine —arts. 430, 517 y 546 C.C., arts 3º y 6º C.M.—.

• El guardador general puede ser designado por los padres del incapaz mediante acto testamentario —art. 443 C.C.— empero, si el otro padre viviese y el incapaz estuviere sometido a patria potestad, dicha designación no surtiría efecto —art. 573 C.C.—; en subsidio de la designación testamentaria, corresponde al juez conferir en primer término la guarda del incapaz al cónyuge y a sus parientes —art. 443 C.C.— y, en subsidio de los anteriores, la asignará libremente, salvo la preferencia establecida a favor del curador adjunto, en el evento de que esta guarda se hubiere dado —arts. 443, 460, 461 y 462 C.C.—.

El cuidado personal del hijo es un derecho de los padres que la ley reconoce —art. 253 C.C.—, por esto, sólo en caso de ausencia o inhabilidad declarada de los mismos el juez podrá confiar su cuidado personal a otra persona o personas competentes —art. 254 C.C.—.

• En la designación del guardador legítimo del interdicto por causa de demencia se preferirá al cónyuge y en subsidio de éste el juez elegirá libremente entre los parientes relacionados en el artículo 550 del C.C.

• El cuidado personal del incapaz, en ausencia de los padres, se debe encomendar, en primer lugar a sus ascendientes —art. 254 C.C.—.

• La guarda del interdicto por causa de demencia se puede confiar a las personas llamadas a sucederle, porque la ley no las excluye, sino que por el contrario, relaciona como posibles guardadores del incapaz a sus ascendientes, descendientes y colaterales —art. 550 C.C.—.

• El cuidado personal del interdicto por causa de demencia no se puede encomendar a quienes si muriese habrían de sucederle, excepto sus padres y su cónyuge —art. 552 C.C.—.

Por consiguiente, la corporación no hará pronunciamiento alguno respecto de los interrogantes del ciudadano coadyuvante, como tampoco en relación con las dificultades de interpretación advertidas por éste y corroboradas por la vista fiscal porque, además de que estas inquietudes se refieren a disposiciones no demandadas y que la integración de éstas a la decisión —como quedó dicho— no procede; los supuestos interpretativos no son cargos precisos de inconstitucionalidad —art. 2º número 3º Decreto 2067 de 1991— circunstancia que constituye una razón más para que la pretendida unidad normativa no proceda y para que esta corporación se limite al estudio y posterior decisión del inciso segundo del artículo 552 del Código Civil

4. Examen de los cargos.

De conformidad con lo expuesto, la Corte deberá decidir si el inciso segundo del artículo 552 del Código Civil, en cuanto dispone que el cuidado personal de la persona del demente no se encomendará a persona alguna llamada a sucederle, a no ser a sus padres o a su cónyuge, quebranta los artículos 13 y 83 de la Constitución Política, por cuanto, al decir del actor, discrimina a los otros ascendientes, a los descendientes y a los colaterales a la vez que presume que los llamados a heredar al alienado mental, pueden atentar contra su vida.

3.1. Antes de estudiar si le asiste razón al actor, se considera pertinente reafirmar que debe distinguirse entre la guarda del incapaz y el cuidado de su persona, porque además de que el ordenamiento civil los diferencia —como quedó explicado— la Constitución Política confía a los padres la asistencia de los hijos impedidos sin detenerse en la regulación de la guarda de los mismos —art. 42. inc. 5º C.P.—; así mismo, deberá recordarse que el ordenamiento superior reconoce entre los cónyuges un vínculo jurídico permanente que implica la convivencia —art. 42 inc. 2º— e impone el respeto por la unidad de familia, ya sea constituida por el matrimonio como por la voluntad libre y responsable de conformarla —art. 42 incs. 1º y 3º—; de tal suerte que, mientras el cónyuge, el compañero permanente o los padres subsistan corresponde a éstos el cuidado personal de quien adolece de demencia, sin que para el efecto tenga alguna importancia que el incapaz esté sometido o no a guarda.

Por lo anterior la situación planteada por la disposición en estudio, es decir la necesidad de encomendar el cuidado del ser físico de quien carece de salud mental, únicamente se presentaría, en subsidio de los padres y, además, en ausencia de la persona a quienes los padres —art. 520 C.C.— o el juez hubiere encomendado su cuidado —art. 254 C.C.—, porque sólo ante la carencia del cuidado que deben prodigar a las personas impedidas aquellos a quienes el ordenamiento constitucional confía su humanidad, en forma directa, integral y sin exclusiones —art. 42 inc. 5º C.P.—, correspondería encomendarla al guardador. Lo anterior sin perjuicio de que este último deba velar por que los encargados de la gestión cumplan a cabalidad con sus obligaciones —art. 518 C.C.— y de que haya de proveer a los mismos de los recursos que la crianza, educación y, en especial, la rehabilitación del incapaz, requieran —art. 520 C.C.—.

3.2. Corresponde determinar si la diferencia de trato que establece la disposición en estudio, entre las distintas personas llamadas por ley a suceder a quien carece de salud mental, con el propósito de encomendar el cuidado de su persona tiene justificación, porque de no estar justificada tal diferenciación, tendría que declararse inconstitucional la norma que así lo dispone, por quebrantar el artículo 13 de la Constitución Política.

De conformidad con lo expuesto en el punto anterior la Corte observa, que el inciso segundo del artículo 552 del Código Civil dispone que en el caso de tener que encomendar el cuidado de la persona física del alienado, se aparte de esta labor a aquellas personas llamadas a heredarlo, sin que por esta misma circunstancia deba excluirse de la asistencia del incapaz a sus padres, como tampoco a su cónyuge o compañero permanente, como quedó dicho.

No obstante, aunque se advierte que entre las personas con vocación a suceder a quien adolece de demencia, la norma en estudio establece una distinción, ésta no es discriminatoria, porque esta diferencia de trato la impone el inciso quinto del artículo 42 de la Constitución Política al disponer que los padres deben velar por sus hijos impedidos y al imponer —inciso tercero ibídem—, que los integrantes de la pareja tienen entre sí deberes y derechos recíprocos que la ley debe acrecentar, no mitigar, con miras a conservar la unidad familiar, sin que para que los padres ejerzan su deber y para que los cónyuges o compañeros permanentes hagan respetar su derecho a la convivencia, tenga transcendencia la vocación hereditaria asignada a los mismos por el ordenamiento civil.

Por consiguiente, la Corte considera que el cargo formulado contra la disposición en estudio por desconocer el principio de igualdad no procede. Por el contrario, resultaría inconstitucional por violación de este principio instruir a quien deba encomendar el cuidado físico de la persona que carece de salud mental, para que se proporcione igual trato al cónyuge o compañero permanente, a los padres, a los otros ascendientes, a descendientes y a colaterales, que por disposición legal habrían de sucederle, puesto que de ser así se desconocería que la Constitución Política reconoce la existencia de un vínculo jurídico de afecto permanente entre el hombre y la mujer que conforman una familia, sin distingo de la situación física o mental por la que atraviese alguno de ellos y se negaría que el ordenamiento superior reconoce a los padres el derecho y el deber de velar por sus hijos impedidos.

3.3. Ahora bien, con respecto del cargo formulado en la demanda contra el inciso segundo del artículo 552 del Código Civil por quebrantar el artículo 83 de la Constitución Política, de conformidad con el cual las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la Corte considera pertinente resaltar que el hecho de que el ordenamiento constitucional, con miras a que las relaciones entre los particulares, como también las que surgen entre éstos y las autoridades públicas se desenvuelvan en un clima de mutua confianza, hubiese dispuesto que la buena fe se presume, no da cabida para que se entienda que del ordenamiento jurídico deban desaparecer las disposiciones protectoras de los débiles. Si así fuera la Constitución Política no hubiese impuesto al Estado la especial protección de quienes se encuentren en estado de debilidad —art. 13 C.P.—, o lo que es lo mismo, siguiendo los planteamientos de la demanda, la buena fe resultaría suficiente para colocar a los que adolecen de demencia en condición de igualdad con aquellos que tienen pleno control mental de su persona y de sus actos, lo cual, a todas luces, resulta inaceptable frente al texto constitucional que ordena su protección, sin perjuicio de presumir la buena fe de sus allegados.

En consecuencia, la Corte encuentra ajustada a la Constitución Política la disposición en estudio en cuanto da instrucciones para que, en caso de tener que encomendar el cuidado de quien carece de salud mental, no recaiga la designación en determinadas personas. Además, se considera razonable que se aparte del cuidado físico de quien no puede defenderse por sí mismo, a aquellos que aunque llamados a heredarlo no alcanzaron la confianza de los padres para ser designados como guardadores testamentarios, que tampoco fueron elegidos por el juez para proveer la guarda legítima y que no fueron considerados idóneos para ejercer la guarda dativa del incapaz, porque de haber reunido las calidades necesarias, estarían ejerciendo el cargo de guardador y podrían eventualmente asistir directamente a la persona del interdicto o controlar a quienes se hubiere confiado su cuidado.

3.4. En armonía con lo expuesto, la Corte considera que el inciso segundo del artículo 552 del Código Civil no contradice sino que, por el contrario, aplica fielmente los artículos 13 y 83 de la Constitución Política —en el entendido de que lo que se dice del cónyuge comprende al compañero permanente—. Lo anterior por cuanto, siguiendo al ordenamiento constitucional que confía a los progenitores el cuidado de sus hijos impedidos y que proscribe toda forma que rompa con la unidad y la armonía de la familia, no permite que se excluya a los padres, al cónyuge, como tampoco al compañero permanente, del cuidado de quien adolece de demencia, por el simple hecho de tener derecho de sucederle e impide que esta labor se confíe a aquellos que si muriese habrían de sucederlo. Porque esta restricción da plena aplicación al principio de igualdad de conformidad con el cual resultan constitucionales todas aquellas medidas destinadas a proteger a quienes por su especial condición de debilidad física o mental están en incapacidad de defenderse por sí mismos, aunque, en apariencia, la medida pueda calificarse como extrema; porque extremas tienen que ser las prevenciones cuando la situación de la persona así lo demanda.

De otra parte, para la Corte resulta necesario destacar que las disposiciones destinadas a castigar —penal y civilmente— a los responsables de violar los derechos de los débiles, en especial de su integridad física, así éstas fueren severas, deben necesariamente estar acompañadas de medidas que prevengan estos comportamientos, porque es la protección efectiva de la persona del discapacitado mental lo que ordena la Constitución Política en el artículo 13, no la simple sanción de los responsables de comportamientos contrarios a su integridad física y moral; por esto el postulado de la buena fe no excluye las prevenciones que el ordenamiento jurídico desarrolle para impedir la violación de sus derechos, como tampoco lo hace en relación con las disposiciones que castigan a quienes abusan de ellos, especialmente cuando lo hacen en el ejercicio de responsabilidades directas respecto de su persona o de sus bienes, ya sean encomendadas por el Estallo o reconocidas por éste.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 552 del Código Civil en relación con los cargos formulados por desconocer los artículos 13 y 83 de la Constitución Política, en el entendido de que lo dicho en la disposición respecto del cónyuge comprende al compañero permanente.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-1109 de agosto 24 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis).

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