Sentencia C-1113 de octubre 24 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

SENTENCIA NÚMERO C-1113 DE 2001

Ref.: Expediente D-3515

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 73 (parcial) de la Ley 50 de 1990

Actor: Antonio Eduardo Bohórquez Collazos

Bogotá, D.C., veinticuatro de octubre de dos mil uno.

EXTRACTOS:

II. Normas demandadas

Se transcribe a continuación el texto de la disposición acusada, con la advertencia que se subraya lo demandado:

“LEY 50 DE 1990

Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.

ART. 73.—Se denomina usuario, a toda persona natural o jurídica que contrate los servicios de las empresas de servicios temporales”.

...VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

De acuerdo con el numeral del artículo 241-4 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para resolver la demanda de la referencia toda vez que las normas acusadas hacen parte de una ley de la República.

2. Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda.

Tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, el propósito de los juicios de inconstitucionalidad a que se someten las normas del ordenamiento jurídico es el de resolver si el texto de las mismas se encuentra acorde o en desacuerdo con las previsiones de la Carta Fundamental. Por esta vía se pretende conservar y garantizar el principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 4º de la Carta Política.

Así entonces, a fin de garantizar la resolución efectiva de un juicio de inconstitucionalidad —cuando el mismo se adelanta con ocasión de la interposición de una acción política (C.P., art. 40-6)—, la ley (D. 2067/91) y la técnica procesal imponen la necesidad de que el demandante establezca con precisión y claridad, cuál en la norma que considera opuesta al ordenamiento constitucional, cuáles son las normas del Estatuto Superior que considera quebrantadas por la disposición impugnada, y cuáles son las razones de constitucionalidad que lo llevan a considerar que existe dicha oposición de contenido entre las normas superiores y las de jerarquía legal.

En relación con el cargo, es necesario advertir que la lógica racional de este proceso exige que los argumentos sobre los cuales aquél se estructura emerjan directamente del texto del artículo o artículos demandados; en otros términos, es necesario que los cargos de la demanda se prediquen del texto acusado o le sean atribuibles al mismo, de modo que se establezca un puente argumentativo a través del cual, el cotejo entre la norma legal y la Constitución sea posible.

La exigencia de una correspondencia lógica y jurídica entre el reproche planteado en la demanda y la norma de la cual dice desprenderse, se impone al demandante como garantía para la efectiva resolución de la acción, pues sólo en cuanto el cargo se derive efectivamente de la norma acusada es posible que el juez constitucional se pronuncie sobre la concordancia o falta de acuerdo entre las normas comparadas.

En el evento en que dicha coherencia lógica no se guarde a lo que los reproches de inconstitucionalidad formulados por el demandante no se deriven de la norma atacada, sino de otra disposición no demandada, el juicio de inconstitucionalidad que se solicita se hace imposible y, en consecuencia, el juez constitucional debe inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo acerca de la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición acusada.

Sobre este particular la Corte Constitucional ha dicho:

“Cuando el ciudadano pone en movimiento el control constitucional por la vía de la acción, se le impone la carga procesal de señalar las normas constitucionales violadas y también el concepto de su violación. Esto último comporta la obligación de determinar con toda claridad de qué modo las normas acusadas contradicen o vulneran los preceptos de la Constitución, con el fin de destruir la presunción de constitucionalidad, sin perjuicio de que la Corte pueda extender el análisis de constitucionalidad, frente a normas no invocadas expresamente en la demanda. Pero lo que no puede ser admitido es que bajo una interpretación que haga el demandante del contexto de un cuerpo normativo se puedan deducir, por vía indirecta, presuntas violaciones de la Constitución, por la manera en que el legislador reguló una determinada materia”. (C-236/97 M.P. Antonio Barrera Carbonell).

Y en otra oportunidad, la Corte sostuvo:

“Así, a la hora de adelantar el respectivo juicio de inexequibilidad, el juez constitucional está en la obligación de verificar que la presunta violación a la Carta provenga directamente y en abstracto de la norma acusada, más no de fuentes accesorias o diferentes a ésta. Admitir lo contrario, conduciría al absurdo de pensar que la permanencia de un precepto legal en el ordenamiento jurídico no depende del reproche que se endilgue a su propio texto, sino de la legitimidad de otros mandatos de igual o inferior categoría, e incluso de la voluntad de las autoridades a quienes les compete reglamentar y aplicar la ley.

Sobre la base de estos razonamientos, la Corte, en muchas de sus decisiones, se ha abstenido de proferir sentencia de fondo ante la imposibilidad de enjuiciar textos normativos respecto de los cuales no se imputa ningún reproche directo. Tal es el caso de aquellas demandas que se fundamentan en supuestos jurídicos regulados por la normatividad diferente a la impugnada, o que pretenden atacar el desarrollo de la ley o su indebida aplicación por parte del operador jurídico”. (Sent. C-986/96)

3. La norma sub examine.

El aparte que en esta oportunidad se demanda es la expresión o jurídica” contenida en el artículo 73 de la Ley 50 de 1990.

Como se pretende demostrar en el siguiente análisis, a juicio de esta Corte, los cargos que el demandante formula contra la expresión “o jurídica” no son atribuibles al contenido normativo de la misma, pero tampoco al contenido normativo de la totalidad del artículo 73.

Esta corporación estima que en el reproche del demandante van implícitas consecuencias jurídicas no previstas en la norma. Las acusaciones de la demanda no se derivan de manera lógica ni jurídica del texto de la disposición acusada pues aquellos tienen por sustento, elementos y variables que exceden el ámbito normativo del artículo 73 de la Ley 50 de 1990.

En efecto, el propósito de la norma en la cual se inserta la expresión adecuada es, exclusivamente, el de definir a quién se considera usuario de los contratos celebrados con empresas prestadoras de servicios temporales. Advierte la disposición que “usuario” es toda persona natural “o jurídica” que contrata con una empresa de este tipo. La finalidad del artículo es, entonces, la de definir. Su contenido es simple: no regula elemento adicional al de la definición precedentemente expuesta y no contiene referencia alguna a las consecuencias jurídicas, laborales, civiles o comerciales, que pudieran derivarse de tal definición.

No obstante, excediendo los contornos regulativos de la expresión acusada, el demandante sostiene que por virtud de la misma, los trabajadores de las empresas de servicios temporales que laboran en misión ante personas jurídicas de derecho público, como los municipios, los distritos y los departamentos, se erigen transitoriamente en servidores públicos, con lo cual no quedan sometidos al reglamento de la entidad territorial respectiva, pero también quedan exentos, en su calidad de tales, del sometimiento a la potestad nominadora de gobernadores y alcaldes municipales.

Como resulta evidente, el cargo formulado por el impugnante desborda el propósito meramente definitorio de la norma y le atribuye a esta una consecuencia jurídica ajena a su redacción, que tienen que ver con el régimen jurídico laboral aplicable a este particular tipo de empleados. El demandante supone que la expresión “o jurídica”, del artículo 73 convierte en “servidores públicos transitorios” a los empleados de las empresas de servicios temporales que laboran en las entidades territoriales, cuando lo cierto es que tal deducción no podría derivarse de ninguno de los elementos que integran la norma acusada.

De esa hipótesis, erradamente extraída de la frase que se acusa, el demandante deriva los argumentos subsiguientes. Según estos, en cuanto los trabajadores en misión ostentan el rango de “servidores públicos transitorios”, la norma excluye a dichos “servidores públicos” de cumplir el reglamento de la entidad territorial; que los “cargos públicos” ocupados por dichos “servidores públicos transitorios” no tienen funciones detalladas en la ley o el reglamento, con lo cual se vulnera lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta Política, y que en la misma medida, no es el gobernador o el alcalde el que ejerce la potestad nominadora respecto de estos “servidores públicos transitorios”, sino el gerente de la empresa de servicios temporales a la cual se encuentran vinculados, vulnerándose con ello los artículos 305 y 315 de la Carta.

Es claro entonces, después de todo lo dicho, que la norma sub examine no contiene regla alguna de la cual pudiera deducirse que los empleados en misión de las empresas de servicios temporales, actuantes ante entidades estatales, se convierten, por este servicio, en “servidores públicos transitorios”; pero también es claro que si dicha norma existiera, tal sería la preceptiva que debió haber demandado el actor, no el artículo 73 de la Ley 50 de 1990.

De lo anterior se deduce que la demanda no cumple con el requisito de explicar la coherencia lógica o de la correspondencia jurídica que existe entre la norma y los reproches que contra ella se formulan. Esto imposibilita un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

ÚNICO. Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la expresión “o jurídica” contenida en el artículo 73 de la Ley 50 de 1990.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

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