SENTENCIA C-1115 DE NOVIEMBRE 9 DE 2004

 

Sentencia C-1115 de noviembre 9 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1115 de 2004 

Ref.: Expediente D-5163

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demandantes: Luz Angélica Chamorro Unigarro, Ingrid Paola Sedano.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 y 12 parciales de la Ley 610 de 2000, “por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”.

Bogotá, D.C., nueve de noviembre de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Texto de las normas acusadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.133 de 18 de agosto de 2000, destacando y resaltando los apartes demandados.

“LEY 610 DE 2000

(Agosto 15)

Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

“(...)”.

“ART. 10.—Policía judicial. Los servidores de las contralorías que realicen funciones de investigación o de indagación, o que estén comisionados para la práctica de pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal, tienen el carácter de autoridad de policía judicial.

Para este efecto, además de las funciones previstas en el Código de Procedimiento Penal, tendrán las siguientes:

1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se requieran por hechos relacionados contra los intereses patrimoniales del Estado.

2. Coordinar sus actuaciones con las de la Fiscalía General de la Nación.

3. Solicitar información a entidades oficiales o particulares en procura de datos que interesen para solicitar la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal o para las indagaciones o investigaciones en trámite, inclusive para lograr la identificación de bienes de las personas comprometidas en los hechos generadores de daño patrimonial al Estado, sin que al respecto les sea oponible reserva alguna.

4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante las autoridades judiciales, para que se tomen las medidas cautelares correspondientes, sin necesidad de prestar caución.

PAR.—En ejercicio de sus funciones, los servidores de los organismos de control fiscal a que se refiere este artículo podrán exigir la colaboración gratuita de las autoridades de todo orden”.

“(...)”.

“ART. 12.—Medidas cautelares. En cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal se podrán decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio público, por un monto suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario, sin que el funcionario que las ordene tenga que prestar caución. Este último responderá por los perjuicios que se causen en el evento de haber obrado con temeridad o mala fe.

Las medidas cautelares decretadas se extenderán y tendrán vigencia hasta la culminación del proceso de cobro coactivo, en el evento de emitirse fallo con responsabilidad fiscal.

Se ordenará el desembargo de bienes cuando habiendo sido decretada la medida cautelar se profiera auto de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal, caso en el cual la contraloría procederá a ordenarlo en la misma providencia. También se podrá solicitar el desembargo al órgano fiscalizador, en cualquier momento del proceso o cuando el acto que estableció la responsabilidad se encuentre demandado ante el tribunal competente, siempre que exista previa constitución de garantía real, bancaria o expedida por una compañía de seguros, suficiente para amparar el pago del presunto detrimento y aprobada por quien decretó la medida.

PAR.—Cuando se hubieren decretado medidas cautelares dentro del proceso de jurisdicción coactiva y el deudor demuestre que se ha admitido demanda y que esta se encuentra pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aquellas no podrán ser levantadas hasta tanto no se preste garantía bancaria o de compañía de seguros, por el valor adeudado más los intereses moratorios”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra varias disposiciones que forman parte de una ley de la República, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Constitución Política.

2. Cuestión previa: planteamiento sobre una posible ineptitud sustancial de la demanda.

Conforme se advirtió en el acápite de antecedentes, algunos de los intervinientes y el Ministerio Público solicitan a la Corte que se declare total o parcialmente inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, por cuanto la demanda no cumple con los requisitos mínimos de procedibilidad, en particular, con aquel que exige estructurar en debida forma verdaderos cargos de inconstitucionalidad contra las preceptivas acusadas.

En esta dirección, la representante de la Auditoría General de la Nación sostiene, como cuestión previa, que todos los cargos de la demanda carecen de sustentación lógica, en tanto se limitan a plantear criterios subjetivos de inconveniencia que son ajenos al juicio de inconstitucionalidad.

Quien actúa a nombre del instituto de derecho procesal, también solicita a la Corte que se declare inhibida respecto al cargo que se formula por la presunta violación del derecho al debido proceso, pues considera que las demandantes no proporcionaron razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes que demuestren la existencia de una contradicción entre las disposiciones acusadas y la normatividad superior alusiva al citado derecho.

Por su parte, el Procurador General de la Nación, en el concepto de rigor, manifestó a la Corte que no es admisible el estudio del cargo por la aparente violación del artículo 2º de la Carta, ya que las demandantes no argumentaron de manera coherente y precisa el por qué las expresiones normativas impugnadas atentan contra los fines del Estado, limitándose a señalar razones de simple conveniencia extrañas a esta clase de procesos.

Igualmente, la agencia fiscal aduce que en la medida en que el juicio de igualdad se plantea entre dos sujetos de derecho que actúan en escenarios procesales diferentes —los particulares en los procesos civiles y los funcionarios de la contraloría en el proceso de responsabilidad fiscal—, no es posible llevar a cabo el aludido juicio.

Así las cosas, previo a cualquier pronunciamiento de fondo, debe iniciar la Corte por analizar si la presente demanda cumple con los requisitos mínimos que exige la ley para que la misma pueda ser objeto del juicio de inconstitucionalidad.

3. Requisitos mínimos que deben cumplir todas las demandas de inconstitucionalidad para que puedan ser objeto de decisión de fondo por parte del Tribunal Constitucional.

De acuerdo con la hermenéutica constitucional sobre la materia, aun cuando el derecho político y ciudadano a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución es por esencia un derecho fundamental de aplicación inmediata (C.P., arts. 40-6 y 85), el mismo no ostenta un carácter absoluto e ilimitado, que habilite a sus titulares o destinatarios para ejercerlo de forma indiscriminada e inconsulta.

Si bien la naturaleza pública, participativa e informal del precitado derecho excluye la posibilidad de fijarle condiciones especiales para su ejercicio —a la manera de una técnica jurídica como la prevista para las acciones ordinarias—, esta no proscribe la imposición de unas cargas mínimas, cuyo propósito específico se concentra, por una parte, en racionalizar el uso del derecho, impidiendo que la presunción de constitucionalidad que ampara el ordenamiento sea cuestionada sin fundamento válido y real, y por la otra, en delimitar el ámbito de competencia del juez constitucional, quien dentro del sistema previsto por la actual Carta Política, no tiene asignada la función de adelantar un control oficioso de constitucionalidad sobre la actividad legislativa.

En relación con esto último, ha expresado la corporación que la falta de regulación mínima para el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, dificulta significativamente la labor del control constitucional de las leyes, en cuanto le impide a este tribunal percibir con claridad, suficiencia y acierto el conflicto jurídico que se lleva a su conocimiento, generando cierto grado de incertidumbre e inseguridad jurídica. En esa línea, también ha señalado que la ausencia de parámetros normativos que gobiernen el aludido derecho político, degeneraría en el uso desmesurado y arbitrario del mismo, haciendo del todo nugatorio el objetivo buscado con su reconocimiento constitucional, cual es el crear una posibilidad real y efectiva de participación ciudadana en el control del poder político y en la defensa directa de la Carta, mediante el ejercicio razonable de los mecanismos instituidos para el efecto.

Así, en procura de racionalizar la acción pública de inconstitucionalidad y de garantizar la verdadera efectividad de los derechos y principios que le dan sustento jurídico, es sabido que el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, declarado exequible por la Corte en la Sentencia C-113 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), es la norma que fija los requisitos o condiciones mínimas que debe observar el ciudadano al momento de presentar la demanda, para que la misma se entienda concebida en legal forma y haga posible un pronunciamiento de fondo por parte del órgano de control. Dichos requisitos se concretan o articulan en los siguientes tres componentes básicos: (i) el señalamiento de las normas que se acusan como inconstitucionales; (ii) la indicación de las preceptivas constitucionales que se estiman violadas; y (iii) la exposición de las razones o motivos por los cuales se considera que dichos textos constitucionales han sido infringidos.

Respecto de esta última condición, la que exige explicar las razones por las cuales se consideran violadas las disposiciones constitucionales citadas, ha definido la jurisprudencia que por su intermedio se impone al actor una carga de contenido sustancial y no meramente formal, cual es la de formular por lo menos un cargo concreto de inconstitucionalidad. Bajo ese entendido, si el demandante efectúa una acusación vaga, abstracta y global, la demanda debe considerarse inepta, ya que la falta de concreción y explicación del cargo impide que se desarrolle una controversia de tipo constitucional.

Ahora bien, al unificar los criterios de interpretación definidos por la Corte en los distintos pronunciamientos alusivos al tema, en la Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), esta corporación precisó que, sin incurrir en formalismos técnicos que contraríen la naturaleza pública e informal de la acción de inconstitucionalidad, se entiende que se ha formulado un verdadero cargo de inconstitucionalidad, esto es, un cargo concreto, cuando el mismo se apoya en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes” (5) . Ello significa que solo hay lugar a activar el respectivo juicio, si la acusación presentada por el actor es (i) lo suficientemente comprensible y de fácil entendimiento (razones claras), (ii) recae directamente sobre el contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica inferida o deducida por el actor (razones ciertas), (iii) define o muestra en forma diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política (razones específicas), (iv) utiliza argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple conveniencia (razones pertinentes), y (v) contiene todos los elementos de juicio —argumentativos y probatorios— que son imprescindibles para adelantar el juicio de inconstitucionalidad, de manera que despierte por lo menos una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado (razones suficientes).

En este sentido, la posibilidad de promover y llevar a su fin un juicio de inconstitucionalidad, esto es, la expectativa de lograr una decisión definitiva o de mérito, depende en todos los casos de que el actor dé estricto cumplimiento a los requisitos señalados, en especial, el que le impone expresar en la demanda, en forma clara, cierta, específica, pertinente y suficiente, la manera como la norma acusada vulnera o afecta las disposiciones superiores que se hayan citado. De lo contrario, si no se atienden las condiciones mínimas de procedibilidad, concretamente la relacionada con la exposición de las razones de inconstitucionalidad, la acusación será sustancialmente inepta, forzando la consecuente decisión inhibitoria.

Valga precisar que, por disposición del artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, una primera oportunidad para evaluar si la demanda cumple o no con los requisitos de procedibilidad a los que se ha hecho expresa referencia, es precisamente el momento en el que se decide sobre su admisibilidad. En esa instancia del proceso, si se detecta un defecto en la formulación de la acusación, se procede a inadmitir la demanda dándole oportunidad al accionante para que en un término de tres días la corrija so pena de ser rechazada. No obstante, en la medida en que esa primera valoración responde a un análisis parcial y sumario que se lleva a cabo únicamente por cuenta del despacho del magistrado ponente, con acierto, la misma norma autoriza al pleno de la Corte para adelantar el análisis de procedibilidad también en la sentencia, luego de evaluar la opinión de los distintos intervinientes y del Ministerio Público, y una vez producidos los respectivos debates.

Así, aun cuando en el auto admisorio el magistrado ponente haya considerado que la demanda reúne los requisitos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, es posible que la Sala Plena adopte la decisión contraria, cuando encuentre que el cumplimiento de los requisitos, en particular el referente a la formación de un verdadero cargo de inconstitucionalidad, presenta en realidad una formulación apenas aparente y no real que impide proferir un fallo de fondo.

4. Ineptitud sustancial de la demanda. Decisión inhibitoria en el caso de las normas acusadas.

Dando aplicación a los criterios expuestos en el numeral anterior, encuentra la Corte que la demanda formulada contra algunos apartes de los artículos 10 y 12 de la Ley 610 de 2000 es sustancialmente inepta, toda vez que las demandantes no estructuraron un verdadero cargo de inconstitucionalidad en su contra. Conforme lo expresaron algunos intervinientes, una lectura detenida del texto de la demanda lleva a concluir, sin la menor discusión, que las acusaciones invocadas carecen de razones claras, específicas, pertinentes y suficientes, que permitan al órgano de control constitucional adelantar y desarrollar el respectivo juicio de constitucionalidad.

4.1. Respecto a la presunta violación del artículo 2º de la Constitución, el reparo que esgrimen las demandantes contra las disposiciones citadas, se limita a la consideración de calificar como inequitativo que los funcionarios de los órganos de control puedan decretar medidas cautelares sin prestar caución, en cuanto ello dificulta el resarcimiento de los daños que se puedan causar al afectado, al tener este que acudir a un proceso ordinario de reclamación.

Así entendido, el anunciado cargo es del todo insuficiente e impreciso para justificar un estudio de fondo y, por tanto, para motivar la declaratoria de inconstitucionalidad de las expresiones acusadas, ya que el mismo, ni define de que forma se produce la violación alegada, ni tampoco aporta un mínimo de argumentación que sustente la solicitud y, por tanto, que genere cierto grado de sospecha sobre la constitucionalidad de las proposiciones jurídicas acusadas o, lo que es igual, sobre la presunción de constitucionalidad que las ampara.

Las actoras no explican como y por qué la práctica de medidas cautelares en el proceso fiscal sin necesidad de prestar caución, viola la disposición constitucional que consagra los fines esenciales del Estado y que le impone a las autoridades el deber de garantizar los principios, derechos y deberes ciudadanos. La simple afirmación de considerar que tal proceder es inequitativo, en cuanto dificulta una reclamación futura por los daños que tales medidas puedan causar al obligar al perjudicado a recurrir a un proceso ordinario, responde en realidad a una apreciación subjetiva y personal de las demandantes sobre la conveniencia o inconveniencia de la medida, y en ningún caso a una verdadera razón de inconstitucionalidad.

Desde este punto de vista, la afirmación es también impertinente en cuanto no está fundada en argumentos de tipo constitucional sino de naturaleza práctica y operativa, materializados en una crítica personal a la forma como el orden jurídico viene regulando el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado y de sus agentes, más concretamente, en lo que refiere a las reclamaciones por daños antijurídicos que puedan derivarse del proceso de responsabilidad fiscal. En este sentido, es posible afirmar que la presunta acusación no se dirige a atacar directa ni indirectamente el contenido de las normas impugnadas por aparentes vicios de inconstitucionalidad, sino por las incomodidades operativas que a juicio de las actoras se derivan de su aplicación material.

Así las cosas, considerar o no pertinente la medida, en cuanto dificulta la posible reclamación del afectado, no constituye un argumento de constitucionalidad sino de mera conveniencia, el cual, como se ha expresado, desborda por completo el ámbito de competencia del juez constitucional.

4.2. Sobre la presunta violación del principio de igualdad, encuentra la Corte que tampoco se estructura un verdadero cargo de inconstitucionalidad, ya que las demandantes reducen la acusación al simple hecho de destacar la diferencia de trato que se presenta entre el contenido de las normas impugnadas y la previsión contemplada en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil (CPC), sin exponer los motivos o razones por los cuales consideran que tal diferencia es discriminatoria y contraria a la Carta. En esa orientación, tan solo señalan que si el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil le impone a los particulares que solicitan la práctica de medidas cautelares la obligación de prestar caución, para que la igualdad sea real y efectiva, es necesario que tal exigencia se haga extensiva a los funcionarios que intervienen en el proceso de responsabilidad fiscal, toda vez que su investidura no es suficiente para que las normas acusadas lo eximan de constituir la respectiva caución.

Conforme lo ha expresado la jurisprudencia de esta corporación, para efectos de configurar un verdadero cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, no es suficiente con sostener que las disposiciones objeto de controversia establecen un trato diferente frente a cierto grupo de personas y que ello es contrario al artículo 13 —tal y como lo pretenden las demandantes—. También es imprescindible que se expresen las razones por las cuales considera el acusador que la supuesta diferencia de trato resulta discriminatoria, sustentando tal discriminación con argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida.

Esta última exigencia es necesaria si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el criterio de interpretación fijado por este tribunal, la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales. Según lo ha dicho la jurisprudencia, aun cuando la igualdad se manifiesta como un derecho relacional que propugna por reconocer a las personas un mismo trato frente a las autoridades y unos mismos derechos y libertades, su garantía de efectividad no se materializa en la constatación mecánica o matemática de las disposiciones que se aplican a unos y otros sujetos, sino en la adecuada correspondencia entre las diversas situaciones jurídicas objeto de regulación.

En ese sentido, el juicio de igualdad desborda la mera verificación referente a si se ha otorgado o no idéntico tratamiento normativo a todos los destinatarios de la ley, pues es claro que cuando los supuestos de hecho que definen la aplicación de ciertas consecuencias normativas cambian o varían en relación con algunos de tales destinatarios, es constitucionalmente admisible que el tratamiento reconocido a estos últimos sea sustancialmente distinto, sin que esa sola circunstancia haga presumir el quebrantamiento del precitado principio.

Entonces, en relación con los destinatarios de la ley, es de resaltarse que la máxima de la igualdad se entiende quebrantada, no por el hecho de que el legislador haya previsto un trato desigual entre unos y otros sujetos, sino como consecuencia de que tal diferencia normativa resulte arbitraria y desprovista de una justificación objetiva y razonable, generando una verdadera discriminación. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el legislador goza de un cierto margen de libertad de configuración normativa para regular de manera diferente una determinada situación jurídica, diferencia que solo resulta discriminatoria si no se encuentra razonablemente justificada.

Por ello, en principio, las disposiciones que regulan aspectos relacionales o consagran diferencias de trato están amparadas por la presunción de constitucionalidad, de manera que su cuestionamiento por vía del control abstracto de constitucionalidad, cuando este se origina en una presunta violación del principio de igualdad, le impone al demandante no solo la obligación de señalar el término de comparación, sino también, y de manera especial, la de exponer las razones por las cuales considera que esa diferencia de trato es arbitraria e injustificada y genera un trato discriminatorio. Dicho en otras palabras, cuando una norma es acusada por vulnerar el principio de igualdad, el actor debe precisar cuales son los grupos o sujetos que se comparan y cuales los criterios para llevar a cabo tal comparación y que conducen a concluir que se desconoció el citado principio.

Como ya se dijo, considerando que en el presente caso no se explica por qué las expresiones acusadas generan un trato discriminatorio, la Corte no puede asumir la competencia y llevar hasta su culminación el juicio de inconstitucionalidad planteado en esta causa. El cumplimiento de este último requisito de procedibilidad para la elaboración del cargo, resultaba especialmente relevante en el asunto sub examine, si se tiene en cuenta que el juicio de igualdad que se plantea involucra, por una parte, una institución jurídica de creación legal como es la caución, y por la otra, a sujetos que en relación con dicha institución no se encuentran en una misma situación fáctica y jurídica. En relación con lo primero, ha sostenido esta corporación que tanto la caución como las medidas preventivas son figuras jurídicas de creación legal cuya aplicabilidad, procedencia y características le corresponde fijar al legislador, pudiendo este definir en que casos son necesarias y en que casos no, de acuerdo a la valoración que haga previamente sobre su incidencia en cada proceso judicial o administrativo. Sobre lo segundo, sin duda que el término de comparación que pretenden hacer valer las demandantes frente a las normas acusadas, se formula entre sujetos que en el tema de la caución se encuentran inscritos en regímenes jurídicos distintos: los particulares que actúan como parte interesada en los procesos civiles de ejecución, de un lado, y los servidores públicos —funcionarios de los órganos de control fiscal— a quienes se les asigna la función de tramitar los procesos de responsabilidad fiscal, del otro.

En ese orden de ideas, el análisis de constitucionalidad debería recaer sobre la definición del ámbito de competencia legislativa en materia de cauciones, y sobre la comparación de los dos regímenes jurídicos involucrados, para determinar si la diferencia de trato prevista en las normas impugnadas es contraria a la Constitución. Pero es precisamente ese análisis el que no se plantea en la demanda, pues en ella no se expone un solo argumento que justifique en alguna medida la existencia de una discriminación. Esa deficiencia no permite a este tribunal entrar a formular de oficio las distintas hipótesis de inconstitucionalidad y proceder a resolver sobre las mismas.

4.3. Finalmente, en punto al cargo por la aparente violación del derecho fundamental al debido proceso, las accionantes señalan que la no exigencia de una caución para garantizar la práctica de medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal, desconoce el citado derecho en cuanto implica una ausencia de las “herramientas mínimas que le otorguen a los individuos la posibilidad de la defensa de sus derechos”.

A este respecto, encuentra la Corte que, conforme ocurrió con los cargos anteriores, el mismo es inepto ya que no esta sustentado en razones claras, ciertas, específicas y pertinentes a través de las cuales pueda motivarse la existencia de una oposición objetiva entre las expresiones impugnadas y las garantías que identifican el citado derecho. Compartiendo la posición adoptada por algunos de los intervinientes en este proceso, la Corte no entiende cómo el hecho de prestar o no caución en el proceso de responsabilidad fiscal, puede incidir negativamente en el debido proceso, y en particular, en el ejercicio del derecho a la defensa de los investigados; aspecto que tampoco es explicado por las demandantes en lo más mínimo.

Siguiendo la línea de interpretación fijada por esta corporación, el derecho al debido proceso comprende “el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le asegura a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho” (6) . Como parte integral del debido proceso se cuenta el derecho a la defensa, el cual se materializa en la posibilidad real y efectiva de quien es vinculado a un proceso, de conocer oportunamente la investigación que se adelanta en su contra, de asesorarse de un abogado, de controvertir las pruebas que lo afectan y de interponer los recursos reconocidos en la ley.

De acuerdo con el alcance dado a los referidos derechos, no se explica como la no exigencia de caución puede afectar el derecho a la defensa, ya que la propia Ley 610 de 2000, en disposiciones diferentes a las que fueron impugnadas, otorga a los sujetos implicados todas las garantías técnicas y materiales que son necesarias para asegurar esa garantía constitucional. En esa línea, tal ordenamiento prevé: (i) la designación de un abogado (art. 42); (ii) la exposición libre y espontánea (art. 42); (iii) la notificación de las decisiones que se adopten en el proceso (arts. 41 y 50); (iv) la oportunidad para solicitar y aportar pruebas y controvertir las que se presenten en su contra (arts. 32 y 50); y (v) la posibilidad de interponer recursos y acciones independientes contra las decisiones adoptadas, en particular la que le pone fin a la actuación (arts. 50, 57 y 59).

A través de los distintos mecanismos en referencia, el implicado tiene entonces plenamente asegurado su derecho a la defensa, de manera que el argumento para considerar afectado tal derecho, no puede estructurarse válidamente a partir de las normas que eximen del pago de la respectiva caución a los funcionarios investigadores en el proceso fiscal. Conforme con ello, la Corte considera que las demandantes estructuraron el referido cargo a partir de un supuesto errado, no solo por ignorar el contenido de las disposiciones que han sido citadas, sino también por no fundamentarlo en razones de constitucionalidad sino de mera conveniencia.

Ciertamente, complementar la acusación anterior con el argumento de que el no pago de la respectiva caución priva al implicado de una alternativa ágil y eficaz para reclamar los daños ocasionados por la práctica de medidas cautelares, obligándolo a recurrir a la acción de reparación directa, tampoco constituye un verdadero concepto de violación frente al derecho a la defensa. Como lo expreso la Corte al referirse al cargo por violación del artículo 2º superior, acusaciones de esta naturaleza desbordan el ámbito del juicio abstracto de constitucionalidad, en cuanto responden a simples opiniones personales sobre la conveniencia e inconveniencia de una medida, en este evento, materializada en una crítica a la manera como el legislador viene regulando el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, y de lo que a juicio de las actoras resulta ser más adecuado y práctico para asegurar en forma rápida y práctica la defensa de los intereses particulares, cuando estos son afectados por actos de los funcionarios públicos en los procesos de responsabilidad fiscal.

Con base en lo expuesto, aun cuando la presente demanda fue inicialmente admitida por el magistrado sustanciador en el respectivo auto admisorio, un estudio detenido de la misma lleva al pleno de la Corte a concluir que la misma es sustancialmente inepta, en cuanto no estructuró contra las normas impugnadas un verdadero cargo de inconstitucionalidad.

Por las razones expuestas, la Corte se inhibirá de hacer pronunciamiento de fondo sobre las expresiones “sin necesidad de caución” y “sin que el funcionario que las ordena tenga que prestar caución”, contenidas en los artículos 10 y 12 de la Ley 610 de 2000, respectivamente.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo respecto de las expresiones “sin necesidad de caución” y “sin que el funcionario que las ordena tenga que prestar caución”, contenidas en los artículos 10 y 12 de la Ley 610 de 2000, respectivamente, por presentarse una ineptitud sustancial de la demanda.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(5) Sentencia C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

(6) Sentencia T-001 de 1993 (M.P. Jaime Sanín Greiffenstein).

__________________________________