Sentencia C-1116 de noviembre 25 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-1116 de 2003 

Ref.: Expediente D-4618

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 269 (parcial) de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”.

Actor: Ricardo Perilla Uribe

Bogotá, D.C., veinticinco de noviembre de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 44.097 del 24 de julio de 2000. Se subraya lo demandado.

“LEY 599 DE 2000

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código Penal.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

Libro segundo

Parte especial

De los delitos en particular

(...).

TÍTULO VII

Delitos contra el patrimonio económico

(...).

CAPÍTULO NOVENO

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

ART. 269.—Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material de delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada hace parte de una ley de la República.

2. La materia sujeta a examen.

Para el demandante las expresiones “antes de dictarse sentencia de primera o única instancia” contenidas en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 —Código Penal—, desconocen el artículo 13 constitucional en cuanto estarían estableciendo una discriminación respecto de la oportunidad procesal para obtener la disminución de la pena entre las personas a quienes se aplica dicho artículo y aquellas a las que se les aplica el artículo 401 de la misma ley. Norma esta última que sería más benéfica para los implicados.

La interviniente del Ministerio del Interior y de Justicia precisa que la hipótesis a que alude la norma en la que se contienen las expresiones acusadas debe concordarse con el artículo 42 del Código de Procedimiento Penal, que establece para determinados delitos la extinción de la acción penal cuando se repare integralmente el daño ocasionado.

La interviniente aludida, así como los demás intervinientes manifiestan de otra parte que en el presente caso no resulta posible realizar un juicio de igualdad entre la normas que pretende comparar el actor por cuanto estas se refieren a bienes jurídicos diferentes, cuya protección bien podía el legislador regular de manera diferente en ejercicio de su amplia potestad de configuración en materia punitiva.

Los intervinientes coinciden así mismo en afirmar que aún cuando dicha comparación pudiera realizarse, resulta claro que no se establece en este caso ninguna discriminación por cuanto si bien la oportunidad procesal que se señala en cada una de ellas para solicitar la disminución de la pena es diferente, el quantum de atenuación punitiva en cada caso es igualmente diferente, sin que pueda concluirse entonces que una norma resulta más favorable que la otra.

El señor procurador en su intervención pone énfasis por su parte en la imposibilidad de plantear en el presente caso un juicio de igualdad entre las disposiciones invocadas por el actor por las mismas razones expuestas por los intervinientes, al tiempo que señala que la supuesta discriminación planteada por el actor carece de fundamento.

Corresponde a la Corte en consecuencia establecer i) si resulta posible realizar un juicio de igualdad que permita comparar las soluciones normativas contenidas en los artículos 269 y 401 de la Ley 599 de 2000, y si ello es así ii) si en este caso se establece un tratamiento discriminatorio para las personas a las que resulta aplicable el artículo 269 de la misma ley frente al caso de aquellas a las que les resulta aplicable el artículo 401 ibídem.

3. Consideraciones preliminares.

Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a i) La potestad de configuración legislativa en materia criminal y el principio de igualdad, y ii) el contenido y alcance de las disposiciones acusadas, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

3.1. La potestad de configuración del legislador y el principio de igualdad en materia penal.

La jurisprudencia de la Corte ha sido constante en afirmar la potestad de configuración del legislador en materia penal. Esta competencia ha dicho la Corte, si bien es amplia, se encuentra necesariamente limitada por los principios constitucionales, y en particular por los principios de racionalidad y proporcionalidad a los que se ha referido reiteradamente la jurisprudencia (1) .

(1) Ver entre otras las sentencias C-173 y C-551 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

Ha dicho la Corte:

“En principio, por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Carta, el Congreso cuenta con la potestad genérica de desarrollar la Constitución a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias. No obstante, como lo ha reconocido ampliamente esta corporación, dicha libertad de configuración del legislador encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución, la cual no le permite actuar arbitrariamente, sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. Es decir, se trata de una potestad suficientemente amplia, pero no por ello ilimitada; y en materia penal y penitenciaria, estos límites son particularmente claros, por estar de por medio derechos fundamentales muy caros para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores.

Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la Sentencia C-592 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), “el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros” (2) .

(2) Sentencia C-1404 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y Álvaro Tafur Galvis.

Es decir, que es al legislador a quien compete establecer el quantum de las penas, de acuerdo con la valoración que haga de las diferentes conductas en el marco de la política criminal, así como es él quien puede señalar los casos en los que dadas determinadas circunstancias aquellas pueden disminuirse o aumentarse y los procedimientos para el efecto

Al respecto ha expresado la Corte que:

“Esta corporación, en las oportunidades en que ha revisado la constitucionalidad de algunas normas de la Ley 228 de 1998, ha considerado que compete al legislador, conforme a la cláusula general de competencia, trazar la política criminal del Estado y determinar cuáles conductas constituyen delitos y cuáles contravenciones. Sobre el particular expresó la Corte en la Sentencia C-198 de 1997 (3), lo siguiente:

(3) Sentencia C-198 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

“Cabe anotar que la selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado directamente por el constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración”.

2.3. Sin embargo, esta facultad no es absoluta, porque al momento de concretarse el tipo penal, es decir, al describir la conducta objetiva punible, mediante la selección de aquellos comportamientos, que destruyan, afectan o ponen en peligro bienes jurídicos esenciales para la vida en comunidad el legislador debe tener en cuenta los fines, valores, principios y derechos contenidos en la Constitución. El legislador, además de concretar el marco jurídico criminal punitivo complementariamente, determina los procedimientos que deben seguirse para el juzgamiento tanto de los delitos como de las contravenciones, observando las garantías propias del debido proceso.

De conformidad con lo anterior, el criterio de esta corporación ha sido (4):

(4) Sentencia C-364 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Subrayas fuera de texto.

“Aunque la política criminal no puede ser objeto de un juicio de inconstitucionalidad, como bien lo anotó el demandante, por tratarse de una función que el legislador ejerce discrecionalmente, las normas que la concretan deben respetar los cánones constitucionales, especialmente aquellos que plasman derechos y garantías fundamentales.

2.4. Según las ideas expuestas por la Corte en la Sentencia C-394 de 1996, en la libertad de configuración de los delitos y contravenciones el legislador se encuentra sometido a los principios de objetividad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad (...)” (5) .

(5) Sentencia C-746 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

La Corte ha explicado además que solamente “en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad”, correspondería al juez constitucional declarar la inexequibilidad de las disposiciones normativas dictadas por el legislador en estas materias.

La corporación señaló al respecto lo siguiente:

“Mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales, bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado” (...).

“La verificación acerca de si una sanción penal es suficiente o no respecto del delito para el cual se contempla encierra la elaboración de un juicio de valor que, excepto en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad, escapa al ámbito de competencia de los jueces. Si la Corte Constitucional pudiera, por el sólo hecho de la eliminación de la pena menor, porque la entiende tenue, cómplice y permisiva, retirar del ordenamiento jurídico una disposición, estaría distorsionando el sentido del control constitucional. La norma sería excluida del ordenamiento con base en el cotejo de factores extraños al análisis jurídico, ecuánime y razonado sobre el alcance de aquella frente a los postulados y mandatos establecidos en la Constitución, que es lo propio de la enunciada función, cuyo objeto radica, de manera específica, en preservar la integridad y supremacía constitucionales. Calificaría exclusivamente, por tanto, asuntos de pura conveniencia, reservados a la Rama Legislativa del Poder Público” (6) .

(6) Sentencia C-013 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado de manera reiterada que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones fácticas que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles (7) .

(7) Ver, entre otras, las sentencias T-02 de 1992 y T-230 de 1994, entre muchas otras.

Esta corporación ha establecido también en múltiples ocasiones que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable. La Corte ha acudido entonces al llamado test de igualdad para verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado a la luz de la Constitución.

Con base en dicho instrumento metodológico utilizado para analizar la supuesta vulneración del artículo 13 superior, la Corte ha establecido que el trato diferenciado para que se pueda considerar constitucionalmente legítimo, debe reunir las siguientes condiciones: i) que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; ii) que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; iii) que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; iv) que el supuesto de hecho —esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga— sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; v) que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican (8) .

(8) Dichos elementos fueron establecidos en la Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero y reiterados en numerosas ocasiones. Sobre ese tema puede encontrarse un completo recuento en la Sentencia C-093 de 2001. Ver así mismo, entre otras las sentencias. Y C-031 de 2003, A.V. Alfredo Beltrán Sierra.

Respecto de la primera condición, que en caso de no cumplirse impide que se desarrolle dicho test (9) , la Corte ha precisado que el derecho a la igualdad que consagra la Constitución es objetivo y no formal, puesto que se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción esta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos (10) .

(9) En múltiples oportunidades esta corporación ha explicado que “la aplicación de los “tests” de razonabilidad y proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (...). El orden de estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente sólo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior”. Ver Sentencia C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido, ver sentencias T-230 de 1994, T-563 de 1994, C-337 de 1997, T-454 de 1998, T-861 de 1999, C-445 de 1995, C-673 de 1999, entre muchas otras.

(10) Corte Constitucional. Sentencia C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Desde esta perspectiva solamente resulta posible establecer la posible vulneración del principio de igualdad cuando las situaciones de hecho que se comparan atienden a dichos presupuestos (11) .

(11) Ver Sentencia C-1063 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Al respecto cabe precisar que en materia penal la Corte ha puesto énfasis en la imposibilidad de establecer la vulneración del principio de igualdad a partir de la comparación de tipos penales que protegen bienes jurídicos diferentes y que contienen elementos jurídicos igualmente diferentes.

Así por ejemplo en la Sentencia C-551 de 2001 la Corte descartó la vulneración del principio de igualdad frente a un cargo en el que se pretendía comparar los supuestos de hecho regulados por los artículos 105 y 108 de la Ley 599 de 2000.

Dijo la Corte:

“Para la Corte no puede derivarse de la denominación —preterintencional— señalada por el legislador a una determinada conducta, la necesaria disminución de la pena atribuible, como lo alega la demandante al efectuar la comparación con el artículo 105 de la Ley 599 de 2000.

Resulta lógico que merezca mayor reproche penal quien comete el homicidio con dolo, que quien sin tener el ánimo de matar resulta ser autor de un homicidio como consecuencia de actos encaminados a una conducta punible de menor gravedad. Por ello en ese caso el carácter preterintencional de la conducta hace que la pena atribuida al delito sea menor.

Contrario sensu, resulta igualmente lógico que el legislador haya determinado que merece mayor reproche penal y por tanto, mayor sanción quien al cometer el delito de lesiones personales, genere el parto prematuro o el aborto en la mujer lesionada, aun cuando tal no haya sido su intención. En este segundo caso, al consumar la conducta reprochada resultan vulnerados más bienes jurídicos protegidos, ya que no sólo se compromete con mayor intensidad la integridad personal de la mujer lesionada, sino también la de su hijo que igualmente puede resultar lesionado o muerto.

No debe perderse de vista que en el caso del artículo 105 la pena que se disminuye es la establecida para el homicidio intencional, mientras que en el caso del artículo 118 , la pena que se agrava es la de las lesiones personales.

Por tanto, para la Corte resulta razonable y proporcionado que el artículo 118 de la Ley 599 de 2000 señale de manera particular que son circunstancias que agravan punitivamente el delito de lesiones personales, por sus consecuencias, la circunstancia de que “a causa de la lesión inferida a una mujer, sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto”.

Así y en atención a la comparación propuesta por la demandante, mientras en el homicidio preterintencional descrito en el artículo 105 el bien jurídico protegido es la vida sin ningún otro aditamento, en el parto o aborto preterintencional tipificado en el artículo 118 el bien jurídico tutelado no sólo es la vida e integridad de la mujer en estado de embarazo, sino adicionalmente la vida e integridad de la criatura que está por nacer, la cual goza de especial protección en nuestro ordenamiento jurídico (12) .

(12) Ver Sentencia C-133 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

La potestad de configuración atribuida como ya se ha dicho al legislador en materia penal no solo permite castigar más severamente esta conducta sin desbordar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad reseñados, sino que en el presente caso frente a la comparación planteada por la demandante no se vislumbra ninguna violación del artículo 13 constitucional, al tratarse de delitos con distintos elementos y bienes jurídicos vulnerados, sin que la denominación de preterintencional de la conducta señalada en ambos casos contradiga esta circunstancia(13) .

(13) Sentencia C-551 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

3.2. El contenido y alcance de las disposiciones acusadas.

La norma de la que hacen parte las expresiones acusadas —artículo 269 de la Ley 599 de 2000—, se encuentra dentro del título VII sobre “delitos contra el patrimonio económico”, capítulo IX sobre “disposiciones comunes a los capítulos anteriores” (14) , es decir a los capítulos I del Hurto, II de la extorsión, III de la estafa, IV, del fraude mediante cheque, V del abuso de confianza, VI de las defraudaciones, VII de la usurpación, VIII del daño del mismo título de la Ley 599 de 2000.

(14) Capítulo IX

Disposiciones comunes a los capítulos anteriores

ART. 267.—Circunstancias de agravación. Las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa:

1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica.

2. Sobre bienes del Estado.

ART. 268.—Circunstancia de atenuación punitiva. Las penas señaladas en los capítulos anteriores, se disminuirán de una tercera parte a la mitad, cuando la conducta se cometa sobre cosa cuyo valor sea inferior a un (1) salario mínimo legal mensual, siempre que el agente no tenga antecedentes penales y que no haya ocasionado grave daño a la víctima, atendida su situación económica.

ART. 269.—Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.

La norma con la que se le compara por el demandante —artículo 401 de la Ley 599 de 2000—, figura dentro del título XV sobre “delitos contra la administración pública”, capítulo I “del peculado” de la misma ley (15) .

(15) Título XV

Delitos contra la administración pública

Capítulo I

Del peculado

ART. 397.—Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al valor de lo apropiado.

ART. 398.—Peculado por uso. El servidor público que indebidamente use o permita que otro use bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

ART. 399.—Peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

ART. 400.—Peculado culposo. El servidor público que respecto a bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte, o bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, por culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o dañen, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término señalado.

ART. 401.—Circunstancias de atenuación punitiva. Si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal uso, reparare lo dañado o reintegrare lo apropiado, perdido, extraviado, o su valor, la pena se disminuirá en la mitad.

Si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte.

Cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena en una cuarta parte.

Es decir que claramente se está en presencia de textos que protegen bienes jurídicos diferentes —el patrimonio económico en el caso de las normas que se tipifican en el título VII de la Ley 599 de 2000 y la administración pública en el caso de las normas que tipifican los diversos tipos de peculado, capítulo I del título XV de la misma ley—, al tiempo que se trata de textos que aluden a sujetos diferentes —en el caso de los delitos contra el patrimonio económico las normas hacen referencia a cualquier persona, en tanto que en el caso de los diversos tipos de peculado la ley alude al servidor público que incurra en dicha conducta—.

Ahora bien, en relación con el alcance del artículo 269 del que hacen parte las expresiones acusadas, cabe precisar así mismo que este debe analizarse en concordancia con los mandatos del artículo 42 del Código de Procedimiento Penal que establece que en los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva consagradas en los artículos 110 y 121 del Código Penal, en los de lesiones personales dolosas con secuelas transitorias, en los delitos contra los derechos de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico (16) —con excepción de los delitos de hurto calificado, extorsión, violación a los derechos morales de autor, defraudación a los derechos patrimoniales de autor y violación a sus mecanismos de protección—, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado (17) .

(16) Las expresiones “cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes” que hacían parte de dicho artículo fueron declaradas INEXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-760 de 2001 de 18 de julio de 2001, magistrados ponentes Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra y Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

(17) El artículo 42 aludido precisa que la extinción de la acción a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro proceso respecto de las personas en cuyo favor se haya proferido resolución inhibitoria, preclusión de la investigación o cesación por este motivo, dentro de los cinco (5) años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las decisiones que se hayan proferido por aplicación de este artículo. Así mismo señala que la reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado manifieste expresamente haber sido indemnizado.

Circunstancia que como se desprende de la misma norma no se predica del delito de peculado en sus diferentes tipos a que aluden los artículos 397 a 400 de la Ley 599 de 2000.

Cabe señalar así mismo que mientras en el caso I) del artículo 269 de la Ley 599 de 2000 el juez disminuirá las penas establecidas para los delitos tipificados en el título VII del Código Penal (18) de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado, II) de acuerdo con el artículo 401 de la misma ley, en el caso de los diferentes tipos de peculado que regulan los artículos 397 a 400 de la Ley 599 de 2000, la pena se disminuirá en la mitad, si antes de iniciarse la investigación, el agente, por sí o por tercera persona, hiciere cesar el mal uso, reparare lo dañado o reintegrare lo apropiado, perdido, extraviado, o su valor; si el reintegro se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuirá en una tercera parte; cuando el reintegro fuere parcial, el juez deberá, proporcionalmente, disminuir la pena en una cuarta parte.

(18) Hurto (art. 240), hurto calificado (art. 241), alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (art. 243), extorsión (art. 244), estafa (art. 246), emisión y transferencia ilegal de cheque (art. 248), abuso de confianza (art. 249), abuso de confianza calificado (art. 250), abuso de condiciones de inferioridad (art. 251), aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (art. 252), alzamiento de bienes (art. 253), sustracción de bien propio (art. 254), disposición de bien propio gravado con prenda (art. 255), defraudación de fluidos (art. 256), del acceso ilegal o prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones (art. 257), utilización indebida de información privilegiada (art. 258), malversación y dilapidación de bienes (art. 259), gestión indebida de recursos sociales (art. 260), usurpación de tierras (art. 261), usurpación de aguas (art. 262), invasión de tierras o edificaciones (art. 263), perturbación de la posesión sobre inmueble (art. 264) y daño en bien ajeno (art. 265).

4. La ausencia de vulneración del principio de igualdad.

Como se desprende de las consideraciones que acaban de hacerse resulta evidente que en el presente caso los bienes jurídicos protegidos con las disposiciones que el actor pretende comparar son diferentes, de la misma manera que los sujetos a los que se les aplican son igualmente diferentes.

Verificado lo anterior, es claro que el juicio de igualdad, a cuyos elementos y etapas se hizo alusión en los apartes preliminares de esta sentencia, no puede efectuarse en el presente caso por no tratarse de la comparación de situaciones fácticas idénticas que merezcan un trato idéntico, ni de la comparación de sujetos idénticos que se encuentren en una situación fáctica igualmente idéntica.

Debe tenerse en cuenta en efecto que la condición del servidor público frente a los bienes del Estado es distinta a la de cualquier particular, y que su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 6º de la Constitución Política, se enmarca dentro de principios precisos que son mucho más exigentes en cualquier circunstancia, en atención precisamente a dicho mandato constitucional (19) .

(19) Ver, entre otras, la Sentencia C-087 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

En la medida además en que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación ya referida, no es dable la comparación de tipos penales cuyos bienes jurídicos protegidos son diferentes, es claro que el juicio de igualdad planteado por el actor no puede efectuarse.

Ahora bien, más allá de estas circunstancias que por sí solas impiden llegar a concluir en el presente caso la vulneración del principio de igualdad, la Corte constata que el actor no toma en cuenta en la estructura racional de su cargo la necesaria concordancia que debe hacerse en este caso entre el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 —del que hacen parte las expresiones acusadas— y el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 que establece para el caso de los delitos contra el patrimonio económico, con excepción del hurto calificado y la extorsión, la posibilidad de extinguir la acción penal cuando se repare integralmente el daño ocasionado. Posibilidad que no se establece en el caso de los diversos tipos de delito de peculado a que alude el artículo 401 de la Ley 599 de 2000.

Tampoco toma en cuenta el actor que las normas que compara no solamente regulan de manera diferente la oportunidad procesal para solicitar la disminución de la pena (antes de dictarse sentencia de primera o única instancia en el caso del artículo 269 de la Ley 599 de 2000; antes de iniciarse la investigación y antes de dictarse sentencia de segunda instancia en el caso del artículo 401 de la misma ley), que es en relación con la cual encuentra una supuesta discriminación, sino también el quantum de dicha disminución (de la mitad a las tres cuartas partes en el caso del artículo 269 de la Ley 599 de 2000; en la mitad, en una tercera parte, o proporcionalmente en una cuarta parte, en los supuestos a que alude el artículo 401 de la Ley 599 de 2000), que en el caso del artículo 401 es inferior a la que se establece en el artículo 269 de la misma ley.

Con lo que, como lo señalan los intervinientes, aun en el caso de que la comparación entre las normas invocadas resultara posible, ninguna discriminación podría llegar a verificarse en esas circunstancias en detrimento de las personas a quienes se les aplica el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 que invoca el actor.

Así las cosas es claro que no asiste razón al demandante en relación con la acusación formulada contra las expresiones “antes de dictarse sentencia de primera o única instancia” contenidas en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, por la supuesta vulneración del principio de igualdad, por lo que esta corporación declarará su exequibilidad en la parte resolutiva de la sentencia, respecto del cargo planteado.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES, por el cargo formulado, las expresiones “antes de dictarse sentencia de primera o única instancia” contenidas en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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